Recién laminado

No hay necesidad ninguna de comentarios a estas láminas producidas por Eugenio Martínez, autoridad venezolana en materia político-electoral a la que mucho respeto. La información cuantitativa proviene de Datanálisis; experto y encuestadora hacen buena sinergia. (Un clic sobre cada imagen la amplía a su máximo tamaño).

 

 

 


 

 

 

 

Todo está dicho. LEA

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Más láminas elocuentes

Concluida hace un mes

 

El pasado 9 de junio concluyó la recolección de datos de la encuesta Flash 800 (800 entrevistas telefónicas) de la Encuestadora Pronóstico, que preside Francisco Bello. He aquí algunos de sus hallazgos, los que confirman la impresión general compartida por la mayoría de los venezolanos.

Registro de la situación nacional

 

Aceptación de la constituyente

 

La salida correcta a la crisis

 

Aceptación del liderazgo (Cabello es 36 veces más aceptable que Fernández)

 

El partido de mayor aceptación en Venezuela se llama Ninguno

 

LEA

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Conducta de espía

 

10 meses antes de la elección de Asamblea Nacional, Datanálisis tenía razón. ¿Por qué no la tendría ahora?

 

Tal vez no se diera cuenta mi anfitrión de que yo tomaba notas en mi celular de algunos números que me mostraba. (En un momento en que debió alejarse para atender una llamada, quedé solo con su computador durante quince minutos y fotografié varias veces la pantalla con mi teléfono). Me encontraba de visita en su oficina y quiso que viera una reciente encuesta de Datanálisis, empresa de la que es cliente, para que se la comentara. Lo que vi fueron las láminas de la Encuesta Nacional Ómnibus de junio (datos levantados entre el 20 de mayo y el 4 de este mes). Helos aquí transcritos, en violación confesa de la confidencialidad requerida por el amigo Luis Vicente León. (El castigo, explica la encuestadora, al suscritor que reproduzca o envíe el estudio a medios de comunicación, consiste en negarle futuros reportes, pero ni bajo tortura diré quién me permitió conocer el importante y muy completo estudio, construido con mil entrevistas en hogares con error de ±3,04%).

Primero, un dato básico: mientras en abril de 2013 (el mes de la elección de Nicolás Maduro) 50,8% de los entrevistados evaluaba positivamente la situación del país y 46,3% lo hacía negativamente, en junio de este año la evaluación negativa asciende ¡a 90,5%! (Sólo 9,5% cree que la situación nacional es en estos momentos positiva). Luego, sorprende que la gestión histórica de Hugo Chávez resulte mayoritariamente positiva en estos momentos: 55,1% contra 44,2% que la estima negativa. (En la serie histórica de su lámina 13, Datanálisis anota un máximo de evaluación positiva de Chávez de 75,6% en febrero de 2006). Pero su legado, el albacea designado de su herencia, tiene en este momento una desaprobación de 76,4%, contra sólo 20,8% que aprueba su gestión. (La “gestión por el país” de la estrella de los últimos meses, Luisa Ortega Díaz, es evaluada positivamente por 28,8%; el 57% la valora negativamente, y hay un empate técnico de conformes e inconformes respecto de la evaluación de la Asamblea Nacional: 46,8% contra 46,9%).

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Me interesé sobre todo en las láminas dedicadas al tema de la protesta contra el gobierno de Maduro. (A ésas las fotografié en pantalla, pero la reproducción de las imágenes delataría al cliente de la encuestadora, así que tuve que transcribir). A la pregunta ¿Qué tan dispuesto estaría usted de participar en cada uno de los siguientes tipos de protesta si fueran convocadas por la oposición? he aquí los números resultantes (sumarían 100% si se añadiera a quienes no contestaron o no supieron contestar):

Hay más gente que no está dispuesta a protestar (comparar con Tres láminas en este blog)

 

Otra manera de indagar acerca de lo mismo fue preguntar ¿Cuál forma de protesta prefiere usted que sea convocada por la oposición? Éstas son las respuestas:

¿Cuál forma de protesta prefiere usted?

 

Es muy llamativo el resultado de preguntar por las expectativas de la población acerca de las protestas:

¿Qué ocurrirá con las protestas convocadas por la oposición?

 

Pero tal vez sean aun más interesantes estas cifras, acerca de ¿Quién cree usted que es el principal responsable de la violencia en las manifestaciones de la oposición?

Responsable de la violencia en las manifestaciones de la oposición

Nunca pensé que tanto como 20,1% atribuyera la violencia a la oposición.

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Finalmente, capturé los datos de la autodefinición política de los entrevistados y su percepción sobre el liderazgo de la oposición. (Preguntas: Dentro de la política venezolana ¿usted se considera…? En su opinión, ¿quién considera usted que es el actual líder de la oposición?)

El grupo con el que se identifican

 

Líder actual de la oposición

Capriles Radonski está técnicamente empatado con quien responde al nombre de No sabe, y se me pone que después de tanta exposición pública y la valoración que obtiene a estas alturas Ma. Corina Machado debiera dedicarse a otros menesteres. Pero, como siempre, parece haber espacio para una voz que no se defina por su ubicación en el eje de polarización de “fuerzas” políticas. LEA

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Tres láminas

 

Un estudio importante

 

 

La Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela emprendió un estudio de opinión cuyos datos fueron levantados, de una muestra de 1.200 entrevistas, entre el 10 y el 17 de mayo. Acá reproduzco, debidamente autorizado, las láminas 18 a 20 de su reporte. (Un clic sobre ellas las amplía).

Elecciones, pero no de constituyente

Ver en este blog, y notar fecha, un procedimiento para satisfacer la aspiración mayoritaria de 82,8% de los encuestados: Prontas elecciones. Sobre un acuerdo, que 54,7% cree necesario, ver Versión formal. (En la siguiente lámina se registra que 85,2% cree que “Gobierno y oposición deben trabajar para salir de la crisis” y 72,5% que “Es necesario negociar para evitar más muertes”). LEA

 

Protestas no, acuerdo gobierno-oposición

 

No hay disposición mayoritaria a protestar

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Libros pequeños, grandes ideas

 

A M. G.*

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Un gran pequeño libro

El título de esta entrada es el lema de otra feliz iniciativa de TED—Technology, Entertainment, Design—, la magnífica organización de estimulantes conferencias que obliga al más pintado de los Premios Nobel a exponer un tema importante para la persona 21—”aquella que es capaz de entender y navegar el siglo en el que vive”—en no más de veinte minutos. Tengo en mis manos The Great Questions of Tomorrow de David Rothkopf, el ejecutivo jefe de Foreign Policy, en edición de TED Books. Es un libro de formato pequeño y sólo ciento diez páginas que nos abre la mente al futuro multidimensional que llueve sobre nosotros, en lo que el autor llama “el día antes del Renacimiento”.

El epígrafe, que Rothkopf certifica ha sido atribuido a Albert Einstein, es la guía de la obra:

Si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de eso, emplearía los primeros cincuenta y cinco minutos en la determinación de la pregunta adecuada que habría que hacer, porque una vez que supiera la pregunta adecuada podría resolver el problema en menos de cinco minutos.

Rothkopf—ver de él en TED.com una presentación relacionada—hace preguntas muy pertinentes a nuestra adaptación al tsunami que se avecina por causa de la era digital: ¿Quién soy? (¿Quiénes somos?), ¿Quién gobierna? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es un trabajo? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la guerra? Todas estas cuestiones, que creíamos ya definidas para siempre, adquieren con la explosión digital significados inéditos y complejos, que el autor anticipa y explica. Por ejemplo: “¿Necesitan los gobiernos grandes equipos en sus embajadas cuando tantas comunicaciones ya no pasan de persona a persona y, de hecho, a menudo sobrepasan a los diplomáticos por completo (cuyo papel, después de todo, era fundamentalmente el de correveidiles que llevaban formas de comunicación hoy pasadas de moda)?” O esta noticia: “Sólo el 12% de los miembros del Congreso [de los EEUU] tiene un adiestramiento en ciencia o tecnología, según un estudio del Instituto de Políticas de Empleo en 2011”. O, por caso: “Ya existen flujos de datos que mostrarán las fluctuaciones económicas en tiempo real con un increíble nivel de detalle: por comunidades, por cuadras, por familias, por negocios, comoquiera que querramos medirlas. Con el uso de estas herramientas y las nuevas fuentes de datos, el mundo será capaz de encontrar correlaciones jamás imaginadas”. Etcétera.

La lectura del libro me produjo algo cercano al vértigo, que potenció algo que me dijo (hablando de otra cosa) quien me lo trajera de regalo: “Ya nosotros estamos de salida; lo que nos toca hacer es para los jóvenes”. Terminada la lectura, sentí que el cambio es tan descomunal que tal vez nuestros nietos, ni siquiera nuestros hijos, podrán comprenderlo por completo.

Leer la poderosa obrita de Rothkopf fue a la vez para mí causa de maravilla y sobrecogimiento, y eso que ya yo había planteado en el Coloquio El Comunicador Necesario (19 de mayo de 1994): “Cuando aprendíamos historia universal en la escuela primaria nos enseñaban a dividirla en dos eras, la prehistórica y la histórica, y a dividir a la vez a ésta en cuatro edades: Antigua, Media, Moderna, Contemporánea. Pues bien, es tiempo de que tomemos conciencia de que estamos, no ya cerrando un siglo, no ya cerrando un milenio y abriendo otro, sino en el mismo comienzo de una nueva edad de la historia, la que me atreveré, en este auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, a bautizar con un nombre: la Edad Compleja”. No hace mucho reincidí en la cosa (El medio es el medio, 29 de abril de 2015):

Las ideologías han perdido su poder de producir soluciones. El registro de la Organización Internacional del Trabajo hace tiempo que superó el millón de oficios diferentes en el mundo. ¿Cómo puede un partido representar en la única categoría de trabajadores una riqueza así, una complejidad de esa escala? Ya no vivimos la Revolución Industrial, cuando toda ideología se inventara; ahora vivimos la de la Internet, la telefonía móvil, las tabletas, las interacciones instantáneas, las enciclopedias democráticas, las apps. La de la biogenética, la cirugía mínimamente invasiva, la posibilidad de introducir al planeta especies vegetales o animales nuevas. La de una sonda espacial posada sobre un cometa, la comprobación experimental de la partícula de Dios o Bosón de Higgs, la fotografía cada vez más extensa y detallada de los componentes del cosmos, la materia oscura, la geometría fractal y las ciencias de la complejidad. La de la explosión de la diversidad cultural, la del referendo, del escrutinio inmisericorde de la privacidad de los políticos y el espionaje universal. La del hiperterrorismo, las agitaciones políticas a escala subcontinental, el cambio climático. Nada de esta incompleta enumeración cabe en una ideología, en la cabeza de Stuart Mill, Marx, Bernstein o León XIII. Cualquier ideología—la pretensión de que se conoce cuál debe ser la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que aún no lo sea—es un envoltorio conceptual enteramente incapaz de contener ese enorme despliegue de factores novísimos y revolucionarios. Ésta es una revolución de revoluciones.

Es mi más decidida y entusiasta recomendación conseguirse una copia del librito de Rothkopf y leerlo. Algún editor inteligente en lengua española debiera publicarlo inmediatamente traducido al castellano. LEA

………

* MG era una marca de automóviles deportivos que algunos pavos de los años 50 admirábamos, junto con los Austin Healey, los Triumph, los AC Bristol…

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Habla la Asamblea

 

La Asamblea Nacional se pronuncia sobre desaguisados del TSJ

 

ACUERDO EN RECHAZO A LA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y A LA PERMANENCIA DE LA SITUACIÓN DE GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que en fechas 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó las sentencias N° 155/2017 y 156/2017, las cuales confirman y agudizan la ruptura del orden constitucional y democrático y el golpe de estado perpetrado en la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO

Que tales sentencias pretenden destruir y eliminar la inmunidad parlamentaria, desconocen las facultades de la Asamblea Nacional y de sus miembros de pronunciarse sobre temas internacionales que interesan al país, en el marco de instrumentos internacionales aprobados por el Estado venezolano, y de desarrollar la diplomacia parlamentaria, además de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones constitucionales y legales, con evidente usurpación de funciones;

CONSIDERANDO

Que ante el pronunciamiento de la Fiscal General de la República, en el que advirtió que estas sentencias representan una ruptura del orden constitucional, el Presidente de la República procedió a convocar al Consejo de Defensa de la Nación, acordándose en dicha instancia “Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones N° 155/2017 y 156/2017 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”, lo cual dio lugar a que se emitieran, sin sustento en la legislación procesal, sendas decisiones supuestamente aclaratorias, de tal manera que resultó corroborada la inexistencia de la separación de poderes y se agravó la situación inconstitucional creada por 2 las sentencias N° 155/2017 y 156/2017, pues todo lo anterior implica que la ruptura del orden constitucional se produjo y que quiso ser luego encubierta mediante procedimientos inconstitucionales que profundizan el desmantelamiento del Estado de Derecho;

CONSIDERANDO

Que la supuesta resolución de un impase entre la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no es la materia institucional de fondo que preocupa a los venezolanos y a la comunidad internacional, sino la ruptura del orden constitucional y democrático, que no ha sido reparada, ya que la pretendida aclaratoria de las sentencias N° 155/2017 y 156/2017 a través de las decisiones N° 157/2017 y 158/2017, respectivamente, no revierte la anulación de hecho e inhabilitación funcional de la Asamblea Nacional, más bien la reafirma, pues se deja incólume la determinación de permitir al Ejecutivo Nacional conformar empresas mixtas en el ámbito de los hidrocarburos, sin aprobación de la Asamblea Nacional, en contra de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y se reitera la tesis aberrante del desacato construida para bloquear completamente el ejercicio de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional; tampoco corrige los criterios inconstitucionales contrarios al valor jurídico de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y de la democracia y de los mecanismos de garantía que contemplan;

CONSIDERANDO

Que los cambios anunciados a las sentencias N° 155/2017 y 156/2017 dejan intacto e incluso robustecen el golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, que consiste principalmente en lo siguiente:

1. – Todos los actos de la Asamblea Nacional son considerados absolutamente nulos por el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo reiteran las sentencias N° 155/2017 y 156/2017, que en este particular no han sufrido cambios;

2. – La Asamblea Nacional no puede dictar Leyes que sean publicadas en Gaceta Oficial para entrar en vigor como ordena la Constitución. Todas son nulas según la Sala Constitucional. Así lo reiteran las sentencias N° 155/2017 y 156/2017, que en este aspecto no han sido objeto de modificación alguna. Tampoco se ha respetado su autonomía normativa interna. Fue privada igualmente de la iniciativa legislativa que le atribuye la Constitución sin exclusiones y que siempre había ejercido desde 1999 y durante la vigencia de la Constitución de 1961;

3. – Ni la Sala Constitucional ni el Ejecutivo Nacional reconocen a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y con base en este desconocimiento han privado a la administración parlamentaria de la atribución de ejecutar su presupuesto. Además, desde hace al menos nueve meses se suspendió el pago del salario a los Diputados, por orden ejecutiva. Desde mayo de 2016, con alguna excepción, no son publicados en Gaceta Oficial los actos aprobados por la Asamblea Nacional y que esta envía a la Imprenta Nacional con ese propósito, por vía de hecho del Ejecutivo;

4. – La Asamblea Nacional no puede defenderse en juicio, pues las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia adopta en su contra se emiten sin garantizar el derecho a ser oído y tanto la Sala Constitucional como la Sala Electoral han establecido, violando la Constitución y más de 20 años de práctica institucional, que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no puede representar a este órgano parlamentario en procesos judiciales, como tampoco designar apoderados judiciales para defender en juicio los actos o normas emanados del Parlamento;

5. – La inmunidad parlamentaria ha sido restringida y está siendo desconocida; prueba de ello es la detención arbitraria del Diputado Gilber Caro desde hace casi tres meses, sin que se haya solicitado el allanamiento de su inmunidad y sin fórmula de juicio;

6. – La Sala Constitucional despojó a la Asamblea Nacional de su facultad privativa de aprobar la ley de presupuesto, al autorizar al Presidente de la República para dictar esta normativa mediante decreto de emergencia, y usurpó su atribución constitucional de ejercer control sobre la propuesta o proyecto presentado por el Presidente de la República y sobre la ejecución presupuestaria, y lo mismo ha sucedido con otras facultades que la 4 Constitución reserva a la Asamblea Nacional y que ahora las ejerce el Ejecutivo Nacional sin consultar al Parlamento;

7. – El propio Presidente de la República, en los últimos decretos de estado de excepción, considera a la Asamblea Nacional como un órgano “inhabilitado” para ejercer sus funciones, lo cual ha sido avalado por la Sala Constitucional, que ha sustraído a la Asamblea Nacional sus atribuciones constitucionales para aprobar o improbar, con eficacia jurídica, el decreto de estado de excepción o su prórroga. El país está sumido en un estado de excepción de duración indefinida desde hace más de un año, en contra de los límites temporales fijados por la Constitución, y en ese marco el Presidente de la República se ha facultado a sí mismo para gobernar por decreto prácticamente en cualquier ámbito;

8. – La función de la Asamblea Nacional de controlar al gobierno ha sido cercenada, o suspendida indefinidamente, por decisiones de la Sala Constitucional, de modo que las facultades parlamentarias de dar voto de censura a los Ministro o al Vicepresidente Ejecutivo, de requerir interpelaciones o comparecencias de funcionarios públicos o información a la administración han sido dejadas sin efecto, lo cual también sucede con la atribución de la Asamblea Nacional de aprobar empréstitos u otros contratos de interés público con entidades extranjeras, a causa de sucesivos decretos del Presidente de la República, lo que presupone el absurdo de que el órgano objeto de los controles parlamentarios se libera de ellos por acto propio, actuando absolutamente al margen de la Constitución;

9.- Se ha construido de manera ilegítima, para liquidar funcionalmente a la Asamblea Nacional, la tesis del desacato, cuyo verdadero origen se encuentra en la inconstitucional medida cautelar de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que impidió la juramentación de los Diputados de Amazonas y de la Región Sur Indígena, que ha dejado a los respectivos electores sin representación parlamentaria efectiva por más de un año, dictada en un proceso indebidamente demorado y en el que debe emitirse sin más dilación la sentencia de fondo;

CONSIDERANDO

Que el restablecimiento del orden constitucional exige también la inmediata convocatoria a elecciones y la liberación de los presos políticos;

CONSIDERANDO Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Asamblea Nacional es el órgano que ostenta la atribución de autorizar al Ejecutivo Nacional para la creación de empresas mixtas, previa evaluación de las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias y con facultad de modificar tales condiciones o añadir otras, siendo esta una función privativa del órgano legislativo que fue menoscabada por la sentencia N° 156/2017, lo cual no ha sido alterado por la supuesta sentencia aclaratoria;

CONSIDERANDO

Que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, pese a reconocer que hay personas privadas de libertad en el país cuya liberación ha sido ordenada por tribunales competentes, ha negado la ruptura del orden constitucional en Venezuela y ha querido dibujar una situación de separación de poderes en Venezuela que la realidad y su propia actuación desmienten palmariamente.

ACUERDA

Primero.

Condenar la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Venezuela y el golpe de estado cometido, lo cual se ha visto confirmado por las mas de 50 sentencias inconstitucionales y actos en contra del parlamento, agravado por las sentencias N° 155/2017 y 156/2017, y por la forma fraudulenta en que se ha pretendido recoger las afirmaciones de tales decisiones que hacen explícita la intención de desmantelar la institucionalidad democrática y asegurar una completa concentración de poderes en Nicolas Maduro y el Ejecutivo Nacional.

Segundo. Rechazar la conducta del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien en actitud impropia del cargo que ejerce y de los deberes que la Constitución le impone ha puesto otra vez de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo Nacional y su complicidad con graves violaciones a derechos humanos.

Tercero. Luchar para que se restablezca el orden constitucional en Venezuela, lo cual supone respetar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y su ejercicio, convocar a la brevedad elecciones en el país y liberar a los presos políticos.

Cuarto. Refirmar la facultad de la Asamblea Nacional de autorizar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos, en los términos expuestos, y expresar que toda constitución de empresas mixtas por parte del Ejecutivo Nacional sin la anuencia de la Asamblea Nacional es nula, así como las contrataciones de las mismas que tampoco sean autorizadas por la Asamblea Nacional.

Quinto. Exhortar al pueblo de Venezuela para que se mantenga movilizado y en protesta permanente, junto a sus representantes, conforme al artículo 333 de la Constitución, hasta la recuperación del orden constitucional y la Democracia, que se expresa en el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones oportunas y libres.

Sexto. Emprender la activación de los procedimientos que conduzcan a la determinación de responsabilidad penal y remoción de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ante la ruptura del orden constitucional que han perpetrado.

Séptimo. Responsabilizar al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del golpe de estado en Venezuela, y exigir a la Fiscal General de la República que incoe las averiguaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad penal en la materia.

Octavo. Exigir la inmediata cesación de la írrita medida cautelar dictada por la Sala Electoral contra la proclamación de los Diputados de Amazonas y la Región Sur Indígena, y la perentoria decisión del fondo de la controversia.

Noveno. Exigir la inmediata liberacion de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto asi como la de todos los presos politicos en Venezuela.

Décimo. Condenar la violencia, acoso y represion constante en contra de los diputados por parte de Nicolas Maduro, los funcionarios de seguridad y partidarios violentos del Gobierno, así como exigir a los organismos pertinentes realizar las investigaciones y determinar las sanciones a que 7 haya lugar a fin de garantizar el respeto a la inmunidad parlamentaria y al ejercicio de la representación popular.

Undécimo. Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los cinco días del mes de abril de dos mil diecisiete. Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

JULIO ANDRÉS BORGES JUNYENT Presidente de la Asamblea Nacional

FREDDY GUEVARA CORTÉZ Primer Vicepresidente

DENNIS FERNÁNDEZ SOLORZANO Segunda Vicepresidenta

JOSÉ IGNACIO GUÉDEZ Secretario JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario

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