Sobre la sucesión

 

La popular telenovela brasileña

 

La cota de dos mil entradas en este blog se alcanzó ayer con La condición Machado; ésta es la 2.001, esta entrada es por tanto la odisea del espacio. Se inserta para despejar dudas que se formaran a raíz de la primera nota al pie de la anterior, que comentaba posibilidades de la sucesión de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República; algunos amigos me llamaron, sorprendidos de que hubiera redactado lo siguiente:

A menos que nombre a otro Vicepresidente antes de renunciar, lo que sería lo menos costoso. Por ejemplo, a la misma María Corina Machado. Ya el suscrito la postulaba a ese cargo el 12 de febrero de 2004: “Cualquier Presidente de la República contaría en ella con una Vicepresidenta de lujo”. (LEA #73).

Hace trece años, Súmate organizaba y superaba los numerosos obstáculos del referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez; por la época, exhibía una superior altura política al ofrecer sus servicios al partido oficialista:

Durante la tortuosa travesía de la oposición venezolana entre 2002 y 2004, la actuación de Súmate y su líder más connotada fue poco menos que impecable. Las declaraciones de Machado siempre fueron claras, pertinentes y aplomadas. Alguna vez se dio el lujo de ofrecer los servicios de Súmate al Comando Maisanta, para ayudarlo en la organización de las elecciones internas del Movimiento Quinta República. Así consolidó una imagen de excelencia profesional, respetuosa del liderazgo de la Coordinadora Democrática, a la que prestó el brazo técnico que esa cúpula opositora requería. En el #74 de esta carta, del 19 de febrero de 2004, se afirmaba: “Súmate es el núcleo vital de la nueva organización política que necesitamos. Ella merece mejores estrategas”. (Carta Semanal #140 de doctorpolítico, 2 de junio de 2005).

Las cosas han cambiado desde que suponíamos que Chávez perdería ese referendo. (Proponía en aquel momento la dupla Petkoff-Machado, como un ticket de la política estadounidense que pone en campaña al candidato a Presidente y el escogido por éste como su Vicepresidente; es decir, la proponía a Petkoff).

Desde tales fechas, han ido aumentando mis diferencias con la Sra. Machado, aunque no haya disminuido mi respeto por ella y sus obvias capacidades ejecutivas. En las emisiones #88 y #89 de Dr. Político en RCR, del 29 de marzo y 5 de abril de 2014, me ocupé de defenderla ante los ataques de Diosdado Cabello y la errada sentencia en su contra de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que la despojó de su investidura de diputada a la Asamblea Nacional. El 18 de noviembre de ese mismo año se grababa en Radio Caracas Radio una conversación del suscrito con Nehomar Hernández, para una edición especial de Y así nos va que la emisora transmitiría el siguiente 30 de diciembre; en esa ocasión opiné que no convenía al país que la Sra. Machado fuese la sucesora de Nicolás Maduro. Éste es el fragmento de audio pertinente:

Mi opinión en este punto no ha variado. El nombre de la aguerrida máxima dirigente de Vente Venezuela fue señalado en el tema sucesoral como posible Vicepresidente Ejecutiva a título de ejemplo, dado que la entrada doble milésima se originara en sus declaraciones de anteayer, recogidas en su segundo párrafo: “Aceptaremos un diálogo y una negociación verdadera y genuina sólo en el caso para establecer los términos, las condiciones y las garantías para la salida de Maduro y sus mafias del poder”. Sigue siendo verdad que, antes de renunciar, Nicolás Maduro pudiera escoger un Vicepresidente Ejecutivo que sustituya a El Aissami y fuese un estadista competente que pudiera ser tolerado tanto por el PSUV como por la MUD para gobernar hasta el 10 de enero de 2019. Nada sería más rápido y barato, y pudiese ser lo que más convenga superponer un administrador solónico a la crisis. LEA

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La condición Machado

 

No sirve el diálogo si no conduce a acuerdo

 

A la tercera va la vencida es un refrán que evoca el esfuerzo. Se utiliza cuando algo no se consigue al primer intento sino que es necesario probar de nuevo y con más esfuerzo.

El granero del Tío Casiano

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Una tercera e incipiente oportunidad de diálogo y acuerdo entre los adversarios políticos de Venezuela—luego de los infructuosos amagos de 2014 y 2016—se construye ahora en suelo dominicano, gracias a recientes intervenciones de la cancillería francesa y el tenaz esfuerzo de José Luis Rodríguez Zapatero. Las decisiones a tomar e instrumentar no han variado: un tratamiento concertado a la crisis económica y la apertura a la ayuda humanitaria exterior, la liberación de presos políticos, la recuperación de la eficacia de la Asamblea Nacional, como parte del mutuo respeto entre éstos y la obligación constitucional (Artículo 136) de colaboración de los poderes públicos nacionales… y el nudo del problema, que no es otro que el pronto término del mandato de Nicolás Maduro.

María Corina Machado ha dicho ayer: “Aceptaremos un diálogo y una negociación verdadera y genuina sólo en el caso para establecer los términos, las condiciones y las garantías para la salida de Maduro y sus mafias del poder. Éste es el único diálogo, la única negociación que los venezolanos aceptamos hoy”. ¿Cómo imagina la infatigable lideresa que esto puede lograrse?

En una mesa de negociación lo único que pudiera pactarse sería la renuncia de Nicolás Maduro, y esta posibilidad conduce a que el Vicepresidente Ejecutivo en funciones, hoy Tareck Zaidan El Aissami Maddah, asuma la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual período constitucional*. (Parágrafo último del Artículo 233 de la Constitución: “Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo”). La propia Sra. Machado rechazó la celebración de un referendo revocatorio presidencial después del 10 de enero de este año, por cuanto llevaría precisamente a ese resultado, y no puede pactarse una nueva elección presidencial en la República Dominicana ni en ninguna otra parte del mundo, puesto que así se contravendría la Constitución.

Pero tenemos en Venezuela un poder que está por encima de la Constitución. “El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente: ¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016)**.

¿Quiénes pudieran convocar a ese referendo? Para empezar, nosotros mismos, mediante la expresión de voluntad de 10% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, o unos dos millones de nosotros; se trataría de un esfuerzo considerable y lento que además tendría que sortear la burocracia del Consejo Nacional Electoral—actualmente sobrecargado de compromisos y tecnológicamente disminuido—y las posibles triquiñuelas tribunalicias que ya paralizaron el esfuerzo revocatorio de 2016. Dos poderes quedan con potestad suficiente para la convocatoria: la Asamblea Nacional, que aún viste la camisa de fuerza que le ha impuesto el Tribunal Supremo de Justicia por su desacato a la Sala Electoral, incapacitada hasta que resuelva ese problema, y el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Es el compromiso garantizado de Nicolás Maduro Moros a convocar esa exacta consulta lo más importante que la oposición puede obtener en la patria chica de Billo Frómeta. ¿Qué debe obtener a cambio el Presidente, aparte de esta oportunidad de relegitimarse? La Asamblea Nacional, ya no la Mesa de la Unidad Democrática, puede ofrecer lo siguiente:

La Asamblea Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, anulará su declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año, por cuanto éste se encuentra evidentemente en su pleno ejercicio, y procederá a anular su Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos del 21 de marzo de este año, y reconoce que el Presidente de la República, en uso de la facultad expresa del numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución puede denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos sin autorización parlamentaria o enmienda constitucional, por cuanto ella no es un convenio “relativo a derechos humanos” y tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni sus posteriores protocolos, todos anteriores a la Constitución Nacional, contienen definiciones de esos derechos que sean “más favorables” a las establecidas en ella. Adicionalmente, en uso de la facultad establecida en el Numeral 5 del Artículo 187 de la Constitución, procederá a redactar un razonable decreto de amnistía. Por último, procederá a anular el nombramiento que hiciera de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. (El cántaro al agua).

Digo, si es que cree que es su obligación hacia los venezolanos que la eligieron dejar su propia terquedad atrás para construir una salida en paz. LEA

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*A menos que nombre a otro Vicepresidente antes de renunciar, lo que sería lo menos costoso. Por ejemplo, a la misma María Corina Machado. Ya el suscrito la postulaba a ese cargo el 12 de febrero de 2004: “Cualquier Presidente de la República contaría en ella con una Vicepresidenta de lujo”. (LEA #73).

**Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación. (Prontas elecciones).

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El problema

 

Presión desde ambos lados

 

El país que sufre agudos dolores y privaciones está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo! Pobre país.

Etiqueta negra, 11 de abril de 2016

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La misma idea del epígrafe fue expresada hace cinco años en Las élites culposas (mayo 2012): “Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre”.

La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país; habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. Este mal se superpuso a una previa y crónica condición patológica: la insuficiencia política de los actores que precedieron a la nueva hegemonía roja. (Se habla de insuficiencia cardiaca, renal o pulmonar cuando el corazón, los riñones o los pulmones no hacen su trabajo apropiadamente; si la función de los actores y sistemas políticos es la de resolver los problemas públicos—aquellos que no pueden ser resueltos por la interacción civil o mercantil—cuando no lo hacen reiteradamente puede hablarse con propiedad de insuficiencia política).

De una presentación en Seguros Nuevo Mundo, enero 2008

 

El origen de la insuficiencia

 

Los pedúnculos del tumor

(Sobre El discurso salvaje: Ficha Semanal #46 de doctorpolítico, 17 de mayo de 2005).

No es una presunta maldad de los actores políticos convencionales la explicación de la insuficiencia política:

Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio in­telectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los ver­daderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. (…) Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de enten­der la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experien­cias y conocimientos distintos. Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aún en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa. Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políti­cas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos. (Proyecto SPV, febrero de 1985).

El problema no es nuevo, puesto que ya se lo diagnosticaba hace treinta y dos años. Treinta y tres años al menos hace que los electores nos percatábamos de que algo sistémico andaba mal con la polis venezolana. En agosto de 1984, la encuestadora Gaither había detec­tado un súbito movimiento de opinión, respecto de encuestas anteriores, en la identificación de un “mejor partido”; comparó los resultados obtenidos ese mes—con la pregunta “¿Cuál es el mejor partido?”—con los de agosto de 1974 (primer año de gobierno de Pérez), septiembre de 1979 (primer año de Herrera) y octubre de 1983 (dos meses antes de las elecciones presidenciales de ese año, que llevarían a Lusinchi a la Presidencia). Los siguientes datos dan los porcentajes de personas que respondieron “ninguno” (entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros) y que no opinaron.

Una pregunta reiterada

 

Para la época comenté: “Como puede verse, el total de personas que no logra identificar un mejor partido entre las opciones disponibles experimentó un salto brusco equivalente a 16% más de los encuestados que en veces anteriores. Este fenómeno es muy similar a los movimientos de opinión que están siendo observados en otras latitudes. Por ejemplo, en España el gobierno ha perdido puntos sin que tal pérdida haya significado un aumento de puntos en la opinión favorable al principal partido de oposición. La población representada por tales puntos de porcentaje se queda en una especie de ‘limbo’, según la expresión de la revista Cambio 16. Asimismo, L’Express realizó una encuesta sobre las elecciones legislativas de 1985 en Francia. Las dos terceras partes de los encuestados opinaron que las elecciones serían ganadas por la oposición, mientras que más de las tres cuartas partes cree que la oposición ganará por descrédito del gobierno socialista”. (Proyecto SPV, Nota 1, febrero de 1985).

¿Cómo respondía el liderazgo partidista a este desplazamiento tectónico en la opinión? El 7 de junio de 1986 declaraba Pedro Pablo Aguilar, el Secretario General de COPEI, a El Nacional: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”. No era que los partidos estuvieran a espaldas de la realidad del país; ellos lo hacían bien, y señalar sus errores era hacer “antipolítica”:

Leopoldo Castillo creyó ver—A través de la mordaza—, en la crítica de la sociedad española a los principales partidos políticos de su país, un grave peligro: que España siga un camino parecido al venezolano, en el que el descrédito de Acción Democrática y COPEI habría abierto la puerta a la llegada del chavismo en las elecciones de 1998. Lo malo no fue, según Castillo, que AD y COPEI se portaran mal sino decirlo; no la sordera de los políticos sino la locuacidad de quienes nos atrevimos a criticarlos. (…) Es realmente irónico que quienes fueron los principalísimos responsables de la llegada de Hugo Chávez Frías a Miraflores quieran cargar la culpa a los que se preocuparon de advertir a tiempo la necesidad de corrección, que pretendan pasar factura a Ibsen Martínez y RCTV por la transmisión de un registro de la realidad: la magnífica telenovela Por estas calles. El pasticho socialista del chavismo-madurismo es, por supuesto, una trasnochada y pretensiosa ilusión, una receta que no puede traer sino fracaso, pero es igualmente desandado el acatamiento irreflexivo a una Mesa de la Unidad Democrática que en materia de fracaso es experta. (A llorar p’al valle, 8 de agosto de 2013).

El 19 de marzo de 2009 me permití argumentar así: “Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. (¿Cómo puede ser uno territorial en Internet? ¿Quién es su jefe?) El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta”. (Política natural).

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La Mesa de la Unidad Democrática es la única hija de su difunta madre, la Sra. Coordinadora Democrática, de triste memoria; esencialmente, se trata del mismo liderazgo que trajo a Chávez al poder. He aquí una comparación de sus composiciones a las alturas de octubre de 2012:

Mapas genéticos de madre e hija única y heredera

 

Para el 19 de agosto de 2004 (5 días después del revocatorio contra Chávez), podía decirse de la Sra. Democrática (que hasta tuvo entonces a Jesús Torrealba como vocero) estas cosas:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos. Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia. El Informe Stratfor, publicación electrónica norteamericana, a todas luces conservadora, insospechable de chavismo, dictaminó de ella, lapidariamente, el pasado 6 de agosto: “Afortunadamente para Chávez, si hay algo que la oposición venezolana ha demostrado es que es estratégicamente torpe, profundamente impopular y moralmente cuestionable”. Nunca hemos sido tan implacables con la dirigencia opositora autoungida en esta publicación, aunque ya antes hemos hecho algunas caracterizaciones por las que la considerábamos constitucional o genéticamente impedida de producir lo que fue necesario y no se hizo, a pesar de reiteradas y longevas advertencias y recomendaciones. En el fondo del problema hay una raíz paradigmática: sus más connotados directivos operan, como Chávez, dentro del paradigma de la Realpolitik, el que propugna que la política es en realidad la procura del poder mientras se impide que el adversario lo asuma. Ellos creen, la mayoría honestamente, que “la política es así”, y desechan cualquier otra conceptualización, por ejemplo una según la cual la Política es el arte u oficio de resolver problemas de carácter público. (…) Ayer decía un editorial en The New York Times: “Es hora de que los opositores del presidente Hugo Chávez dejen de pretender que hablan por la mayoría de los venezolanos. No lo hacen, como el fracaso de un referendo revocatorio, promovido por la oposición, demostrara decisivamente el domingo. (…) El periódico neoyorquino se apresura a aclarar: “La clase de democracia del Sr. Chávez no es una que esta página apruebe. Está afectada por acaparamiento de tribunales, intimidación judicial de oponentes políticos y discursos demagógicos y fraccionalistas, incluyendo la frecuente e inflamada demonización de los Estados Unidos, el mayor cliente petrolero de Venezuela”. Y al final regresa sobre la oposición: “La oposición, entretanto, necesita dejar de cantar foul. Condujo una campaña referendaria generalmente inepta, fallando en unirse en torno a un único y creíble retador del Sr. Chávez y fallando en distanciarse adecuadamente de las políticas oligárquicas del desacreditado pasado. Una sana democracia venezolana requiere no solamente un Sr. Chávez menos divisionista. También requiere una oposición más realista y eficaz”. (Bofetada terapéutica, Carta Semanal #100 de doctorpolítico).

Ayer ocurrió (o, más bien, no ocurrió) lo siguiente:

Este martes 29 de agosto la Asamblea Nacional tenía pautado en la agenda discutir los casos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, y como en otra oportunidad en la discusión sobre casos de corrupción, no hubo quórum. Julio Borges, presidente del Parlamento, informó que debido a que a la sesión solo acudieron 55 diputados no se pudo llevar a cabo la discusión. Borges solicitó a la Secretaría del Parlamento hacer pública la lista de los legisladores que no acudieron, para que el país tenga conocimiento de lo sucedido. En este sentido expresó: “Voy a solicitar a Secretaría que haga pública la lista de los ausentes para que el país nos ayude a presionar y los diputados entiendan que tienen que venir a la sesión de la Asamblea, es nuestro deber”. (…) También es relevante mencionar que el pasado 24 de agosto, sólo 33 parlamentarios asistieron a la sesión que tenía como objetivo debatir las denuncias de corrupción realizadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

 

También ayer se conocía esta noticia, proporcionada por Walter T. Molano, de BCP Securities LLC:

There are several rumors and wire reports that Chinese state-owned banks may launch a buyback of Venezuelan short-dated maturities. None of the rumors were verified by officials sources. However, having just visited Beijing and met with individuals with senior government connections who are involved in Latin American affairs, the rumors seem to make sense. The Chinese are concerned about the situation in Venezuela and what a default will mean for the country’s ability to deliver oil. They also believe that the opposition is too divided and weak to take control of the government. Hence, they think that the Maduro government is here to stay. However, they are reticent to give additional direct assistance. The debt load has been reduced to $20 billion, and Beijing has space to increase its exposure to Venezuela. Buying back the short term debt would avoid giving money directly to a corrupt government, while helping it to avoid default.

Es decir, parece estar en el interés de los chinos conjurar el peligro de cesación de pagos por parte de Venezuela, y también parece ser su previsión que la oposición venezolana no podrá hacerse con el control del Estado, y si creen que “el gobierno de Maduro está aquí para quedarse”, eso pudiera significar no sólo hasta el 10 de enero de 2019, sino para al menos el siguiente período. A pesar de esto, algún conocido festejaba las más recientes sanciones del gobierno de Donald Trump ¡en términos morales! La misma persona me había escrito el año pasado, como le recordé: “La buena noticia es que la crisis continúa” (!). Esta vez repuse: “Me escribiste que como era bueno que el gobierno pasara trabajo, era bueno que la gente sufriera y creciera el descontento y la protesta. Eso fue, clarísimamente, lo que querías decir”. Y ya que había sustentado las últimas sanciones de Trump sobre bases morales, le añadí las palabras de Isaac Asimov: “Nunca permitas que tu sentido de la moral te impida hacer lo que es correcto”.

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El desempeño más reciente del liderazgo opositor profesional es verdaderamente insatisfactorio. Luego del impresionante logro de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de 2015—cinco días antes Juan Pablo Olalquiaga profetizaba: “El reto de la Asamblea va a ser voltear la la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente”—, la secuencia posterior ha sido desastrosa: el mismo día de la instalación de la Asamblea (5 de enero de 2016), su Presidente presentaba como “compromiso no transable” del cuerpo encontrar en seis meses una forma de causar la cesación del gobierno; luego se ocuparía de retirar altaneramente retratos de Chávez y el Bolívar afrodescendiente del Palacio Legislativo, mientras desatendía la Ley Orgánica de Estados de Excepción y permitía el gol del primer decreto de Maduro sobre emergencia económica, que consagraba la explicación de la “guerra económica” a la gravísima situación nacional. De seguidas, boicoteó el esfuerzo revocatorio, logrando que comenzara con tres meses de retraso; estaba muy ocupado con lo de la presunta nacionalidad colombiana de Maduro, que la Registraduría Nacional de Colombia no reconoce. También prefirió “no arrodillarse” ante el Tribunal Supremo de Justicia antes que recuperar la eficacia de la Asamblea como poder; habría bastado oficializar la desincorporación de los diputados de Amazonas que la solicitaron el 15 de noviembre de 2016. Su sucesor, Julio Borges, se inició temprano con la declaratoria de que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! un día antes (9 de enero) de que venciera el plazo para que una falta absoluta del Presidente causara una elección presidencial dentro de los siguientes treinta días. Tan no creyó en su propio juicio que no ofició al Consejo Nacional Electoral mandando la elección. Su última ocurrencia fue nombrar magistrados a unos cuantos ingenuos que han debido exiliarse para huir de la prisión, sin que los legisladores puedan protegerlos. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, después de un centenar de muertos, ya la MUD no organiza protestas y cada vez menos gente atenderá sus convocatorias.

A otras personas escribí: “La falta de quórum en la AN, más lo de BCP Securities, implica que es necesarísimo poner en juego una contrafigura de Maduro que no provenga de la MUD. El deterioro de la dirigencia opositora es imparable”. Lo ideal sería promover a alguien con un discurso de nivel superior al ideológico (capaz de anular la narrativa oficialista por superposición antes que por mera acusación), que no entienda la política como mera lucha por el poder, con trayectoria ejecutiva comprobadamente exitosa y dominio del “verdadero arte del Estado” (Alexis de Tocqueville): “una clara percepción de la forma como la sociedad evolu­ciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro”.

Tal vez exista. LEA

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La usurpadora

La ANC y su cliente presidencial

 

La usurpadora es una telenovela de Venezuela de los años 1970. Fue realizada por la televisora venezolana RCTV en el año de 1971 y fue protagonizada por Marina Baura (en el papel de las gemelas Alicia Estévez y Rosalba Bracho) y Raúl Amundaray como Daniel Bracho.

Wikipedia en Español

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usurpar Del lat. usurpāre. 1. tr. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. tr. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios.

Diccionario de la Lengua Española

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La asamblea que ahora preside Delcy Rodríguez sufre una grave confusión: se cree “originaria” y superior a la Constitución. Ayer da cuenta la web de El Universal de una ampliación de los estatutos de la operante Asamblea Nacional Constituyente, dudosamente elegida: “El primer artículo de los estatutos establece que los Poderes Públicos están subordinados a la ANC y, en ese sentido, cumplirán y harán cumplir los actos jurídicos y acciones que de allí se [sic] emanen. Asimismo, indica que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 se mantiene vigente en todos aquellos artículos que no contradigan los actos jurídicos y decisiones de la ANC”.

Una vez creada en la Constitución de 1999, una constituyente fundada en su normativa no puede ir más allá de ella, no puede arrogarse facultades que ese texto no le confiere, y éste no dice en ninguna parte que los poderes públicos le están subordinados. Dice el Artículo 349 que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, pero estas decisiones no pueden contradecir la Constitución. La locura es que ahora Delcy y sus compinches sostienen que ¡es la Constitución lo que no puede contradecirlos!

Claro que el verbo poder se conjuga acá en sentido jurídico; “no pueden” se entiende acá en el sentido de “no deben”. Si cruzo caminando la calle fuera del paso de peatones, tal vez escuche a un policía que me reconvenga: “¡Señor! ¡Ud. no puede cruzar la calle por ahí!”, y si yo quisiera buscarme problemas respondería: “Ud. querrá decir que no debo, porque de poder pude”. Hace tiempo que los bulliciosos diputados constituyentes se han salido del rayado.

Los primeros actos de la constituyente-Rodríguez exceden sus facultades, están matando a su propia madre. Aparentemente, Herman Escarrá le ha soplado a Delcy que el Artículo 5 de la Constitución les contradice a ambos cuando declara que la soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. “Eso no puede mantenerse vigente; nosotros somos el poder soberano”, le habrá dicho. Pero la Constitución misma no es un poder público, no la obliga su propio Artículo 349, y la constituyente no es el Pueblo.

Para usurpar es preciso confundirse. LEA

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Versión sinóptica

 

“No tengo tiempo para escribir corto”. Winston Churchill

 

A LBZ, AAM y MPG, los quejicas

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…destituir un funcionario, como la fiscal Ortega Díaz, no es ni “transformar al Estado” ni “crear un nuevo ordenamiento jurídico”, mucho menos “redactar una nueva Constitución”.

Catecismo constituyente

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Más de un amigo se queja de que escribo largo (aunque la importancia del tema lo requiera), y Catecismo constituyente ocupa seis páginas tamaño carta. (Leer les es más exigente que marchar varios kilómetros en protesta). Acá reproduzco una versión sinóptica reducida a la tercera parte:

La “necesidad” de una asamblea constituyente emerge cuando se estima necesario implantar conceptos o principios constitucionales que no pueden ser obtenidos por transformación de la constitución existente mediante enmiendas o reformas. Para esto último existen los procedimientos pautados en la constitución; es cuando se trata de algo radicalmente nuevo—por ejemplo, la fusión de Venezuela en una integración política superior que establezca otra nación—que se percibe como necesario un procedimiento extraordinario.

La teoría postula que los órganos para el trámite ordinario de enmiendas y reformas son una creación de la constitución, y por tal razón mal podrían alterarla con tal radicalidad. Dicho de otro modo, la Asamblea Nacional no podría cambiar por otra distinta la Constitución que la ha creado sin perecer. No podría negar a quien le ha dado el ser.

Una constituyente es sólo un método para arribar a una nueva constitución. Pero no es el único; como es sólo el Pueblo el Poder Constituyente, podría presentársele directamente a referendo una constitución enteramente redactada por una persona o grupo de personas, puesto que el acto constituyente decisivo es la aprobación por el Pueblo de una nueva constitución, no la redacción misma. No hay nada mágico o ineludible en una asamblea constituyente si lo que se requiere es arribar a una nueva constitución.

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La piedra angular de la constitucionalidad venezolana reciente fue colocada en sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999. Ella definió la doctrina fundamental de que el Pueblo, por su carácter de Poder Constituyente Originario es el Poder Supraconstitucional, no limitado por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); el Pueblo está únicamente limitado por los derechos humanos y por los tratados en los que haya entrado válidamente la República con soberanías equivalentes de otras naciones. Adicionalmente, la Corte asentó que no todo lo que es constitucional se refleja en una constitución concreta, que el reino de lo constitucional no se agota en ninguna constitución específica.

Ésta condición de supraconstitucionalidad es intransferible. (Art. 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). El ejercicio indirecto de la soberanía no la transfiere, y por tanto una asamblea constituyente no es soberana; ella sólo tiene por misión (Art. 347) la de “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Al Estado se lo transforma y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no entra en vigencia hasta que el Pueblo la aprueba en referendo. (Disposición Final de la Constitución de 1999: “Única. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”).

No es mentís de ese concepto fundamental que la Constitución tenga un décimo capítulo (De los deberes) con seis artículos; éstos obligan a los ciudadanos individualmente considerados, no al conjunto político como un todo del Poder Supraconstitucional, que no está limitado por ella.

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No existen asambleas constituyentes “originarias”. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario, y esto desmonta la idea chavista de constituyente, enteramente equivocada. Eso es lo que dejó pasar la aberración de la Preeliminación del Senado en 1999 (¡antes de que la nueva Constitución estuviera en vigencia!) sin ser protestada. Ese abuso fue “justificado” a posteriori en el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién se incapacita para “impedir las decisiones” de la constituyente? De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sieyès). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, como Poder Supraconstitucional, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

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La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio. Igualmente tiene el Pueblo poder más que suficiente para anular todas y cada una de las decisiones de esa asamblea contraria a la voluntad mayoritaria nacional.

El Artículo 349 no nos obliga; nosotros sí podemos impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no somos un poder constituido: somos el Poder Constituyente Originario, el único originario, el Poder Supraconstitucional.

LEA

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Catecismo constituyente

 

El Poder Supraconstitucional del Enjambre Ciudadano

 

La “necesidad” de una asamblea constituyente emerge cuando se estima necesario implantar conceptos o principios constitucionales que no pueden ser obtenidos por transformación de la constitución existente mediante enmiendas o reformas. Para esto último existen los procedimientos pautados en la constitución; es cuando se trata de algo radicalmente nuevo—por ejemplo, la fusión de Venezuela en una integración política superior que establezca otra nación—que se percibe como necesario un procedimiento extraordinario.

La teoría postula que los órganos para el trámite ordinario de enmiendas y reformas son una creación de la constitución, y por tal razón mal podrían alterarla con tal radicalidad. Esto explicaba en Comentario constitucional (referéndum #16, 12 de octubre de 1995), cuando aún regía la Constitución de 1961:

La doctrina constitucional generalmente aceptada establece que el poder supremo dentro de un Estado como el venezolano es el del poder constituyente original, básico, o primario. Este poder constituyente no es otro que el del conjunto de ciudadanos de la Nación. Se trata de un poder absoluto, verdaderamente dictatorial: “El poder constituyente es un derecho natural que tiene todo pueblo, ya que este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente, no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución”. (Esto escribe el Dr. Ángel Fajardo en su “Compendio de Derecho Constitucional”, Caracas, 1987).

Además de este poder original y supremo, no sujeto ni siquiera a la Constitución vigente ni a ninguna anterior, el Congreso de la República es un poder constituyente constituido, y limitado en su función reformadora en dos sentidos.

Es decir, el Congreso de la República tiene el papel principal, según lo dispuesto en la Constitución vigente, para enmendarla o reformarla, sujeto, en primer término, a la aprobación de una mayoría calificada de las asambleas legislativas estatales (en el caso de enmiendas) o del pueblo mismo en referéndum (en el caso de reformas).

Pero hay todavía una limitación más básica, como explica Ángel Fajardo en la obra citada: “El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente”.

Esto significa que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente.

Dicho de otro modo, el Congreso no podría (hoy la Asamblea Nacional) cambiar por otra distinta la Constitución que lo ha creado sin perecer. No podría negar a quien le ha dado el ser.

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Al inicio escribí entrecomillada la palabra “necesidad”. Cuando escribía el texto de la cita anterior no me había percatado de que una constituyente es sólo un método para arribar a una nueva constitución. Por inercia o falta de examen crítico, aceptamos habitualmente que sería el único método, como yo mismo hice en el párrafo final de la cita. Pero como es sólo el Pueblo el Poder Constituyente—la primera cita de Fajardo—podría presentársele directamente a referendo una constitución enteramente redactada por una persona o grupo de personas, puesto que el acto constituyente decisivo es la aprobación por el Pueblo de una nueva constitución, no la redacción misma. En nuestra armazón constitucional, esto requeriría un referendo que puede ser convocado por 10% de los Electores, tal vez 15% por analogía con el Artículo 348 vigente. (En 1999, luego de la sentencia del 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que sí podía preguntarse al Pueblo—mediante el referendo consultivo de la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio en 1997—si quería elegir una constituyente, aunque tal figura no fuera contemplada en la constitución entonces vigente, yo mismo introduje a su Sala Político-Administrativa un recurso de interpretación preguntando justamente eso: si podía someterse directamente al Pueblo un proyecto de nueva constitución que no proviniese de una asamblea constituyente. El recurso fue desechado, sin decidir el punto, por defectos formales del mismo; en aquellos momentos tan tempranos ya era una septicemia el miedo catatónico ante Chávez, y juristas experimentados a quienes solicité asistencia declinaron involucrarse, así que debí aceptar la ayuda de una abogada sin experiencia en trámites ante la Corte. Hildegarde Rondón de Sansó, no obstante, emitió un voto salvado, con la opinión de que la Sala debió resolver el asunto de fondo por su importancia. La idea fue expuesta en artículo en El Diario de Caracas del 25 de enero de 1999: Iniciativa constituyente).

Lo que quiero establecer es que no hay nada mágico o ineludible en una asamblea constituyente si lo que se requiere es arribar a una nueva constitución.

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La piedra angular de la constitucionalidad venezolana reciente fue colocada como cimiento principal de ella por esa sentencia del 19 de enero de 1999. Ella definió la doctrina fundamental de que el Pueblo, por su carácter de Poder Constituyente Originario es el Poder Supraconstitucional, no limitado por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); el Pueblo está únicamente limitado por los derechos humanos y por los tratados en los que haya entrado válidamente la República con soberanías equivalentes de otras naciones. Adicionalmente, la Corte asentó que no todo lo que es constitucional se refleja en una constitución concreta, que el reino de lo constitucional no se agota en ninguna constitución específica.

Ésta condición de supraconstitucionalidad es intransferible. (Art. 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). El ejercicio indirecto de la soberanía no la transfiere, y por tanto una asamblea constituyente no es soberana; ella sólo tiene por misión (Art. 347) la de “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Al Estado se lo transforma y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no entra en vigencia hasta que el Pueblo la aprueba en referendo. (Disposición Final de la constitución vigente: “Única. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”).

No es mentís de ese concepto fundamental que la Constitución tenga un décimo captítulo (De los deberes) con seis artículos; éstos obligan a los ciudadanos individualmente considerados, no al conjunto político como un todo del Poder Supraconstitucional, que no está limitado por ella.

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Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario. En septiembre de 1998, en la recta final de la campaña electoral, escribía para La Verdad de Maracaibo un artículo (Contratesis) en el que anticipé la doctrina fundamental de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero del año siguiente. Por ejemplo:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ““Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum. [Art. 246 de la Constitución del  61: Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general (…) El proyecto aprobado se someterá a referéndum…”]

Esto último desmonta la idea chavista de constituyente, enteramente equivocada. Eso es lo que dejó pasar la aberración de la Preeliminación del Senado en 1999 (¡antes de que la nueva Constitución estuviera en vigencia!) sin ser protestada. Tan feo pecado constitucional fue “justificado” a posteriori en el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién se incapacita para “impedir las decisiones” de la constituyente? De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sieyès). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

En todo caso, destituir un funcionario como la fiscal Ortega Díaz no es ni “transformar al Estado” ni “crear un nuevo ordenamiento jurídico”, mucho menos “redactar una nueva Constitución”. Menos todavía, expedir “certificados de buena conducta” a candidatos a la elección de gobernadores.

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En el rechazo a la constituyente convocada presidencialmente el 1º de mayo, la dirigencia opositora y una buena parte de la institucionalidad del país, establecieron una errada, fácil y enteramente ineficaz trinchera en la idea de que el presidente Maduro no podía convocarla directamente, sin un previo referendo que lo hiciera. En ¿Preguntas sin respuestas? (9 de mayo), refuté la equivocada noción inicialmente planteada por Allan Brewer:

La MUD, por tanto, ha acogido la equivocada tesis de Allan Randolph Brewer Carías (¿Presidente de la Sala Constitucional en el exilio?): “El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”. Uno se pregunta, si la Constitución quisiera significar eso ¿por qué la redacción del Artículo 347 no dice “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, sólo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, en lugar de “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”? (No dice ese artículo que nadie más puede convocarla, y el Artículo 348 contempla que 15% de los electores—la iniciativa popular que es parte representativa de ese Poder Constituyente Originario—puede hacerlo además del Presidente y la Asamblea). Si fuera cierta la afirmación de la MUD—”Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo”—, ¿por qué el 348 no dice “La iniciativa de convocatoria a un referendo, para consultar si el pueblo quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente, podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” etc., en lugar de “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”? Si fuera necesario ahora un referendo previo—como el del 25 de abril de 1999, necesario entonces puesto que en ese momento la figura de constituyente no estaba contemplada en la vigente Constitución de 1961—, ¿por qué no bastaría un referendo consultivo ordinario y por qué especificó la Constitución actual en su Artículo 348 requisitos más exigentes que los de mayoría simple de la Asamblea Nacional y 10% de los electores (Artículo 71), que eran, de nuevo, los que prescribía desde 1998 el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que se empleó en aquella ocasión y bastó? ¿Por qué el 348 estipula dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los electores en la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No será porque el Artículo 348 está hablando de una convocatoria directa a constituyente y por eso exige condiciones especiales más astringentes? ¿En qué viola la convocatoria presidencial directa de una asamblea constituyente la prescripción del Artículo 5? (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). ¿No es un ejercicio indirecto de la soberanía que el Presidente de la República, uno de “los órganos que ejercen el poder Público” y elegido “mediante el sufragio”, convoque a constituyente? (¿O, si a ver vamos, indirectamente la Asamblea Nacional, que también es un poder que ejerce—o debiera ejercer—el Poder Público e igualmente se elige mediante el sufragio?) Por último, ninguna nueva constitución puede entrar en vigencia sin un positivo referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario, el Pueblo, en el que precisamente reside intransferiblemente la soberanía. (Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿Cómo es que se viola el Artículo 5 si en último término es el Pueblo quien debe aprobar la constitución resultante de una asamblea constituyente, convóquela quien la convoque? (Por cierto, la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo).

Apartando la iniciativa popular de 15% de los Electores, quienes tienen la iniciativa de convocar a constituyente, en ejercicio indirecto de la soberanía, son todos poderes públicos establecidos mediante el sufragio; nótese que, por ejemplo, el majestuoso Tribunal Supremo de Justicia no puede convocar a constituyente. El 19 de julio recordé (en Exégesis crítica):

“…el vicio fundamental de la convocatoria a constituyente no es que requiera un referendo previo para que sea válida, sino el diseño de las bases comiciales. Es una verdadera aberración eso de los diputados ‘sectoriales’. El Pueblo, el Poder Constituyente Originario, no es un agregado de sectores sino de ciudadanos. (…) La Asamblea Nacional ha pecado por omisión al no legislar sobre las bases comiciales de una asamblea constituyente…” (Película de terror, 3 de julio) Dos meses antes, en ¿Preguntas sin respuestas?: “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”.

En La lidia fácil (7 de mayo) señalé:

…habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

Ahora la comunidad internacional ha acogido la peregrina y torpe tesis de que Maduro convocó “fraudulentamente” la constituyente.

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La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio. (El 9 de agosto, Saúl Cabrera, de Consultores 21, presentó en un foro de Ecoanalítica los resultados de su más reciente registro: 88% de sus entrevistados reportó no haber votado en la elección de diputados constituyentes). Igualmente tiene el Pueblo poder más que suficiente para anular todas y cada una de las decisiones de esa asamblea contraria a la voluntad mayoritaria nacional.

El Artículo 349 no nos obliga; nosotros sí podemos impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no somos un poder constituido: somos el Poder Constituyente Originario, el único originario, el Poder Supraconstitucional. LEA

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