Contribución infructuosa

Fuera del blanco

Fuera del blanco

 

Es el domingo cuando se cumplirán tres semanas de que remitiera, por intermedio de persona cercanísima al destinatario, una comunicación a un importante líder de la Mesa de la Unidad Democrática, contentiva de una proposición operativa. No tengo siquiera acuse de recibo y, comoquiera que hoy concluye la semana laborable, he decidido dar a conocer el planteamiento involucrado. Copio acá sus partes esenciales; se reserva el nombre del involucrado para proteger su identidad.

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Muy estimado N. N.:

Como tú mismo has sostenido, las venideras elecciones de Asamblea Nacional son un evento crucial, y las encuestas indican que ocurrirán en el peor momento del oficialismo en materia de opinión a su favor. Sin embargo, algunos estudios, como los de Delphos y Datanálisis, apuntan a que la oposición no está capitalizando a su favor tan grande descontento. Igualmente, es muy importante asegurar un máximo de concurrencia a las urnas, por más que las mismas encuestadoras midan una alta disposición de los encuestados a votar.

En verdad, creo que bastaría para forzar la renuncia de Maduro un referendo consultivo sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen socialista. En noviembre, Datanálisis reportó que 80,1% de sus entrevistados consideraba que el “socialismo del siglo XXI” es un modelo equivocado que debe ser cambiado, pero el gobierno persiste en encabezar cada decreto con esta solemne fórmula: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”

Si, como es de esperar, la votación en un tal referendo reportare no menos de 70% de votos contrarios al socialismo, tal cosa equivaldría a un poderoso puñetazo en la frente del gobierno y, comoquiera que el socialismo es la coartada general de todo lo que hace, ya no podría sostenerse. Maduro tendría que renunciar, porque le será imposible repudiar el socialismo.

Creo, además, que la celebración de ese referendo en la misma fecha de elecciones de la AN, además de proveer un alivio decisivo en pocos meses, estimularía grandemente la afluencia de electores, y significaría un ahorro significativo de recursos financieros y logísticos; hasta pudiera ser el inicio de la reconciliación nacional. Cualquier partidario del socialismo que sea persona razonable y de espíritu democrático debe entender que tal sistema no debe ser impuesto a la sociedad, que esta decisión es de tal profundidad y de tan grave naturaleza, que no debe ser adoptada sino después de una consulta al Soberano.

También debiera explicarse a los electores que un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes.

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Estoy convencido de que tu partido tiene la capacidad de convertirse en adalid de la idea de ese referendo. Con buenos argumentos, y hay bastantes, podría convencer en la Mesa de la Unidad Democrática a la mayoría de sus miembros, si no a todos, de que ése es el sendero estratégicamente correcto. En cualquier caso, si tu partido emprendiera por su cuenta esa iniciativa, una vez que la hubiera propuesto con lealtad en el seno de la MUD, no vulneraría en nada la búsqueda de unidad en la postulación de candidaturas de diputaciones. Puedo visualizar el efecto potenciador de la intención de voto a favor de candidatos a la Asamblea Nacional que se anoten en la promoción de la iniciativa popular del referendo. Y siendo consultivo, como bien sabes, requiere la mitad de las firmas que exige un revocatorio.

En síntesis, creo que el referendo descrito resuelve un problema político de fondo, mediante un procedimiento inmune a las acusaciones de golpismo que además recupera la iniciativa dentro del campo opositor, subsumiendo el planteamiento salidista al colocarlo nítidamente como tratamiento de inferior calidad.

Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno. Naturalmente, quedo a tu orden para compartir contigo argumentos ante objeciones comunes, algunas variantes de la misma idea y lo que he pensado acerca de vehículos operativos, como también para servir al propósito que compartimos con los requerimientos que tengas a bien hacerme.

Con un cordial saludo

luis enrique ALCALÁ

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Exposición de motivos

 Actualización: se añade acá abajo el archivo de audio con mi lectura del texto que sigue. Si se pulsa sobre la letra i a la derecha del reproductor, se ingresará al sitio de ivoox, desde donde Ud. podrá descargar el archivo a su disco duro.
Referendo sobre el socialismo

Cédula de identidad vigente y extraviada

Error en fecha de nacimiento: debe decir 11-01-43

 

Desde siempre me opuse al gobierno del difunto presidente Chávez, ante el que intenté mantener una posición clínica: siempre sostuve que la cura de la enfermedad del Estado venezolano, la de su aquejada economía, de la neurosis general de la psiquis venezolana, no podrá venir de una postura que sólo se entienda como oposición al actual gobierno y los que lo precedieron. He sostenido desde hace quince años que la mera negación del chavismo no es lo correcto, y que lo que hay que hacer es refutar las equivocaciones de su discurso y proponer lecturas alternas que las superen y sean remedio eficaz, a fin de que el país mismo y no el gobierno sea quien resuelva la mayoría de sus problemas.

Veo con preocupación y dolor esta fase de protesta, desorden, represión y exceso bilateral asimétrico en nuestro país, que ha interrumpido con impaciencia radical un incipiente proceso de diálogo del Ejecutivo Nacional con gobernadores y alcaldes, que fue un primer aporte de su lado para entendernos, y que comenzaba a dar frutos en el tratamiento de uno de nuestros mayores problemas: la inseguridad de los ciudadanos de Venezuela. La impaciencia no quería que se alcanzara ese progreso; mientras peor estuviéramos, más grande sería la crisis de gobernabilidad que acabaría con el gobierno, sin importar el sufrimiento que se causara. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos ha conseguido recientemente 12% de radicales en los partidarios del gobierno y 9% de radicales de oposición, y nuestra actual realidad es que una quinta parte de la opinión impone su radicalidad al 80% de la población y hace muy difícil el regreso a la normalidad, aun dentro de nuestras acusadas diferencias de visión. Esto es una anormalidad que debe cesar; debemos repudiar ese chantaje extremista.

Pero a esa búsqueda airada de los radicales debe ofrecérsele una canalización eficaz, un foco constructivo, so pena de que los poderes públicos sean muy pronto desbordados. Por esto creo que es hora de convocar al Soberano, hoy en día el único actor capaz de traer el orden y el sosiego al país.

Es la médula del problema la intención oficial de implantar el socialismo en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de diciembre el Plan de la Patria, y éste propugna como segundo objetivo estratégico de esa patria “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”, y habla de una “transición al socialismo”. Gran parte de la propaganda oficial, por otro lado, se destina a convencer a la ciudadanía de que vamos “rumbo al socialismo”, y las facturas del servicio eléctrico son emitidas por una empresa que se presenta como socialista, y desde hace años las paradas de Metrobús anuncian lo mismo, así como las frecuentes gigantografías en las oficinas de PDVSA y el SENIAT, y las exposiciones de motivos de más de un decreto del Ejecutivo también lo declaran. Más allá de estos eslóganes y de las declaraciones de intención, el gobierno ha acusado frecuentemente a los empresarios de librar una “guerra económica”, cuando fue el propio presidente Hugo Chávez quien la declarara, el 2 de junio de 2010. Cito: “Me declaro en guerra económica. A ver quién puede más, ustedes burgueses de pacotilla o los que quieren la patria”. Ahora el presidente Maduro, con su invitación al Presidente de Fedecámaras y otros empresarios para que participen en la Conferencia de la Paz, ha descubierto un oasis más propicio al entendimiento y la cooperación, aunque no olvidemos que él mismo dijo el 13 de diciembre de 2012: “A Fedecámaras no vamos a darle dólares sino dolores”.

Ahora bien, nuestra tradición jurídica apela, en los dictámenes de nuestro Tribunal Supremo de Justicia y del resto de nuestro sistema judicial, al Diccionario de la Lengua Española para entendernos, para saber qué significan ciertos conceptos en sus sentencias y decisiones. Ese diccionario define socialismo así:

1. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes.

2. Movimiento político que intenta establecer, con diversos matices, este sistema.

3. Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo.

Y el presidente Chávez declaró el 15 de enero de 2010 en la Asamblea Nacional, en presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país: “Y también soy marxista… Lo asumo. Yo cuando asumo, asumo”. De modo que no puede caber duda acerca de cuál socialismo es el que quiere construir el gobierno. Es el del diccionario.

Pero no es eso lo que está establecido en nuestra Constitución. Ella norma supremamente en su Artículo 112:

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

En argumentación de gente que pertenece a las filas oficialistas, la imposición del socialismo habría sido aprobada por el pueblo venezolano, pues el Plan de la Patria fue el programa de gobierno del presidente Chávez, reelecto por tercera vez el 7 de octubre de 2012. Sin embargo, razones distintas de la aprobación explícita de su programa pudieron llevar a más de ocho millones de electores a depositar su voto a favor del presidente Chávez.

Tampoco creo que el 2 de diciembre de 2007 se produjo un rechazo explícito al socialismo. En esa fecha, dos proyectos de reforma constitucional fueron rechazados, y aunque en sus sesenta y nueve artículos se colaba una media docena de menciones al socialismo, no es posible establecer a cuáles cosas específicas negaron su aprobación los electores que los repudiaron.

Pero el asunto es que el establecimiento de un régimen político-económico socialista no puede decidirse en una elección presidencial cuyo triunfador lo contemple en su programa de gobierno. Los venezolanos que votaron por el presidente Chávez, o quienes votaron por el presidente Maduro, no fueron convocados en su condición de Poder Constituyente Originario sino como simples electores, y este asunto, como quedó dicho, es de índole constitucional. Ni siquiera la Asamblea Nacional puede establecer una cosa así en una votación ordinaria, y tampoco en una extraordinaria.

Y no necesitamos una Constitución radicalmente distinta de la actual, y por eso no necesitamos una constituyente; no necesitamos dar más cargos ni más gastos ni más prerrogativas a unos apoderados constituyentes. Pero sí necesitamos un procedimiento constituyente, una consulta al Soberano en su condición de Poder Constituyente Originario.

El país necesita dilucidar de una vez por todas si quiere para sí un régimen político-económico socialista. La Carta de la Organización de los Estados Americanos pauta en el literal E de su Artículo 3º: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.

Es, entonces, un asunto de Estado, pero no de los poderes constituidos. Ya eso no pueden decidirlo esos poderes, el del Presidente incluido; ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia. Es el propio fundamento del Estado, su asiento y su esencia, el Poder Constituyente Originario, el Pueblo convocado como tal, el único poder que puede decidirlo.

Nosotros podemos convocar, en uso de la facultad que le atribuye el Artículo 71 de la Constitución a la iniciativa popular, un referendo consultivo para decidir sobre una pregunta simple e inequívoca a cada ciudadano: “¿Está Ud. de acuerdo con el establecimiento en Venezuela de un régimen político-económico socialista?”

Ésta es una consulta al Soberano que puede unirnos, mientras estamos hoy dispersos en una gama de opiniones que incluye los extremos más radicales, los que vuelvo a repudiar. Un socialista honesto y de vocación democrática, y los hay muchos, que crea que el socialismo es el mejor de los sistemas político-económicos, tendrá interés en saber si una mayoría de la Nación le acompaña en este punto de opinión, que no es una preferencia presidencial o municipal, y sabrá también acatar la decisión de la mayoría.

Del otro lado, habrá quien diga que la propiedad es un derecho humano y, por consiguiente, ella no puede ser conculcada ni por el Poder Constituyente Originario, limitado sólo, precisamente, por los derechos humanos y los tratados válidamente contraídos con soberanías equivalentes. Ese opositor sostendrá que no puede imponérsele un régimen socialista, en el que la propiedad de los medios de producción sea del Estado. Pero un socialista puede argumentar, con derecho equivalente, que en 1999 se le impuso un régimen capitalista, aunque, como sabemos, nuestra Constitución escogió en realidad una tercera vía, ni capitalista ni socialista.

Como escribí el 9 de junio de 2010: “…un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes en un mundo que cada vez menos se ve en blanco y negro, en el que la riqueza multicolor de las diversidades culturales y de opinión nos promete, a pesar de todas las dificultades del momento en el planeta, un futuro mucho más satisfactorio”.

Las dudas mencionadas sólo pueden ser dirimidas por el depositario de la soberanía. Reitero, por tanto, mi petición con fundadas esperanzas en que ese referendo terminará de asentar la paz en la Nación. Levantémosnos y preguntémosnos si queremos el socialismo para Venezuela.

Y hagámoslo pronto, pues el país se descose y se hiere a sí mismo. El 2 de junio de 2010, el presidente Chávez desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la actual Asamblea Nacional. Entonces dijo: “Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre”, asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en cuatro meses. Estoy seguro de que nuestro Consejo Nacional Electoral está en capacidad de organizar el ya descrito en un tiempo equivalente o aun menor. Estoy seguro de que su mero anuncio haría que concurrieran sus opositores más racionales, a la espera de una decisión tan portentosa, y que los radicales se quedarían sin excusa.

Sería muy conveniente que supervisara ese referendo un Consejo Nacional Electoral compuesto de forma que estuviera representada mejor la composición de posiciones políticas del país, pero esto es un asunto que escapa de nuestras manos. Es la Asamblea Nacional la institución que ha incurrido en morosidad a este respecto. Pero, si pudiéramos expresar nuestra majestad soberana mañana, antes de que la Asamblea se pusiera al día, yo confiaría en la seriedad del actual CNE. No en balde fue Tibisay Lucena quien comunicara tersamente al país y al presidente Chávez, en la madrugada del 3 de diciembre de 2007, que una mayoría había rechazado su proyecto estratégico de reforma constitucional, ¡por una diferencia de 1,31%! (Lo que es menos, por cierto, que la ventaja por la que el presidente Maduro fue electo el 14 de abril del año pasado; él no es ilegítimo).

Y sería un bálsamo muy bienvenido por el país entero que, durante la campaña que nos llevaría al referendo, los numerosos y poderosos medios de comunicación del Estado abrieran espacio paritario a la manifestación de la postura contraria al socialismo, empezando por Venezolana de Televisión. Ellos deben dar cabida proporcional a la diversidad de opiniones de la República.

Ésta pudiera ser nuestra mejor oportunidad para actuar de una vez sobre la causa profunda de la disensión nacional. Podemos convocarnos a nosotros mismos si antes no lo hacen, sin subterfugios de ninguna clase, el Presidente de la República o la Asamblea Nacional, que tienen en esto la misma potestad que nosotros.

Si el Consejo Nacional Electoral tuviera la misma agilidad que el presidente Chávez le atribuía hace cuatro años, se pudiera celebrar la consulta exactamente el domingo 6 de julio de este año, un día después de conmemorar, una vez más, la firma del Acta de nuestra Independencia. Entonces, en ruta a esa consulta, que se aproveche la calma que sobrevendrá para recomponer nuestra maltrecha economía, que impone sufrimiento diario a los venezolanos, dentro del espacio de colaboración inaugurado por la Presidencia de la República.

Al visitante de este blog que sea elector venezolano y miembro del Poder Constituyente Originario, le pido que haga conocer por todos los medios a su alcance al Presidente de la República—que puede hacerlo sin más esfuerzo que su firma y la de los ministros que lo acatan—o a la Asamblea Nacional—que igualmente puede convocar por mayoría de sus integrantes—, o preferiblemente a ambos, su deseo de que el referendo tenga lugar, a ver si nos evitan los trabajos de convocarlo nosotros. Antes de declarar la guerra justa de los bolígrafos y las plumas, de las cédulas, huellas, firmas y fotografías, agotemos los medios más pacíficos: nuestra petición al Ejecutivo* y el Legislativo que nos están subordinados. A quien quiera sumarse a esta idea, desde dentro o fuera de Venezuela, pido que escriba manifestándolo a la dirección de correos de este blog.  LEA

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*Es posible allegar correos a la Presidencia de la República por la dirección dggcomunicacional@presidencia.gob.ve

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Enlace para descargar en archivo de formato .pdf Exposición de motivos

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Moción de urgencia

Vitral del TSJ en estampillas de IPOSTEL diseñadas por Alirio Rodríguez

Sección del vitral del TSJ diseñado por Alirio Rodríguez, en estampillas de IPOSTEL

La República vive un momento muy delicado. La seria y responsable alocución que anoche dirigiera el Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, desde La Habana y por instrucciones expresas del presidente Chávez, se agradece pero dice a las claras que la grave situación de salud del Presidente de la República dista todavía de haber sido superada. Por otra parte, la fecha que el Artículo 231 de la Constitución marca para el inicio del próximo período presidencial es inminente, y el mismo artículo apunta a la solución de una circunstancia problemática que, de no definirse, amenaza con traer un considerable grado de inestabilidad a la vida de la Nación. (Art. 231: El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia). Si el Presidente en ejercicio y Presidente electo el 7 de octubre, Hugo Chávez Frías, no puede tomar posesión dentro de once días, él habrá cesado en su actual cargo y también el vicepresidente Maduro, y deberá asumir la Presidencia de la República la persona que en ese momento ejerza la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que se convoque a nuevas elecciones a celebrarse en un plazo no mayor de treinta días al haberse producido, de facto, la falta absoluta del Presidente de la República. Esto debe ser evitado.

En criterio de este blog, el asunto puede resolverse mediante medios electrónicos. El 10 de febrero de 2001, el propio presidente Chávez dictó en Consejo de Ministros, debidamente habilitado por ley especial, el Decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, cuyo Artículo 4º dice en su primer parágrafo: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil”. (La primera parte del Art. 6º establece: “Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley”).

La práctica jurídica reciente en Venezuela distingue a nuestro país como pionero en el empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en actos de gobierno. Así señalan, por ejemplo, el Dr. Carlos Arcila, profesor e investigador de la Universidad de Los Andes, y Rodrigo de la Barra, Doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid, en la sinopsis de su trabajo Aspectos legales del Gobierno Electrónico en Venezuela (2009): “El análisis de los distintos instrumentos que regulan la implementación de las TIC revela que Venezuela cuenta con una base jurídica en la materia sólida y avanzada, por lo que la mayoría de las deficiencias que existen se deben más bien a la implementación. Se adopta un concepto amplio de gobierno electrónico, expandiéndolo a todas las ramas del poder público en tanto y en cuanto sus órganos se relacionen con el ciudadano o entre sí”.

El Presidente electo, por consiguiente, puede prestar el juramento constitucional, por el que tomaría posesión del cargo de Presidente de la República para el período 2013-2019, mediante la elaboración y firma electrónica del documento formal que sea necesario y que dirija a la Asamblea Nacional o, preferiblemente, al Tribunal Supremo de Justicia.

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Una segunda ruta guardaría las formas de un juramento presencial: el Tribunal Supremo de Justicia puede delegar en cualquiera de sus magistrados—por ejemplo, en su Presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, según previsión del Dr. José Rafael Revenga del 10 de diciembre—la toma del juramento requerido, y ése pudiera trasladarse a La Habana para recibirlo. El gobierno de Cuba puede conceder para esos efectos, y temporalmente, la territorialidad venezolana del área del hospital donde el presidente Chávez se recupera de su más reciente cirugía y las complicaciones derivadas de ésta, en ampliación de la Embajada de Venezuela en Cuba al área mencionada, de modo que formalmente el juramento sea pronunciado en territorio venezolano.

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Acto seguido, el Presidente de la República, en posesión ya de su cargo, firmará los decretos de nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del gabinete, así como una nueva solicitud de permiso a la Asamblea Nacional para ausentarse del país (el que ahora disfruta fue concedido al presidente cuyo mandato concluye el 10 de enero) según lo dispuesto en los Artículos 234 y 235 de la Constitución:

Artículo 234. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Artículo 235. La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

Cumplidos estos procedimientos, se habrá recuperado buena parte de la normalidad republicana. Estoy seguro de que si, dentro de los lapsos prudenciales que contempla el Artículo 234, el Presidente de la República conoce la opinión médica de que no está en condiciones de salud que le permitan el ejercicio de su cargo, él mismo se ocupará de presentar su renuncia—segunda causal de la falta absoluta tratada en el Artículo 233—y entonces no será necesaria la decisión al respecto de la Asamblea Nacional que permite el Artículo 234. Ya ha mostrado suficiente seriedad ante la grave situación cuando él mismo anunciara su condición clínica, y las previsibles consecuencias constitucionales de la misma, en su alocución del 9 de diciembre.

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Igualmente estoy seguro de que la mayoría del pueblo venezolano aprobaría los procedimientos descritos, y que votaría aprobando cualquier enmienda constitucional que los autorizara más explícitamente en referendo que se convocara al efecto. De hecho, el Consejo Nacional Electoral dispone de las herramientas para celebrar ese hipotético referendo en menos de una semana, si dispusiera para ello de las máquinas captahuellas, según observación del físico venezolano Vladimir León, esposo de Blanca Rosa Mármol, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

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En los modos descritos arriba, se logra evitar un traslado del Presidente de la República a la tierra firme venezolana, en desmedro de la delicada fase de recuperación que ahora observa. Aprovecho la ocasión para ofrecer mis excusas al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, porque anteayer, en el programa de Dr. Político por Radio Caracas Radio, descargué sobre él una crítica fuerte e insistente a raíz de sus numerosas declaraciones sobre el problema planteado. Creo que he dejado de considerar suficientemente la angustia personal que sufre por la grave enfermedad de su jefe y compañero. LEA

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Dos casos de desmesura

 Cuida el agua, separa la basura, cambia los focos incandescentes por lámparas fluorescentes, compra alimentos orgánicos, usa pañales de tela (si tienes bebés, claro), adquiere un auto híbrido como el de Leonardo di Caprio, tapiza tu techo con celdas solares, instala un huerto hidropónico en tu casa … ¿Dónde está la frontera—o el ecotono, como dirían los ecólogos—que marca la transición entre lo mínimo que se le puede exigir a cualquier persona con neuronas espejo para que cuide nuestro planeta y los sacrificios que deman­daría una secta mesiánica cualquiera?

Sinfonía Fantástica

Salvar el mundo: Tres propuestas políticamente incorrectas

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La Misión Planeta

En enero de 1980 fui encargado de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y debí coordinar los órganos funcionales de la institución en cumplimiento de su plan operativo para ese año, previamente aprobado. Me dediqué, pues, a estudiar concienzudamente ese plan que aprobara el Directorio, el cuerpo de cinco miembros que se reunía semanalmente para autorizar o rechazar las proposiciones operativas que le llevara el nivel ejecutivo de la organización. Estaba obligado a guiar mis pasos por aquel documento.

No olvidaré el estado momentáneo de congelación que me produjo, una mañana de ese enero, la lectura de la sección correspondiente a la Oficina de Relaciones Internacionales del CONICIT, una unidad compuesta por seis funcionarios y un asesor. Rezaba textualmente el plan que el primer objetivo de la oficina, a conseguir en el curso de los doce meses de 1980 por ese magro equipo, era ¡”Lograr un Nuevo Orden Económico Internacional”!

Por supuesto, en ninguna parte se describía en qué consistiría ese “nuevo orden”, y tampoco cómo haría la ORI (siglas de la unidad de media docena de empleados) para lograrlo. Luego de superar mi catatonia, y para no contradecir a un directorio que había aprobado con ligereza una enormidad tan desproporcionada—después de todo eran mis superiores—, opté por reunirme discretamente con la unidad, a la que propuse que, para fines prácticos, considerase su lomo liberado de la ciclópea tarea, que entendiera que su plan operativo de 1980 arrancaba a partir del objetivo número dos, bastante más mesurado, y que no esperara ni reprimendas ni despidos en 1981 si para entonces no hubiera ensamblado un nuevo orden económico internacional.

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Ahora el gobierno ha armado un alboroto con su proceso “constituyente” del plan que Hugo Chávez llevará a la consideración de la Asamblea Nacional el próximo 10 de enero de 2013, el buzón de sugerencias de los ciudadanos. Jorge Giordani, Ministro de Economía y Finanzas (antes de Planificación), ha explicado en qué consiste el asunto: “El inicio de este debate público permitirá que el pueblo venezolano aporte sus ideas para ser evaluadas por el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y ser incluidas en el segundo plan socialista 2013-2019 que será presentado el 10 de enero de 2013 ante la Asamblea Nacional”.

Claro que uno no debe sugerir cosas a la loca en este proceso tan importante y tan “constituyente”; habiéndome tomado en serio la invitación oficial a participar con la remisión de ideas que serán consideradas por el Presidente, me puse a revisar un documento clave al que ya había dado una lectura somera en el mes de julio. Se trata de lo que podemos suponer será el contenido básico del Plan Nacional de Desarrollo (según nomenclatura de la Constitución en el Numeral 18 de su Artículo 236) o, como prefiere decir el gobierno enmendando la plana a la Carta Magna, “Plan Socialista de la Nación 2013-2019”.

Me refiero al documento que lleva por escueto y modesto nombre el de “Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019”. Fue ese documento el que entregara el presidente Chávez al Consejo Nacional Electoral, en ocasión de formalizar su candidatura para la elección del pasado 7 de octubre. Contrayéndose al mismo período, es razonable la suposición de que lo que en él se encuentra informará de manera muy sustancial el plan a entregar en enero.

No abrumaré al lector con una reseña pormenorizada de la propuesta del candidato “de la Patria”; pondré mi atención sobre un punto fundamental, explicado en la propia introducción de ésa. Allí dice que “el Segundo Plan Socialista ya se encuentra en elaboración”, y que el mismo “contempla cinco grandes objetivos históricos”. (Claro, todo lo que Chávez hace es, apropiadamente esdrújulo, “histórico”, épico, endógeno y protagónico). Bien; el quinto y último de tales objetivos es: ¡V.-Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana!

Me sentí transportado a 1980, al centro mismo de lo que inexacta e interesadamente el oficialismo denomina “la IV República”. Se me puso que los redactores del texto llevado al CNE debían ser los mismos funcionarios de la Oficina de Relaciones Internacionales del CONICIT que, hace treinta y dos años, pretendían construir en doce meses un nuevo orden económico internacional; se me puso que el propio Presidente no se percató de las implicaciones prácticas del quinto “objetivo histórico”. Y se me pone ahora que, ya no el Estado venezolano, sino la Nación entera no podría en el lapso de seis años “preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”.

Ni que la Organización de las Naciones Unidas confiara a Venezuela tan ímproba tarea. Ni que el presidente Chávez declare instituida la Misión Planeta (algunos proponen la Misión Mundo) y le encargue su dirección a Nicolás Maduro. El Vicepresidente Ejecutivo de la República no es Supermán. LEA

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Más vale tarde que nunca

Hay que consultar a la Corona

El sábado 27 de octubre de 2012, hace tres días, dediqué el segundo segmento de la emisión de esa fecha del programa Dr. Político, que se transmite por Radio Caracas Radio, a iniciar la consideración del tema del bendito poder comunal, que promete tomar nuevos aires con el reclamo que Hugo Chávez hiciera a su equipo de gobierno a poco de ser reelecto el pasado domingo 7: “¿Dónde está la comuna? ¿Acaso es sólo para el Ministerio de la Comuna? Voy a tener que eliminarlo porque piensan que le toca a éste nada más. Hemos asumido que el problema de las comunas es de un ministerio y eso es un gravísimo error que seguimos cometiendo. (…) No se ven por ningún lado y tampoco el espíritu comunal, que es hasta más importante. ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como ésta?” (20 de octubre).

Hay una Ley Orgánica de las Comunas, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2010; el oficialismo no podía esperar: el 26 de septiembre de ese año se había elegido un nuevo cuerpo legislativo que entraría en funciones el 5 de enero del año siguiente, y ya no dispondría entonces de las dos terceras partes de las curules, necesarias para el trámite de una ley orgánica según el Artículo 203 de la Constitución. Al estilo útil de la legislación chavista, un conjunto de definiciones precede a la mayor parte del articulado de esa ley; en el numeral 10 de su artículo 4 se lee: “Estado comunal: Forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobierno [sic, en el Nº 6.011 Extraordinario de la Gaceta Oficial] comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna”.

Es clarísimo que esa previsión y, por consiguiente la ley entera, son inconstitucionales. Por una parte, la Constitución establece en su Artículo 168: “Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional…” Luego, el texto constitucional no menciona ni una sola vez la noción o el término “comuna”, como tampoco las palabras “socialista” o “socialismo”. En cambio, dice cosas como la siguiente, en el Artículo 102: “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento”.

A pesar de esto, el Presidente de la República insiste en hablar del tema en forma engañosa, falaz. En alocución del día 26 citó como “demostración” de que las comunas son entidades previstas en la Constitución, el Artículo 308 de ésta, que dice: “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno”. No hay que ser tan aventajado como Hugo Chávez para entender que una cosa es proteger o promover formas de asociación comunitaria y otra muy distinta construir un “Estado comunal”, que tampoco es lo mismo que un “Estado de asociaciones comunitarias”; si se siguiera su “lógica” pudiera concluirse que ha sido autorizado suficientemente para establecer un “Estado de cajas de ahorro”.

No nos protegerá de tal despropósito el Tribunal Supremo de Justicia. Su propia Sala Constitucional ya ha demostrado que es capaz de mutilar la Constitución cuya integridad debiera preservar a toda costa. (Ver en este blog Constitución amputada). Lo único práctico y conducente es apelar al juicio y voluntad de la Corona, que es el Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el enjambre ciudadano.

Necesitamos celebrar un referendo consultivo sobre estas pretensiones del presidente reelecto. En el día de ayer, ha dicho en entrevista de Noticias 24 el Secretario General de Acción Democrática, el Sr. Henry Ramos Allup (quien habló de varios temas políticos del día con inteligencia y sensatez): “Ojalá se hiciera una especie de referéndum, donde independientemente de campañas, de discursos y de carisma se le pregunte a los ciudadanos si quieren un régimen parecido al comunismo cubano”. He aquí el audio de esa breve declaración (la entrevista completa puede escucharse en la web de Noticias 24):

Ramos Allup

Es curioso, porque dos días antes yo había recordado por Radio Caracas Radio que expresé, no un deseo como Ramos Allup, sino una proposición concreta a ese respecto en 2009: “La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad…” (En Parada de trote, Carta Semanal #341 de doctorpolítico, 23 de julio de 2009). Acá está el fragmento de la emisión #16 de Dr. Político por RCR:

Dr. Político

¿Será que Ramos Allup pone el dial de su radio en 750AM los sábados a mediodía? Probablemente sus declaraciones de ayer sean una coincidencia insignificante y, en todo caso, él pudiera refugiarse en el dictum de Jorge Luis Borges: “Uno crea sus propios precursores”. Lo cierto es que esto consta en la página 368 de Las élites culposas:

…lo que era una recomendación de perfecta lógica política [el referendo sobre el socialismo], fue torpedeado insistentemente, con evaluaciones ligeras o interesadas y aun con descaradas mentiras. (…) Dos personas importantísimas para mí (…) encontraron mucha virtud en la idea. (…) también entendía la solidez del concepto estratégico y, gracias a él, hasta Lewis Pérez llegó a aceptarlo. Pero Henry Ramos Allup dijo a este último que la cosa era una locura.

No tiene la menor importancia la paternidad de la idea, como tampoco la secuencia contradictoria de Ramos Allup. Lo que es importante, obviamente, es la convocatoria del referendo y su celebración. Pero creo además que esa convocatoria, por iniciativa popular—menos de dos millones de firmas, que son medio millón menos que las recabadas en 2004 (con un registro electoral más pequeño) para el referendo revocatorio—, no deberá provenir de “la oposición”, de la Mesa de la Unidad Democrática o de Acción Democrática u otro partido cualquiera que la integre. Esa iniciativa no debe partir sino de una asociación civil de propósito único: el de convocar un referendo consultivo sobre la implantación caprichosa e inconstitucional de un régimen socialista en Venezuela. Por supuesto, bienvenido sea el apoyo de opinión del inteligente Secretario General de Acción Democrática, que en 1999 se postulara para una diputación a la Asamblea Constituyente fuera de AD, por iniciativa propia. (Cf. Luis Enrique Alcalá: Las élites culposas, Libros Marcados, pág. 118). Pero la acción de convocatoria no debe ser una decisión de la MUD porque, entre otras cosas, hay gente sinceramente convencida de las bondades del socialismo que también apoyaría ese referendo. (Ver en este blog Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010).

Es hora de que la Corona se pronuncie. De haber encontrado la proposición apoyo suficiente cuando fue formulada, hace más de tres años, jamás hubiera podido aprobarse el adefesio de la Ley Orgánica de las Comunas. Pero bueno, como dice el título de esta nota, más vale tarde que nunca. LEA

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Sí vamos a hacer algo

Higuerote: Al mal tiempo buena cara

El 5 de agosto de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo deber es proteger la constitucionalidad de leyes y otros actos de los poderes públicos (Artículo 336 de la Constitución), procedió a amputarla. Para cohonestar un conjunto de inhabilitaciones políticas inconstitucionalmente dictadas por el contralor Russián en ese año, sentenció que la protección establecida en el Artículo 42 de la Constitución—“El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”—ampara solamente ¡a los venezolanos por naturalización! El cirujano jefe, el ponente de la monstruosa interpretación, tramposa y cínica, fue el magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, hijo del jurista José Manuel Delgado Ocando, a quien debiera caérsele la cara de vergüenza con la mutilación que su progenie llevó a cabo. La Asamblea Nacional ha premiado a Delgado Rosales el pasado 7 de diciembre (día propio para traiciones, como la de Pearl Harbor), al confirmar su nombramiento como Magistrado Principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es esa misma Sala la encargada de decidir sobre la demanda de protección de la Constitución introducida, al día siguiente del nombramiento de Delgado Rosales y otros magistrados, por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) con la asistencia dudosamente conveniente de la abogada Cecilia Sosa. No es una sala imparcial u objetiva la que decidirá sobre el recurso; es una sala militante, que se concibe a sí misma como entidad revolucionaria, autorizada por esto mismo a reventar cualquier límite jurídico o ético, como lo hizo ya al mutilar el Artículo 42, con tal de sostener el poder del “líder del proceso”.

Arcadio de Jesús: el Derecho como cirugía

La iniciativa de Fedecámaras es laudable. La máxima representación empresarial  afirma con entera razón que la Constitución no prescribe o autoriza un Estado socialista en Venezuela, y emplaza al Tribunal Supremo de Justicia a que corrobore esta verdad más que evidente. Pero es de una supina ingenuidad creer que ese Tribunal Supremo de Justicia va a darle la razón a Fedecámaras, que para el oficialismo es la destilación más pura del capitalismo salvaje y explotador, que la identifica, no sin razón, con las actividades conspirativas de las que Pedro Carmona Estanga, su ex presidente, fuera mascarón de proa; es una presunción tan peregrina como aquella incompetente ocurrencia de Primero Justicia en 2002, que supuso que una Asamblea Nacional de mayoría gobiernera introduciría una enmienda constitucional de recorte del período presidencial de Hugo Chávez.

No faltará, sin embargo, quien defienda la sabiduría de la acción intentada porque la previsible negativa de la Sala Constitucional “pondría en evidencia” al régimen. ¿Qué más evidencia se necesita? ¿Es que el régimen no se pone en evidencia desfachatadamente por sí mismo todos los días? ¿Es que no conocemos el carácter del reo desde el 4 de febrero de 1992, hace ya casi 19 años? ¿Cuál es la utilidad práctica de las “puestas en evidencia”, cuál su impacto real para modificar el perverso proceso?

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El presidente Chávez ha vuelto a “solicitar” a la Asamblea Nacional que le dote de poderes extraordinarios, que le habilite mediante legislación especial, por cuarta vez, para que sus decretos adquieran rango de ley. El presidente Chávez ha ofrecido como pretexto la preocupante situación que las prolongadas lluvias de noviembre han traído.

Por supuesto, el presidente Chávez no controla los elementos, aunque ganas no le faltan de adornar su lucido papel de Bolívar reencarnado repitiendo arrogantes palabras del Libertador: “Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. (En general, el presidente Chávez no se mete en peleas que sabe que va a perder). El presidente Chávez no podía hacer nada para aplacar la lluvia despiadada, como antes no pudo mitigar la sequía relacionada con el fenómeno meteorológico de El Niño, al que cargó la culpa de la irresponsabilidad de su gobierno en asunto de suministro eléctrico, sobre el que ejerce un completo monopolio. Pero justificar una cuarta ley habilitante sobre el dolor de los aquejados por las lluvias más recientes es desalmado y falso, tan postizo como su vistosa demagogia al alojar una minúscula fracción de damnificados en Miraflores.

El proyecto de ley habilitante no es siquiera una creación de la Asamblea Nacional, órgano que se desentiende de sus facultades constitucionales al remitirlas a ucases de la Presidencia de la República. Ésta, para guardar las apariencias, lista de primera la facultad de legislar “En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental”.

Más específicamente, la facultad permitiría:

a) Dictar normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos naturales que exijan medidas inmediatas de respuesta y atención para satisfacer las necesidades humanas vitales. Las normas promoverán la participación popular en la ejecución de las medidas destinadas a asistir a los ciudadanos o ciudadanas en situación de calamidad, garantizándoles el restablecimiento integral de las condiciones básicas que contribuyan al buen vivir.

b) Dictar normas que regulen el establecimiento y ejecución efectiva, de condiciones de prevención y seguimiento en aquellas zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza. Igualmente, las normas establecerán el régimen especial de administración de las zonas así declaradas.

Veamos. ¿Cuándo fue que aconteció el desastre del estado Vargas, que también afectó al estado Miranda mucho, como está afectado ahora? Creo que eso pasó en 1999, hace once años. ¿Cómo carrizo es que el presidente Chávez, tan preocupado (de la boca para afuera) por los pobres dejó pasar once años sin regular “los modos de proceder” públicos y privados ante calamidades, emergencias y catástrofes? Su “modo de proceder” es típico. Las cacareadas “misiones” sólo hicieron su aparición en la segunda mitad de 2003, y sólo lo hicieron porque el presidente Chávez confrontaba entonces el albur de un referendo revocatorio de su mandato. Hasta ese momento, había gobernado cuatro años y medio sin ocuparse del analfabetismo, o la salud, o la cesta de alimentos de la población.

Es sólo ahora, después de un nuevo desastre—que hubiera sido mucho menor si el Estado, monopolizador de la cabilla y el cemento, interventor y expropiador de empresas constructoras, hubiera construido las viviendas de los necesitados, y no la ridícula cantidad de 13.000 por año—, sólo después de que las lluvias han amainado misericordiosamente, cuando decide que hay que ocuparse de las “condiciones de prevención y seguimiento en aquellas zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza”.

Chávez: al buen tiempo mala cara

La justificación esgrimida para la ley habilitante es realmente cínica. No es en absoluto necesaria para enfrentar la emergencia. En la Constitución hay todo un capítulo—De los Estados de Excepción, el segundo del Título VIII—cuyo Artículo 338 ha establecido: Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más”. Ya el elefantiásico, enrevesado y últimamente adulterado dispositivo jurídico del país contiene las previsiones necesarias para resolver los problemas causados por las lluvias de noviembre. Nada hay en este pretexto, esta coartada para amarrar—inconstitucionalmente, por lo demás—a una Asamblea Nacional pronta a asumir sus poderes con 67 diputados que no acatan la voluntad omnímoda del presidente Chávez, que justifique un año entero de legislación por decreto, esta multiplicación por doce de lo previsto en la Constitución. Son previsiones que no fueron atendidas, a tiempo, por un imprevisivo gobierno culposo.

Pero es evidente la vocación monárquica del presidente Chávez en la redacción de la nueva y monstruosa ley habilitante. Todavía en lo atinente a la emergencia pluvial, hay una facultad que no tiene que ver con ella y cuya redacción difusa y genérica puede permitir cualquier cosa: “Dictar medidas que permitan desarrollar de manera equitativa, justa, democrática y participativa los derechos de la familia venezolana para su buen vivir”. (¿?)

Luego vienen facultades extraordinarias y autosuficientes para legislar “En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios públicos”—muy especialmente, para “Dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas”—, “En el ámbito de la vivienda y hábitat”, “En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural”, “En el ámbito financiero y tributario”, “En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica”, “En el ámbito de seguridad y defensa integral”, “En el ámbito de la cooperación internacional” y “En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación”.

Valdrá la pena guardar los nombres de los diputados (y diputadas) que se disponen a abdicar sus atribuciones legislativas y a hipotecar las de la próxima Asamblea Nacional, pues serán los de traidores (traidoras y traidoros) de la Constitución y del Pueblo.

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¿Qué hace la oposición? ¿Era imposible que previera la grosera jugada habilitante del gobierno, que hace a Teodoro Petkoff escribir que “Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura”?

Una cabeza experimentada, competente y seria como la de José Rafael Revenga lo previó con, al menos, un año de antelación. En su artículo 2010: año de la tromba (14 de diciembre de 2009), enumeró los siguientes pelos y señales:

Aprobar, antes de finalizar las sesiones parlamentarias preelectorales de 2010, una nueva Ley Habilitante que otorgue al Jefe del Estado la capacidad de promulgar—digamos durante unos 24 meses—los decretos presidenciales con “fuerza, valor y rango de ley”. Este curso de acción podría sortear la imposibilidad para el oficialismo de aprobar una nueva Ley Habilitante a partir de enero del 2011, en caso de que la representación democrática obtuviera, en el primer escenario, 67 o más votos parlamentarios, con lo cual superaría el tercer punto de inflexión, o sea que traspasaría el umbral de los tres quintos de los votos necesarios para la aprobación de una Habilitante.

Esta estrategia impondría de hecho a la Asamblea una inactividad vacacional durante los años 2011 y 2012, la cual en principio despejaría en buena medida el camino hacia la reelección presidencial prevista para fines del 2012.

La damnificación de decenas de miles de venezolanos fue para el presidente Chávez un evento afortunado, pues le proporcionó la excusa para la habilitación que quería y que Revenga, una sala situacional de un solo miembro, había previsto con tanta clarividencia. La damnificación ha servido para competir por figuración política, para oponer la vistosidad de la mudanza del presidente Chávez a una tienda que le regalara Kadaffi a la de una fotografía del gobernador Capriles Radonski con el agua al pecho. (Este último declaró, y El Nacional consideró sus palabras material de primera plana para el domingo 12 de diciembre, el siguiente cliché: “En Miranda está prohibida la palabra tragedia”. Habrá que explicar a un superviviente del colapso de su casa, en el que su esposa y prole hayan perecido, que eso ha sido una comedia).

La oposición formal, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, no ha pasado de las rituales declaraciones críticas, convocar una marcha de protesta contra las expropiaciones—cuando ya el presidente Chávez y el general, todavía de tres soles, Rangel Silva, habían declarado que la fuerza militar no admitiría un presidente distinto del actual—que debió ser suspendida por el estado del tiempo, y de elevar sus quejas a instancias internacionales, probablemente para “poner en evidencia” al régimen.

En la periferia de la MUD, voces habitualmente lúcidas no atinan a señalar un rumbo. Petkoff ha concluido dos recientes editoriales—14 y 15 de diciembre—con preguntas, no con respuestas: “¿No vamos a hacer nada?”  y “¿Se lo va a calar el país?”, después de sentenciar: “Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura”. El mismo día 15 dijo a Globovisión que el pueblo haría algo, pero que no sabía lo que haría.

Bueno, lo que hay que hacer es muy claro: activar el Poder Constituyente Originario, el Poder del Pueblo, superior a cualquier poder constituido, para pararle el trote al presidente Chávez y a su corrupto y obsecuente entorno. Las cosas han llegado a un punto en el que “la estrategia” no puede ser otra que apelar directamente al Soberano, porque ya esas cosas no deben ser decididas por Chávez, Jaua, Ramos Allup o Aveledo. Ahora es un asunto de Corona. Es ésta la que debe pronunciarse.

La Corona

Un referendo consultivo convocado por iniciativa popular puede consultar a la Corona, al enjambre soberano, si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista (consulta que el presidente Chávez, perfectamente capaz, se ha negado a propiciar; ver Emplazamiento de Caracas); si está de acuerdo con la postura antidemocrática del presidente Chávez y su más reciente General en Jefe que impediría el ejercicio de otro presidente elegido por el Pueblo; si está de acuerdo con la amputación perpetrada por el cirujano Arcadio de Jesús a la altura del Artículo 42 de la Constitución Nacional; si está de acuerdo con que el presidente Chávez legisle una cuarta vez a punta de sus decretos.

Ningún otro ente que el Pueblo, la Corona, puede hacer eso. Es sólo de una mayoría del Pueblo el derecho de rebelión; sólo una mayoría de la comunidad tiene el “derecho indudable, inalienable e irrevocable de alterar, reformar o abolir” un gobierno contrario a la seguridad y prosperidad de la Nación. Este problema no es incumbencia de golpistas.

Tampoco es asunto de la oposición mineralizada o de su federación electoral, la Mesa de la Unidad Democrática. Ésta es una convocatoria que deben propiciar voces no alineadas, en asociación de cualesquiera venezolanos, inscritos o no en partidos, con un propósito único y finito: lograr la consulta al Enjambre Soberano de los ciudadanos de Venezuela.

Desde que este procedimiento fuera propuesto por vez primera (Parada de trote, 23 de julio de 2009), algunos opositores burocráticos han encontrado inconvenientes que aducen insinceramente, porque no vieron la salida primero. Ahora, cuando ya salieron de sus elecciones del 26 de septiembre, si no van a ayudar que no estorben.

LEA

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Para descargar el artículo en formato .pdf: Sí vamos a hacer algo

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