Licitación Abajo Maduro

El 29 de diciembre pasado se publicó en este blog Proyectos anti Maduro, entrada en la que se incluyó un enlace a un archivo .pdf contentivo de lo que acá se publica por entero en una entrada desusadamente larga. Consiste de la exposición y comentario crítico de 15 proposiciones para la cesantía anticipada del presidente Nicolás Maduro. En la decisión de publicar como entrada regular tan largo documento influyó la persistencia de proposiciones más o menos extraviadas; por ejemplo, la de una asamblea constituyente “originaria”. (Hay al menos dos grupos tras la ilusa idea, los que compiten y se atacan entre sí como si fueran dos buenos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática). He aquí, pues, el trabajo completado en aquella fecha, que supongo útil a la comparación de opciones que persiguen el mismo fin.

 

Pasos de una licitación pública

 

Pero si en el reino de la lógica y de la matemática pareciera haber todo el tiempo del mundo para refinar y verificar, ante un caso clínicamente crítico es preciso elegir un tratamiento con prontitud. Y esto (…) no puede hacerse sensatamente sin la contrastación. (…) [P]uede asemejarse esta necesidad a la de una licitación política. El país está convocando a una licitación.

Dictamen – junio de 1986

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El año que concluye ha visto el despliegue de proposiciones para la cesación del gobierno que preside Nicolás Maduro Moros. En propiedad, pudiera decirse que hemos vivido una licitación política, vista la profusión de ideas para alcanzar ese objetivo. Es el propósito de este trabajo agruparlas para el necesario ejercicio comparativo que determine cuál es la mejor. Convendrá por esto estipular las reglas convenientes a una tal contrastación. En Proyecto – Sociedad Política de Venezuela (febrero de 1985) se proponía:

Ningún actor polí­tico que pretenda proponer la solución completa o perfecta es un actor serio.

Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el in­movilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. Más todavía, una proposición política acep­table debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposicio­nes sea posible.

De este modo, una proposición deberá considerarse acepta­ble siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de pro­blemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una se­cuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer ex­plícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos pro­blemas a un menor costo.

En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importan­cia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.

Nueve años más tarde, se ponía más explícitamente en Los rasgos del próximo paradigma político (febrero de 1994):

Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.

¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:

a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.

b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.

c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que ésta no explica o soluciona.

d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).

Esto es el método verdaderamente racional para una licitación política.

………

En total, puede admitirse que ha habido quince proposiciones para salir del gobierno de Nicolás Maduro; helas aquí en orden aproximadamente cronológico de más antigua a más reciente:

 

Referendo consultivo sobre el socialismo

La carta #341

Aunque propuesto por primera vez en tiempos de Hugo Chávez (Carta Semanal de doctorpolítico # 341: Parada de trote, 23 de julio de 2009) y replanteado por este blog en 2010 y 2011 y también en Dr. Político en RCR desde 2012—programa #17—hasta este año, fue al inicio de la presidencia de Maduro cuando se sugirió que sus resultados pudieran inducir la renuncia de este último ciudadano:

…una vez que los estudios de opinión comenzaron a mostrar que el rechazo al socialismo era la postura nacional mayoritaria, se propuso en Parada de trote (23 de julio de 2009): “La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad… (…) …bastarán ahora 1.700.000 firmas ciudadanas válidas para causar un referéndum sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (…) Y entonces pudiera el Pueblo ser requerido para que exprese su voluntad acerca de tema tan crucial. Siendo que la pretensión socialista es la excusa universal, la coartada general de todos los actos del gobierno, un rechazo masivo al socialismo en referendo debe forzar la renuncia de Nicolás Maduro al cargo que ahora ocupa. No podría sostenerse si se viera forzado a suprimir de papelería, gigantografías y carteles, de discursos y decretos, la especie de que se ocupa en la construcción del socialismo. (Irrupción constituyente).

Pero no podría haber seguridad de que Maduro renunciaría aun en el caso de un repudio masivo al socialismo. (En noviembre de 2014, Datanálisis reportaba que 80,1% de sus encuestados decía estar de acuerdo con esta noción: “El socialismo del siglo XXI es un modelo equivocado que debe ser cambiado”). Por esta inseguridad, este preciso referendo se incluyó en un proyecto de acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo de la República—Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016—, cuyas clásulas tercera y cuarta rezaban:

Cláusula Tercera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales auspiciarán la celebración de un Gran Referendo Nacional, el que consultará en diversas materias de especial trascendencia nacional y será convocado por la Asamblea Nacional para su celebración el domingo 26 de junio de 2016. A los fines de la determinación de las preguntas del Gran Referendo Nacional, el Gobierno Nacional suministrará tres preguntas para someter a consulta. La Asamblea Nacional las incluirá y someterá igualmente tres preguntas, una de las cuales será: “¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?” Esta específica consulta se hace necesaria por el encabezado estándar de los decretos emanados del Ejecutivo: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, y asimismo por la aprobación del “Plan de la Patria”, presentado como “segundo plan socialista”.

Cláusula Cuarta. El ciudadano Nicolás Maduro Moros se compromete a presentar su renuncia al cargo de Presidente de la República si, al celebrarse ese Gran Referendo Nacional, resultare negada la pregunta especificada en la cláusula anterior, lo que causaría de suyo la falta absoluta que será subsanada por la elección prevista en el Artículo 233 de la Constitución, al producirse aquélla antes de los cuatro años del presente período constitucional, que se cumplirán el 10 de enero de 2017.

Poco antes de la elección de la nueva Asamblea Nacional exigí desde Radio Caracas Radio el compromiso de los candidatos de oposición para que convocaran ese mismo referendo una vez electos por mayoría simple de votos. Tal vez ocupado en neutralizar mi exigencia, el hoy diputado José Guerra intentó vender la especie de que el 6 de diciembre del año pasado, como escribió el 11 de octubre de 2015 en artículo que tituló El socialismo va a referendo, las elecciones de asambleístas serían adicionalmente una consulta popular: ““Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. En Consideraciones sobre un texto de José Guerra refuté su pretensión:

La noción está equivocada. Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un “plebiscito” acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales. El 6 de diciembre no está planteada esa disyuntiva, sino la de votar o no votar por alguno de los candidatos del circuito correspondiente. Si se quiere que algo sea tenido por un referendo consultivo debe serlo; no debe proponerse que las elecciones del 6D usurpen lo que tendría que ser una manifestación explícita del Soberano. (…) Pero si el candidato Guerra quisiera que en verdad se consultara la preferencia del pueblo en pro o en contra del socialismo, podría comprometerse desde ya a que de resultar electo levantará su mano para formar una mayoría simple de colegas que apruebe la convocatoria de un verdadero referendo, no uno pretendido, acerca de asunto tan crucial. Es ahora, mientras requiere votos ciudadanos, cuando debe prometer que hará exactamente eso. También puede, naturalmente, intentar convencer a sus compañeros candidaturales de la MUD para que se comprometan de igual modo. Eso, si es que creen valiosa la participación popular real y directa para decidir “las materias de especial trascendencia nacional”. (Artículo 71 de la Constitución).

En efecto, este artículo dice: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”.

La Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos Allup ha hecho caso omiso de tal proposición.

 

Demostración de fraude en la elección del 14 de abril de 2013

“Perdí por trampa”

Desde la noche misma de esa fecha electoral—inevitable por la falta absoluta del Presidente de la República (Hugo Chávez Frías)—, el candidato derrotado, Henrique Capriles Radonski, sostuvo que esa elección le había sido robada. El Presidente Electo, Nicolás Maduro, habló con Capriles en la madrugada del 15 de abril y convino en extender la auditoría suficientísima de 54% de las actas de votación a la totalidad de las mismas, lo que terminó efectuándose. Pero entonces Capriles habló de la apertura de todos los cuadernos electorales que registran la identidad de los votantes y ahí se trancó la cosa. La producción de los cuadernos electorales, pautada en la sección sobre el contencioso electoral de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en ningún caso se prevé para su universo total; si alguien denuncia irregularidades con la identidad de los votantes en algún centro de votación o una mesa específica, entonces puede y debe producirse el o los cuadernos electorales correspondientes. (Sobre la discusión acerca de los cuadernos electorales, ver en este blog Las reglas de juego).

Capriles haría un papelón en su viaje a Chile y Perú de julio de 2013, para reclamar un presunto incumplimiento del “compromiso” asumido por UNASUR. Este organismo se había limitado a saludar “al Presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, había instado “a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral” y tomado “nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales”. En ningún momento se refirió a los cuadernos electorales. (La torpeza de la deshonestidad).

Durante todo el año 2013, Capriles se refirió a Maduro como “el ilegítimo”; todavía tocaría el tema de los cuadernos electorales en la reunión de diálogo entre gobierno y oposición del 10 de abril de 2014 en Miraflores. Antes, María Corina Machado le había echado en cara que no había lanzado una manifestación a “la calle” para cobrar resultados que supuestamente le habían sido favorables. (En conversación con Germán Carrera Damas que fuera ilegalmente grabada).

 

Demostración de doble nacionalidad presidencial

¿Registrador Nacional de Colombia?

En el mismo año de su elección, emergió la tesis de que Nicolás Maduro Moros había asumido indebidamente la Presidencia de la República, pues poseería además de la venezolana la nacionalidad colombiana y la Constitución establece (Artículo 227): “Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad…” Pero hasta que fuera elegido no se objetó que fuera designado Vicepresidente Ejecutivo, aunque el Artículo 238 especifica: “El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirán las mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la República”. Tampoco hubo oposición a la presentación de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2013.

Poco después empezó el cuestionamiento, primero por diversas voces, hoy en día abanderado casi exclusivamente por Enrique Aristeguieta Gramcko. En una primera versión, se afirmaba que Maduro mismo había nacido en Colombia:

¿Dónde está la prueba de que Nicolás Maduro no es venezolano por nacimiento? El exembajador de Panamá—¡qué casualidad!—ante la OEA, Guillermo Cochez, presentó a la cadena colombiana NTN24—¡qué casualidad!—una presunta partida de nacimiento del presidente Maduro y declaró irresponsablemente: “Maduro nació en Cúcuta el 22 de noviembre de 1961 y no en Caracas”. Poco después, la Registraduría de Colombia investigó el documento presentado por Cochez y llegó a la conclusión de que era falso, según informó Carlos Alberto Arias, Director Nacional de Identificación, quien señaló varias inconsistencias e irregularidades en la “prueba” de Cochez. (Disección de una “mancheta” necia).

El mismo órgano informaría luego que no tenía en sus registros a Nicolás Maduro como nacional de Colombia. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que el actual Presidente de la República era solamente venezolano, Henry Ramos Allup creyó lapidaria una de sus ingeniosidades, al declarar que en nuestro país puede uno ser venezolano por nacimiento, por naturalización o por sentencia del TSJ. Pudiera observársele que según él nuestra Asamblea Nacional puede determinar quién es natural de Colombia a pesar de lo que su Registraduría Nacional reconozca.

 

Convocatoria de asamblea constituyente

Un día antes de las elecciones municipales de 2013 (8 de diciembre), fue publicado en la prensa nacional un remitido que proponía convocar una asamblea constituyente, con el fin principal de cambiar los poderes públicos nacionales. Así informó El Universal el sábado 7 de diciembre:

Un grupo de diputados y militantes de partidos opositores de Venezuela ha propuesto convocar a una Asamblea Nacional Constituyente tras los comicios municipales que se celebrarán mañana en el país. La propuesta, publicada hoy en los principales diarios de circulación nacional está firmada por 55 personas, entre las que destacan la diputada María Corina Machado y el líder opositor Leopoldo López, así como el exgobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz y la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol. “En búsqueda de salidas democráticas para cambiar un régimen deslegitimado en su origen y desempeño que permitan recuperar la Venezuela soberana, plural y de justicia social, nuestra Constitución provee diversos mecanismos, entre los cuales se encuentran (…) la Asamblea Nacional Constituyente”, dice el escrito reseñado por Efe. (…) Según los firmantes “la República pasa por uno de los peores momentos de su historia” y apuntan que “con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos” se producirán en Venezuela “unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente”.

Al año siguiente, Voluntad Popular aseguraría que a tal fin había sido activado el Poder Constituyente Originario en el estado Lara:

(El 20 de septiembre de 2014, Voluntad Popular proclamaba por boca de Luis Florido—su Coordinador Regional en Lara—que había “activado” el Poder Constituyente en el estado para tal fin, al reunir tal vez cuatro centenas de personas en un “céntrico hotel de Barquisimeto”. De esta iniciativa, nunca más se supo). Pero es que la idea misma era, al menos, un viraje de 180 grados. El 23 de enero de 2012, en preparación de las primarias ya mencionadas del 12 de febrero, López y Machado habían suscrito, en señal de aceptación, los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional, cuya estipulación #46 decía con la mayor claridad: “La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Es decir, o López & Machado tienen muy mala memoria, o mudan de opinión con rapidez o son de sinceridad escasa.

El tránsfuga mayor

Esta intención no es nueva. Ya a comienzos de 2003, la asociación civil Súmate organizó la firma ciudadana de un total de ocho planillas con diversas opciones para salir del gobierno de Hugo Chávez, y una de ellas, a proposición de Herman Escarrá, era la celebración de una nueva constituyente ¡a sólo cuatro años de la de 1999! Poco después—al menos desde 2005, cuando el suscrito presenció una presentación de Enrique Colmenares Finol, promotor de la “Alianza Nacional Constituyente”, de un proyecto con tal propósito en las oficinas del Dr. Ricardo Zuloaga—, esta “salida” sería planteada de nuevo. Más tarde, a los pocos días de la derrota de Chávez en el referendo de reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007, el general Raúl Baduel la haría suya, previo pronunciamiento de Manuel Rosales el 13 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Un kilo de estopa).

Otros grupos se han adherido más recientemente a la iniciativa, a cuya consideración se ha elevado hace poco las “Bases político-constitucionales del proyecto” de la Alianza Nacional Constituyente, cuyo inicio asienta: “Constituyente OriginariaIntroducción 1. El objetivo que se persigue es el de cambiar no solo los aspectos mejorables de la constitución, sino todos los poderes como el ejecutivo, el TSJ, el CNE, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y la Asamblea Nacional”.

Recibí ese documento por gentil envío de uno de sus promotores, a quien contesté en un correo con este título: No hay constituyentes “originarias”. Allí puse entre otras cosas:

Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario. (…) Una constituyente es, esencialmente, sólo un método para redactar un proyecto de Constitución enteramente nueva; es decir, que no puede ser obtenida por meras reformas o enmiendas al introducir conceptos constitucionales enteramente distintos a los de la constitución existente. En octubre de 1995, expliqué este asunto en referéndum (Comentario constitucional). Tres años más tarde (septiembre 1998, en la recta final de la campaña electoral), escribía para La Verdad de Maracaibo un artículo (Contratesis) en el que anticipé la doctrina fundamental de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero del año siguiente. Por ejemplo:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ““Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum. [Art. 246 de la Constitución del  61: Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general (…) El proyecto aprobado se someterá a referéndum…”]

Esto último desmonta la idea chavista de constituyente… enteramente equivocada. Eso es lo que dejó pasar—laisser passer—la aberración de la Preeliminación del Senado en 1999 ¡antes de que la nueva Constitución estuviera en vigencia! sin ser protestado. La idea mal entendida es aquello del Art. 347 actual: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (Transplante de la redacción del decreto de Chávez para convocar el referendo del 25 de abril de 1999, una vez que la CSJ dijera que sí se podía preguntar al supraconstitucional Poder Constituyente Originario si quería elegir una constituyente, a pesar de que esta figura no estuviera en la Constitución de 1961).

Se transforma al Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no estará en vigencia hasta tanto el Pueblo la apruebe en referendo. En síntesis, una asamblea constituyente es una mera redactora, una oficina de arquitectos que propone al dueño del terreno y del edificio en ella instalado los planos de un edificio enteramente nuevo, a construir en lugar del otro.

The error is compounded cuando consideras el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda, como ya comentamos, implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

El 23 de abril de este año me ocupé de la “superstición constituyente” en el programa #193 de Dr. Político en RCR.

 

“Plebiscito” sobre el gobierno de Maduro

“Volví a perder”

Así reportaba este blog—Las cuentas como son—los resultados de las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013: “Es ya proverbial el chiste de un argentino que evaluó positivamente el desenlace de la Guerra de las Malvinas: ‘¡Fabuloso, che! ¡Quedamos subcampeones!’ Una psicología parecida se extiende en cabezas de la oposición, que pretenden que el gobierno perdió el ‘plebiscito’ predicado por Henrique Capriles Radonski, autoungido jefe de campaña de todas las candidaturas de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre”.

En efecto, Capriles intentó (como José Guerra dos años después) la transmutación alquímica de unas elecciones locales en un evento de carácter nacional que, según él, evaluaría el desempeño del gobierno de Maduro, al que consideraba “ilegítimo”. Bueno, perdió el “plebiscito” que debía dar al traste con ese gobierno mostrando que Maduro no tenía los votos para ganar el 14 de abril anterior: “…la rectora Sandra Oblitas certificó definitivamente que, de un total de 335 alcaldías en disputa, el PSUV y sus aliados ganaron 242 (72,24%), mientras que la MUD obtuvo 75 (22,39%) y otros candidatos un total de 18 (5,37%). En votos totales, la alianza centrada en el PSUV obtuvo 5.227.491 sufragios sobre 4.423.897 de la MUD, para una ventaja de 803.594 votos”. La nota citada arriba asentó:

Capriles perdió el “plebiscito” al que apostó todos sus reales: “El 8 de diciembre tiene que ser un gran plebiscito para evaluar y decidir si gana la alternativa democrática. (…) El reto que tenemos es superar la votación del 14 de abril. (…) El ocho de diciembre quedará demostrado quién es mayoría”. Recordemos palabras de Luis Vicente León del 18 de agosto:

Está claro que el Gobierno ganará la mayoría de las alcaldías del país. Su penetración en poblaciones remotas, donde se escoge un alcalde con un puñado de votos, es evidente, frente a una oposición con ventaja en grandes centros poblados y pocos alcaldes. Pero el total de votos es otra cosa y ahí la batalla será campal. Si el Gobierno gana, dirá que el pueblo apoyó a Maduro y si pierde dirá que es un evento local que no pretende evaluar la gestión presidencial, mientras muestra el gráfico con su porcentaje de alcaldes. Pero es evidente que ganar o perder en el número de votos totales manda un mensaje político potente y la gente no debería ser tan bolsa como para no entenderlo, aunque con los años he comenzado a pensar que lo único realmente democrático… es la estupidez.

Con la estupidez de la idea plebiscitaria se regodea el gobierno.

 

Crisis de gobernabilidad

Uno de los responsables

El manifiesto de López, Machado et al. que se publicara en la prensa nacional el 7 de diciembre de 2013 era la señal de partida de lo que se conocería luego como #lasalida, el “movimiento” que quiso derrocar el gobierno de Maduro desde “la calle”. (Su primer hashtag fue #lamovida, un concepto que significaba algo a gente más bien mayor—”¿Tú estás en la movida?”—pero poco o nada a los más jóvenes; de allí que se cambiara. El Diccionario de la Lengua Española recoge ese sentido: “estar alguien en la movida. 1. loc. verb. Col., Guat., Hond., Méx. y Ven. Estar cerca de un círculo de poder, o de donde suceden las cosas”).

El planteamiento estratégico se sustentaba en una premisa simplista: “Maduro no es Chávez. A ése se le tumba con un soplido”. Dos meses después se iniciaba el letal ciclo de protestas organizadas y logísticamente mantenidas que duraron buena parte de 2014. La movida se inició el 4 de febrero de ese año en San Cristóbal, pero su verdadero detonante fue encendido el 12 del mismo mes con la marcha hacia la sede de la Fiscalía General de la República, convocada por López, Machado y Antonio Ledezma. Tres muertos habría ese día; en total fallecieron 43 personas en esa temporada de guarimbas, el término venezolano que procede de guarida y significa refugio. Menos graves pero muy molestas fueron las alteraciones de la normalidad de tránsito en vías caraqueñas como la Avda. Francisco de Miranda, en la que se estableció en el tramo de Los Palos Grandes una colección de tiendas de campaña que lo inutilizó por meses, o el forúnculo que interrumpía diaramente la autopista de Prados del Este a las alturas de Santa Fe. Por supuesto, los directamente afectados no eran ni el presidente Maduro ni los dirigentes del PSUV.

El antecedente conceptual de esta extendida protesta focal había sido provisto por Robert Alonso, el dueño de la finca Daktari en la que se capturó en mayo de 2004 un grupo de paramilitares colombianos que presuntamente tratarían de asesinar a Hugo Chávez. Alonso ha revindicado ser el inventor de la táctica guarimbera, y protestado la usurpación de Alejandro Peña Esclusa, quien publicaría un manual instructivo de guarimbas:

Peña Esclusa receta la aplicación descentralizada de una desobediencia civil: la formación—son los números que usa a título de ejemplo—de cinco mil focos de desobediencia activa con doscientos ciudadanos cada uno, dispersos por todo el territorio nacional. El pintoresco líder garantiza que, primero, el gobierno no podrá reprimir o reducir una desagregación tal de la desobediencia y que, segundo, tal situación “provoca inevitablemente una factura militar”. Es como una carambola imperdible en un universo newtoniano clásico. Además indica que esta gran operación—cada foco deberá tener “un jefe, encargados de propaganda, encargados de organización, operaciones, grupos de legítima defensa, logística”—tendrá que ser emprendida “preferiblemente este mismo año y antes que el régimen haya materializado su milicia paralela, bien entrenada y equipada”. (…) Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Para ese momento, se pronosticó el desenlace fatal:

El esquema es totalmente iluso. Si se tratara sólo de provocar esta guarimbada por franquicias antes de que la milicia de cien mil efectivos esté lista, por más inmadura que ésta sea se encuentra en mayor apresto que cualquier avispero cívico por construir. Por otro lado ¿quién dijo que el gobierno se chupa los dedos en esta materia? ¿Quién dijo que le entraría con ejército regular o aun milicia uniformada y entrenada a un esquema asimétrico? ¿No es justamente el gobierno el gran organizador de la asimetría? ¿No lleva también ventaja en esto de organizar unidades y células a escala de barrios, urbanizaciones y parroquias? ¿No lo acaba de demostrar al oponer a los manifestantes de la Universidad Santa María ante la Asamblea Nacional, no ya efectivos de la Guardia Nacional que tendrían—gracias a Dios y a Jesse Chacón—instrucciones de no dispararles, sino una turba de “simpatizantes” del gobierno que les atacaron con palos, sillas y vasos? (Donde algo se bebía, como es protocolo obligado en cualquier aglomeración de partidarios del régimen).

No ha sido posible deponer a Maduro con un soplido, como no fue posible tumbar a Chávez creando una crisis de gobernabilidad, situación que para María Corina Machado tiene sentido desde hace mucho, como consta en Las élites culposas:

El miércoles 5 de abril de 2006, una reunión extraordinaria de la peña más longeva de Caracas, cuyo anfitrión es Luis Ugueto Arismendi, antiguo Ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns, se convocaba para escuchar a María Corina Machado, quien había solicitado la sesión con urgencia. (…) Machado comenzó con el enunciado de la premisa mayor de su presentación: nos hallábamos enfrentados a un gobierno que no creía en la alternabilidad democrática, uno que jamás entregaría el poder si lo llegare a perder en elecciones. La premisa no fue más comentada ni expandida durante toda la exposición, aunque proyectó su sombra sobre todo el resto de lo argumentado. Luego, describió a grandes rasgos el mecanismo de primarias y rebatió, de forma persuasiva, los inconvenientes que usualmente se oponían a la idea de las mismas. Lo que más enfatizó, sin embargo, fue la exigencia de que el candidato más votado tendría que convertirse en el sumo adalid de la lucha por condiciones electorales confiables para retirarse de las elecciones, no con 5% en las encuestas, sino con 40% gracias a las primarias, lo que era preferible y sí “tendría impacto”, en caso de “ser necesario”. Fue luego de todo eso que se suscitó una ronda de intervenciones de algunos asistentes. Uno de ellos argumentó que el gobierno no era demócrata y por tanto jamás sería derrotable por vía electoral—la premisa mayor del inicio—, razón por la cual “lo que había que hacer” era crear, mediante el retiro de la candidatura, una “crisis de gobernabilidad” que pudiera ser aprovechada por otros factores de poder que acabaran con el régimen. Entonces, María Corina Machado se dirigió al ponente de la receta descrita para decirle: “Pues mira, eso es exactamente lo que estamos buscando”.

El 12 de febrero de 2014, la televisora colombiana NTN24 transmitió los acontecimientos en la Fiscalía mientras se desarrollaban:

En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?) (Post scriptum a Leopoldo è mobile qual piuma al vento).

Los resultados de la guarimbada de 2014 no han servido para desacreditar suficientemente el expediente de “la calle” (o, simplemente, “calle”). En Venezuela ha habido calle contra el chavismo-madurismo desde fines de 2001, y la receta hace mucho que ha adquirido rasgos de reiterativo talismán:

El tipo ideal de opositor que estamos considerando es, por otra parte, simplista y trillado. Va por la vida (política) armado de dogmáticas prescripciones estratégicas: “Hay que calentar la calle”. (Enfermo típico, 26 de enero de 2006).

No otra cosa impulsó la demostración del 1º de noviembre, con una asistencia tal vez igual a la de la marcha a Miraflores del 11 de abril de 2002. La frustración de los más indignados opositores con “el diálogo” se origina en el abandono de “la calle”, de “la presión de calle”.

 

Golpe de Estado militar

El árbitro de La Esmeralda

Cada cierto tiempo, alguien plantea con desplantes de indignación y pretendida valentía un golpe de Estado clásico. En agosto de 2014, Juan Carlos Sosa Azpúrua había cambiado los “militares valientes” de Peña Esclusa por sus propios “militares decentes”, que según su entender había que buscar y conseguir a fin de que intervinieran deponiendo el gobierno de Maduro. Estos militares debían justificar su acción con una “narrativa”. Procedí a refutar la argumentación de Sosa Azpúrua en el programa #107 de Dr. Políico en RCR del 23 de agosto de 2014. A la semana siguiente, en la emisión #108, haría lo mismo con la defensa que de él hiciera Robert Alonso desde los Estados Unidos,

Lo más reciente a este respecto ha sido la presentación del padre Luis Ugalde S. J.—ocupado en justificaciones teológico-históricas de una rebelión militar, que publicara la revista SIC de los jesuitas venezolanos y reprodujera americanuestra.com—en la Fundación Espacio Abierto que dirige Luis Manuel Esculpi. Noticiero Digital reseñó la ocasión el pasado 12 de diciembre:

El padre Luis Ugalde, s.j., presentó este sábado un escenario político que recordó lo ocurrido en Venezuela durante la transición hacia la democracia en 1958 y el rol que jugó la figura de Wolfgang Larrazábal, el vicealmirante que ocupó la presidencia de la República una vez derrocada la dictadura perezjimenizta, y que condujo al sistema político hacia una democracia. Anunció que se iba a referir a un escenario, de varios posibles, y que tituló Larrazábal II, quien tomaría “la responsabilidad del Ejecutivo nacional y la Presidencia y proclamaría ante el país un gobierno de transición y de unidad nacional; obligado por la grave y creciente emergencia y dictadura; una dictadura cerrada a todo cambio; que la población considera absolutamente necesarios”.

Allí proporcionó la “narrativa” solicitada por Sosa Azpúrua con retraso de un poco más de dos años:

“Nosotros nos vemos obligados a tomar el poder Ejecutivo ante la gravísima situación de la población: falta de medicinas, comida, seguridad ciudadana, inflación, corrupción y la radical negación del gobierno dictatorial a poner soluciones. Somos un gobierno plural; de salvación nacional, para responder de inmediato a la tragedia humanitaria y recuperar la democracia plural, y establecer las bases y acuerdos sólidos con los empresarios, para impulsar una economía productiva, con compromiso social; con fuerte y sostenida inversión privada nacional e internacional, y unos programas sociales de emergencia inmediata”.

El planteamiento de Ugalde me recordó lo que recomendaba Sosa Azpúrua; también me recordó algo bastante anterior. El 31 de diciembre de 2002 el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría, en el que anunciaba: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él Olavarría decía que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Olavarría había empezado esa prédica a comienzos de año, en artículos y declaraciones en televisión que hablaban de un derecho de rebelión, así que le contesté:



No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

 Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 (…) Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo: “Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia”.

 (…) Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

El mensaje que Ugalde redactó para quien llama “Larrazábal II” es la “narrativa” de los “militares decentes” de Sosa Azpúrua, el “manifiesto” de los golpistas que propugnaba Olavarría (Q. E. P. D.), y la “crisis de gobernabilidad” explicada en la sección previa se la entiende usualmente como proveedora de la excusa perfecta para un golpe de Estado.

 

Enmienda de recorte de período

El 25 de noviembre de 2015, este blog reseñaba (Martes de Ramos) el combo de ofertas que consideraría la MUD en la primera mitad del año siguiente:

Henry Ramos Allup habló ayer martes a una asamblea de ciudadanos en San Bernardino y dijo esto: “Luego de las elecciones parlamentarias vendrá un debate político interno [en el oficialismo], una medición de fuerzas entre ellos y, a la larga, un resquebrajamiento que puede poner fin en breve al Gobierno, bien sea por la vía de referéndum revocatorio, enmienda constitucional, una Constituyente o la renuncia del Presidente”.

Cuando casi se había cumplido el primer mes de su presidencia de la Asamblea Nacional, expresó su convicción de que el tratamiento viable era el de la enmienda de la Constitución para reducir el período presidencial:

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, consideró que la salida de Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo sólo es posible mediante una enmienda constitucional. La opción de referéndum revocatorio es considerada como “muy engorrosa” por los parámetros que deben cumplirse y en el caso de la renuncia, no cree que suceda. (…) Los parlamentarios de la Causa R le entregaron un proyecto que calificó como muy bueno. Añadió que cualquiera de las propuestas por esa vía debe incluir la eliminación de la reelección indefinida. (Informe 21).

Enmendador desde 2001

Quien escribe había planteado el 11 de abril de 2015 (en el programa #139 de Dr. Político en RCR)  la posibilidad de la enmienda de recorte del período presidencial—reconociendo la precedencia de Primero Justicia (específicamente de Juan Manuel Raffalli) como la entidad que primero la propusiera a fines de 2001 contra Hugo Chávez—; para el mes de noviembre ya había caído en cuenta de su inviabilidad, como asenté en la entrada citada al inicio de esta sección:

La enmienda de recorte de período—propugnada originalmente por Primero Justicia a fines de 2001—sí puede ser desencadenada por los asambleístas; un 30% de los diputados (56 de una cámara de 167) puede introducir el proyecto que necesita la aprobación de la mayoría simple (84) para que, finalmente, sea sometido a la aprobación final de nosotros, los Electores, en referendo. También puede hacerlo el Presidente de la República, pero no es realista imaginar que querrá recortarse el mandato, y seguramente tampoco que el Tribunal Supremo de Justicia toleraría la aplicación “retroactiva” a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años…

En Apostilla a la entrada previa (5 de febrero de 2016) volví sobre el punto:

Todo proyecto de enmienda constitucional debe ser sometido a un referendo aprobatorio, como ocurriera el 15 de febrero de 2009 para considerar la reelección indefinida de funcionarios por elección. En el caso de un proyecto propuesto por la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional, se prescinde de la iniciativa popular (15% de los electores) para forzar tal referendo, y el Consejo Nacional Electoral tendrá un mes para organizarlo y celebrarlo. Es esperable que una mayoría nacional de electores aprobaría el recorte, contando con que así se produce la cesantía del presidente Maduro a la medianoche del 9 de enero de 2017.

Pero… ¿es la aplicación retroactiva de esa modificación de la Constitución al mandato específico conferido a Maduro algo que no levantaría objeciones en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Es difícil; si una mayoría aprobare la enmienda no faltarán suficientes magistrados de esa sala que arguyan que su aplicabilidad se iniciaría el 10 de enero de 2019, pues igualmente una mayoría de ciudadanos eligió a Maduro para un período de seis años.

 

Petición de renuncia

La renuncia del Presidente de la República es un acto personalísimo; por tanto, es inmune incluso a las preferencias de nuestro Poder Constituyente Originario, limitado solamente por los derechos humanos en el territorio venezolano sobre el que ejerce su soberanía. Renunciar es un derecho intransferible. Como se dijera al comienzo mismo de este trabajo, podía esperarse que el referendo sobre el socialismo aumentara su probabilidad; así se reiteró en Martes de Ramos: “La renuncia de Nicolás Maduro sólo puede producirla él, pero puede ser inducida. Creo desde hace tiempo que nada sería más eficaz a este respecto que la celebración de un referendo consultivo sobre la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista”.

 

Referendo revocatorio

La figura de un referendo capaz de revocar el mandato de un funcionario electo en Venezuela fue manejada por primera vez en el proyecto de reforma de la Constitución de la Comisión Bicameral del Congreso de la República en 1992, que presidía Rafael Caldera. Al año siguiente, él mismo recogería la noción en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, el programa de gobierno para su segunda elección: “El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”. La Constitución vigente la pauta en su Artículo 72:

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

No quería revocatorio

La Mesa de la Unidad Democrática, como se registrara antes, se mantuvo dubitativa acerca de esta avenida constitucional en el primer trimestre de 2016, y sólo comenzó a moverse en abril. (El suscrito, no siendo el único, había advertido a tiempo sobre esa posibilidad; por ejemplo, en contestación a un comentario a la entrada ¿Jesús Gorbachov? del 1º de octubre de 2014: “…puede intentarse la convocatoria de un referendo revocatorio en un año y tres meses, a partir del 10 de enero de 2016″. En el seno de la MUD, seriamente emproblemada desde que el 3 de enero se decidiera que Henry Ramos Allup sería el Presidente de la Asamblea Nacional, se torpedeó la iniciativa porque apoyarla significaría favorecer los planes candidaturales de Henrique Capriles Radonski, ya posicionado como su más visible campeón:

[Torrealba] entró en consideraciones en torno al tema de la unidad. “Yo debo decir que desde el 3 de enero de este año la dirección política de la unidad democrática está severamente aquejada por falta de coherencia y organicidad”. Torrealba se remontó al momento en que se logró el acuerdo de la tarjeta única en agosto de 2015; muy condicionado por la presión de Voluntad Popular, habida cuenta de los reclamos que hacía a partir de su condición de fenómeno electoral reciente y acelerado, y que fue lo que dio pie a su incorporación dentro del llamado G-4; el grupo de los cuatro partidos más representativos, en este caso, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Lo definió como el corazón del comando de campaña, al que se le agrega la figura del Secretario Ejecutivo de la MUD, de modo que vino a ser el G-5, y que las cosas marcharon en armonía allí hasta el día 3 de enero cuando no se obtuvo un acuerdo para elegir al presidente de la AN, y que, por tanto, se tuvo que ir a una elección; que fue lo que produjo un impacto interno. “Ese impacto fue que nuestros compañeros de Primero Justicia, mis hermanos, dijeron: ya va, el G-4 es una estructura que funciona sobre la base de la confianza, y esta confianza ha sido resquebrajada. Esto ya no es un G-4, sino que es un 3 contra 1”. Añadió que a partir de ese momento el grupo ejecutivo tampoco ha podido funcionar; porque no tiene normas acerca de cómo tomar decisiones, y que en esta situación hemos atravesado un trimestre completo, y un trimestre, a su juicio, donde ha pasado de todo, y argumentó que estas cosas se permitía decirlas públicamente en su carácter de dirigente político independiente, porque hay la necesidad urgente de remediar esta situación; ya que la unidad no se trata de una conquista que le pertenece a los partidos políticos, sino a todos los venezolanos. (Exposición en la Fundacion Espacio Abierto, reseñada el 12 de abril de este año en Noticiero Digital y comentada dos días después en Otra confesión de parte).

Luego vendría la excusa de que iniciar las diligencias necesarias en enero confrontaría la oposición del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base de que el período de Nicolás Maduro habría comenzado el 15 de abril y no el 10 de enero de 2013, lo que es patentemente un pretexto muy malo. El Artículo 233 de la Constitución, que cubre los casos de falta absoluta del Presidente de la República, dice claramente: “En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente”.

Finalmente, la MUD optó por iniciar la promoción del referendo revocatorio del mandato de Maduro y logró completar la primera fase del proceso, a pesar del engorro nada cooperador del Consejo Nacional Electoral: la recolección de las firmas de 1% de los electores que promoverían la consulta; luego, el oficialismo paralizaría por completo el remolón intento opositor:

…la Mesa de la Unidad Democrática inició en el mes de abril (ha podido iniciarse el 11 de enero, al cumplirse la mitad del período constitucional que el presidente Maduro completa) la promoción de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro luego de arribar a un consenso de los partidos que la componen, y logró superar la fase inicial de activación del proceso con la consignación de más de 1% de firmas de electores que el Consejo Nacional Electoral reconoció como válidas. El Consejo anunció la fase de recolección de 20% de manifestaciones de voluntad de electores requeridas para fines de octubre, y delineó un cronograma general que parecía ubicar la fecha del referendo mismo para el mes de febrero de 2017, lo que implicaba que no habría elecciones para escoger un sucesor del presidente Maduro en caso de su revocación (concluiría el período quien estuviera en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República para el momento de su eventual remoción). Con posterioridad a estos anuncios, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el 20% de los electores debía ser reunido no en circunscripción nacional sino en cada uno de los estados del país, e inmediatamente seis tribunales estatales sentenciaron la invalidez del 1% de las firmas de promoción sobre la base de presunto fraude. El Consejo Nacional Electoral suspendió entonces la recolección de las firmas de la convocatoria prevista para el 26, el 27 y el 28 de octubre, al declarar que acataba las sentencias tribunalicias. Estas decisiones paralizaron de hecho el esfuerzo revocatorio y endurecieron las posiciones de la oposición, y también las del gobierno, hacia un agravamiento de la confrontación. (Ayuda memoria, 28 de octubre de 2016).

 

Referendo que cause elección presidencial inmediata

Para descargar la presión

El 22 de octubre de 2016 se había publicado Prontas elecciones, que argumentaba, sobre la condición de supraconstitucionalidad del Poder Constituyente Originario, que podía causarse elecciones anticipadas mediante un referendo consultivo. (El mismo día se expuso el tratamiento en el programa #219 de Dr. Político en RCR, cuyo archivo de audio se incluyó al comienzo de esa entrada).

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. (…)

[La Asamblea Nacional] puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Quince días después, los diputados en cuestión solicitarían su desincorporación, pero Henry Ramos Allup nunca la perfeccionó, limitándose a decir: “Hemos tomado nota”.

En actualización del 24 de octubre a Prontas elecciones, se insertó la siguiente explicación:

…escribí hoy a dos amigos un correo encabezado así: Un poquito de bacteriología política. En él les puse:

“El gobierno ha logrado interrumpir el proceso revocatorio con el empleo de antibióticos judiciales, que actúan sobre el origen referendario en firmas de la iniciativa popular. Más en general, ha maniatado a la AN sobre la base de su desacato al incorporar a los diputados de Amazonas suspendidos por el TSJ.

¿Cómo se defienden las bacterias? Modificando su ADN para hacerlo inmune a esos antibióticos específicos; aprenden a comer penicilina, cuya administración es entonces ineficaz.

Ésa es la misma estrategia del tratamiento propuesto el sábado: 1. deja de depender de firmas que pueden ser exigidas por estados o inhabilitadas por presunto fraude en la recolección (lo convoca la AN); 2. se retira una fracción del ADN de la Asamblea sobre la que se fija la acción del antibiótico TSJ, desincorporando los diputados objetados.

¿Podría el laboratorio de guerra bacteriológica oficialista diseñar un nuevo antibiótico que actúe diferentemente? Seguramente buscará desarrollar otro, pero le será muy difícil. El que logren inventar atacaría también a la propia base de su existencia: ‘El desconocimiento de esa doctrina fundamental del acervo constitucional venezolano equivaldría a pulverizar las bases jurídicas del régimen público nacional’. Para matar tiene que suicidarse”.

Una vez más, la Asamblea Nacional conducida por Ramos Allup ha ignorado olímpicamente esta posibilidad, pero también debió actualizarse la entrada de nuevo así:

Actualización 2: se me informa que el diputado José Guerra ha dicho hoy (25 de octubre) a CNN: “Hay una solución inmediata a la situación que vivimos: elecciones generales inmediatas. elecciones presidenciales, Asamblea Nacional (los diputados ponemos el cargo a la orden), gobernaciones y municipales”. Repuse al informante: “Creo que las elecciones generales son un exceso. A la Asamblea acabas de elegirla, más temprano que tarde tendremos elecciones regionales, y para las presidenciales necesitas pasar por encima de la Constitución. De allí lo que propuse: un referendo consultivo del Poder Constituyente Originario para establecer estas últimas con base constituyente”. El país no está para más elecciones de las que necesita.

La idea de elecciones generales ha sido replanteada como para llevarla a la agonizante mesa de diálogo que tutelan el Vaticano y UNASUR, pero una cosa así no puede ser decidida en una instancia de esa clase; cualquier modificación constitucional que se “acordara” no tendría vigencia hasta que el Pueblo la apruebe en referendo, el que debiera ser convocado con arreglo a lo que pauta la Constitución.

Una virtud a destacar en este tratamiento del problema es que es inmune a la barrera de la fecha que cambia la determinación del sucesor de Maduro; aunque se celebre el referendo con posterioridad al 10 de enero de 2017, una mayoría que conteste afirmativamente causaría nuevas elecciones presidenciales.

 

Ayuda exterior

Intervención militar externa

Tal vez creyendo que ciertas declaraciones conducirían a la renuncia de Nicolás Maduro o a una intervención militar que diera al traste con su gobierno, ha parecido a algunos que es eficaz adjudicarle la etiqueta dictatorial y elevar el caso a instancias internacionales. En Etiqueta negra (11 de abril de 2016) se expuso:

Un amigo inteligente, bien intencionado y proactivo, me escribe: “es una DICTADURA”. Un importante venezolano acaba de declarar a un medio nacional: “Aquí está planteada una dictadura. Una dictadura pura y dura…” Se ha conseguido por fin la etiqueta definitiva, cuyo uso satisfará toda necesidad. Del otro lado de esta polarización que hace mucho más daño que bien, se ha empleado otras; la más reciente es una reciclada: “derecha fascista”. El país puede respirar tranquilo, pues su problema político se habría esfumado con tales “descubrimientos”; su clase política opone una etiqueta a otra, cada actor enfrentado coloca una estrella amarilla de seis puntas en el abrigo del otro, como hacía Hitler en la Alemania que sojuzgó tan trágicamente. Problema resuelto.

………

Mi señora me dice: “Es que lo que se busca es la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana”. Bueno, lo peor que pudiera pasarle al país en tal eventualidad es ser suspendido de la condición de miembro de la OEA; más concretamente, que Bernardo Álvarez no podría hablar en Washington a sus colegas, los demás representantes permanentes de los países del continente ante esa organización. Claro que está la raya misma de la suspensión pero ¿qué es una raya más para un tigre? ¿Es que no está desde hace tiempo muy suficientemente desacreditado el gobierno venezolano en la opinión internacional? Con eso no va a caer el gobierno. Quienes se empeñan en buscar afuera la solución a nuestros problemas políticos, que no hemos sido capaces de idear siquiera, reproducen la táctica de una cuña televisiva del detergente Ariel, en la que una madre que lava ropa escucha la queja de uno de sus hijos, cuya voz en off gritaba: “¡Mamá, Federico me está molestando!”

Se me olvidaba: la decisión de suspender a un país miembro de la OEA de esa condición debe ser tomada por una mayoría de dos terceras partes de los Estados (Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana). Le deseo suerte al Sr. Almagro, evidentemente excedido en sus funciones de Secretario General al haberse enfrascado en una lucha personal contra el gobierno de Nicolás Maduro; en los años recientes, sólo los Estados Unidos, Canadá y Panamá (país algo ajado a raíz de los Panama Papers) han votado contra Venezuela.

Claro, Álvaro Uribe Vélez había preguntado irresponsablemente el 13 de mayo de este año: “¿Habrá algún país latinoamericano que preste sus fuerzas armadas para proteger a la oposición venezolana?”

 

Declaratoria de abandono del cargo

Una nueva superstición

El Artículo 233 de la Constitución considera que se configura una falta absoluta del Presidente de la República por “el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional”. El precedente 222 establece:

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

La combinación de ambas previsiones ha conducido a la alucinación de procurar un juicio político contra Maduro y la subsiguiente declaratoria de abandono de su cargo. El diario El Nacional daba cuenta el 21 de diciembre del más reciente avistamiento de ese espejismo:

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que a partir del 5 de enero de 2017 la Asamblea Nacional (AN) tratará el supuesto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.

Una “investigación” de la Asamblea Nacional que estableciera alguna “responsabilidad política” no tendría sino valor declarativo, pues no permite acciones que no sean practicadas por el Poder Ciudadano: el conjunto formado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de La República. Y Maduro no ha abandonado el cargo; promulga decretos, representa a la República en el exterior, ordena cadenas de radio y TV, baila vallenatos en La hora de la salsa… (Diccionario de la Lengua Española: abandonar. Dejar una actividad u ocupación o no seguir realizándola).

Sobre este extravío apuntaba el 1º de noviembre la web de la BBC de Londres:

Aunque los diputados opositores hablan de un “juicio político” al presidente, esa figura como tal no existe en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde el parlamento destituyó en agosto a la presidenta Dilma Rousseff. (…) Algunos expertos tampoco creen que sea una figura correcta ni que vaya a tener algún efecto. “Yo creo que el abandono del cargo no procede”, afirma a BBC Mundo el profesor de Derecho Constitucional Pedro Afonso del Pino. “El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo“, asegura Del Pino.

Más adelanto puso:

Según el cronograma previo al proceso de diálogo entre gobierno y oposición iniciado este domingo, la idea de los líderes opositores era entregar este jueves a Maduro, al menos simbólicamente, la notificación de “abandono del cargo” en la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores. Ahora, sin embargo, tras el inicio del diálogo con la mediación del Vaticano, la decisión sobre el abandono del cargo se aplazó y también quedó suspendida la manifestación que su destino final será Miraflores. Y si finalmente se aprueba, es posible que el TSJ invalide el documento.

Se trata de un caso más de holgazanería política.

 

Referendo revocatorio paralelo

Hay que insistir

El 28 de noviembre de 2016, un muy numeroso grupo de venezolanos suscribía una “proclama al país” en la que anunciaba que se proponía la restitución del referéndum revocatorio constitucional. El documento comenzaba por exponer como “treta política claramente urdida por el gobierno” la suspensión indefinida de la recolección de firmas anunciada por Tibisay Lucena, Rectora Presidente del Consejo Nacional Electoral, el 21 de octubre; acto seguido, sostuvo que el régimen se había revelado a través de esa obstrucción como “dictadura abierta”.

La segunda cláusula de su proclamación prometía:

Asumir la iniciativa de restituir, sobre bases constitucionales, el proceso de realización del Referendo Revocatorio invocando al poder originario, El Pueblo, para la reactivación de la recolección de las firmas necesarias, del 20% de los electores, ilegalmente suspendida, durante la primera quincena de Diciembre en cada calle, plaza e iglesia del país, con observación nacional e internacional, con el soporte legal de la AN. Esto permitirá, de acuerdo al resultado, realizar el acto refrendario [sic] antes del 10 de Enero de 2017.

La primera indicaba que constituían el Frente Ciudadano por la Restitución de la Constitución en acatamiento de la decisión del 23 de octubre de la Asamblea Nacional, por la que este órgano convocaba “al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del orden Constitucional”. La quinta cláusula formulaba un repudio a las autoridades electorales con base constitucional:

Desconocer, por tanto, las decisiones del CNE y el poder judicial que implican confabulación para realizar fraude contra el pueblo venezolano en materia de derechos electorales, invocando el artículo 350 de la Constitución, que establece que: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

Los promotores de la iniciativa estaban conscientes de que el valor de su esfuerzo sería meramente simbólico, que no causaría efectos jurídicos aunque sí políticamente importantes si lograban recoger manifestaciones de voluntad de al menos 20% de los electores registrados. (Confiaban en que superarían con creces esa meta, tal vez alcanzando las firmas necesarias para la revocación misma, en cantidad superior a los 7.587.579 electores que votaron por Maduro el 14 de abril de 2013). En todo caso, la primera quincena de diciembre ha expirado sin que se haya producido la cristalización práctica del propósito; la meta de hacer ese referendo “paralelo” antes del 10 de enero de 2017 se ha hecho imposible.

Un valor a destacar en esta iniciativa es que, si bien el proyecto no cerraba las puertas a la participación de los partidos políticos de oposición, ella misma había surgido de “la sociedad civil”. Finalmente, la inclusión de gente muy seria y competente entre los firmantes permitía suponer que la ingeniería de la actividad estaba en principio resuelta.

 

Acta de abolición

Es nuestro poder

El sábado 17 de diciembre de este año de 2016, se propuso en el programa #227 de Dr. Político en RCR abolir el gobierno de Nicolás Maduro desde el poder supremo y supraconstitucional del Pueblo de Venezuela. Simultáneamente, se publicaba en el blog de Dr. Político el texto del Acta de Abolición y Estatuto de transición. (Manda Su Majestad). A continuación de dos considerandos—el primero de ellos: “Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz”—se expuso el decreto de abolición:

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por [Nicolás Maduro Moros], ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente Estatuto de Transición…

De todos los tratamientos propuestos en la Licitación Abajo Maduro, es éste el único que emite un inequívoco mandato a la Fuerza Armada Nacional; ya no es asunto de buscarse un Larrazábal II o unos militares decentes, sino una orden expresa del Pueblo a todos los militares. Igualmente, el decreto emite una orden al Consejo Nacional Electoral para que proceda, superando lo dispuesto en el Artículo 233 en materia de fechas, a organizar una nueva elección presidencial.

El fundamento que legitima el Decreto de Abolición es el mismo que se ofreciera para el Referendo que cause elección presidencial inmediata (vide supra):

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple.

Él es el titular único del Derecho de Rebelión:

El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera).

En Manda Su Majestad se expuso:

Pero la constitucionalidad venezolana es bastante más evolucionada que la doctrina de Virginia, que a fin de cuentas estuvo concebida por súbditos de Jorge III de Inglaterra. No somos súbditos de Nicolás Maduro Moros; nosotros nos sabemos por encima de cualquier régimen, incluso por encima de la Constitución misma. Por eso no necesitamos siquiera del reconocimiento de tal supremacía en el Artículo 350 de la de 1999: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Ése es verdaderamente un artículo, más que redundante, impertinente: la Constitución no puede mandar al Pueblo, menos si escribe irrespetuosamente su mayestático nombre (a lo largo de todo su texto) con inicial minúscula. No es que podamos, con el “permiso” que constitucionalmente se nos confiera, desconocer un gobierno de esa clase; es que podemos abolirlo. Nosotros podemos mandar, como Soberano que somos, directamente desde nuestro Poder Supremo, sin la mediación de algún poder constituido o la regulación legal o reglamentaria. Podemos mandar como Corona y punto.

El tratamiento de abolición fue propuesto por primera vez contra Hugo Chávez—y torpedeado por Primero Justicia y Gente del Petróleo entre otros—, el 25 de febrero de 2002, cuarenta y cinco días antes del Carmonazo. Ni siquiera Herman Escarrá pudo encontrar forma de refutarlo; el 8 de marzo de aquel año conversamos telefónicamente acerca del planteamiento:

El experto constitucionalista me saludó con su solemnidad característica, y luego de apuntar que la idea de la abolición tendría que hacerse compatible—fácilmente, opinó—con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, adelantó esta opinión: “Pero puedo decirle de una vez que su propuesta es, como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correcta”. (Las élites culposas).

Si en 2002 existía una mayoría nacional que prefería que Chávez dejara de gobernar, hoy en día hay una mayoría verdaderamente abrumadora que ansía desesperadamente la cesantía de Nicolás Maduro. Hay gente trabajando en la materialización de este último y más eficaz y radical tratamiento. “Para que el poder constituyente originario se exprese con la supraconstitucionalidad que siempre preserva latente, presta a irrumpir, tiene que despertarse esa latencia mediante un llamado explícito a ese carácter”. (Contestación a Páez Pumar, 15 de diciembre de 2002). LEA

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Proyectos anti Maduro

En su primer acto una vez electo

 

Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.

Los rasgos del próximo paradigma político – 1º de febrero de 1994

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Desde que asumiera la Presidencia de la República el ciudadano Nicolás Maduro Moros, ha habido intentos de dejarlo cesante prematuramente; desde ese momento, su aceptación como gobernante ha caído constantemente (con un leve repunte a fines de 2016 según Venebarómetro, que la mide en 27,3% para diciembre, subiendo de 22,1% el mes anterior). Es posible distinguir un total de 15 procedimientos propuestos para terminar su gobierno cuanto antes, a saber:

  1. Referendo consultivo sobre el socialismo.
  2. Demostración de fraude en la elección del 14 de abril de 2013
  3. Demostración de doble nacionalidad presidencial
  4. Convocatoria de asamblea constituyente
  5. “Plebiscito” sobre el gobierno de Maduro
  6. Crisis de gobernabilidad
  7. Golpe de Estado militar
  8. Enmienda de recorte de período
  9. Petición de renuncia
  10. Referendo revocatorio
  11. Referendo que cause elección presidencial inmediata
  12. Ayuda exterior
  13. Declaratoria de abandono del cargo
  14. Referendo revocatorio paralelo
  15. Acta de abolición

Este blog ha completado un estudio comparativo de todas esas opciones, el que ha resultado en 36 páginas que son una longitud excesiva para una entrada convencional. Por tal razón se lo ofrece acá como archivo en formato .pdf descargable:

Licitación Abajo Maduro _ Dr. Político

Como penúltimo trabajo del año—falta aún colocar el 31 de diciembre el audio de lo que será, Dios mediante, el programa #229 de Dr. Político en RCR—, el estudio pretende, al incluir una “mejor solución” al problema, expresar el deseo de que el año nuevo de 2017 será, si no enteramente feliz, al menos mejor que 2016 para los venezolanos. LEA

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Suma contra gentiles abstencionistas

Tomás de Aquino, autor de Summa contra gentiles

 

La cepa abstencionista es, como Bruce Willis, dura de matar. Cíclicamente, cuando se viene encima un evento electoral, hay una actividad recrecida de los predicadores del fraude, que advierten con angustia, a veces con desprecio de quienes quieren participar electoralmente, que todo esfuerzo por esta ruta es inútil. Recapitulemos, pues, pacientemente una vez más.

En 2004, María Corina Machado dijo dos días antes del referendo revocatorio que las discrepancias del registro electoral no llegaban a 1%, y que había que ir a votar. Alberto Quirós Corradi dijo que el sistema electoral estaba blindado, concepto repetido en coro por el cogollo de la extinta Coordinadora Democrática. El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. La única encuesta que dijo lo contrario fue una pirata dirigida por algunos profesores de la UCV, que fue atribuida falsamente por El Universal a Félix Seijas, lo que provocó la retractación del periódico cuando reventó el patuque y provocó la salida de Kico Bautista de la dirección de El Mundo. La Coordinadora Democrática quiso engañarnos cuando dijo que hubo fraude electoral, mintió para ocultar su descomunal incompetencia, que dilapidó el decisivo capital político que en 2002 y 2003 era mayoritariamente proclive a la revocación. Mendoza dio, aquella noche, la espalda a las cámaras y cedió el podio a Ramos Allup para que éste voceara ¡fraude! Entonces llegaron los explicadores de esta acusación. Tulio Álvarez dijo que había habido fraude, con toda seguridad, porque ¡él había escrito dos años antes un libro en el que se explicaba cómo hacerlo! El Sr. J. J. Rendón—hoy pretencioso asesor electoral—compareció el 18 al programa que entonces tenía César Miguel Rondón en Televén:

Probablemente el concursante más aventajado sea todavía J. J. Rendón, quien asegura saber cómo se habría configurado la descomunal estafa y que Smartmatic, para decir lo más prudente que se le ocurrió, habría sido al menos tonto útil al doloso plan del gobierno. (Lo que tal vez haya contribuido a que una turba, similar a un Ku Klux Klan en ánimo de linchamiento en Alabama, parecida a la que sitió con violencia la Embajada de Cuba el 12 de abril de 2002, se haya presentado ante las oficinas de Smartmatic ayer para gritar, democrática, constitucional, electoral y pacíficamente, “Mugica, ladrón” y otras menudencias por el estilo).

Rendón llevó ayer a canales de televisión su hallazgo: en dos centros del estado Bolívar encontró que había siete coincidencias exactas de votos por el “Sí”—en un acta tres veces el número 133, en otra del mismo centro dos veces el número 127, en otra de centro diferente dos veces el número 122. Luego ha afirmado, en sucesión, que tenía un total de 9 actas en la que se observaba este extraño fenómeno; más tarde que eran 15; luego que eran 24 y, antenoche, en el programa Rendón-Rondón, que le habían reportado anomalías similares en otros estados.

Pues bien, lo que sería verdaderamente anómalo es que en un universo total de 19.664 máquinas de votación no aparecieran centenares de actas con resultado idéntico. En sí mismo, cada caso parece extraño y, de hecho, considerados individualmente, los casos reportados resultan repugnantes a la intuición.

Sin embargo, la estadística es ciencia sosegadamente implacable que con frecuencia nos presenta aparentes paradojas o, en todo caso, sorpresas contraintuitivas. Por ejemplo, el famoso caso—entre los estadígrafos, naturalmente—del cumpleaños duplicado. En teoría, cualquier persona tuvo una probabilidad de nacer en un día específico del año calendario equivalente a 1/365—para no considerar años bisiestos—o, en términos porcentuales, 0,27%, o un poco más de un cuarto de uno por ciento. Consigamos entonces un grupo constituido por 23 personas elegidas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas de ese grupo cumplan años exactamente el mismo día? Nuestros lectores seguramente se sorprenderían si se les dice que esa probabilidad es de 50,7%, o 187 veces la probabilidad de que alguien haya nacido en un día específico del año.

La verdad es, entonces, que lo esperable estadísticamente es que en varios centenares de casos se registre lo que al Sr. Rendón parece “matemáticamente imposible”, incluyendo, por supuesto, la aparición de “insólitas” coincidencias en un mismo centro de votación. Cualquier jugador de dominó registra en su memoria más de una vez en la que en un mismo partido tres o cuatro manos seguidas arrojan un resultado de, digamos, 22 puntos. (“¡Qué casualidad!”) Y más de uno entre nosotros ha observado la improbabilísima distribución de siete blancos en una misma mano, durante amistoso juego en el que a ningún miembro del Comando Maisanta se le ha permitido barajar las piedras.

Pero es que la necesidad emocional exige que nuestra hipótesis favorita—el fraude electoral masivo ante las narices de los observadores internacionales que se chupaban el dedo—encuentre asidero, y nuestra psiquis anda automáticamente—no es un ejercicio consciente y voluntario—a la caza de cualquier hábil pseudoexplicación que la corrobore. Estamos persuadidos de que el Sr. Rendón cree inocente y honestamente en su “explicación”. Pero no podemos estar de acuerdo conque de su involuntariamente defectuoso razonamiento extrapole acusaciones gravísimas. A él no le consta en absoluto que en verdad se haya producido la alevosa “programación” de los “topes” que postula.

Ah, pero entonces vuelven los detectives de la megaestafa a la carga. Acabamos de recibir un archivo de hoja electrónica de cálculos con más de 4.500 centros en los que se manifestaría un tal “gradiente del fraude”. ¿En qué consiste? Pues en un listado de centros en los que el voto por el “Sí” habría presuntamente sido inferior a las solicitudes interpuestas en los mismos centros para exigir el referendo revocatorio. Es decir, en el “Reafirmazo”. Y esto, arguyen, es “claramente imposible”.

¿Por qué es imposible? ¿Es que no hubo en el revocatorio muchos más centros habilitados que en el “Reafirmazo” y por tanto la población de solicitantes estuvo distribuida entre más centros, bajando la proporción original promedio en cada uno? ¿Es que no ha podido haber ningún factor que disminuyera la voluntad de los firmantes originales, por ejemplo, el temor que la Coordinadora Democrática decía saber que las “cazahuellas” impartirían a los votantes, y que quiso combatir asegurando que el sistema era inviolable, o el real amedrentamiento del régimen a pobladores que temieron perder sus becas u otras dádivas? ¿De dónde se obtiene el impepinable teorema de que las solicitudes establecían un piso inamovible a los votos? (Carta Semanal #100 de doctorpolítico, del 19 de agosto de 2004).

El 20 de agosto conversé de estas cosas con un empresario venezolano que creía en el fraude. Me dijo: “Está bien, me convenciste, no hubo fraude, pero hay que decir que lo hubo porque a este señor hay que negarle hasta el agua”.

El pacto Bush-Machado

Luego, caídas estas “explicaciones”, María Corina Machado encargó a Ricardo Hausmann y su compinche Roberto Rigobón el famoso estudio del “cisne negro”, el primero de una familia de estudios numerológico-estadísticos que distan mucho de haber demostrado fraude en ningún caso. Me ocupé de disecarlo minuciosamente y de demostrar su invalidez en la Carta Semanal #103 de doctorpolítico, del 11 de septiembre de 2004. La Sra. Machado, a quien envié por cortesía el resultado de la disección, me reprochó que no hubiera hablado antes con Hausmann; en verdad, yo le había pedido a ella una conversación a la que se negó porque estaba muy ocupada preparando algo que era, precisamente, la presentación del adefesio que desmonté.

No fue sino hasta agosto de 2005 cuando, acosado por Pedro Pablo Peñaloza—hoy periodista consentido de Leopoldo Castillo—desde El Universal, Alejandro Plaz admitió a regañadientes que no se había demostrado fraude en 2004 (cita del artículo breve de la Carta Semanal #149 de doctorpolítico):

Pero Plaz debió reconocer algo más sustancial todavía, asediado por el periodista. Que no se había probado el fraude en el revocatorio o las elecciones de gobernadores y alcaldes. Que no era posible, más fundamentalmente, probar el fraude. El periodista afirmó: “Aunque tras cada votación se agregan nuevos elementos, puede decirse que los reclamos actuales son similares a los expuestos en 2004; no obstante, en el pasado jamás pudo demostrarse el fraude”. Plaz evadió el asunto alejándose de la precisión para situarse en un plano jurídico: “Recuerda que al referendo revocatorio no se le podía aplicar la ley electoral, porque el Tribunal Supremo de Justicia decidió que no era una elección y que no podía regirse por la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política (Losypp). En esa ocasión, el CNE creó un reglamento nuevo que estipulaba en su artículo 50 que el escrutinio sería manual; sin embargo, metieron las máquinas y violaron su propia norma. Igual pasó en octubre, cuando denunciamos que violentaron más de 15 artículos de la Losypp, y en esta oportunidad ya han infringido más de 20 artículos”.

Ante esta evasiva Peñaloza persiguió con reiteración: “Pero nadie ha podido ofrecer elementos de convicción sobre la perpetración de un fraude electoral”. Y dijo entonces Plaz: “No se puede demostrar porque, a medida que violas más la ley, vas haciendo la caja más negra. El CNE mantiene una caja negra, que impide el acceso a la información, al centro de votación, a los programas de las máquinas, a los centros computarizados del CNE y de la Universidad Bolivariana, donde revisan las huellas. Mientras más blindada esté la caja negra, más complicado es probar el fraude”.

Puesto en términos de Lewis Carroll: “But I was thinking of a plan to dye one’s whiskers green, and always use so large a fan that they could not be seen”. (“Pero pensaba en un plan de teñirme los bigotes de verde, y usar después un abanico tan grande que no pudiera vérselos”).

Ramos Allup: líder de retiradas

Pasemos a 2005, el año de “una auténtica y espontánea manifestación de desobediencia civil” (Erik Ekvall dixit en reciente artículo iracundo), el estúpido forfeit que otra vez encabezara Ramos Allup para entregar al oficialismo la totalidad de la Asamblea Nacional. En verdad, este curso de acción estaba decidido de antemano: “…estamos preparando un retiro masivo de candidatos… seguido de un evento espectacular de lanzamiento de campaña 2006”. (Correo dirigido a mí por Roberto Smith Perera. El hallazgo accidental en Fila de Mariches, que le dio a una oposición prederrotada el pretexto para abandonar su intento electoral, ocurrió el 29 de noviembre. El correo de Smith es del 31 de octubre).

Uno de los miembros del Grupo La Colina, Leopoldo González, fue quien fuera inscrito por Primero Justicia como “técnico” suyo para la auditoría técnica a las máquinas de votación de Smartmatic. En ese carácter—su propio grupo no es reconocido como actor certificado por el Consejo Nacional Electoral—González encontró a través de su examen experto que después de todo las famosas máquinas electorales guardaban en su memoria la secuencia de votos, de modo que era posible en principio violar el secreto del sufragio, al cotejar esa secuencia con el orden de identificación de los votantes que proviene de las llamadas “captahuellas”, en las que cada elector que acudiera a votar debía registrar su huella digital para demostrar su condición de votante inscrito en el Registro Electoral Permanente y así imposibilitar que una misma persona votase más de una vez. Este hallazgo brindó en bandeja de plata a los partidos de oposición el pretexto que requerían para retirarse de unas elecciones parlamentarias que sabían perdidas. Tal hazaña llevó a Olga Krnjajsky (nom de plume Olga K) a decir que González había logrado lo que “no había hecho ni SÚMATE con su tecnología, ni los partidos con su maquinaria, ni Tulio con su informe, ni Oswaldo Álvarez Paz con el 350”. Tan justa fama explica la confianza suscitada por el Grupo La Colina, que se expresa claramente en reciente proposición de Gerardo Blyde: que el Grupo La Colina se sumara a Súmate para la organización de las propuestas elecciones primarias de la oposición.

El lunes pasado tuvo el suscrito la oportunidad de asistir a una presentación de miembros de este grupo, centrada sobre el tema de una candidatura unitaria de la oposición. La exposición consistió de un modo muy útil de organizar los elementos fundamentales de este problema, pero fueron tres tajantes afirmaciones de la gente del Grupo La Colina lo que más llamó la atención. Esta gente, que logró descubrir la persistencia de la secuencia de votos en Fila de Mariches, no se montó sobre tal plataforma para exhibirse como los grandes descubridores de un fraude electoral el 15 de agosto de 2004. Todo lo contrario. Lo primero que afirmaron fue que las máquinas de Smartmatic hacían exactamente lo que esta compañía había prometido. Luego, establecieron que el registro secuencial de los votos emitidos no se debía a acción deliberada por parte de Smartmatic o el CNE, sino a un error de Microsoft, uno de cuyos programas off the shelf fue adquirido por Smartmatic para combinarlo con su propio software. Microsoft había garantizado que aquel registro desaparecería, e incluso había mencionado que tal cosa sería así porque la misma condición era requerida por importantes loterías europeas que usaban el mismo programa para garantizar la transparencia de sus sorteos. (Voceros de Smartmatic, por otra parte, han explicado que para que fuese posible emplear la secuencia registrada con intención política dolosa, hubieran tenido que concurrir los partidos de oposición, pues sin la mitad de la llave que abre la caja negra, que estaba en manos de la oposición, no hubiera sido posible acceder a la tal secuencia).

En suma, al conjunto de sólidos argumentos que permiten pensar que el 15 de agosto de 2004, independientemente de otras conductas abusivas y ventajistas por parte del gobierno, hubo más “Noes” que “Síes”—que todas las encuestadoras serias del país así lo predijeron, por ejemplo—se añade la puntilla mortal de la certificación ofrecida con la mayor seriedad y tersura por los colineros: se trata del definitivo certificado de defunción de la hipótesis del fraude electrónico.

Pero todavía dijeron otra cosa los representantes del Grupo La Colina: que en su considerado criterio el sistema automatizado de Smartmatic hacía más fácil que la oposición vigilase la correspondencia con los votos reales y los defendiera; esto es, que resulta más fácil defender la fidelidad de los registros y la transparencia del sistema con las mismas máquinas, que con conteos manuales, que regresarían la pelota a la cancha superada de las actas que matan votos.

Estas son cosas importantísimas, porque rompen el paradigma abstencionista, montado sobre la premisa del fraude electoral. Si se quiere revertir la matriz de opinión a este respecto, construida a partir de la prédica irresponsable de una dirigencia inepta que quiso disimular su ineptitud—dilapidó el enorme capital político acumulado en 2002 y 2003—es de la mayor importancia que se difunda esta valiente y seria evaluación del Grupo La Colina. (En la Carta Semanal #184 de doctorpolítico, del 6 de abril de 2006. En realidad, la llave que abriría la memoria de las máquinas de votación tendría que haberse recompuesto de cinco partes: una en poder del CNE, dos para el oficialismo y dos para la oposición).

El 7 de julio de ese año de 2005 pude anticipar, en la Carta Semanal #145 de doctorpolítico:

Gold über alles

El emblema que distingue a Súmate pudiera contener una simbología intencional o freudianamente desintencionada. Es una pirámide de base cuadrilátera que muestra dos de sus caras. En el tercio superior de su altura está coloreada de amarillo; el tercio medio es azul; el inferior rojo. Obviamente, el tricolor venezolano.

Tal disposición corresponde, naturalmente, a un área y volumen más pequeños cuyo símbolo es el oro patrio, las riquezas de la nación; a un área y volumen intermedios distinguidos por el azul de nuestros cielos y nuestros mares; a un área y un volumen, finalmente, en proporción mucho más grande y que están coloreados por el rojo de la sangre—¿el rojo chavista?—de nuestros libertadores. La pirámide de Súmate refleja admirablemente la de nuestra población y su distribución de la riqueza, gruesamente coincidente con la de sus preferencias políticas. Pocos ricos, algo más de clase media, la gran masa de la roja pobreza.

Más allá de esta disquisición semiótica, Súmate es, sin que quepa la menor duda, una organización seria, profesional, metódica, moderna y no poco heroica. Baste esta resumida caracterización para pasar a comentar su más inmediato aporte, puesto que esta publicación ya ha expresado más de una vez su aprecio por la labor de Súmate y su más visible liderazgo como para que sea necesario extenderse sobre el tema.

En seguimiento de su programa de cinco puntos, anunciado en marzo de este año al convertirse en “movimiento ciudadano nacional”, Súmate procura ahora la impugnación del Registro Electoral Permanente. Para esto invita a los ciudadanos que quieren hacer valer su voto a que acudan a sus centros de votación con una exigencia escrita—ofrece una redacción estándar legalmente cuidada—sobre la publicación de las direcciones de los votantes, condición estipulada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Pero toda esta iniciativa—que requeriría tal como la organización lo reconoce la “valentía” de unos ciudadanos que quedarían como opositores más patentes que en la “Lista de Tascón”—parece ser emprendida para que fracase. Así lo explica una nota de la misma Súmate: “Esta nueva acción que lanza Súmate ‘Impugna tu registro’ requiere que los ciudadanos acudan ante el director del plantel, por su condición de agentes de actualización, donde funciona su Centro de Votación para que exijan lo establecido en el ordinal 1 del artículo 91 de la LOSPP, referida a la publicación del lugar de residencia de los electores. Para Machado esto resultará imposible porque el CNE no le ha suministrado las direcciones de residencias en las listas de electores”.

Esta presunción de Machado, pues, y este enfoque, parecen procurar no tanto la corrección del sistema electoral como su invalidación y su deslegitimación. Pareciera que hay una convicción previa, un axioma subyacente y apriorístico, según el cual no podrá haber las “elecciones limpias” que Súmate buscaría. Que el objetivo real de la organización es ahora el de documentar esta conclusión.

Con un certificado técnico de tan alta factura puede darse por descontado que los abogados del abstencionismo completarán su cometido. Dados el prestigio y la influencia de Súmate habrá muy poco opositor a quien le queden ganas de ir a votar.

Y es que el teorema de la abstención es imposible de refutar, si se aceptan sus axiomas de partida. Si el sistema electoral está irremisiblemente viciado y sesgado a favor del chavismo ¿para qué debiera ir un opositor a votar cuando su voto corre el riesgo cierto de ser torcido?

El razonamiento es impecable.

Eppur si muove. Porque hay en el fondo un problema mucho más importante que el de la confiabilidad en el registro electoral: que la oposición organizada no levanta opinión a su favor, que se ha mostrado incapaz de mover a la masa electoral de modo convincente y atractivo, como lo señalan, con pequeñas diferencias, todas las encuestas. (Con excepción de la sacacifras). Por ejemplo, hace poco hacíamos referencia a las mediciones de Oscar Schemel, que arrojaban sólo 11% de apoyo a la oposición, contra uno de 37% al gobierno, una proporción superior a una de 3 a 1.

Y en estas condiciones, aun si el inefable Jorge Rodríguez fuese de súbito sustituido por una Teresa de Calcuta rediviva, el gobierno propinaría una mayúscula paliza a su oposición formal, y ganaría casi todos los puestos municipales, y abrumaría con una mayoría suficiente para el cambio constitucional en la Asamblea Nacional, y reelegiría cómodamente a Chávez en 2006, si no se hiciera nada distinto de lo que se ha venido haciendo.

Por tal razón, si bien el argumento abstencionista parece imbatible, la verdad es que funciona como pretexto o coartada de una incapacidad más fundamental. Es la que ilustraba la proverbial zorra de la clásica y cínica fábula de Félix de Samaniego:

Es voz común que a más del mediodía,
 en ayunas la Zorra iba cazando;
 halla una parra, quédase mirando
 de la alta vid el fruto que pendía. / Causábala mil ansias y congojas 
no alcanzar a las uvas con la garra,
 al mostrar a sus dientes la alta parra
 negros racimos entre verdes hojas. / Miró, saltó y anduvo en probaduras,
 pero vio el imposible ya de fijo.
 Entonces fue cuando la Zorra dijo: 
”No las quiero comer. No están maduras”. / No por eso te muestres impaciente,
 si se te frustra, Fabio, algún intento:
 aplica bien el cuento, 
y di: No están maduras, frescamente.

La oposición retiró sus candidaturas porque iba irremisiblemente a perder en 2005 las elecciones de Asamblea, y habló una vez más de fraude para ocultar irresponsablemente su incompetencia. Para coronar la locura, se le ocurrió a unos pocos que la abstención de 75% en diciembre de 2005 equivalía a la emisión de catorce “mandatos” detallados “del Pueblo a la Nación” (¿no son la misma cosa?) En octubre, antes del incidente de Fila de Mariches, Hinterlaces anticipaba una abstención de 71%, por lo que, si acaso, el retiro de las candidaturas de oposición añadió 4%:

La relación anterior viene a cuento porque, muy temprano en este año electoral de 2006, se propaga por la psiquis oposicionista una buena cantidad de ideas igualmente “inteligentes” y “profundas”, ocurrencias vistosas que sin embargo están destinadas al fracaso más rotundo. Y también porque es tesis persistente que criticarlas le hace el juego al gobierno, que no se debe criticar a nada o nadie que le haga oposición, porque sería preciso desacreditar al gobierno con cualquier cosa, así sea una mentira, y “no debemos pisarnos la manguera entre bomberos”.

Es así como unos pocos han concebido el siguiente monstruoso récipe: que a Chávez es preciso oponerle alguien que sea aun más procaz que él; que ese personaje es el Conde del Guácharo; que debe aportarse un “pote” para aupar su candidatura presidencial. Es ésta una “solución” tan estúpida como aquella de la candidatura de Arias Cárdenas en 2000, que en “profunda” e “inteligente” evaluación estratégica fue considerada la mejor oposición posible a Chávez ¡porque era cuña del mismo palo!

Sin llegar a esos extremos dignos del teatro del absurdo, se ha generalizado demasiado una particular interpretación de lo acontecido el pasado 4 de diciembre con la elección de la Asamblea Nacional. La interpretación estándar va sobre las siguientes líneas: que “la sociedad civil” impuso a los partidos políticos de oposición una línea abstencionista—“No fueron los partidos, fuimos nosotros”—, que los partidos, en acatamiento a esa voluntad soberana, asestaron el golpe de última hora—el gobierno no tuvo tiempo de reaccionar—de su retirada o forfeit y que tal cosa determinó la voluminosa abstención del 4D; que esa abstención fue toda de oposición al gobierno y además se expresó en una serie de “mandatos” específicos, razones todas por las cuales el que el oficialismo controle ahora todos los escaños de la Asamblea ¡es un resonante triunfo para la oposición!

La sociedad civil no impuso nada a los partidos. Una fracción escéptica de la sociedad civil, opuesta al régimen chavista, había adoptado, es cierto, una postura abstencionista, y unos partidos venidísimos a menos, como en otras ocasiones—la “tarimitis” de una Plaza Francia militarizada, el paro de 2002-2003—no quisieron perder la escasa ascendencia residual que aún tienen sobre unos cuantos electores, las más africanizadas entre las abejas del enjambre ciudadano, y aprovecharon la oportunidad de una nueva “sintonía” con “la masa” para retirarse, como zorra de Samaniego, de unas elecciones que sabían perdidas.

Todas las encuestas anticipaban la derrota inmisericorde de los candidatos de oposición, además, dicho sea de paso, de una abstención muy elevada, con bastante antelación al retiro de aquellos candidatos. Henry Ramos Allup no hubiera podido presentar a la base de su partido, y al resto del país, otra cosa que una fracción parlamentaria de Acción Democrática muy reducida, marcadamente menor que la que actuó en la Asamblea Nacional del período que hace poco concluyó. Es decir, un descalabro mayúsculo y definitivo, letal. (Como fue aquí certificado—Carta Semanal #166, del 1º de diciembre de 2005—obra en poder de doctorpolítico un correo electrónico proveniente de uno de los actuales precandidatos a la Presidencia, y fechado el 31 de octubre—un poco más de un mes antes del 4D—en el que se avisa: “…estamos preparando un retiro masivo de candidatos…” El hallazgo en hora nona de Fila de Mariches, respecto del registro en memoria de las máquinas de votar de la secuencia del voto, fue un golpe de suerte para una oposición que había obtenido del CNE, para su sorpresa, prácticamente todo lo que solicitaba públicamente con la esperanza de que Jorge Rodríguez se negara. La verdad es que esa oposición sabía que iba al sacrificio y buscaba desesperadamente un pretexto creíble para retirarse de la contienda).

Luego, ¿de dónde sacan ciertos análisis la conclusión de que toda la abstención del 4 de diciembre de 2005 se produjo a partir de un cuadre sólido con la oposición? Como se apuntó antes, las encuestas, unas más y otras menos, registraban una alta propensión a no votar desde un buen tiempo antes de la votación. Es más, el propio Chávez, en noviembre de 2004, luego de las elecciones de gobernadores del 31 de octubre, destacaba ante sus copartidarios reunidos en la Escuela Militar, que el enemigo a vencer era la abstención, que después calificó de estructural. (Por cierto, ¿cómo se explica que un CNE que es tenido por tramposo y adulterador, no atinó a ocultar las cifras de la abstención del 4 de diciembre, siendo que el único líder del proceso había señalado justamente que había que derrotarla?)

La abstención del 4 de diciembre fue el producto de múltiples razones que actuaron, unas aisladamente, otras en combinación, en la disposición de la abrumadora mayoría de los electores. Un cierto número, en efecto, se abstuvo de sufragar porque alberga una profunda desconfianza del árbitro electoral, y esta percepción se vio grandemente reforzada con el descubrimiento de Fila de Mariches ya mencionado. Otros, normalmente proclives al gobierno pero no demasiado entusiastas, en conocimiento de que la revolución obtendría todos los diputados aunque sólo fueran diez electores a votar, en virtud de la misma retirada opositora, habrán considerado que su voto no era críticamente necesario.

Pero esta publicación adelantó una interpretación distinta en su número 167 (8 de diciembre de 2005): que el gobierno no fue capaz de llevar a las urnas a más de la cuarta parte de los electores del país, que tal hecho significa que el gobierno sí es derrotable electoralmente, pero que igualmente el rechazo recae sobre la oposición organizada en partidos, y que no puede atribuirse a ésta ninguna victoria. (“Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos”). Una candidatura ganadora en diciembre de 2006 tendría que cumplir más de una condición esencial, y una de ellas es que debe diferenciarse nítidamente de Chávez, pero igualmente de una oposición institucionalizada y convencional que continúa medrando y que junta no supera el diez por ciento del apoyo ciudadano.

En lo concerniente al famoso “mandato” del pueblo, expresado en la abstención del 4D, cabe señalar que la especie ha sido adoptada como “línea” opositora. Esto es, ya no es solamente una mera interpretación más o menos extendida, sino que en ciertos círculos se ha decidido vocearla de todo modo y manera. Varios son sus obvios y coordinados evangelistas: Carlos Blanco, María Corina Machado, en cierto modo Armando Durán y, lo más preocupante, una treintena de nombres al pie de un manifiesto fechado el 4 de febrero, hace doce días, en el que se sostiene que el 4 de diciembre de 2005 el pueblo emitió un inequívoco y múltiple mandato. Por ejemplo, dice el texto aludido:

Cinco de los mandatos

“El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino.

El 4-D el pueblo venezolano formuló su deseo de contar con una Fuerza Armada que garantice la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.

El 4-D el pueblo venezolano exigió el rescate de la Industria Petrolera para que se sitúe, nuevamente, entre las más poderosas, eficientes y productivas empresas del mundo.

El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad”.

Con este mismo tenor se enumera un total de dieciséis mandatos específicos, que habrían sido declarados por el pueblo abstencionista, unánimemente opositor. Es obviamente un exageradísimo y falaz documento, y no se puede fundar un movimiento político sobre una mentira, no digamos dieciséis.

Preocupa entonces grandemente que nuevamente se proponga a la opinión pública, a esa entelequia a nombre de la que muchos pretenden hablar y llaman “la sociedad civil”, una interpretación de la realidad completamente falseada que impedirá la formulación y puesta en práctica de una estrategia verdaderamente eficaz. (En Delirio estratégico, artículo principal de la Carta Semanal #177 de doctorpolítico).

“El que calla otorga”, reza un proverbio castellano, pero una ingeniosidad digna de mejor objetivo creyó que su alquimia retórica era capaz de transformar la abstención, un resonante silencio, en la especificidad de exigencias concretísimas que jamás fueron pronunciadas. Por supuesto, el “Movimiento 4D” murió prácticamente al nacer.

Llegamos con esta alucinada ocurrencia a 2006, año de elecciones presidenciales. La tendencia abstencionista centró entonces sus baterías sobre el issue del registro electoral, que se descalificaba como no confiable. Pero… para el 20 de julio de ese año—en la Carta Semanal #195 de doctorpolítico—fue posible reportar:

Está disponible desde hace poco una presentación que lleva por título “Auditoría digital del RE: Estudio de consistencia demográfica y estadística”. Los patrocinantes de este estudio no son otros que las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, las tres entidades que “la sociedad civil” quería que escudriñaran el Registro Electoral Permanente. Como sabemos, un examen de este registro se ha tenido como una de las condiciones exigidas por cierta oposición para considerar siquiera una participación en la venidera elección presidencial del 3 de diciembre.

Pues bien, la presentación de los resultados y conclusiones de este análisis triborlado dista muchísimo de rasgarse las vestiduras, lo que habría ocurrido de haber encontrado groseras discrepancias o errores muy sospechosos. En efecto, las tres alma mater encontraron equivocaciones en el REP, y recomiendan una estrategia básica para superarlos: “Es necesario diseñar un esquema muestral que permita estimar el efecto de los errores del RE en los próximos comicios y monitorear el proceso”. Punto.

El registrador de los votantes

Pero veamos como presentan el asunto. Su primera observación es la siguiente: “La discrepancia entre valores observados y esperados permite inferir que una importante proporción de los datos de los electores contenidos en el RE tiene errores al menos desde 1998″. (Destacado nuestro). Así observan, por otra parte, la pretendida imposibilidad de un registro algo superior a los 17 millones de electores dentro de la estructura poblacional venezolana: “Las estructuras por edad del RE y Proyecciones de Población, tanto a nivel nacional como por entidad federal, son consistentes… La estructura refleja un rezago en la inscripción de los más jóvenes así como la sobre-representación de la población adulta mayor (80 y más) que podría estar mostrando los problemas de depuración… Se hicieron pruebas de consistencia de las estructuras de esas dos poblaciones aun corrigiendo los problemas con los grupos extremos y los resultados mejoran, no obstante que la significación de las pruebas con los datos sin corregir ya era bastante aceptable”. (Destacado nuestro).

El más definitivo de los dictámenes, no obstante, que además repiten, es el siguiente: “No se observaron evidencias de que exista correlación entre errores y preferencias políticas en eventos comiciales nacionales… Los resultados sugieren que los errores no parecen estar relacionados con la intención del voto en un evento comicial presidencial”.

De hecho, verificaron los municipios con más errores contra la votación del referendo revocatorio de 2004, y así concluyen, según reporta El Universal: “Al comparar los defectos del Registro Electoral de 1998 con los errores detectados el año 2006 los investigadores concluyeron que las inconsistencias se han multiplicado en municipios donde ya existían errores. Para demostrar si estos errores inciden en un proceso de votación nacional se compararon los resultados del referendo revocatorio presidencial entre los municipios donde existen errores con las entidades que presentan anomalías esperadas. En los municipios problemáticos el NO se impuso con el respaldo de 55% de los votos; mientras en los municipios sin inconsistencias sensibles el NO obtuvo 62%”.

¿Qué tal? Participacionistas uno, abstencionistas cero.

A Manuel no le daban las cuentas

Manuel Rosales perdió las elecciones en 2006; sólo pudo ganar en el municipio Maracaibo pues ¡perdió en el resto del estado Zulia! Un mes y medio antes de las elecciones, Edmond Saade nos decía en un desayuno que analizó sus posibilidades: “El problema es que Rosales no da”. Debe anotarse como mérito de Rosales que rápidamente admitió su derrota como un hombre, pero eso le fue cobrado por los talibanes de la oposición. (Oswaldo Álvarez Paz, por ejemplo). Por mi parte, acepté una invitación de IFEDEC para que ofreciera un análisis post mortem el 14 de diciembre de 2006. Justifiqué la cosa al exponer razonadamente por qué Rosales no fue el mejor candidato y la campaña tampoco fue acertada. El anfitrión de una conocida peña caraqueña estuvo presente, y al escuchar esta evaluación se levantó indignado, fue a cuchichear al oído del anfitrión y se retiró porque, me explicó Eduardo Fernández, yo osaba criticar a Rosales, el “indiscutido” líder que la oposición tanto necesitaba.

Vino entonces 2007 y ¡oh sorpresa!, el proyecto de reforma constitucional tan crucial para la revolución de Chávez fue derrotado en las urnas por menos de 2% de ventaja del No sobre el Sí y Chávez admitió la derrota, no sin revirar procazmente. Los suspicaces incrédulos del CNE no han explicado jamás a qué se debió tan enorme anomalía. Ya Esdata—liderada por el dulce amigo Alfredo Weil Reyna, con quien me gradué de bachiller—tenía tiempo con su cantilena descalificadora del CNE, y habiéndoles demostrado a él y a los profesores Salas y Delfino—en marzo de 2006, luego de invitar a los tres a almorzar para advertirles lealmente—que sus pretensiones eran meros malabarismos estadísticos sin conexión con la realidad, regresó la persistente y paranoica organización con el estudio “irrefutable” de María Mercedes Febres Cordero.* (Un importante publicista me entregó una copia del informe y me mintió con el mayor irrespeto, al asegurarme que Teodoro Petkoff habría quedado impresionadísimo y totalmente convencido en presentación que se le habría hecho. El publicista no contaba conque yo verificaría; Petkoff desmintió rotundamente que tal presentación hubiera tenido lugar).

Una vez más confronta el país una encrucijada electoral. Esta vez se trata de aprobar o rechazar, en referendo popular, el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Chávez a la Asamblea Nacional. Increíblemente, subsiste aferrada a más de una inteligencia, cual tenaz garrapata, la convicción de que no debe asistirse al acto referendario. Es persistente, porque así fue sembrada sistemáticamente, la idea de que no vale la pena votar, dado que el sistema electoral está controlado por el propio Chávez, quien no permitiría el reconocimiento a un triunfo de sus adversarios.

Así, todavía aparecen estudios estadísticos tan impecables como un teorema de Euclides, y se les blande como espada definitiva, pues han sido publicados en prestigiosas revistas especializadas, o algún conocido político habría quedado impresionadísimo con sus hallazgos. A fines de 2004, recién celebrado el referendo revocatorio del 15 de agosto, Súmate presentó con bombos y platillos los resultados de un estudio llevado a cabo por los profesores Hausmann y Rigobón—¡antes de que treinta días siquiera hubieran transcurrido desde el acto electoral!—como base para afirmar que se había cometido un fraude electrónico. (En su momento—# 103 de la Carta Semanal de doctorpolítico, del 12 de septiembre de 2004—esta publicación produjo la disección del referido informe, mostrando su invalidez). El año pasado, en cambio, estuvo de moda un nuevo estudio, el de los profesores Salas y Delfino, de la Universidad Simón Bolívar. El suscrito pudo presenciar la presentación que estos profesores hicieron de su análisis, y antes de desbaratarlo ante el mismo auditorio que los escuchara, invitó a almorzar a sus autores y a su promotor. En esa ocasión desmontó cordialmente su argumentación, en guerra avisada que no impidió que soldados murieran.

Pero ya esos estudios pasaron de moda, y ahora se distribuye en circuitos exclusivos uno distinto, hecho en Miami por María M. Febres Cordero y Bernardo Márquez, y se pretende que su trabajo—A statistical approach to assess referendum results: The Venezuelan recall referendum 2004—es la prueba verdaderamente definitiva de que hubo fraude el 15 de agosto de ese año, y que por tanto Chávez es un mandatario ilegítimo.

Esta nueva pieza adolece de la misma falla básica de los anteriores: es una manipulación estadística sin conexión con la realidad, y no demuestra en absoluto cómo habría sido perpetrado el delito electoral, que Hermann Escarrá asegura existió y Alejandro Plaz—Súmate—debió admitir que no podía ser probado. Comoquiera que esta publicación ya ha hecho examen crítico detenido de estudios de esa clase, se limitará a sugerir, por vía anecdótica ya empleada acá hace tres años, cuál es el problema de fondo con las “pruebas” de su especie.

Mi entrañable amigo Eduardo Quintana Benshimol, muy prematuramente fallecido, me contó la anécdota en 1974, hace ya treinta y tres años. Tiene que ver con cómo fue que Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein se conocieron. Russell estaba en Cambridge ante su clase, escribiendo teorema tras teorema en un pizarrón. Volteado hacia el salón notó la presencia de un joven con chaqueta, de pie, hacia el fondo—era Wittgenstein—y se percató de que éste movía negativamente la cabeza. Regresó por un momento a escribir sobre la pizarra y volteó de nuevo. Wittgenstein continuaba negando con la cabeza. Ya molesto, Russell le increpó, preguntándole cuál era el problema. A lo que el genio (Russell no lo era) dijo simplemente: “Profesor Russell, ¿podría usted por favor demostrarme que en este salón no hay un elefante?” Russell acogió confiadamente el reto y se lanzó a borrar el pizarrón y a escribir nuevos y larguísimos teoremas. Pero Wittgenstein permaneció impertérrito: “Perdone, Profesor Russell, pero eso no es una comprobación de que aquí no hay un elefante”. Al borde del desespero Russell devolvió el desafío: “Bien, joven, ¿quiere usted demostrarnos a todos que en este salón no hay un elefante?” Dijo Wittgenstein entonces: “Con su permiso, Profesor Russell”, y se movió en el salón hacia adelante, examinando calmadamente bajo los pupitres, tras unas cortinas y unos cuadros, hasta llegar al escritorio profesoral cuyas gavetas abrió y cerró para sentenciar: “Profesor Russell, en este salón no se encuentra un elefante”.

Pues bien, el elefante de Hausmann y Rigobón, Salas y Delfino, Febres Cordero y Márquez, es el presunto fraude del referendo revocatorio, y sus estudios un “pizarrón de Russell”, inconexo con existencias concretas. Pero los adalides de la “resistencia” y la abstención—que ahora convocan para una “gran marcha, ahora sí definitiva” para fines de octubre o comienzos de noviembre de este año—se valen de ellos para predicar que no se vaya a votar en el inevitable referendo por la reforma constitucional. No falta quien apunte: “¿Viste que Chávez anda preocupado con la abstención? Eso es lo que más duele, así que vamos a abstenernos”. No se dan cuenta de que Chávez admite esa angustia precisamente para alimentar, con la creencia de que tal cosa es su talón de Aquiles, la abstención de sus opositores que le entregue en bandeja de plata el texto constitucional que le hace falta para perfeccionar su dominación. (Cepa resistente, de la Carta Semanal #253 de doctorpolítico).

Hablar y callar es la misma cosa

Mi compañero de pupitre en la UCAB, Luis Ugalde, escribió un artículo verdaderamente increíble, por el que argumentaba que votar en contra de la reforma en la que Chávez había puesto tanta esperanza y abstenerse de votar eran dos caras de la misma moneda. Así puso (El día después, 25 de octubre de 2007): “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”.

Entonces rebatí esa locura de este modo:

Son de una supina inocencia estas prescripciones de dejar “en evidencia”—¿ante quién, por cierto?—las intenciones autoritarias y socializantes de un gobierno que, para empezar, nunca ha cesado de ponerse en evidencia él mismo a este respecto; su carácter está en evidencia por su propia actuación descarada, y la puesta “en evidencia” que Ugalde prescribe no añade absolutamente nada.

Pero cabe preguntar: ¿sostiene Ugalde que la Constitución que nos rige es ilegítima? No pareciera; al igual que Mejía Betancourt la da por sentada y por aceptable: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”.

Recordemos entonces las cifras del referéndum del 15 de diciembre de 1999, que consagró la Constitución que Ugalde acepta. Para ese día el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores (30,2%) votaron afirmativamente. Descartemos los votos nulos (219.476), suponiendo que ni Ugalde ni Mejía Betancourt querrán aducir que se les debe computar como rechazos. Quedan, pues, para constituir la suma que propugna Ugalde, y que interpreta como rechazo expreso, los votos negativos (1.298.105) y las abstenciones (6.121.540); nada menos que 7.419.645 electores, para un total de 67,8%, o un 7,8% por encima de lo que Ugalde consideraría “un triunfo”.

Si fuera válida su teoría de que la suma de las abstenciones y los votos negativos debe ser tenida por explícito rechazo, ¿por qué no escribe Ugalde denunciando la Constitución de 1999 como írrita, dado que el 15 de diciembre de ese año se cumplieron casi exactamente las metas cuantitativas que ahora propone?

………

El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota.

Por supuesto, para que este resultado pudiera darse eran necesarias dos condiciones: la primera era la de constituir una mayoría real; la segunda era la asistencia a las urnas. En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.

El “día después” del referéndum que decidirá el destino del proyecto chavista de reforma constitucional pudiera ser ucraniano—no digo naranja para que no se diga que milito en el MAS—, siempre y cuando el “día antes” seamos realmente mayoría, el “día mismo” acudamos en masa a rechazarlo con las máquinas de votación y el gobierno se atreva—cosa que no ha hecho hasta ahora, seguramente porque no lo ha necesitado—a desconocer el verdadero rechazo del voto negativo. Todo lo demás es cuento. (Glosa de pupitre, en la Carta Semanal #261 de doctorpolítico).

Después del sorprendente resultado del 2 de diciembre—sirvió a Miguel Henrique Otero para juntar una decena de nombres y hablar de su “Movimiento 2D”, de vida más perdurable que la del “Movimiento 4D” en razón de su mayor sensatez—, la oposición logró pasar de dos gobernaciones—Nueva Esparta y Zulia—a cinco más la Alcaldía Metropolitana en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. Una vez más, ¿cómo se explica que un CNE tramposo haya permitido este resultado? Y, más recientemente, el 26 de septiembre de 2010 se produjo una votación en la que más de la mitad de los votos dejó de ir a las candidaturas del PSUV. Chávez resolló por la herida:

Pone la nota de Noticias 24: “Chávez criticó a voceros opositores que se han adjudicado la victoria en las parlamentarias de ayer. ‘Ésa es su naturaleza, (están) mintiendo, manipulando’, dijo”. Más adelante reporta: “Dijo entonces que la oposición logró 5.320.175 votos ayer, estableciendo una diferencia de más de 100 mil votos con respecto a las alianzas del oficialismo, que lograron 5.422.040 votos, aun cuando esto no era una elección nacional… ‘Ellos están sumando para sí más de 500 mil votos que corresponden a un conjunto de otros partidos que no son de la Mesa de la Ultraderecha’, aseguró Chávez”.

Votación del 26 de septiembre de 2010

¿Cómo permitió el tramposo CNE estas cifras? ¿Cómo entiende Esdata tan inexplicable resultado?

………

Naturalmente, el PSUV controla la Asamblea Nacional habiendo obtenido, junto con el PCV, 98 diputados ante 65 de la MUD y 2 de PPT. Esta configuración era más que previsible desde la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que permitió diseñar ventajistamente los distritos de votación para favorecer al gobierno. Nothing new. En inglés estadounidense existe, desde comienzos del siglo XIX, el verbo gerrymander para referirse a esa clase de manipulaciones. La gente de Lyndon B. Johnson, cuando era gobernador de Texas, era experta en cosas como ésas.

Aquí sí llegamos a un punto de gran importancia y enteramente veraz: el gobierno es decidida y groseramente ventajista; Luis Alfaro Ucero es un niño de pecho ante un oficialismo que nunca ha arrimado ni arrimará una al mingo de la oposición. Un esfuerzo electoral que quiera oponerse al oficialista, naturalmente, debe estar preparado para defender sus logros con los dientes.

¿Es esto algo que deba sorprendernos? En absoluto; el carácter del reo es perfectamente conocido desde el 4 de febrero de 1992. No nos sirve de nada que se nos diga hoy que Chávez es maluco; la teoría de la información la define como algo que cambia el estado mental de quien la recibe, y sabemos cómo es Chávez desde hace casi ya veinte años. Todos sabemos que enfrentamos a un matón perdonavidas, abusivo y fanfarrón. Vicente Díaz, el único rector electoral que no es del oficialismo, no ha sostenido nunca que el gobierno haya trampeado las cifras de ninguna votación; más de una vez, en cambio, ha señalado infructuosamente el abuso de la propaganda oficial. ¿Quién piensa que jugamos contra Teresa de Calcuta?

………

Pero hay gente que ha desestimado a la MUD porque tiene un “decidido plan de sólo seguir una ruta electoral”. ¿Qué significa esto? ¿Tendrá esa gente otro distinto con posibilidades prácticas reales?

Ya en 1998 decía cierto abogado tremendista que la solución al problema era “pegarle un tiro a Chávez”. ¿Por qué él no lo ha hecho desde entonces? ¿Por qué no ha organizado un golpe de Estado? ¿Por qué no busca garantizar que Obama envíe helicópteros que retiren quirúrgicamente a Chávez, como se hizo en Panamá con Manuel Antonio Noriega? (Marta Colomina sugirió hace unos días por Twitter que Chávez se mirara en el espejo de Noriega). En marzo de 2006, María Corina Machado proponía el récipe de crear “una crisis de gobernabilidad” que acabara con el régimen. (Ella predicaba entonces que el candidato presidencial debía ser determinado por elecciones primarias, para que su candidatura fuera oportunamente retirada con 45% y no con 15% de apoyo). ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza el control del caos? Hay indignados héroes de pacotilla que se la pasan emitiendo proclamas moralizantes y exhortaciones arrogantes que echan en falta la hombría de los venezolanos, en particular la de sus militares, porque no tendrían el “valor de los militares hondureños”. Uno de ellos—Gustavo Coronel—escribe desde la tierra norteamericana, donde vive hace un buen número de años, para acusar a los venezolanos de “falta de coraje moral”. ¿Por qué no se viene a conducir el movimiento insurreccional que, según él, haría falta? La MUD sabe que ni siquiera tiene ya la capacidad de convocatoria para una marcha de protesta o un cacerolazo, y que este expediente, eficaz en Ucrania y en Egipto, ya no levanta la fe de una ciudadanía opositora que se hartó de marchar sin resultados. La cepa infecciosa ha mutado; ese antibiótico ya no causa efecto.

Si lo que ha logrado producir la MUD—lo mejor que buenamente podía—es insuficiente, lo que hay que hacer se cae de maduro: es preciso levantar y aupar una contrafigura de Chávez que sea capaz de refutarlo en su discurso. Sólo un líder así podría convocar una Revolución Naranja, en caso de que hiciera falta.

Pero es esencial que pongamos cabeza fría a la producción estratégica. Fría no significa aquí timidez; si de algo hemos tenido necesidad es de atrevimiento estratégico, imaginación y osadía para salir de las cajas perceptuales. LEA

………

*  Sobre la presunta aplicabilidad de la Ley de Benford a la detección de fraude en eventos electorales. (Benford’s Law has been invoked as evidence of fraud in the 2009 Iranian elections, and also used to analyze other election results. However, other experts consider Benford’s Law essentially useless as a statistical indicator of election fraud in general. Wikipedia). Acá puede descargarse un trabajo que asienta la impertinencia de esa clase de pretensiones: https://web.archive.org/web/20140517120934/http://vote.caltech.edu/sites/default/files/benford_pdf_4b97cc5b5b.pdf. Sus autores (Joseph Deckert, Mikhail Myagkov y Peter C. Ordeshook) asientan en el sumario: “With increasing frequency websites appear to argue that the application of Benford’s Law – a prediction as to the observed frequency of numbers in the first and second digits of official election returns — establishes fraud in this or that election. However, looking at data from Ohio, Massachusetts and Ukraine, as well as data artificially generated by a series of simulations, we argue here that Benford’s Law is essentially useless as a forensic indicator of fraud. Deviations from either the first or second digit version of that law can arise regardless of whether an election is free and fair. In fact, fraud can move data in the direction of satisfying that law and thereby occasion wholly erroneous conclusions.”

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Tratamiento del chavoma

Química tumoral

 

 

En esta entrada, la número 1.001 del blog, se encuentra un nuevo archivo de audio: la lectura por el autor de la sección final del estudio DICTAMEN 2010, correspondiente al tratamiento del chavoma. En el estudio mismo se justificaba la elección del término así: “El término oncológico se emplea para destacar que la patología chavista no fue inoculada al país por un agente o vector externo, sino que procede de las propias entrañas de la nación, estaba en su seno. También, por supuesto, para designar su carácter pernicioso e invasivo, que ha ido penetrando extensamente los tejidos social e institucional trastocándolos y destruyéndolos”.

He aquí el audio:

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Addenda et corrigenda

Apartando correcciones tipográficas—un paréntesis, uso de cursivas—, se ha practicado una corrección importante en el texto de DICTAMEN 2010 (anterior entrada) al añadir unas oraciones en el último párrafo de la sección Producción de un hecho político eficaz, en el Tratamiento. Esa adición hace más comprensible la prescripción.

Antes decía:

En cambio, el referéndum sobre el socialismo, además de inobjetable, necesarísimo y largamente debido, sería, de resultar adverso al proyecto socialista, un golpe letal. En palabras del mismo Chávez: paralizaría todos los “motores de la revolución”.

Ahora dice:

En cambio, el referéndum sobre el socialismo, además de inobjetable, necesarísimo y largamente debido, sería, de resultar adverso al proyecto socialista, un golpe letal. En palabras del mismo Chávez: paralizaría todos los “motores de la revolución”. Un desenlace de este tipo tendría tanta fuerza que muy probablemente haría inevitable la renuncia de Hugo Chávez a su actual cargo; si a la convicción creciente acerca de la ineficacia e inconveniencia de su gobierno, se suma la anulación de su coartada general—el “socialismo del siglo XXI”—, la viabilidad política del régimen decrecería muy marcadamente, pues habría sido radicalmente desautorizado por el Poder Constituyente Originario, la verdadera Corona.

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DICTAMEN 2010

APTO MEDICO

Introducción

El presente estudio, ofrecido para esta fecha (17 de diciembre de 2009) a los suscritores de la Carta Semanal de doctorpolítico el pasado 11 de noviembre de 2009, es probablemente el ejercicio más clínico de los presentados en esa publicación. De este modo, hay más acercamiento a las tres primeras cláusulas del Código de Ética compuesto y jurado públicamente por el suscrito el 25 de septiembre de 1995. Se las reproduce a continuación:

*Recomendaré o aplicaré, según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas o asociaciones que pidan mi consejo o asistencia.

*Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

*Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general.

En junio de 1986, compuse un primer dictamen de esta clase. En él expuse: “Lo ofrezco como dictamen porque estoy convencido de que la política debe ser concebida como un acto médico. Es decir, en política lo realmente importante es, como en medicina, la salud del paciente. Y en política el paciente es la nación”. Y también:

Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave.

Es clarísimo que las circunstancias del país son hoy muchísimo más graves que hace veintitrés años. A comienzos del fatídico año de 2002, quien escribe concibió un procedimiento de abolición del gobierno que comenzaba por los siguientes considerandos:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz…

Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto…

Es igualmente claro que la descripción contenida en el segundo considerando persiste en forma agravada.

………

Sumario

A la exploración clínica, el sistema político venezolano revela una evidente y grave patología. Sobre un prolongado cuadro crónico de casi dos décadas previas de insuficiencia política, se ha sobrepuesto un agudo proceso oncológico que ya dura más de un decenio, pernicioso e invasivo, que pone en gravísimo peligro el desempeño democrático del Estado, el que pudiera sufrir malformaciones de difícil reversión y someter a la población entera mediante una dominación y un control completos de sus libertades ciudadanas. Una intervención terapéutica eficaz se hace urgentemente necesaria, luego de la aplicación reiterada de tratamientos que han fracasado.

Diagnóstico

Un cuadro general de insuficiencia política—el sistema político resuelve mal los problemas de carácter público—caracteriza a Venezuela. La etiología de esta condición es de carácter paradigmático: el paradigma desde el que operan los actores políticos convencionales (Realpolitik o política de poder + definición ideológica en el eje izquierda-derecha) les impide la producción de soluciones eficaces a los problemas públicos. Aquellas que implementan usualmente conducen al agravamiento de esos problemas.

La condición descrita fue percibida por los Electores venezolanos ya en la primera mitad de la década de los años ochenta:

Tan temprano como en 1984 la encuestadora Gaither mostró cómo, en el lapso de un año, el porcentaje de encuestados que no lograba identificar un “mejor partido” entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros—es decir, todos—saltó bruscamente de 27% a 43%, o casi la mitad de la opinión pública. Tradicionalmente, la abstención electoral en Venezuela había sido mínima; todavía para las elecciones presidenciales de 1983, la abstención fue de sólo 12%. Seis meses después, la abstención creció a 40,7% en las elecciones municipales de 1984. Dos años más tarde, la empresa Datos registraba que ya 58% de sus entrevistados prefería un candidato presidencial que no viniera de los partidos. (Carta Semanal #350 de doctorpolítico, 25 de septiembre de 2009).

Y acerca de la campaña presidencial de 1983, fue posible escribir:

El venezolano que asistió a cualquiera de las innumerables reuniones que poblaron, como a cualquier otra, la batalla electoral de 1983, estaba más preocupado por el país en su conjunto, clara y evidentemente enfermo, que por el interés sectorial de su inmediata incumbencia. De allí el éxito de la vaga promesa del “Pacto Social” por Jaime Lusinchi, pues si abstracta e imprecisa, al menos tenía la virtud de ser formalmente una panacea. (Memorias Prematuras, 1986).

Los actores políticos convencionales no han encontrado el modo de actualizarse paradigmáticamente. Reiteran incesantemente la “necesidad” de posicionarse ideológicamente y emitir declaraciones de principios doctrinarios, mientras operan desde una praxis de política de poder. (“…la actividad de obtener poder e impedir que el contrincante obtenga poder”. Carta Semanal #50 de doctorpolítico, 21 de agosto de 2003).

Sobre ese cuadro general ha emergido el proceso oncológico de la dominación de Hugo Chávez, desde su asunción al poder el 6 de diciembre de 1998. El término oncológico se emplea para destacar que la patología chavista no fue inoculada al país por un agente o vector externo, sino que procede de las propias entrañas de la nación, estaba en su seno. También, por supuesto, para designar su carácter pernicioso e invasivo, que ha ido penetrando extensamente los tejidos social e institucional trastocándolos y destruyéndolos. El mecanismo específico no es otro que el de una exacerbación del paradigma antes descrito: asumiendo una ubicación de izquierda extrema y llevando la praxis de política de poder a sus últimas consecuencias, sin el escrúpulo de la urbanidad política de un actor convencional. Yehezkel Dror ya había descrito esta tipología en Crazy States: A counterconventional strategic problem (1971):

Estos son los rasgos, según Dror, de un “Estado loco”: 1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (dispuesto a pagar un alto precio por su logro y correr grandes riesgos); 3. está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional (dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de “valores superiores”); 4. exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; 5. lleva a cabo acciones externas que impactan la realidad (incluyendo el uso de símbolos y amenazas). (Carta Semanal #62 de doctorpolítico, 13 de noviembre de 2003).

Este proceso que, por lo demás, ha venido manifestándose con agresividad creciente, ancla en cinco pedúnculos, que le prestan fuerza muy considerable:

1. El empleo de un “discurso salvaje” transformado en un “discurso de poder”, según apunte de Francisco Toro Ugueto (traducción del suscrito) sobre un libro de Juan Manuel Briceño Guerrero (El laberinto de los tres minotauros, 1977-1982):

…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder.

2. El rechazo a la unipolaridad planetaria. Dentro de la prédica del Presidente de la República, uno de cuyos focos principales es una constante censura a los Estados Unidos, su preferencia por un mundo multipolar resuena con percepciones bastante extendidas en el planeta, y fue facilitada por el áspero desempeño de los sucesivos gobiernos de George W. Bush. A estas alturas, los propios Estados Unidos han comenzado a dejar de verse a sí mismos como hegemón planetario. A fines de noviembre de 2008, ya electo Barack Obama pero con Bush aún en funciones, el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos dio a conocer su estudio Tendencias Globales 2025 – Un mundo transformado. Allí se lee, por ejemplo:

El sistema internacional—tal como fuera construido luego de la Segunda Guerra Mundial—será casi irreconocible para 2025, debido al surgimiento de potencias emergentes, una economía globalizadora, una transferencia histórica de riqueza relativa y poder económico de Occidente a Oriente y la creciente influencia de actores no estatales. Hacia 2025, el sistema internacional será uno global y multipolar, al continuar estrechándose las brechas de poder nacional entre países desarrollados y en desarrollo.

3. El fracaso del Consenso de Washington. A la caída del “socialismo real” con el desplome de la Unión Soviética y su sistema de clientes satelitales, una lectura simplista (Francis Fukuyama, The End of History?, en la revista The National Interest, 1989) entendía que tan portentosos acontecimientos anunciaban una era de generalización de la democracia liberal y los mercados capitalistas en el mundo. La década siguiente mostró  cuán equivocada era esa impresión. (Entre nosotros, el “caracazo” de 1989 fue una trágica campanada). Más recientemente, la crisis de los mercados financieros, desatada a fines de 2008, contribuyó a alimentar con hechos las refutaciones conceptuales de la tesis de una generalización inevitable del sistema capitalista:

El impacto es de dimensiones tan enormes que The Guardian Weekly, el semanario inglés, preguntó a Vince Cable (Shadow Minister of the Treasury del partido Liberal-Demócrata) hace sólo nueve días: “¿Es esto el principio del fin del capitalismo como lo conocemos?” (Guardian Podcast #78). Cable rechazó esa interpretación, pero el mero hecho de que la pregunta haya sido concebida revela la extensión de la crisis de confianza, casi universal, que afecta ahora a los muy sofisticados sistemas financieros de los países más desarrollados del mundo. Los productos de una altanera ingeniería financiera se tambalean como un viaducto que estuvo bien hecho, pero fue colocado sobre terreno movedizo. (Carta Semanal #304 de doctorpolítico, 25 de septiembre de 2008).

El presidente Chávez no dejó de aprovechar el proceso para afirmar su “socialismo del siglo XXI:

Los recientes acontecimientos catastróficos en los mercados financieros estadounidenses, y los de países estrechamente conectados con ellos, han sido saludados con arrogancia socialista que proclama el fin del capitalismo. Se trata de una soberbia, de una hibris, equivalentes a los de Francis Fukuyama cuando decretaba “el fin de la historia” a la caída de la Unión Soviética. La hecatombe financiera del mes que acaba de concluir es ciertamente terrible, pero lo es más la catástrofe crónica del pueblo cubano o la que duró setenta años en Rusia bajo la égida comunista. (Carta Semanal #305 de doctorpolítico, 2 de octubre de 2008).

4. La dinámica de la democracia participativa. Ya en 1984, John Naisbitt incluía el tránsito de una democracia meramente representativa a una participativa en su libro Megatendencias:

La democracia participativa está revolucionando la política local en América y borbotea hacia arriba para cambiar también la dirección del gobierno nacional. Los años 70 marcaron el comienzo de la era participativa en política, con un crecimiento sin precedentes en el empleo de iniciativas y referenda… Políticamente, estamos en un proceso de desplazamiento masivo de una democracia representativa a una democracia participativa… El hecho es que hemos superado la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta… Esta muerte de la democracia representativa también significa el fin del sistema de partidos tradicionales.

Naisbitt escribía una década antes de la explosión de la Internet. Chávez llevó el asunto no solamente a la Constitución de 1999, sino a la Cumbre Presidencial de las Américas que se celebrara en Québec en 2001. Localmente fue criticado al no prosperar su intento de insertar el concepto de democracia participativa en la declaración final.

Si uno se pone a ver, la frase “constitución moribunda”, que tanto nos alarmó por lo inoportuna e irrespetuosa que fue en boca de Chávez en el solemne acto de su primera toma de posesión, es menos radical que la de “muerte de la democracia representativa”, que Naisbitt emitiera, con el aplauso de sus muchos admiradores, hace ya diecisiete años. (El Llanero Solitario en Québec, artículo en la revista Zeta reproducido en la Ficha Semanal #36 de doctorpolítico, 8 de marzo de 2005).

5. La ideología marxista residual. Hugo Chávez adoptó desde su juventud una óptica marxista acerca de la vida social, y las proximidades conceptuales con Jorge Giordani, Martha Harnecker y Heinz Dieterich (últimamente muy distanciado)—para no hablar de su relación favorita con Fidel Castro—consolidaron ese punto de vista radical:

María de Lourdes Vásquez ha reportado en el diario El Universal recientes declaraciones (30 de junio) del Presidente de la República, que siguen ya un guión ortodoxamente marxista. Abre así su nota: “El Presidente de la República, Hugo Chávez, indicó durante la noche del martes que en Venezuela existe una ‘guerra social’, según él desatada por las clases poderosas que quieren seguir explotando a los más pobres y en función de ellos manipulan y tienen desatada una ‘guerra psicológica’.” (Carta Semanal #338 de doctorpolítico, 2 de julio de 2009).

La dominación chavista, pues e independientemente de su equivocación, goza de profundo sentido político e histórico, y eso la hace difícil de superar; además de tan fuertes y anchos anclajes pedunculares, ha recibido una abundante irrigación de recursos financieros, la que ha permitido la diseminación de este proceso tumoral en el país y en buena parte del continente.

 

Tratamiento

De la insuficiencia política

Comoquiera que la etiología del cuadro general y previo de insuficiencia política es de carácter paradigmático, la superación de esa condición patológica requiere un cambio de paradigma (paradigm shift, Thomas Samuel Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962). En el artículo Paradigm shift en Wikipedia (traducción del suscrito) encontramos:

El paradigma, desde el punto de vista de Kuhn, no es simplemente la teoría vigente, sino la visión del mundo completa dentro de la que existe y todas las implicaciones que vienen con ella. Está basado en aspectos del paisaje del conocimiento alrededor de los que los científicos se identifican… Cuando se ha acumulado suficientes anomalías significativas contra un paradigma vigente, la disciplina científica es empujada a un estado de crisis, según Kuhn. Durante esta crisis, nuevas ideas, quizás algunas previamente descartadas, pasan a ser ensayadas. En algún momento se forma un nuevo paradigma, el que gana sus propios nuevos adeptos, y una “batalla” intelectual se establece entre los seguidores del nuevo paradigma y los sostenedores del viejo paradigma… Kuhn dijo, con el empleo de una cita de Max Planck: “…una verdad científica nueva no triunfa por el convencimiento de sus oponentes haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes mueren tarde o temprano, y surge una nueva generación familiarizada con aquél”.

Con ocasión de aplicar este protocolo kuhniano a la comprensión de nuestra insuficiencia política en febrero de 1985, el suscrito comentó:

…es mi creencia que la revolución que necesitamos es distinta a las revoluciones tradicionales. Es una revolución mental antes que una revolución de hechos que luego no encuentra sentido al no haberse producido la primera. Porque es una revolución mental, una “catástrofe en las ideas”, lo que es necesario para que los hechos políticos que se produzcan dejen de ser insuficientes o dañinos. (Memorias Prematuras, 1986).

Y, como sugiere Kuhn, un paradigma político no puede cambiar si la visión del mundo—Weltanschauung—de los actores políticos convencionales (Chávez incluido) no es sustituida por una nueva. Nuestros actores políticos convencionales operan dentro de marcos mentales clásicos, newtonianos y deterministas, y no han accedido aún a nuevos núcleos conceptuales, provistos principalmente por las novísimas teorías de la complejidad. (“Existe ahora, pues, un marco teórico y analítico—la teoría de la complejidad, el concepto de fractales, la teoría del caos—que permite entender los sistemas políticos desde una nueva perspectiva, así como, por el lado del «análisis de políticas», un arsenal de instrumentos para una producción racional de políticas específicas”. Los rasgos del próximo paradigma político, referéndum #0, febrero de 1994).

Un claro ejemplo viene dado por la concepción de la economía clásica respecto de los mercados:

Para la economía clásica la mano misteriosa del mercado estaba basada en la eficiencia del decisor individual. Se lo postulaba como miembro de la especie Homo œconomicus, hombre económicamente racional. Los modelos del comportamiento microeconómico postulaban competencia perfecta e información transparente. El mercado era perfecto porque el átomo que lo componía, el decisor individual, era perfecto. La propiedad del conjunto estaba presente en el componente.

En cambio, la más moderna y poderosa corriente del pensamiento cientí­fico en general, y del pensamiento social en particular,  ha debido admitir esta realidad de los sistemas complejos: que éstos—el clima, la ecología, el sistema nervioso, la corteza terrestre, la sociedad—exhiben en su conjunto “propiedades emergentes” a pesar de que estas mismas propiedades no se hallen en sus componentes individuales. En ilustración de Ilya Prigogine, Premio Nóbel de Química: si ante un ejército de hormigas que se desplaza por una pared, uno fija la atención en cualquier hormiga elegida al azar, podrá notar que la hormiga en cuestión despliega un comportamiento verdaderamente errático. El pequeño insecto se dirigirá hacia adelante, luego se detendrá, dará una vuelta, se comunicará con una vecina, tornará a darse vuelta, etcétera. Pero el conjunto de las hormigas tendrá una dirección claramente definida. Como lo ponen técnicamente Gregoire Nicolis y el mismo Ilya Prigogine en Exploring Complexity (Freeman, 1989): “Lo que es más sorprendente en muchas sociedades de insectos es la existencia de dos escalas: una a nivel del individuo y otra a nivel de la sociedad como conjunto donde, a pesar de la ineficiencia e impredecibilidad de los individuos, se desarrollan patrones coherentes característicos de la especie a la escala de toda la colonia”. Hoy en día no es necesario suponer la racionalidad individual para postular la racionalidad del conjunto: el mercado es un mecanismo eficiente independientemente y por encima de la lógica de las decisiones individuales. (Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, enero 2004).

El cambio requerido es de tal naturaleza, que implicará la formación de tipos nuevos de organización política.

Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro paradigma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación política. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en algún “espacio” del viejo eje político de derechas e izquierdas, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que aceptar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sostiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones políticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepciones, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales. (Memorias Prematuras, 1986).

En febrero de 1985, luego de largos meses de trabajo y análisis, fue posible arribar en Venezuela al diseño general de un tipo de asociación política caracterizado por un código genético diferente al de un partido convencional. Subyacía al análisis un diagnóstico de insuficiencia política de los actores políticos tradicionales, y se ubicaba la etiología de esa condición en una “esclerosis paradigmática” de esos actores. Esto es, que no ya la negatividad de tales actores (la idea de que serían intencionalmente nocivos o de que la actividad política es de suyo una praxis “sucia”), sino la insuficiencia de su positividad en razón de que operaban dentro de marcos conceptuales obsoletos, eran la causa del deplorable desempeño de nuestro Estado, de nuestras instituciones y de los actores políticos predominantes. Creía tenerse claro para entonces que se requería toda una sustitución de paradigmas y la emergencia de un vehículo asociativo nuevo, que dejara atrás los vicios de constitución que fuerzan a los partidos convencionales, independientemente de la buena voluntad de sus integrantes y dirigentes, a un desempeño insuficiente. (Carta Semanal #102 de doctorpolítico, 2 de septiembre de 2004).

La superación de la insuficiencia política de Venezuela no será, por tanto, un proceso rápido. Se trata de un tratamiento complejo y más bien lento, a emprender con paciente perspectiva de largo plazo, desprovisto de expectativas inmediatistas. Es una transformación que, por otro lado, comienza a ocurrir en varios otros puntos del planeta:

Tal paradigma puede ser sustituido, como comienza en la práctica a ocurrir aun antes de que las elaboraciones teóricas parezcan existir. (“La victoria de Obama no señala un desplazamiento ideológico en este país. Significa que el público americano se ha hartado de las ideologías”, escribió Roger Simon para Capitol News el 5 de noviembre de 2008). “Nicolás [Sarkozy] ha adoptado el bipartidismo no sólo con una gracia natural, sino también con un sincero abrazo de corazón. Él se yergue en el moderno molde post-ideológico”, opinó Tony Blair en la edición “Hombre del Año 2008” de TIME Magazine. “Pienso que recibimos un fuerte mandato de cambio… Esto significa un gobierno que no esté impulsado ideológicamente”, dijo Barack Obama en entrevista para la misma edición de la revista. (Carta Semanal #326 de doctorpolítico, 2 de abril de 2009.

Del chavoma

Ahora bien, el cuadro patológico más agudo del sistema político venezolano, así como el más pernicioso y peligroso, es indudablemente la dominación chavista en progreso, y por tanto el tratamiento de esta enfermedad es tanto más importante como más urgente.

Médicamente hablando (en oposición a lo “quirúrgico” o inconstitucional), la remoción del “chavoma” debe ser obtenida por medios inobjetablemente democráticos. Para comienzos del año 2002, una clara mayoría de los ciudadanos de Venezuela—en medición unánime de las firmas encuestadoras—estaba inconforme con el gobierno presidido por Hugo Chávez, y esa condición imprescindible comienza a aflorar de nuevo en estos tiempos. Crecientemente, ciudadanos que durante largo tiempo han apoyado al gobierno, han llegado ya a la conclusión de que la continuación de Chávez en el poder es inconveniente a la República. (Una medición ilustrativa es la de la encuesta nacional de IVAD—trabajo de campo entre el 25 de octubre y el cuatro de noviembre de 2009—, que reporta: Acerca del comportamiento del Presidente ante la problemática que vive el país: aprueba 40,7%; desaprueba 54,0%. Opciones con las que está más de acuerdo, en cuanto al mandato del presidente Chávez: que el presidente Chávez culmine su mandato en el 2010, tras un referéndum revocatorio, 29,8%; que culmine su mandato en su período constitucional en el año 2012 y dé paso a otros liderazgos, 35,6%; que permanezca hasta el 2021, 6,6%; que permanezca más allá del 2021, 19,5%. Esto es, 65,4% de los encuestados prefieren que el presidente Chávez cese en sus funciones a más tardar en 2012).

El asunto está, entonces, en conseguir vías terapéuticas que procedan democráticamente, dentro del marco constitucional venezolano. Por un lado, es posible esperar hasta el año en el que, en principio, habría las elecciones presidenciales de fin de período: 2012; en este caso, el trabajo consistirá en promover una candidatura eficaz, capaz de vencer electoralmente al presidente Chávez, quien seguramente intentará reelegirse una vez más, según la facilidad que obtuviera a raíz del referéndum sobre enmienda constitucional del 15 de febrero de este año. (Los rasgos necesarios de una candidatura eficaz han sido enumerados y descritos en la Carta Semanal #309 de doctorpolítico, del 30 de octubre de 2008).

Por otro lado, la peligrosa perniciosidad creciente del gobierno de Chávez, aconseja encontrar modos democráticos y constitucionales anticipados de su remoción. Dos condiciones son imprescindibles en esta terapéutica: 1. la producción de un hecho político contundente, en el que se exprese inequívocamente la voluntad electoral (más bien, constituyente) en contra del gobierno; 2. la presencia de una contrafigura que concite la aprobación de los electores. (Esta última condición estuvo ausente en la oportunidad del referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004, y un buen número de electores que hubieran votado afirmativamente la revocación de haber contemplado un sucesor aceptable, votó en contra. “Cuando ya una mayoría nacional rechazaba a Carlos Andrés Pérez en 1991, se detectaba igualmente la negativa a su sustitución porque se ignoraba quién podía sucederlo”, Carta Semanal #309 de doctorpolítico, del 30 de octubre de 2008. En ambos casos, el comportamiento aparentemente paradójico de la opinión encuentra explicación en la imposibilidad de percibir un sucesor aceptable).

Producción de un hecho político eficaz

El hecho político contundente que cristalice la opinión crecientemente contraria a Chávez antes de la oportunidad electoral ordinaria, pasa por la apelación al Poder Constituyente Originario; es decir, a alguna clase de referéndum en el que se exprese ese poder supremo. Tres tipos principales son fácilmente concebibles:

1. El referéndum revocatorio contemplado en la Constitución. Ésta dice: “Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.

El Presidente inició su período de seis años en enero de 2007 y, por consiguiente, en enero de 2010, el año que viene, puede ya recogerse las firmas para forzar un referéndum de esa clase. Si tuviere lugar antes de enero de 2011 y su poder le fuere revocado, se configura una falta absoluta que fuerza a nuevas elecciones presidenciales en el término de un mes. Si eso ocurre después del 10 de enero de 2011 (luego de cumplidos los primeros cuatro años del período), la falta absoluta es cubierta por el Vicepresidente (que él designa) hasta concluir el período y no hay elecciones.

La convocatoria de un referéndum tal exige la firma de 20% de los electores, unas 3.400.000 sobre un registro electoral de 17 millones de ciudadanos.

2. Un referéndum consultivo sobre una pregunta como: “¿Considera Ud., Sr. Elector, conveniente para la salud de la Nación que el ciudadano Hugo Chávez Frías continúe en el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela?” Al ser meramente consultivo, esta clase de referéndum no surte efectos vinculantes, y el Presidente pudiera negarse a renunciar, pero la presión introducida para esa renuncia es indudable, y el referéndum que dio origen al proceso constituyente en 1999 fue igualmente consultivo; técnicamente, no tenía carácter vinculante.

Una renuncia provocada por un resultado adverso de tal magnitud configuraría una falta absoluta del Presidente de la República, y los plazos indicados en el aparte anterior aplican igualmente.

Un referéndum de esta clase, convocado por iniciativa popular, requiere la firma de 10% de los electores, o 1.700.000 ciudadanos habilitados para votar.

3. Un referéndum consultivo sobre la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”

Este concreto referéndum fue propuesto en la Carta Semanal #341 de doctorpolítico, del  23 de julio de 2009, y predicado sobre el rechazo evidente de la mayoría ciudadana a la orientación expresamente socialista (estatista) del gobierno:

Todas las encuestas que ha podido conocer quien escribe han dado recientes datos bastante similares. Por ser representativo del conjunto, limitemos los números a un solo estudio: el informe final del Monitor Socio-Político de Hinterlaces del 1º de junio de este año. Este estudio “cuantitativo y cualitativo” registra lo mismo que otros investigadores reportan: que una mayoría de los consultados rechaza las políticas más recientes del Ejecutivo Nacional y sus demás poderes sumisos.

En particular, por ejemplo, Hinterlaces (Oscar Schemel) mide 68% de desacuerdo con la nacionalización de empresas y haciendas ordenada desde la Presidencia de la República. (Quienes están de acuerdo con esa medida alcanzan sólo al 28%. Cuatro por ciento no quiso o no supo responder). Por ejemplo, según el estudio referido, 63% estima que esa medida pudiera afectar a la propiedad privada de todos los venezolanos. (Treinta y tres por ciento no cree tal cosa). Por ejemplo, 68% está de acuerdo con la propiedad privada que apoyan los empresarios y no con la propiedad colectiva propuesta por el presidente Chávez. (Veintisiete por ciento dice preferir la propiedad colectiva sobre la privada).

Y 57% no aprueba el establecimiento del “socialismo del siglo XXI” en el país, frente a 35% que lo aprueba. Y si ese socialismo fuera como el cubano, la desaprobación asciende a 87% y la aprobación desciende a 9%.Y 83% expresa desacuerdo con la idea de que es malo ser rico. (Once por ciento expresa acuerdo). Y 86% no piensa que ser pobre es bueno. (Diez por ciento sí lo cree). Y 80%—contra 16%—no concurre con la idea de que todos debemos ser iguales para que no haya ricos ni pobres, como sostiene que ocurriría el Presidente de la República.

En suma, la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista…

¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar.

Las mismas exigencias de 10% de los electores convocantes y los mismos plazos referidos a la falta absoluta del Presidente se aplican a este caso.

………

Finalmente, es concebible asimismo la aplicación directa de un procedimiento de abolición del gobierno, no contemplado en la Constitución pero perfectamente jurídico en virtud de la doctrina constitucional venezolana establecida en sentencia del 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia, fundamento del proceso constituyente que culminó en la promulgación de la constitución vigente. (Que el Poder Constituyente Originario posee carácter supraconstitucional; que no todo lo constitucional está contenido en alguna constitución concreta). La astringencia de las condiciones políticas requeridas para la activación de un procedimiento de esta naturaleza—por ejemplo, rechazo confiablemente medido de no menos de 65% y apoyo no mayor de 25%, para una diferencia de cuarenta puntos—aconseja prescindir de tratar aquí esta posibilidad terapéutica. (Fue posible en 2002 y expuesta en ese año, pero despreciada por los principales actores de la oposición en esos momentos, tal vez porque les restaba protagonismo y control al poner el problema en manos de los electores o, también, porque era non invented here).

………

En opinión del suscrito, el referéndum preferible es la consulta sobre la conveniencia de un sistema político-económico socialista. El referéndum revocatorio requiere el doble de las firmas que uno consultivo, además de tener mala recordación por haber sido un fracaso el intentado en 2004. El referéndum consultivo sobre la posibilidad de permanencia en el cargo del presidente Chávez focaliza el asunto sobre su figura, lo que puede generar resistencia en una buena parte de la población con la que todavía mantiene lazos afectivos.

En cambio, el referéndum sobre el socialismo, además de inobjetable, necesarísimo y largamente debido, sería, de resultar adverso al proyecto socialista, un golpe letal. En palabras del mismo Chávez: paralizaría todos los “motores de la revolución”. Un desenlace de este tipo tendría tanta fuerza que muy probablemente haría inevitable la renuncia de Hugo Chávez a su actual cargo; si a la convicción creciente acerca de la ineficacia e inconveniencia de su gobierno, se suma la anulación de su coartada general—el “socialismo del siglo XXI”—, la viabilidad política del régimen decrecería muy marcadamente, pues habría sido radicalmente desautorizado por el Poder Constituyente Originario, la verdadera Corona.

El sucesor

Como se dijo antes, aun un nivel muy considerable de rechazo puede no convertirse en una votación positiva del referéndum sugerido si los electores no pueden visualizar quién pudiera asumir la Presidencia de la República a la cesación del mandato de Hugo Chávez, y si las figuras asomadas como posibilidad no logran—como ninguna hasta ahora—resultar atractivas a una mayoría de los ciudadanos.

Sobre todo si la remoción de Hugo Chávez de su actual cargo ocurre antes de enero de 2011, circunstancia que implicaría elecciones dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la falta absoluta—teóricamente; es difícil imaginar que el Consejo Nacional Electoral pueda llevar a cabo esa proeza—, sería de la mayor conveniencia la aparición de una figura convincente, para la delicada labor de una presidencia de transición que complete los dos últimos años del período. (La cesación de Chávez antes del tiempo normalmente previsto abriría un lapso muy delicado en la vida de la Nación, con enormes riesgos y una acusada propensión a la inestabilidad gubernamental. Entre otras cosas, si el sucesor no sale de filas favorables al gobierno, deberá eludir la tentación de emprender una cacería de brujas, dado el grado de irritación e indignación que el presidente Chávez y sus más cercanos seguidores han causado a una gran parte de la población. “Ahora que nos encontramos en el umbral del post-chavismo es importante entenderlo así. Si rechazamos de él su ira y su miedo, si su sentido del deber es retorcido y extraviado, no neguemos que también actúa por amor. La venganza no debe ser su sucesor”. Carta Semanal #345 de doctorpolítico, del 20 de agosto de 2009).

La tarea a acometer al término del gobierno de Chávez es ciclópea: involucra una terapia reconstructiva, tanto en lo institucional y estrictamente político como en lo concerniente a la psiquis de la Nación.

Cualquier cosa positiva que Chávez haya podido traer a su pueblo es anulada por esta permanente modelación de la violencia, por cuanto aquí el daño que infiere es a lo psíquico de nuestra sociedad. No hay, pues, nada que pueda salvar a las administraciones de Chávez en el registro de la historia, y esto debe ser explicado a sus partidarios en nuestra ciudadanía. Uno pudiera invitarles a que hicieran una lista de los aciertos de Chávez, pues por más larga que fuese sería reducida a la insignificancia al cotejarla con su perenne modelación de la violencia y la agresión, que deja cicatrices en el espíritu de la Nación. ¿Cómo puede disminuir la delincuencia en un país cuyo presidente la modela, exacerbando el azote que lacera por igual a sus partidarios y sus opositores? ¿Qué asaltante no se sentirá “dignificado” por la conducta presidencial, cuya agresividad y cuyo desprecio por la propiedad puede tomar por modelos?

Este rasgo terrible y definitivo del modo de gobernar de Hugo Chávez se complementa con una “desconexión moral”—moral disengagement, otro concepto de Bandura—que le impele a fabricar excusas para su mala conducta, eludir la responsabilidad de sus consecuencias y culpar a sus víctimas. Las razones de Chávez son, mayormente, coartadas.

Y esta espantosa modelación, más gravemente, es amplificada en el más obsceno culto a la personalidad que haya conocido Venezuela. No hay agencia oficial que no le adule, no hay programa que no se atribuya a sus méritos, no hay pieza publicitaria del gobierno que no infle su ego megalómano y tóxico.

Preparémonos para una inmensa tarea de psiquiatría política al cese de su mando. (Carta Semanal #244 de doctorpolítico, 5 de julio de 2007).

Y esto debiera hacerse en tiempo más bien breve, bajo el liderazgo ejecutivo de una persona extraordinariamente capaz y adornado con virtudes balsámicas. Es todo un “Solón de Caracas” lo que convendría.

En resumen, Solón produjo una cantidad de cambio tan grande como la que Napoleón Bonaparte generaría más tarde en su época, sólo que desde una autoridad democrática. De hecho, la tiranía le fue propuesta a Solón y la rechazó. No contento con negarse a la dictadura, Solón hizo que los atenienses se comprometieran a aceptar sus disposiciones, a las que se dio validez por el lapso de cien años (fueron escritas en tabletas giratorias de madera y colgadas por toda la ciudad) y ¡abandonó el poder! Solón, habiendo terminado su tarea, cesó su intervención y desapareció de Atenas para viajar por Egipto y otros lugares, cuidando de no regresar a la ciudad antes de que diez años expiraran, a la que volvió de nuevo como su poeta.

En su enjundioso estudio acerca de la insensatez política (The March of Folly), Bárbara Tuchman concluye que la insensatez política ha sido históricamente la regla. Solón de Atenas fue la excepción. Desprovisto de apetencias de un poder prolongado, enfrentó como médico el cuadro de enfermedades sociales de su tiempo en su patria, le dio solución inteligente y justa, y descendió por propia voluntad de la primera magistratura ateniense, rehusando toda oferta de convertirse en gobernante totalitario. Solón fue, sin duda, quien cambió la frecuencia de Atenas y abrió la puerta al Siglo de Oro signado luego por la gestión de Pericles. No en vano es Solón figura inamovible del Salón de la Fama griego, porque su vocación no fue la de ser gobernante, sino la de ser ex gobernante.

Según puede predecirse como desenlace más probable—no inexorable—de la actual situación política venezolana, estamos ante la posibilidad de una cesación del actual gobierno y la elección de un nuevo presidente que complete el período constitucional. (Desde el momento de la toma de posesión hasta el 9 de enero de 2007, según lo establecido por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Tal circunstancia determina de por sí un lapso corto y extraordinario que, por una parte, estará signado por grandes dificultades y, por la otra, convendrá tomar como oportunidad especialísima para introducir cambios sustanciales y suficientes en el esquema político nacional. ¡Qué bueno sería que pudiéramos contar con Solón! (Carta Semanal #89 de doctorpolítico, 3 de junio de 2004).

La fortuna ha querido que los venezolanos tengan a la mano una persona de ese calibre: José Antonio Abreu.

El maestro Abreu es una figura que es ampliamente querida, hasta venerada, por una inmensa mayoría de los venezolanos. Su profesión, además de la de músico, es la de economista; esto es, fue adiestrado en una disciplina social diferente de la jurídica, más propiamente científica. El maestro Abreu ha sido bendito por una grandísima inteligencia, y además hace gala de una envidiable “mano izquierda”, que le ha permitido crear y desarrollar, para admiración planetaria, el ejemplar, benéfico y único Sistema de Orquestas Juveniles. El maestro Abreu tuvo una temprana vocación política, que sacrificó a la música pero le ha servido para adquirir dotes de negociación y convicción que facilitaron sus logros increíbles. De hecho, tiene conocimiento directo de la administración pública, al haber sido el segundo hombre en Cordiplán (1974) y Ministro para la Cultura (1984). El maestro Abreu, además de su Doctorado en Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, realizó estudios de postgrado en Economía Petrolera en la Universidad de Michigan. El maestro Abreu es hombre probo, de hábitos frugales, como corresponde a quien se concentra en la búsqueda de valores espirituales permanentes. El maestro Abreu, por encima de todo, ha sido el inventor y animador principal de un movimiento que ha beneficiado directamente a cientos de miles de niños y jóvenes venezolanos, en manifestación poderosísima de una vocación social sin parangón.

El 31 de agosto de este año, José Antonio Abreu recibió de manos del rey Carl XVI Gustaf de Suecia el Premio Polar de Música, conferido por la Academia Real Sueca de Música. Esta academia dijo de él:

El Premio Polar de Música 2009 se concede al director, compositor y economista José Antonio Abreu. Impulsado por una visión de que el mundo de la música clásica puede ayudar a mejorar las vidas de los niños venezolanos, ha creado la red musical El Sistema, que ha ofrecido a cientos de miles las herramientas para superar la pobreza. La exitosa creación de José Antonio Abreu ha promovido valores tradicionales, como el respeto, la solidaridad y la humanidad. Su logro nos muestra lo que es posible cuando se hace de la música un terreno común y por eso mismo parte de la vida cotidiana de la gente. Simultáneamente, se ha dado a niños y padres, así como a los políticos, una nueva esperanza para el futuro. La visión de José Antonio Abreu sirve de modelo para todos nosotros.

En suma, José Antonio Abreu está mandado a hacer para la dificilísima tarea de asumir la jefatura del Poder Ejecutivo Nacional a la cesantía de Hugo Chávez, con una capacidad incomparable y una disposición real de unir a los venezolanos.

Hace unos días, en un sorprendente ejercicio de lucidez, por lo demás habitual en él, el Dr. Ramón J. Velásquez dibujó con hábil pincel grueso el trayecto histórico que nos ha traído a este insólito momento. Con toda la intención trazó la rúbrica de cierre: “El resultado de todo esto es que el país está dividido”.

¿Unir a “la oposición”, cuando la mitad de la nación no le está afiliada, sería la estrategia adecuada? Tal vez, pero la tarea política profunda es la de unir a ese país dividido. (Carta Semanal #320 de doctorpolítico, 19 de febrero de 2009).

Venezuela tiene, pues, la inmensa suerte de que uno de sus hijos, nacido en Valera, sea José Antonio Abreu. Es la esperanza del facultativo que prescribe estos tratamientos que, llegado el momento crítico, trascendental, el maestro Abreu sepa aceptar el reclamo que muchos venezolanos le haríamos. Nadie como él tiene la oportunidad de reparar los graves daños inflingidos al país durante las últimas décadas, primero por una clase política incompetente y luego por la dominación chavista; nadie como él restituiría ante el mundo de manera tan instantánea el buen nombre del país.

………

Advertencia: quien escribe certifica que no conversa con José Antonio Abreu desde un mediodía de septiembre de 1974, cuando fuera invitado por él a almorzar en el restaurante Anatole, de San Bernardino. La consideración de su posible candidatura, concebida hace un poco más de un mes, ha sido conversada solamente con cinco personas cercanas al suscrito. Ninguna de ellas ha llevado la delicada idea al maestro Abreu.

luis enrique ALCALÁ

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