Lloviendo sobre mojado

 

Algunos símbolos episcopales

 

Aproveché el Día de Reyes de este año para enviar comunicación a un obispo que conociera en 1963 y admiro y respeto desde entonces. Creo que contiene un registro de la trayectoria política nacional hasta la toma de posesión de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional; creo también que vale la pena tomarla en cuenta como preludio a lo que ha sido el guión telenovelesco de su radicalizada agenda, por lo que la reproduzco a continuación:

Apreciado Monseñor: en la oportunidad de la Centésima Undécima reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana, y tomando en consideración la muy agravada circunstancia nacional, he sentido como deber allegar a ese augusto cuerpo una cierta lectura que pudiera ser de utilidad a sus deliberaciones.

En su discurso de toma de posesión como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó anunció que el Poder Legislativo Nacional no recibirá el juramento de Nicolás Maduro como Presidente de la República para el período constitucional 2019-2025 y lo calificó de usurpador, una nueva etiqueta que pareció indicarse a sí misma al haber sido demasiado usadas las de fraudulento, írrito, ilegítimo y similares. Lexicográficamente, es infortunada esa elección; el Diccionario de la Lengua Española define usurpar con dos acepciones: 1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. ¿A quién ha usurpado Nicolás Maduro la Presidencia? ¿A Javier Bertucci, Henri Falcón, Reinaldo Quijada o Luis Alejandro Ratti? El proceder de Guaidó se inscribe en la práctica ya larga de etiquetar denigrantemente al adversario y condenarlo sin pruebas, lo que a mi parecer es un acto inmoral—Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente. William Clifford, La ética de la creencia—y de holgazanería conceptual y política. Una de las dos rutinas opositoras, desde 1999, es acusar todos los días, cuando lo que se necesita es refutar. (La otra es oponerse—definirse como oposición, alienadamente, en función de algo externo—en lugar de superponerse desde un discurso político de nivel superior).

Tras ese reiterado procedimiento están, por supuesto, la falsa premisa de que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en contravención del Art. 347 de la Constitución, que en interpretación errónea del afamado jurista Allan Randolph Brewer Carías debió provenir de un referendo. Eso no es así; el artículo siguiente indica con precisión quiénes pueden convocar ese órgano (incluida la iniciativa popular calificada de 15% de los electores), y el Art. 5 de la misma ley suprema establece claramente:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamentemediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.      

La convocatoria a constituyente por el Presidente de la República, cuyo cargo se origina en el sufragio, es ejercicio indirecto de la soberanía. (Otra cosa son las bases comiciales que se empleó, pero la Asamblea Nacional es culpable de omisión al no haber legislado acerca de las mismas).

Luego, se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC:

Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene.

………

Naturalmente, el actual gobierno y su inmediato predecesor son lo peor que ha ocurrido políticamente en nuestra nación.

La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país; habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. (El problema, 30 de agosto de 2017 en el blog de Dr. Político).

Pero también asenté en Las élites culposas (2012):

…ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.

O, en ¿Qué se debe hacer? (19 de agosto de 2015):

…el chavoma es sólo el aspecto más agudo de la enfermedad política venezolana, una manifestación superpuesta y derivada del crónico cuadro de insuficiencia política—la incapacidad de las instituciones políticas para resolver los problemas públicos de importancia—que tiene su origen en la obsolescencia, por esclerosis, de los marcos mentales de los actores convencionales. Ellos son, fundamentalmente, la idea de que la política es una lucha por el poder justificada sobre una ideología particular, noción que es compartida por los actores políticos en todo el mundo, lo que explica por qué la política misma es lo que está en crisis en todas partes.

………

Las valoraciones estándar de nuestro problema político dejan de considerar lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017). Por ejemplo, que el Presidente de la Asamblea Nacional (Henry Ramos Allup) desenterró el hacha de guerra en su discurso inaugural el 5 de enero de 2016, declarando como “compromiso no transable” del parlamento “la cesación de este gobierno”, en formulación evidentemente anticonstitucional. Tampoco se evoca la absurda declaración de abandono del cargo por Nicolás Maduro conducida por su sucesor (Julio Borges) del 9 de enero de 2017. (Ojalá lo hubiera abandonado). O que el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, hoy en el exilio, no creó un órgano legítimo al contravenir lo pautado en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que exige la participación del Poder Ciudadano en el proceso. Etcétera.

Es también parte de esa historia que dirigentes opositores se dedicaron a vender falsedades como las enumeradas parcialmente a diversas autoridades internacionales, en vergonzante solicitud de apoyo a una tal “comunidad internacional” para superar un problema que es exclusivamente nuestro y cuya solución está en manos de los venezolanos.

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Escribí el 21 de febrero de 2014 (La salida) sobre la marcha hacia la Fiscalía General de la República, liderada por Leopoldo López y Ma. Corina Machado:

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

En efecto, no se ha intentado—como medio “para parar el trote a Nicolás Maduro”— la apelación al Soberano. Ciertamente, la 109ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana planteó en el acápite sexto de su Exhortación Final (12 de enero de 2018):

Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71).

Eso hay que promoverlo y organizarlo, y estas tareas pueden ser estimuladas y auspiciadas por una declaración más específica de parte de la CEV. Su autoridad puede superponerse a la resistencia de los opositores convencionales a permitir el rol protagónico que el Pueblo, como único poder supraconstitucional en Venezuela, puede y debe ejercer para cortar el nudo gordiano nacional.

En febrero del año pasado, Datanálisis midió una ventaja de 14 puntos de quienes estaban de acuerdo con un referendo que disolviera la Asamblea Nacional Constituyente y de 20 puntos de los que querían anular todos sus actos. En posesión de esos datos, escribí el 13 de marzo del año pasado a la rectora Cecilia García Arocha luego de la presentación del Frente Amplio Venezuela Libre en el Aula Magna de su universidad:

Al leer la Proclama del fresco movimiento no pude menos que conjugar dos de sus declaraciones con intención operativa; me refiero a éstas: 1. “El fraude constituyente es la máquina infernal encargada de sepultar la soberanía popular”; 2. “Es la hora del cambio, la hora del protagonismo del pueblo”. Creo que se muestra, como operación derivada de ambas afirmaciones, la convocatoria de un referendo por iniciativa popular que resuelva sobre la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente instalada el 4 de agosto de 2017 y la anulación de todos sus actos hasta la fecha.

El planteamiento no tuvo acogida. Por esos días, escribí a un amigo:

El 11 de agosto del año pasado expuse: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio. Igualmente tiene el Pueblo poder más que suficiente para anular todas y cada una de las decisiones de esa asamblea contraria a la voluntad mayoritaria nacional. El Artículo 349 no nos obliga; nosotros sí podemos impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no somos un poder constituido: somos el Poder Constituyente Originario, el único originario, el Poder Supraconstitucional”. He explicado el asunto por RCR y convencido a un gentío. (Hace dos semanas, llamó una señora al programa para decir que mucha gente de Altagracia quiere colaborar con la convocatoria). Me comprometí a promover ese referendo, antes de que Datanálisis midiera apoyo mayoritario a la iniciativa. Hay quienes razonan que siempre he sido un iluso comeflor, que no entiende que “el régimen” nunca va a permitir ese referendo. Yo creo que le será al gobierno muy difícil impedirlo. Conozco al enemigo; tú hiciste universidad en el “monasterio” de la UCAB, yo también allí, pero antes estuve tres años en Mérida (donde fui el participante más destacado de un curso antiguerrillero bajo instrucción de un capitán cubano anticastrista) y uno en la UCV, adonde fui armado a rescatar cuatro decanos no izquierdistas secuestrados en el salón del Rectorado. He debatido más de una vez con comunistas, y ellos siempre salieron en derrota. Sé cómo piensan y cómo operan, sé qué trampas emplean y dónde las colocan; sé rebatirlos. (En 1962, fui elegido como primer Presidente del Movimiento Universitario Católico de la ULA porque dos días antes logré revolcar a un mirista y un comunista en su Facultad de Humanidades). Sé también que, en último caso, pueden matarme, pero ya estoy demasiado mayor como para que eso me importe. (…) No soy un comeflor; no me chupo el dedo.

Creo haber asegurado los pocos recursos financieros necesarios a la iniciativa, pero sería un bálsamo para el alma nacional que los obispos dieran un claro espaldarazo a la iniciativa, más allá de la exhortación citada de enero del año anterior, más concretamente.

Es igualmente importante que la CEV apuntale las recientes palabras de Su Santidad a favor de la concordia en Venezuela; en efecto, unir a la oposición no es el problema, sino unir a un país dividido.

En ¿Jugada maestra? (27 de septiembre de 2008) dejé esta constancia:

En momentos cuando el gobierno torna a proponer un diálogo con la oposición, Luis Ugalde y Benigno Alarcón Deza (Director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB) hablan de una “salida negociada” y de prepararse para una elección presidencial. (Ver en este blog Dos enfoques, 24 de septiembre de 2018); antes (26 de julio), Baltazar Cardenal Porras preparó el terreno: “Es muy mala palabra hablar de diálogo en Venezuela por todo lo que ha ocurrido, pero los problemas se arreglan hablando”, en entrevista que le hiciera El Universal. (En esa ocasión dijo también: tenemos que unirnos para responder mejor a las necesidades, ver mucho más lo que nos une y no lo que nos diferencia, se debe hacer con la participación de todos porque nadie tiene la verdad absoluta”).

He sostenido que no se trata de diálogo sino de acuerdo, por lo que un proyecto de éste es esencial, así como entender que un diálogo gobierno-oposición es intrínsecamente asimétrico. Así expuse en Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016):

El 5 de febrero de 2003 redactaba el suscrito Gran Referendo Nacional, una proposición de acuerdo entre las partes enfrentadas en ese momento: el gobierno que presidía Hugo Chávez y la Coordinadora Democrática. Estábamos en medio del paro organizado por la Gente del Petróleo, que coordinaba sus acciones, como lo hacían las organizaciones cúpula empresariales y sindicales, con la central opositora; el gobierno contaba, naturalmente, con los militantes del Movimiento V República, el resto del Polo Patriótico y unas cuantas unidades más combativas, como la que comandaba Lina Ron. Era una coyuntura que presagiaba guerra civil.

Hoy nos encontramos en una situación parecida—ver Desactivemos la bomba—, aunque los componentes no son exactamente los mismos; ahora no es la oposición algo que esté minoritariamente representado en la Asamblea Nacional, ahora la controla. Es por esto que la prescripción de hace trece años no puede ser aplicada de forma idéntica; en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación.

La CEV puede resaltar esa obligación constitucional y exigir su cumplimiento.

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Creo de la mayor importancia, Monseñor, que la Conferencia Episcopal Venezolana no se sume al coro superficial e irresponsable de quienes propugnan un mero facilismo terminológico, con frecuencia en desconocimiento de la Constitución. (Sostienen un día que hay que “defender la Constitución” y al siguiente recomiendan procedimientos que la violarían, como la recomendación de “juntas” o “consejos de transición”). Poco antes del discurso de Guaidó, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales incurría en los errores conceptuales descritos al comienzo de estas notas, como eco de lo que un mal informado Grupo de Lima exigiera casi simultáneamente.

Los obispos venezolanos, pienso, deben emplear su altísima credibilidad en traer un enfoque fresco y sano para la superación de nuestros graves y crecientes problemas. Mi esperanza está puesta en Uds.

Con afecto y admiración,

Luis Enrique Alcalá

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Tecnicismos políticos

 

Artículo 9 de la Constitución: “El idioma oficial es el castellano”.

 

No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, hágase que lo que es fuerte sea justo.

Blas Pascal

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Es una comprensión del lenguaje lo más fundamental para entender el Derecho. Los venezolanos, que fuimos convocados el 15 de diciembre de 1999 para aprobar la Constitución que rige a nuestro Estado, precisábamos una buena comprensión del castellano para que nuestro voto a favor o en contra fuera un acto consciente y responsable. Dice un famoso artículo (nada menos que el segundo) de nuestro Código Civil: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”. A pesar de esto, argumenta hoy Álvaro Montenegro Fortique en El Universal (El problema es político):

Álvaro Montenegro Fortique

Cada vez que nos encontramos en un debate sobre la legalidad o legitimidad de las instituciones venezolanas, entramos en una argumentación que creo es preferible dejársela a los abogados constitucionalistas. El tema es denso y muy técnico como para que el común de los ciudadanos encontremos respuestas consensuadas. Hay muchos y muy buenos juristas especializados en temas constitucionales, que se han pronunciado profusamente mediante comunicados como el de los profesores de la Facultad de Derecho de la UCV. El escenario académico es más adecuado para ese debate que el espacio público nacional, porque a estas alturas de la crisis los tecnicismos legales nos abruman a los que no somos abogados y lo que necesitamos son soluciones prácticas. La discusión sobre legalidad o legitimidad de las instituciones venezolanas ya no tiene tanto sentido para nosotros, porque el problema político eclipsó totalmente al problema legal. (Cursivas de este blog).

Según el artículista, los “tecnicismos legales” se oponen a las “soluciones prácticas”. Eso no es así; en muchísimos casos, es la comprensión técnica lo que asegura una solución práctica. Cuando un médico piensa una cierta enfermedad como infección por histoplasmosis (tecnicismo) en lugar de un proceso neoplásico (tecnicismo), asegura su “solución”, pues la terapia—”terapéutica”, para usar un tecnicismo—que sería eficaz (lo “práctico”) es distinta en cada caso. Si el automóvil de Montenegro se niega a transportarlo, es útil determinar si la causa es un deterioro del árbol de levas (tecnicismo), una falla del “termotróculo” (término arcano inventado por Eduardo Plaza Aurrecoechea para aludir al argot de los mecánicos) o que simplemente su dueño olvidó llenar el tanque de combustible (tecnicismo entendido por el vulgo).

Pero es que la “práctica” solución de Juan Guaidó está precisamente fundada en un “tecnicismo legal”: su tergiversada lectura del Artículo 233 de la Constitución. Es justamente sobre tal “tecnicismo legal” que asienta su pretensión de ser el Presidente “encargado” o “interino” de la República, y no hay nada en el claro castellano de ese artículo que sea un misterio insalvable para el ciudadano común.

Artículo 233 (segundo parágrafo): “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

Bueno, electo significa, según el Diccionario de la Lengua Española: “1. adj. Dicho de una persona: Que ha sido elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y aún no ha tomado posesión”. ¿Quién, para el 10 de enero de este año, había sido elegido y no había tomado posesión? Para que Guaidó estuviese encargado de la Presidencia de la República tenía que existir un Presidente electo que no hubiera tomado posesión, pero esto no importa a los países americanos o europeos—ignorantes de nuestra Constitución—que han reconocido al carismático ingeniero como Presidente “legítimo” de Venezuela.

Esto sin considerar que, según la misma Asamblea Nacional que ahora preside Guaidó, Venezuela no tendría Presidente de la República desde el 9 de enero de 2017, cuando, encabezada por Julio Borges, declarara su falta absoluta por abandono del cargo de Nicolás Maduro. (Según Blanca Rosa Mármol, muy legal técnica—DRAE: f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte—Nicolás Maduro no podía convocar la elección de constituyente, no porque se requiriera un referendo previo, sino porque era ¡un presidente de facto, puesto que había abandonado su cargo!) Un “tecnicismo legal”, aparentemente, puesto que la absurda declaración de Borges dejó de convertirse en “solución práctica”. Éste nunca ofició al Consejo Nacional Electoral para exigir una elección presidencial en treinta días, a tenor del mismo Artículo 233: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva”. Los cuatro años vencían al día siguiente; Borges había “llegado en la raya”. (Tecnicismo hípico).

El “jurista de planta” de Prodavinci (José Ignacio Hernández), perfectamente capaz de navegar en un mar de “tecnicismos legales”, nos hizo el favor de explicar lo siguiente a los legos, en artículo suyo en Prodavinci: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”.* El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña. (1. f. Invención urdida con propósito de engañar. Diccionario de la Lengua Española, nuestro idioma oficial, que no es imposible entender, ni “denso y muy técnico como para que el común de los ciudadanos encontremos respuestas consensuadas”).

Reconozco que la prédica de Montenegro, o lo sustentado por Luis Vicente León en su artículo ¿Qué es un político puro? (El Universal, 13 de enero de 2019, comentado acá dos días después en Impureza pura), son eficaces y efectistas intentos de justificar la trapacería—DRAE: 1. f. Artificio engañoso e ilícito con que se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra, venta o cambio. 2. f. Fraude, engaño—de Juan Guaidó. No serán tecnicismos jurídicos, aunque sí políticos, propios del arte de saber “qué puede hacerse en determinadas circunstancias y qué no, qué métodos van a ser útiles en qué situaciones y en qué medida, sin que eso quiera necesariamente decir que sean capaces de explicar cómo lo saben ni incluso qué saben”. (Luis Vicente León). Un político, según estos articulistas, no tiene por qué tener la razón o saber cómo explicarla.

Es de importancia suprema saber explicar al Pueblo la trama de una farsa—DRAE: 2. f. Acción realizada para fingir o aparentar—con la que quiera engañársele.

No es nada placentero criticar a quienes tienen las mejores oportunidades de desplazar al pernicioso sistema chavista-madurista del poder. Precisamente porque ese sistema es patentemente dañino para la Nación, es desesperante constatar los reiterados errores estratégicos de la dirigencia opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática. (Nota final a Exégesis crítica, 19 de julio de 2017).

LEA

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*El abogado Hernández encontró una salida—un “tecnicismo legal” incomprensible, “denso y muy técnico”—para que la pretensión de Guaidó se sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019).

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La Revolución Marrón

 

Los colores de Venezuela patas arriba en Kiev (2004)

 

…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.

Declaración de Derechos de Virginia – 12 de junio de 1776

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En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.

Glosa de pupitre, 1º de noviembre de 2007

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Salir de un gobierno marxista desde la presión ciudadana no es imposible. Exactamente eso fue lo que hizo la Revolución Naranja en Ucrania:

El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota. (Carta Semanal #261 de doctorpolítico, 1º de noviembre de 2007).

“Las protestas fueron detonadas por reportes de varios observadores electorales domésticos y del exterior, así como por la difundida percepción pública de que los resultados de la votación del 21 de noviembre de 2004 entre los candidatos principales, Viktor Yushchenko y Viktor Yanukovych, fueron adulterados en favor de este último. Las protestas extendidas a todo el país tuvieron éxito cuando se anulara los resultados de la elección original y la Corte Suprema de Ucrania ordenara una nueva votación a efectuarse el 26 de diciembre de 2004. Bajo intenso escrutinio de observadores domésticos e internacionales, esta segunda elección fue declarada ‘justa y libre’. Los resultados finales mostraron una clara victoria de Yushchenko, quien recibió 52% de los sufragios contra 44% de Yanukovych. Yuschenko fue oficialmente declarado ganador y, con su toma de posesión el 23 de enero de 2005, concluyó la Revolución Naranja”. (Traducido de Wikipedia).

No obstante, el drama tendría un segundo y un tercer acto:

En 2010, Víktor Yanukóvich se convirtió en el sucesor de Yúshchenko como presidente de Ucrania, después de que la Comisión Central Electoral y observadores internacionales declararan que la elección presidencial fue conducida de forma justa. (…) Sin embargo, Yanukóvich fue expulsado del gobierno cuatro años después, tras las protestas, disturbios y duros enfrentamientos conocidos como Euromaidán, ocurridos entre finales de 2013 y principios de 2014, en la Plaza de la Independencia de Kiev. Al contrario de la Revolución naranja, estas protestas resultaron en más de cien muertes y fragmentaron el país, provocando la anexión de Crimea a Rusia y sublevaciones armadas en las zonas orientales del país que se opusieron al Euromaidán y sus consecuencias. (Wikipedia en Español).

No parece posible seguir ese guión en Veneuela; no debe esperarse del Tribunal Supremo de Justicia venezolano la anulación de las elecciones del 20 de mayo del año pasado y una orden suya de nuevas elecciones; acá, eso se hace sólo con la elección de diputados en el Estado Amazonas, y a esta hora esperamos que la Sala Electoral del TSJ o el Consejo Nacional Electoral convoquen elecciones segundas.

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El Chapulín Colorado

La Revolución “Marrón” se fragua fuera de Venezuela, por personajes de la “comunidad internacional”. Son actores principalísimos el Grupo de Lima, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, varios países de la Unión Europea y, muy especialmente, los Estados Unidos de Norteamérica, el policía del mundo, cuyo nombre es ahora Donald Trump.

Este otro guión ha dado con una atractiva farsa—1. f. Obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter satírico. 2. f. Acción realizada para fingir o aparentar. Diccionario de la Lengua Española—: adulterar el sentido del Artículo 233 de nuestra Constitución* para vender la falsa noción de que Juan Guaidó, elegido Presidente de la Asamblea Nacional el 5 de este mes, sería el Presidente de la República, el “legítimo”. Nicolás Maduro estaría usurpando ese cargo porque las elecciones que lo escogieron serían ilegítimas, al haber sido convocada por la “fraudulenta” Asamblea Nacional Constituyente (Ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2018).

Un prestigioso jurista, José Ignacio Hernández, se cuidó de advertir que tal como estaba, el texto constitucional no daba fundamento a la pretensión de la Presidencia de la República en manos de Guaidó; así puso el 11 de enero en artículo suyo en Prodavinci: “Esto quiere decir que el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Pero en el mismo artículo sostuvo: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”.

Entre el Dr. Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández.

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A partir del 25 de febrero de 2002 y hasta enero de 2003, el suscrito promovió sin éxito un procedimiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez, fundado sobre la noción de que tal recurso únicamente se justifica mediante una decisión certificada de la mayoría del Pueblo, dado que solamente ella es titular del derecho de rebelión. El 3 de marzo de 2002, recibí llamada de Rafael Poleo, quien me solicitó un artículo para la Revista Zeta que explicara el concepto. Así escribí, cuarenta días antes del Carmonazo:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Con dos adiciones a su segundo considerando, el 17 de diciembre de 2016 adapté la misma salida para aplicarla al caso de Nicolás Maduro. Ésta es su redacción (Manda Su Majestad):

ACTA DE ABOLICIÓN

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Nicolás Maduro Moros, el Consejo Nacional Electoral procederá a organizar una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los noventa días consecutivos siguientes para completar lo que resta de período constitucional. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, quien no podrá postularse en esa elección.

Cláusula Segunda. El ciudadano así investido no podrá postularse en las elecciones presidenciales que sucederán al término del período.

Cláusula Tercera. El Presidente de la República elegido según lo dispuesto en la Cláusula Primera procederá a restablecer plenamente la libertad de opinión y prensa y resarcir a sus antiguos dueños los medios de comunicación confiscados.

Es sólo desde la condición de Poder Supremo del  Estado, desde el Poder Constituyente Originario del Pueblo, que una cosa así adquiere corrección. Si el hartazgo de una mayoría de los venezolanos ya no admite diálogo o negociación con el gobierno de Maduro—ver Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017—, he allí una avenida democrática y definitiva. Pero antes de esa poderosa solución, puede ordenarse en referendo la celebración de nuevas elecciones e incluso la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de todos sus actos. Podemos incluso forzar un acuerdo de los poderes públicos nacionales que recoge la totalidad de las reivindicaciones opositoras, a las que habría que añadir la anulación de ulteriores actos absurdos de la Asamblea Nacional, como el nombramiento inconstitucional de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Naturalmente, estas cosas son únicamente posibles en consultas populares que la oposición venezolana y también el oficialismo han rehusado auspiciar; no son esas consultas—los referendos requeridos—los pretendidos “cabildos abiertos” que no son tales y en todo caso exceden su potestad, como también el nuevo invento de “asambleas populares” que en función del libreto insurreccional se distinguen de las “asambleas de ciudadanos” mencionadas en el Artículo 70 de la Constitución.

Pero la patraña centrada en la creación de un Estado paralelo cuyo jefe sería el ingeniero industrial Juan Guaidó es inadmisible, como es vergonzosa su evidente coordinación con gobiernos extranjeros, principalmente con el presidido por el Sr. Trump, cuyo asesor de seguridad John Bolton declaraba en 1994:

No existen las Naciones Unidas. Hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida por la única potencia real que queda en el mundo, y ésa es los Estados Unidos, cuando convenga a nuestros intereses y logremos que otros se acoplen. (Wikipedia).

Hace dos días, Bolton fue “sorprendido” con un bloc de notas en su mano que decía: “5.000 tropas para Colombia”. No soy inmune a la suspicacia, por lo que creo que tal “equivocación” fue intencional. LEA

John Bolton con su yellow legal pad

 

Bloc de notas de Bolton (ampliación)

 

 

 

 

 

 

 

*Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

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Más usurpador será usted

 

 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Parágrafo segundo del Artículo 233 de la Constitución

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Juan Guaidó ha pretendido usurpar el cargo de Presidente de la República, al decir hoy que ha asumido las funciones del Ejecutivo Nacional. (Cualquier presidente, por cierto, tendría que juramentarse ante la Asamblea Nacional, no ante el “cabildo abierto” al que se dirigía). La Presidencia de la República sólo recae en el Presidente de la Asamblea Nacional en el caso de falta absoluta del Presidente de la República—”la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”—y sólo si tal falta se produce antes de su toma de posesión, la que ya ha ocurrido.

El delirio total. Es una manipulación de las esperanzas de los venezolanos que se basa en la tergiversación de lo dispuesto por la Constitución Nacional, que se funda en la mentira, y el error sólo se corrige con la verdad. Para que se aplicara la disposición de adjudicar la Presidencia de la República al Ing. Guaidó tendría que admitirse que había un Presidente electo cuya falta absoluta habría que cubrir. ¿Quién era ese Presidente electo? ¿Nicolás Maduro o un fantasma? Si se desconoce las elecciones del 20 de mayo de 2018, entonces no había Presidente electo y en consecuencia el supuesto basamento de la presidencia de Guaidó es inexistente.

Por otra parte, la Constitución no estipula en ningún caso gobiernos “de transición” (mucho menos si se trata de una junta “cívico-militar”). Que un gobierno legítimo—su jefe determinado en elecciones constitucionalmente válidas—que suceda a Maduro tenga carácter transicional es una cosa enteramente distinta, determinada por las circunstancias. A menos que cualquier sucesor de Maduro quiera continuar sus políticas, por fuerza de los hechos será transicional, no porque lo disponga así nuestra Carta Magna. Sería imposible pasar del gobierno de Maduro a un gobierno “normal” de una vez, sin solución de continuidad.

 

Artículo 9 de la Constitución Nacional: “El idioma oficial es el castellano”.

 

El usurpador

La usurpación de funciones públicas es un delito, y el Ing. Guaidó ha incurrido en él flagrantemente.

De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. (Artículo 200 de la Constitución).

Acaban de enterarme de un tuit que aparentemente habría originado el periodista Rafael Poleo a las 11:33 a. m.:

En este momento los generales exigen al ministro Padrino que plantee al ex presidente Maduro la necesidad de reconocer los hechos y conforme a la Constitución entregue el palacio de Miraflores.

Nada de lo ocurrido es “conforme a la Constitución”. Antes, un estimado amigo justificó el “gobierno de transición”, que no existe constitucionalmente, de esta manera: “¡¡¡Es que no está en ningún lado!!! Hay que improvisar el guión constitucional”. Así hay ahora miles de venezolanos que desvarían. Hace nada (26 de noviembre de 2018), algún vistoso opinador clamaba al Pueblo para que defendiera la Constitución y al día siguiente proponía una junta cívico-militar de transición imprevista en ella. (???)

La ingeniería de este inusual golpe de Estado cree que basta que Guaidó diga, ante miles de testigos que lo vitorean, que ha asumido la Presidencia de la República para que la cosa sea constitucional y legal, y confía en la importante fracción de ciudadanos venezolanos que quiere salir de Maduro como sea. (Invasión extranjera, presión militar local que le fuerce a renunciar, insurrección abierta y decisiva de militares, asesinato…)

………

El jueves de la semana pasada se consultó mi opinión acerca de este tuit: “La crisis de Venezuela es más política que jurídica. Ningún instrumento legal vigente en el país contempla un escenario como el actual; en consecuencia la solución no puede ser literalmente ajustada a la norma, sino a la racionalidad política”.

Así contesté: “Razonar de ese modo lleva a contradicción; se supone que precisamente condenamos en Maduro que desatienda lo jurídico. Desatenderlo nosotros nos convierte en nuestro enemigo”. Quien preguntara insistió: “Pero doctor como dar todo el peso solo a lo jurídico, cuando el TSJ esta compuesto por personas que no califican para ser magistrados y la ANC haciendo leyes, cuando no esta facultada para ello!!!!!!” Esta vez respondí sin que hubiese ulterior reacción:

La ANC puede decidir cosas que no contravengan la Constitución. Art. 249: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la ANC. Entre estas decisiones pueden estar leyes compatibles con la Constitución. Y el asunto no es que en el TSJ o la ANC haya gente de conducta reprobable, sino que nosotros no tengamos conductas reprobables. La maldad de Hitler no excusa la mía. Cerré un artículo en mi blog (Conocimiento y opinión) con estas palabras: “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”. Nuestra autoridad moral para rechazar lo malo desaparece en cuanto nosotros hagamos lo malo.

Mucho opositor quiere emplear medios que condena en Nicolás Maduro. Guerra es guerra, razonan. Pero Barbara Tuchman asentó en The March of Folly:

Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente basada en la convicción de que “la virtud sin el poder”, como había dicho medio siglo antes un orador en el Concilio de Basilea, “sólo sería objeto de burla y que el Papa romano sin el patrimonio de la Iglesia sería un mero esclavo de reyes y príncipes”, que, en resumen, con el fin de ejercer su autoridad, el papado tenía que lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha mostrado a menudo, tiene un corolario: que el proceso de obtener poder emplea medios que degradan o brutalizan a quien los emplea, que despierta para darse cuenta de que aquél ha sido poseído a expensas de la virtud, del propósito moral.

………

Lo que no ha hecho Guaidó, como tampoco ninguno de sus predecesores (en la Asamblea Nacional y en la dirigencia opositora), es procurar el pronunciamiento del Pueblo, Poder Supremo del Estado, en referendo que pueda ordenar este desbarajuste. Le basta simular que lo involucra, que procura su participación en cabildos abiertos que no son tales y que exceden su nivel municipal al tramitar cuestiones de nivel nacional que se les arroje.

Sólo el Pueblo tiene el poder de resolver tan confusa y dañina situación de confrontación de poderes públicos, que están obligados por el Art. 136 de la Constitución a colaborar entre sí “a los fines del Estado”. (Ése es un artículo que no se toma en cuenta; es molesto, es inconveniente a los propósitos golpistas).

Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional. (Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

La dirigencia opositora se llena la boca de Pueblo para masticarlo y hacer lo que le dé la gana, así sea enteramente inconstitucional e inmoral. (Aparte de ineficaz). Que gobiernos extranjeros que no conocen nuestro ordenamiento constitucional hayan creído todo lo que les dice esa lamentable dirigencia no convierte sus desaguisados en aciertos. La “comunidad internacional” no tiene vela en este entierro, de exclusiva preocupación nacional. LEA

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Epidemia alucinatoria

 

Así se ve lo que no está

 

alucinar Del lat. allucināri. 1. tr. Ofuscar, seducir o engañar haciendo que se tome una cosa por otra. 2. tr. Sorprender, asombrar, deslumbrar. U. t. c. intr. y c. prnl. 3. tr. coloq. Arg. Fantasear, imaginar vivamente algo. Aluciné que viajaba por el espacio. 4. intr. Padecer alucinaciones. 5. prnl. Confundirse, desvariar.

Diccionario de la Lengua Española

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La siguiente perla, del diputado a la Asamblea Nacional Constituyente Gerardo Márquez, se refiere a la Asamblea Nacional que ahora preside Juan Guaidó: “Propongo que esa Asamblea y esa directiva, que está en desacato y que apoya las agresiones en contra de Venezuela, sea disuelta como lo establece la Constitución”.

¿Qué establece al respecto la Constitución Nacional?

Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: (…)  21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución.

¿Cuál es ese supuesto?

Artículo 240. La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votación no menor de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidenta Ejecutiva o de Ministro o Ministra por el resto del período presidencial. La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.

La Asamblea Nacional no ha causado la remoción del Vicepresidente Ejecutivo de la República ni una sola vez, mucho menos tres veces. El diputado Márquez ha puesto de manifiesto su ignorancia constitucional, y eso que se supone que el cuerpo al que pertenece redactará una nueva constitución (un proyecto que no entrará en vigencia hasta que el Pueblo la apruebe en referendo especialmente convocado a tal fin). El diputado Márquez desvaría, confunde, alucina.

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En otra asamblea, la “normal”, también se alucina. Esta vez el anuncio fue proporcionado por el diputado Luis Parra, militante de Primero Justicia:

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, informó que el Parlamento aprobó este martes un anteproyecto de Ley la cual rige la transición democrática, así como el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de cara al 10 de enero, fecha en la cual Nicolás Maduro se juramentará para su segundo periodo presidencial. En este sentido, el parlamentario destacó que “esto es una lucha que convoca a todo el país a través de la única institución legitima reconocida a nivel nacional e internacional”. Cabe destacar que esta Ley nace producto de la crisis constitucional sin precedente que atraviesa Venezuela; todo en el marco del colapso económico y social que está ocasionando la emergencia humanitaria compleja y la crisis masiva de refugiados y migrantes. (Primicias24).

Se conoce el texto de ese anteproyecto, que lleva por compacto título: Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su exposición de motivos se encuentra ya no una perla, sino un collar entero de ellas con varias vueltas. Por ejemplo, allí se lee:

…la ilegítima asamblea nacional constituyente organizó de manera apresurada un fraudulento evento político el 20 de mayo de 2018, pretendiendo celebrar las elecciones presidenciales que, en todo caso, han debido convocarse y efectuarse con al menos seis meses de antelación al vencimiento del período presidencial, de conformidad con el artículo 298 de la Constitución. Tal evento fue consecuencia de una abierta violación a los derechos humanos de contenido electoral y de la usurpación de las funciones del Poder Electoral y de la Asamblea Nacional, con lo cual, es jurídicamente inexistente, como ya esta Asamblea lo ha declarado con base en los artículos 25 y 138 de la Constitución.

¿Qué dice el Artículo 298? “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”. Ésa es la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que no dice nada al respecto y que no ha quedado modificada de ningún modo con la fijación de una fecha que no se opone a esa ley o la Constitución; sólo contradice la costumbre.

¿Qué dice el Artículo 25? “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. ¿Cómo viola o menoscaba derechos constitucional o legalmente garantizados una anticipación legal?

¿Y el Artículo 138? “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. Atendamos de inicio a un artículo más básico, al punto de ser nada menos que el noveno: “El idioma oficial es el castellano”. ¿Qué significa usurpar en nuestro idioma oficial, obligatorio? Una página web chilena lo explica muy bien:

La palabra usurpar viene del latín usurpare, que es un vocablo compuesto perteneciente al campo jurídico. Se compone de usus (derecho de utilización y goce que uno tiene sobre lo suyo) y la raíz compacta del verbo rapere (arrebatar, agarrar con violencia, robar). Es así como usurpar significa arrebatar, apoderarse de un derecho de uso que corresponde a otro.

El diccionario define:

usurpar (Del lat. usurpare.) 1. tr. DERECHO Apoderarse de una propiedad o derecho que por ley pertenece a otra persona, en general con violencia. 2. Quitar a una persona su cargo o su empleo y usar de ellos como si fueran propios.

¿A quién ha quitado el Sr. Maduro su cargo o su empleo? La Asamblea Nacional debiera encontrar una etiqueta distinta de usurpación.

Etiquetar es encasillar,​ describir a alguien o algo en una palabra o frase corta.​

Existen argumentos a favor de la etiquetación como fórmula necesaria en la comunicación,​ sin embargo, el uso del término tiende a remarcar el hecho de que etiqueta es una descripción aplicada desde fuera, más que algo intrínseco a la persona etiquetada; esto puede darse por varias razones:

Para provocar una discusión sobre cual es la mejor descripción

Para rechazar una etiqueta determinada

Para rechazar la idea de que la cosa etiquetada puede ser descrita mediante una frase corta.

Este último uso muestra como una descripción corta es reductiva y simplista. El uso de etiquetas está asociada al uso de estereotipos y puede tener los mismos inconvenientes.

(Wikipedia en Español).

En el Diccionario de la Lengua Española, que es la oficial: etiquetar 3. tr. Asignar a alguien o algo una etiqueta (‖ calificación simplificadora). Rehúsa que lo etiqueten como novelista superficial.

………

 

Lamento encontrar asimismo confusión en la Conferencia Episcopal Venezolana, reunida en su centésima undécima asamblea plenaria. Su exhortación final dice:

Como señalamos en nuestra Exhortación del 11 de julio de 2018, “reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo”. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho.

Bueno, acabo de despachar esas falsas premisas de las que se deriva una falsa conclusión, pero más adelante el documento expone:

En esta crisis política, social y económica, la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos, actualmente es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias. En efecto hace tres años (1-12-2016) el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, pidió que se restituyera cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución.

¿Por qué es un órgano con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias? ¿Porque fue compuesta en elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 organizadas por el Consejo Nacional Electoral, que dio los resultados y también organizó la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 y dio sus resultados? En cuanto a la solicitud de monseñor Parolin, fue la misma Asamblea Nacional la que cosió la camisa de fuerza que ahora le maniata, al producir la declaración de que era un “compromiso no transable” suyo “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. (Henry Ramos Allup, discurso inaugural como Presidente de la Asamblea Nacional, 5 de enero de 2016). Ese propósito no tiene fundamento constitucional, no es prerrogativa de la Asamblea Nacional procurar la cesación del gobierno y por tanto no podía ser en ningún modo un “compromiso no transable” de ese órgano.

Traté de impedir que errores como ésos se cometieran. El 6 de los corrientes envié a un destacado obispo y a un común amigo, quien a su vez las dio a conocer a otros dos importantes miembros de la CEV, unas notas—Misiva a un obispo _ Dr. POLÍTICO—que precontradecían lo citado, anticipando su retórica. Eso no resultó.

Veremos qué pasa con el gobierno a partir de mañana. Para mí que es la Asamblea Nacional la que tiene nombre de telenovela: La usurpadora. LEA

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El bodrio de ANCO

 

Ofrenda navideña de ANCO

 

bodrio De brodio, y este del germ. *brod ‘caldo’. 1. m. Caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos. 2. m. Guiso mal aderezado. 3. m. Sangre de cerdo mezclada con cebolla para embutir morcillas. 4. m. coloq. Cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto. Esa película es un bodrio.

Diccionario de la Lengua Española

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No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

La salida – 21 de febrero de 2014

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Hace cuatro días, la Alianza Nacional Constituyente “Originaria” (ANCO) ofreció al país un grandilocuente (y mal escrito) comunicado que cierra con una cita en carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander:

En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.

Ya ese cierre permite un juicio sumario del documento de ANCO, pero primero cabe observar lo siguiente: en mensaje electrónico mío, por supuesto menos importante que aquella carta, enviado a alguien más importante que yo el 29 de mayo de este año, expuse:

La Alianza Nacional Constituyente se ha rebautizado a sí misma: ahora quiere ser conocida como Alianza Nacional Constituyente Originaria. Para esa asociación existen “constituyentes originarias”, pero esa creencia es un error de gran bulto, que ya señalé a Blanca Rosa Mármol en visita que me hiciera en compañía de su esposo el 20 de diciembre de 2016. No existen asambleas constituyentes “originarias”; lo único originario es el Pueblo, como le expliqué paciente y abundantemente sin que ella atinara a refutar mi argumentación. Poco después decidí escribir Proyectos anti Maduro (29 de diciembre de 2016), “la exposición y comentario crítico de 15 proposiciones para la cesantía anticipada del presidente Nicolás Maduro”. En esa ocasión, ofrecí tal comentario crítico como documento descargable en formato .pdf, pero el 18 de enero de 2017 transcribí su largo recuento en Licitación Abajo Maduro, donde reproducía parte de comunicación mía a Felipe Pérez Martí (preservando su nombre en reserva) de diciembre de 2016, unos días antes de la visita de Blanca Rosa: “Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario”.

Es convicción errónea de ANCO que una constituyente “originaria” es la convocada por iniciativa popular, contemplada en el Art. 348 de la Constitución: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”.

Tal como se evidencia del artículo citado, no hay diferencia alguna entre una constituyente convocada por el Presidente de la República y otra que se convoque por iniciativa popular. Creer que la que se derive de esta última es una constituyente “originaria” es una crasa equivocación, una lectura falsa e interesada. (Por cierto, la exmagistrada Mármol opinó que era inválida la convocatoria hecha por Maduro no porque dejara de provenir de un referendo previo—lo que la Constitución no exige para nada—, que fue la tesis de Brewer Carías expuesta el mismo 1º de mayo de 2017 a CNN, acogida por la MUD y luego, lamentablemente, por la CEV, vendida a buena parte de la comunidad internacional en inauguración del adjetivo “fraudulento” y el adverbio “fraudulentamente”, sino porque Maduro era ¡un presidente de facto! dado que la Asamblea Nacional había decretado (delirantemente) su abandono del cargo.

Lo sumario es esto: Bolívar habla de “devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social”. ANCO se suma a quienes ignoran la proposición reiterada de convocar al Pueblo, el Poder Supremo del Estado (como Bolívar parecía tener claro), para que se pronuncie en referendo y decida los asuntos cruciales de esta hora. Para los directivos de esa “alianza”, son ellos—una vez electos diputados constituyentes—quienes deben decidir, no el Pueblo.

………

En su comunicado, la proposición de ANCO se contrae a lo siguiente:

…solicitamos al Legitimo TSJ la designación en el momento que corresponda a los mejores intereses de la Nación, de una JUNTA  DE UNIDAD NACIONAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA, con poderes amplios y suficientes para arbitrar, ejecutar y lograr un proceso de recuperación de las libertades y la democracia en Venezuela. Dicha Junta debe estar integrada por destacados ciudadanos de meritoria trayectoria profesional provenientes de la Sociedad Civil, Instituciones Universitarias, Academias, Iglesias, Gremiales, Asamblea Nacional, Militares en situación de retiro, dispuestos a prestar este honroso servicio a la Nación.

Por supuesto, ese “Legítimo TSJ” fue formado por la Asamblea Nacional en desconocimiento de la imprescindible participación (Constitución Nacional, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) del Poder Ciudadano en su nombramiento. Por lo contrario, es radicalmente ilegítimo, es claramente fraudulento. Más aún, la junta propuesta por ANCO es enteramente anticonstitucional, a pesar de lo cual los proponentes caracterizan al gobierno presidido por Nicolás Maduro, para desconocerlo, como violatorio de la Constitución. No es esa junta que la Constitución ignora quien puede convocar al pueblo a referendo.

Para que esté claro: más adelante, el comunicado detalla que ella “se aboque de inmediato a organizar y convocar a la Soberanía Popular con apoyo de la Comunidad Internacional, para que en ejercicio del Principio de Autodeterminación de los Pueblos acuda a una Gran Consulta Popular, a nivel nacional y el exterior, sin el CNE, art.70 constitucional, para definir el proceso de cambio estructural para la refundación de  la República y reinstitucionalización del país”. Si se censura en el gobierno la violación de la Constitución, ésta sólo establece que quienes pueden convocar a un referendo son el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por mayoría simple y un 10% de los electores venezolanos. Así reza el Artículo 71 de la Constitución, que para nada menciona una “junta de unidad”, y la “comunidad internacional” no tiene vela en ese entierro. Sí la tiene, naturalmente, el Consejo Nacional Electoral del que ANCO quiere prescindir; a pesar de la redacción del Artículo 70—”Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas…—, una consulta popular no es otra cosa que el referendo especificado en el siguiente artículo, y corresponde al CNE “La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”. (Artículo 293, Numeral 5). Dicho sea de paso: “El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad”. (En Wikipedia, énfasis de este blog). Es decir, al invitar ANCO a la tal “comunidad internacional” contradice el principio de autodeterminación de los pueblos, que se define esencialmente como determinación nacional sin injerencias externas.

………

Con una pobreza argumental inexplicable, el comunicado de marras resucita la especie, jamás probada—es principio universal de Derecho Penal que la carga de la prueba recae en quien acusa—, de que el Sr. Maduro posee una doble nacionalidad. La Registraduría Nacional de Colombia ofició a nuestra Asamblea Nacional, a mediados de 2016, certificando que Maduro no aparece en sus registros como nacional colombiano, luego de que ella misma certificara antes, como fraudulentamente forjada, una “partida de nacimiento” que presentara el exembajador ante la OEA por Panamá, Guillermo Cochez:

El exembajador de Panamá—¡qué casualidad!—ante la OEA, Guillermo Cochez, presentó a la cadena colombiana NTN24—¡qué casualidad!—una presunta partida de nacimiento del presidente Maduro y declaró irresponsablemente: “Maduro nació en Cúcuta el 22 de noviembre de 1961 y no en Caracas”. Poco después, la Registraduría de Colombia investigó el documento presentado por Cochez y llegó a la conclusión de que era falso, según informó Carlos Alberto Arias, Director Nacional de Identificación, quien señaló varias inconsistencias e irregularidades en la “prueba” de Cochez. (Disección de una “mancheta” necia).

Con igual pobreza aduce ANCO que Maduro ya no está en ejercicio de su cargo presidencial, desde que la AN presidida por Julio Borges declarara el 9 de enero de 2017 su falta absoluta ¡por abandono del cargo! En Licitación Abajo Maduro (18 de enero de 2017):

Sobre este extravío apuntaba el 1º de noviembre la web de la BBC de Londres:

Aunque los diputados opositores hablan de un “juicio político” al presidente, esa figura como tal no existe en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde el parlamento destituyó en agosto a la presidenta Dilma Rousseff. (…) Algunos expertos tampoco creen que sea una figura correcta ni que vaya a tener algún efecto. “Yo creo que el abandono del cargo no procede”, afirma a BBC Mundo el profesor de Derecho Constitucional Pedro Afonso del Pino. “El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo“, asegura Del Pino.

Más adelanto puso:

Según el cronograma previo al proceso de diálogo entre gobierno y oposición iniciado este domingo, la idea de los líderes opositores era entregar este jueves a Maduro, al menos simbólicamente, la notificación de “abandono del cargo” en la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores. Ahora, sin embargo, tras el inicio del diálogo con la mediación del Vaticano, la decisión sobre el abandono del cargo se aplazó y también quedó suspendida la manifestación que su destino final será Miraflores. Y si finalmente se aprueba, es posible que el TSJ invalide el documento.

Se trata de un caso más de holgazanería política.

La ritual alusión al Artículo 333 de la Constitución—Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella—escamotea que la primera oración se refiere a un golpe de Estado (y Maduro no ejerce la Presidencia de la República por uno), así como deja de reconocer que si ha habido más de una violación de la Constitución, por el propio Tribunal Supremo de Justicia en 2008 (ver Violación denunciada) o en el caso del nombramiento del ilegítimo TSJ en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes—ver A un corresponsal no identificado, 5 de junio de 2018—, nunca ha sido derogada. (derogar Del lat. derogāre. 1. tr. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española).

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En síntesis, no se ha probado la doble nacionalidad de Nicolás Maduro, éste no ha abandonado su cargo, el TSJ en el exilio no es “legítimo” y la propia Alianza Nacional Constituyente “Originaria” no es esto último porque no existen constituyentes originarias. La que actualmente opera fue convocada legítimamente por el Presidente en Consejo de Ministros (Artículo 348), y en virtud del segundo parágrafo del constitucional  Artículo 349—”Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”—decidió ordenar elecciones presidenciales que el Consejo Nacional Electoral convocó y organizó para el 20 de mayo de 2018* sin contravenir la Constitución, la que no especifica fecha para la celebración de las mismas.

¿El comunicado de ANCO? Un verdadero bodrio. LEA

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*Nelson Bocaranda anticipó—Runrún de alerta—inminentes procesos electorales en octubre de 2017: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?)” La dirigencia opositora no hizo caso de su advertencia.

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