Exégesis crítica

Acuerdo del 18 de julio

 

La Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo relativo al “plebiscito” celebrado el domingo 16 de julio, con organización de la Mesa de la Unidad Democrática. Allí registra en sus considerandos lo que habría sido la votación definitiva, luego de la estimación (7.186.170 votantes) que anunciara el lunes Cecilia García Arocha; habría habido, según el informe final de la Comisión de Garantes, un total de 7.535.259 sufragantes, o 38,5% del Registro Electoral reportado en mayo pasado (19.571.043). Según los legisladores de oposición que aprobaron el acuerdo, esta participación “demuestra un contundente apoyo popular a las acciones que esta Asamblea Nacional ha venido adoptando y reforzará en los próximos días, con el propósito de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo previsto en su artículo 333”. Eso sería más “contundente” que 61,5% de electores (12.036.191) que desatendieron la convocatoria. “La participación ciudadana del 16 de julio ha sido ciertamente sobrecogedora, poderosísima”, se escribió acá el lunes de esta semana (Manipula y vencerás), pero dista bastante de ser la de la mayoría del electorado.

A pesar de esto, la Asamblea sostiene que habla desde un mandato de la mayoría nacional para decir en el segundo artículo del acuerdo: “De conformidad con los resultados de la primera pregunta de la consulta popular, se ratifica el desconocimiento de la fraudulenta e ilegítima constituyente promovida mediante los Decretos N° 2.830, 2.878 y 2.889, mediante la cual pretende derogarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por medio de mecanismos no contemplados en esa Constitución, en tanto la fraudulenta constituyente no es resultado de la consulta popular al pueblo venezolano, único y exclusivo titular de la soberanía popular y depositario del poder constituyente. Todos los actos de ese fraudulento proceso, al ser resultado de la usurpación de la soberanía popular, deben reputarse como inexistentes de conformidad con el artículo 138 constitucional”.

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¿Qué debemos entender por “fraudulento”, adjetivo empleado tres veces en el mismo artículo? El Diccionario de la Lengua Española define el término así: “Del lat. fraudulentus. 1. adj. Engañoso, falaz”. También dice que fraude significa “Del lat. fraus, fraudis. 1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. 2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. La convocatoria misma no es fraudulenta, puesto que es facultad expresamente atribuida al Presidente en Consejo de Ministros en el Artículo 348 de la Constitución la “iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, así como a la Asamblea Nacional por “acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. En ninguna parte del texto supremo se especifica que esa convocatoria debe ser autorizada por una previa consulta popular. (Ver acá ¿Preguntas sin respuestas? del pasado 9 de mayo y #lasalida de Maduro (segunda parte), del 2 de mayo, para una discusión del punto).

También se ha registrado en este espacio esta opinión: “el vicio fundamental de la convocatoria a constituyente no es que requiera un referendo previo para que sea válida, sino el diseño de las bases comiciales. Es una verdadera aberración eso de los diputados ‘sectoriales’. El Pueblo, el Poder Constituyente Originario, no es un agregado de sectores sino de ciudadanos. (…) La Asamblea Nacional ha pecado por omisión al no legislar sobre las bases comiciales de una asamblea constituyente…” (Película de terror, 3 de julio) Dos meses antes, en ¿Preguntas sin respuestas?: “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”. La convocatoria presidencial a constituyente es válida, además, porque sin negar la intransferible titularidad popular de la soberanía, el Artículo 5 establece que el Pueblo la ejerce “directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Si se coteja esa disposición con el Artículo 348 se entiende por qué no pueden convocar a Constituyente, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano o el Poder Electoral; porque ninguno de ellos ha sido establecido “mediante el sufragio”. La Constitución adjudica esa capacidad sólo a poderes constituidos mediante el sufragio: el Presidente de la República, la Asamblea Nacional y los Consejos Municipales. La convocatoria de Maduro no es “la usurpación de la soberanía popular”.

Otrosí. El Artículo 333 invocado por la Asamblea Nacional dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. ¿Ha sido derogada la Constitución? (DRAE: derogar. Dejar sin efecto una norma vigente). ¿Ha dejado de observarse por acto de fuerza? (No faltarán abogados—entre quienes adujeran impertinentes analogías del Derecho de Familia para sostener que Nicolás Maduro había abandonado su cargo—que postulen que las muertes de manifestantes a manos de militares son la inobservancia de la Constitución por “acto de fuerza”, en lugar de una clara pero simple violación de derechos humanos). Violar artículos específicos de la Constitución, como han hecho más de una vez el Ejecutivo Nacional, la Fuerza Armada Nacional y hasta la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no equivale a derogarla.

Una última cosa del segundo artículo de la resolución comentada; ella asegura que con la constituyente convocada válidamente por Maduro “pretende derogarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por medio de mecanismos no contemplados en esa Constitución”. Una constituyente es, por definición, la redactora de una nueva constitución y parte del único mecanismo contemplado en la vigente para derogarla, para empezar, y la derogación de la actual no puede ocurrir sin un referendo aprobatorio final—explícito en el Preámbulo de ella y en su Disposición Final Única—que admita algo como la Disposición Derogatoria siguiente: “Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución”. Pero en todo caso ¿cómo sabe la Asamblea Nacional qué “pretende” el Presidente de la República? En la mediocre retórica política venezolana de los últimos tiempos se han hecho declaración estándar y ritual vistosas e irresponsables formulaciones como éstas: “Lo que busca Maduro”, “Lo que pretende Borges”, “Lo que persigue Ortega Díaz”, “Lo que quiere el PSUV”. Quienes así declaran con holgazanería, repitiendo una fórmula retórica que estiman eficaz (y tal vez lo sea), no tienen acceso a los estados mentales de quienes acusan.

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El siguiente artículo del acuerdo aprobado ayer prescribe:

TERCERO: De acuerdo con los resultados de la segunda pregunta de la consulta popular, se exige a todos los funcionarios, así como a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sujetar su conducta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo toda orden contraria a los derechos humanos y colaborando activamente en el restablecimiento de la Constitución, todo ello con fundamento en los artículos 7, 25, 136 y 333 de la Constitución de 1999. De manera especial, todos los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional están obligados a no colaborar con el Poder Electoral en la materialización del fraudulento proceso constituyente, por el cual se pretende derogar, por la vía de los hechos, a la Constitución de 1999.

Dale con lo de fraudulento y la “pretensión” de derogar “por la vía de los hechos” la Constitución actual. Por eso había percibido problemas en la redacción de la segunda de las preguntas propuestas el pasado domingo: “¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?” No se necesita una especial aquiescencia popular para que la Fuerza Armada Nacional respalde las decisiones válidas de la Asamblea, y no es válido postular que es obligación de la FAN negar la colaboración habitual de ella a los actos electorales en el caso de una convocatoria válida a constituyente. Cuando aún no se había corregido la redacción inicial de la segunda pregunta—“¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la constitución del año 1999 y respalda las decisiones de la Asamblea Nacional?”—, que parecía requerir del elector su aprobación a priori de las decisiones de la Asamblea, escribí en El tercer plebiscito (6 de julio): “La segunda pregunta es más problemática. ¿A cuáles decisiones de la Asamblea Nacional se refiere? ¿A la extracción de retratos de Hugo Chávez del recinto parlamentario? ¿A su rechazo a destiempo del primer decreto de emergencia económica en enero del año pasado? ¿A la declaratoria de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro? ¿O se refiere más bien a decisiones futuras de la Asamblea Nacional? Si es esto último la pretensión es excesiva; no puede pedirse a la ciudadanía, ni siquiera a la que votó por las candidaturas de oposición el 6 de diciembre de 2015, que suspenda su juicio independiente sobre las actuaciones de la Asamblea Nacional. Tal cosa sería aquiescencia a una dictadura parlamentaria”. Tampoco debe la Fuerza Armada Nacional respaldar decisiones de la Asamblea cuando éstas son inválidas, tanto por su contenido intrínseco como porque no se fundan en un mandato formal de la mayoría del electorado nacional.

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Queda por considerar conjuntamente los artículos 4º y 6º del acuerdo. Éstos establecen:

CUARTO: De conformidad con los resultados de la tercera pregunta de la consulta popular, esta Asamblea Nacional, como legítima representante del pueblo venezolano, y en el marco de sus atribuciones enumeradas en el artículo 187 de la Constitución, adoptará las medidas constitucionales necesarias para el restablecimiento efectivo de la vigencia de la Constitución, tal y como ésta ordena en su artículo 333. Para ello, se procederá a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución; a crear las condiciones que permitan la realización de elecciones libres y transparentes, y a promover la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional.

SEXTO: Se ordena remitir copia del presente Acuerdo al resto de los Poderes Públicos y a todo el cuerpo diplomático.

Primero, uno debe suponer que lo de “la renovación de los Poderes Públicos” se refiere al Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, por cuanto según “lo establecido en la Constitución”, en ausencia de la falta absoluta del Presidente de la República, la renovación del Poder Ejecutivo Nacional debe producirse mediante el sufragio el año próximo. (A menos que la Asamblea pretenda reafirmar, llegada la “Hora Cero”, su declaración de abandono del cargo por parte del presidente Maduro del pasado 9 de enero).

Luego, no es en absoluto una facultad de la Asamblea “promover la conformación de un Gobierno de Unión Nacional”, así como no lo era “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”, actividad que Henry Ramos Allup presentó el 5 de enero de 2016 como “compromiso no transable” de la Asamblea Nacional. Ambas cosas son un evidente exceso.

Una pregunta traviesa: ¿fueron las elecciones de Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2015 libres y transparentes o, por lo contrario, sojuzgadas y opacas?

Otra travesura: ¿no es una admisión de la legitimidad del “resto de los Poderes Públicos” que se ordenara remitirles copia del acuerdo?

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La Mesa de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional han decidido, a pesar de su constante invocación de la Constitución, actuar fuera de ella. Consideran, no sin buenas razones, que los magistrados del TSJ y las rectoras del CNE ocupan indebidamente sus cargos (a pesar de lo cual les envían copia de lo que ayer se acordara en el Parlamento). Sobre eso, por ejempo, fincan la justificación de una consulta popular que no organizara el Consejo Nacional Electoral; de allí que llamaran “plebiscito” a lo que es por sinonimia* lo mismo que “referendo”, pues entonces habrían tenido que atenerse a lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: “El Poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”.

Es por esto que The Miami Herald, en un reportaje de ayer que comenta las sanciones con las que Donald Trump ha amenazado a Venezuela y que no oculta sus simpatías por la oposición, titula la foto principal así: “La gente hace colas para emitir su voto durante un referendo simbólico en Caracas, Venezuela, el domingo”. Eso es lo que ha sido el magnífico y poderoso evento del domingo: un referendo simbólico.

Siempre estuvo en las manos de la Asamblea Nacional convocar válidamente referendos consultivos que se le propuso insistentemente—¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016, o Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016—y no quiso considerar. Ahora ha decidido, y también la Mesa de la Unidad Democrática, consultar al Poder Constituyente Originario fuera de los canales constitucionales:

…la MUD empieza a admitir que el Pueblo debe ser llamado a decidir. Bienvenida sea esa tardía posición—el referendo consultivo sobre el socialismo se propuso por primera vez el 23 de julio de 2009 (Parada de trote), y ya el 5 de febrero de 2003 argumentaba el suscrito: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”—; sólo queda esperar que la central opositora y la Asamblea diseñen las cosas con claridad y calma, so pena de enredar y confundir y, en consecuencia, de convertir sus iniciativas en frustraciones. (Película de terror, 3 de julio de 2017).

Por tales razones, y porque la pasada jornada dominical reunió menos de 40% del electorado nacional, resulta injustificable que el Poder Legislativo Nacional y la central opositora presenten sus resultados como un mandato ineludible del Pueblo. (Eso sí es “pretender”). El portentoso evento del 16 de julio tiene enorme y suficiente poder interpretado en sus justos términos, y ofrecer una interpretación adulterada de él no hace otra cosa que debilitarlo. Ni la Asamblea ni la MUD debieran dañar su magnífico logro con argumentación que pudiera ser razonablemente tildada de fraudulenta.

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Nota final: No es nada placentero criticar a quienes tienen las mejores oportunidades de desplazar al pernicioso sistema chavista-madurista del poder. Precisamente porque ese sistema es patentemente dañino para la Nación, es desesperante constatar los reiterados errores estratégicos de la dirigencia opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática. Aún en vida de su predecesora, la Coordinadora Democrática, fue posible escribir:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos. Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia. El Informe Stratfor, publicación electrónica norteamericana, a todas luces conservadora, insospechable de chavismo, dictaminó de ella, lapidariamente, el pasado 6 de agosto: “Afortunadamente para Chávez, si hay algo que la oposición venezolana ha demostrado es que es estratégicamente torpe, profundamente impopular y moralmente cuestionable”. Nunca hemos sido tan implacables con la dirigencia opositora autoungida en esta publicación, aunque ya antes hemos hecho algunas caracterizaciones por las que la considerábamos constitucional o genéticamente impedida de producir lo que fue necesario y no se hizo, a pesar de reiteradas y longevas advertencias y recomendaciones. En el fondo del problema hay una raíz paradigmática: sus más connotados directivos operan, como Chávez, dentro del paradigma de la Realpolitik, el que propugna que la política es en realidad la procura del poder mientras se impide que el adversario lo asuma. Ellos creen, la mayoría honestamente, que “la política es así”, y desechan cualquier otra conceptualización, por ejemplo una según la cual la Política es el arte u oficio de resolver problemas de carácter público. (Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004).

Pero es que el 24 de septiembre de 1995 juré públicamente cumplir el Código de Ética de la Política que compuse como guía de conducta y del que nunca me he apartado. Así me obliga su Cláusula Segunda: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. LEA

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* El Diccionario de la Lengua Española define como plebiscito: 1. m. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. 2. m. Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. En cambio ofrece para referendo (referéndum): 1. m. Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. En verdad, la ruta de escape es precaria, puesto que la propia MUD publicó hace tres días una explicación de la iniciativa que comenzaba por decir: “…solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional”. El Artículo 71 es, precisamente, el que norma los referendos consultivos, y su terminología no menciona un “proceso nacional de decisión soberana” ni emplea la palabra plebiscito. Como puse el 3 de julio (Película de terror): “Si la MUD finca su atropellada idea en la Constitución Nacional al citar el Artículo 71, no puede desatender ninguna otra de sus disposiciones; no se puede (debe) acoger la Constitución a pedacitos”, y la MUD escoge apelar a los Artículos 71, 333 y 350 y desconocer el Numeral 5 del Artículo 293. (El tercer plebiscito, 6 de julio de 2016).

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Texto del acuerdo de la Asamblea Nacional en formato .pdf: ACUERDO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR

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Manipula y vencerás

 

Cecilia García Arocha anuncia los resultados de la jornada de ayer

 

El Presidente de la Asamblea Nacional declaró anoche, al conocerse la participación de la población en el “plebiscito” convocado para el 16 de julio: “Con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”. Bueno, para empezar, ninguna de las tres preguntas de la consulta de ayer estuvo referida a una teórica revocación del mandato de Maduro; Julio Borges corona así una serie de manipulaciones que iniciara Henrique Capriles Radonski en 2013, cuando predicara que las elecciones municipales del 8 de diciembre de ese año eran “un plebiscito contra Nicolás Maduro”. Dos años después (11 de octubre de 2015), el entonces candidato a diputado José Guerra afirmaba: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. (El socialismo va a referendo). Capriles perdió, como autoungido jefe de campaña de todos los candidatos a alcaldes por la MUD (en imitación de Hugo Chávez), ese plebiscito inexistente, y José Guerra nunca propuso seriamente, ya elegido diputado a la Asamblea Nacional, que este órgano convocara válidamente el referendo que proclamara falazmente. (Ver ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

Mala costumbre ésa de distorsionar el sentido de los eventos políticos. (Otros ejemplos de afirmación hiperbólica: el 20 de septiembre de 2014, Voluntad Popular proclamaba por boca de Luis Florido—su Coordinador Regional en Lara—que había “activado” el Poder Constituyente en el estado para tal fin, al reunir tal vez cuatro centenas de personas en un “céntrico hotel de Barquisimeto”. Miguel Rodríguez Torres declaraba el 4 de febrero de 2015 al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia y apenas la revolución lleva 15 años”. Por su parte, Erika Farías reconoció que los problemas subsisten, pero decía que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver ¡los que datan de hace tres mil! Aparentemente, logró precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario).

Pero es que, además, la cifra anunciada por Cecilia García Arocha (7.186.170 participantes sobre 95% de las actas escrutadas) todavía no supera los 7.505.338 votos obtenidos por Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013 (Capriles obtuvo entonces 7.270.403); en el 5% de actas faltantes tendría que registrarse 319.169 electores adicionales. Más importantemente, el Registro Electoral arrojaba para el pasado mes de mayo un total de 19.571.043 electores en el país, y entonces la votación de ayer corresponde a 36,7% del registro, bastante menos de la mitad de los electores registrados e, insisto, esa votación no era revocatoria.

La participación ciudadana del 16 de julio ha sido ciertamente sobrecogedora, poderosísima, pero en ningún caso se trataba de la revocación del mandato de un Presidente cuya “falta absoluta” declaró el mismo Julio Borges hace seis meses y una semana (9 de enero), cuando la Asamblea Nacional proclamó que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! (¿Para qué revocar, aunque sea retroactiva y simbólicamente, el mandato de quien supuestamente ya no lo ejerce?) Uno espera mayor seriedad en quien preside el Poder Legislativo Nacional, que no se comporte como comentarista aficionado, sino como político responsable; es decir, veraz.

El verdadero cotejo está a la vuelta de la esquina. Si Maduro no retira la convocatoria a elecciones de constituyente, dentro de dos semanas ellas serán celebradas. No creo que asista a esos comicios una población superior a la reunida ayer. Las encuestas miden no más de 20% de simpatías por el Partido Socialista Unido de Venezuela. (Datincorp las midió en mayo en 17%). Es de esperar una abstención muy considerable el próximo 30 de julio, y entonces se produciría lo que Herman Escarrá ha señalado como la posible ausencia de un “quórum de legitimidad” de la asamblea constituyente a elegir ese día. (Sin embargo, el 25 de julio de 1999 se registró una abstención electoral de 53,7% en la elección de diputados a la constituyente, y en las elecciones de Asamblea Nacional en 2005 la cosa llegó a 75%. Ambos cuerpos sesionaron impertérritos).

Las señales políticas provenientes de la comparación entre el 16 y el 30 de julio serían, en todo caso, inequívocas, aunque no haya revocación del mandato de Nicolás Maduro. Pero hay que leerlas y, sobre todo, explicarlas correctamente. No puede decirse que ayer se manifestó, Borges dixit, “el grito de todo un país” en rechazo a la constituyente; fue el grito de 37% del país. Si la “Hora Cero Nacional” anunciada por la MUD significa la aplicación del desconocimiento prescrito en el Artículo 350 de la Constitución, va a necesitarse algo más que eso. LEA

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Aunque sea fallo

Hoy ha hablado

Vengo de votar en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional a instancia de la Mesa de la Unidad Democrática, a pesar de no ser vinculante y de estar inadecuadamente formulada.

“…la MUD empieza a admitir que el Pueblo debe ser llamado a decidir. Bienvenida sea esa tardía posición…” Así que por eso y porque Dios suele escribir derecho sobre renglones torcidos, atenderé la invitación de la Mesa de la Unidad Democrática y contestaré afirmativamente sus preguntas el 16 de julio, el que escribe derecho mediante. Hay que hacer masa en esa fecha, y producir una abstención descomunal, nunca vista, catorce días después. (El tercer plebiscito, 6 de julio de 2017).

Más allá de las imperfecciones y la desesperante tardanza, la convocatoria ha resultado en una manifestación masiva de ciudadanos; en Caracas, San Cristóbal, Ciudad Ojeda, Barquisimeto, Lisboa, Madrid, París, Londres, Santa Cruz de Tenerife… se ha logrado la acumulación de millones de venezolanos en repudio de la asamblea constituyente convocada por el presidente Maduro y en exigencia de libres elecciones y la restitución del orden constitucional. Ha sido un largo camino, al menos en el caso del suscrito, que comenzó a recomendar la participación decisoria del Pueblo hace 23 años. He aquí una selección de las numerosas instancias de ese llamado, registradas en este blog y reiteradas en múltiples emisiones de Dr. Político en RCR:

 

Frente al término del siglo y la llegada de un nuevo milenio, es preciso que recompongamos nuestro aparato político, en una reconstitución como polis moderna e innovadora. (…) Ya a estas alturas, la obsolescencia del texto constitucional que nos rige es evidente. Hasta el propio Rafael Caldera—que hace diez años preconizaba que esa enésima versión de la Constitución venezolana era muy suficiente, que no era cierto que el “modelo de desarrollo” venezolano estuviese agotado, que ese modelo, expresado en el Preámbulo de 1961, estaba todavía por ser llevado a cabo—ha prepropuesto—todavía no lleva su proyecto jurídicamente formulado a las Cámaras Legislativas—un admirable conjunto de reformas. Propone referenda consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios; ciertamente un notable progreso en los poderes que se le permite al pueblo ejercer directamente. Pero es preciso llegar más allá. Lo aconsejable es confiar más en este pueblo. Lo aconsejable es un referéndum anual de la República. (…) Hay que confiar en que el pueblo de Venezuela puede aportar tanto en un referéndum anual como puede aportar a una empresa la asamblea de sus accionistas. Este referéndum debe producirse luego de la presentación de la cuenta ordinaria del Presidente de la República al término de cada año de su mandato. Debe pronunciarse por la aprobación o improbación de su memoria y cuenta y sobre su confirmación en el cargo o su cesantía. Todos los años. (Una visión de Venezuela, referéndum #2, 4 de abril de 1994).

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Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido. La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”. En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional. Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento. (Ahora tiene que consultar, referéndum #6, 8 de agosto de 1994).

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Una vez que se decida convocar a los Electores, al Poder Constituyente, para consultarlo sobre el tema discutido previamente [la convocatoria de una Asamblea Constituyente], vale la pena aprovechar la excepcional ocasión para consultarle sobre otras materias de “especial trascendencia nacional”. Por una parte hay varias decisiones que revisten esa trascendencia y que vienen siendo insistentemente propuestas al país. Por la otra, una vez más, no estamos en condiciones de desperdiciar recursos. Hay que sacarle el jugo al Primer Referendo Nacional. (…) Es de suponer que no faltará quien diga que tales decisiones no están al alcance del juicio de los Electores. Que “el pueblo” no está preparado para eso, que “el pueblo” no está en capacidad de entender esos asuntos, que hace falta saber mucho de economía petrolera o monetaria para tomar esas decisiones. Estaría equivocado quien así argumente contra la posibilidad de consultar sobre esas proposiciones en referendo. (…) Celebrado el referendo en diciembre de este año, para empezar, junto con las elecciones presidenciales, puede desaguarse por su fundamental cauce buena parte de la angustia ciudadana que hasta ahora sólo disponía de los cauces candidaturales y parece preferir uno entre ellos, el que se prevé más turbulento. Conduciendo buena parte del raudal de inconformes voluntades electorales por un brazo tan primario y portentoso como el de un referendo, es de esperar que la preferencia por lo tumultuoso disminuya, y así llegue a la Presidencia de la República un candidato inviolento. (…) Pero también lo es el referendo mismo, la apelación directa a la opinión del Poder Constituyente, de los Electores de la Nación, para decidir sobre asuntos de nuestro más alto interés. En el fondo, más que una elección de representantes o mandatarios, es el referendo el acto supremo de una democracia. Es la participación total de la voluntad de los Electores en la toma de decisiones fundamentales. (Primer Referendo Nacional, referéndum #28, 20 de septiembre de 1998).

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Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional. Lo primero que debiera dilucidar un referéndum así es la conveniencia de la permanencia del Presidente de la República en su cargo. No es éste un asunto que compete sólo a los más conspicuos entre los actores políticos en Venezuela. Es un asunto del Pueblo todo. (…) La celebración de referendos, así como la de elecciones, es un proceso costoso y laborioso, que debiera intentar el logro de una máxima eficiencia. No debiera convocarse a referéndum para obtener la respuesta a una única pregunta. Estando frente al hecho trascendente de la presencia participativa del Pueblo, debiera consultársele sobre más de una materia, para así aprovechar mejor el poder de su carácter definitivo e inapelable en la dilucidación de cuestiones que inquietan el alma nacional. (Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

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Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo. No es cierto, pues, que siete millones de venezolanos votaran por esas medidas. No es verdad que los caraqueños preferimos a la Electricidad de Caracas roja rojita, en manos del Estado de Chávez. Es mentira que queremos que se despoje al BCV de su autonomía, facultad sugerida por la sabiduría política acumulada en centenares de años. No es cierto que optamos por federaciones de juntas comunales como sustitutos de los alcaldes. Cada una de estas cosas, que por tratarse de medidas específicas debieron constituir un programa de gobierno conocido por el enjambre ciudadano, fue ocultada adrede, porque Chávez sabía que si las notificaba los resultados electorales hubieran sido otros. En lugar de descubrirlas las escondió, y ahora decidirá como jeque omnímodo cada una de ellas por sí solo, puesto que los borregos de la Asamblea Nacional enajenarán su función propia en el Presidente de la República. (…) Pero claro, no está en la naturaleza de Chávez el procedimiento democrático. Lo de él es pantalla y decreto, así que ¿por qué no emprende la oposición la convocatoria de un amplio referendo por iniciativa popular? ¿Qué tal si el triunvirato Borges-Petkoff-Rosales que ha vuelto a reunirse pone orden nuevamente en la incipiente cacofonía opositora y se atreve, aunque sea esta vez, a una iniciativa política audaz, profunda, de aliento? ¿No y que somos cuatro millones de los que menos de la mitad tendría que firmar? ¿No es cierto que la mayoría de los venezolanos—Datanálisis dixit—no quiere ni dictadores ni “mares de la felicidad”? Ése es un referendo que pudiera muy bien ganarse para la democracia en Venezuela, que no es otra cosa que el respeto a la inteligencia de sus Electores. (Todo es mentira, Carta Semanal #221 de doctorpolítico, 18 de enero de 2007).

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En suma, la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista, a pesar de lo cual Rafael Ramírez, bajo su casco de Presidente de PDVSA, proclama: “PDVSA está con Chávez. PDVSA está con la revolución… Quien no esté en un comité socialista es sospechoso de conspirar contra la revolución”. ¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar. La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad, de una consulta que le pare el trote a Ramírez y a su jefe. (Parada de trote, Carta Semanal #341 de doctorpolítico, 23 de julio de 2009).

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La proposición de un referendo consultivo sobre la conveniencia de un régimen socialista en Venezuela, a ser celebrado el 26 de septiembre de este año, ha suscitado un buen número de comunicaciones dirigidas al suscrito por correo electrónico. (…) Creo que los ciudadanos venezolanos, casi sin distingo de preferencia política, podemos entender que el referendo proyectado es conveniente y necesario, clarificador de nuestro turbio proceso político, unificador de una sociedad dividida, estabilizador de una política que procede por sobresaltos. Invito a mis compatriotas a que, para final satisfacción de él mismo, demos con nuestro apoyo y nuestro esfuerzo un mentís rotundo a su noción de que los venezolanos somos incapaces de hacer lo que se necesita. Convoquemos este referendo. (Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010).

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Hoy domingo 11 de octubre de 2015, el economista José Guerra, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional por el Circuito 4 del Distrito Capital, publicó un artículo—El socialismo va a referendo—en el que admitió: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar. La pregunta es muy sencilla: ¿Está Usted de acuerdo con el modelo socialista actual o prefiere recuperar el sistema de libertades económicas consagrado en la Constitución? Esa es la disyuntiva”. La noción está equivocada. Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un “plebiscito” acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales. El 6 de diciembre no está planteada esa disyuntiva, sino la de votar o no votar por alguno de los candidatos del circuito correspondiente. Si se quiere que algo sea tenido por un referendo consultivo debe serlo; no debe proponerse que las elecciones del 6D usurpen lo que tendría que ser una manifestación explícita del Soberano. (…) No están los electores convocados en su carácter de miembros del Poder Constituyente Originario para el próximo 6 de diciembre, así que el socialismo no va a referendo en esa fecha; lamentablemente, no se lo quiso convocar. Pero la Asamblea Nacional puede hacerlo por mayoría simple. Espero que el candidato Guerra prometa que en cuanto esté a su alcance procurará que así sea; cordialmente le invito a que nos comunique que tal es su decisión. (Consideraciones sobre un texto de José Guerra, 11 de octubre de 2015).

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El referendo consultivo sobre el socialismo acomete frontalmente el problema político más importante en Venezuela: la crisis generada por la trasnochada y anacrónica pretensión socializante del oficialismo. Ese referendo voltearía la economía. Claro que el protagonismo sería del Pueblo, no de la MUD o la Asamblea. El mismo protagonismo del referendo revocatorio—sólo convocable desde el Pueblo—, que es la única manera constitucional, democrática, pacífica y electoral para destituir al alucinado y pernicioso gobernante que tenemos. Ambos referendos pueden celebrarse concurrentemente, así que dejen, señores de la Mesa de la Unidad Democrática, de dar vueltas al asunto. No cambien las reglas a mitad del partido; las que necesitamos ya están promulgadas. No convoquen marchas; recojan firmas (cuenten con la mía). No prometan ir “con todo”; levanten 84 diputados la mano y convoquen, en la próxima sesión de la Asamblea Nacional, la consulta al Poder Constituyente Originario que desatará el nudo de nuestra cuestión política fundamental. (¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

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El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente: ¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo? Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación. (…) Exijamos a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación). El Consejo Nacional Electoral no tendría otra cosa por hacer que acatar tal mandato. No podría exigir firmas con captahuellas múltiples ni planillas que firmen electores con cédulas de identidad de gente viva; bastará la copia de Secretaría del acta de la sesión de la Asamblea Nacional para que esté obligado a organizar la consulta. (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016).

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Tú, ciudadana o ciudadano de Venezuela, eres de pleno derecho parte importante y única del Pueblo, que en su carácter de Poder Constituyente Originario, como lo reconociera la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, es en sí mismo un poder supraconstitucional. Esto es, tú conformas con la mayoría del Pueblo venezolano un Poder que está, no en contradicción de la Constitución, sino por encima de ella. Por esto estás en capacidad de declarar plenamente abolido el gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros, de mandar a la Fuerza Armada a que desconozca su mando y garantice que el susodicho ciudadano abandone toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República, y también de determinar la forma de la transición. Ahora puedes abolir el gobierno. Ya no tienes que pedirle nada. Ni la renuncia del Presidente ni la concesión de elecciones inmediatas. Ahora tu presencia en la calle debe ser para abolir, de pleno derecho y por aclamación, el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Es importante que tomes conciencia de tu Poder. Tú no eres súbdito de Nicolás Maduro Moros. Tú eres su mandante, y en ese carácter puedes abolir su gobierno. Comunica esta verdad a tus amigos y relacionados y prepárate, serenamente, para el Día de Abolición. (Manda Su Majestad, 17 de diciembre de 2016).

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La manifestación de hoy ha sido muy poderosa, y el gobierno no podrá exhibir una fuerza equivalente el próximo 30 de este mes, cuando tendrán lugar las elecciones de asamblea constituyente convocada por Maduro. (Todavía podría anular su decreto de convocatoria). La MUD habla, ahora premunida de esa fuerza enorme, de una “Hora Cero”. Puse acá en El tercer plebiscito (el 6 de este mes de julio):

Una observación final sobre esta frase: “la activación de la Hora Cero nacional”. Quiero llevar a la atención de todo el mundo, y especialmente de la dirigencia opositora profesional, que llegado ese momento lo que debe producirse, dado que la Asamblea Nacional y la MUD han decidido prescindir del Consejo Nacional Electoral, es nada más y nada menos que la abolición del régimen presidido por Nicolás Maduro.

Esto no es un golpe de Estado, no puede ser sustituido por la intervención de unos “militares decentes” que se arroguen la misión de conformar un “gobierno de unión nacional”. El titular del derecho de rebelión no es otro que el Pueblo, una mayoría de la comunidad nacional. LEA

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Con el corazón triste

Maryam Mirzakhani, Medalla Fields en Matemáticas en 2014

 

Sabedora de mi admiración por ella, mi hija María Ignacia me dio la noticia de la muerte de Maryam Mirzakhani a sus 40 años, luego de una batalla que perdiera contra el cáncer. Mirzakhani era una joven matemática iraní que se convirtiera en la primera mujer (la única hasta ahora) en ganar la Medalla Fields, el equivalente del Premio Nobel en el campo de mayor abstracción del conocimiento humano. Eso fue en 2014, cuando tenía 37 años de edad; ya tenía un año enferma y yo no lo sabía. Nos ha dejado en la tierra a su esposo, Jan Vondrák, teórico en ciencias de la computación, y a la hija de ambos, Anahita, de seis años.

 

La Medalla Fields en Seúl

 

La personalidad de Maryam, además, era de una gran modestia y valor, con logros profesionales y humanos de calidad excepcional. Cuando obtuvo el codiciado galardón, contribuyó a mi convalecencia del primer, único y ojalá último dengue que he sufrido; pero no sólo eso, me permitió en esos momentos absorber y digerir constructivamente varias noticias políticas muy preocupantes del país venezolano y otros del mundo, reconciliándome con la humanidad. Así lo reconocí feliz en el programa #106 de Dr. Político en RCR, del 16 de agosto de 2014. De esa transmisión, coloco abajo en su recuerdo un fragmento de audio de menos de seis minutos, en el que expresé mi agradecimiento hacia ella. LEA

 

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En vísperas de una consulta popular

La portada de TIME para Gershwin en julio de 1925

El programa #257 de Dr. Político en RCR tuvo lugar el día antes de la consulta popular organizada por la Mesa de la Unidad Democrática y convocada por la Asamblea Nacional, que busca el rechazo masivo de la ciudadanía a la asamblea constituyente predicada por Nicolás Maduro Moros para “la reconciliación nacional”. (Ha logrado todo lo contrario). También se comentó el “Llamado al entendimiento nacional” propuesto el lunes 10 de los corrientes por más de sesenta personalidades encabezadas por el Dr. Pedro Nikken, exPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un recuerdo de George Gershwin, el gran compositor estadounidense de cuya muerte se cumplieron ochenta años el martes de este semana, se expresó en la hermosa aria de su ópera Porgy and Bess (Bess, you is my woman now) y el tema cumbre de la Rapsodia en azul, su obra más apreciada. Acá está el archivo de audio de esta transmisión:

LEA

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El Tratado de Santiago de León de Caracas

 

La Sede del Tratado

 

…quizás podríamos darnos cuenta de que hay espacio para todos y que nadie tiene más derecho de ciudadanía que los demás.

Ryszard Kapuściński – Los cínicos no sirven para este oficio

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Ha sido noticia destacada de la semana un llamado suscrito por algo más de sesenta nombres notables; entre ellos, los del aparente líder del grupo, Pedro Nikken, exDecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, exPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con experiencia directa en el proceso de negociación que concluyó en los acuerdos de paz en Centro América en los tiempos de buenos oficios del Grupo Contadora. Pero también destacan Ignacio Arcaya (exMinistro de Relaciones Interiores del primer gobierno de Hugo Chávez), Carlos Ayala Corao, los hermanos Mario y Vladimir Villegas, Colette Capriles, Rocío San Miguel, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Paulina Gamus Gallegos, Carlos Raúl Hernández, Francisco Layrisse, Laureano Márquez, Liliana Ortega, Michael Penfold, Francisco Suniaga y José Virtuoso S. J. El documento—LLAMADO AL ENTENDIMIENTO NACIONAL—en el que asientan su preocupación fue dado a conocer el lunes 10 de los corrientes; su tesis central es sencilla: “La inédita crisis política, económica y social que padece Venezuela no hará más que agravarse si el ejercicio de la inteligencia y el patriotismo del liderazgo no detiene la escalada de la confrontación”. El diario El Nacional resume las recomendaciones del grupo:

Los firmantes sostienen que para cortar de raíz la escalada del conflicto “es necesario asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho”. En tal sentido formulan 3 propuestas: primero, instan a Nicolás Maduro a “suspender el acto electoral fijado para el 30 de julio y abrir un compás de oportunidad para el entendimiento”. Segundo, mantener a la Santa Sede como mediadora en el proceso, como instancia capaz de “ayudar a construir confianza, acercar posiciones y promover acuerdos”. Tercero, proponen la creación de un grupo de “cuatro países amigos invitados de mutuo acuerdo que acompañen la mediación” y sirvan de garantes para el cumplimiento de lo acordado. Y por último, las personalidades recomiendan que el funcionamiento de ese mecanismo de entendimiento “sea definido por reglas formales, que se resguarden las propuestas en discusión y que la vocería sea reservada únicamente al representante de la Santa Sede”.

Quien escribe pudo hablar telefónicamente con Nikken, luego de haber visto parcialmente una segunda participación suya en Vladimir a la 1, en compañía de Suniaga y José María Cadenas, en la que explicó que el manifiesto fue escrito para poder decirle a todo el mundo que en el país “nos vemos todos y cabemos todos”. También llamó mi atención que destacara algo que ya había notado: que en el documento no se cuestionaba la legalidad de la convocatoria presidencial a constituyente. La cordial conversación con Nikken, con quien tengo amistad que se remonta a 1962, concluyó con mi promesa de hacerle llegar enlaces a materiales de este blog que tratan el tema del diálogo, la negociación o el acuerdo posible entre los poderes públicos nacionales. Así le puse:

Comencé a tocar el tema de las conversaciones ente las partes, como te dije, en mayo de 2014, a raíz del espectáculo televisado en Miraflores. Entonces escribí una primitiva nota: Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0. El año pasado reaccioné a una preocupante manifestación de Ma. Corina Machado, por un lado, y Vladimir Padrino López por la otra, con la publicación el mismo día (25 de abril de 2016) de Desactivemos la bomba y Plantilla del Pacto. Finalmente, este mismo año generalicé el concepto de acuerdo en este último artículo a todos los poderes públicos, primero en Del armisticio como programa (11 de mayo) y luego con una redacción compacta en Versión formal (26 de mayo). Esencialmente, son tres cosas las que he venido sosteniendo: 1. que el diseño mismo del proceso de diálogo es esencial a su posibilidad de éxito; 2. que un diálogo entre gobierno y oposición es asimétrico. (Ése era el único posible en 2003 con la Mesa de Negociación y Acuerdos porque la oposición no tenía nada; ahora controla uno de los más importantes poderes públicos. El interlocutor correcto de la MUD es el PSUV, y el del Presidente de la República la Asamblea, no una federación de partidos de oposición); 3. que no se trata de dialogar sino de acordarse, y por tal razón un proyecto de pacto es un instrumento requerido.

Nikken había destacado el problema metodológico a partir de su experiencia en negociaciones, lo que es central en las proposiciones del grupo que encabeza. Desde el punto de vista del contenido del acuerdo al que se arribaría, el documento sólo propone que se suspenda como previa condición la elección de asamblea constituyente, por lo que se exige al gobierno que sea el único que conceda algo. En cambio, lo enumerado en Versión formal es un conjunto de concesiones mutuas, empezando por el reconocimiento y acatamiento conjuntos, por parte de todos los cinco poderes públicos nacionales, del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

Así, por ejemplo, la Asamblea Nacional anularía su declaratoria de abandono del cargo de Presidente de la República y aprobaría “un razonable decreto de amnistía”, así como convocaría un referendo consultivo que preguntara: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” y también: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?” El Tribunal Supremo de Justicia levantaría “las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral. relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas… (…) Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión”. El Contralor General de la República procedería a “anular las inhabilitaciones políticas que ha impuesto recientemente a los gobernadores de los estados Amazonas y Miranda”. El Presidente de la República facilitaría “la llegada de ayuda humanitaria ofrecida al país por diversos actores internacionales y su distribución equitativa” y anularía “su decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo sus propósitos programáticos en un proyecto de reforma constitucional que los comprenda y que él podrá someter a referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario”. Etcétera. Se trata de tomar y de dar.

También participé a Pedro Nikken que había hecho conocer ese esquema de acuerdo a la Conferencia Episcopal Venezolana (en cabeza de Mons. Diego Padrón, su Presidente), a la Santa Sede por vía del Nuncio Aldo Giordano y otras vías, y al Grupo de Alto Nivel designado por Parlasur para atender el caso venezolano. Él tiene más auctoritas que el suscrito y mayores posibilidades operativas.

Veremos. La inminencia de la más reciente iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática (la consulta convocada para dentro de dos días) y de la elección de diputados constituyentes dos semanas después, marcan la cuenta regresiva hacia un recrudecimiento tal vez irreversible de la confrontación. Los manifestantes del pasado lunes han declarado que es un objetivo crucial para el país detener “la escalada de la confrontación”. ¿Habrá tiempo? Tal vez, pero el éxito del intento debe estar en función de un proyecto de acuerdo con exigencias que no sean unilaterales. LEA

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