Irrupción constituyente

Actualizado con audio de Y así nos va (RCR 750 AM) con fecha de hoy (abajo).

Breakthrough: literalmente, romper a través, irrumpir

Breakthrough: literalmente, romper a través, irrumpir

 

break·through n. 1. a significant or sudden advance, development, etc., as in scientific knowledge. 2. an act or instance of removing or surpassing an obstruction or restriction. 3. a military advance through and beyond an enemy’s defense.

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

breakthrough – a productive insight  – The clear (and often sudden) understanding of a complex situation.

Thesaurus (WordNet based)

irrupción. (Del lat. irruptĭo, -ōnis). 1. f. Acometimiento impetuoso y repentino.  2. f. Entrada impetuosa en un lugar.

Diccionario de la Lengua Española

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Una tesis reiteradamente expuesta en este blog y a través de otros canales—Dr. Político en RCR, por ejemplo—es que “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…” (Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003). Así, por caso, una vez que los estudios de opinión comenzaron a mostrar que el rechazo al socialismo era la postura nacional mayoritaria, se propuso en Parada de trote (23 de julio de 2009): “La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad… (…) …bastarán ahora 1.700.000 firmas ciudadanas válidas para causar un referéndum sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”

Seis años más tarde, la conveniencia y oportunidad de tal consulta son bastante mayores; por una parte, todo decreto del presidente Maduro lleva un encabezado estándar que declara un objetivo no autorizado por el Poder Constituyente Originario—“Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”—y, por la otra, ya Datanálisis midió en noviembre del año pasado 80,1% de entrevistados que estaban de acuerdo con esta noción: “El socialismo del siglo XXI es un modelo equivocado que debe ser cambiado”.

Ése es el verdadero meollo de la cuestión política en Venezuela, cuya alarmante situación económica es el resultado de la aplicación de políticas socialistas—DRAE: socialismo. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes—, sin que jamás haya autorizado nuestro Poder Constituyente Originario la modificación constitucional implicada en la pretensión socializante del chavismo-madurismo, puesto que la Constitución sólo define un sistema económico de mercados sujetos a un cierto grado de regulación. El pronunciamiento explícito del Pueblo en referendo sobre esa cuestión medular es el acto de democracia participativa, siempre regateada, que requerimos en el país desde hace mucho tiempo.

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El pasado sábado 3 de octubre, Doña Alicia llamó a Dr. Político en RCR cuando concluía la transmisión de ese día, para preguntar: “¿Existe algún camino que como ciudadanos podamos exigir de alguna manera que las personas que nos representan o que asumen el gobierno no asuman una posición grotesca, vulgar, como la que tenemos? ¿Cuál sería el canal para exigir respeto de todos nosotros?” Entonces ofrecí como respuesta una disquisición acerca de las posibilidades que ofrece un sistema nominal de elección de representantes, como el que ahora existe en Venezuela, conjeturando que aún no hemos tomado conciencia de que al votar por ciudadanos particulares ellos son ahora, más que nunca, nuestros representantes, a quienes podemos exigir ciertas conductas o el cumplimiento de promesas de campaña electoral. He aquí el audio con los cuatro minutos de nuestro intercambio.

Cuarenta y ocho horas después, ayer lunes, recibí la llamada de Gonzalo Pérez Petersen, amigo con el que frecuentemente intercambio lecturas políticas y que también participó en la emisión #156 del programa, el 8 de agosto de este año. El centro de su comunicación de ayer fue esta simple pero luminosa observación: “Ese referendo que propones acerca del socialismo puede convocarlo más fácilmente la Asamblea Nacional”. Esto es, la iniciativa popular del referendo requeriría el esfuerzo de recoger algo más de un millón novecientas mil firmas—ha crecido el registro electoral—, mientras que una mayoría simple de los asambleístas puede forzar lo mismo. (Constitución Nacional, Artículo 71: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”).

Mi primera reacción: “Cónchale, Gonzalo, ¿otra vez democracia representativa cuando lo que estamos requiriendo es una manifestación de democracia participativa?” Gracias a Dios, él insistió en el punto y, mientras hablaba, empecé a intuir que en su lectura estaba escondida una genialidad estratégica. Comencé a aceptar su punto de vista al recordar que yo mismo había puesto la pelota en la cancha de la Asamblea Nacional el 23 de febrero de 2014, cuando escribí en el blog Se cambia protesta por propuesta, con una lista de acuerdos específicos en momentos cuando se gestaba un “diálogo” entre gobierno y oposición: “La hibernación del Plan ‘de la Patria’ hasta la celebración de un referendo en el que sea el Soberano quien decida si quiere para Venezuela un régimen político-económico socialista, que puede ser convocado por votación concertada de oficialismo y oposición en la Asamblea Nacional”. (Idea refrescada el 1º de marzo de 2014 en el programa #84 de Dr. Político a través de Radio Caracas Radio). Y Gonzalo sabía que a comienzos de ese mismo año le había regalado la idea al diputado Pedro Pablo Fernández, sugiriéndole que llevara él a la Asamblea Nacional la proposición de que ese cuerpo legislativo convocara el referendo. Fernández, por cierto, declinó actuar porque “estaba pensando, después de haber hablado con Hiram Gaviria, que probablemente renuncie a COPEI”. (?)

Pero al colgar el teléfono no había comprendido cabalmente las posibilidades inmediatas del asunto: que no se necesita esperar a que la nueva Asamblea entre en funciones en enero del año que viene para exigir la convocatoria a los diputados que resulten electos el 6 de diciembre; que es ahora, cuando los tenemos mansitos buscando votos, a disposición de los electores, el momento de comprometerlos con su voto favorable a un tal acuerdo referendario en cuanto tome posesión la nueva legislatura.

Varias cosas cabe destacar de esta idea: 1. que es un modo práctico y rápido de activar un acto fundamental de democracia participativa, pues un referendo es exactamente eso; 2. que transmuta un rol pasivo de electores que escuchan promesas candidaturales al activo de exigir un compromiso específico, esto es, el conferimiento de un mandato a mandatarios legislativos cuando somos los electores quienes tenemos la sartén por el mango; 3. que la exigencia puede ser hecha a candidatos opositores, independientes y oficialistas: “…no se trata de un evento en el que sólo deban interesarse quienes estén de un lado de la cuestión. Cualquier partidario del socialismo que sea persona razonable y de espíritu democrático debe entender que tal sistema no debe ser impuesto a la sociedad, que esta decisión es de tal profundidad y de tan grave naturaleza, que no debe ser adoptada sino después de una consulta al Soberano”. (Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010).

No hay dificultad en imaginar el crecimiento aluvional de un movimiento de opinión y exigencia ciudadana a quienes en este instante son sólo pretendientes a una silla curul. Estamos, por consiguiente, ante un verdadero breakthrough. (Por ahora sólo conceptualmente; es preciso llevarlo a la práctica). La ventaja de la toma de conciencia es que ni siquiera tiene que estar la cosa centralizada; basta que la idea cunda, que el asunto sea explicado y replicado en ecos autónomos por todo el país.

Y entonces pudiera el Pueblo ser requerido para que exprese su voluntad acerca de tema tan crucial. Siendo que la pretensión socialista es la excusa universal, la coartada general de todos los actos del gobierno, un rechazo masivo al socialismo en referendo debe forzar la renuncia de Nicolás Maduro al cargo que ahora ocupa. No podría sostenerse si se viera forzado a suprimir de papelería, gigantografías y carteles, de discursos y decretos, la especie de que se ocupa en la construcción del socialismo. LEA
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Fragmento de audio de Y así nos va (Daniel Lara & Nehomar Hernández) del 6 de octubre de 2015:


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Más allá del voto popular su decisión

La cura es un pronunciamiento del Soberano

La cura es un pronunciamiento del Soberano

 

Siguen impertérritos los dirigentes de la clase política nacional, oficialistas y opositores. Ambos se preparan al cotejo electoral del 6 de diciembre: el gobierno con el cierre militar de fronteras—lo último: el Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza comentó hoy que con el estado de excepción extendido a los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo se va a “corroborar” la propiedad de las fincas “para hacerlas productivas” (El Universal: Revisarán “finca por finca” titularidad de tierras en Apure)—, el desacato a una sentencia supranacional que lo obliga, la condena absurda a un connotado opositor, la cotidianidad de su guerra sucia—banalidad del mal, diría Hannah Arendt—y la negación a la realidad económica; la oposición con comunicados y el anuncio de nuevas marchas, luego del resonante fracaso de la última convocatoria (8 de agosto).

Luis García Mora escribió el domingo pasado en Prodavinci:

Lo grave es que el Gobierno sigue imponiendo la agenda. Y la oposición no lo logra. Y pendientes: las elecciones las gana quien lleva la iniciativa, quienes llevan la vanguardia en los temas y los plantean. La oposición no articula una sola idea que obligue al Gobierno a reaccionar, a responderle. Eso no significa que tengan perdidas las elecciones, sino que de no actuar (quedan todavía tres meses), el Gobierno puede salir mejor parado el 6-D de lo que debería. En lo que queda de campaña, los líderes y estrategias del comando de la Unidad (Borges, Ramos Allup, Freddy Guevara y Márquez) tienen que imaginar (por decirlo así) su propio Dakazo, su crisis de frontera, su sentencia. Vale decir: la oposición necesita un evento que produzca el quiebre, pero los mediocampistas no pasan el balón, no generan los espacios, no producen variantes. Puro pase largo infinito y sin ubicación, con un déficit organizativo contra un Gobierno que sí lo tiene.

En ninguno de los dos lados emerge un interés por dar al Pueblo la tribuna de oradores. Son los políticos profesionales los que guardan celosamente el protagonismo—¿cómo podría entrevistarse al Poder Constituyente Originario en CNN, cuál es su dirección en Twitter?—, para que no caiga en manos del Soberano que teóricamente preside una democracia “participativa y protagónica”. No creen en ella. El oficialismo calla sobre el punto, la oposición se refiere a él a regañadientes para decir que no se debe “distraer esfuerzos”. (Jesús Torrealba: “Para cruzar ese puente hay que llegar al río” y, por supuesto, “No estamos en un cantón suizo”).

El 5 de abril del año pasado aumenté la apuesta, al plantear la celebración de un Gran Referendo Nacional que daría participación a ambos lados de la contienda. (En la emisión #89 de Dr. Político en RCR). He aquí un fragmento de 15 minutos, proveniente de esa transmisión:

(Fe de erratas: al comienzo del audio digo que un revocatorio se convoca a los cuatro años del período constitucional; en verdad, puede convocarse una vez cumplida la mitad del período: después de tres años de iniciado. En el caso del presidente Maduro, a partir del 10 de enero de 2016).

Sigo creyendo que es la voz del Pueblo la que sanará nuestras heridas.

LEA

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Propósito de enmienda

Juan Manuel Raffalli, constitucionalista

El Dr. Juan Manuel Raffalli, desarrollador de la vacuna

 

Comenzando el año 2002, una mayoría de venezolanos ya se horrorizaba con las ejecutorias y desplantes de Hugo Chávez y quería que abandonara el poder; entonces se enumeraba las rutas que pudieran conducir a tal resultado. Las extremas eran una petición de renuncia y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente (el inefable Herman Escarrá era quien la proponía). Naturalmente, la primera dependía de la voluntad de Chávez, mientras que la segunda era un procedimiento aparatoso; una constituyente procede cuando se necesita generar una constitución radicalmente distinta de la existente, lo que no parecía indicado cuando ya habíamos hecho exactamente eso escasamente dos años antes, y convocar una con el único propósito de defenestrarlo equivalía a matar cucarachas a mandarriazos (imagen de Daniel Lara Farías).

Primero Justicia auspiciaba entonces un camino más sensato y proporcionado: la aprobación de una enmienda constitucional para recortar el período presidencial, que el Artículo 230 de la Constitución fija en seis años. Su diseñador había sido el abogado Juan Manuel Raffalli, diputado suplente de Gerardo Blyde en la bancada de Primero Justicia. (En marzo de 2002, recibí de manos de Julio Borges una carpeta contentiva del trabajo de Raffalli).

La iniciativa no prosperó; el Carmonazo cambió para mal el carácter del repudio a Chávez. Después de su fracaso—gracias a Dios—unos militares rebeldes tomaron la Plaza Francia de Altamira para un espectáculo diario de discursos catárticos que Globovisión transmitía incesantemente y, al fracasar a su vez este intento de suscitar un levantamiento armado, vino luego el paro liderado por arrogantes ejecutivos de PDVSA que se creyeron capaces de derrocar a Hugo Chávez. Un nuevo descalabro condujo al diálogo mediado por César Gaviria, entonces Secretario General de la OEA, y el expresidente de los EEUU, Jimmy Carter, y la cosa desembocó en las conversaciones de la Mesa de Negociación y Acuerdos (en las que Raffalli participó) donde finalmente se aceptó lo que de todos modos estaba en la Constitución: un referendo revocatorio.

Como sabemos, éste se celebró el 15 de agosto de 2004, con el resultado que previeron unánimemente los estudios serios de la opinión:

El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. (Suma contra gentiles abstencionistas).

El descrédito triple del intento de Carmona Estanga, la toma militar de la Plaza Francia y el enervante paro petrolero, se sumó al invento de las misiones en 2003—posibilitadas por un marcado aumento en los precios del petróleo—para que Chávez saliera airoso de la prueba.

Todavía antes de esto último, Primero Justicia intentó otra avenida, promoviendo un referendo consultivo acerca de la conveniencia de que Hugo Chávez continuara presidiendo la República. Esto, por supuesto, no produciría resultados vinculantes, por cuanto la Constitución prescribía un medio específico (el referendo revocatorio) para causar la remoción presidencial, aunque sí causaría poderosos efectos políticos que provocarían la cesación de un gobierno aún debilitado por la secuencia de repudios.

Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.

Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el “no vinculante pero sí fulminante” referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase. (Carta Semanal #36 de doctorpolítico, 15 de mayo de 2003).

Fue la exitosa recolección de las firmas para ese referendo la primera actuación de una incipiente Súmate, pero el Consejo Nacional Electoral accidental que aprobó la convocatoria fue inhabilitado, no sin razón, por el Tribunal Supremo de Justicia, y así se impidió la segunda terapia desarrollada por Primero Justicia.

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Ha llegado la hora de replantear el “tratamiento Raffalli” para aprovechar la convocatoria a elecciones de Asamblea Nacional; esto es, intentar por iniciativa popular la enmienda de recorte del período presidencial que Primero Justicia propuso hace trece años, y así someterla a referendo concurrente antes de que este mismo 2015 concluya.

Convendrá mantener las cosas extremadamente simples: sustituir tan sólo una oración del Artículo 230 de la Constitución, que dice “El período presidencial es de seis años”, por otra que diga “El período presidencial es de tres años”. (El proyecto original reducía el período de seis a cuatro años y además introducía la figura de una doble vuelta electoral en caso de que el triunfador en las elecciones no obtuviese la mayoría absoluta de votos). Basta la mera reducción del período para causar lo que espera no menos del 70% de los electores venezolanos (incluyendo una considerable proporción de chavistas): la cesación perentoria de la presidencia de Nicolás Maduro. La reducción del período a tres años la terminaría el 10 de enero de 2016, lo que es un efecto más instantáneo que un referendo revocatorio que sólo podría promoverse a partir de esa fecha y a un costo mayor. (La iniciativa de revocación exige 20% de los electores; una iniciativa de enmienda requiere 15%).

Esta reformulación de la “vacuna Raffalli” tiene, por otra parte, varias ventajas: 1. es menos agresiva que un revocatorio, pues el presidente Maduro no quedaría impedido de postularse en la elección que automáticamente debiera celebrarse; 2. como me hiciera notar Luis Ugalde S. J., ella misma introduciría un período “transicional” de tres años, bueno para la reparación de los más graves estropicios chavistas; 3. esta fórmula sería probablemente apoyada por actores internacionales preocupados por la situación venezolana que predican el diálogo entre fuerzas enfrentadas; concretaría ese diálogo. (De nuevo, esto último fue argumentado por persona distinta de mí que prefiere no ser nombrada, pero no es bueno ganar indulgencias con escapulario ajeno, por lo que dejo constancia de que esta importante lectura no es propiedad mía).

Finalmente, la celebración concurrente del referendo sobre la enmienda constitucional en la misma fecha de las elecciones de Asamblea Nacional (la que se sabrá, según la rectora Lucena, en unas dos semanas), no sólo ahorrará en gastos y otros esfuerzos de logística, sino que será un poderoso incentivo de la propensión a votar en tan importantes elecciones. Ellas podrían representar la pérdida del Poder Legislativo Nacional para el oficialismo, lo que en cualquier caso sería muy conveniente al país.

Debiera corresponder a Primero Justicia el honor de llevar esta receta al seno de la Mesa de la Unidad Democrática en busca de su aprobación e implementación. A fin de cuentas, fue ese partido el que la desarrollara hace más de una década. De hecho, un ciudadano común que no milite en sus filas debiera tener el derecho de exigirle esa conducta, consistente con su propia historia. LEA

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Contribución infructuosa

Fuera del blanco

Fuera del blanco

 

Es el domingo cuando se cumplirán tres semanas de que remitiera, por intermedio de persona cercanísima al destinatario, una comunicación a un importante líder de la Mesa de la Unidad Democrática, contentiva de una proposición operativa. No tengo siquiera acuse de recibo y, comoquiera que hoy concluye la semana laborable, he decidido dar a conocer el planteamiento involucrado. Copio acá sus partes esenciales; se reserva el nombre del involucrado para proteger su identidad.

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Muy estimado N. N.:

Como tú mismo has sostenido, las venideras elecciones de Asamblea Nacional son un evento crucial, y las encuestas indican que ocurrirán en el peor momento del oficialismo en materia de opinión a su favor. Sin embargo, algunos estudios, como los de Delphos y Datanálisis, apuntan a que la oposición no está capitalizando a su favor tan grande descontento. Igualmente, es muy importante asegurar un máximo de concurrencia a las urnas, por más que las mismas encuestadoras midan una alta disposición de los encuestados a votar.

En verdad, creo que bastaría para forzar la renuncia de Maduro un referendo consultivo sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen socialista. En noviembre, Datanálisis reportó que 80,1% de sus entrevistados consideraba que el “socialismo del siglo XXI” es un modelo equivocado que debe ser cambiado, pero el gobierno persiste en encabezar cada decreto con esta solemne fórmula: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”

Si, como es de esperar, la votación en un tal referendo reportare no menos de 70% de votos contrarios al socialismo, tal cosa equivaldría a un poderoso puñetazo en la frente del gobierno y, comoquiera que el socialismo es la coartada general de todo lo que hace, ya no podría sostenerse. Maduro tendría que renunciar, porque le será imposible repudiar el socialismo.

Creo, además, que la celebración de ese referendo en la misma fecha de elecciones de la AN, además de proveer un alivio decisivo en pocos meses, estimularía grandemente la afluencia de electores, y significaría un ahorro significativo de recursos financieros y logísticos; hasta pudiera ser el inicio de la reconciliación nacional. Cualquier partidario del socialismo que sea persona razonable y de espíritu democrático debe entender que tal sistema no debe ser impuesto a la sociedad, que esta decisión es de tal profundidad y de tan grave naturaleza, que no debe ser adoptada sino después de una consulta al Soberano.

También debiera explicarse a los electores que un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes.

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Estoy convencido de que tu partido tiene la capacidad de convertirse en adalid de la idea de ese referendo. Con buenos argumentos, y hay bastantes, podría convencer en la Mesa de la Unidad Democrática a la mayoría de sus miembros, si no a todos, de que ése es el sendero estratégicamente correcto. En cualquier caso, si tu partido emprendiera por su cuenta esa iniciativa, una vez que la hubiera propuesto con lealtad en el seno de la MUD, no vulneraría en nada la búsqueda de unidad en la postulación de candidaturas de diputaciones. Puedo visualizar el efecto potenciador de la intención de voto a favor de candidatos a la Asamblea Nacional que se anoten en la promoción de la iniciativa popular del referendo. Y siendo consultivo, como bien sabes, requiere la mitad de las firmas que exige un revocatorio.

En síntesis, creo que el referendo descrito resuelve un problema político de fondo, mediante un procedimiento inmune a las acusaciones de golpismo que además recupera la iniciativa dentro del campo opositor, subsumiendo el planteamiento salidista al colocarlo nítidamente como tratamiento de inferior calidad.

Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno. Naturalmente, quedo a tu orden para compartir contigo argumentos ante objeciones comunes, algunas variantes de la misma idea y lo que he pensado acerca de vehículos operativos, como también para servir al propósito que compartimos con los requerimientos que tengas a bien hacerme.

Con un cordial saludo

luis enrique ALCALÁ

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Exposición de motivos

 Actualización: se añade acá abajo el archivo de audio con mi lectura del texto que sigue. Si se pulsa sobre la letra i a la derecha del reproductor, se ingresará al sitio de ivoox, desde donde Ud. podrá descargar el archivo a su disco duro.
Referendo sobre el socialismo

Cédula de identidad vigente y extraviada

Error en fecha de nacimiento: debe decir 11-01-43

 

Desde siempre me opuse al gobierno del difunto presidente Chávez, ante el que intenté mantener una posición clínica: siempre sostuve que la cura de la enfermedad del Estado venezolano, la de su aquejada economía, de la neurosis general de la psiquis venezolana, no podrá venir de una postura que sólo se entienda como oposición al actual gobierno y los que lo precedieron. He sostenido desde hace quince años que la mera negación del chavismo no es lo correcto, y que lo que hay que hacer es refutar las equivocaciones de su discurso y proponer lecturas alternas que las superen y sean remedio eficaz, a fin de que el país mismo y no el gobierno sea quien resuelva la mayoría de sus problemas.

Veo con preocupación y dolor esta fase de protesta, desorden, represión y exceso bilateral asimétrico en nuestro país, que ha interrumpido con impaciencia radical un incipiente proceso de diálogo del Ejecutivo Nacional con gobernadores y alcaldes, que fue un primer aporte de su lado para entendernos, y que comenzaba a dar frutos en el tratamiento de uno de nuestros mayores problemas: la inseguridad de los ciudadanos de Venezuela. La impaciencia no quería que se alcanzara ese progreso; mientras peor estuviéramos, más grande sería la crisis de gobernabilidad que acabaría con el gobierno, sin importar el sufrimiento que se causara. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos ha conseguido recientemente 12% de radicales en los partidarios del gobierno y 9% de radicales de oposición, y nuestra actual realidad es que una quinta parte de la opinión impone su radicalidad al 80% de la población y hace muy difícil el regreso a la normalidad, aun dentro de nuestras acusadas diferencias de visión. Esto es una anormalidad que debe cesar; debemos repudiar ese chantaje extremista.

Pero a esa búsqueda airada de los radicales debe ofrecérsele una canalización eficaz, un foco constructivo, so pena de que los poderes públicos sean muy pronto desbordados. Por esto creo que es hora de convocar al Soberano, hoy en día el único actor capaz de traer el orden y el sosiego al país.

Es la médula del problema la intención oficial de implantar el socialismo en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de diciembre el Plan de la Patria, y éste propugna como segundo objetivo estratégico de esa patria “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”, y habla de una “transición al socialismo”. Gran parte de la propaganda oficial, por otro lado, se destina a convencer a la ciudadanía de que vamos “rumbo al socialismo”, y las facturas del servicio eléctrico son emitidas por una empresa que se presenta como socialista, y desde hace años las paradas de Metrobús anuncian lo mismo, así como las frecuentes gigantografías en las oficinas de PDVSA y el SENIAT, y las exposiciones de motivos de más de un decreto del Ejecutivo también lo declaran. Más allá de estos eslóganes y de las declaraciones de intención, el gobierno ha acusado frecuentemente a los empresarios de librar una “guerra económica”, cuando fue el propio presidente Hugo Chávez quien la declarara, el 2 de junio de 2010. Cito: “Me declaro en guerra económica. A ver quién puede más, ustedes burgueses de pacotilla o los que quieren la patria”. Ahora el presidente Maduro, con su invitación al Presidente de Fedecámaras y otros empresarios para que participen en la Conferencia de la Paz, ha descubierto un oasis más propicio al entendimiento y la cooperación, aunque no olvidemos que él mismo dijo el 13 de diciembre de 2012: “A Fedecámaras no vamos a darle dólares sino dolores”.

Ahora bien, nuestra tradición jurídica apela, en los dictámenes de nuestro Tribunal Supremo de Justicia y del resto de nuestro sistema judicial, al Diccionario de la Lengua Española para entendernos, para saber qué significan ciertos conceptos en sus sentencias y decisiones. Ese diccionario define socialismo así:

1. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes.

2. Movimiento político que intenta establecer, con diversos matices, este sistema.

3. Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo.

Y el presidente Chávez declaró el 15 de enero de 2010 en la Asamblea Nacional, en presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país: “Y también soy marxista… Lo asumo. Yo cuando asumo, asumo”. De modo que no puede caber duda acerca de cuál socialismo es el que quiere construir el gobierno. Es el del diccionario.

Pero no es eso lo que está establecido en nuestra Constitución. Ella norma supremamente en su Artículo 112:

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

En argumentación de gente que pertenece a las filas oficialistas, la imposición del socialismo habría sido aprobada por el pueblo venezolano, pues el Plan de la Patria fue el programa de gobierno del presidente Chávez, reelecto por tercera vez el 7 de octubre de 2012. Sin embargo, razones distintas de la aprobación explícita de su programa pudieron llevar a más de ocho millones de electores a depositar su voto a favor del presidente Chávez.

Tampoco creo que el 2 de diciembre de 2007 se produjo un rechazo explícito al socialismo. En esa fecha, dos proyectos de reforma constitucional fueron rechazados, y aunque en sus sesenta y nueve artículos se colaba una media docena de menciones al socialismo, no es posible establecer a cuáles cosas específicas negaron su aprobación los electores que los repudiaron.

Pero el asunto es que el establecimiento de un régimen político-económico socialista no puede decidirse en una elección presidencial cuyo triunfador lo contemple en su programa de gobierno. Los venezolanos que votaron por el presidente Chávez, o quienes votaron por el presidente Maduro, no fueron convocados en su condición de Poder Constituyente Originario sino como simples electores, y este asunto, como quedó dicho, es de índole constitucional. Ni siquiera la Asamblea Nacional puede establecer una cosa así en una votación ordinaria, y tampoco en una extraordinaria.

Y no necesitamos una Constitución radicalmente distinta de la actual, y por eso no necesitamos una constituyente; no necesitamos dar más cargos ni más gastos ni más prerrogativas a unos apoderados constituyentes. Pero sí necesitamos un procedimiento constituyente, una consulta al Soberano en su condición de Poder Constituyente Originario.

El país necesita dilucidar de una vez por todas si quiere para sí un régimen político-económico socialista. La Carta de la Organización de los Estados Americanos pauta en el literal E de su Artículo 3º: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.

Es, entonces, un asunto de Estado, pero no de los poderes constituidos. Ya eso no pueden decidirlo esos poderes, el del Presidente incluido; ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia. Es el propio fundamento del Estado, su asiento y su esencia, el Poder Constituyente Originario, el Pueblo convocado como tal, el único poder que puede decidirlo.

Nosotros podemos convocar, en uso de la facultad que le atribuye el Artículo 71 de la Constitución a la iniciativa popular, un referendo consultivo para decidir sobre una pregunta simple e inequívoca a cada ciudadano: “¿Está Ud. de acuerdo con el establecimiento en Venezuela de un régimen político-económico socialista?”

Ésta es una consulta al Soberano que puede unirnos, mientras estamos hoy dispersos en una gama de opiniones que incluye los extremos más radicales, los que vuelvo a repudiar. Un socialista honesto y de vocación democrática, y los hay muchos, que crea que el socialismo es el mejor de los sistemas político-económicos, tendrá interés en saber si una mayoría de la Nación le acompaña en este punto de opinión, que no es una preferencia presidencial o municipal, y sabrá también acatar la decisión de la mayoría.

Del otro lado, habrá quien diga que la propiedad es un derecho humano y, por consiguiente, ella no puede ser conculcada ni por el Poder Constituyente Originario, limitado sólo, precisamente, por los derechos humanos y los tratados válidamente contraídos con soberanías equivalentes. Ese opositor sostendrá que no puede imponérsele un régimen socialista, en el que la propiedad de los medios de producción sea del Estado. Pero un socialista puede argumentar, con derecho equivalente, que en 1999 se le impuso un régimen capitalista, aunque, como sabemos, nuestra Constitución escogió en realidad una tercera vía, ni capitalista ni socialista.

Como escribí el 9 de junio de 2010: “…un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes en un mundo que cada vez menos se ve en blanco y negro, en el que la riqueza multicolor de las diversidades culturales y de opinión nos promete, a pesar de todas las dificultades del momento en el planeta, un futuro mucho más satisfactorio”.

Las dudas mencionadas sólo pueden ser dirimidas por el depositario de la soberanía. Reitero, por tanto, mi petición con fundadas esperanzas en que ese referendo terminará de asentar la paz en la Nación. Levantémosnos y preguntémosnos si queremos el socialismo para Venezuela.

Y hagámoslo pronto, pues el país se descose y se hiere a sí mismo. El 2 de junio de 2010, el presidente Chávez desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la actual Asamblea Nacional. Entonces dijo: “Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre”, asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en cuatro meses. Estoy seguro de que nuestro Consejo Nacional Electoral está en capacidad de organizar el ya descrito en un tiempo equivalente o aun menor. Estoy seguro de que su mero anuncio haría que concurrieran sus opositores más racionales, a la espera de una decisión tan portentosa, y que los radicales se quedarían sin excusa.

Sería muy conveniente que supervisara ese referendo un Consejo Nacional Electoral compuesto de forma que estuviera representada mejor la composición de posiciones políticas del país, pero esto es un asunto que escapa de nuestras manos. Es la Asamblea Nacional la institución que ha incurrido en morosidad a este respecto. Pero, si pudiéramos expresar nuestra majestad soberana mañana, antes de que la Asamblea se pusiera al día, yo confiaría en la seriedad del actual CNE. No en balde fue Tibisay Lucena quien comunicara tersamente al país y al presidente Chávez, en la madrugada del 3 de diciembre de 2007, que una mayoría había rechazado su proyecto estratégico de reforma constitucional, ¡por una diferencia de 1,31%! (Lo que es menos, por cierto, que la ventaja por la que el presidente Maduro fue electo el 14 de abril del año pasado; él no es ilegítimo).

Y sería un bálsamo muy bienvenido por el país entero que, durante la campaña que nos llevaría al referendo, los numerosos y poderosos medios de comunicación del Estado abrieran espacio paritario a la manifestación de la postura contraria al socialismo, empezando por Venezolana de Televisión. Ellos deben dar cabida proporcional a la diversidad de opiniones de la República.

Ésta pudiera ser nuestra mejor oportunidad para actuar de una vez sobre la causa profunda de la disensión nacional. Podemos convocarnos a nosotros mismos si antes no lo hacen, sin subterfugios de ninguna clase, el Presidente de la República o la Asamblea Nacional, que tienen en esto la misma potestad que nosotros.

Si el Consejo Nacional Electoral tuviera la misma agilidad que el presidente Chávez le atribuía hace cuatro años, se pudiera celebrar la consulta exactamente el domingo 6 de julio de este año, un día después de conmemorar, una vez más, la firma del Acta de nuestra Independencia. Entonces, en ruta a esa consulta, que se aproveche la calma que sobrevendrá para recomponer nuestra maltrecha economía, que impone sufrimiento diario a los venezolanos, dentro del espacio de colaboración inaugurado por la Presidencia de la República.

Al visitante de este blog que sea elector venezolano y miembro del Poder Constituyente Originario, le pido que haga conocer por todos los medios a su alcance al Presidente de la República—que puede hacerlo sin más esfuerzo que su firma y la de los ministros que lo acatan—o a la Asamblea Nacional—que igualmente puede convocar por mayoría de sus integrantes—, o preferiblemente a ambos, su deseo de que el referendo tenga lugar, a ver si nos evitan los trabajos de convocarlo nosotros. Antes de declarar la guerra justa de los bolígrafos y las plumas, de las cédulas, huellas, firmas y fotografías, agotemos los medios más pacíficos: nuestra petición al Ejecutivo* y el Legislativo que nos están subordinados. A quien quiera sumarse a esta idea, desde dentro o fuera de Venezuela, pido que escriba manifestándolo a la dirección de correos de este blog.  LEA

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*Es posible allegar correos a la Presidencia de la República por la dirección dggcomunicacional@presidencia.gob.ve

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Enlace para descargar en archivo de formato .pdf Exposición de motivos

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Moción de urgencia

Vitral del TSJ en estampillas de IPOSTEL diseñadas por Alirio Rodríguez

Sección del vitral del TSJ diseñado por Alirio Rodríguez, en estampillas de IPOSTEL

La República vive un momento muy delicado. La seria y responsable alocución que anoche dirigiera el Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, desde La Habana y por instrucciones expresas del presidente Chávez, se agradece pero dice a las claras que la grave situación de salud del Presidente de la República dista todavía de haber sido superada. Por otra parte, la fecha que el Artículo 231 de la Constitución marca para el inicio del próximo período presidencial es inminente, y el mismo artículo apunta a la solución de una circunstancia problemática que, de no definirse, amenaza con traer un considerable grado de inestabilidad a la vida de la Nación. (Art. 231: El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia). Si el Presidente en ejercicio y Presidente electo el 7 de octubre, Hugo Chávez Frías, no puede tomar posesión dentro de once días, él habrá cesado en su actual cargo y también el vicepresidente Maduro, y deberá asumir la Presidencia de la República la persona que en ese momento ejerza la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que se convoque a nuevas elecciones a celebrarse en un plazo no mayor de treinta días al haberse producido, de facto, la falta absoluta del Presidente de la República. Esto debe ser evitado.

En criterio de este blog, el asunto puede resolverse mediante medios electrónicos. El 10 de febrero de 2001, el propio presidente Chávez dictó en Consejo de Ministros, debidamente habilitado por ley especial, el Decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, cuyo Artículo 4º dice en su primer parágrafo: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil”. (La primera parte del Art. 6º establece: “Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley”).

La práctica jurídica reciente en Venezuela distingue a nuestro país como pionero en el empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en actos de gobierno. Así señalan, por ejemplo, el Dr. Carlos Arcila, profesor e investigador de la Universidad de Los Andes, y Rodrigo de la Barra, Doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid, en la sinopsis de su trabajo Aspectos legales del Gobierno Electrónico en Venezuela (2009): “El análisis de los distintos instrumentos que regulan la implementación de las TIC revela que Venezuela cuenta con una base jurídica en la materia sólida y avanzada, por lo que la mayoría de las deficiencias que existen se deben más bien a la implementación. Se adopta un concepto amplio de gobierno electrónico, expandiéndolo a todas las ramas del poder público en tanto y en cuanto sus órganos se relacionen con el ciudadano o entre sí”.

El Presidente electo, por consiguiente, puede prestar el juramento constitucional, por el que tomaría posesión del cargo de Presidente de la República para el período 2013-2019, mediante la elaboración y firma electrónica del documento formal que sea necesario y que dirija a la Asamblea Nacional o, preferiblemente, al Tribunal Supremo de Justicia.

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Una segunda ruta guardaría las formas de un juramento presencial: el Tribunal Supremo de Justicia puede delegar en cualquiera de sus magistrados—por ejemplo, en su Presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, según previsión del Dr. José Rafael Revenga del 10 de diciembre—la toma del juramento requerido, y ése pudiera trasladarse a La Habana para recibirlo. El gobierno de Cuba puede conceder para esos efectos, y temporalmente, la territorialidad venezolana del área del hospital donde el presidente Chávez se recupera de su más reciente cirugía y las complicaciones derivadas de ésta, en ampliación de la Embajada de Venezuela en Cuba al área mencionada, de modo que formalmente el juramento sea pronunciado en territorio venezolano.

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Acto seguido, el Presidente de la República, en posesión ya de su cargo, firmará los decretos de nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del gabinete, así como una nueva solicitud de permiso a la Asamblea Nacional para ausentarse del país (el que ahora disfruta fue concedido al presidente cuyo mandato concluye el 10 de enero) según lo dispuesto en los Artículos 234 y 235 de la Constitución:

Artículo 234. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Artículo 235. La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

Cumplidos estos procedimientos, se habrá recuperado buena parte de la normalidad republicana. Estoy seguro de que si, dentro de los lapsos prudenciales que contempla el Artículo 234, el Presidente de la República conoce la opinión médica de que no está en condiciones de salud que le permitan el ejercicio de su cargo, él mismo se ocupará de presentar su renuncia—segunda causal de la falta absoluta tratada en el Artículo 233—y entonces no será necesaria la decisión al respecto de la Asamblea Nacional que permite el Artículo 234. Ya ha mostrado suficiente seriedad ante la grave situación cuando él mismo anunciara su condición clínica, y las previsibles consecuencias constitucionales de la misma, en su alocución del 9 de diciembre.

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Igualmente estoy seguro de que la mayoría del pueblo venezolano aprobaría los procedimientos descritos, y que votaría aprobando cualquier enmienda constitucional que los autorizara más explícitamente en referendo que se convocara al efecto. De hecho, el Consejo Nacional Electoral dispone de las herramientas para celebrar ese hipotético referendo en menos de una semana, si dispusiera para ello de las máquinas captahuellas, según observación del físico venezolano Vladimir León, esposo de Blanca Rosa Mármol, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

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En los modos descritos arriba, se logra evitar un traslado del Presidente de la República a la tierra firme venezolana, en desmedro de la delicada fase de recuperación que ahora observa. Aprovecho la ocasión para ofrecer mis excusas al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, porque anteayer, en el programa de Dr. Político por Radio Caracas Radio, descargué sobre él una crítica fuerte e insistente a raíz de sus numerosas declaraciones sobre el problema planteado. Creo que he dejado de considerar suficientemente la angustia personal que sufre por la grave enfermedad de su jefe y compañero. LEA

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