De amistades y soledades

Soledad Morillo Belloso escribió un artículo con alusión directa al suscrito—“Mi amigo Luis Enrique Alcalá”—el pasado 26 de enero, para comentar un escueto análisis mío en el que se expone alguna erraticidad de Primero Justicia respecto de las salidas a la crisis venezolana.

Soledad, que es militante de Primero Justicia, me acusa de incurrir en el pecado de arrancarle páginas a la historia, de leerla y analizarla desordenadamente, de no entenderla, de atar mal los cabos y de llegar a conclusiones equivocadas. A todo esto lo llama un “error confundido”. También de incurrir en imprecisiones que, según su evaluación, son al menos honestas e involuntarias.

La amiga Soledad está bastante equivocada. No estoy llegando a conclusiones. Estoy enumerando hechos, y es obvio y connatural a cualquier recuento que se haga abstracción de innumerables otros datos que ni la cabeza humana, ni mucho menos un pedazo de papel o un espacio digital, son capaces de registrar en totalidad, no digamos interpretarlos cabalmente. ¿O es que el recuento que ella ofrece en defensa de su partido sí es completo y no le arranca páginas a la historia? Como cualquier mortal, limitada, ha escogido su peculiar selección, la que entre otros determinantes tiene el muy importante de su militancia en Primero Justicia y, en consecuencia, su natural inclinación a defender la trayectoria de su partido.

Por otra parte, la amiga Soledad, una vez intentada su descalificación, procede a relatar algunas de las peripecias políticas en las que Primero Justicia ha estado envuelta, con la esperanza de anular la lectura que hago: que Primero Justicia ha sostenido posiciones contradictorias en materia de salidas a la crisis política venezolana.

Pero es que nada de lo que aduce tiene éxito en refutar ni una sola de mis observaciones.

¿Es una imprecisión anotar que Primero Justicia defendía la tesis de la enmienda constitucional a las alturas de febrero y marzo de 2002?

¿Es una imprecisión indicar que luego, abandonando su prescripción inicial, optó por promover el referendo consultivo?

¿Es una imprecisión anotar que, en lugar de saludar la aceptación del fondo del asunto por el TSJ, Primero Justicia saltó a la idea de constituyente, rechazando la enmienda que antes proponía?

¿Es una imprecisión hablar del éxito de Primero Justicia del 4 de noviembre y reconocer su mérito?

¿Es una imprecisión reproducir la defectuosa argumentación de Borges para oponerse a lo que antes defendió?

¿Es la dolida defensa de Morillo un recuento completo que no le arranca páginas a la historia?

Creo que la respuesta a la media docena de preguntas precedentes es siempre la misma: una sencilla y rotunda negativa.

Es evidentísimo que la relación de Soledad Morillo deja muchos huecos. Por mencionar sólo dos pequeñas cosas. Primero Justicia tuvo que expulsar apresuradamente a un connotado dirigente suyo, Leopoldo Martínez, luego de que Carmona presentara su mamotreto y se supiese que el primero era uno de los efímeros ministros del segundo. Eso forma parte del recuento completo. ¿O no?

Como también debiera aparecer en su crónica que Borges inventó la vistosa y poco científica teoría de los “seis terremotos”—“viernes negro”, “caracazo”, asonada de Chávez, etc.—según la cual el último y más funesto de los terremotos habría sido la decisión del 19 de enero de 1999, por la que la Corte Suprema de la época asentó la doctrina de que el pueblo, en su carácter de poder constituyente originario, es un poder, el único, supraconstitucional.

Puedo asegurarle a Soledad Morillo que la mitad de su caracterización de afirmaciones “honestas e involuntarias” tiene razón. Digo lo que digo desde un compromiso irrenunciable con la honestidad intelectual, postura que me ha traído no pocos sinsabores y dificultades. Pero no hay nada de involuntario en lo que escribí. Se trató mi escrito, por lo contrario, de un acto perfectamente consciente y voluntario.

Admito, por supuesto, que la situación es compleja. Pero es precisamente la complejidad del asunto la que requiere que el liderazgo sea capaz de absorberla y explicarla. Esa dificultad no es excusa. Es un reto para superarlo, cosa que Primero Justicia no ha podido hacer.

En suma, Soledad Morillo escogió un intento de descalificación completamente inválido de mis argumentos, y aun cuando hubiera sido válido, el mismo habría sido perfectamente aplicable a su propia argumentación. Es decir, tiene la misma estructura del rechazo “de fondo” de Borges a la enmienda, que repele la enmienda que una vez defendió porque carece de soluciones que tampoco tiene el referendo consultivo. No es, como dice Morillo, que Primero Justicia (Borges) se opuso a la enmienda solamente por su inoportunidad—lo que admití como buen argumento—sino también por defectos que aparentemente antes no veía y que, en cualquier caso, son defectos que también tiene el referendo. LEA

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Los tiempos tranquilos

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La intensa lluvia del martes 8 de mayo, comenzada a media mañana, produjo un extraño fenómeno de racionalidad exacerbada en al menos la zona de Sebucán, Sta. Eduvigis, Los Palos Grandes, Altamira y La Castellana de Caracas. A una hora normalmente terrible, la hora del transporte escolar de mediodía, el tráfico se mostraba relativamente fluido, los conductores se daban paso unos a otros y se escuchó una sola voz de corneta automotriz no repetida, mientras yo buscaba y traía escolares atravesando dos veces las urbanizaciones mencionadas.

Era como si la intensidad del agua, sobre conciencias asumidas por recuerdos de inundación y piedra, lodo y arena, sobre conciencias que ya saben evaluar instantáneamente magnitudes hidrodinámicas, hubiera rescatado ese espíritu de solidaridad que tiende a manifestarse como consecuencia de las calamidades, y hubiera disuadido la salida a la calle de transeúntes y transportes no imprescindibles.

Tiempo de catástrofes

La teoría de catástrofes es una creación relativamente reciente de la ciencia. No hace mucho tiempo desde que Per Bak y su grupo de colaboradores del Centro de Investigaciones Thomas Watson de IBM registrara lo que pasaba en un modelo a escala de avalanchas orográficas. Con un aparato tan sensible que era capaz de hacer caer arena grano por grano sobre una superficie circular, observaban la formación de colinas con una determinada “pendiente crítica”, a partir de la cual la caída de un solo grano de arena podía provocar avalanchas. Largos períodos de observación documentaron la regularidad de una distribución con sentido intuitivamente previsible: que una secuencia larga de granos de arena cayendo sobre la colina genera un buen número de pequeños aludes; que en menor medida ocurren aludes de mediano tamaño; que son posibles avalanchas de gran talla, aunque muy poco frecuentes. Y, dicho sea de paso, que no se observa hasta ahora ninguna avalancha que desmorone la colina íntegra.

Los grupos humanos, como los ríos y las montañas, como la población de huracanes y  la de terremotos, también son asiento de episodios caóticos de pequeña, mediana y gran magnitud. Y también pueden ser expuestos a tensiones que agraven la intensidad de esos episodios. Si a un estadio en Ghana se le cierran las puertas mientras se suscita en él un arranque de desorden, y si al enjambre de espectadores se le acomete con gases lacrimógenos y ruido de explosiones, hay que contar conque el resultado no será una trifulca entre una media docena de fanáticos, sino una estampida con saldo de centenares de muertos y heridos. Por cierto, el último incidente de Ghana es el sexto que se registra en la zona en tiempos recientes. Algo pareciera causar el aumento de los desórdenes en patrones endémicos: pareciera siempre haber conflictos en el Oriente Cercano, en los Balcanes, en Colombia. Como los forúnculos.

Cuando los precios del petróleo subieron hacia el tercer trimestre del año pasado, una protesta de camioneros franceses prendió la mecha de una eclosión que se extendió por España, los Países Bajos, Italia, Nueva Zelanda y pare de contar. (Por cierto, no era una protesta contra la OPEP, sino como esta misma organización advirtiera, contra el nivel impositivo que los gobiernos de países consumidores aplican al gasto de energía). Los enjambres humanos, que a diferencia de las piedras y las arenas cuentan con un creciente grado de intercomunicación, están gradualmente adquiriendo la capacidad de catastrofizar a escala transnacional. No es solamente el comercio lo que se globaliza: también el alcance de la conflictividad social. No está lejos el día de un 27F a escala subcontinental o intercontinental.

Avestruces académicas

Estas cosas parecen ignorarlas analistas de éxito e ingresos profesionales considerables. Gente como Moisés Naím, cuyo más reciente “estudio”—en inglés, naturalmente, con el título The Venezuelan Story: revisiting the conventional wisdom–—se distribuye ahora por selectos lotes de direcciones electrónicas. Naím vuelve a exhibir una notable capacidad de confusión entre la dimensión de la síntesis y aquella de la simpleza, para rechazar la interpretación de Chávez como “evidencia de la fermentación de una reacción contra la globalización, el capitalismo al estilo estadounidense, la corrupción y la pobreza”.

El propio Naím indica que su explicación de las cosas es contraria a esa lectura, a pesar de que “por la mayor parte, la situación de Venezuela es citada como una señal temprana de alerta sobre una reacción planetaria contra las ideas políticas, las políticas económicas y las relaciones internacionales que dominaron los años 90, esto es, la democracia liberal, las reformas de mercado y la globalización”.

En ninguna parte de su documento de 41 páginas Naím se refiere a los múltiples otros signos de molestia planetaria contra, precisamente, ese “Consenso de Washington” cuyo descrédito prefiere ignorar. No menciona para nada, por poner un caso, que desde hace ya un tiempo a esta parte, cada reunión internacional relacionada con esa manera de entender la globalización, es objeto de significativas manifestaciones de protesta. (Las que se conoce, por cierto, que no son organizadas por el MVR).

La superficialidad de la tesis de fondo naimista se pone en evidencia en simplistas afirmaciones como ésta: “…la desaparición del sistema de partidos que dominó la política venezolana por más de cuatro décadas no fue un súbito colapso al estilo soviético que resultara de una excesiva concentración de poder en manos de una pequeña clique de políticos. Más bien ocurrió como consecuencia de la descentralización del poder político y económico que comenzó a fines de los 80”.

Y no es que Naím carezca de razón en todo lo que dice, o que no sea fácil establecer conexión entre dos hechos simples cualesquiera de la reciente historia venezolana. Por lo contrario, como Naím cita con profusión un número de hechos incontestables, adquiere por ese procedimiento la falaz apariencia de científico social cuando fabrica sus tendenciosos enlaces factuales.

Todo esta bien, nos dice Moisés Naím. Chávez no es sino un incidente anómalo aislado. No viene ningún terremoto, no vendrá ninguna avalancha, sino tal vez solamente en Venezuela, donde ahora impera la barbarie. No hay descontento contra las prescripciones de gente como él mismo. Política homeopática: para curar a los pobres es preciso hundirlos más en la pobreza, siempre pedirles más sufrimiento, más “ajustes”.

La única manera de explicar cómo un gobernante tan obviamente dañino e incompetente como Chávez ha prevalecido últimamente, es precisamente reconocer que su irracionalidad y su iracundia se asientan sobre muy reales substratos.

La globalización es un proceso que, gracias a Dios y a su ingeniería de la complejidad del mundo, es bastante más rico que la casi estrictamente económica globalización de Naím y gente como él. El mundo construye, ciertamente, una economía que incluye—no es el único—un nivel planetario. Pero también construye un cerebro y una cultura del mundo, una polis del mundo. Mientras esa polis no adquiera las inéditas instituciones que pudieran satisfacerla mejor, la potencia de la protesta planetaria jugará un papel cada vez mayor. No, profesor Naím, no vienen todavía los tiempos tranquilos.

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El Llanero Solitario en Québec

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“La democracia participativa está revolucionando la política local en América y borbotea hacia arriba para cambiar también la dirección del gobierno nacional. Los años 70 marcaron el comienzo de la era participativa en política, con un crecimiento sin precedentes en el empleo de iniciativas y referenda… Políticamente, estamos en un proceso de desplazamiento masivo de una democracia representativa a una democracia participativa… El hecho es que hemos superado la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta… Esta muerte de la democracia representativa también significa el fin del sistema de partidos tradicionales”.

El texto precedente no es de Hugo Chávez Frías. Tampoco lo es de ningún ideólogo del Movimiento Quinta República o de algún ministro del gobierno venezolano actual. Las palabras citadas han sido extraídas de la edición de 1984 del libro Megatendencias, bestseller de un gurú de la futurología, consentido de los gerentes de la globalización, y muy exitoso y próspero vendedor de libros, cursos y conferencias: el muy norteamericano y estadounidense John Naisbitt, el que, por cierto, no ha dejado de venir al país invitado por organizaciones empresariales locales. Más aún, el país al que Naisbitt se está refiriendo con ese usurpado cognomento de “América”, es nada menos que su propio país, los Estados Unidos.

Pero basta que al llanero Chávez se le ocurra solicitar que la Declaración de Québec vaya más allá de la consabida frase laudatoria de la democracia representativa, y que ninguno de los mandatarios asistentes a esa reciente Cumbre de las Américas le acompañara, para que un buen número de analistas cope los espacios nacionales de opinión para declararlo solitario y asegurar que con tal actitud Venezuela queda aislada en el concierto de las naciones del continente.

El pez muere por…

Chávez tiene, entre muchos, un problema constante: el del prejuicio en su contra que ha logrado construir él mismo diligentemente, gracias a sus reiteradas manifestaciones de malacrianza y agresividad. Es un problema que me complaceré en denominar el “efecto Radhakrishnan”. Resulta que por allá por los fines de los cincuenta o comienzos de los sesenta, el autor hindú Sri Radhakrishnan escribía un librito titulado Kalki o el futuro de la civilización, en el que hacía un análisis comparado de los valores occidentales y orientales, para predecir, al final, una fusión de ambas culturas en el largo plazo.

Cuando hacía el análisis de los valores de la civilización occidental, nuestro hindú tomó el caso de las famosas convenciones de Ginebra que regulan el uso lícito de armas en la guerra, para destacar que era muy bien visto despaturrar el cráneo de un enemigo con una granada o ametralladora, así como arrasar un poblado con el empleo de bombas incendiarias. En cambio es visto como del todo incivil y grosero, como diría Carreño, proceder a la exterminación de combatientes mediante un bombardeo con gases venenosos. El comentario de Radhakrishnan a esta sutil distinción fue el siguiente: “Eso equivale a criticar al lobo, no porque se coma al cordero, sino porque se lo come sin cubiertos”.

Si uno se pone a ver, la frase “constitución moribunda”, que tanto nos alarmó por lo inoportuna e irrespetuosa que fue en boca de Chávez en el solemne acto de su primera toma de posesión, es menos radical que la de “muerte de la democracia representativa”, que Naisbitt emitiera, con el aplauso de sus muchos admiradores, hace ya diecisiete años.

Chávez, pues, no come con cubiertos. Ya es tiempo de que nos percatemos de ese extraño fenómeno y aprendamos a descontarlo del contenido mismo de sus aseveraciones.

Tomemos por caso el siguiente texto: “El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente a su eliminación, y establecerá normas encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que carezcan de ella, así como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir”. Parece un postulado programático de la “Quinta República”, ¿no es así? Pues no, el entrecomillado contiene íntegramente la redacción del Artículo 105 de la Constitución de 1961, la constitución de Betancourt y Caldera, la moribunda muerta, por decirlo así.

Ah, pero si Chávez la emprende contra el latifundio, el aderezo que él le pone de temblores de oligarcas y otras yerbas, produce una ensalada intragable para quienes ahora le vislumbran como el Llanero Solitario de Québec. Acá hay, por supuesto, una lección para Chávez: que su eficacia política se ve reducida por su irresistible concupiscencia verbal. Debe aprender, por tanto y si le es posible, que la función presidencial no se identifica con la esencia de una sustancia irritante, so pena de aislarse por aquello de los cubiertos. ¿Podrá María Isabel, con la excusa de enseñar a Rosa Inés el arte del buen comer, instruir a Chávez en el uso del cuchillo y el tenedor?

Chávez el moderno

Volviendo al fondo del asunto, Chávez tiene razón. O por lo menos, Naisbitt sostendría que la tiene. Oigámoslo de nuevo, refiriéndose, igualmente, a la patria de Mr. Bush: “Hemos creado un sistema representativo hace doscientos años, cuando ésa era la manera práctica de organizar una democracia. La participación ciudadana directa simplemente no era factible… Pero sobrevino la revolución en las comunicaciones y con ella un electorado extremadamente bien educado. Hoy en día, con una información compartida instantáneamente, sabemos tanto acerca de lo que está pasando como nuestros representantes y lo sabemos tan rápidamente como ellos”.

Las ideas de Naisbitt no dejan lugar a equívocos, y vale la pena recordar que fueron escritas bastante antes de la explosión de posibilidades abiertas por la Internet, que durante la última década ha comenzado la construcción, cada vez más acelerada, de la mente del mundo.

No es timbre de ningún orgullo para Fox, para Pastrana, para Cardoso o para Bush, el haber rechazado la sugerencia chavecista de incluir en la redacción de Québec, el corazón mismo del separatismo canadiense, el concepto de democracia participativa como meta deseable para los pueblos de América. Chávez, que tanto tiene de trasnochado y anacrónico, esta vez se les fue por delante. En este caso los reaccionarios son ellos, los atrasados son ellos; el futurista es Chávez, el correcto es Chávez.

Y es que la muy moderna teoría de los sistemas complejos, y su hermana la teoría del caos, ofrecen ahora el más sólido de los fundamentos a la bondad de una democracia participativa. No creo que Hugo Chávez tenga ideas claras acerca de tales exquisiteces teóricas, pero lo cierto es que los sistemas complejos, tales como los de una sociedad complejamente entrelazada por múltiples y constantes nexos de comunicación, exhiben “propiedades emergentes”, comportamientos que son indeducibles de la calidad de sus componentes. Esto es, que aunque en una población dada, muchos de sus componentes no estén bien educados, el conjunto será capaz de rendir decisiones eficaces. Esto por lo que respecta a quienes creen que su voto personal contiene mayor calidad que el de la mayoría de sus compatriotas.

No digo nada respecto de las reservas de Chávez respecto de la fecha de entrada en vigencia de los convenios de libre comercio. Creo como él, eso sí, en que lo que hace tiempo hemos debido establecer es una entidad política multinacional al sur de los Estados Unidos. Para mí que un ámbito como el latinoamericano y caribeño es desmedido. Creo que lo que tiene sentido es el condominio político y ecológico suramericano, el continente de mayor espectro de latitudes, el que produce la mitad del oxígeno del planeta.

Pero eso es harina de otro costal. En cuanto a la Declaración de Québec, pienso que es un honor para nosotros que el único mandatario que se haya atrevido a defender la noción de democracia participativa haya sido el Presidente de Venezuela. Que se fue después de Québec, traviesamente, a la localidad de Hickory, en Carolina del Norte, para elogiar, in situ, sus procesos de democracia participativa.

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Cirujano Presidente

El Diario

Hace años que algunas ideas leídas en alguna parte u oídas de otras personas—la noción original no es mía—me llevaron a concluir que la Política es un arte o profesión que, bien entendida, se parece mucho a la Medicina. Porque no se justifica la política que no tenga por objeto absolutamente primario la solución de problemas de carácter público.

Claro, la política cotidiana tiende a ser entendida, con toda razón, como una lucha por el poder, por la actividad que consiste en obtener poder e impedir que otros lo obtengan. Cada vez más, sin embargo, esta concepción atrasada pierde vigencia: esta Realpolitik, o política “realista”, cada vez funciona menos, y en medio de una sociedad cada vez más informada y consciente sus posibilidades serán reducidas hasta el nivel que debe tener.

No es que va a desaparecer la lucha por el poder. La competencia por el poder es una manifestación claramente humana, consubstancial a nuestro modo específico de ser gente. Lo que digo es que a la larga la legitimación del poderoso habrá tenido que ser fundada sobre su capacidad para proveer soluciones a los problemas públicos. La legitimación será de carácter programático porque los Electores lo exigiremos.

En una junta médica, por ejemplo, no se impone el criterio del médico más corpulento o de voz más estentórea, sino el de quien sea más acertado en el diagnóstico y en la prescripción del tratamiento. A mí no me interesa para nada la musculatura o estatura del médico que vaya a tratar a un familiar gravemente enfermo. Lo que me interesa es su eficacia terapéutica. Del mismo modo, la cantidad de poder previa que tenga un determinado político, porque sea el jefe de un partido poderoso, o porque tenga acceso a mayores recursos económicos, es menos importante que la pertinencia de sus soluciones.

La Medicina es, probablemente, la profesión que ostenta el más antiguo de los códigos de ética. Es el famoso Juramento de Hipócrates que, con variantes más modernas, es la base de la deontología de la profesión médica, de su código de ética profesional. En su primera redacción el código distinguía claramente entre el arte de los médicos y el de los cirujanos, pues estipulaba que Hipócrates no cortaría “bajo la piedra” sino que dejaría esas operaciones a “quienes practican ese arte”. Hasta tiempos relativamente recientes los cirujanos formaban un gremio distinto de los médicos, y se les agrupaba más bien junto con los barberos y los sacamuelas.

Hoy en día, naturalmente, las cosas son distintas, y nuestros facultos se gradúan en las universidades de médico-cirujano. Pero la especialización restituye luego la diferencia y lo normal es que quien es cirujano no es a la vez un internista.

Tienen, por lo demás, psicologías diferentes el médico y el cirujano. Éste es caricaturizado como hombre extrovertido, arriesgado, de sangre fría, asertivo, presuntuoso, dueño de un potente carro deportivo al que maneja con sus botas de vaquero bien calzadas, y no poco agresivo. Esa caracterización corresponde a la técnica invasiva y traumática de su modo de proceder. Las herramientas del cirujano son las tenazas, la sierra, el martillo, la legra, el bisturí.

La personalidad arquetípica del cirujano tiende a no ser del agrado de los médicos. Los cirujanos, por su parte, se impacientan con la “lentitud” y la “cobardía” de los médicos, que resisten a las radicales soluciones quirúrgicas. ¿Tenemos el cuadro?

Cirugía política

No cabe duda de que el presidente Chávez es un cirujano político. No sólo es que pretendió operarnos en 1992 con toda la potencia de sus herramientas traumatizantes, sino que ahora su impaciencia, su locuacidad, su militarización del Poder Ejecutivo, su fijación sobre lo corrupto, indican a las claras que su protocolo de actuación es quirúrgico.

Estamos en manos de un cirujano.

Y el cirujano, a diferencia del médico, toma control total sobre el paciente, al punto que lo amarra o lo duerme. Eso es exactamente lo que está haciendo el presidente Chávez.

Esto es importante tenerlo en cuenta. Porque no resulta prudente empujar el codo del cirujano mientras se encuentra operando, sobre todo si se trata del codo de la mano que empuña el bisturí. Si lo hacemos corremos el riesgo de que en vez de sacarnos la vesícula nos seccione la aorta de un tajo.

Todavía es discutible si existía la posibilidad de un tratamiento médico, no quirúrgico, en estos momentos de la política nacional. Lo cierto es que el 6 de diciembre de 1998 el pueblo venezolano optó por ponerse en manos de quien no había ocultado nunca su orientación quirúrgica, en lugar de en manos de un médico que se demostró insuficiente.

Por estas razones vale la pena preguntarnos por los límites éticos a la actuación de un cirujano. Por más que el código de ética del cirujano sea más laxo que el de un médico, la actuación de aquél debe quedar limitada por al menos dos condiciones.

La primera es que las intervenciones quirúrgicas deben ser lo más breves que sea posible. El cirujano somete al paciente a un trauma que debe acortarse en el tiempo. La más compleja y arriesgada intervención quirúrgica durará, tal vez, catorce horas, con un corazón abierto, con una trepanación, con un transplante. Pero no una semana. No se puede tener anestesiado a un paciente, ni someterle a una invasión de su estructura corporal, durante cuatro o cinco días.

El tiempo político es más largo, por supuesto. Un año, por ejemplo.

Si se cumple el cronograma constituyente más o menos anunciado, en el lapso aproximado de un año el país contaría con una nueva constitución política para su Estado, y estaría enfrentando, por ese mismo hecho, una necesidad de relegitimación de sus poderes constituidos. Uno de esos poderes constituidos es, justamente, el del Presidente de la República.

Es el mismo presidente Chávez quien ha argumentado en este sentido. Según sus propias palabras, dentro de un año volveríamos a tener elecciones para la Presidencia de la República y para los cuerpos deliberantes diseñados en el proceso constituyente.

Para ese momento reconoceré el derecho del presidente Chávez a postularse de nuevo para la Primera Magistratura. Pero para ese momento, en tanto Elector, requeriré que Hugo Chávez me muestre un protocolo médico, no uno quirúrgico, pues a esas alturas deberemos estar entrando en el lapso postoperatorio. Tendrá que legitimarse, entonces, como médico, no como cirujano.

El mayor cuidado

La segunda condición estipulable como límite ético de la cirugía es la siguiente: el cirujano debe procurar, en la medida de lo posible, afectar la menor cantidad de tejido sano. Que en la necesidad de extirpar el tumor reseque lo menos posible del tejido sano circundante.

Por ejemplo, hasta donde yo entiendo, la periodista Marisabel Párraga de Amenábar es tejido venezolano eminentemente sano. No hay nada en su limpia trayectoria profesional que la ligue a los procesos de corrupción que deben ser eliminados. No es ella una “viuda del paquete”, ni alguien que vive mejor porque haya entrado en arreglos con factores políticos inconvenientes. Por lo contrario, ella fue la valiente periodista que plantó ante el rostro de Carlos Andrés Pérez, al término de la primera de las penas que le fueran impuestas, una fotocopia del movimiento de sus cuentas mancomunadas, en un inolvidable acto de arrojo y conciencia pública.

Pero resulta que el jueves 4 de febrero de 1999, el mismo día que el presidente Chávez arengaba a los militares en su patio, a escasas cuarenta y ocho horas de su asunción al poder, el programa que Marisabel conducía desde hace varios años fue sacado intempestivamente del aire en plena transmisión, por orden del dueño de la planta televisora, porque sus entrevistados estaban expresándose críticamente del espectáculo de Los Próceres. En medio de la propia Semana de la Patria, pues.

Por lo que se sabe, todo apuntaría a que se trató de un episodio de autocensura, cobardemente asentado sobre la precariedad de una planta que todavía no tiene licencia plena para una señal abierta. Pero aun cuando no hubiera habido una expresa reconvención de Miraflores, está claro que el dueño de la planta actuó por miedo, y por miedo los medios impresos no han dado cuenta del desaguisado, y Miguel Henrique Otero no ha elevado el asunto ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ni el Ministro de la Secretaría, periodista, ni el Canciller, periodista, ni la Jefa de la Oficina Central de Información, ligada al primero de los nombrados, han dejado oír su voz ante la evidente vulneración de la libertad de expresión. Entretanto el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Sr. Levy Benshimol, con posterioridad al hecho y en vez de manifestar su alarma, ha entregado sendas placas de “reconocimiento”, a los colegas que ahora están en el gobierno, incluidos los ministros mencionados y el también periodista Alexis Rosas, Gobernador de Anzoátegui.

Pido acá entonces al Cirujano Presidente que encuentre tiempo para explicar al Sr. Hernán Pérez Belisario que la licencia de su señal no está condicionada a la ausencia de crítica en sus espacios. Que como cirujano que es, valiente, aprecia la valentía de Marisabel, aunque se le oponga, por cuanto él mismo dijo que necesitaba oposición. Ese tejido sano de la Párraga debe ser restituido, con las debidas excusas, además. Está bien que el Cirujano Presidente no la haya cortado directamente con su filo, pero falta su mayor cuidado para que lo certero de su intervención no genere efectos nocivos indirectos, como el miedo que daña injusta e innecesariamente a lo más sano de nuestro tejido nacional. LEA

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Iniciativa constituyente

El Diario

En anterior oportunidad recordé aquí el hecho de derecho de que según la Constitución de la República de Venezuela los Electores no tendríamos iniciativa constituyente. Esto es, que no podríamos introducir proyectos de enmienda o reforma de la Constitución, puesto que la potestad de introducirlos, la iniciativa, está reservada a miembros del Congreso y a una parte de las Asambleas Legislativas. (En el caso de las enmiendas, éstas pueden ser propuestas por una cuarta parte de las Asambleas Legislativas de los Estados o bien una cuarta parte de los miembros de una de las Cámaras del Congreso. En el caso de una reforma “general” la iniciativa la tiene una tercera parte de los miembros del Congreso o la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas).

La Constitución sí concede la iniciativa de las leyes a un número no menor de veinte mil Electores. Esto es, un proyecto de ley acompañado por veinte mil firmas que lo apoyan, obligan al Congreso a discutirlo.

La nueva versión de la ley electoral, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política -mal castellano- amplió la iniciativa de los Electores. Ahora una décima parte de éstos puede convocar a referéndum. (También puede hacerlo el Presidente en Consejo de Ministros y las dos terceras partes de una sesión conjunta de las Cámaras). Al día de hoy una consulta sobre materia de especial trascendencia nacional, acompañada por un millón doscientas mil firmas que ordenan el referéndum, obligan al Consejo Nacional Electoral a celebrarlo en un plazo no menor de dos meses y no mayor de tres.

Sentencia rica

La Corte Suprema de Justicia acaba de hacer un enorme favor al país. Acaba de sostener que el Referéndum de Electores es una instancia suprema, y que por tanto una decisión favorable sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente de hecho la crea aun cuando no está contemplada en la Constitución.

Ahora bien, comoquiera que los Electores, en número no menor del diez por ciento de los mismos, pueden convocar a Referéndum de Electores, a la instancia suprema, ésta no está limitada sino por lo establecido en la ley, que no permite consultar sobre ciertas materias: presupuestarias, fiscales o tributarias; concesión de amnistías e indultos; suspensión o restricción de garantías constitucionales o supresión de los derechos humanos; conflictos de poderes que deban ser decididos por los órganos judiciales; la revocatoria de mandatos populares, salvo lo dispuesto en otras leyes; asuntos propios del funcionamiento de algunas entidades federales o de sus municipios. (Esto mientras la ley no sea modificada o derogada o sobrepujada por una nueva norma constitucional).

Pero en principio la potestad soberana del pueblo no está limitada, ni siquiera por la Constitución. Mucho menos, entonces, por una ley, así sea orgánica. Lo que ocurre es que si se finca, como en este caso, la convocatoria del referéndum en lo dispuesto en la ley, entonces debe asumirse la totalidad de la ley como válida, so pena de declarar inválida la base de validez que se esgrime para el referéndum.

La Corte misma sostiene que “… quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria, al punto que la propia Constitución lo reconoce”. Esto quiere decir que el producto final de la Asamblea Constituyente no entrará en vigencia sin la aprobación del Referéndum de Electores. (Y hasta tanto esto no se produzca se mantendrá en vigencia el ordenamiento constitucional y legal de la República, así como funcionando de pleno derecho los órganos públicos legítimamente constituidos; por ejemplo, el Congreso de la República).

De hecho, de la sentencia de la Sala Política se deduce una clara distinción entre Poder Constituyente y Asamblea Constituyente. De hecho, una vez constituida la Asamblea Constituyente misma pasa a ser Poder Constituido, tan constituido como el Congreso, sólo que el Congreso está constituido para proponer una enmienda o una reforma, y la Asamblea Constituyente está constituida para proponer una nueva Constitución. Por una nueva Constitución debe entenderse aquella que contenga elementos que no pueden obtenerse como modificación leve o profunda, puntual o extensa del texto constitucional vigente.

La Corte ha reafirmado que el Poder Constituyente sigue siendo el pueblo, seguimos siendo los Electores pronunciados en referéndum. El primer Artículo sobre el poder público en una nueva Constitución pudiera, de hecho y de derecho, decir así: “La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce: 1. de modo extraordinario e inapelable mediante el Referéndum de Electores en materia de reforma o sustitución constitucional y en otras materias de especial trascendencia nacional que le sean sometidas a consulta, y en especial para aprobar disposiciones constitucionales o legales, abrogar disposiciones constitucionales o legales y revocar mandatos populares de modo calificado; 2. de modo ordinario mediante el Sufragio por los restantes órganos del Poder Público”.

Esto, por cierto, no es sino una reforma.

Consulta a la Corte

La Corte ha empleado la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para fundamentar que se puede utilizar cualquiera de sus cauces para convocar un referéndum que pudiera pronunciarse a favor de la iustalación de una Asamblea Constituyente que le proponga cualquier cosa que no viole los derechos de las personas, pero principalmente una nueva Constitución. Esto significa que es una mayoría del Poder Constituyente expresado en Referéndum de Electores la que convoca, efectivamente, una Asamblea Constituyente.

Y es que el Poder Constituyente, expresado en Referéndum de Electores, puede decidir cualquier cosa que no menoscabe los derechos de las personas. Y es que un diez por ciento de los Electores puede poner en movimiento ese Referéndum de Electores, ese poder supremo.

Hemos llegado al meollo del asunto. Comoquiera que ese Referéndum de Electores no es distinto del referéndum previsto en el Artículo 246 de la Constitución para pronunciarse sobre un proyecto de reforma aprobado en el Congreso, y como ese mismo Referéndum de Electores sería el necesario para poner en vigencia una nueva Constitución, ese mismo Referéndum de Electores puede ser convocado para pronunciarse sobre una nueva Constitución que le sea presentada por un diez por ciento de los Electores. Aun cuando estuviera funcionando una Asamblea Constituyente. (A menos que, tal vez, el mismo Referéndum de Electores que convoca a la elección de una Asamblea Constituyente, determinara que un diez por ciento de los Electores no debe tener derecho de forzar la consideración por un Referéndum de Electores de una nueva constitución por ellos propuesta).

Por esto declaro aquí que pienso dirigirme respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Política, para que me conteste si se puede impedir a un diez por ciento de los Electores convocar un referéndum para pronunciarse sobre una nueva Constitución. Para que nos diga si puede negarse, a un número tan grande de Electores, la iniciativa constitucional.

Sé que la Corte contestará que si el Presidente de la República en Consejo de Ministros puede convocar un referéndum para constituir una Asamblea Constituyente, más de un millón de venezolanos podemos convocar otro para considerar una nueva Constitución. Es lo más probable que el método de la Asamblea Constituyente—poder constituido, democracia representativa, uno o dos centenares de personas—arroje un tipo de nueva constitución muy distinta a la que pueda preferir un millón doscientos mil Electores. Éstos tienen derecho a presentar una nueva constitución que difiera de la que provenga de la Asamblea Constituyente.

No puede perder el Poder Constituyente la posibilidad de que se inicie en su seno la proposición constitucional. No puede perder el Poder Constituyente el derecho de considerar opciones cuando existe la posibilidad de ejercerlo.

Algunos amigos saben que deseo continuar participando en el proceso constituyente venezolano, al que me incorporé hace dieciséis años. Pero creyendo en lo que digo prefiero permanecer del lado del Poder Constituyente. Aunque hasta hace nada creí que debía buscar una diputación a la Asamblea Constituyente, ahora me quedo con los doce millones de Electores que no tendrán diputación. Aquí también hay iniciativa constituyente. No buscaré, por tanto, la postulación a la Asamblea Constituyente.

Me propongo comenzar la redacción, junto con algunos colaboradores que apuntalen mis ignorancias, de un borrador de nueva constitución que pueda ser presentado responsablemente a consideración de los Electores expresados en referéndum.

Creo que podemos arribar a un texto que amerite la firma de apoyo de un millón doscientos mil Electores.

LEA

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Grados de libertad

El Diario

El Presidente Electo, Hugo Chávez Frías, ha dicho que quiere oposición, que necesita oposición. Por eso le dije que no en el acto de instalación de su comisión constituyente, el viernes 8 en La Viñeta. Me tocó estar sentado muy cerca del podio de oradores desde el que el Presidente Electo habló largo y dijo cosas con las que no puedo estar de acuerdo, lo que manifesté corporal y verbalmente.

No puedo estar de acuerdo con su interpretación del 4 de febrero. Eso lo expliqué aquí el 21 de diciembre pasado. El derecho de rebelión es de una mayoría de la comunidad, no de un reducido grupo de militares que intentaron tomar el poder para decidir los asuntos públicos, en momentos cuando la mayoría de la comunidad rechazaba explícita y reiteradamente los golpes de Estado como modo de resolver nuestros problemas. Su legitimidad proviene del 6 de diciembre y no del 4 de febrero.

No puedo estar de acuerdo con su consideración de que las elecciones del 6 de diciembre le han conferido facultades constituyentes, lo que afirmó en la reunión de La Viñeta. A menos que él entienda por eso la facultad de ser un primer eslabón en una cadena constituyente, el convocante de un referéndum que ordena constituyente, pero no quien establece constitución.

Yo quiero tener libertad para decir cosas como ésas. Ese es el sentido convencional de la libertad. Pero hay otros sentidos más de la hora, más modernos de libertad. Hace tiempo ya que queremos una libertad más participativa, una libertad de elegir, una mayor libertad de elegir. Queremos tener más grados de libertad. Queremos tener opciones. Queremos menos representaciones y más ejercicio de las decisiones por nosotros mismos.

Origen popular

Como se sabe ya con bastante amplitud,  la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política permite la celebración de referenda consultivos para la consideración de “decisiones de especial trascendencia nacional”. También se conoce que son tres las instancias que pueden generar una convocatoria inapelable a referéndum: el Presidente de la República en Consejo de Ministros; una mayoría de dos terceras partes del Congreso reunido en sesión conjunta de ambas Cámaras; un conjunto de Electores en número no menor a la décima parte de aquellos que estén inscritos en el Registro Electoral. (Hoy un poco más de un millón cien mil Electores).

Antes de que se completara la mitad del año electoral de 1998 el entonces candidato Hugo Chávez Frías había prometido recoger el número de firmas necesarias para que la convocatoria a referéndum proviniese de un origen popular y pudiese celebrarse junto con las elecciones regionales o presidenciales del año pasado. La oferta nunca se concretó, o porque en aquel momento las organizaciones que le apoyaban no tuvieron la capacidad de levantar un apoyo de esa magnitud, o porque el candidato creyó, con toda razón, que iba a ganar las elecciones y transformarse en Presidente, circunstancia en la que ya no necesitaría a los Electores.

Pero ahora ha aparecido en la prensa el facsímil de una boleta para la recolección de firmas de apoyo para que se haga la constituyente que quiere Hugo Chávez Frías. Esto no puede confundirse con una convocatoria popular a referéndum. Ni siquiera diez millones de firmas sobre una boleta tal serían una convocatoria a referéndum. Esto se parece más bien al uso referencial, simbólico, que una vez se hizo, a fines de los ochenta, de la posibilidad constitucional de iniciativa legal, la facultad de electores reunidos en número no menor de veinte mil de introducir a discusión del Congreso un proyecto de ley. Se recogió más de veinte mil firmas para solicitar al Congreso que legislara la uninominalidad, y no para introducir un proyecto de ley que la introdujera. En este caso los Electores no estaríamos ordenando el referéndum, sino expresando un apoyo al Presidente Electo para que lo convoque él. Ése es el más bajo grado de libertad.

Y es un grado de libertad que está a un paso de aquel grado temido por John Stuart Mill: “Así, un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho”.

Tómelo o déjelo

Y aunque todavía no hay definición clara respecto de la composición y forma de elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente, ya parece que el camino trazado es igualmente poco libertario, en el sentido de ofrecer muy pocos grados de libertad.

Según parece, los venezolanos tendríamos que optar por la aceptación o el rechazo de un único proyecto de constitución, luego de que una Asamblea Constituyente lo aprobara sobre la base de discutir un único proyecto elaborado a su vez por la “comisión presidencial constituyente” recién nombrada por el Presidente Electo. Es una situación de tómelo o déjelo. No se diferencia mucho de la opción presentada a un parroquiano que deseaba desayunar en su hotel. Preguntó si podía elegir su desayuno y le dijeron que sí. Preguntó qué opciones había y le contestaron solamente huevos fritos. Preguntó entonces que cuáles eran sus opciones y le dijeron que podía optar por comerlo o no comerlo.

En momentos cuando nos aprestamos a discutir un nuevo modelo de Estado, un nuevo concepto constitucional, es importante permitir la contrastación de conceptos diferentes, no un único concepto. Por ejemplo, la nueva Constitución pudiera caracterizarse por ser un documento más escueto y simple que el texto que ahora nos rige. Podría ser mucho más flexible, y permitir mayor grado de libertad, mayor respeto por el futuro. Pudiera ser, además, mucho menos programática que la actual. Pensada más para limitar los poderes del Estado ante el ciudadano, especificando con claridad lo que el Estado no puede hacer, que imponiendo sobre éste una carga de compromisos inmanejables. Sobre este punto Nicomedes Zuloaga ha emitido una clara opinión, en su trabajo “Crítica constitucional” de 1991: “Si regresamos a la comparación crítica de las disposiciones de la Constitución venezolana con la norteamericana nos encontramos que la americana protege derechos de sentido negativo al establecer lo que el Estado no puede hacer porque constituiría una violación de los derechos de los ciudadanos. Esa es una Constitución coherente donde el Poder Judicial puede ejercer lógicamente su facultad contralora de revisión examinando si una disposición emanada del Poder Legislativo o una medida tomada por el Poder Ejecutivo violan las garantías constitucionales. La Constitución venezolana, en cambio, otorga tanto derechos individuales en sentido negativo como derechos individuales en sentido positivo, y una constitución así resulta incoherente y sus disposiciones son de muy difícil interpretación por el Poder Judicial… La eliminación que propongo de todo el Capítulo IV de la Constitución Nacional, que establece los llamados derechos sociales no producirá una disminución de la actividad social del Estado ni de la beneficencia pública, como no produjo su inclusión un aumento de esa actividad del poder público. Esas actividades se seguirán cumpliendo al través del Ejecutivo y del Legislativo, con el destino político de los ingresos fiscales decididos por el Congreso y por el Presidente de la República siguiendo el resultado de las discusiones políticas, y el poder electoral relativo de las diversas ideologías de las organizaciones políticas en el poder”.

Ese es un concepto constitucional francamente distinto al de 1961, y seguramente distinto del que parece perfilarse en cabeza de los más notorios protagonistas del actual proceso constituyente.

Si en vez de tener una Asamblea Constituyente restringida, que aun en las mejores condiciones de representatividad arribaría al entubamiento de un único proyecto constitucional, tuviésemos una Asamblea Constituyente máxima, coextensiva al conjunto total de los Electores, y presentásemos a éstos varios proyectos constitucionales, estaríamos ante un proceso más democrático y transparente y mucho más libre.

Una licitación constitucional, en la que los Electores pudiésemos comparar proyectos constitucionales varios y distintos, es un camino ciertamente preferible al concepto convencional de Asamblea Constituyente, el que a fin de cuentas es un concepto del siglo XVIII. Hoy en día una tecnología comunicacional más poderosa y un mayor nivel de conciencia cívica de los Electores permiten ampliar los criterios constituyentes. Ya hemos probado el camino con la reciente aplicación de una votación procesada electrónicamente con las máquinas de votar del Consejo Nacional Electoral.

LEA

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