El rollo constituyente

 

El vicecasquillero

 

Elías Jaua es el bateador designado por el manager Maduro para todo lo que tenga que ver con asuntos de la constituyente que ha convocado. En su carácter de Jefe de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Jaua declaró el 6 de junio: “No nos corresponde a nosotros, como poder constituido, normar a la futura Asamblea Nacional Constituyente.* Será ella la que se dé su estatuto definitivo, su período de funcionamiento, sus normas, sus acciones”. (Agencia EFE citada en Sumarium). La web de DolarToday añadió un día después: “Asimismo, sugirió que la mayoría de la Asamblea Constituyente también podrá decidir en contra de lo que disponga el jefe de Estado, y señaló que el presidente ayer exhortó a que hubiese un referéndum popular”. (La sesgada web tituló: “¡2 MESES, 6 MESES, 20 AÑOS…! Elías Jaua: La ANC decidirá cuánto tiempo funcionará y si va o no a referéndum aprobatorio”).

Esto último no fue lo que dijo Jaua, quien apareó una verdad con una semiverdad que esconde una falsedad. (En todo este proceso, diseñado cuidadosamente por el gobierno para desatar iracundas reacciones opositoras—para que la oposición “coma casquillo”—ha habido declaraciones ambiguas y equívocas de parte de los personeros del gobierno y unos cuantos de sus “policías malos”, como Diosdado Cabello o Pedro Carreño). No se requiere que la futura asamblea constituyente haga caso de una exhortación presidencial para someter a referendo su producción de un proyecto de nueva constitución; Maduro sólo exhorta a algo que cree opcional y es en todo caso obligatorio. El Artículo 347 dice que el Pueblo podrá convocar “una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Ella es una mera redactora, no es quien la promulga; esto sólo puede hacerlo el Pueblo en referendo. (Preámbulo de la Constitución: “El pueblo de Venezuela… en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución”; Disposición Final Única: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). Esa potestad exclusiva e intransferible del Poder Constituyente Originario—y una asamblea constituyente no lo es—no se desprende de una gracia aparentemente magnánima de Maduro.

Es de suprema importancia destacar lo siguiente: no hay asambleas constituyentes “originarias”, como pretende la llamada Alianza Nacional Constituyente (Colmenares Finol, Felipe Pérez Martí, Blanca Rosa Mármol y otros). Reeditar esa extraviada noción es volver atrás el reloj en dieciocho años:

La interpretación interesada del gobierno era que la asamblea tenía prerrogativas de poder constituyente originario y que, por consiguiente, gozaba de poderes absolutos. De nuevo, la vergüenza de los partidos tradicionales hizo que esencialmente callaran ante esta monstruosidad. La Asamblea Constituyente tenía por única misión redactar el proyecto de una constitución nueva, que no entraría en vigencia hasta que el verdadero Poder Constituyente Originario la aprobara en referendo. Cualquier otra cosa era un retroceso en el reconocimiento de los derechos del pueblo, como había advertido en Contratesis:** “Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”.

Así, lo que era originario no era la asamblea sino el Pueblo, pero a ninguna voz de oposición se le ocurrió hablar así; cogidos por primera vez en el cepo terminológico de la retórica chavista, los opositores burocráticos pensaron que sólo podrían oponer la tesis de que la constituyente no era originaria sino derivada, lo que sonaría mal en un mitin de campaña en cualquier barrio y creyeron que si lo hacían recibirían piedras.

Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso mucha resistencia. Sabía que sus días estaban contados. (Las élites culposas).

La redacción del Artículo 347 es una adaptación de la Constitución a la primera pregunta del referendo consultivo del 25 de abril de 1999: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?” El único modo de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico es mediante una nueva constitución y, como está establecido constitucionalmente ella no entra en vigencia hasta que el Pueblo la aprueba en expreso referendo. (La alusión a derechos establecidos en 1961 refiere al Numeral 4 del Artículo 246 de la constitución de aquel año, que no contemplaba constituyente pero sí una “reforma general” de su texto: El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma”).

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El terror que causa una constituyente deriva de una lectura incorrecta del Artículo 349 de la Constitución. Copio acá de correspondencia a Felipe Pérez Martí de diciembre del año pasado (en la que comenzaba por decirle que no había constituyentes “originarias”):

The error is compounded cuando consideras el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda, como ya comentamos, implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

Se trata de una mera conjetura, pero creo que el Artículo 349 fue incluido por la constituyente presidida por Luis Miquilena para autojustificar la monstruosa y abusiva “Preeliminación” del Senado, un órgano establecido en la Constitución de 1961 (que todavía no había sido derogada), y que además había sido elegido por el Pueblo el 8 de noviembre de 1998. (La derogación de la Constitución de 1961 no se produjo hasta el 15 de diciembre de 1999 en referendo aprobatorio de la Constitución vigente, que incluye la siguiente Disposición Derogatoria: “Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución”).

No comamos casquillo; es muy indigesto. LEA

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A juicio del suscrito, la única equivocación de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (31 de mayo de 2017) consiste en esta declaración: “En conclusión, en el debate constituyente prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente, pues, al ser ésta la expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones”. La Asamblea Nacional y la Presidencia de la República son igualmente expresión directa de esa soberanía, como establece el Artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público“. El TSJ reincide en el error de identificar Poder Constituyente Originario con Asamblea Nacional Constituyente. Si la Asamblea o la Presidencia (y también el Tribunal) pueden ser limitados por la Constitución, igualmente puede y debe serlo una constituyente; es muy peligroso soltar a tal mono con esa hojilla. La Constitución no adviene a la existencia hasta que el Poder Constituyente Originario la decreta en referendo; es él y no una creación suya (una constituyente) lo que tiene carácter originario. No es un poder constituido, por supuesto, quien puede normar a otro, como lo es una constituyente, pero sí una constitución que es el producto directo del Poder Constituyente Originario. A Jaua y los magistrados les convendría repasar algunos conceptos elementales de constitucionalidad.

** La cita completa de Contratesis (13 de septiembre de 1998) dice: “La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros ‘apoderados constituyentes’. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum”.

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Tragicomedia de enredo

Estopa constituyente-referendaria-oficialista-opositora no tan pacífica, democrática, electoral y constitucional

 

Comedia de enredo: Comedia de intriga y trama complicada en la que los personajes se hallan confusos por lo extraño de ciertos comportamientos y sucesos.

Oxford Living Dictionaries

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Conozco a un caballero que carece de un brazo (lo perdió en un accidente en una construcción hace muchos años). Aficionado a los ruidos que atronan la Navidad y el Año Nuevo, hombre acomodado, solía gastar cantidades considerables de dinero (ya no lo hace) comprando fuera de Caracas unos buenos cohetones, que encendía con gran pericia echándolos a volar. Es él mismo el mentís de un refrán venezolano: “Más enredado que mocho prendiendo un cohete”; nunca lo noté enredado. Esa notable hazaña sugiere que es posible desenredar el lío político de Venezuela de estos días con intención de disolverlo, claro, pero primero para el más modesto propósito de entenderlo.

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Ayer presentó el presidente Maduro su diseño de las bases comiciales para la elección de una asamblea constituyente verdaderamente elefantiásica: un total de 540 diputados constituyentes—quinientas cuarenta dietas, quinientos cuarenta sueldos—, de los que 364 se escogerán territorialmente y 176 sectorialmente. Los primeros no serán elegidos, como en 1999, en una circunscripción nacional y las habituales circunscripciones estadales, sino en cada uno de los municipios del país. Pero ya no, como en ese año, de modo exclusivamente territorial. Además se elegirá diputados por sectores; dijo Maduro:

“El Consejo Nacional Electoral deberá solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. La información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo con los tipos de actividad laboral que clasifico de la siguiente manera: petróleo, minería, industrias básicas, comercio, educación, salud, deporte, transporte, construcción, cultores, intelectuales, prensa, ciencia y tecnología y administración pública. La información del sector estudiantil deberá solicitarla de acuerdo con la clasificación: a) Educación universitaria pública. b) Educación universitaria privada y c) Misiones educativas. El Consejo Nacional Electoral una vez recibidos los distintos registros, podrá agruparlos por área de similar condición y distribuirlos según la base poblacional establecida. Parágrafo único: A fin de preservar el principio de un elector un voto ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial. A tal efecto el Consejo Nacional Electoral deberá garantizar este principio de acuerdo al siguiente orden de prelación: 1. Empresarios; 2. Campesinos y pescadores; 3. Personas con alguna discapacidad; 4. Estudiantes; 5. Trabajadores; 6. Comunas y consejos comunales; 7. Pensionados”.

Quien sea un empresario del sector pesquero a quien le falte un brazo, estudie un postgrado, trabaje como gerente y sea miembro de un consejo comunal le será difícil elegir en qué palo ahorcarse. (¿Dónde se ubicará a los deportistas, a los artistas, a los religiosos, a quien trabaje en una industria que no sea “básica”?) Si voto territorialmente ¿no podré escoger sectorialmente o es que podré emitir un voto territorial y uno sectorial? No pude menos que pensar en el inicio mismo del Prefacio de Michel Foucault a su obra fundamental, Las palabras y las cosas:

 

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento—al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito que “los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas”. En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto.

 

Padre e hijo

Maduro lograría ahora, con la sectorialización de 176 diputados constituyentes, un viejo deseo de Hugo Chávez; en 1998 éste abogaba por una constituyente sectorializada, corporativa. En Contratesis (artículo para La Verdad de Maracaibo del 13 de septiembre de ese año), argumenté en contra de esa manera de componer una asamblea constituyente:

La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.

Y aunque la mayoría de los diputados sería escogida uninominalmente al nivel municipal, Maduro habrá pensado: “Agarrando aunque sea fallo para reivindicar la memoria del Comandante Eterno”. Pero no se crea que tal cosa es una concepción exclusivamente chavista-madurista:

El 11 de febrero de 2015, dos presos y una diputada defenestrada—Leopoldo López, Antonio Ledezma y Ma. Corina Machado—proponían un esquema parecido: “…hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales”. La sociedad no es una torta que se pica en pedazos; quien debe hablar en esta crisis es la Corona en estado puro, no sus fragmentos “sectoriales”. Lo que hay que activar es el Poder Constituyente Originario, y los componentes de ese poder supremo no son sectores sino ciudadanos. Una vez más, se cuela el concepto corporativista en el modo propuesto para la aprobación del tal “acuerdo nacional para la transición”. Esto es, el Pueblo no hablaría desde su propia esencia, sino fraccionado en “sectores” (como pedazos de la “torta social”). (MUDa de piel, 24 de febrero de 2017).

La territorialidad y la sectorialidad son condiciones que uno porta consigo, pero nuestra condición esencial es la de ser uno de los átomos que componen el Pueblo, el Poder Constituyente Originario. Basta ser ciudadano inscrito en el Registro Electoral. Cualquier otra “base comicial” es un bodrio. (Diccionario de la Lengua Española: coloq. Cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto).

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También ayer, Freddy Guevara peroraba furibundamente en la Asamblea Nacional, en reacción instantánea a las bases comiciales de Maduro. He aquí el archivo de audio de su discurso:

No es de fácil comprensión el obvio temor de Guevara. ¿Da por sentado que el oficialismo lograría una mayoría en la constituyente? Parece que sí, pero porque anticipa la composición tramposa de esos “registros de los sectores” que “el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar (…) a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos”, según la muy opaca especificación de Maduro. Sólo así se entiende que tema la imposición de “una constitución cubana” en Venezuela.

De lentas e incompletas entendederas

Ahora, si Guevara hubiera hecho su tarea, sabría que tal cosa es imposible sin la anuencia de los Electores, pues cualquier nuevo texto constitucional tendría que ser aprobado por ellos. (Disposición Final Única de la Constitución Nacional: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿A qué le tiene miedo Guevara si toda encuesta registra una oposición nacional muy mayoritaria al socialismo? Creo que a una sola cosa: a la posibilidad doblemente imposible de que una asamblea constituyente de mayoría madurista pudiera eliminar la Asamblea Nacional. Tal temor se funda en el precedente de la “preeliminación” del Senado en 1999 y una lectura incorrecta del Artículo 349 de la Constitución:

“El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos. (Licitación Abajo Maduro).

¿No podría, por otra parte, hacer la Asamblea su trabajo principal? “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales* para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”. (¿Preguntas sin respuestas?)

Pero Guevara parece no haber visto tan obvia posibilidad. En cambio, propuso que la Asamblea Nacional convoque un referendo consultivo para preguntar si el Pueblo quiere elegir una asamblea constituyente y si quiere que Maduro deje de presidir la República este mismo año. Es ahora, después de que se le hubiera llamado la atención a los asambleístas por largo tiempo sobre su facultad de convocar referendos consultivos por mayoría simple—por ejemplo, en ¿Qué espera la Asamblea Nacional? (8 de marzo de 2016)—, cuando descubre que el Pueblo puede, debe ser llamado a interponer su poder definitivo.

Me temo que una consulta acerca de si Maduro debe continuar en la Presidencia de la República será objetada, con razón, por el Tribunal Supremo de Justicia, porque tal cosa sería un disfraz de referendo revocatorio, el que está normado en la Constitución. Se dirá, por supuesto, que la revocación en 2016 fue bloqueada por la triquiñuela de un puñado de tribunales que declararon fraudulenta la recolección de firmas de electores en la fase de activación. Eso es cierto, pero también lo es que la Mesa de la Unidad Democrática comenzó a moverse con retraso de tres meses en esa activación. (La posibilidad revocatoria fue torpedeada en el seno de la MUD por importantes dirigentes—Ramos Allup, Torrealba—y lo que debió iniciarse en enero de 2016 no arrancó hasta abril; todavía en junio, el suscrito escuchó la angustiada petición—de un miembro del Comité de Estrategia de la central opositora—de que la audiencia a la que hablaba ayudara a vencer las reticencias internas, que sólo se explicaban por el interés de impedir la promoción de Henrique Capriles Radonski, a partir de un momento posicionado como el adalid del referendo revocatorio). Por eso se propuso el pasado 22 de octubre (Prontas elecciones) que lo inobjetable sería convocar un referendo sobre esta pregunta:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

También agitó Guevara el trapo rojo del Artículo 350 de la Constitución. Del modo como lo explicara, ese desconocimiento debiera producirse en la calle. ¿Cómo podría certificarse en la calle que el Pueblo, es decir, su mayoría, desconoce el régimen presidido por Maduro? El 6 de abril de 2014, hace tres años, puse por escrito—El Gran Referendo—lo que el día anterior había planteado en el programa #89 de Dr. Político en RCR; entonces escribí.

Es sólo en esta semana que concluye cuando entendí que la manera correcta de aplicar el Artículo 350 de la Constitución—El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos—es a través de un referéndum. El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). El 3 de marzo de 2002,  un mes y ocho días antes del Carmonazo, escribí para la Revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Tal postura explica la proposición de incluir una tercera pregunta en el referendo consultivo, que he venido recomendando como tratamiento correcto de la más aguda de nuestras enfermedades políticas: ¿Desconoce Ud. el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro, por las razones descritas en el Artículo 350 de la Constitución?

Dicho de otra manera: he sostenido consistentemente que la solución profunda de nuestros problemas está en las manos del Pueblo. Como le puse a una dama que me escribiera sobre el tema de las protestas al gobierno: No es algo así un expediente que cuente con simpatías entre líderes de la oposición formal; el protagonismo pasaría de ellos al Pueblo, y no es fácil entrevistar a éste en CNN. Pero no creo en la deposición violenta del Sr. Maduro; ni siquiera la valientísima diputada Machado puede garantizar que una cosa así redundaría en un curso sano para la república. En cambio, creo desde hace casi cinco años que la clave del asunto es la convocatoria del Poder Constituyente Originario; para quienes creemos verdaderamente en la democracia, eso es la verdadera salida.

Ahora parece que Freddy Guevara ve—¡por fin!—una utilidad para el Pueblo que no sea la de marchar y aportar víctimas fatales de la represión. Es furibundo, sí, pero muy lento.

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3/4 partes del país contra la constituyente

Maduro, en cambio, es rápido para una cosa: la terquedad. Lo último que necesita ahora Venezuela es una asamblea constituyente, y las cosas que Maduro quiere “constitucionalizar”—las misiones, los CLAPS—no requieren la elección de 540 “apoderados constituyentes” para “reformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”. Si ese fuera su propósito, bastaría que sometiera a referendo aprobatorio, como su padre político en 2007, un proyecto de reforma constitucional según el Artículo 342 de la Constitución.

Tal vez no haya visto la muy reciente medición de Datincorp (fase de campo concluida el 8 de este mes):

LEA

………

*Que Maduro haya propuesto las bases comiciales para la constituyente que ha convocado válidamente no está previsto en una norma; se deriva del precedente de las propuestas por Hugo Chávez en el referendo consultivo del 25 de abril de 1999: “¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999?” Entonces no estaba contemplada una constituyente en la Constitución de 1961; por eso fue necesario el referendo en esa ocasión, y es esto lo que hace que algunos crean que ahora también se requiere un referendo previo. Por analogía, una constituyente convocada por la Asamblea Nacional debiera guiarse por bases comiciales elaboradas por ella; esto es, se sostendría el “principio” no escrito de que quien convoca debe fijarlas. ¿Cómo las fijaría la iniciativa popular, que también puede convocar a constituyente mediante las firmas de 15% de los Electores?

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Lógica anecdótica

 

Frecuentemente presentes en el debate político común

 

Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad.

Oscar WildeLa esfinge sin secreto

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A José Rafael Revenga, mi tutor de Lógica Operacional

 

El propósito medular del discurrir humano es la consecución de la verdad. En Política—el arte de resolver problemas de carácter público—, además, es no sólo moralmente aconsejable conseguirla, sino prácticamente necesaria, pues las políticas fundadas sobre nociones equivocadas conducen al daño social. Si Eisenhower instruyera a Patton para que tomara Berlín (cosa que no hizo), y su oficina entregara a este general mapas de Europa en los que la capital alemana apareciera al este de Moscú (lo que tampoco hizo), la encomienda no habría podido ser lograda. Aquella política que se diseñe sobre lecturas equivocadas de la realidad muy probablemente fracasará en su ejecución. Siendo esto así, se convierte en deber la mostración del error, así sea uno que se cometa “de nuestro lado”. Las máximas “El enemigo de mi enemigo es mi amigo” y “No debemos pisarnos la manguera entre bomberos” son meramente clichés de una política mediocre que no se distingue precisamente por su rigurosidad. (“…contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. Código de Ética de la Política, septiembre de 1995).

Claro que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, y no es siempre fácil, ni siquiera siempre posible, obtener la verdad. Si consideramos que la política confronta, en casi todos los casos, el problema de anticipar los resultados de nuestras acciones—es decir, de algún modo predecir el futuro—la cosa se complica aumentando nuestra incertidumbre. La política no es geometría, pues muy frecuentemente está sujeta a la ausencia de certeza:

La incertidumbre puede ser llamada incertidumbre cuantitativa cuando lo que ignoramos no es el tipo de eventos de posible ocurrencia, sino la probabilidad de que cada tipo ocurra. Esta clase de incertidumbre no es la más grave, aunque en algunos casos especiales puede llegar a ser muy molesta. Más profunda es una incertidumbre cualitativa, cuando es la forma misma de los eventos futuros lo que nos es desconocido. Si se trata de una incertidumbre del tipo cuantitativo, y argumentare­mos en la siguiente sección de este trabajo que el problema de una sor­presa política en Venezuela es en parte de este tipo, entonces hay ante ella dos cursos de acción disponibles. El primero consiste en tratar de reducir la incertidumbre, fundamentalmente por la obtención de más y mejor informa­ción. (…). Así, la labor de “inteligencia”—en el sentido en el que este término se emplea en la expresión “inteligencia militar”—es el primer camino. Ahora bien, como intentaremos mostrar, nos encontramos ante una situación en la que aún la mejor inteligencia nos dejará con una incertidumbre residual, irreductible, y por tanto será necesario adoptar un expediente adicional al de los esfuerzos por reducirla. Este segundo camino es el de estructurar la incertidumbre residual, para tener la oportunidad de comprenderla mejor. Pero además está presente en la consideración de una sorpresa polí­tica en Venezuela la segunda y más insidiosa forma de incertidumbre: la in­certidumbre cualitativa. Es decir, es posible afirmar la posibilidad de ocu­rrencia de eventos políticos que ni siquiera podemos describir en términos cualitativos. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, septiembre de 1987).

La verdad política, por tanto, no es fácilmente alcanzable, pero puede ser encontrada y entendida por el ciudadano común, siempre que sea capaz de razonar correctamente. No es procedimiento seguro, sin propio análisis, confiar a ciegas en personas de prestigio profesional en el campo; todo el mundo se equivoca, incluso quienes son reconocidamente doctos. (“…creo que el mejor médico es aquél que cree en la sabiduría fundamental del cuerpo humano, y que el mejor político es aquél que cree en la sabiduría del cuerpo social considerado como conjunto”. Ética política, enero de 2008).

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Argumento ad baculum

Lo último me lleva a considerar la “falacia de autoridad” (que a veces muta en el argumento ad baculum: que quien manda tiene la razón). La emplearon por estos días dos personas que quisieron cuestionar mi opinión acerca de la capacidad del Ejecutivo Nacional para convocar una asamblea constituyente; ella es que sí puede. (Artículo 348 de la Constitución: La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…) Ninguna de esas dos críticas a mi apreciación consideró el fondo de la materia, ni siquiera la analizaron, y ambas intentaron descalificarme en términos de mi autoridad para pronunciarme sobre el tema. Una enumeró el conjunto de afamados juristas, la Mesa de la Unidad Democrática, un buen número de locuaces diputados, la Conferencia Episcopal Venezolana, las Academias, etcétera, que opinan diferentemente, destacando que yo era sociólogo y no abogado y a pesar de eso era “el único que pensaba distinto” (se dice que precisamente por esto está encerrado Leopoldo López); otra se limitó a aducir por Twitter el nombre del Dr. Jesús Rafael Sulbarán, de quien dijo era constitucionalista. Copio de mi mensaje directo (no limitado a 140 caracteres) a esta última:

Supongo que quiere decir que el Dr. Sulbarán opina distinto de mí y que, siendo constitucionalista, debe tener la razón. Argumentar así es falaz; una de las más primitivas falacias—razonamientos inválidos con apariencia de validez—reconocidas por la ciencia de la Lógica es el “argumento de autoridad” (ad verecundiam), que consiste en dar por cierto lo que alguien versado profiera. No guarda la menor relación lógica con una verdad la experiencia de alguien; si la persona menos inteligente dice que el Sol sale por el Este tiene razón. La verdad sólo se establece en su relación con los hechos. (“La proposición ‘La nieve es blanca’ es verdadera si y sólo si la nieve es blanca”. Alfred Tarski: Noción semántica de la verdad). No me hace ninguna falta ser constitucionalista para opinar responsablemente en materia constitucional. En Contestación a Páez Pumar le escribí a ese abogado [Oswaldo Páez Pumar]: “…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión ‘diletante’, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: ‘Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional’. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo”.

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Falacia ad hominem

Se puede decir que la falacia ad hominem es la imagen especular y compañera inseparable del argumento de autoridad. Tan es así, que quien enumeró la numerosa disidencia de mi opinión (la autoridad) señaló asimismo que yo carecía de la calificación profesional necesaria para dilucidar el punto en discusión (argumento ad hominem, contra el hombre y no contra el significado de lo que dice). La mayoría de las veces se emplea el inválido recurso de modo más agresivo; alguien no tendría la razón porque es un desgraciado. (“Le pega a su esposa… es un chavista disfrazado”, conductas ciertamente feas pero que no tienen la menor relación lógica con la veracidad de ninguna de sus afirmaciones).

He aquí la anécdota de un encuentro entre un abogado de gran prestigio (Allan Randolph Brewer Carías) y el indigente sociólogo que soy yo, el diletante. Nos reunimos en su bufete al despuntar el año de 1999. (Teníamos una antigua amistad, cuyas raíces se afincaban en la de nuestros padres). Ambos creíamos en la necesidad de una constituyente, pero él sostenía que era preciso practicar previamente una reforma en la Constitución de 1961, la vigente para la época, porque su Artículo 250 decía: “Esta Constitución no perderá su vigencia si (…) fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Entonces pude exponerle en persona lo que ya yo había expuesto en un artículo de septiembre del año anterior (para el diario La Verdad de Maracaibo): que su exigencia estaba equivocada porque la Constitución de 1961 no disponía de ningún medio para su derogación. (En el artículo marabino mencionado: “El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente”).

Recuerdo haber castigado a “Randy” con una pedantería matemática: “Esa disposición del 250 es lo que la Teoría de Conjuntos llama un conjunto vacío”. El ilustre jurista—una autoridad en Derecho Administrativo y por extensión en Derecho Constitucional, exDirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela—se inmovilizó en su silla sin atinar a refutarme, sumido en impotente silencio. Dos semanas después, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia acogería mi criterio y no el suyo, al establecer inequívocamente el fundamento de nuestra constitucionalidad: que el Pueblo es un poder supraconstitucional, no limitado por la Constitución, la que sólo limita a los poderes constituidos, y que por consiguiente podía preguntársele si quería elegir una constituyente aunque no estuviera contemplada en aquélla y ella no hubiera sido reformada para incluirla.

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Los doctores Brewer y Páez Pumar se verían conectados, seguramente sin buscarse, por los acontecimientos del golpe de Estado que conocemos como “Carmonazo”. Por una parte, Paéz Pumar había acogido la errónea tesis de Brewer para argumentar en 1991 que ¡la Constitución actual no existía! Que la vigente era la del 61, puesto que no había sido derogada “por medio distinto” del que ella misma disponía, dado que una asamblea constituyente no era una figura contemplada en ella. Expuso este desvarío en la Asamblea Anual de Fedecámaras de ese año, que eligió a Pedro Carmona Estanga como Presidente de esa asociación empresarial.

Carmona anuncia su “Consejo de Estado”

“Pico” Páez Pumar me hizo llegar su argumentación, y como yo continuara en mis trece redactó un trabajo del que no me envió copia (me la hizo llegar un amigo); en él me aludía constantemente, ad hominem, como “un diletante de la ciencia jurídica”. (De allí mi contestación, antes referida). Pero antes había convencido a Carmona de su línea argumental; con ella adquirió el efímero dictador de cuarenta horas la tranquilidad de espíritu para volarse olímpicamente a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia enteros, pues según su asesor lo que debía existir era el antiguo Congreso bicameral y la Corte—que no el Tribunal—Suprema de Justicia. Eso pretendió hacer Carmona Estanga con su monstruoso “decreto” el 12 de abril de 2002; en la mañana de ese día, recibí como muchos otros un correo electrónico de Páez Pumar (“Ideas para la transición”) en el que reafirmaba su extraviada tesis, y tres horas después lo vi por televisión, sentado a la gran mesa del Salón de los Espejos del Palacio de Miraflores mientras escuchaba a Carmona, quien declaró que la mayoría de los allí reunidos formaría parte del “Consejo de Estado” que planeaba reunir.

En cambio, en la noche de ese mismo día se entrevistaba por televisión a Teodoro Petkoff, quien procedió a repudiar el infame e inválido decreto y mencionó a Brewer Carías como su posible redactor. No me pareció que esa conjetura fuera cierta, pues conocía la solidez jurídica de mi amigo. En efecto, Randy admitió haber propuesto a Carmona algo distinto, lo que éste no habría aceptado:

…el lunes 15 de abril de 2002 declaró al diario El Nacional que ante la renuencia de Carmona a aceptar su opinión, no le había quedado más recurso que sugerir correcciones de estilo. Es decir, el Dr. Brewer vio a un asesino presto a dispararle a alguien, le propuso inicialmente que no lo hiciera y, como el matador insistió en la ejecución, recomendó entonces que empuñara el revólver de otra forma y apuntara un poco más atrás en la sien de la víctima, más cerca de la oreja. (…) Brewer Carías no ha debido nunca acceder a la petición de Carmona; ha debido decirle, simplemente: “Carmona, Ud. no es el Presidente de la República y, si lo fuera, tampoco podría desconocer los restantes Poderes Públicos. Ud. no puede consultarme una cosa así; Ud. es un usurpador”. (Correcciones de estilo, 10 de septiembre de 2013).

Por supuesto, tales incidencias no implican lógicamente que cualquier afirmación de Brewer y Páez Pumar, en materia jurídica, política o cosmológica, estaría viciada. Admitir esto sería emplear contra ellos la falacia ad hominem. ¡No faltaría más! LEA

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Del armisticio como programa

Pudiéramos comenzar por esto

 

El polvo del camino, el calor, el oleaje destructor de las masas, la gasolina y el aceite, la angustia, la pólvora, el sudor, la noche sin dormir y el calzado que sin saberse por qué, les apretaba a todos, hacían de la brillante comitiva grupos inconexos de desharrapados internacionales. (…) En lo que afecta al Papa, el desastre era tan grande como corresponde a un Ser de su altura y que, además, viste de blanco. (ACLARACION DEL AUTOR: Al llegar aquí, el autor se ve obligado a recordar a sus lectores, el constante respeto con que ha tratado a Su Santidad el Papa siempre que ha tenido que referirse a él a lo largo de este libro. No pueden existir, pues, sospechas de irreverencia. Las relaciones del autor con el Vaticano son cordiales, y si el autor nunca ha ido en peregrinación a Roma no ha sido porque sus deseos de acudir allá no fueran arrolladores, sino por falta absoluta de ganas. Al autor le interesa que conste dicha cordialidad entre él y la Santa Sede y, hechos la aclaración y el recordatorio, el autor prosigue su narración para decir que. ..) El Papa, con las blancas sedas holladas por tanto acontecimiento adverso, estaba cochambrosísimo; estaba hecho una birria.

Enrique Jardiel Poncela – La tournée de Dios

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birria Del lat. vulg. *verrea ‘terquedad, capricho’, ‘cosa despreciable’, der. del lat. verres ‘verraco’. 1. f. Persona o cosa de poco valor o importancia. 2. f. coloq. Persona o cosa de aspecto lamentable. cochambroso, sa 1. adj. coloq. Lleno de cochambre. cochambre De cocho ‘puerco’. 1. m. o f. coloq. Suciedad, cosa puerca, grasienta y de mal olor.

Diccionario de la Lengua Española

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Prolegómeno desde un estado de ánimo especial

Empiezo a escribir esto poco después de la muerte por mano criminal de alguien a quien conocí de niño. Su partida exige un alto al fuego, porque es imperativo acordar en lugar de atacar. El estado de nuestro Estado es muy cochambroso—de allí el recuerdo de Jardiel Poncela (apropiado a estos tiempos de irreverencia de leso Papa)—; es decididamente impresentable, y los Poderes Públicos de Venezuela no debieran tomarse a sí mismos tan en serio—de allí el recuerdo de Jardiel Poncela—, debieran relajar su solemnidad y su epopeya; paradójicamente, debieran hacer su oficio y enseriarse:

Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación. (Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016).

Es este ejercicio, entonces, un intento de contribuir a la disolución constructiva del muy costoso y peligrosísimo estado de nuestra Nación. No se trata de diálogo; se trata de acuerdo. No es lo que se requiere un espectáculo (ver Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0, 20 de mayo de 2014); no nos sirve de nada un conciliábulo para el consumo mediático, una reunión televisada en Miraflores—como la del 11 y 12 de mayo de 2014—para declararse un insincero respeto que en minutos es desmentido por una nueva avalancha de mutuos insultos; necesitamos resultados, urgentemente.

Cada uno de los Poderes Públicos Nacionales debe aportar lo suyo al requeridísimo alivio. Acá enumero lo que creo puede aportar cada uno, a lo que cada uno puede comprometerse, en el mismo orden de aparición empleado por la Constitución Nacional:

 

ACUERDO DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES DE VENEZUELA

 

La casa de los diputados

Poder Legislativo Nacional

Primero. Así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, gracias a la decidida intervención de la fiscal Ortega Díaz, suprimió de sus infames sentencias 155 y 156 las partes más extraviadas y excedidas—que en la práctica significaban la completa anulación de la Asamblea Nacional—, debe ésta suprimir por acto expreso su peregrina declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año.

Segundo. La Asamblea Nacional debe retractar explícitamente—en resolución expresa (o al menos en comunicación de su Presidencia)—, del programa delineado por su anterior Presidente el 5 de enero de 2016, que es un “compromiso no transable” del Parlamento “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. (“El Poder Legislativo Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, elegido en libres comicios el 14 de abril de 2013 para completar el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013”. Plantilla del Pacto).

Tercero. La Asamblea Nacional, una vez recuperada su plena eficacia mediante la solvencia—Acción y efecto de solver o resolver—de su desacato a sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, procederá a redactar y aprobar un razonable decreto de amnistía, según la facultad establecida en el numeral 5 del Artículo 187 de la Constitución. (Sobre amnistías, 11 de diciembre de 2015).

Cuarto. A pesar de que ya no tenga efectos prácticos, la Asamblea Nacional deberá anular su Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, del 21 de marzo de este año, y reconocer que el Presidente de la República, en uso de la facultad expresa del numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución—Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República… 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales—puede denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos sin autorización parlamentaria o enmienda constitucional, por cuanto ella no es un convenio “relativo a derechos humanos” y tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos contiene definiciones de esos derechos que sean “más favorables” a las establecidas en nuestra Constitución. (Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público).

Quinto. La Asamblea Nacional aprobará, en plazo perentorio, los recursos necesarios al Consejo Nacional Electoral para la organización y celebración de las elecciones y actos referendarios pendientes o inminentes.

Sexto. La Asamblea Nacional, ya en pleno uso de sus facultades, convocará por mayoría simple de los diputados un referendo consultivo que requiera la decisión del Poder Constituyente Originario acerca de esta cuestión: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016). Igualmente incluirá en la consulta esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (Parada de trote, 23 de julio de 2009; Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010; ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

 

La casa de Misia Jacinta

Poder Ejecutivo Nacional

Primero. “El Poder Ejecutivo Nacional… admite la legitimidad de la Asamblea Nacional, igualmente elegida por voluntad popular el 6 de diciembre de 2015”. (Plantilla del Pacto). Es obligación del Presidente de la República respetar las facultades constitucionalmente establecidas de la Asamblea Nacional, incluyendo las de controlar su gobierno. (Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional… 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley). Es ante ella que debe presentar su Memoria y Cuenta, no ante el Tribunal Supremo de Justicia o alguna entidad comunal o “comunera”.

Segundo. El Presidente de la República suprimirá, de su reciclado decreto de emergencia económica, los considerandos que excedan una descripción objetiva de los aspectos más determinantes de la crisis económica de la Nación, en particular los que implican la consagración de la hipótesis de una tal “guerra económica” como explicación de la misma. En ese propósito, deberá reformularlo en acuerdo previo con la Asamblea Nacional. (“Cláusula Primera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales reconocen que el país atraviesa una seria crisis cuya solución debe ser sometida a la decisión del Pueblo de Venezuela, y que es necesario iniciar un período de recuperación que consolide la democracia venezolana y permita la superación de los problemas públicos de diversa índole que aquejan a la población. (…) Cláusula Quinta. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales constituirán una comisión de enlace que determinará urgentes acciones coordinadas entre ambos para resolver o paliar la crítica situación referida en la Cláusula Primera de este acuerdo, en el espíritu de lo prescrito en el Artículo 136 de la Constitución”. Plantilla del Pacto).

Tercero. El Presidente de la República no se opondrá a la convocatoria por la Asamblea Nacional de un referendo consultivo—vide supra—que pudiera decidir elecciones presidenciales para escoger a quien deba concluir como Presidente el período constitucional que expira el 10 de enero de 2019, reservándose el derecho de postularse en esos comicios. (De hecho, en caso de que la Asamblea Nacional no lo convoque, él deberá decretarlo en Consejo de Ministros para atender al reclamo evidente de la opinión ciudadana que, como cabildo nacional, quiere que se comporte como Vicente Emparan y pregunte si queremos su mando). Tampoco se opondrá a que se tome la opinión del Soberano acerca de la conveniencia del socialismo, por cuanto la implantación de ese sistema en Venezuela no está en modo alguno contemplada en la Constitución y tal decisión no corresponde a ninguno de los poderes constituidos, sino sólo al Poder Constituyente Originario, a los venezolanos políticamente hábiles en su totalidad.

Cuarto. El Presidente de la República ordenará la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales.

Quinto. El Presidente de la República agradecerá y facilitará la llegada de ayuda humanitaria ofrecida al país por diversos actores internacionales, a fin de tratar las precarias y agobiantes condiciones de una proporción considerable de la población nacional.

Sexto. El Presidente de la República, reconociendo que su legítima iniciativa constituyente no ha propiciado (como él lo ha postulado) un entendimiento nacional, y que el proceso que ha iniciado complicará en grado muy apreciable la preocupantísima situación nacional, anulará su decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo sus propósitos programáticos en un proyecto de reforma constitucional que los comprenda y que él puede someter a referendo aprobatorio, tal como su predecesor hiciera en 2007.

 

La Justicia (no los jueces) debe ser ciega

Poder Judicial Nacional

Primero. El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

Segundo. El Tribunal Supremo de Justicia procederá a anular la sentencia 1.265 de su Sala Constitucional con fecha 5 de agosto de 2008, que mutiló el sentido del Artículo 42 de la Constitución, cuya segunda cláusula establece: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Aquella sentencia sostuvo, incomprensiblemente, que tal protección de los derechos políticos de los ciudadanos sólo regía para los venezolanos por naturalización. (Ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008). El Contralor General de la República impuso, en evidente exceso de sus facultades—él no es juez que pueda sentenciar judicialmente nada—, más de un centenar de inhabilitaciones políticas en aquel año, y el Contralor actual ha hecho lo mismo respecto de los gobernadores del estado Miranda y, en aparente ensañamiento territorial, del estado Amazonas. Hasta que no haya sentencia judicial firme en su contra en materia de sus derechos políticos, ambos mandatarios los preservan en su totalidad.

Tercero. El Tribunal Supremo de Justicia se abstendrá de usurpar una facultad específica de la Asamblea Nacional, cual es la de recibir la presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente de la República.

Cuarto. El Tribunal Supremo de Justicia ordenará al Presidente de la República que se asegure de la liberación (vide supra) de “quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”.

Quinto. El Tribunal Supremo de Justicia facilitará con las decisiones requeridas, en extensión de los plazos constitucionales, la recomposición de sus propios miembros con la elección de magistrados en los términos establecidos en la Constitución. Igualmente, facilitará idénticamente lo mismo para la renovación de rectores del Consejo Nacional Electoral.

 

Auditor y no juez

Poder Ciudadano Nacional

Primero. El Contralor General de la República procederá a anular las inhabilitaciones políticas que ha impuesto recientemente a los gobernadores de los estados Amazonas y Miranda, puesto que él no es juez que pueda sentenciar ni firme ni precariamente en suspensión de derechos políticos de los ciudadanos.

Segundo. El Defensor del Pueblo, en atención al Numeral 2 del Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece su facultad de “Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos”, se asegurará de la anulación de la sentencia 1.265 de la Sala Constitucional del 5 de agosto de 2008 por parte del Tribunal Supremo de Justicia. (Vide supra).

Tercero. La Fiscal General de la República proseguirá en la saludable vigilancia que ha emprendido para señalar excesos de otros poderes en la actual coyuntura nacional y forzar que regresen a los cauces naturales de sus atribuciones, especificados con claridad en la Constitución.

 

A trabajar para el Pueblo

Poder Electoral Nacional

Primero. El Consejo Nacional Electoral publicará de inmediato el cronograma de la elección de gobernadores cuyo plazo está vencido y el de las elecciones municipales previstas constitucionalmente para este año, las que procederá a organizar diligentemente.

Segundo. El Consejo Nacional Electoral tomará sus previsiones ante la posibilidad de referendos y otras elecciones para este mismo año, y determinará los requerimientos presupuestarios para estos fines y los del punto anterior, los que la Asamblea Nacional autorizará sin dilación.

Tercero. En general, el Consejo Nacional Electoral, entendiéndose primariamente a sí mismo como órgano del poder de los Electores, se conducirá en facilitación de éstos en cada proceso de votación o de recolección de firmas ciudadanas para activar procesos referendarios, siendo que no es su fin proteger derechos inexistentes del Presidente de la República u otro poder constituido.

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Hay que parar el fuego

Es lo que antecede, como dije, una contribución, una mera puesta en la mesa de ideas que pueden interrumpir la peligrosa trayectoria hacia un conflicto generalizado en Venezuela, tal vez hacia una guerra civil o la toma del poder por “militares decentes” (Juan Carlos Sosa Azpúrua) que pudiera liderar un “Larrazábal II” (Luis Ugalde). Mayo, el Mes de María y de los mangos, no ha concluido aún—le quedan veinte días, casi tres semanas—, y es perfectamente posible alcanzar un acuerdo como el descrito antes de su término. Si nuestra clase política profesional lograra detenerse unos días en su pugna y sus insultos, si pudiera Stop the World y escuchar alguna pieza de ese musical de los años sesenta, si osara aprobar algo como lo expuesto en la calma de un alto al fuego para componer nuestro Estado de Derecho maltrecho, si acordara un armisticio que suspenda la destrucción y la muerte, volveríamos a estar los venezolanos muy orgullosos de nosotros mismos, pues habríamos dado al mundo una lección de inteligente elevación, de sensatez y desprendimiento.

Para que más allá de la resolución de los problemas y la superación de las dificultades se pueda acometer el logro de la significación de nuestra sociedad. Para que más allá de la lectura negativa y castrante de nuestra sociología se profiera y se conquiste la realidad de un brillante futuro que es posible. Para que más allá de esa democracia mínima, de esa política mínima que es la oferta política actual, surja la política nueva que no tema la lejanía de los horizontes necesarios. (Tiempo de incongruencia, febrero de 1985).

LEA

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Todo se puede

 

Periodismo constructivo

En su aleccionador programa en Radio Caracas Radio (750 AM)—Todo se puede—Maira Prado reportó hoy el sorprendente testimonio de un ciclista uruguayo (Tabaré Alonso) quien, en contra de consejos y advertencias de que no debía visitar nuestro país, llegó acá al territorio “que fue plan de vida, no para irse sino para quedarse” (Maira dixit). Son tres minutos poderosísimos; helos aquí:

LEA

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¿Preguntas sin respuestas?

 

Acusando recibo de comunicación de Elías Jaua

 

La Mesa de la Unidad Democrática ha remitido ayer al ministro Elías Jaua un escrito de rechazo a la invitación que éste le hiciera—como Presidente de la Comisión Presidencial que propondrá las bases comiciales para elegir la asamblea constituyente convocada el 1º de mayo—a fin de explicar los propósitos del gobierno. Pero más que rechazo a esa invitación, es un rechazo a la idea misma de la constituyente y a la legitimidad de la convocatoria. El documento es doble, siendo lo primero una presentación de lo segundo, un texto encabezado con este título: La MUD frente al fraude de la dictadura. Esto último es un inventario de lo que la organización opositora estima políticamente relevante a partir de 2015 hasta la fecha (y que deja de mencionar la historia desaparecida); lo que va más al caso de aquella iniciativa es la carta previa (covering letter), que al inicio mismo declara:

Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.

La MUD, por tanto, ha acogido la equivocada tesis de Allan Randolph Brewer Carías (¿Presidente de la Sala Constitucional en el exilio?): “El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”. Uno se pregunta, si la Constitución quisiera significar eso ¿por qué la redacción del Artículo 347 no dice “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, sólo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, en lugar de “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”? (No dice ese artículo que nadie más puede convocarla, y el Artículo 348 contempla que 15% de los electores—la iniciativa popular que es parte representativa de ese Poder Constituyente Originario—puede hacerlo además del Presidente y la Asamblea). Si fuera cierta la afirmación de la MUD—”Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo”—, ¿por qué el 348 no dice “La iniciativa de convocatoria a un referendo, para consultar si el pueblo quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente, podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” etc., en lugar de “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”? Si fuera necesario ahora un referendo previo—como el del 25 de abril de 1999, necesario entonces puesto que en ese momento la figura de constituyente no estaba contemplada en la vigente Constitución de 1961—, ¿por qué no bastaría un referendo consultivo ordinario y por qué especificó la Constitución actual en su Artículo 348 requisitos más exigentes que los de mayoría simple de la Asamblea Nacional y 10% de los electores (Artículo 71), que eran, de nuevo, los que prescribía desde 1998 el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que se empleó en aquella ocasión y bastó? ¿Por qué el 348 estipula dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los electores en la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No será porque el Artículo 348 está hablando de una convocatoria directa a constituyente y por eso exige condiciones especiales más astringentes? ¿En qué viola la convocatoria presidencial directa de una asamblea constituyente la prescripción del Artículo 5? (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). ¿No es un ejercicio indirecto de la soberanía que el Presidente de la República, uno de “los órganos que ejercen el poder Público” y elegido “mediante el sufragio”, convoque a constituyente? (¿O, si a ver vamos, indirectamente la Asamblea Nacional, que también es un poder que ejerce—o debiera ejercer—el Poder Público e igualmente se elige mediante el sufragio?) Por último, ninguna nueva constitución puede entrar en vigencia sin un positivo referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario, el Pueblo, en el que precisamente reside intransferiblemente la soberanía. (Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿Cómo es que se viola el Artículo 5 si en último término es el Pueblo quien debe aprobar la constitución resultante de una asamblea constituyente, convóquela quien la convoque? (Por cierto, la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo).

………

Luego está, naturalmente, lo de “votaciones sectoriales y territoriales”. Hasta ahora, no se conoce lo que será la proposición de las bases comiciales de la elección de la constituyente ya convocada válidamente. El decreto 2.830 del 1º de mayo no menciona esa distinción sectorial-territorial respecto de las votaciones mismas, sino que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales”. (“¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán ‘todos los trabajadores y empresas’ o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe”. En La lidia fácil). En cambio dice: “mediante el voto universal, directo y secreto”. La pretenciosa redacción llama, por supuesto, a la peor de las interpretaciones, pero son hipótesis del suscrito que 1. el gobierno de Maduro, luego de rebeliones internas recientes que causaron la reversión de las infames sentencias 155 y 156, y dado el muy mayoritario repudio del gobierno en la opinión nacional, no tiene la fuerza política para imponer la distorsión que la MUD cree es su intención, y 2. ha empleado intencionalmente subterfugios para irritar a la oposición y provocar la conducta apresurada que ha exhibido. (Ver, de nuevo, La lidia fácil, con argumentación que pudiera estar equivocada). Pero es que se ha hecho práctica común en el debate político venezolano la atribución de intenciones al adversario de las que no se tiene constancia: “Lo que busca Ramos Allup…” o “lo que pretende Istúriz…” En esta práctica incurre la misiva de la MUD a Jaua: “se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio”, “El objetivo de Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria constituyente no es otro que eludir la [responsabiidad de] restablecer el derecho al sufragio en Venezuela…” Eso de lo que busca o lo que pretende el adversario es lenguaje de moda.

No puedo saber exactamente cuáles son los propósitos del Presidente de la República, pero parecieran patentes sus logros:

El efecto político inmediato es múltiple: en primer lugar, desarma, entorpece o debilita las protestas y exigencias opositoras, empequeñecidas por la portentosa presencia de un proceso constituyente. Luego, desinfla bastante la presión internacional; ¿cómo se puede llamar dictador a quien convoca elecciones, según prevé la Constitución, para que opere una asamblea constituyente? Por último, compra tiempo; con esta “salida”, Maduro prácticamente se asegura como Presidente hasta el 10 de enero de 2019. (#lasalida de Maduro (primera parte)).

A eso, postulado prematuramente el mismo 1º de mayo, puede añadirse la débil actitud de negación inducida en la MUD; como puse en La lidia fácil, la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes. Siendo que una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo, ella podría obliterar cualquier intención—que pongo en duda—de constituyente “comunal” o de composición “sectorial”. (Al recibir el golpe del triunfo opositor del 6 de diciembre de 2015, Diosdado Cabello instaló, en la agonía del parlamento que presidió, un tal “parlamento comunal” al que “primeramente” debía responder la Asamblea elegida aquel día; ni siquiera ha vuelto a mencionar el asunto ni a procurar que la Sala Constitucional convalide su monstruoso invento, menos ahora cuando una nueva sesión del Consejo de Defensa de la Nación pudiera “exhortarlo” a abandonar su pretensión). Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos.

Puedo, admito de nuevo, estar equivocado. (No creo que en lo de la interpretación legal, sino en eso de andar postulando propósitos no tan aviesos pero sí traviesos para tomarle el pelo a los de la oposición, aprovechando que ya Jesús Torrealba no manda en la MUD, en la que fue elegido a su coordinación pero no, según dijo, por su “frondosa cabellera”). LEA

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