Puntualización

La constituyente dudosamente elegida el pasado 30 de julio se ha iniciado con exceso de sus facultades. El Artículo 347 de la Constitución establece que esas facultades son “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. La destitución de un funcionario—como la fiscal Ortega Díaz—no es “transformar al Estado”, y en todo caso se lo transforma y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no entra en vigencia hasta que el Pueblo la aprueba en referendo. (Cf. Preámbulo y Disposición Final de la constitución vigente).

El Poder Supraconstitucional

En cambio, el Poder Supraconstitucional puede, como se argumentara el 17 de diciembre del año pasado en Manda Su Majestad, abolir el gobierno que preside Nicolás Maduro Moros, pero también tiene poder suficientísimo para disolver esa constituyente que se ocupa en operaciones perniciosas a la Nación. Es a estos fines a los que los actores políticos que repudian con muy buenas razones al actual régimen, y con capacidad operativa, deben dedicar sus esfuerzos de ingeniería. Como se puso al cierre de Prerrogativa del Poder Supraconstitucional: “Necesitamos convencernos a nosotros mismos de que eso es la voluntad de la mayoría del Pueblo, la voluntad del Poder Supraconstitucional, y convencer a los militares de que efectivamente han recibido una orden expresa y clara del Soberano. No podemos admitir que por cuenta propia usurpen nuestro inalienable derecho de rebelión”.

En consecuencia, se ha modificado el texto del Acta de Abolición y Estatuto de Transición replanteado en esa entrada, para que diga ahora:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Supraconstitucional… por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República [y] disolvemos la asamblea nacional constituyente dudosamente elegida el 30 de julio de 2017 y anulamos todas las decisiones que ha tomado hasta la fecha

No está mal “la defensa de la Constitución”, pero lo que ahora procede es la afirmación de nuestra supraconstitucionalidad. LEA

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Prerrogativa del Poder Supraconstitucional

 

La insignia del Pueblo

 

…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.

Declaración de Derechos de Virginia – 12 de junio de 1776

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Es doctrina fundamental de la constitucionalidad venezolana (19 de enero de 1999) que el Pueblo es un poder, el único, que no está limitado por la Constitución, que es el Poder Supraconstitucional. En ese carácter, no está sujeto a otros límites que no sean los Derechos Humanos y los tratados válidamente contraídos con las soberanías equivalentes de otros países. El Pueblo es también, por eso mismo, el Poder Constituyente Originario, puesto que da origen no sólo a la Constitución sino, a través de ella, al Estado mismo. El Estado entero le está subordinado y él es el único titular del Derecho de Rebelión:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia. (En artículo del suscrito para la revista Zeta, 3 de marzo de 2002, un mes y ocho días antes de lo que el editor de la publicación llamara la “Carmonada”).

“Pero la constitucionalidad venezolana es bastante más evolucionada que la doctrina de Virginia, que a fin de cuentas estuvo concebida por súbditos de Jorge III de Inglaterra. No somos súbditos de Nicolás Maduro Moros; nosotros nos sabemos por encima de cualquier régimen, incluso por encima de la Constitución misma. Por eso no necesitamos siquiera del reconocimiento de tal supremacía en el Artículo 350 de la de 1999: ‘El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos’. Ése es verdaderamente un artículo, más que redundante, impertinente: la Constitución no puede mandar al Pueblo, menos si escribe irrespetuosamente su mayestático nombre (a lo largo de todo su texto) con inicial minúscula. No es que podamos, con el ‘permiso’ que constitucionalmente se nos confiera, desconocer un gobierno de esa clase; es que podemos abolirlo. Nosotros podemos mandar, como Soberano que somos, directamente desde nuestro Poder Supremo, sin la mediación de algún poder constituido o la regulación legal o reglamentaria. Podemos mandar como Corona y punto. No necesitamos una consulta previa que nos pregunte si queremos mandar”. (Manda Su Mejestad, 17 de diciembre de 2016).

Somos el Poder Supraconstitucional.

………

Los acontecimientos más recientes, que incluyen la denuncia de fraude electoral el pasado 30 de julio por nadie menos que la empresa Smartmatic—proveedora desde hace trece años de la plataforma tecnológica electoral venezolana—, han hecho recrecer la presunción de que no queda mucho tiempo al gobierno que preside Nicolás Maduro, pero también han acelerado las actividades conspirativas a espaldas del Pueblo. En el seno de éste, por supuesto, reside una pequeña proporción de ciudadanos que darían la bienvenida a la toma del poder por un militar con riñones (eufemismo). Esto no es nada nuevo: “En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de per­sonas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder”. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, septiembre de 1987).

También tenemos especímenes que ansían una intervención de Marines estadounidenses; ayer me hicieron llegar un archivo de video del canal llamado Venezolanos Globalizados, en el que el entrevistado—de acento cubano pero inclinación obviamente mayamera—, que decía tener entrada en los más recónditos pasadizos del gobierno de los EEUU, afirmaba: “Aunque la operación de Irak no fue exitosa en muchos planos, se va a tener que implementar algo parecido a lo de Irak, porque a la vez que viene la intervención militar lo primero que hace es que se mandan unidades ahí de asuntos civiles, se establece un gobierno intermediario y ahí es donde el Departamento de Estado, al igual que hicimos en Irak, empieza a trabajar no sólo con líderes de Venezuela que son de la oposición sino con líderes también del exilio para implementar un gobierno temporario y tener elecciones libres. (…) Ahí es donde entra el Departamento de Estado y ahí es donde entra también incluso hasta una participación del Departamento de Justicia que puede ayudar a los venezolanos a restablecer una constitución más fuerte”. Veamos su arrogantísima e inaceptable declaración:

 

 

La Mesa de la Unidad Democrática está en el deber de repudiar de inmediato y frontalmente una intromisión tan grosera como ésa.

………

Retornando a lo local, estos alucinados enfoques llevan tiempo entre nosotros. Por estos días, Alberto Franceschi aboga abiertamente por una intervención militar, así como antes Enrique Aristeguieta Gramcko. También Luis Ugalde S. J. con su “Larrazábal II” (diciembre 2016) y Juan Carlos Sosa Azpúrua con sus “militares decentes” (agosto 2014). Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…” (…) Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Dos años y dos meses después de la última comunicación que recibiera de Olavarría, Wolfgang Schalk iba más allá del golpe de Estado por militares para aconsejar, el 27 de marzo de 2005 en el Grupo de Veedores de la UCAB, el establecimiento en Venezuela de “una dictadura férrea de dos años”, al estilo Pinochet. Apartando su locura intrínseca, todas ésas son prescripciones para la usurpación de una atribución exclusiva del Poder Supraconstitucional de Venezuela.

………

Contra el gobierno de Nicolás Maduro se atenta desde su mismo inicio. (Ver La historia desaparecida, 2 de abril de 2017, para un recuento esquemático). A su asunción del cargo de Presidente ya se decía: “Maduro no es Chávez; a ése lo tumbamos de un soplido”. Naturalmente, el deplorable personaje y su pernicioso modo de gobernar son una tentación muy fuerte; cuesta trabajo no afiliarse a la prescripción de salir de su gobierno por cualquier medio. Pero siempre hubo modos correctos de lograr definiciones cruciales de la Corona a disposición de la dirigencia política opositora. Todavía hay uno, si es que ya no es viable un referendo consultivo constitucionalmente válido que le pregunte: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016). Ese modo correcto no es otro que la abolición del gobierno de Nicolás Maduro desde la supraconstitucionalidad del Pueblo, y como tal tratamiento no es un acto electoral ni un referendo, debe ser gestionado fuera del control del Consejo Nacional Electoral.

Lo que hay que hacer es algo como lo organizado el pasado 16 de julio para que una verdadera mayoría nacional suscriba algo como lo siguiente:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Nicolás Maduro Moros, el Consejo Nacional Electoral procederá a organizar una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los noventa días consecutivos siguientes para completar lo que resta de período constitucional. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, quien no podrá postularse en esa elección.

Cláusula Segunda. El ciudadano así investido no podrá postularse en las elecciones presidenciales que sucederán al término del período.

Cláusula Tercera. El Presidente de la República elegido según lo dispuesto en la Cláusula Primera procederá a restablecer plenamente la libertad de opinión y prensa y resarcir a sus antiguos dueños los medios de comunicación confiscados.

“Como queda claro, el Pueblo manda de esa manera a la Fuerza Armada Nacional, al Consejo Nacional Electoral y al propio nuevo Presidente de la República; tiene poder suficientísimo para emitir esas órdenes, así como para pautar un procedimiento especial que regule el curso institucional posterior a la abolición del régimen”. (Manda Su Majestad).

Necesitamos convencernos a nosotros mismos de que eso es la voluntad de la mayoría del Pueblo, la voluntad del Poder Supraconstitucional, y convencer a los militares de que efectivamente han recibido una orden expresa y clara del Soberano. No podemos admitir que por cuenta propia usurpen nuestro inalienable derecho de rebelión. LEA

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Predicción a corto plazo

Actualización en nota al final

Una pequeña bola de cristal

 

El 17 de julio en Manipula y vencerás: “El verdadero cotejo está a la vuelta de la esquina. Si Maduro no retira la convocatoria a elecciones de constituyente, dentro de dos semanas ellas serán celebradas. No creo que asista a esos comicios una población superior a la reunida ayer. Las encuestas miden no más de 20% de simpatías por el Partido Socialista Unido de Venezuela. (Datincorp las midió en mayo en 17%). Es de esperar una abstención muy considerable el próximo 30 de julio, y entonces se produciría lo que Herman Escarrá ha señalado como la posible ausencia de un “quórum de legitimidad” de la asamblea constituyente a elegir ese día”.

Ayer se repitió la estimación en el programa #259 de Dr. Político en RCR:

En el #256 se recomendaba una asistencia masiva a la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el 16 de julio y una abstención también masiva en el día de hoy. La oposición ha hablado primero de una abstención de 90%, luego de 88%, pero aún no ha dicho oficialmente nada el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que no haga falta exigir la prueba del polígrafo (detector de mentiras) para Tibisay Lucena, LEA

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Actualización (Unión Radio): CARACAS.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que la participación en la jornada electoral de este domingo para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente fue del ”41,53% del padrón electoral para un total de 8 millones 089 mil 320 venezolanos que se pronunciaron”. (La Constituyente de 1999 tuvo una participación de 46,2% del registro de electores el 25 de julio de ese año). O la bola de cristal funciona mal o la rectora Lucena no pasa la prueba del polígrafo. Vale.

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Relectura más que nunca útil

No han caducado todavía

 

A Melquíades Pulido García

La peña política más longeva de Caracas tiene como anfitrión al Ing. Luis Ugueto Arismendi, exMinistro de Hacienda del gobierno de Luis Herrera Campíns. Antes de los trancazos del novísimo arsenal táctico de la Mesa de la Unidad Democrática, se reunía los lunes; de hecho, era su nombre más o menos formal la “Peña de los Lunes”. El lunes 16 de febrero de 2009 se reunió para una evaluación post mortem del referendo que autorizó la reelección indefinida de autoridades electivas, que interesaba particularmente a Hugo Chávez Frías. Al lunes siguiente, 23 de febrero, volvió a reunirse, y en esa nueva oportunidad tomó la palabra Eduardo Fernández para declarar: “Con estos partidos [los de la MUD] no vamos p’al baile. Tenemos que crear una nueva organización”. (“…no es que criticaba a los partidos sino que los desahuciaba, y entonces, según él mismo, denigraba de la democracia como sistema”. Hijo de gato (“tigre”) caza ratón, 13 de junio de 2016).

Admito que al escuchar tales palabras quedé atónito; ésa era mi tesis explícita desde febrero de 1985, y por aquella lejana fecha Fernández se le oponía bautizándola de “conspiración satánica”.

Por esos días [junio de 1985] publicó Eduardo Fernández un artículo que llamó “La conspiración satánica”, haciendo uso de la frase de Caldera de hacía unos meses. En este artículo, publicado en el diario El Nacional, Eduardo hacía una especie de retrato hablado de los “conspiradores”, advirtiendo contra quienes osaran cuestionar a los partidos, puesto que criticar a los partidos equivaldría automáticamente a denigrar de la democracia como sistema. No hacía más, pues, que repetir la falacia de la identificación de partidos concretos con democracia. (Comentario en Krisis: Memorias prematuras).

Las voces frescas del país

Tardé, pues, uno o dos días antes de llamarlo para preguntar: “¿Estás hablando en serio?” Siendo su respuesta decididamente afirmativa le dije: “Bueno, yo tengo un proyecto concreto. ¿Quieres que vaya a presentártelo?” De nuevo la respuesta fue un sí que pareció rotundo, y pocos días después estábamos en su oficina, donde monté en su computador personal una presentación del esquema actualizado de un proyecto desatendido, al que se le había negado apoyo veinticuatro años atrás. Una vez más pregunté si le parecía que lo que le presentaba pudiera funcionar; una vez más asintió. Entonces propuse reunir un grupo más amplio al que pudiera explicarse los conceptos de la cosa, lo que ocurrió en los predios de IFEDEC (que él preside) unas cuantas semanas después. La sesión matutina al efecto tenía dos partes, y Fernández se levantó excusándose y se ausentó al concluir la primera. Esa misma tarde supe por uno de los asistentes que un importante funcionario de IFEDEC le había dicho que lo que yo proponía tampoco “iba p’al baile”. Meses después me enteré de que Eduardo Fernández procuraba constituir una “nueva” asociación política con las caras “nuevas” de Lewis Pérez y Luis Miquilena. (En su campaña de 1988, insistía en una “democracia nueva”, con énfasis de voz en el adjetivo).

Pero antes de que supiera de esa tercera o cuarta muerte del proyecto de 1985, expuse en la Peña de los Lunes cómo creía yo que marchaba la cosa. Allí dije en la introducción: “Es ante este panorama que quienes se propongan actuar políticamente, para proporcionar al país tratamientos eficaces a sus problemas públicos principales y superar tan pernicioso proceso, deben reunir la claridad e inteligencia necesarias a una doble tarea: la superposición de un nuevo discurso y una nueva gramática política a través de una especie diferente de organización política y voces frescas, y la contención de la agresividad gubernamental cotidiana mientras lo primero se completa. Si bien la solución de fondo, la salida estratégica a plazo duradero es el establecimiento de la nueva organización mencionada, no puede ser soslayado que la Nación requiere una oposición eficaz de todos los días, la gestión táctica de la batalla cotidiana con mejores instrumentos y configuraciones”. He aquí lo que ese día reporté sobre el tema de la nueva organización:

La necesidad estratégica:

Por debajo del proceso oncológico de la dominación chavista, hay una condición patológica que lo precede y lo permitió: una insuficiencia política crónica (al menos desde 1984) y grave causada por la esclerosis paradigmática del liderazgo político convencional. El paradigma político prevaleciente es todavía el que entiende la política como lucha por el poder, desde un partido que no puede entenderse sino ubicado en algún punto del intervalo definido por los polos de extrema izquierda y derecha extrema. El chavismo es la exacerbación de ese concepto: la práctica de la Realpolitik hasta sus últimas consecuencias desde un izquierdismo infeliz, extremo y sin destino.

Tal paradigma puede ser sustituido, como comienza en la práctica a ocurrir aun antes de que las elaboraciones teóricas parezcan existir. Es desarrollo conceptual fundamentalmente venezolano que el nuevo paradigma político, que sustituirá al prevaleciente, es de carácter clínico, y su aceptación está a punto, pues se percibe con claridad una reciente y creciente emergencia de su postulado fundamental y sencillo: que la Política sólo cobra sentido como el oficio de resolver los problemas de carácter público.

Pero la expresión efectiva de un paradigma político se lleva a cabo mediante el vehículo de una organización que lo practique y difunda. Es la construcción de una organización que porte y difunda ese paradigma la tarea política más importante del nivel estratégico.

En la actualidad, se inicia en el IFEDEC, en labor de ingeniería genética, el desarrollo de una opción para la organización requerida. Las siguientes son las hipótesis fundamentales que guían este desarrollo:

1. La organización no es un partido político convencional definido por una ideología, ni nace para oponerse o desplazar a los partidos. Se rige por una metodología y pueden pertenecer a ella miembros de partidos.

2. La organización no lo es de organizaciones, sino de ciudadanos.

3. La organización no se define como instrumento de la “comunidad opositora”, y su apelación universal pretende ayudar a subsanar el problema de un país dividido.

4. La misión fundamental de la organización es la de elevar la cultura política de la ciudadanía en general, y la de formar a personas con vocación pública en el arte de resolver problemas de carácter público, esto es, en Política.

5. La organización establecerá una unidad de desarrollo de políticas públicas, a ser sometidas a la consulta más amplia posible.

6. La organización facilitará la emergencia de actores idóneos para el ejercicio de las funciones públicas.

7. La organización será establecida inicialmente en los espacios de Internet. El país contaba con 7.167.000 internautas a fines de 2008 (desde el nivel de 5.500.000 a comienzos de año), de los que más del 60% se ubican en las clases D y E. El 90% de esta población usa conexión de banda ancha.

8. La organización deberá estar en condiciones operativas en un plazo no mayor de seis meses desde ahora, a tiempo para incidir determinantemente en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional.

Mientras progresa el desarrollo de esta opción organizativa, el IFEDEC ofrecerá talleres para explicar con más detalle el concepto y su estado de elaboración.

………

Pero también hablé del problema de la contención del gobierno, un tema que ante el mismo auditorio había introducido con antelación de una década:

Mucho antes, en abril de 1999, planteé a la Peña de Luis Ugueto Arismendi, y luego hasta la saciedad en otros sitios y escritos, que la oposición por negación de Chávez no funcionaría, que uno no negaba un fenómeno telúrico que tuviera ante los ojos, que no se negaba la existencia del Caroní, que la oposición eficaz debía proceder, en un nivel inmediato, por contención—“El problema de Chávez (…) es también, y muy importantemente, uno de contenerle. Urge encontrar el modo de tomarle la zurda muñeca que empuñará la llave inglesa y dificultarle el opresivo giro con el que querrá expandir su totalitaria y quirúrgica manera de gobernar”. (Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004)—, pero más profundamente por superposición.

El 20 de julio de 2009 planteé a los asistentes a la peña lo siguiente:

La gestión de la batalla cotidiana:

La contención del avasallamiento oficialista es posible, y en más de una ocasión se ha revelado como eficaz. Hoy más que nunca, cuando el gobierno busca reducir a la impotencia los mandatarios estadales y locales que no le obedecen, y vulnerar o eliminar de un todo a importantes centros de poder económico, es preciso organizarse para esa contención. Dicho de otro modo, esta contención necesita un aparato especializado. Quienes asignan recursos financieros o comunicacionales deben propiciar su establecimiento y facilitar su acatamiento por actores autónomos.

Es este aparato el cliente necesario de una instancia que ha venido siendo propuesta con insistencia: la de una “sala situacional”. En verdad, conviene a un aparato de contención el auxilio de una función que recabe inteligencia, en posible anticipación de los movimientos del gobierno.

George Washington en 1779

El aparato de contención debe responder a la guía de un jefe único. Al independizarse trece colonias del dominio de Jorge III de Inglaterra, no se produjo el nombramiento de trece generales en jefe, sino el de uno solo: Jorge Washington. Lo mismo debe hacerse en Venezuela ahora. La solución no es una instancia suprema colegiada, como se probó ya con poco éxito en tiempos de la Coordinadora Democrática. Al jefe del aparato deberá darse autoridad y recursos para que establezca el estado mayor y las unidades funcionales que hagan falta. Deberá ser persona inteligente y experimentada, que comprenda la verdadera naturaleza de la guerra y no sea meramente algún fanfarrón que sólo atine a predicar valentías radicales e inviables con envoltura moralista.

Esta jefatura no guarda relación alguna con una candidatura presidencial, y quien la ejerza no deberá pretender que ésta se desprende de su trabajo. Eisenhower fue candidato ocho años después que concluyera la guerra que su jefatura militar ganara en Europa, y su mando se rodeó de discreción. Patton, que estaba bajo su mando, y MacArthur que operaba en el Pacífico, hasta Marshall en su momento, tuvieron más exposición pública que Eisenhower.

El aparato no debe exigir a gobernadores y alcaldes de oposición su participación en la lucha. Éstos deben en principio restringirse al cumplimiento de las funciones para las que fueron electos, y a la defensa de sus administrados y sus atribuciones, en ocasiones federados con colegas amenazados. Si el oficialismo abusa de los cargos que acumula involucrándolos en el combate partidista, no debe reproducirse esa conducta de este lado. El aparato puede y debe, eso sí, facilitar información a los gobernadores y alcaldes de oposición y defenderles.

El aparato de contención hará bien en alejarse del protocolo de acusación ritual que cada día añade unas cuantas páginas al prontuario del régimen, sin atinar a refutarlo. El trabajo de fondo es el esbozado en la sección anterior: superponer al discurso chavista uno de nivel superior, capaz de extinguirlo. Pero mientras eso está disponible, es preciso construir refutaciones.

Un método para producir metódicamente las refutaciones necesarias es la de marcación individualizada sobre cada funcionario o vocero importante del gobierno, incluyendo, por supuesto, al propio presidente Chávez. “Los dispositivos de defensa en la práctica del fútbol adoptan básicamente una de dos configuraciones: la llamada marcación o defensa de zonas, por la que se asigna a cada jugador la responsabilidad de cubrir un determinado territorio del campo de juego, o la usualmente más eficaz marcación de hombre por hombre… En el fragor de la presente lucha política nacional pareciera que los opositores al gobierno han optado por una marcación de zona. Todo el mundo se mete con todo el mundo… Tal vez valga la pena intentar ahora una marcación hombre a hombre”. (Carta Semanal #77 de doctorpolítico, 11 de marzo de 2004).

Es claro que la labor de contención no se limita a la refutación del discurso oficial, y que debe incluir operaciones de otra naturaleza, incluyendo publicaciones, emisiones radiales y televisadas, protestas y otras acciones de calle, así como presiones sobre las instituciones públicas—a pesar de su obsecuencia—y comunicaciones e interacciones con actores internacionales.

Creo que unas cuantas de las prescripciones recomendadas hace ocho años en la Quinta Matabel aún no alcanzan su fecha de vencimiento. LEA

………

Nota final: Nunca me pensé en el papel de Washington. Las notas de mi exposición ante la Peña de los Lunes del 20 de julio de 2009 incluían estas apostillas:

1. Es ya de cultura general la útil fórmula 80-20 de una “distribución de Pareto”: en términos gruesos, que usualmente el 20% de los factores produce el 80% de los resultados. A pesar de que la labor de construcción de una organización política, de código genético distinto del de un partido convencional, es la avenida estratégica de mayor profundidad, ineludible para la superación del actual y muy preocupante estado de cosas, y a pesar de que el suscrito está involucrado precisamente en esta tarea, es su recomendación que el 80% de los recursos obtenibles sea dedicado a la labor inmediata de contención. La tarea estratégica debe asumirse desde una compacta estructura de costos, informatizada, ágil, hasta que en operación normal pueda captar sus recursos de la Red. El 20% del “diezmo” debiera serle más que suficiente. Aprovecho aquí para ofrecerme como soldado para misiones que el jefe del aparato estime que pueda realizar. Esto es, por más que quiera trabajar en el largo plazo, estoy dispuesto a labores de contención en lo que sirva.

2.  Melquíades Pulido escribió hace poco a alguien: “Continuamos en la búsqueda de la letra de la ‘tesis política’.” A continuación añadió: “Esperemos que surjan los cantantes. La ventaja tuya es que puedes ser un cantautor”. Y es éste un concepto atinadísimo. No existe el programa de gobierno del Partido Republicano, como no existe el del partido Demócrata. Existen y existieron las plataformas de McCain y Reagan, las de Clinton y Obama. Las tesis políticas vienen encarnadas, por lo que es probablemente ilusorio componer la canción y su letra en un laboratorio para que luego cantantes que no la hicieron la interpreten. Si desplazamos el esfuerzo de un diseño consensual de la tesis, para buscar figuras concretas (cantautores) que de una vez traigan algo en la bola, resolveremos de un golpe el tema de la tesis y al mismo tiempo el “problema de la contrafigura” (You can’t fight somebody with nobody).

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Manipula y vencerás

 

Cecilia García Arocha anuncia los resultados de la jornada de ayer

 

El Presidente de la Asamblea Nacional declaró anoche, al conocerse la participación de la población en el “plebiscito” convocado para el 16 de julio: “Con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”. Bueno, para empezar, ninguna de las tres preguntas de la consulta de ayer estuvo referida a una teórica revocación del mandato de Maduro; Julio Borges corona así una serie de manipulaciones que iniciara Henrique Capriles Radonski en 2013, cuando predicara que las elecciones municipales del 8 de diciembre de ese año eran “un plebiscito contra Nicolás Maduro”. Dos años después (11 de octubre de 2015), el entonces candidato a diputado José Guerra afirmaba: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. (El socialismo va a referendo). Capriles perdió, como autoungido jefe de campaña de todos los candidatos a alcaldes por la MUD (en imitación de Hugo Chávez), ese plebiscito inexistente, y José Guerra nunca propuso seriamente, ya elegido diputado a la Asamblea Nacional, que este órgano convocara válidamente el referendo que proclamara falazmente. (Ver ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

Mala costumbre ésa de distorsionar el sentido de los eventos políticos. (Otros ejemplos de afirmación hiperbólica: el 20 de septiembre de 2014, Voluntad Popular proclamaba por boca de Luis Florido—su Coordinador Regional en Lara—que había “activado” el Poder Constituyente en el estado para tal fin, al reunir tal vez cuatro centenas de personas en un “céntrico hotel de Barquisimeto”. Miguel Rodríguez Torres declaraba el 4 de febrero de 2015 al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia y apenas la revolución lleva 15 años”. Por su parte, Erika Farías reconoció que los problemas subsisten, pero decía que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver ¡los que datan de hace tres mil! Aparentemente, logró precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario).

Pero es que, además, la cifra anunciada por Cecilia García Arocha (7.186.170 participantes sobre 95% de las actas escrutadas) todavía no supera los 7.505.338 votos obtenidos por Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013 (Capriles obtuvo entonces 7.270.403); en el 5% de actas faltantes tendría que registrarse 319.169 electores adicionales. Más importantemente, el Registro Electoral arrojaba para el pasado mes de mayo un total de 19.571.043 electores en el país, y entonces la votación de ayer corresponde a 36,7% del registro, bastante menos de la mitad de los electores registrados e, insisto, esa votación no era revocatoria.

La participación ciudadana del 16 de julio ha sido ciertamente sobrecogedora, poderosísima, pero en ningún caso se trataba de la revocación del mandato de un Presidente cuya “falta absoluta” declaró el mismo Julio Borges hace seis meses y una semana (9 de enero), cuando la Asamblea Nacional proclamó que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! (¿Para qué revocar, aunque sea retroactiva y simbólicamente, el mandato de quien supuestamente ya no lo ejerce?) Uno espera mayor seriedad en quien preside el Poder Legislativo Nacional, que no se comporte como comentarista aficionado, sino como político responsable; es decir, veraz.

El verdadero cotejo está a la vuelta de la esquina. Si Maduro no retira la convocatoria a elecciones de constituyente, dentro de dos semanas ellas serán celebradas. No creo que asista a esos comicios una población superior a la reunida ayer. Las encuestas miden no más de 20% de simpatías por el Partido Socialista Unido de Venezuela. (Datincorp las midió en mayo en 17%). Es de esperar una abstención muy considerable el próximo 30 de julio, y entonces se produciría lo que Herman Escarrá ha señalado como la posible ausencia de un “quórum de legitimidad” de la asamblea constituyente a elegir ese día. (Sin embargo, el 25 de julio de 1999 se registró una abstención electoral de 53,7% en la elección de diputados a la constituyente, y en las elecciones de Asamblea Nacional en 2005 la cosa llegó a 75%. Ambos cuerpos sesionaron impertérritos).

Las señales políticas provenientes de la comparación entre el 16 y el 30 de julio serían, en todo caso, inequívocas, aunque no haya revocación del mandato de Nicolás Maduro. Pero hay que leerlas y, sobre todo, explicarlas correctamente. No puede decirse que ayer se manifestó, Borges dixit, “el grito de todo un país” en rechazo a la constituyente; fue el grito de 37% del país. Si la “Hora Cero Nacional” anunciada por la MUD significa la aplicación del desconocimiento prescrito en el Artículo 350 de la Constitución, va a necesitarse algo más que eso. LEA

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El Tratado de Santiago de León de Caracas

 

La Sede del Tratado

 

…quizás podríamos darnos cuenta de que hay espacio para todos y que nadie tiene más derecho de ciudadanía que los demás.

Ryszard Kapuściński – Los cínicos no sirven para este oficio

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Ha sido noticia destacada de la semana un llamado suscrito por algo más de sesenta nombres notables; entre ellos, los del aparente líder del grupo, Pedro Nikken, exDecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, exPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con experiencia directa en el proceso de negociación que concluyó en los acuerdos de paz en Centro América en los tiempos de buenos oficios del Grupo Contadora. Pero también destacan Ignacio Arcaya (exMinistro de Relaciones Interiores del primer gobierno de Hugo Chávez), Carlos Ayala Corao, los hermanos Mario y Vladimir Villegas, Colette Capriles, Rocío San Miguel, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Paulina Gamus Gallegos, Carlos Raúl Hernández, Francisco Layrisse, Laureano Márquez, Liliana Ortega, Michael Penfold, Francisco Suniaga y José Virtuoso S. J. El documento—LLAMADO AL ENTENDIMIENTO NACIONAL—en el que asientan su preocupación fue dado a conocer el lunes 10 de los corrientes; su tesis central es sencilla: “La inédita crisis política, económica y social que padece Venezuela no hará más que agravarse si el ejercicio de la inteligencia y el patriotismo del liderazgo no detiene la escalada de la confrontación”. El diario El Nacional resume las recomendaciones del grupo:

Los firmantes sostienen que para cortar de raíz la escalada del conflicto “es necesario asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho”. En tal sentido formulan 3 propuestas: primero, instan a Nicolás Maduro a “suspender el acto electoral fijado para el 30 de julio y abrir un compás de oportunidad para el entendimiento”. Segundo, mantener a la Santa Sede como mediadora en el proceso, como instancia capaz de “ayudar a construir confianza, acercar posiciones y promover acuerdos”. Tercero, proponen la creación de un grupo de “cuatro países amigos invitados de mutuo acuerdo que acompañen la mediación” y sirvan de garantes para el cumplimiento de lo acordado. Y por último, las personalidades recomiendan que el funcionamiento de ese mecanismo de entendimiento “sea definido por reglas formales, que se resguarden las propuestas en discusión y que la vocería sea reservada únicamente al representante de la Santa Sede”.

Quien escribe pudo hablar telefónicamente con Nikken, luego de haber visto parcialmente una segunda participación suya en Vladimir a la 1, en compañía de Suniaga y José María Cadenas, en la que explicó que el manifiesto fue escrito para poder decirle a todo el mundo que en el país “nos vemos todos y cabemos todos”. También llamó mi atención que destacara algo que ya había notado: que en el documento no se cuestionaba la legalidad de la convocatoria presidencial a constituyente. La cordial conversación con Nikken, con quien tengo amistad que se remonta a 1962, concluyó con mi promesa de hacerle llegar enlaces a materiales de este blog que tratan el tema del diálogo, la negociación o el acuerdo posible entre los poderes públicos nacionales. Así le puse:

Comencé a tocar el tema de las conversaciones ente las partes, como te dije, en mayo de 2014, a raíz del espectáculo televisado en Miraflores. Entonces escribí una primitiva nota: Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0. El año pasado reaccioné a una preocupante manifestación de Ma. Corina Machado, por un lado, y Vladimir Padrino López por la otra, con la publicación el mismo día (25 de abril de 2016) de Desactivemos la bomba y Plantilla del Pacto. Finalmente, este mismo año generalicé el concepto de acuerdo en este último artículo a todos los poderes públicos, primero en Del armisticio como programa (11 de mayo) y luego con una redacción compacta en Versión formal (26 de mayo). Esencialmente, son tres cosas las que he venido sosteniendo: 1. que el diseño mismo del proceso de diálogo es esencial a su posibilidad de éxito; 2. que un diálogo entre gobierno y oposición es asimétrico. (Ése era el único posible en 2003 con la Mesa de Negociación y Acuerdos porque la oposición no tenía nada; ahora controla uno de los más importantes poderes públicos. El interlocutor correcto de la MUD es el PSUV, y el del Presidente de la República la Asamblea, no una federación de partidos de oposición); 3. que no se trata de dialogar sino de acordarse, y por tal razón un proyecto de pacto es un instrumento requerido.

Nikken había destacado el problema metodológico a partir de su experiencia en negociaciones, lo que es central en las proposiciones del grupo que encabeza. Desde el punto de vista del contenido del acuerdo al que se arribaría, el documento sólo propone que se suspenda como previa condición la elección de asamblea constituyente, por lo que se exige al gobierno que sea el único que conceda algo. En cambio, lo enumerado en Versión formal es un conjunto de concesiones mutuas, empezando por el reconocimiento y acatamiento conjuntos, por parte de todos los cinco poderes públicos nacionales, del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

Así, por ejemplo, la Asamblea Nacional anularía su declaratoria de abandono del cargo de Presidente de la República y aprobaría “un razonable decreto de amnistía”, así como convocaría un referendo consultivo que preguntara: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” y también: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?” El Tribunal Supremo de Justicia levantaría “las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral. relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas… (…) Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión”. El Contralor General de la República procedería a “anular las inhabilitaciones políticas que ha impuesto recientemente a los gobernadores de los estados Amazonas y Miranda”. El Presidente de la República facilitaría “la llegada de ayuda humanitaria ofrecida al país por diversos actores internacionales y su distribución equitativa” y anularía “su decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo sus propósitos programáticos en un proyecto de reforma constitucional que los comprenda y que él podrá someter a referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario”. Etcétera. Se trata de tomar y de dar.

También participé a Pedro Nikken que había hecho conocer ese esquema de acuerdo a la Conferencia Episcopal Venezolana (en cabeza de Mons. Diego Padrón, su Presidente), a la Santa Sede por vía del Nuncio Aldo Giordano y otras vías, y al Grupo de Alto Nivel designado por Parlasur para atender el caso venezolano. Él tiene más auctoritas que el suscrito y mayores posibilidades operativas.

Veremos. La inminencia de la más reciente iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática (la consulta convocada para dentro de dos días) y de la elección de diputados constituyentes dos semanas después, marcan la cuenta regresiva hacia un recrudecimiento tal vez irreversible de la confrontación. Los manifestantes del pasado lunes han declarado que es un objetivo crucial para el país detener “la escalada de la confrontación”. ¿Habrá tiempo? Tal vez, pero el éxito del intento debe estar en función de un proyecto de acuerdo con exigencias que no sean unilaterales. LEA

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