Política falaz

Entrada actualizada en nuevas notas al pie

 

Típicas en el «razonamiento» político

 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.

Artículo 200 de la Constitución de la República de Venezuela

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El Sr. Diosdado Cabello ha anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente procederá a allanar la inmunidad parlamentaria de aquellos diputados de la Asamblea Nacional que hayan participado en el intento insurreccional del pasado 30 de abril. De tomar el cuerpo que preside tal decisión, estaría violando directamente la Constitución Nacional. Veamos.

1. La Constitución no está suspendida mientras funciona la Asamblea Nacional Constituyente, y cualquier modificación de aquélla—enmienda o reforma—o su sustitución por una enteramente nueva requieren la aprobación expresa del Pueblo en referendo, lo que no ha ocurrido. (Artículo 341 numerales 3 y 4, Artículo 344 y Disposición Final Única de la Constitución).

2. El Artículo 200 de la Constitución establece que sólo el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional, puede ordenar la detención de un diputado y continuar su enjuiciamiento. La Asamblea Nacional Constituyente no es ni el Tribunal Supremo de Justicia ni la Asamblea Nacional.

3. El Artículo 349 de la Constitución indica, ciertamente, que «Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente», pero esas decisiones sólo podrían tener rango subconstitucional, no pueden contradecir en nada a la Constitución por la razón expuesta en el primero de los puntos.

La Asamblea Nacional Constituyente no tiene vela en ese entierro. Si Cabello insiste en su desvarío, incurriría en responsabilidad penal y debiera ser «castigado de conformidad con la ley» junto con los diputados constituyentes que voten a favor de la violación.

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Otra cosa es que puede haber diputados de la Asamblea Nacional que hayan incurrido en los obvios llamados a la insurrección militar del 30 de abril; muy clara y especialmente, el diputado Juan Guaidó. En consecuencia, la Asamblea Nacional debiera autorizar su detención y enjuiciamiento, puesto que se está ante un presunto delito que además es flagrante. («En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia»).

Por supuesto, tal cosa no va a ocurrir; la Asamblea Nacional se ha declarado en guerra contra los restantes poderes públicos nacionales desde su instalación el 5 de enero de 2016, y con el nombramiento inconstitucional—sin la participación del Poder Ciudadano—de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo («legítimo») el 21 de julio de 2017. Del lado oficialista, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado en desacato al Poder Legislativo Nacional, que se ha negado a atenerse a su decisión (en Sala Electoral) de invalidar la elección de diputados por el estado Amazonas. Como consecuencia, el TSJ ha declarado nulas todas las actuaciones posteriores de la Asamblea Nacional.*

También es claramente violatorio de la Constitución el tal «Estatuto de Transición» aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución**, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. («Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país»). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: «Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo». Ese «alguien» es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

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Una de dos: o la dirigencia política de lado y lado incurre conscientemente en el empleo de falacias o su razonamiento es harto defectuoso. Ambas posibilidades son verdaderamente lamentables, porque los venezolanos sufrimos grandemente, y en nada nos alivia el sufrimiento esa política falaz, esa política de mutuas malacrianzas, esa parálisis inducida del Estado. LEA

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* «El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente». (En Versión formal, del 26 de mayo de 2017, que recoge un posible Acuerdo de los Poderes Públicos Nacionales, expuesto más extensamente en Del armisticio como programa quince días antes, y anticipado por la proposición de un acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo—Plantilla del Pacto—enunciada el 25 de abril de 2016).

** Entre el Dr. [José Ignacio] Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: «La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución». Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: «El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación».

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández. (La Revolución Marrón, 30 de enero de 2019).

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Actualización a las 8:30 p. m.

La Asamblea Nacional Constituyente procedió a «allanar» hoy la inmunidad de los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Andrés Velásquez y Richard Blanco por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 30 de abril. Por su parte, el diputado Guaidó, principal responsable de esos hechos, no ha sido tocado. Éste declaró que «a la ANC no le importa el pueblo, la última vez que sesionaron fue para allanar una inmunidad y voy vuelven a sesionar para allanar más inmunidades. Mientras que nosotros hablamos de ayuda humanitaria, de solucionar la emergencia, de hablar con organizaciones del mundo para resolver la crisis, la única respuesta que tiene el régimen es perseguir y perseguir porque ya no gobierna, no tienen mando». Retórica efectista; no atinó a emplear nada parecido a la argumentación frontal y fundamental que inicia esta entrada. Tampoco Julio Borges, quien no es ingeniero sino abogado, al poner este tuit: «TSJ usurpador ha decidido perseguir ilegalmente a todo el que haya dado la cara en la lucha por Vzla. Los venezolanos y la comunidad internacional respaldan y legitiman la labor de nuestros diputados y de la @AsambleaVE por restablecer la democracia. ¡Seguimos!»

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Actualización a las 11 p. m.

He aquí la reacción de la Asamblea Nacional a través del recién creado «Centro de Comunicación Nacional», que tampoco argumenta que la Asamblea Nacional Constituyente no puede autorizar al Tribunal Supremo de Justicia al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de ningún diputado. Ni siquiera sabe defenderse con la argumentación correcta, oponiendo sólo la fácil y falsa muletilla de la «usurpación»:

Comunicado de la Asamblea Nacional

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Lo vengo diciendo

 

Visto desde afuera

 

Ofrezco acá muestras de una larga prédica, con citas dentro de citas.

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La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

La salida – 21 de febrero de 2014

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…en la quincuagésima emisión del programa Dr. Político por Radio Caracas Radio (29/06/13), sugerí al presidente Maduro la utilidad de verse en el espejo egipcio, cuatro días antes de que los militares depusieran el gobierno de Mohamed Morsi, que el domingo pasado cumplió escasamente un año de haber sido electo. Ayer, diecisiete millones de egipcios protestaban su gobierno en muchas de las ciudades de Egipto, y ese enorme enjambre ciudadano forzó su término y la transición en circunstancias que llaman a la preocupación. Wael Ghonim, un respetado ícono cívico en Egipto que había apoyado a Morsi hace un año, lo acusó de polarizar y paralizar al país, y opinó así: «Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo, y el principal papel del Presidente de la República es unir, pero, desafortunadamente, el Dr. Morsi, el Presidente de la República, ha fracasado miserablemente en este objetivo». Es Nicolás Maduro quien no ha dejado de citar al toro del atentado y… los toros embisten.

 Huele a humo – 27 de junio de 2017

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Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”

Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo:

Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.

Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Recibe un saludo muy cordial

Luis Enrique

Prerrogativa del Poder Supraconstitucional – 3 de agosto de 2017

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco ha creído nunca en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir.

¡Qué vaina con Ugalde! – 18 de junio de 2018

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A partir del 25 de febrero de 2002 y hasta enero de 2003, el suscrito promovió sin éxito un procedimiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez, fundado sobre la noción de que tal recurso únicamente se justifica mediante una decisión certificada de la mayoría del Pueblo, dado que solamente ella es titular del derecho de rebelión. (…) Con dos adiciones a su segundo considerando, el 17 de diciembre de 2016 adapté la misma salida para aplicarla al caso de Nicolás Maduro. Ésta es su redacción (Manda Su Majestad):

ACTA DE ABOLICIÓN

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Nicolás Maduro Moros, el Consejo Nacional Electoral procederá a organizar una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los noventa días consecutivos siguientes para completar lo que resta de período constitucional. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, quien no podrá postularse en esa elección.

Cláusula Segunda. El ciudadano así investido no podrá postularse en las elecciones presidenciales que sucederán al término del período.

Cláusula Tercera. El Presidente de la República elegido según lo dispuesto en la Cláusula Primera procederá a restablecer plenamente la libertad de opinión y prensa y resarcir a sus antiguos dueños los medios de comunicación confiscados.

Es sólo desde la condición de Poder Supremo del  Estado, desde el Poder Constituyente Originario del Pueblo, que una cosa así adquiere corrección. Si el hartazgo de una mayoría de los venezolanos ya no admite diálogo o negociación con el gobierno de Maduro—ver Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017—, he allí una avenida democrática y definitiva. Pero antes de esa poderosa solución, puede ordenarse en referendo la celebración de nuevas elecciones e incluso la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de todos sus actos. Podemos incluso forzar un acuerdo de los poderes públicos nacionales que recoge la totalidad de las reivindicaciones opositoras, a las que habría que añadir la anulación de ulteriores actos absurdos de la Asamblea Nacional, como el nombramiento inconstitucional de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Naturalmente, estas cosas son únicamente posibles en consultas populares que la oposición venezolana y también el oficialismo han rehusado auspiciar; no son esas consultas—los referendos requeridos—los pretendidos «cabildos abiertos» que no son tales y en todo caso exceden su potestad, como también el nuevo invento de «asambleas populares» que en función del libreto insurreccional se distinguen de las «asambleas de ciudadanos» mencionadas en el Artículo 70 de la Constitución.

Pero la patraña centrada en la creación de un Estado paralelo cuyo jefe sería el ingeniero industrial Juan Guaidó es inadmisible, como es vergonzosa su evidente coordinación con gobiernos extranjeros, principalmente con el presidido por el Sr. Trump, cuyo asesor de seguridad John Bolton declaraba en 1994:

No existen las Naciones Unidas. Hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida por la única potencia real que queda en el mundo, y ésa es los Estados Unidos, cuando convenga a nuestros intereses y logremos que otros se acoplen. (Wikipedia).

La Revolución Marrón – 30 de enero de 2019

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«Es constancia que expido (…) a petición de nadie». (LEA #100 – 19 de agosto de 2004). LEA

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Recopilandito

 

Definición del contenido de esta entrada

 

 

siempre es demasiado pronto para ceder y abandonar el campo a los que no tienen razón.

Julián Marías – La Guerra Civil. ¿Cómo pudo ocurrir? (Madrid 2012)

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A 61 años del recordado 23 de enero de 1958, comenzó este blog a tratar el vistoso, falaz y peligroso protocolo opositor protagonizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Juan Guaidó. La exasperación presente en una gran mayoría de la población venezolana ha acogido su libreto, detalladamente escrito para el mercadeo de esa metamorfosis de caudillismo en guaidillismo.

Pudiera tener alguna utilidad (para muy pocos) la recopilación de nueve de las entradas concretas (de un total de catorce) sobre el asunto:

Más usurpador será usted, 23 de enero

La Revolución Marrón, 30 de enero

Tecnicismos políticos, 4 de febrero

El caso Venezuela, un deporte internacional, 5 de febrero

Delirio total, 7 de febrero

Entre abogados (en bloque), 11 de febrero

Diálogo digital, 15 de febrero

De toda obviedad, 25 de febrero

No se dan por aludidos, 3 de marzo

 En el enlace que sigue a continuación puede descargárselas todas como un solo archivo de formato .pdf:

Compilación

LEA

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Para salir del túnel

 

Afuera hay luz suficiente

 

Exactamente el mismo ideograma chino genera las nociones de crisis y oportunidad. El vocablo “crisis”, proveniente del griego, significa en esta lengua decisión. (Krinein, decidir). La decisión sensata debe ser precedida por la reflexión.

Ideas para la crisis – 7 de abril de 2009

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El presidente Nicolás Maduro puede ofrecer una salida de estadista* a nuestra inédita crisis nacional. Se la propuse por vía radiofónica el pasado sábado 30 de marzo de 2019 en el programa #341 de Dr. Político en Radio Caracas Radio; he aquí el fragmento de audio pertinente (7′ 30″):

Paso a exponerla textualmente:

1. El Presidente de la República puede convocar—Art. 71 de la Constitución—un referendo consultivo para decidir sobre la siguiente materia «de especial trascendencia nacional»: si debe celebrarse una nueva elección presidencial en diciembre de este mismo año de 2019. (La consulta puede ser organizada por el Consejo Nacional Electoral en poco más de un mes, a comienzos de mayo). Nicolás Maduro podrá decidir si participa como candidato en esa hipotética elección.**

2. De resultar aprobada tal posibilidad por 60% o más de los votantes que participen en el referendo, el presidente Maduro procederá a nombrar un nuevo Vicepresidente Ejecutivo antes de renunciar a su cargo actual. Esta persona no deberá estar afiliada al oficialismo y tampoco a la oposición, pues una de sus tareas principales será la de iniciar la reunión de un país dividido, y no podrá presentarse como candidato en la elección de diciembre.

La sola renuncia no es lo indicado, pues se causaría una falta absoluta del Presidente de la República que, según el Art. 233 de la Constitución, debe ser subsanada mediante «una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes», y tal plazo impide una suficiente consideración por los electores de los candidatos a gobernar hasta enero de 2025. Es por esto que se hace imprescindible el referendo descrito, puesto que sólo el Poder del Pueblo no está limitado por la Constitución; sólo él puede superar la prescripción de los treinta días.***

El período previo a la nueva elección, de unos ocho meses—mayo a diciembre—, tendría de por sí un carácter transicional; no requiere un «estatuto de transición», como el aprobado por la Asamblea Nacional en contravención de disposiciones constitucionales sin poder para hacerlo. LEA

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* El 21 de julio de 1991, algo más de seis meses antes de la sublevación del 4 de febrero de 1992, publicó El Diario de Caracas un artículo al que puse como título Salida de estadista. Éste concluía así: «El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal».

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** «Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita…» (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016. En todo caso, según la condición de la propuesta, como posible candidato Maduro participaría desprovisto de los poderes y recursos del cargo de Presidente de la República).

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*** «La piedra angular de la constitucionalidad venezolana reciente fue colocada como cimiento principal de ella por esa sentencia del 19 de enero de 1999. Ella definió la doctrina fundamental de que el Pueblo, por su carácter de Poder Constituyente Originario es el Poder Supraconstitucional, no limitado por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); el Pueblo está únicamente limitado por los derechos humanos y por los tratados en los que haya entrado válidamente la República con soberanías equivalentes de otras naciones. (…) Ésta condición de supraconstitucionalidad es intransferible. (Art. 5 de la Constitución: ‘La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público’). El ejercicio indirecto de la soberanía no la transfiere, y por tanto una asamblea constituyente no es soberana; ella sólo tiene por misión (Art. 347) la de ‘transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución’. Al Estado se lo transforma y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no entra en vigencia hasta que el Pueblo la aprueba en referendo». (Catecismo constituyente, 11 de agosto de 2017).

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Á propos un acto «amoroso»

 

Un contralor amorosísimo

 

De nota de prensa en El Universal:

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, anunció este jueves [28 de marzo] que el jefe legislativo y juramentado presidente encargado, Juan Guaidó, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por supuesta corrupción alegando que “se presume falseó datos en su declaración y recibió dinero de instancias internacionales, sin notificar» (…) Afirmó que, considerando las disposiciones del artículo 105 del Sistema Nacional de Control Fiscal, que faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones a los servidores públicos que cometan irregularidades hasta por un máximo de 15 años, resuelve “inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público, al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) por el periodo máximo establecido en la Ley con rango, valor y fuerza contra la corrupción”.

Sigue Amoroso la tradición establecida por Clodosbaldo Russián en 2008, cuando dictara 272 sanciones de inhabilitación—que incluían las de Leopoldo López y Enrique Mendoza—, basándose en el mismo Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal. (Más recientemente, su predecesor, Manuel Galindo Ballesteros, empleó el 6 de abril de 2017 idéntica arma contra Henrique Capriles Radonski y Liborio Guarulla, gobernadores de los estados Miranda y Amazonas, respectivamente).

Con ocasión de las inhabilitaciones de Russián, introduje en el Tribunal Supremo de Justicia, el 11 de agosto de 2008, la denuncia (ver Violación denunciada) de una violación de derechos consagrados en la Constitución ¡por su misma Sala Constitucional, encargada de velar por la integridad y recta aplicación del texto supremo! Ocho días más tarde coloqué en el espacio de YouTube un video con apoyo de títulos acerca de la gravísima trapacería, que nunca monté en este blog. Es lo que ahora coloco a continuación:

 

 

LEA

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Lloviendo sobre mojado

 

Algunos símbolos episcopales

 

Aproveché el Día de Reyes de este año para enviar comunicación a un obispo que conociera en 1963 y admiro y respeto desde entonces. Creo que contiene un registro de la trayectoria política nacional hasta la toma de posesión de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional; creo también que vale la pena tomarla en cuenta como preludio a lo que ha sido el guión telenovelesco de su radicalizada agenda, por lo que la reproduzco a continuación:

Apreciado Monseñor: en la oportunidad de la Centésima Undécima reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana, y tomando en consideración la muy agravada circunstancia nacional, he sentido como deber allegar a ese augusto cuerpo una cierta lectura que pudiera ser de utilidad a sus deliberaciones.

En su discurso de toma de posesión como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó anunció que el Poder Legislativo Nacional no recibirá el juramento de Nicolás Maduro como Presidente de la República para el período constitucional 2019-2025 y lo calificó de usurpador, una nueva etiqueta que pareció indicarse a sí misma al haber sido demasiado usadas las de fraudulento, írrito, ilegítimo y similares. Lexicográficamente, es infortunada esa elección; el Diccionario de la Lengua Española define usurpar con dos acepciones: 1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. ¿A quién ha usurpado Nicolás Maduro la Presidencia? ¿A Javier Bertucci, Henri Falcón, Reinaldo Quijada o Luis Alejandro Ratti? El proceder de Guaidó se inscribe en la práctica ya larga de etiquetar denigrantemente al adversario y condenarlo sin pruebas, lo que a mi parecer es un acto inmoral—Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente. William Clifford, La ética de la creencia—y de holgazanería conceptual y política. Una de las dos rutinas opositoras, desde 1999, es acusar todos los días, cuando lo que se necesita es refutar. (La otra es oponerse—definirse como oposición, alienadamente, en función de algo externo—en lugar de superponerse desde un discurso político de nivel superior).

Tras ese reiterado procedimiento está, por supuesto, la falsa premisa de que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en contravención del Art. 347 de la Constitución, que en interpretación errónea del afamado jurista Allan Randolph Brewer Carías debió provenir de un referendo. Eso no es así; el artículo siguiente indica con precisión quiénes pueden convocar ese órgano (incluida la iniciativa popular calificada de 15% de los electores), y el Art. 5 de la misma ley suprema establece claramente:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamentemediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.      

La convocatoria a constituyente por el Presidente de la República, cuyo cargo se origina en el sufragio, es ejercicio indirecto de la soberanía. (Otra cosa son las bases comiciales que se empleó, pero la Asamblea Nacional es culpable de omisión al no haber legislado acerca de las mismas).

Luego, se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC:

Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene.

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Naturalmente, el actual gobierno y su inmediato predecesor son lo peor que ha ocurrido políticamente en nuestra nación.

La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país; habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. (El problema, 30 de agosto de 2017 en el blog de Dr. Político).

Pero también asenté en Las élites culposas (2012):

…ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.

O, en ¿Qué se debe hacer? (19 de agosto de 2015):

…el chavoma es sólo el aspecto más agudo de la enfermedad política venezolana, una manifestación superpuesta y derivada del crónico cuadro de insuficiencia política—la incapacidad de las instituciones políticas para resolver los problemas públicos de importancia—que tiene su origen en la obsolescencia, por esclerosis, de los marcos mentales de los actores convencionales. Ellos son, fundamentalmente, la idea de que la política es una lucha por el poder justificada sobre una ideología particular, noción que es compartida por los actores políticos en todo el mundo, lo que explica por qué la política misma es lo que está en crisis en todas partes.

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Las valoraciones estándar de nuestro problema político dejan de considerar lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017). Por ejemplo, que el Presidente de la Asamblea Nacional (Henry Ramos Allup) desenterró el hacha de guerra en su discurso inaugural el 5 de enero de 2016, declarando como “compromiso no transable” del parlamento “la cesación de este gobierno”, en formulación evidentemente anticonstitucional. Tampoco se evoca la absurda declaración de abandono del cargo por Nicolás Maduro conducida por su sucesor (Julio Borges) del 9 de enero de 2017. (Ojalá lo hubiera abandonado). O que el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, hoy en el exilio, no creó un órgano legítimo al contravenir lo pautado en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que exige la participación del Poder Ciudadano en el proceso. Etcétera.

Es también parte de esa historia que dirigentes opositores se dedicaron a vender falsedades como las enumeradas parcialmente a diversas autoridades internacionales, en vergonzante solicitud de apoyo a una tal “comunidad internacional” para superar un problema que es exclusivamente nuestro y cuya solución está en manos de los venezolanos.

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Escribí el 21 de febrero de 2014 (La salida) sobre la marcha hacia la Fiscalía General de la República, liderada por Leopoldo López y Ma. Corina Machado:

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

En efecto, no se ha intentado—como medio “para parar el trote a Nicolás Maduro”— la apelación al Soberano. Ciertamente, la 109ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana planteó en el acápite sexto de su Exhortación Final (12 de enero de 2018):

Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71).

Eso hay que promoverlo y organizarlo, y estas tareas pueden ser estimuladas y auspiciadas por una declaración más específica de parte de la CEV. Su autoridad puede superponerse a la resistencia de los opositores convencionales a permitir el rol protagónico que el Pueblo, como único poder supraconstitucional en Venezuela, puede y debe ejercer para cortar el nudo gordiano nacional.

En febrero del año pasado, Datanálisis midió una ventaja de 14 puntos de quienes estaban de acuerdo con un referendo que disolviera la Asamblea Nacional Constituyente y de 20 puntos de los que querían anular todos sus actos. En posesión de esos datos, escribí el 13 de marzo del año pasado a la rectora Cecilia García Arocha luego de la presentación del Frente Amplio Venezuela Libre en el Aula Magna de su universidad:

Al leer la Proclama del fresco movimiento no pude menos que conjugar dos de sus declaraciones con intención operativa; me refiero a éstas: 1. “El fraude constituyente es la máquina infernal encargada de sepultar la soberanía popular”; 2. “Es la hora del cambio, la hora del protagonismo del pueblo”. Creo que se muestra, como operación derivada de ambas afirmaciones, la convocatoria de un referendo por iniciativa popular que resuelva sobre la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente instalada el 4 de agosto de 2017 y la anulación de todos sus actos hasta la fecha.

El planteamiento no tuvo acogida. Por esos días, escribí a un amigo:

El 11 de agosto del año pasado expuse: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio. Igualmente tiene el Pueblo poder más que suficiente para anular todas y cada una de las decisiones de esa asamblea contraria a la voluntad mayoritaria nacional. El Artículo 349 no nos obliga; nosotros sí podemos impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no somos un poder constituido: somos el Poder Constituyente Originario, el único originario, el Poder Supraconstitucional”. He explicado el asunto por RCR y convencido a un gentío. (Hace dos semanas, llamó una señora al programa para decir que mucha gente de Altagracia quiere colaborar con la convocatoria). Me comprometí a promover ese referendo, antes de que Datanálisis midiera apoyo mayoritario a la iniciativa. Hay quienes razonan que siempre he sido un iluso comeflor, que no entiende que “el régimen” nunca va a permitir ese referendo. Yo creo que le será al gobierno muy difícil impedirlo. Conozco al enemigo; tú hiciste universidad en el “monasterio” de la UCAB, yo también allí, pero antes estuve tres años en Mérida (donde fui el participante más destacado de un curso antiguerrillero bajo instrucción de un capitán cubano anticastrista) y uno en la UCV, adonde fui armado a rescatar cuatro decanos no izquierdistas secuestrados en el salón del Rectorado. He debatido más de una vez con comunistas, y ellos siempre salieron en derrota. Sé cómo piensan y cómo operan, sé qué trampas emplean y dónde las colocan; sé rebatirlos. (En 1962, fui elegido como primer Presidente del Movimiento Universitario Católico de la ULA porque dos días antes logré revolcar a un mirista y un comunista en su Facultad de Humanidades). Sé también que, en último caso, pueden matarme, pero ya estoy demasiado mayor como para que eso me importe. (…) No soy un comeflor; no me chupo el dedo.

Creo haber asegurado los pocos recursos financieros necesarios a la iniciativa, pero sería un bálsamo para el alma nacional que los obispos dieran un claro espaldarazo a la iniciativa, más allá de la exhortación citada de enero del año anterior, más concretamente.

Es igualmente importante que la CEV apuntale las recientes palabras de Su Santidad a favor de la concordia en Venezuela; en efecto, unir a la oposición no es el problema, sino unir a un país dividido.

En ¿Jugada maestra? (27 de septiembre de 2018) dejé esta constancia:

En momentos cuando el gobierno torna a proponer un diálogo con la oposición, Luis Ugalde y Benigno Alarcón Deza (Director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB) hablan de una “salida negociada” y de prepararse para una elección presidencial. (Ver en este blog Dos enfoques, 24 de septiembre de 2018); antes (26 de julio), Baltazar Cardenal Porras preparó el terreno: “Es muy mala palabra hablar de diálogo en Venezuela por todo lo que ha ocurrido, pero los problemas se arreglan hablando”, en entrevista que le hiciera El Universal. (En esa ocasión dijo también: tenemos que unirnos para responder mejor a las necesidades, ver mucho más lo que nos une y no lo que nos diferencia, se debe hacer con la participación de todos porque nadie tiene la verdad absoluta”).

He sostenido que no se trata de diálogo sino de acuerdo, por lo que un proyecto de éste es esencial, así como entender que un diálogo gobierno-oposición es intrínsecamente asimétrico. Así expuse en Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016):

El 5 de febrero de 2003 redactaba el suscrito Gran Referendo Nacional, una proposición de acuerdo entre las partes enfrentadas en ese momento: el gobierno que presidía Hugo Chávez y la Coordinadora Democrática. Estábamos en medio del paro organizado por la Gente del Petróleo, que coordinaba sus acciones, como lo hacían las organizaciones cúpula empresariales y sindicales, con la central opositora; el gobierno contaba, naturalmente, con los militantes del Movimiento V República, el resto del Polo Patriótico y unas cuantas unidades más combativas, como la que comandaba Lina Ron. Era una coyuntura que presagiaba guerra civil.

Hoy nos encontramos en una situación parecida—ver Desactivemos la bomba—, aunque los componentes no son exactamente los mismos; ahora no es la oposición algo que esté minoritariamente representado en la Asamblea Nacional, ahora la controla. Es por esto que la prescripción de hace trece años no puede ser aplicada de forma idéntica; en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación.

La CEV puede resaltar esa obligación constitucional y exigir su cumplimiento.

………

Creo de la mayor importancia, Monseñor, que la Conferencia Episcopal Venezolana no se sume al coro superficial e irresponsable de quienes propugnan un mero facilismo terminológico, con frecuencia en desconocimiento de la Constitución. (Sostienen un día que hay que “defender la Constitución” y al siguiente recomiendan procedimientos que la violarían, como la recomendación de “juntas” o “consejos de transición”). Poco antes del discurso de Guaidó, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales incurría en los errores conceptuales descritos al comienzo de estas notas, como eco de lo que un mal informado Grupo de Lima exigiera casi simultáneamente.

Los obispos venezolanos, pienso, deben emplear su altísima credibilidad en traer un enfoque fresco y sano para la superación de nuestros graves y crecientes problemas. Mi esperanza está puesta en Uds.

Con afecto y admiración,

Luis Enrique Alcalá

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