Cronología referendaria

 

De un trabajo escolar en Barquisimeto

De un trabajo escolar en Barquisimeto

 

La figura del referéndum popular en Venezuela comienza su existencia con la Constitución de 1961; su artículo 246 preveía una “reforma general” de ella misma, y el numeral 4 de esa norma establecía: “El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma”. Luego vendría la inclusión (mayo de 1998) en la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (diciembre de 1997) de todo un nuevo título: VI. De los referendos, en el que se estableció el referendo consultivo “con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional”. (Art. 181).

El antepenúltimo

El antepenúltimo

Pero, antes de esto último, Rafael Caldera amenazó con un referendo “consultativo” al inicio de su segundo gobierno, cuando el Congreso de la República se negó a aprobar—con la principal oposición de COPEI—el segundo decreto de suspensión de garantías de 1994 a raíz de la crisis bancaria de ese año. Así recordé en Puro show (11 de noviembre de 2012):

En tal circunstancia, el gobierno amenazó con convocar un referendo para consultar al Pueblo acerca de la suspensión que pretendía, cuando aún no existía en la legislación venezolana la figura de referendos consultivos—Caldera prefería decir “consultativo”—, y dejó caer que José Guillermo Andueza, prestigioso jurista y Ministro de Relaciones Interiores, ya tenía una redacción del decreto de convocatoria de la consulta.

Entonces publicó el diario El Nacional los resultados de una encuesta telefónica que se le ocurrió hacer sobre el tema: 90% de los consultados apoyaba la suspensión de garantías. Ni corto ni perezoso, Luis Alfaro Ucero condujo las tropas parlamentarias de Acción Democrática en apoyo del decreto 285, que fue finalmente aprobado, dejando en deslucida posición a COPEI y a La Causa R, partidos que se opusieron. Juan José Caldera anunció en la Cámara del Senado que ya el referendo no sería necesario.

Por mi parte me sentí frustrado, y no porque las garantías quedaran suspendidas, sino porque la consulta popular no se había efectuado; por eso escribí Ahora tiene que consultar, el artículo principal del #6 de referéndum (publicación mensual que por entonces producía), el 8 de agosto de 1994. No me pareció ni serio ni acertado que el gobierno de Caldera reculara con el referéndum que amagara:

Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado. (…) …si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria? Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido. La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”. En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional. Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.

………

Después de la creación del referendo consultivo en la reforma de la Ley del Sufragio en mayo de 1998, se han suscitado los siguientes eventos y propuestas (en orden cronológico):

1. El suscrito propuso el 20 de septiembre de 1998, en el #28 y último de referéndum (publicación mensual que produje entre febrero de 1994 y septiembre de 1998), un Primer Referendo Nacional, artículo en que esto argumenté:

Es así como pienso que compete ahora al Presidente de la República [Rafael Caldera] argumentar ante el Congreso la necesidad de la reforma, advirtiendo que convocará a referendo para decidir sobre la convocatoria de la Constituyente. (…) Una vez que se decida convocar a los Electores, al Poder Constituyente, para consultarlo sobre el tema discutido previamente, vale la pena aprovechar la excepcional ocasión para consultarle sobre otras materias de “especial trascendencia nacional”. Por una parte hay varias decisiones que revisten esa trascendencia y que vienen siendo insistentemente propuestas al país. Por la otra, una vez más, no estamos en condiciones de desperdiciar recursos. Hay que sacarle el jugo al Primer Referendo Nacional. Por ejemplo, hace ya varios años que se propone vender—en distintas modalidades y proporciones—una porción de las acciones que el Estado venezolano posee exclusivamente en su empresa más importante: Petróleos de Venezuela. (…) Por ejemplo, hace ya varios años que se propone implantar en Venezuela un régimen monetario conocido con el nombre de “caja de conversión”, el sustituto total o parcial del Banco Central de Venezuela que pondría moneda nacional en circulación en función estricta de las reservas en dólares—la divisa preferida por los proponentes—y de una tasa rígidamente fija. Pues bien, éstas son materias, sin ninguna duda, de “especial trascendencia nacional”. Es tan obvia su trascendencia que no es necesario demostrarla. Es difícil proponer cosas de mayor trascendencia—aunque las hay—y por tanto serían materia perfecta de un referendo. (…) En estos momentos la Constituyente se perfila como un gran proceso estabilizador. Pero también lo es el referendo mismo, la apelación directa a la opinión del Poder Constituyente, de los Electores de la Nación, para decidir sobre asuntos de nuestro más alto interés. En el fondo, más que una elección de representantes o mandatarios, es el referendo el acto supremo de una democracia. Es la participación total de la voluntad de los Electores en la toma de decisiones fundamentales.

El penúltimo

El penúltimo

2. El 25 de abril de 1999 se celebró un referendo consultivo para consultar a los venezolanos si deseaban la elección de una asamblea constituyente “con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (redacción que luego se preservaría en el Art. 347 de la Constitución ahora vigente). Esa consulta fue convocada por el presidente Chávez luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera un recurso de interpretación del Art. 181 de la Ley del Sufragio, que preguntaba justamente si podía empleárselo para consultar sobre una constituyente aunque la figura no estuviera contemplada en la Constitución vigente para la fecha. La doctrina establecida en su decisión del 19 de enero de 1999—el carácter supraconstitucional (no limitado por ninguna constitución) del Poder Constituyente Originario—había sido anticipada el 13 de septiembre del año anterior en artículo—Contratesis—que escribí para el diario La Verdad de Maracaibo (por la misma época que escribía en referéndum Primer Referendo Nacional):

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

Hace poco (1º de noviembre) recordé para un corresponsal cercano uno de mis frecuentes intentos frustrados:

A comienzos de 1999, habiendo notado que se había sometido a los portorriqueños una baraja de opciones constitucionales—statu quo como “estado libre asociado”, independencia, conversión en el estado 51 de los EEUU—concebí un recurso de interpretación que llevé, muy mal asistido por una abogada inexperta, a la Sala Político-Administrativa de la CSJ, preguntando si podía emplearse el mismo Art. 181 de la Ley del Sufragio para someter directamente, sin pasar por Go—una asamblea constituyente—, un proyecto específico de nueva constitución. La redacción del recurso fue defectuosa, y fue rechazado sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto al declararlo inadmisible sobre una technicality. (Abogados más competentes se negaron a asistirme; ya en ese tiempo una cobarde catatonia hizo que no quisieran comprometerse con un camino distinto del que tramitaba entonces Chávez). Hildegarde Rondón de Sansón emitió un voto salvado en el que opinaba que la Sala ha debido dar respuesta al punto de fondo por considerarlo de fundamental importancia. (Este concepto contradice, superándolo, lo que sostuve equivocadamente en 1995—en Comentario constitucional, el 12 de octubre, en el #16 de referéndum—: “…la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente”).

3. El 15 de diciembre de 1999 se aprobó en referendo popular el proyecto de constitución formulado por la Asamblea Constituyente de ese año, promulgando la que ahora nos rige.

4. El 25 de febrero de 2002, propuse en el programa Triángulo de Televén un procedimiento para abolir el gobierno de Hugo Chávez con base en las firmas de una mayoría de los electores venezolanos. La más reciente redacción del Acta de Abolición (mayo de 2003) puede ser leída en este blog.

Fabricador de fulminantes

Fabricador de fulminantes

5. Desde fines de 2002, Primero Justicia intentó vender un referendo consultivo “no vinculante pero sí fulminante” sobre el deseo de los venezolanos de que Hugo Chávez renunciara a su cargo. (No podía ser vinculante por dos razones: primera, porque la Constitución establece el mecanismo revocatorio para el mismo fin; segunda, porque el Poder Constituyente Originario está limitado por los derechos humanos y la renuncia es una decisión personalísima, un derecho que entonces tenía Chávez y ningún otro podía ejercer por él).

Luego de que el paro empresarial de diciembre de 2001 y la marcha del 23 de enero de 2002 pusieran en evidencia que Chávez ya no contaba con apoyo mayoritario, Primero Justicia hizo la promoción de un recurso diferente: una enmienda constitucional para recortar el período. (El trabajo de diseño jurídico fue realizado previamente por el Dr. Juan Manuel Raffalli).* La incipiente presencia pública de la Coordinadora Democrática (antes de los acontecimientos de abril) se asoció con la idea de la enmienda, al punto de que piezas publicitarias en apoyo a la misma aparecieron en televisión bajo el patrocinio de la central opositora.

Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.

Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el “no vinculante pero sí fulminante” referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase.

Poco antes de que el Tribunal Supremo de Justicia inmovilizara al Consejo Nacional Electoral** e interrumpiese el curso del referendo consultivo, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández y Baltazar Porras se reunían con Chávez, y el otrora “Tigre” revivía la idea de una enmienda para el recorte de período. Julio Andrés Borges se opuso ferozmente a la noción—a pesar de propugnarla meses antes—esgrimiendo un argumento razonable y otro deleznable. Borges tenía razón al señalar que faltaba muy poco para la supuesta realización del referendo consultivo, por lo que la consideración de la enmienda a esas alturas diluía fuerzas que debían concentrarse en éste. Al abundar en su rechazo a la enmienda, sin embargo, indicó que esta salida era defectuosa por cuanto dejaba “vivos” a otros poderes distintos del Ejecutivo, sin advertir que precisamente ese “defecto” estaba igualmente presente en su proposición del referendo consultivo.

Igualmente sabemos que el referendo consultivo, a pesar de contar con el número suficiente de firmas válidas, fue bruscamente interrumpido. Fue entonces cuando la Coordinadora Democrática optó por ofrecer, al mejor estilo McDonald’s, un combo de opciones para el “firmazo” privado (sin la anuencia o patrocinio de las maniatadas autoridades electorales) que tuvo lugar el domingo 2 de febrero, el día inicialmente previsto para la celebración del referendo consultivo.

El liderazgo opositor emitía, de esta forma, una señal de debilidad y confusión: el inequívoco mensaje de que no sabía en qué palo ahorcarse. Junto con pronunciamientos a favor de los ex empleados petroleros y de los medios de comunicación, junto con un documento para desconocer el gobierno, la Coordinadora ofrecía ahora la vieja receta de la enmienda de recorte de período (con papas fritas), una convocatoria a Constituyente (con queso) y, por primera vez, la convocatoria a referendo revocatorio (con tocineta) del mandato de Chávez y de varios diputados oficialistas.

Y ahora estamos en un punto en el que se exige toda la concentración opositora sobre la posibilidad constitucional del referendo revocatorio del mandato de Chávez a partir del 19 de agosto de este año, cuando sabíamos—o debíamos haber sabido—que esa posibilidad existía desde el 15 de diciembre de 1999.

Quienes ahora argumentan tersamente a favor de esta estrategia—no deja de ser razonable, reconocemos—son los mismos que guiaron a una desesperada sociedad civil por el tortuoso periplo que acabamos de recapitular. Son los mismos que nos aseguraron que la enmienda era la solución, luego el consultivo, después el paro y más adelante la vacuna polivalente del firmazo. ¿Qué pensarían los familiares de un paciente al que los curanderos recetasen en sucesión, con seguridades de curación en cada caso, radioterapia, quimioterapia, sangría y electroshock? (En Mandar, no pedir, artículo en la Carta Semanal #36 de doctorpolítico del 15 de mayo de 2003).

El mediador mediado

El mediador mediado

6. El 5 de febrero de 2003 propuse un Gran Referendo Nacional con el diseño de Un posible acuerdo político ante el ultimátum de abolición, que comenzaba afirmando: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”. Vivíamos entonces un proceso de “negociación y acuerdos” entre gobierno y oposición con la mediación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, y entregué personalmente a César Gaviria el documento, que sujetaba a la disposición de Hugo Chávez la aquiescencia a la renuncia que pudiera expresar la mayoría de la población en un referendo como el propuesto por Primero Justicia; es decir, acordaría de antemano renunciar, so pena de sufrir la abolición de su gobierno. (La Gente del Petróleo pareció interesarse en el procedimiento de abolición pero su líder principal, Juan Fernández, se encargó de matar la iniciativa):

La mayoría ciudadana pronunciada contra Chávez en abril de 2002, aun disminuida por la Carmonada, parecía subsistir cuando se convocara el Paro Cívico Nacional sostenido, principalmente, sobre el paro petrolero. Arturo Castro tenía buenos contactos con la Gente del Petróleo, y al mismo tiempo creía en las bondades del tratamiento de abolición del gobierno. Por esto me propuso contactar a los líderes del paro en PDVSA para hacerles saber de esa avenida. Fuimos en enero de 2003 a una reunión convocada al efecto en un salón del Hotel Eurobuilding, muy cerca de lo que dio en llamarse Plaza de la Meritocracia, en la urbanización Chuao. Ya Horacio Medina había sido informado por Castro, y éste sabía por el primero de una cálida acogida preliminar de la idea. Esta posición de los petroleros fue confirmada al comienzo de la reunión, en la que Eddie Ramírez también manifestó su conformidad. Cuando estábamos ya adentrados en temas logísticos de la abolición, que Medina aseguró estaba en capacidad de resolver y manejar, apareció el muchacho de la película, catire y todo: Juan Fernández, la cara más visible de los petroleros en rebeldía. Este caballero aseguró que no sería necesario aplicar un tratamiento de abolición, puesto que el paro marchaba viento en popa y el gobierno caería irremisiblemente. No convenía, aseguró, complicar las cosas con un curso distinto de la huelga. (Las élites culposas).

7. El 15 de agosto de 2004, se celebró, con la heroica organización del esfuerzo por la asociación civil Súmate, un referendo revocatorio del mandato del presidente entonces en ejercicio, del que Hugo Chávez salió airoso. El resultado fue un verdadero baño de agua fría para la población opositora (ver Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004), e inició una persistente prédica de fraude que a estas alturas persiste (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1º de enero de 2012), y además estableció una propensión a abstenerse de votar que favoreció repetidas veces a los postulados por el oficialismo en elecciones posteriores.

8. En su campaña electoral de 2006, Hugo Chávez hizo la promesa genérica del “socialismo del siglo XXI” e indicó que sometería a referendo popular la negativa a renovar la concesión a Empresas 1BC para operar Radio Caracas Televisión, promesa que no cumplió. El 18 de enero de 2007, invité a la dirigencia opositora a propiciar un referendo consultivo en la Carta Semanal #221 de doctorpolítico:

El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público. Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.  (…) …nunca reveló, al escamotearlas deliberadamente, qué medidas se proponía instrumentar. Para ninguna de ellas tiene consentimiento electoral, ni siquiera para que pueda de nuevo legislar según su único entender. Y si no, que pruebe a consultarlas. Como Caldera en 1998, él tiene la facultad de llamar a un referendo consultivo, y nada impide que en un solo acto referendario se consulte más de una materia “de especial trascendencia nacional”. (Artículo 71 de la Constitución). Pero claro, no está en la naturaleza de Chávez el procedimiento democrático. Lo de él es pantalla y decreto, así que ¿por qué no emprende la oposición la convocatoria de un amplio referendo por iniciativa popular? ¿Qué tal si el triunvirato Borges-Petkoff-Rosales que ha vuelto a reunirse pone orden nuevamente en la incipiente cacofonía opositora y se atreve, aunque sea esta vez, a una iniciativa política audaz, profunda, de aliento? ¿No y que somos cuatro millones de los que menos de la mitad tendría que firmar? ¿No es cierto que la mayoría de los venezolanos—Datanálisis dixit—no quiere ni dictadores ni “mares de la felicidad”? Ése es un referendo que pudiera muy bien ganarse para la democracia en Venezuela, que no es otra cosa que el respeto a la inteligencia de sus Electores.

El planteamiento interesó a Carolina Jaimes Branger, quien me invitó a exponer la idea, en el programa que por entonces conducía en Radio Caracas Radio, el 18 de enero de 2007. La entrevista fue transmitida una semana después.

9. El 2 de diciembre de 2007, se sometió a referendo aprobatorio dos proyectos de reforma constitucional, el uno presentado por el Presidente de la República y el otro por la Asamblea Nacional. Varios artículos contenían referencia explícita al socialismo, y se proponía la posibilidad de reelección presidencial indefinida. Ambos fueron rechazados por mayorías de muy delgada ventaja. (Proyecto A: 50,65% No y 49,35% Sí; Proyecto B: 51,01% No y 48,99% Sí). Tibisay Lucena presidía ya el Consejo Nacional Electoral.

10. El 15 de febrero de 2009, se sometió a referendo aprobatorio convocado por la Asamblea Nacional la posibilidad de reelegir indefinidamente al Presidente de la República, los gobernadores de los estados, los alcaldes y los diputados a la Asamblea. (Con ocasión del referendo de 2007, Hugo Chávez se había negado a esta ampliación con el pretexto de que los gobernadores y alcaldes que la exigían sólo querían “perpetuarse en el poder”):

Ahora, como sabemos—después de prometer que respetaría la voluntad popular que se expresara el 2 de diciembre de 2007 (que negó específicamente, entre otras cosas, la reelección indefinida); después de decir, a raíz de las elecciones del 23 de noviembre del año pasado, que no promovería la enmienda que ahora nos amenaza; después de “dar su permiso” al PSUV y al pueblo (en ese orden) para que introdujeran su proyecto por iniciativa popular y de que tomara al final el camino de la Asamblea Nacional (al percatarse de que no lograría las firmas necesarias; si hubiese más de cuatro millones de firmas a su favor ¿para qué se necesitaba a la Asamblea?); después de que considerara urgentísima (“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”) una modificación constitucional que no sería, en todo caso, requerida antes de cuatro años enteros—, Hugo Chávez estima que debe abrirse la reelección indefinida también a los alcaldes, los gobernadores, los diputados a la Asamblea Nacional y los miembros de los consejos legislativos estadales. ¿No habíamos quedado en que tal cosa sólo aseguraría la entronización de caudillos que buscarían perpetuarse en el poder? (Ensayos de la coral, 15 de enero de 2009).

La enmienda constitucional implicada recibió la aprobación del 54% de los votantes.

No al socialismo

No al socialismo

11. El 23 de julio de 2009, en la Carta Semanal #341 de doctorpolítico, propuse lo siguiente:

El actual gobierno, que tanto autobombo resuena para presentarse como defensor de una democracia “participativa”, quiso en realidad hacer más difícil la participación popular en las decisiones “de especial trascendencia nacional” a través de un referéndum. En el proyecto de reforma constitucional derrotado el 2 de diciembre de 2007, se dejaba idénticas las exigencias señaladas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para la convocatoria de un referéndum de esa clase, pero se pretendía duplicar el esfuerzo de los ciudadanos para lograr lo mismo, al proponer la elevación a veinte por ciento de los electores registrados para asegurar la iniciativa eficaz. Como el proyecto no resultó aprobado, bastarán ahora 1.700.000 firmas ciudadanas válidas para causar un referéndum sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?

Sobre esta idea se volvió poco después de los inicios mismos de este blog (la última de las cartas semanales de doctorpolítico es del 17 de diciembre de 2009). Así, Doctrina del referendo sobre el socialismo es del 9 de junio de 2010. Para esa fecha, José Rafael Revenga había convencido de la bondad de la propuesta a Lewis Pérez, quien a su vez intentó convencer a Henry Ramos Allup. A Revenga y a mí nos informó del dictamen de Ramos: “¡Eso es una locura!” El 29 de octubre de 2012, éste expresaba su deseo de un referendo similar por Noticias 24 Radio; he aquí la grabación de sus palabras:

Desde el primer año de Dr. Político en RCR se presentó el asunto de un referendo sobre el socialismo a la consideración de los oyentes, a partir del programa #17 del 3 de noviembre de 2012. A la dirigencia opositora—Julio Borges, Jesús Torrealba, Henry Ramos Allup—se le ha ofrecido la iniciativa. (Al primero de los mencionados, en carta del 3 de marzo de 2015 se le dijo: “Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”).

12. El 5 de abril de 2014, en el programa #89 de Dr. Político en RCR, introduje la posibilidad de añadir al referendo sobre el socialismo una pregunta sobre la deseabilidad de aplicar el Art. 350 de la Constitución al gobierno presidido por Nicolás Maduro. Así expliqué la cosa en este blog al día siguiente (El Gran Referendo):

Es sólo en esta semana que concluye cuando entendí que la manera correcta de aplicar el Artículo 350 de la Constitución—El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos—es a través de un referéndum. (…) Tal postura explica la proposición de incluir una tercera pregunta en el referendo consultivo, que he venido recomendando como tratamiento correcto de la más aguda de nuestras enfermedades políticas: ¿Desconoce Ud. el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro, por las razones descritas en el Artículo 350 de la Constitución?

13. Desde 2014, alerté—no fui el único—sobre la posibilidad de convocar un referendo revocatorio del gobierno de Nicolás Maduro; por ejemplo, en el programa especial de Y así nos va (RCR 750 AM) en el que conversé el 18 de noviembre de ese año con Nehomar Hernández. (Fue transmitido el 30 de diciembre). En Dos cepas del virus salidista (13 de febrero de 2015) expuse:

En menos de un año puede iniciarse la recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro por iniciativa popular, y de los trámites necesarios sabe algo Ma. Corina Machado; su know how sería utilísimo para un esfuerzo de esa clase, pues en 2004 logró la convocatoria del referendo contra Chávez.

Pero la Mesa de la Unidad Democrática empezó a moverse con decisión de revocar en abril de este año, luego de superar oposiciones internas a tal posibilidad (en gran medida porque apoyarlo equivaldría a catapultar una vez más la precandidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski, quien tuvo éxito en posicionarse como su campeón):

…no sólo procrastinan las rectoras maduristas; también lo hizo la Mesa de la Unidad Democrática que, en perfecto conocimiento de la previsible resistencia oficialista hacia el revocatorio, no inició el procedimiento el 11 de enero de este año y perdió meses preciosos, antes de optar por algo que debió estar decidido incluso antes de su triunfo electoral del 6 de diciembre de 2015. (Cf. Dèjá vu). Son muy responsables del (al menos) culposo retraso Henry Ramos Allup y Jesús Torrealba, que un mes después de la fecha que permitía constitucionalmente el comienzo del proceso, se quejaban de que un revocatorio era “muy engorroso”. Justamente por ese engorro han debido estar listos y arrancar temprano. (En El retorcido derecho de Lucena, 9 de agosto de 2016).

Diálogo para un acuerdo

Diálogo para un acuerdo

14. El 25 de abril de este año propuse el texto de un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo en Plantilla del Pacto; allí sugería:

Cláusula Tercera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales auspiciarán la celebración de un Gran Referendo Nacional, el que consultará en diversas materias de especial trascendencia nacional y será convocado por la Asamblea Nacional para su celebración el domingo 26 de junio de 2016. A los fines de la determinación de las preguntas del Gran Referendo Nacional, el Gobierno Nacional suministrará tres preguntas para someter a consulta. La Asamblea Nacional las incluirá y someterá igualmente tres preguntas, una de las cuales será: “¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?” Esta específica consulta se hace necesaria por el encabezado estándar de los decretos emanados del Ejecutivo: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, y asimismo por la aprobación del “Plan de la Patria”, presentado como “segundo plan socialista”.

Cláusula Cuarta. El ciudadano Nicolás Maduro Moros se compromete a presentar su renuncia al cargo de Presidente de la República si, al celebrarse ese Gran Referendo Nacional, resultare negada la pregunta especificada en la cláusula anterior, lo que causaría de suyo la falta absoluta que será subsanada por la elección prevista en el Artículo 233 de la Constitución, al producirse aquélla antes de los cuatro años del presente período constitucional, que se cumplirán el 10 de enero de 2017.

15. El 22 de octubre argumenté en Prontas elecciones:

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

(…) Exijamos, en cambio, a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Veinticuatro días después, los diputados por Amazonas solicitaron ser desincorporados de la Asamblea Nacional, y ésta ya no está en desacato del Tribunal Supremo de Justicia.

16. Ha propuesto por estos días Henrique Capriles Radonski que, como lo más probable es que un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro no pueda celebrarse en 2016, la Asamblea Nacional proceda a modificar la constitución para sustituir la previsión del último parágrafo del Art. 233 de la Constitución: “Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo”. Él sugiere que se extienda después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen los primeros cuatro años del período, lo postulado en el tercer parágrafo: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. Ahora bien, ninguna modificación de la Constitución entra en vigencia hasta que la apruebe el Pueblo en referendo convocado al efecto; por tanto, Capriles propone en verdad, aunque no lo haya dicho, no un referendo sino dos: el revocatorio y el aprobatorio de tal modificación.

17. El 18 de los corrientes, Diego Arria propuso que se llevara a referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional el texto de los acuerdos que sean alcanzados en el diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, en analogía con el referendo colombiano sobre lo pactado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los anunciantes

Los anunciantes de la confusión

18. Ayer lunes 21 de noviembre, Voluntad Popular puso una nota en su web en la que se lee:

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Freddy Guevara, propuso junto a otros líderes de la tolda naranja una nueva ruta para el cambio democrático, pacífico y constitucional. Señaló que a través de la Asamblea Nacional deberá impulsarse un referendo popular, en el cual transcurrida la etapa de recolección de firmas debe consolidarse en un juicio político que destituya a Nicolás Maduro, dando cumplimiento al artículo 333 que indica que es obligación de “todo venezolano restaurar el orden constitucional cuando este haya sido roto”.

Si un referendo es convocado “a través de la Asamblea Nacional” no se requiere una recolección de firmas, y no hay previsión constitucional alguna que contemple un “juicio político” de destitución del Presidente de la República. La opacidad de la incomprensible propuesta parece indicar que se trata de una reedición del referendo revocatorio con alguna disposición que lo permita. (?) Hoy me ha señalado una persona muy bien informada de los procesos en el seno de la oposición venezolana:

En cada partido hay tendencias. UNT está a favor de llegar al 2018; Falcón también y PJ/Borges. Claro, jamás lo dirán en público. El acto de hoy en Paseo Las Mercedes, organizado por Angel Oropeza, busca darle soporte al diálogo y a Chúo en particular (apoyo de la “Sociedad Civil”). PJ/Guanipa, que está del lado de Capriles, no se ha definido, al igual que Henry Ramos. El Grupo de los 15, liderizado en alguna medida por María Corina y casi todo VP, se decanta por una “consulta popular” y el juicio político en la asamblea. Pero de la asamblea, apartando las discusiones de las leyes, la tarima política por casos como los de PDVSA, los narcosobrinos… dudo que salga nada. La decisión del diálogo y ahora la desincorporación de los 3 diputados tiene molestos a VP, el G15 y Guarulla. El G15 y VP planean retomar el proceso de recolección de firmas (con un CNE paralelo) y hacer un acto de votación para realizar el Revocatorio. Capriles no ha dicho que no, pero tampoco que sí. (Ver artículo de Leopoldo Puchi con fecha de hoy y otro de Carlos Blanco).

 

Días antes, María Corina Machado se pronunciaba a favor de que el juicio político de Maduro se hiciera popularmente. (?)
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En cualquier caso, como se registrara en la más reciente emisión de Dr. Político en RCR, en la proliferación de proposiciones resalta una constante: la apelación al Pueblo. Por fin, se toma conciencia de que “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…” Algo va a cuajar. LEA
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* El 11 de abril del año pasado, en el programa #139 de Dr. Político en RCR, puse el procedimiento de enmienda a consideración, reconociendo la precedencia de PJ y Raffalli. Más tarde, caí en la cuenta de que el TSJ probablemente impediría el efecto buscado; escribí en Martes de Ramos—25 de noviembre de 2015—: “…el Tribunal Supremo de Justicia [no] toleraría la aplicación ‘retroactiva’ a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años; en 2009 ya proponía el magistrado Francisco Carrasquero López a su Sala Constitucional que la reelección permitía ‘recompensar a quienes [el pueblo] estime como sus mejores gobernantes’. Si la Presidencia es un premio, ¿cómo podría quitarse a Maduro el suyo completo—hasta el 10 de enero de 2019—que se ganó en la rifa del 14 de abril de 2013?”. (En R de repitientes, 3 de febrero de 2016),

 

** Primero Justicia consideró entonces que la aprobación del proyecto de enmienda sería posible porque ya Luis Miquilena, quien controlaba unos cuantos diputados, había salido del gobierno en enero de 2002 y podría ofrecer su apoyo a una oposición minoritaria. Luego del Carmonazo de abril, PJ jugó con la idea de promoverla por iniciativa popular—15% de los electores—, pero cambió el rumbo con la proposición de un referendo “no vinculante pero sí fulminante”—que preguntaría si el Poder Constituyente Originario deseaba que Chávez renunciara—, para el que Súmate recogió firmas y que fuera aprobado por un CNE accidental presidido por Alfredo Avella Guevara. (Esa decisión fue invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia al haberse producido con la incorporación tramposa de un rector del organismo—Leonardo Pizani—que había renunciado dos años antes). Finalmente, PJ se plegó a la idea del revocatorio. (En R de repitientes, 3 de febrero de 2016).

 

(Para descargar este trabajo en archivo de formato .pdf: cronologia-referendaria)

 

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Mis roces con la corrupción

De la Guerra Civil Española

De la Guerra Civil Española

 

El político que tiene el poder en sus manos es, por su misma posición, un inevitable modelo de conducta. Si es deshonesto se convierte en modelo de deshonestidad, y daña así el temple moral de la sociedad entera. Convierte a la comunidad en organismo cínico, desvergonzado, que se siente autorizado a la corrupción porque sus hombres más encumbrados se conducen deshonestamente.

El político virtuoso

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El primero fue mientras trabajaba en una empresa industrial en tiempos de cambio de gobierno.* Mi jefe me pidió que atendiera al sobrino del recientemente nombrado presidente de una industria pública nacional, que producía una materia prima que necesitábamos. Acepté el encargo e hice preparativos para recibirlo: poco antes de la hora fijada, encendí el dictáfono que guardaba en una gaveta de mi escritorio. Un regordete joven en sus veinte años, trajeado de seda y con voluminoso reloj de oro en la muñeca, me participó el nombramiento de su tío y comentó luego que había escasez del material en cuestión, pero que su tío presidía el instituto que fabricaba la materia prima producida por la empresa dirigida por su tío en momentos en que no se la conseguía, aunque, claro, su tío… y así circularmente. Dos veces lo felicité por el nombramiento de su pariente y le dije: “Sr. Sutano: si no hay corrupticrato de sodio no lo hay para VVVV (la empresa en que yo trabajaba), ni para XXXX, ni para YYYY ni ZZZZ (nuestros más importantes competidores), y si hay corrupticrato para VVVV entonces debe haberlo para XXXX, YYYY y ZZZZ”. El sobrino no pudo desalojarme de esa posición y nunca llegó a formular el negocio que tenía en mente: “Yo les consigo tantas toneladas de corrupticrato y ustedes me dan tanto”. Nos despedimos y ya. Bueno, enteré a mi jefe de lo acontecido y él aprobó mi conducta.

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Construyendo un documento

Construyendo un documento

El jefe de un gobierno regional logró convencerme de que le ayudara en la composición de su primera memoria y cuenta al cuerpo legislativo de rigor. Recibí de sus asistentes montones de papeles y cifras. Con relativa prontitud encontré en ellas una discrepancia: dos de las agencias de su gobierno reportaban números distintos de camas hospitalarias instaladas en el último año en su circunscripción; la diferencia era muy marcada. Le pregunté entonces cuál de las dos cifras era la correcta y obtuve esta recomendación: “Ve a hablar con Mengano (uno de los administradores de su despacho) y él te resuelve el asunto”.

A la tarde siguiente fui a la lóbrega oficina de Mengano; salvo la iluminación que caía sobre su escritorio desde una lámpara de mesa, el recinto estaba sumido en la penumbra, pues hasta las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas. En conocimiento del problema, abrió un cajón y puso frente a mí los reportes que serían fidedignos. Pero mientras yo copiaba cifras a duras penas, oí que me decía: “Me enteré de que quieres hacer un posgrado en los Estados Unidos”. Tenía razón y le contesté: “Es verdad, la Universidad de Stanford me ha admitido en su Maestría de Ciencias Políticas; pienso irme en agosto”. (Estábamos en febrero, y nunca la hice).

Seguí en mi dificultosa labor de amanuense sin luz y sentí que abría otro cajón de su escritorio, de donde sacó un listado en filas verdes y blancas que colocó sobre la mesa. Entonces declaró: “¡Pero un Luis Enrique Alcalá no puede estar en Stanford con menos de 3.000 dólares al mes!” Recuerdo haber pensado: “¡Caray! ¿Será que hay becas gubernamentales de ese monto?” Él prosiguió: “Mira acá, fíjate: esta es una cuenta de nosotros en el banco tal y cual. Allí tenemos esta cuenta corriente con n millones de bolívares que no se moviliza hace más de dos años. Mira esta otra: n + 5 millones que no perciben interés ninguno; estamos perdiendo dinero. Si tú te consigues el banco, yo puedo poner eso en depósito a plazo fijo y acepto 6% de interés—en la época, tales depósitos percibían 9%—, te da 2% a ti y ¡se gana 1% en la operación!” Llegó a calcular cuánto sería el monto que tendría que depositar para que su 2% en bolívares equivaliera a 3.000 dólares mensuales por el año de la maestría a la tasa de 4,30. No recuerdo la cifra.

Cerré mi cuaderno y le dije para despedirme: “Ya tengo los datos que me hacían falta. Gracias. Adiós”. Salí del fotofóbico recinto y caminé tres cuadras hasta el despacho de su jefe, en el que entré sin anunciarme para espetarle: “¡Oye lo que acaba de ofrecerme Mengano!” El gobernador hizo su teatro: “¡No puede ser! ¡Llámenme a Mengano inmediatamente!”, en instrucción a su grupo de secretarias. Ninguna pareció ser capaz de encontrarlo.

Mengano continuó en su estratégico oficio al menos dos años más. Nunca fue removido del cargo, e ignoro si fue reconvenido siquiera. ¿Qué habrían ganado él o su jefe si yo hubiera aceptado el redondito negocio? Dos cosas, supongo que creían: la compra de mi lealtad y tenerme en una lista de gente controlable por chantaje.

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Ahora especificaré sitios y fechas, igualmente sin nombres, pues lo que narraré de seguidas acaeció a mi paso por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, entre enero de 1980 y marzo de 1982.** (La única función pública que he ejercido, si no cuento mi empleo en PDVSA—una compañía anónima—a partir de ese último mes y mi anterior asesoría ad honorem al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en 1976 y 1977).

De gratísimos recuerdos

De gratísimos recuerdos

Habrían transcurrido unos diez días de mi ingreso, cuando se presentó en mi oficina un funcionario de la organización; iba a comunicarme que quería coordinar conmigo la celebración de mi cargo: una fiesta en mi casa a la que podría invitar a familiares y amigos y, naturalmente, a unos pocos ejecutivos del CONICIT, empezando por su Presidente. La institución correría con todos los gastos. Como con el sobrino del corrupticrato, me puse bruto; le dije, pues, que no entendía por qué el organismo para el que ambos trabajábamos debía sufragar lo que a todas luces sería un festejo de carácter privado. Mi interlocutor se retiró visiblemente frustrado.

Unos dos meses después lo cité a mi oficina, y en esta ocasión le indiqué que un vehículo del CONICIT que estaba asignado a quien, un buen tiempo antes que yo, fuera su Secretario Ejecutivo—yo no era su sucesor inmediato—, ya no debía continuar prestando servicios (con chofer y todo) a quien ya no laboraba con nosotros. Tampoco le gustó eso, pero no tuvo más remedio que obedecer.

Lo siguiente fue de naturaleza enteramente distinta. Otro funcionario a mi cargo se apersonó en mis predios para presentarme una empleada que acababa de contratar. Se trataba de una mujer verdaderamente hermosa, recién graduada universitaria. Una vez más, no comprendí el objeto de la presentación y no pensé más en la visita, hasta que uno o dos meses después fue la joven quien solicitó directamente que la recibiera. Se sentó en un pequeño sofá de mi oficina y me dispuse a escucharla desde un sillón contiguo. No tardé mucho en percatarme de que la despampanante dama tenía abiertos dos botones de su blusa, y de que no usaba sostén; al hablarme, se inclinaba para regalarme la perturbadora vista de un busto verdaderamente maravilloso. Muy pronto le dije que tenía otras ocupaciones y la despedí. (No de su cargo, sino de mi oficina, pues no me quejé del incidente ante su jefe).

En vena parecida, una cierta pareja de ejecutivos que me respondían directamente viajó conmigo a Washington, en visita a la National Science Foundation del gobierno estadounidense. Una noche, acepté su invitación a un bar de la ciudad, no sin advertirles que la bebida no era una de mis aficiones. Me llevaron a un sitio en el que se exhibían jóvenes enteramente desnudas que hacían piruetas en la consabida barra vertical que iba del techo al piso. Después de compartir con ellos un trago, salí del establecimiento alegando cansancio de un día de mucho trabajo.

Los mismos personajes intentaron entonces otra aproximación. Uno de los dos me dijo que su hija se había casado con un alto ejecutivo petrolero en un país extranjero, y que éste se hallaba en posición de asignarle una cuota personal de varios miles de barriles de petróleo para que los colocara con ganancia apreciable. Vinieron a ofrecerme una participación en el negocio, pidiéndome que saludara al dispendioso yerno en un telefax que yo debía dirigirle directamente. Una vez más, pude torear la confusa proposición y me negué a comunicarme con alguien desconocido acerca de algo que no me interesaba y no tenía la menor conexión con mis ocupaciones.

Más tarde, uno de la pareja me informó que el CONICIT disponía de fondos de reserva suficientes como para adquirir una sede propia, cuando la institución funcionaba apretadamente en un edificio alquilado en localización no muy cómoda. (Los visitantes debían estacionar en la calle, a veces a buena distancia de nuestra sede, pues nuestro minúsculo estacionamiento se llenaba con los vehículos de los trabajadores). Eso sí me interesó, por lo que llevé la posibilidad al Directorio que me supervisaba.

En poco tiempo, teníamos una media docena de ofrecimientos: dos pisos en una famosa torre de la Avda. Andrés Bello que estaba por estrenarse, un edificio industrial en La Urbina, otro en Boleíta, otro que me ofreciera un familiar con insinuación de que yo sería compensado si promovía y lograba su compra… uno que me pareció funcional y dignísimo en Las Mercedes. En visitas con otros funcionarios a las varias edificaciones, a veces acompañado del Presidente, no oculté mis preferencias, y siendo su precio conmensurable con los fondos disponibles, pareció que esa opción sería la escogida, decisión que correspondía al Directorio, no a mí. En camino a la decisión, recibí dos ofertas concretas de engrasamiento; la más tentadora era un cheque por un millón y medio de bolívares. (En la época, casi 350 mil dólares). Ambas las rechacé, e informé de tal cosa a uno de los miembros del Directorio, quien era viejo conocido mío.

El gran señor de la ciencia

El gran señor de la ciencia

Una década después conversaba con un querido amigo, ya fallecido, acerca de mis posibilidades políticas, y en algún momento me dijo explicando mis dificultades: “Es que a ti te hizo mucho daño lo del CONICIT”. En tal ocasión, creí que se refería a mi pretensión infructuosa por la Presidencia del CONICIT en 1982. El fundador de la institución, el Dr. Marcel Roche, me pidió una cita para decirme: “Luis Enrique: toda la comunidad científica sabe quién ha sido en los últimos años el Presidente del CONICIT; eres tú quien ha revolucionado el organismo”. Esa visita, además de inflar mi ego, excitó mi ambición, e hice saber al Ministro de Estado para la Ciencia y la Tecnología que me gustaría ser promovido a ese cargo en la inminente renovación del Consejo. No tuve, previsiblemente, el menor éxito.

No fue sino mucho después de mi intercambio con el difunto amigo cuando pensé que ha podido estar insinuando algo distinto. En el tiempo de búsqueda de sede para la agencia principal de la ciencia y la tecnología venezolanas, alguien dijo en sus pasillos que yo recibiría dinero por la compra. En verdad, un día antes de la sesión del Directorio que rechazaría al edificio de Las Mercedes—más tarde adquirido por otro instituto del gobierno—, atendí a su dueño sin testigos minutos antes de la incorporación de otros funcionarios. Esa vez, lo que hice fue exprimirlo un poco más luego de que hubiéramos arribado a un acuerdo sobre el precio: le arranqué un compromiso de construir un baño adicional para los empleados a su costo. El competente ingeniero venezolano que poseía el inmueble permitió que le torciera el brazo, y jamás me hizo una oferta de ningún otro tipo. Siempre ha sido un caballero.

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Mi último roce con la corrupción ocurrió el año pasado. Fui invitado a jugar dominó en un club caraqueño, y a la mesa se acercó Fulano, un personaje que, por cierto, había trabajado en el CONICIT en mis tiempos de Secretario Ejecutivo. De pie al lado mío, pronto comenzó a ofrecer explicaciones que nadie le había pedido: “Mi hijo sí guisa”. (El hijo tiene fama de boliburgués que desempeñó cargos importantes en las administraciones de Hugo Chávez; aparentemente, compró un edificio entero para usarlo como vivienda para él solo y su familia inmediata—recientemente supe de un caso similar—, luego de inducir con violencia la venta y desalojo de apartamentos del resto de inquilinos). “Bueno—prosiguió Fulano—, yo sí he guisado. Pero yo guisaba así: le decía a un suplidor: me das el producto al mejor precio y con los mejores tiempos de entrega y… de lo que te ganes me das un poquito”. Cuando lo conocí no tenía autoridad para algo parecido; lo que describió habrá sido conducta posterior.

Le hice notar que nos estaba distrayendo del juego y pedí que nos permitiera la concentración. Algún gesto acompañante de disgusto habrá hecho que callara y se alejara poco después.

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El Índice Njaim

El Índice Njaim

La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público fue promulgada en diciembre de 1982. Al año siguiente, la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela organizó un simposio sobre el tema, y a él llevó el Dr. Humberto Njaim, a la sazón miembro de su Instituto de Estudios Políticos (después su Director; hoy Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas), una ponencia que llevó por título Costos y Beneficios Políticos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Allí ofreció dos estimaciones: el régimen de Pérez Jiménez incurrió en peculado equivalente a 1% del Presupuesto Nacional; el período democrático habría sustraído entre 1958 y 1982 un montante de 1,5% del mismo. (Una vez me dijo un taxista a quien comentaba estas cosas: “¿Tan poquito?” Le hice notar que el Presupuesto de la Nación era entonces—en los primeros días de Chávez—de 20 billones castellanos de bolívares, por lo que uno y medio por ciento representaba ¡300 mil millones de nuestra moneda en un solo año! Luego le hice ver que era una buena noticia que no se hubiera robado 98,5% del presupuesto, y que no podía sostenerse que un tumor execrable de sólo 1,5% de tamaño era la explicación de nuestro atraso, lo que era su tesis. El hipotético peculado venía alcanzando a 32 bolívares diarios por habitante, o el valor de media arepa rellena en 1999; con eso no salíamos de la pobreza).

Mi estimación de la corrupción del chavismo-madurismo es que esos niveles han ascendido a 5% del Presupuesto Nacional, lo que monta a cantidades descomunales. A tres economistas destacados pedí hace un año sus propias conjeturas, pues ninguno de ellos conocía una medición hecha a conciencia. Uno solo aventuró la cifra de 10%, luego de explicarme que los períodos antes y después de 1999 eran incomparables, pues ahora existían fondos opacos que no están incluidos en el Presupuesto Nacional. Sea que su más competente estimado sea la cifra correcta o que la sea la mía peor informada, se trata de un peculado monstruoso. Aun así, no creo que sería tarea de un Presidente que pudiera sustituir a Nicolás Maduro a breve plazo una cacería de corruptos. Para eso está nuestro Poder Judicial, admitiendo, claro, que se trata de un poder también corrompido. En todo caso, contesté una pregunta del semanario La Razón de este modo (el 29 de junio de 2015):

Hay quienes afirman que existen factores dentro de la MUD que en función de sus intereses políticos y pecuniarios, juegan a favor del gobierno. ¿Qué habrá de cierto en ello?

Mi aproximación a la política es clínica. Si un médico intentara curar un hígado enfermo tratando célula por célula se volvería loco; por eso no me intereso por la chismografía política acerca de actores particulares. Si tuviera que descalificar a algún actor político no lo haría por su negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. No me intereso por esa clase de asuntos.

Del mismo modo que no compete a la Asamblea Nacional la promoción de la cesantía de Maduro, tampoco es asunto del Ejecutivo Nacional el enjuiciamiento de venezolanos por causa de robo a la Nación. Claro, el Presidente de la República nombra al Procurador General con autorización requerida de la Asamblea Nacional. (Artículo 247 de la Constitución Nacional: “La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República…”) LEA

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*En una de las aventuras de Sherlock Holmes imaginada por Enrique Jardiel Poncela, el gran detective recibe una botella lanzada al mar con un mensaje escrito en un papel. En éste se le comunica que el remitente se encuentra extraviado en el Polo y le ruega que venga en su rescate, y se añade: “No le diré en cuál de los dos polos para picar su curiosidad”. La anécdota puede ser de 1969 o 1974, años de nuevo gobierno cuando trabajaba en Corimón. Ahora me he perdido en alguno de los polos, de los años.

**Esta nota se formó en mi cabeza a raíz del reciente fallecimiento de Pedro Rodríguez, el inolvidable Secretario de Actas del Directorio y el Consejo del CONICIT. Fue un dulce, inteligente y divertido personaje, además de leal y amistoso compañero. La hija primera de mi señora y yo nació bellísima en mayo de 1980, y la llevé con orgullo a mi oficina para exhibirla sobre una mesa en su portabebé. Allí vinieron a verla mis compañeros de trabajo como pastores o Reyes Magos, y Pedro la bautizó como “Estrella de la mañana” (Morning star). Comentando su deceso con mi esposa, ella recordó la oferta que recibí para que favoreciera a un cierto edificio en la búsqueda de sede para la institución y me aconsejó: “Escribe esas cosas”.

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Quizás convenga añadir lo siguiente: a mi llegada en enero de 1980, el CONICIT tenía un poco menos de 350 empleados en total. (¡11 más que PDVSA para manejar un presupuesto que a duras penas se acercaba a 70 millones de bolívares!) En dos años, sustituí a tres, uno despedido y dos renunciados—uno de estos últimos era el de la fiesta en mi honor y el carro para un cierto líder adeco—, y creé dos posiciones adicionales. Esto es, boté sólo a un empleado—él insistía tercamente en que la Dirección de Política Científica de la institución debía regirse por principios marxistas (presuntamente científicos; en el futuro, la cosa emergería con Chávez)—y básicamente hice mi labor con los empleados que encontré, que fueron contratados por administraciones previas de gobiernos de Acción Democrática. Supe que en los baños de nuestras oficinas se comentaba: “Este Luis Enrique es bien pendejo. Si nosotros hubiéramos ganado las elecciones hubiéramos sacado con tractores hasta el último copeyano ¡y el bolsa no nos saca!” No pasó mucho tiempo sin que aprendieran a respetarme y hasta quererme. (“Por accidente biográfico había sido un insólito copeyano, pues mis padres me inscribieron en el colegio de La Salle en La Colina cuando tenía seis años de edad. Allí estudié hasta egresar como bachiller en 1959. Es así como a los quince años cobro conciencia política con el derrocamiento de Pérez Jiménez, mientras me encuentro en un ambiente naturalmente inclinado a adoptar la perspectiva socialcristiana. Siendo yo un ‘extremista del centro’, como años más tarde trataba de explicar a compañeros de universidad, la equidistancia copeyana del liberalismo y del marxismo convenía a mi temperamento. Así, pues, desde 1958 había tenido una episódica y semiclandestina simpatía o militancia verde. Para 1983 no me había separado del Partido Socialcristiano COPEI”. En KRISIS – Memorias prematuras).

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Que no pase por debajo de la mesa

Portada de Mateo Manaure para las actas del simposio

Portada de Mateo Manaure para las actas del simposio

El año pasado se cumplieron 50 años de un evento excepcional: el simposio Desarrollo y Promoción del Hombre, organizado por el naciente Instituto para el Desarrollo Económico y Social (IDES) para presentarse en sociedad. Fueron sus líderes más destacados Arístides Calvani, primer presidente del instituto, Alfredo Anzola Montaubán, a la sazón Gerente de la Fundación Creole, y José Rafael Revenga, su mano derecha y Vicepresidente del IDES.

Entre el 13 y el 17 de julio de 1964, los afortunados asistentes atendimos, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, las actuaciones de un insólito encierro de toros de fina casta: Ronald Clapham (Alemania), Simón Romero Lozano (Chile), Kenneth Boulding y Frederick Harbison (Estados Unidos), Jean Yves Calvez, Georges Celestin, Louis Lebret, Guy Lemmonier, Alfred Sauvy (Francia), Felix Morlion (Italia), Juan Pablo Terra (Uruguay), Roberto Álamo, Eloy Anzola Montaubán y Arístides Calvani (Venezuela).

Bastaría recordar que el padre Lebret, fundador de Économie et humanisme, dirigía entonces el IRFED (Instituto Internacional para la Investigación y la Formación, la Educación y el Desarrollo), y era el autor de la famosa definición: “El desarrollo es la serie coordinada de pasos, para una población determinada, y para las fracciones de población que la componen, de una fase menos humana a una fase más humana, al ritmo más rápido posible y al costo menos elevado posible, manteniendo la solidaridad entre las poblaciones y subpoblaciones”. O que Kenneth Boulding, economista, fuera cofundador de la Teoría General de Sistemas y autor de más de treinta libros, entre los que destacaban The Economics of Peace y el seminal Conflict and Defence, además de editor del Journal of Conflict Resolution. O que Alfred Sauvy era ya el Sumo Pontífice de la Demografía e inventor del concepto de Tercer Mundo, que designaba a los países que no estaban alineados ni con Washington ni con Moscú: “…car enfin, ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers Etat, veut lui aussi, être quelque chose”. (“…porque, en fin, ese Tercer Mundo ignorado, explotado, despreciado como el Tercer Estado, también quiere ser algo”).

Nunca desde entonces se ha reunido en el país una masa crítica intelectual tan poderosa como la que el IDES ensambló hace cincuenta años y un año. A partir de los ricos e iluminadores insumos de esa pléyade de pensadores, los participantes trabajamos en grupos de discusión e intervinimos en la sesión plenaria, y fuimos testigos de un cotejo sorprendente: el padre Jean Yves Calvez, autor de La Pensée de Karl Marx, disertó—a cuatro manos con Héctor Mujica, la principal autoridad intelectual del PCV—acerca de La economía como respuesta a las necesidades del hombre. Mujica inició sus palabras con este testimonio: “Creo que los amigos del IDES me han escogido para presidir esta sesión precisamente porque soy un militante, soy un hombre comprometido con una ideología y un partido revolucionario, el Partido Comunista de Venezuela, desde mi adolescencia”. La apertura y tolerancia del liderazgo político y, sobre todo, empresarial de la época en Venezuela—era el primer año de la presidencia de Raúl Leoni—, que había dado origen, un año antes, al Dividendo Voluntario para la Comunidad y a su Declaración de Responsabilidad Social de la Libre Empresa, adelantándose treintisiete años a la conciencia social corporativa que se consolidara mundialmente hacia el año 2000, se ponían de manifiesto en esa inusual conjunción de marxólogo y marxista. (No faltó quien sugiriera que Alfredo Anzola Montaubán era un comunista disfrazado).

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La obra de Harbison & Myers

La obra de Harbison & Myers

Frederick Harbison fue quien tal vez trajera las más prácticas recomendaciones. (Su conferencia se produjo en la segunda sesión dedicada a Promoción de soluciones operacionales). Experto en desarrollo de recursos humanos, acababa de publicar con Charles Myers el libro Education, Manpower and Economic Growth, obra en la que se defendía la estrategia de desarrollar recursos humanos de alto nivel, luego de mostrar convincentemente que su densidad era el indicador más significativo de un país desarrollado. Harbison abrió su disertación, en la mañana del 17 de julio de 1964, con estas palabras:

Entre las naciones latinoamericanas, Venezuela es evidentemente la más rica en términos de ingreso nacional per cápita y también en términos de recursos nacionales para su población. Venezuela ha gozado consistentemente durante las últimas dos décadas de una tasa de crecimiento muy alta. Efectivamente, en términos de tasa de crecimiento, Venezuela se encuentra entre el 5 y el 10 por ciento de los países de más rápido crecimiento en el mundo. Se podría decir que, entre los países del mundo entero, Venezuela, en términos de su ingreso nacional es ya un país semi-avanzado. Evidentemente, tiene la capacidad para unirse, en un futuro no demasiado distante, al grupo de las naciones económicamente más avanzadas del mundo. Pongamos de lado, de una vez por todas, la idea de que Venezuela es un país pobre o un país subdesarrollado. Venezuela está en el proceso de convertirse en un país muy avanzado, y los venezolanos deberían tener conciencia de ese hecho y enorgullecerse de él. Sin embargo, me permito sugerir que la verdadera riqueza de una nación no son sus recursos minerales, su capital material o sus reservas de divisas extranjeras, sino más bien la etapa de desarrollo y la mentalidad de su población. Si un país no desarrolla a su población, a sus recursos humanos, sus proyectos de desarrollo económico estarán condenados al fracaso.

Medio siglo después, está claro que perdimos ese tren. (Las dos décadas previas aludidas por Harbison van del último año de Medina Angarita, pasando por la Junta presidida por Betancourt, la presidencia de Gallegos, la junta de Delgado Chalbaud y la presidencia de Pérez Jiménez, hasta el período democrático de Betancourt, concluido el mismo año del simposio).

Pero ese tren todavía pasa por nuestra estación. Cuando soplan vientos de cambio en Venezuela, vale la pena recordar su diagnóstico y su récipe: “…aunque Venezuela está acercándose a la etapa de una economía avanzada, su capacidad de desarrollar recursos humanos de alto nivel está muy subdesarrollada. (…) Tiene que desarrollar su propia capacidad de formación de este tipo de personal. Y esto significa, no sólo la expansión de la educación primaria y secundaria, no solamente el ingresar masas indiferentes de estudiantes a las universidades, sino la creación de institutos modernos de investigación, de educación postuniversitaria, de alta calidad, elevación de los niveles de excelencia en la universidad y en los programas avanzados para desarrollar aun más a los gerentes, ingenieros, técnicos y científicos, en el transcurso de su empleo profesional. En este siglo XX, de la explotación de los conocimientos, ninguna nación puede esperar alcanzar la prosperidad sin desarrollar la excelencia y la calidad a través de todo su sistema educativo”.

Más tarde, el Plan Mariscal de Ayacucho, liderado por Leopoldo López Gil bajo la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, fue acertada concreción de la estrategia harbisoniana. Hoy, sin embargo, una proporción alarmantemente grande de nuestros recursos de alto nivel alimenta la dotación profesional de países escogidos por venezolanos para la emigración. Luego de derrotar a los moros, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla la emprendieron contra los judíos—médicos, comerciantes, artesanos—, a los que expulsaron de España, y ellos buscaron refugio en la tolerante Constantinopla. El gran sultán Salim preguntaba entonces a sus ministros acerca del prestigio político del monarca español: “¿Cómo pueden llamar sabio a este Fernando, que ha empobrecido sus dominios para enriquecer los míos?”.

A mí me tomaría 33 años señalar—en Si yo fuera Presidente—una osada pero posible meta nacional:

A fines del siglo pasado, y siguiendo el ejemplo de varias naciones europeas, Antonio Guzmán Blanco decretó la obligatoriedad de la educación elemental o primaria para todos los ciudadanos de Venezuela. Para la época del gobierno de Marcos Pérez Jiménez el título de bachiller todavía significaba algo, al punto de que funcionarios públicos con el rango de directores de ministerio eran tan sólo bachilleres. Eso ya no es suficiente hoy en día; por esto creo que el Estado venezolano debe apuntar a una meta aún más ambiciosa: que el habitante venezolano promedio pueda alcanzar un nivel de conocimientos equivalente por lo menos a tres años de educación superior.

Llegamos a la elección de una nueva Asamblea Nacional luego de años de desentendimiento entre nuestras universidades y los poderes nacionales, de asedio oficial a nuestros centros superiores de conocimiento. Los nuevos diputados debieran colocar como su primera prioridad el aseguramiento de los fondos necesarios al rescate y reanimación de nuestras universidades, pues Harbison tenía razón y nunca es tarde para hacerle caso. LEA

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Nota: al escribir estas líneas, he querido dedicarlas a José Rafael Revenga, Alfredo Anzola Méndez, Antonio D’Alessandro y Ana Blanco Díaz.

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Historia complementaria

 

La MUD hace cinco años y pico

La MUD hace cinco años y pico

Lo que sigue es el texto de una sección—La hija de la Coordinadora—del capítulo VIII (La enfermedad de la victoria) de Las élites culposas, y detalla la cacofónica incompetencia de la Mesa de la Unidad Democrática, tal como se manifestaba en 2009. Sirve de complemento a parte de lo expuesto en Dieciséis años de incompetencia.

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Quien escribe ignora cómo transcurrieron los procesos de deliberación estratégica en el seno de la MUD en 2009 pero, a juzgar por sus resultados, el método empleado en aquéllos debía ser errático, superficial y apresurado. La serenidad parecía estar ausente de esa deliberación, así como la unidad de criterio. En respuesta a la angustia ciudadana causada por la anunciada aprobación de la Ley Orgánica de Educación—13 de agosto de 2009—, líderes de distintos partidos pertenecientes a la Mesa saltaron ante la opinión pública con urgentes anuncios a nombre de “la oposición”, sólo para contradecirse en pocas horas.

El diario El Universal reseñaba, por ejemplo, el 14 de agosto: “El diputado del partido Podemos, Ismael García, anunció que a partir de este momento se declaran en rebeldía y desacato contra el instrumento legal, que calificó de absurdo… Indicó que acudirán al Consejo Nacional Electoral para solicitar un referéndum abrogatorio”.

La misma nota, de Yaneth Fernández y Alicia De La Rosa, recogía la posición de Antonio Ledezma: “Declaramos a todos los sectores democráticos en Venezuela, a los partidos políticos, a los sectores estudiantiles, a los educadores de universidades, liceos y escuelas, a los padres y representantes, a los transportistas, a los comerciantes de los pueblos del país, a los congresantes, a los legisladores, nos declaramos a partir de este momento en lucha permanente en defensa de la Constitución y la democracia venezolana”. De seguidas recomendaba esta novísima táctica: “Convocamos a Venezuela a activarnos esta noche haciendo sonar un gran cacerolazo en rechazo a la Ley inconstitucional. Esta noche a las ocho comenzará el corneteo en calles, autopistas de toda Venezuela y que se hagan escuchar en barrios y urbanizaciones las cacerolas”. No hubo reportes posteriores de cacerolas batientes dignas de reseñar.

Al domingo siguiente el mismo diario titulaba: “Oposición acuerda apoyar referendo abrogatorio contra Ley de Educación”. Daba cuenta de una reunión en la que el alcalde Ocariz había servido de anfitrión: “Alcaldes de oposición del Área Metropolitana, acordaron con la gobernación de Miranda, la Alcaldía Metropolitana, padres, representantes y docentes en contra de la Ley Orgánica de Educación, organizar la convocatoria a un referendo para eliminar este instrumento jurídico”. El primer orador del acto fue Juan José Molina, diputado por Podemos, quien dijo: “… queda el camino de la democracia y solicitar un referendo abrogatorio para seguir viviendo en la democracia que todos estamos acostumbrados”. También hablaron Gerardo Blyde—ex Primero Justicia, también pasado a Un Nuevo Tiempo—, Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) y Carlos Ocariz (Primero Justicia), quien “se comprometió a apoyar a la sociedad civil en la recolección de firmas para el abrogatorio”. Ledezma, dice el periódico, “insistió en la necesidad de hacer un referendo abrogatorio que derogue la Ley Orgánica de Educación ya firmada este sábado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías”. Blyde afirmó: “Hay que borrar [la LOE] del mapa jurídico venezolano y para eso es el abrogatorio”. Cerró el acto el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien contribuyó anunciando la creación del Comando Moral y Luces—siguiendo la pauta de Chávez, que todo lo relaciona con Bolívar—, cuya misión sería la de “solicitar formalmente” a las autoridades del Consejo Nacional Electoral activar un referéndum para “que sea el mismo pueblo venezolano el que apruebe o no la Ley de Educación”.

Esta fase del proceso merece tres comentarios. Primero, la iniciativa popular no solicita; manda, a pesar de la redacción constitucional. Segundo, éste no es asunto en el que debieron involucrarse de manera tan protagónica alcaldes y gobernadores electos, cuya exclusiva función era la de rendir un servicio público en sus respectivas circunscripciones; no podía servir de excusa que Hugo Chávez excediera su función presidencial al actuar como líder del PSUV y meterse en cosas que no le incumbían—fue costumbre sana, ya olvidada, de nuestra democracia liberar de disciplina partidista al Presidente de la República—, y si los partidos mencionados querían estar en aquel acto, sus voceros han debido ser Omar Barboza, Oscar Pérez o Richard Blanco y Julio Borges. Tercero, ya yo había alertado[1] que el camino abrogatorio sería impedido irremisiblemente, sobre la disposición del último párrafo del Artículo 74 de la Constitución: “No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes… que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos…”

No era difícil anticipar que el TSJ, cuya Sala Constitucional mutila la Constitución Nacional sin espabilar, declararía que la LOE era, justamente, un “desarrollo” del derecho a la educación, que es un derecho humano. Le bastaría apuntar a la primera cláusula del Artículo 103 de la Constitución Nacional: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. En consecuencia, un esfuerzo opositor por abrogar la nueva Ley Orgánica de Educación sería, irremisiblemente, trabajo perdido. Se trataba de un espejismo.

Debe reconocerse, por supuesto, que Acción Democrática no participó de tal sarao de apresuradas opiniones, y que Un Nuevo Tiempo anunció poco después su posición oficial de rechazo a la idea del referéndum abrogatorio. Pero no fue sino hasta el miércoles 19 de agosto cuando El Universal reportara:

La determinación de la Mesa de la Unidad contra un abrogatorio se tomó en una reunión plenaria la noche del lunes—según algunas fuentes, a instancias del MAS—en el entendido de que el anuncio de García no contaba con el consenso pleno, existiendo incluso dentro de la cúpula de los partidos posiciones divergentes. Éste fue el caso de Primero Justicia, pues Julio Borges dejó claro que el apoyo expresado a la consulta electoral por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante el acto del domingo en La Urbina, no contaba con el respaldo de la dirección nacional, confió uno de los asistentes al pleno… El secretario general de COPEI, Luis Carlos Solórzano, sí estima procedente impulsar un referendo contra la LOE, pero ninguno de los directivos de ese partido asistió a la reunión del lunes. Asimismo, las versiones coinciden en que en el debate, tanto Acción Democrática como La Causa R presentaron posiciones institucionales firmes desde el principio en contra de esa posibilidad… En cuanto al MAS, la posición inicial favorable expresada de manera pública por sus dos coordinadores nacionales, José Antonio España y Nicolás Sosa, debió ser reconsiderada tras la demanda del resto de los miembros de la dirección naranja por una posición colegiada.

También anotó el diario: “…otro dirigente, molesto por las marchas y contramarchas estratégicas de la alianza de oposición, estuvo en desacuerdo con responsabilizar a García exclusivamente y puso de bulto la concatenación de sucesos, pues tras la rueda de prensa del viernes—recalcó—se realizó el acto de calle en Chacaíto y el pronunciamiento de los alcaldes del Área Metropolitana de Caracas y del gobernador de Miranda a favor del abrogatorio, de modo que, a su juicio, hay una responsabilidad compartida en el apresuramiento del anuncio y el costo político que deberán pagar ahora una vez reconsiderada la decisión”.

Una vez muerta la peregrina noción abrogatoria, sin embargo, parecía que la Mesa de la Unidad buscaba una ganga: la décima parte de las firmas requeridas para forzar una consulta de abrogación. El lunes 24 de agosto continuó informando Carolina Contreras en El Universal: “Henrique Capriles Radonski, Gobernador de Miranda, acudió en representación de la Mesa de Unidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar un mecanismo que permita la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) vía iniciativa popular”. Y citó al mandatario mirandino, quien habría dicho: “Ya que se negó el referendo abrogatorio (…) el artículo 204 de la Constitución, 205 de la Constitución establece claramente de un 0.10% de los electores inscritos en el CNE pueden solicitar la reforma de una ley. Es decir que el Consejo Nacional Electoral tendría que fijar el mecanismo para que nosotros podamos a buscar la voluntad de ese 0.10% de electores”. (Sic, sic, sic).

Bueno, en primer término, la iniciativa popular de las leyes puede ejercerse con 1% de los electores, no con 0,1%, como señalaba Capriles mal informado, suponiendo que no hubiera sido citado incorrectamente. Luego, la iniciativa popular no puede reformar ninguna ley; tan sólo puede introducir un proyecto de reforma, cuyo destino será determinado por la Asamblea Nacional, hecho que lleva a otras consideraciones.

Para empezar, el Artículo 205 de la Constitución reza: “La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”. Si hubiera sido seria la intención de la Mesa de Unidad, lo más rápidamente que habría podido actuar sería recoger las firmas a tiempo para introducir el proyecto de reforma antes del 15 de diciembre de 2009, cuando concluía el segundo período de sesiones ordinarias de 2009. En tal caso, la Asamblea tendría la obligación de iniciar—no necesariamente concluir—la discusión del proyecto antes del 15 de agosto de 2010. A Cilia Flores le bastaría dar la palabra a un solo orador que “iniciara” la discusión el mismo 15 de agosto de 2010 en horas de la tarde.

Pero el obstáculo principal—que remitía al recuerdo de la pretendida enmienda de recorte de período en 2002—era que la misma Asamblea Nacional que acababa de aprobar la Ley Orgánica de Educación habría sido el órgano encargado de discutir y aprobar, o más probablemente rechazar, un proyecto de reforma introducido por iniciativa popular, así llegara respaldado por dieciocho millones de firmas, o el registro electoral en pleno. La Constitución no garantiza que un proyecto de ley introducido por iniciativa popular será aprobado. ¿En qué cabeza cabía, pues, que era una idea medianamente productiva la introducción de un proyecto de ley que negase lo que la asamblea de Cilia acababa de aprobar?

Así estaban las cosas, pues, con la oposición formal venezolana. Si la Mesa de la Unidad no volvía a revertir la actuación de su delegado, Henrique Capriles Radonski, para deslindarse de tamaño desatino, ya no tendría un chivo expiatorio, como en el caso de Ismael García, a quien atribuir el nuevo apresuramiento y la nueva equivocación, después de que ella convocara una enésima marcha de protesta en seguimiento de aquella profunda máxima estratégica de que había que “calentar la calle”.

La representación de Capriles, por otra parte, revelaba holgazanería política en la Mesa de la Unidad. Cuando todos los estudios de opinión reportaban rechazos muy mayoritarios a casi toda ejecutoria reciente del gobierno, se conformaba con captar la aquiescencia de uno por ciento de los electores, lo que ciertamente era más barato que diez por ciento de ellos.

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[1] En la Nota Ocasional N˚ 21 de doctorpolítico, del 15 de agosto de 2009.

 

LEA

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Libro gratis en .pdf

La portada que diseñara Aitor Muñoz Espinoza

La cubierta que diseñara Aitor Muñoz Espinoza (clic para ampliar la imagen)

 

…un texto llamado a ser tomado en cuenta por quienes ahondan en el estudio del gran problema venezolano del poder.

Ramón J. Velásquez

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En la práctica agotada la primera edición de Las élites culposas, la situación de la industria gráfica nacional hace difícil una segunda. Por tal razón, he creído conveniente poner a disposición del público general su texto íntegro, ofreciendo acá el archivo en formato .pdf a partir del cual se imprimiera. Abajo, pues, hay un enlace para descargar el libro completo.

La obra es la historia de un cuarto de siglo de política venezolana, vista con los ojos de alguien que fue testigo o actor de reparto en unas cuantas de sus peripecias. Concluye el recuento a fines de 2012, habiéndolo comenzado poco antes de la campaña electoral de 1988. Vista en conjunto, la trayectoria recorrida permite explicarse la llegada del chavismo al poder. Un capítulo último intenta penetrar en el futuro, e incluye este juicio: “Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre”.

Pero no es el libro una lectura pesimista, sino un llamado a la acción correctora:

Es de esperar que el pueblo venezolano aprenda de estos años terribles, tal como los alemanes—hoy la nación más sólida de Europa y no sólo económicamente—pudieron aprender de una de las dictaduras más espantosas que ha sufrido alguna parte de la humanidad. Pero no puede dejarse eso al azar. Es preciso educar al Pueblo, es necesario elevar su cultura política. Es ineludible hacer una política responsable y seria, que abreve de las más modernas nociones aportadas por la ciencia. Es urgente identificar y ayudar a liderazgos más modernos y clínicos. Es imperioso acercar recursos a cabezas nuevas que tienen otro enfoque de la tarea política, que discurren acerca de las implicaciones concretas de la vocación política desde nuevos paradigmas.

Esto es así porque la política ideológica está en crisis en todo el mundo; Carlos Fuentes dejó un último artículo antes de morir—Viva el socialismo. Pero…—; en él alude a “este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha”. Las peculiaridades del problema político venezolano impiden percatarse de ese problema de fondo.

Tal vez tenga razón Victoria De Stefano en su nota prologal a Las élites culposas:

…si bien registra las raíces del proceso, la cronología y secuencia de los acontecimientos con rigor de archivista, sin derrotismos y sin optimismos vacuos, sin sacrificar la anécdota pertinente y las esclarecedoras ironías o humoradas que muchas veces comportan, también se eleva por encima de ellas y, lo más importante, por encima de las tendencias en conflicto para un mejor diagnóstico de las opciones democráticas a las que, en nombre de su salud y sobrevivencia, debiera apostar nuestra voluntad colectiva.

Es con placer que obsequio a los lectores de este blog mis Memorias imprudentes. LEA

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Para descargar el libro v.8.0_Las élites culposas_v. imprenta para revisión_27.03.2012

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Rechazo de la osadía

Rechazo de la osadía es el título de una sección en el Capítulo VIII (La enfermedad de la victoria – 2007-2009) de Las élites culposas, publicado en 2012 bajo el sello editorial Libros Marcados, de Fausto Masó. Da cuenta del nacimiento de la idea de promover un referendo consultivo sobre el establecimiento en Venezuela de un sistema político-económico socialista. El Sr. Masó expuso la idea como suya, sin hacer referencia al antecedente, en su programa de radio con Roberto Giusti (Golpe a golpe) del viernes 28 de febrero de 2014 y, al día siguiente, en su artículo de los sábados en el diario El Nacional. En la misma emisora (Radio Caracas Radio), por mi parte, había comenzado a replantear la receta, que ya va para cinco años, desde el programa #72 de Dr. Político en RCR (7 de diciembre de 2013) y casi que desde entonces en toda emisión sucesiva ha sido discutido el tratamiento con los oyentes. (Incluyendo la de ayer: La renuncia de Diosdado Cabello). Antes de la “iniciativa” del Sr. Masó, en este blog, de cuyas entradas él recibe aviso por correo electrónico, se ha planteado la proposición reciente y frecuentemente (Desarreglos simétricos, La salida, Se cambia protesta por propuesta, etcétera). Es perfectamente posible que el Sr. Masó ignorara, como me asegura, esta última secuencia, y que no supiera de lo dicho en un programa que se transmite por donde él lo hace; pero, o ha olvidado que lo dije también en un libro de su sello o no lee lo que publica. Abajo, se reproduce parte de la sección aludida. LEA

(Actualización: a las 9:38 a. m. de hoy, recibí un correo electrónico del Sr. Masó, que pone: “en mi  programa de radio dire que tu hablaste antes del referendum sobre el socialismo”. Un minuto después, envío un segundo correo: “te agradeceria me sacaras de la lista de personas que reciben tu email sobre tu programa y el Doctor Politico. saludos”. Ya lo he complacido).

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Editor olvidadizo o negligente

Solo convocando a algún tipo de consulta electoral Nicolás Maduro acabará con la protesta popular, una consulta que se realizase con un nuevo CNE, y preguntase al país si quiere aplicar un modelo socialista, por ejemplo.

Fausto Masó, Dos salidas para Nicolás Maduro. El Nacional, 1º de marzo de 2014

Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo.

Código de Ética Política de Luis Enrique Alcalá

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Rechazo de la osadía

Para ese entonces ya yo había recomendado agarrar el toro por los cachos y plantear un referéndum consultivo frontal, capaz de parar el trote a Hugo Chávez Frías: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”

Pero la dirigencia opositora formal no conseguía fuerzas para atreverse, e iba a suplicar al Consejo Nacional Electoral una gracia que no correspondía a ese órgano conceder. La errática y equivocadísima conducta de esa dirigencia la revelaba, una vez más, como políticamente incompetente, sólo capaz de meter en el corral la numerosa cantidad de pretendientes de oposición a alguna candidatura.

La situación reclamaba a gritos una nueva formación política, construida sobre la base de un código genético distinto del de los partidos tradicionales, capaz de unir al país y de hablar a la inmensa mayoría no alineada, que veía con horror la perniciosa, abusiva y arrogante trayectoria del gobierno y con atónita incredulidad la supina ineficacia de los partidos de oposición.

(…)

Como acabo de decir, yo había propuesto el 23 de julio de 2009:

Todas las encuestas que ha podido conocer quien escribe han dado recientes datos bastante similares. Por ser representativo del conjunto, limitemos los números a un solo estudio: el informe final del Monitor Socio-Político de Hinterlaces del 1˚ de junio de este año. Este estudio “cuantitativo y cualitativo” registra lo mismo que otros investigadores reportan: que una mayoría de los consultados rechaza las políticas más recientes del Ejecutivo Nacional y sus demás poderes sumisos.

En particular, por ejemplo, Hinterlaces (Oscar Schemel) mide 68% de desacuerdo con la nacionalización de empresas y haciendas ordenada desde la Presidencia de la República. (Quienes están de acuerdo con esa medida alcanzan sólo al 28%. Cuatro por ciento no quiso o no supo responder). Por ejemplo, según el estudio referido, 63% estima que esa medida pudiera afectar a la propiedad privada de todos los venezolanos. (Treinta y tres por ciento no cree tal cosa). Por ejemplo, 68% está de acuerdo con la propiedad privada que apoyan los empresarios y no con la propiedad colectiva propuesta por el presidente Chávez. (Veintisiete por ciento dice preferir la propiedad colectiva sobre la privada).

Y 57% no aprueba el establecimiento del “socialismo del siglo XXI” en el país, frente a 35% que lo aprueba. Y si ese socialismo fuera como el cubano, la desaprobación asciende a 87% y la aprobación desciende a 9%.Y 83% expresa desacuerdo con la idea de que es malo ser rico. (Once por ciento expresa acuerdo). Y 86% no piensa que ser pobre es bueno. (Diez por ciento sí lo cree). Y 80%—contra 16%—no concurre con la idea de que todos debemos ser iguales para que no haya ricos ni pobres, como sostiene que ocurriría el Presidente de la República.

En suma, la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista, a pesar de lo cual Rafael Ramírez, bajo su casco de Presidente de PDVSA, proclama: “PDVSA está con Chávez. PDVSA está con la revolución… Quien no esté en un comité socialista es sospechoso de conspirar contra la revolución”.

¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar.

La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad, de una consulta que le pare el trote a Ramírez y a su jefe.

No obstante, lo que era una recomendación de perfecta lógica política, fue torpedeada insistentemente, con evaluaciones ligeras o interesadas y aun con descaradas mentiras. Yo había llevado la proposición, del espacio de correo electrónico de mi carta semanal, al más abierto del blog que inicié en noviembre de 2009, donde inserté varios artículos de promoción de esa iniciativa.

(…)

Por supuesto, el mismo referéndum podía ser convocado, sin mayor esfuerzo, por el presidente de la República en Consejo de Ministros, quienes acatan su voluntad sin la menor resistencia. Si Hugo Chávez hubiera creído entonces que saldría airoso en una consulta sobre la conveniencia del socialismo para Venezuela, ya la habría convocado. La Sala Situacional de Miraflores, por otro lado, es asidua visitante de mi blog y era infaltable lectora de mis cartas semanales, según lo sé por fuentes confiables, incluyendo una de la misma sala que admitió precisamente eso en comunicación que me dirigiera. El 2 de junio, dos días después de mi proposición de consultar al Soberano el día de la votación para elegir la Asamblea, Chávez regresó al reto que reiteraba desde hacía meses: que la oposición convocara un referéndum revocatorio y que éste podía celebrarse junto con las elecciones parlamentarias, copiando mi prescripción temporal. Según el Presidente, el CNE estaba en perfecta capacidad de organizar la cosa en cuatro meses.

Pero no hubo más adhesiones significativas a la idea. En el mes de julio, inicié un contacto con gente conocedora del mundo informático, pues de nuevo pensé que podía emplearse la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas para activar la convocatoria. Quien me fuera presentado como el experto que resolvería todo—no lo mencionaré—quiso convertir la cosa, ya ampliada a la acción de una organización política nueva, a un proyecto de negocios con el que ganaríamos mucha plata, y poco después la cercanía del 26 de noviembre hizo definitivamente inviable la iniciativa.

Ángel Graterol Monserrate, miembro de la Comisión de Finanzas de la MUD, escribió en mi blog el 31 de mayo de 2010: “Es un proyecto interesante. Sin duda la respuesta no será favorable al régimen. ¿Que haremos después? Recordemos cómo el régimen ha desconocido totalmente los resultados del REF. 2007”. Le contesté de esta manera:

Como dices, aun perdiendo un referéndum de tal naturaleza, el gobierno rebusca rutas alternas. Sin embargo, no transgrede todos los límites (no todo lo rechazado en 2007 pudo hacerlo, y sólo se atrevió a replantear en 2009 el tema de la reelección indefinida). Además, un resultado adverso en punto tan claro sería un puñetazo clarísimo en medio de la frente. Para usar una frase del mismo Chávez: se detendrían todos los motores de la revolución.

No conozco una proposición mejor, y de esto se trata. Es preciso actuar, y por tanto hay que proponer. En agosto de 2005 repetí una consideración que ya había hecho en febrero de 1985, veinte años antes:

Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.

¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:

a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.

b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.

c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que ésta no explica o soluciona.

d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).

También decía hace 25 años:

En ausencia de estas condiciones para su sustitución, la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.

Es obvio que esa racionalidad no predominó entre los dirigentes de oposición en el año 2009.

luis enrique ALCALÁ

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