Miguel Castillo ha muerto esta tarde

 

 

En recuerdo de Miguelito

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De indignado luto

Los de mi familia conocimos a Miguelito, fallecido hoy a manos de un guardia nacional “bolivariano” que le disparara, en el colegio San Ignacio cuando era un niño; era el hermano menor de un compañero de pupitres y de béisbol de mi segundo hijo varón. El Mismo País (Rafael Poleo) puso ya una foto más bien borrosa del guardia atacándolo por la espalda*, pero Juan, su hermano mayor, el compañero de mi hijo, dio su testimonio en mensaje de voz desde Chile:

 

Se ha ido un joven venezolano de 27 años, pero no fuera del país, como su hermano, sino de la vida. Su madre, nuestra amiga, se está quedando sola con el corazón roto.

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En 2013, Henrique Capriles Radonski amenazó con una manifestación de calle porque le habrían robado la elección del 14 de abril. Luego la desactivó porque “podría haber muertos”, lo que criticaron Ma. Corina Machado y Germán Carrera Damas conversandito (fueron ilegalmente grabados). Este año Capriles ha patrocinado, junto con otros conductores políticos, unas cuantas marchas; ya no calcula las víctimas. En la treintena de muertes de esta temporada postguarimbera, no hay la de ningún dirigente de la oposición.

Hace un año, una persona muy cercana a la MUD me puso: “La buena noticia es que la crisis continúa” (!?) Y hoy vi en Facebook un comentario que decía: “La calle y nuestros jóvenes valientes es lo único que nos queda. Hay descontento en los militares. Algún héroe saldrá de su hueco, Dios mediante”. Hace unos años, escuché en alguna peña: “Lo que hay que hacer es provocar un segundo Caracazo”, y luego de la marcha precursora del 23 de enero de 2002, alguien comentó en nuestra casa: “Está muy bien, pero hasta que no pongamos unos muertos no saldremos de esto”. Se pusieron poco después, el 11 de abril de ese año. La locura. Gente como ésa, ni joven ni valiente, dirá que la muerte de Miguel es “una buena noticia”.

No es cierto que la calle es “lo único que nos queda”. Por ejemplo: Prontas elecciones. Con algo como eso se evitaría otras muertes. LEA

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*Un video que corresponde a la escena de la foto que publicara El Mismo País parece contradecirlo y también a Juan. No puedo asegurar que el joven que aparece en ambos documentos (video y fotografía) fuera Miguel Castillo Bracho. En todo caso, Miguelito ya no está entre nosotros.

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¿Preguntas sin respuestas?

 

Acusando recibo de comunicación de Elías Jaua

 

La Mesa de la Unidad Democrática ha remitido ayer al ministro Elías Jaua un escrito de rechazo a la invitación que éste le hiciera—como Presidente de la Comisión Presidencial que propondrá las bases comiciales para elegir la asamblea constituyente convocada el 1º de mayo—a fin de explicar los propósitos del gobierno. Pero más que rechazo a esa invitación, es un rechazo a la idea misma de la constituyente y a la legitimidad de la convocatoria. El documento es doble, siendo lo primero una presentación de lo segundo, un texto encabezado con este título: La MUD frente al fraude de la dictadura. Esto último es un inventario de lo que la organización opositora estima políticamente relevante a partir de 2015 hasta la fecha (y que deja de mencionar la historia desaparecida); lo que va más al caso de aquella iniciativa es la carta previa (covering letter), que al inicio mismo declara:

Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.

La MUD, por tanto, ha acogido la equivocada tesis de Allan Randolph Brewer Carías (¿Presidente de la Sala Constitucional en el exilio?): “El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”. Uno se pregunta, si la Constitución quisiera significar eso ¿por qué la redacción del Artículo 347 no dice “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, sólo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, en lugar de “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”? (No dice ese artículo que nadie más puede convocarla, y el Artículo 348 contempla que 15% de los electores—la iniciativa popular que es parte representativa de ese Poder Constituyente Originario—puede hacerlo además del Presidente y la Asamblea). Si fuera cierta la afirmación de la MUD—”Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo”—, ¿por qué el 348 no dice “La iniciativa de convocatoria a un referendo, para consultar si el pueblo quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente, podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” etc., en lugar de “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”? Si fuera necesario ahora un referendo previo—como el del 25 de abril de 1999, necesario entonces puesto que en ese momento la figura de constituyente no estaba contemplada en la vigente Constitución de 1961—, ¿por qué no bastaría un referendo consultivo ordinario y por qué especificó la Constitución actual en su Artículo 348 requisitos más exigentes que los de mayoría simple de la Asamblea Nacional y 10% de los electores (Artículo 71), que eran, de nuevo, los que prescribía desde 1998 el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que se empleó en aquella ocasión y bastó? ¿Por qué el 348 estipula dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los electores en la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No será porque el Artículo 348 está hablando de una convocatoria directa a constituyente y por eso exige condiciones especiales más astringentes? ¿En qué viola la convocatoria presidencial directa de una asamblea constituyente la prescripción del Artículo 5? (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). ¿No es un ejercicio indirecto de la soberanía que el Presidente de la República, uno de “los órganos que ejercen el poder Público” y elegido “mediante el sufragio”, convoque a constituyente? (¿O, si a ver vamos, indirectamente la Asamblea Nacional, que también es un poder que ejerce—o debiera ejercer—el Poder Público e igualmente se elige mediante el sufragio?) Por último, ninguna nueva constitución puede entrar en vigencia sin un positivo referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario, el Pueblo, en el que precisamente reside intransferiblemente la soberanía. (Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿Cómo es que se viola el Artículo 5 si en último término es el Pueblo quien debe aprobar la constitución resultante de una asamblea constituyente, convóquela quien la convoque? (Por cierto, la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo).

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Luego está, naturalmente, lo de “votaciones sectoriales y territoriales”. Hasta ahora, no se conoce lo que será la proposición de las bases comiciales de la elección de la constituyente ya convocada válidamente. El decreto 2.830 del 1º de mayo no menciona esa distinción sectorial-territorial respecto de las votaciones mismas, sino que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales”. (“¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán ‘todos los trabajadores y empresas’ o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe”. En La lidia fácil). En cambio dice: “mediante el voto universal, directo y secreto”. La pretenciosa redacción llama, por supuesto, a la peor de las interpretaciones, pero son hipótesis del suscrito que 1. el gobierno de Maduro, luego de rebeliones internas recientes que causaron la reversión de las infames sentencias 155 y 156, y dado el muy mayoritario repudio del gobierno en la opinión nacional, no tiene la fuerza política para imponer la distorsión que la MUD cree es su intención, y 2. ha empleado intencionalmente subterfugios para irritar a la oposición y provocar la conducta apresurada que ha exhibido. (Ver, de nuevo, La lidia fácil, con argumentación que pudiera estar equivocada). Pero es que se ha hecho práctica común en el debate político venezolano la atribución de intenciones al adversario de las que no se tiene constancia: “Lo que busca Ramos Allup…” o “lo que pretende Istúriz…” En esta práctica incurre la misiva de la MUD a Jaua: “se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio”, “El objetivo de Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria constituyente no es otro que eludir la [responsabiidad de] restablecer el derecho al sufragio en Venezuela…” Eso de lo que busca o lo que pretende el adversario es lenguaje de moda.

No puedo saber exactamente cuáles son los propósitos del Presidente de la República, pero parecieran patentes sus logros:

El efecto político inmediato es múltiple: en primer lugar, desarma, entorpece o debilita las protestas y exigencias opositoras, empequeñecidas por la portentosa presencia de un proceso constituyente. Luego, desinfla bastante la presión internacional; ¿cómo se puede llamar dictador a quien convoca elecciones, según prevé la Constitución, para que opere una asamblea constituyente? Por último, compra tiempo; con esta “salida”, Maduro prácticamente se asegura como Presidente hasta el 10 de enero de 2019. (#lasalida de Maduro (primera parte)).

A eso, postulado prematuramente el mismo 1º de mayo, puede añadirse la débil actitud de negación inducida en la MUD; como puse en La lidia fácil, la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes. Siendo que una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo, ella podría obliterar cualquier intención—que pongo en duda—de constituyente “comunal” o de composición “sectorial”. (Al recibir el golpe del triunfo opositor del 6 de diciembre de 2015, Diosdado Cabello instaló, en la agonía del parlamento que presidió, un tal “parlamento comunal” al que “primeramente” debía responder la Asamblea elegida aquel día; ni siquiera ha vuelto a mencionar el asunto ni a procurar que la Sala Constitucional convalide su monstruoso invento, menos ahora cuando una nueva sesión del Consejo de Defensa de la Nación pudiera “exhortarlo” a abandonar su pretensión). Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos.

Puedo, admito de nuevo, estar equivocado. (No creo que en lo de la interpretación legal, sino en eso de andar postulando propósitos no tan aviesos pero sí traviesos para tomarle el pelo a los de la oposición, aprovechando que ya Jesús Torrealba no manda en la MUD, en la que fue elegido a su coordinación pero no, según dijo, por su “frondosa cabellera”). LEA

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La lidia fácil

Necesitamos que trabajen

 

Al Dr. Antonio D’Alessandro Martínez, curioso en estos temas

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En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Antonio Machado

Una coral de muchas voces opositoras—diputados, líderes no investidos como tales, obispos, académicos, articulistas, jurisconsultos—canta la misma letra con acompañamientos musicales propios de cada cuerda: la asamblea constituyente que el Ejecutivo Nacional convoca es un fraude, una continuación del “golpe” (autogolpe de Estado), algo que el país debe repudiar. El madurismo, creo, ha incitado esta reacción a conciencia y se está divirtiendo mucho con eso. De allí los trapos rojos que el matador y sus banderilleros agitan, ante la cara de un toro heterógeneo que en cada embestida amella sus pitones.

Primero fue, por supuesto, el anuncio “histórico” en la Avda. Bolívar de Caracas, el único teatro que resta al oficialismo para simular asistencias masivas a sus convocatorias de calle. En día 1º de mayo, Maduro habló de “la clase obrera y el Pueblo” como convocantes de la constituyente, y agitó el capote de una constituyente “comunal”. Poco después hablaría Borges para repudiar la noción y empleó la misma construcción de “la clase obrera y el Pueblo”; claro, se trataba del Día del Trabajador, y a los trabajadores se les entiende como los miembros de la “clase obrera”; son sinónimos, pues.

En ese momento, no se conocía la redacción del decreto de convocatoria. En horas de la noche, Nicolás Maduro firmaba el decreto que sería publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (6.295) de ese mismo día; después de toda su paja histórica, protagónica, multiétnica, endógena y biométrica (basta de esdrújulas), el Artículo 2 del decreto estableció: “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”. (En la jerga política, tanto oficialista como opositora, la palabra Pueblo con la que se llenan la boca se escribe con inicial minúscula). El empleo del término “sectoriales” reforzó el temor de que la tal asamblea se compondría corporativamente, a lo Mussolini, a pesar de que la redacción especifica “mediante el voto universal, directo y secreto”. Entonces el matador dejó a sus asistentes el trabajo de marear al toro.

El Vicepresidente Ejecutivo de la República ofreció su capote: “por primera vez en 200 años de historia venezolana, los transportistas van a tener sus propios constituyentes en la Asamblea Nacional”, y añadió Tareck El Aissami en defectuosa sintaxis: “Queremos darle al transportista rango constitucional, todas las políticas del órgano superior y estén presentes en la constitución”. Bueno, muchos que no somos transportistas quisiéramos ostentar rango constitucional, y en 1817 no existía el sector de los transportistas; había, por supuesto, carreteros, y algunos mantuanos eran llevados por calles empedradas en sillas rodantes con tracción animal de los pardos; una que otra carroza había, pero esa declaración no es sino una muestra más de la “historia” que cuentan los socialistas aborígenes para cautivar a incautos admirados:

Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, declaraba ayer al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia…” (…) Erika Farías reconoce que los problemas subsisten, pero dice que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver los que datan de hace tres mil (aparentemente ha logrado precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario). (En Retórica cuatrofeísta, 5 de febrero de 2015).

El jefe de los banderilleros—dirige la comisión presidencial nombrada ese mismo primer día de mayo para el resto de los trámites—prosiguió la faena intermedia con la misma técnica de incitación y mareo; así, hoy reporta El Universal que Elías Jaua “Señaló que el proceso estará comprendido por dos circuitos, uno territorial que le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizarlo y uno sectorial donde participarán todos los trabajadores y empresas registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán “todos los trabajadores y empresas” o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe.

Entretanto, la oposición es invitada a reunirse con la comisión que Jaua preside para escuchar sus pareceres ¡y se rehúsa! (Hasta Henri Falcón se niega, en esta fase del proceso en la que parecen urgidos por desmarcarse de Maduro un hijo del Defensor del Pueblo y Gustavo Dudamel). Así se sirve la mesa al gobierno, que proclamará a los cuatro vientos: “¿Cómo es eso de que la convocatoria a constituyente es ‘unilateral’, si los invitamos a conversar de ella y ustedes se niegan?”

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El asunto de las bases comiciales para la elección de una constituyente no está normado. Tan sólo existe el precedente de las empleadas en 1999. (Ver #lasalida de Maduro (primera parte)). El campo está prácticamente abierto para un órgano cuya función principal es, precisamente, dotar de normas a la vida de la ciudadanía y su Estado, y ese órgano no es otro que la Asamblea Nacional. A comienzos del año pasado se habló de una Ley de Referendos que hubiera podido sobrepujar a los reglamentos de referendos revocatorios (tres) que el Consejo Nacional Electoral aprobó en 2007, pues una ley es de rango superior al nivel reglamentario. Nunca más se supo de tal intención.

Ahora podría aprobar la AN una ley brevísima que regule la elección de diputados constituyentes, y ella predominaría sobre el nivel reglamentario que es el único existente entre el Presidente y el Consejo Nacional Electoral. Claro, para que esto sea posible, la Asamblea debe recuperar su eficacia; el 22 de octubre del año pasado se le proponía en Prontas elecciones:

Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados…”

¿Por qué se ha resistido la Asamblea Nacional? ¿Qué espera Julio Borges para levantar el teléfono e invitar a Maikel Moreno a almorzar para arreglar ese asunto?* En vez de esto, ha ido a Washington a reunirse en la Casa Blanca con Herbert McMaster—¡el Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump! (¿qué pito toca este peligroso especialista en nuestros asuntos venezolanos?)—tal vez porque el Chapulín Colorado Almagro ha quedado fuera de juego, pues ya no tiene sentido suspender a Venezuela en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos—la sanción màxima prevista en la Carta Democrática Interamericana—, dado que Venezuela ha optado por salirse de ella; no se puede botar de una fiesta a quien se ha retirado hace rato.

La resistencia de los diputados a volverse eficaces configura, a mi modo de ver, un desacato incluso más grave: el desacato a los Electores, que los pusimos allí para que legislaran, para que pudieran hacerlo. Entretanto, ellos y el elenco protagónico de la MUD siguen embistiendo en el aire. LEA

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Post scriptum: habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

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* Ayer puse en correo electrónico a quien he dedicado esta entrada: “En efecto, los diputados en discordia solicitaron su desincorporación poco después, el 15 de noviembre, pero (…) Ramos Allup no procedió a la desincorporación oficial y se limitó a observar: ‘Hemos tomado nota’. Así las cosas, el 8 de enero, en trámite previo a la locura de la declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro, Borges procedió oficialmente a la desincorporación; la quisquillosa Sala Constitucional dijo que ese procedimiento no había valido porque la elección misma de Borges como Presidente de la AN era nula, por haberse producido mientras persistía el desacato. A raíz de eso argumenté en mi programa que la postura del TSJ era excesiva, que ha podido limitarse a invalidar aquellas actuaciones de la AN en las que los diputados objetados hubieran participado y que ellos no habían tomado parte en la elección de Borges. En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ, pero la AN no ha querido disolver el conflicto de poderes, pues el TSJ comenzó el año excitando a la Asamblea a arreglar la situación. Parece preferir el papel de víctima para ir a quejarse ante Almagro”.

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De Facebook como Coliseo

 

Que lo echen a los leones

 

El 9 de marzo de 2011, Henry Ramos Allup declaraba a Ciudad Ccs: “La política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, no ideales ni visiones”.

El 16 de enero de 2013, luego de tomar posesión como Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski declaró en referencia a algunos compañeros de la MUD: “Muchas veces te ponen la mano en el hombro y después le están clavando a uno el puñal en la espalda”.

El 12 de abril de 2016, Jesús Torrealba explicaba en la Fundación Espacio Abierto, que dirige Luis Manuel Esculpi: “Yo debo decir que desde el 3 de enero de este año la dirección política de la unidad democrática está severamente aquejada por falta de coherencia y organicidad”. Que las cosas marcharon en armonía allí hasta el día 3 de enero cuando no se obtuvo un acuerdo para elegir al presidente de la Asamblea Nacional y que, por tanto, se tuvo que ir a una elección, que fue lo que produjo un impacto interno. “Ese impacto fue que nuestros compañeros de Primero Justicia, mis hermanos, dijeron: ya va, el G-4 es una estructura que funciona sobre la base de la confianza, y esta confianza ha sido resquebrajada. Esto ya no es un G-4, sino que es un 3 contra 1”. Añadió que a partir de ese momento el grupo ejecutivo tampoco ha podido funcionar porque no tiene normas acerca de cómo tomar decisiones, y que en esta situación se había atravesado un trimestre completo, y un trimestre, a su juicio, en el que había pasado de todo, y argumentó que estas cosas se permitía decirlas públicamente en su carácter de dirigente político independiente “porque hay la necesidad urgente de remediar esta situación, ya que la unidad no se trata de una conquista que le pertenece a los partidos políticos, sino a todos los venezolanos”.

Hace nada, María Corina Machado amenazaba con retirar a Vente Venezuela de la Mesa de la Unidad Democrática y declaraba (9 de febrero de 2017) al diario Tal Cual: “Durante mucho tiempo no hubo reuniones en la MUD y ni siquiera había dónde expresarlo. Es un momento de profunda autocrítica para aprender de los errores y para hacer las cosas muy distintas. Creo que uno de los errores fundamentales en los cuales incurrimos en Vente y yo asumo mi responsabilidad directa fue no haber hecho público esas posiciones de profundas diferencias. Las puse por escrito, las dije en encuentros informales, pues no había espacio porque la MUD no se reunía”.

Pero se le ocurre al papa Francisco observar en contestación a una entrevista improvisada lo siguiente acerca de las nuevas peticiones al Vaticano: “Es curioso… la misma oposición está dividida”, y se le llama comunista, se le quiere lapidar y se celebra en Facebook una caricatura de Edo en la que se lo representa como Poncio Pilatos.

Alguien se limitó a comentarme que el Papa había sido inoportuno. La verdad, aunque a veces resulte incómoda—Terencio: “La verdad engendra odio”—, nunca es inoportuna. LEA

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#lasalida de Maduro (segunda parte)

Actualizado con nota al pie y facsímil de los decretos de Nicolás Maduro en la Gaceta Oficial. (Cortesía de Gonzalo Pérez Petersen).

Karim Benzema en posición fuera de juego

 

El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. Este refrán ilustra la segunda de dos posibilidades a considerar en la jugada de Nicolás Maduro, al anunciar que convocará una asamblea constituyente. La primera es que, en efecto, se propone convocar una constituyente “comunal”, en frontal negación de nuestra constitucionalidad; Maduro no posee la fuerza política para forzar algo así, sobre todo luego de la rebelión de Luisa Ortega Díaz ante el Tribunal Supremo de Justicia y la menos vistosa del subsiguiente voto salvado de la magistrada Marisela Godoy. En cambio, puede haber incitado esa interpretación con lenguaje de mitinesca arenga para desatar las apresuradas condenas de sus opositores—Borges, Ramos Allup, la cancillería brasileña, el gobierno de los EEUU…—y luego dejarlos off-side, fuera de juego, al haberse adelantado a lo que probablemente sean unas bases comiciales que no diferirán grandemente de las elecciones uninominales de diputados constituyentes en 1999, según el modelo de Chávez que pautó una circunscripción nacional (29 diputados) y las consabidas circunscripciones regionales.*

Cuatro opositores en azul

Fueron creadas dos grandes coaliciones para la elección: Polo Patriótico, que consistía del Movimiento Quinta República, el Movimiento al Socialismo, Patria Para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo y otros grupos menores; y Polo Democrático, consistente de Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y Convergencia. Se presentaron en total 1167 candidatos para los 128 cupos de elección directa —los 3 restantes estaban asignados a representantes indígenas—. (Wikipedia en Español. Es digno de notar que Proyecto Venezuela presentó candidatos a lo que su líder máximo, Henrique Salas Römer, calificó un año antes como “un engaño y una cobardía” [la constituyente], en calificación precursora de la de Julio Borges de ayer).

Si la segunda conjetura es la correcta, ella no constituye innovación táctica; ha sido siempre procedimiento chavista ordinario excitar a sus opositores hasta una desazón que disminuya su eficiencia de combate:

El opositor patológico es adicto al objeto de su oposición. Si Chávez no ha dicho nada últimamente siente una desazón de carácter obsesivo-compulsivo y busca encontrar en el territorio de alguna gobernación, o un municipio fronterizo una manifestación más de la maldad de su régimen. Pero, atraído irremisiblemente hacia el objeto de su odio, como quien se deja cautivar por la mirada de una serpiente, como mariposa que busca la lumbre en la noche (así se achicharre), procura estar enterado de todos los pasos del actual Presidente de la República, y esto realimenta su angustia, su odio, su estrés. Chávez sabe que causa ese efecto y disfruta dando pie a que esas emociones cundan en el número de sus opositores; hace a propósito lo que él presume que causará mayor irritación a sus opositores. El niño es llorón y la mamá lo pellizca. (Enfermo típico, 26 de enero de 2006).

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Además de las denuncias que aún no tienen base—”es una estafa al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de estado en Venezuela” (Borges)—, aparecen los esperables argumentos jurídicos para decir que Nicolás Maduro “no puede” hacer lo que se propone. Uno particularmente peregrino proviene del afamado jurista Allan Randolph Brewer Carías:

“El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”, así lo advirtió Allan Brewer-Carías, miembro de la Constituyente de 1999 en Venezuela en una entrevista este lunes a CNN y publicado además en su cuenta en Twitter. El ex constituyentista indicó que sólo el pueblo mediante referendo puede hacer esta convocatoria, pero fue claro al afirmar que el presidente de la República no tiene esta potestad. El presidente lo único que tiene es la iniciativa para que el Consejo Nacional Electoral llame al pueblo y este convoque a la Asamblea Constituyente.“Maduro solo tiene iniciativa (como la tiene la AN., los Concejos Municipales y el 15% de electores), para promover que el pueblo convoque”, afirmó en su cuenta de Twitter. En otro tuit refiere “Como dice art. 347 C., solo el pueblo en ejercicio del poder constituyente originario, puede convocar una Constituyente, mediante referendo”. (Diario Contraste).

Bueno, el Artículo 347 dice: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. El artículo no dice que sólo el pueblo de Venezuela puede hacerlo, que nadie más puede hacerlo, y el Artículo 348 especifica: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. Es posible convocarla, entonces, por iniciativa popular, pero el artículo no dice que el Presidente, la Asamblea o 15% de los electores tendrían que convocar un referendo para preguntar al Pueblo si quiere convocar una constituyente; habla clara y directamente de “convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”. En 1999 el referendo previo fue necesario porque la figura de constituyente no existía en la Constitución de 1961, vigente para la fecha del 25 de abril de 1999; de allí la primera pregunta de la consulta de ese día: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?” Pero ahora la figura de constituyente está incluida y normada en el Capítulo III del Título IX de la Constitución, y ya ese referendo es innecesario. (Brewer Carías ha cuestionado un presunto origen “fraudulento” de la Asamblea Constituyente de 1999, a pesar de que se originara en un referendo como el que ahora prescribe y, contradictoriamente, se postuló exitosamente como candidato y participó en ella).

A la opinión de Brewer Carías se adhiere Juan Manuel Raffalli, quien ha escrito en Prodavinci: “…Maduro en principio sí podría iniciar el proceso, pero el verdadero convocante únicamente puede ser el Pueblo a quien habría que consultar mediante Referéndum si convoca o no a la constituyente”. Esto no es mandado por la Constitución en ninguna parte, y si fuera cierto que es necesario tomar la opinión popular bastaría el referendo consultivo de condiciones menos astringentes según lo previsto en el Artículo 71, que requiere convocatoria por el Presidente en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por mayoría simple o 10% de los Electores. El sólo hecho de que el Artículo 348 requiera dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los Electores hace patente que tales son las condiciones para convocar de una vez la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que la postulada necesidad de una previa consulta se satisfaría con el Art. 71, de requisitos menos exigentes. (Fue, precisamente, un referendo consultivo el celebrado el 25 de abril de 1999, según la innovación del Art. 181 en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que introdujera su reforma en 1998. El Art. 71 de la Constitución vigente se limita a reproducir las previsiones de esa ley, y es aquel referendo el que gravita analógicamente sobre las opiniones de Brewer y Raffalli).

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Maduro ha recuperado con el anuncio de constituyente mucho de iniciativa política; he allí su justificación, únicamente en términos de política de poder—Realpolitik—dirigida contra sus adversarios. Pero la justificación de fondo sería que necesitamos una constituyente, y es allí donde no creo que esto sea correcto, a pesar de reconocer su astucia “política”. No necesitamos una constituyente, y menos en el gravísimo estado actual de la Nación. (¿Cuánto costaría el funcionamiento de una asamblea de 500 diputados de la que ha hablado?) En esto estoy con Julio Borges, con quien coincide sorpresivamente Eustoquio Contreras, diputado del Polo Patriótico a la Asamblea Nacional: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.

Además ha generado miedo en los asambleístas de oposición, quienes recuerdan la abusiva y antijurídica  “Pre-eliminación del Senado” ejecutada por la Constituyente que presidiera Luis Miquilena. Por contener una refutación de la validez de ese acto, reproduzco a continuación la sección pertinente de Licitación Abajo Maduro, un inventario crítico de las avenidas propuestas para la cesación anticipada del mandato de Maduro, compuesto el 29 de diciembre del año pasado:

Convocatoria de asamblea constituyente

Un día antes de las elecciones municipales de 2013 (8 de diciembre), fue publicado en la prensa nacional un remitido que proponía convocar una asamblea constituyente, con el fin principal de cambiar los poderes públicos nacionales. Así informó El Universal el sábado 7 de diciembre:

Un grupo de diputados y militantes de partidos opositores de Venezuela ha propuesto convocar a una Asamblea Nacional Constituyente tras los comicios municipales que se celebrarán mañana en el país. La propuesta, publicada hoy en los principales diarios de circulación nacional está firmada por 55 personas, entre las que destacan la diputada María Corina Machado y el líder opositor Leopoldo López, así como el exgobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz y la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol. “En búsqueda de salidas democráticas para cambiar un régimen deslegitimado en su origen y desempeño que permitan recuperar la Venezuela soberana, plural y de justicia social, nuestra Constitución provee diversos mecanismos, entre los cuales se encuentran (…) la Asamblea Nacional Constituyente”, dice el escrito reseñado por Efe. (…) Según los firmantes “la República pasa por uno de los peores momentos de su historia” y apuntan que “con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos” se producirán en Venezuela “unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente”.

Al año siguiente, Voluntad Popular aseguraría que a tal fin había sido activado el Poder Constituyente Originario en el estado Lara:

(El 20 de septiembre de 2014, Voluntad Popular proclamaba por boca de Luis Florido—su Coordinador Regional en Lara—que había “activado” el Poder Constituyente en el estado para tal fin, al reunir tal vez cuatro centenas de personas en un “céntrico hotel de Barquisimeto”. De esta iniciativa, nunca más se supo). Pero es que la idea misma era, al menos, un viraje de 180 grados. El 23 de enero de 2012, en preparación de las primarias ya mencionadas del 12 de febrero, López y Machado habían suscrito, en señal de aceptación, los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional, cuya estipulación #46 decía con la mayor claridad: “La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Es decir, o López & Machado tienen muy mala memoria, o mudan de opinión con rapidez o son de sinceridad escasa.

El tránsfuga mayor

Esta intención no es nueva. Ya a comienzos de 2003, la asociación civil Súmate organizó la firma ciudadana de un total de ocho planillas con diversas opciones para salir del gobierno de Hugo Chávez, y una de ellas, a proposición de Herman Escarrá, era la celebración de una nueva constituyente ¡a sólo cuatro años de la de 1999! Poco después—al menos desde 2005, cuando el suscrito presenció una presentación de Enrique Colmenares Finol, promotor de la “Alianza Nacional Constituyente”, de un proyecto con tal propósito en las oficinas del Dr. Ricardo Zuloaga—, esta “salida” sería planteada de nuevo. Más tarde, a los pocos días de la derrota de Chávez en el referendo de reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007, el general Raúl Baduel la haría suya, previo pronunciamiento de Manuel Rosales el 13 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Un kilo de estopa).

Otros grupos se han adherido más recientemente a la iniciativa, a cuya consideración se ha elevado hace poco las “Bases político-constitucionales del proyecto” de la Alianza Nacional Constituyente, cuyo inicio asienta: “Constituyente OriginariaIntroducción 1. El objetivo que se persigue es el de cambiar no solo los aspectos mejorables de la constitución, sino todos los poderes como el ejecutivo, el TSJ, el CNE, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y la Asamblea Nacional”.

Recibí ese documento por gentil envío de uno de sus promotores, a quien contesté en un correo con este título: No hay constituyentes “originarias”. Allí puse entre otras cosas:

Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario. (…) Una constituyente es, esencialmente, sólo un método para redactar un proyecto de Constitución enteramente nueva; es decir, que no puede ser obtenida por meras reformas o enmiendas al introducir conceptos constitucionales enteramente distintos a los de la constitución existente. En octubre de 1995, expliqué este asunto en referéndum (Comentario constitucional). Tres años más tarde (septiembre 1998, en la recta final de la campaña electoral), escribía para La Verdad de Maracaibo un artículo (Contratesis) en el que anticipé la doctrina fundamental de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero del año siguiente. Por ejemplo:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum. [Art. 246 de la Constitución del  61: Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general (…) El proyecto aprobado se someterá a referéndum…”]

Esto último desmonta la idea chavista de constituyente… enteramente equivocada. Eso es lo que dejó pasar—laisser passer—la aberración de la Preeliminación del Senado en 1999 ¡antes de que la nueva Constitución estuviera en vigencia! sin ser protestado. La idea mal entendida es aquello del Art. 347 actual: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (Transplante de la redacción del decreto de Chávez para convocar el referendo del 25 de abril de 1999, una vez que la CSJ dijera que sí se podía preguntar al supraconstitucional Poder Constituyente Originario si quería elegir una constituyente, a pesar de que esta figura no estuviera en la Constitución de 1961).

Se transforma al Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no estará en vigencia hasta tanto el Pueblo la apruebe en referendo. En síntesis, una asamblea constituyente es una mera redactora, una oficina de arquitectos que propone al dueño del terreno y del edificio en ella instalado los planos de un edificio enteramente nuevo, a construir en lugar del otro.

The error is compounded cuando consideras el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda, como ya comentamos, implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

El 23 de abril de este año me ocupé de la “superstición constituyente” en el programa #193 de Dr. Político en RCR.

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Probablemente hará falta una “tercera parte”. (¿Continuará?) LEA

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* Actualización: “El presidente Nicolás Maduro afirmó que el decreto en el que se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente será publicado este miércoles y aseguró que quienes participarán en el proceso serán electos por ‘voto directo’ Añadió que ‘las bases comiciales que serán debatidas’ las presentará ‘en muy breve lapso a quien le corresponde por la Constitución organizar el proceso electoral de voto directo, secreto y universal para que sea el pueblo que elija todos los constituyentistas de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo venezolano lo elegirá’, dijo en un Consejo Presidencial para la Constituyente”. (El Universal).

Facsímil de la Gaceta Oficial con los decretos del 1º de mayo: Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6

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#lasalida de Maduro (primera parte)

¿Una constituyente “obrera”?

 

Debe estar extáticamente feliz la gente de la Alianza Nacional Constituyente—Enrique Colmenares Finol, Felipe Pérez Martí, Blanca Rosa Mármol—, pues se han ahorrado el trabajo de convocar una asamblea constituyente; deben sentirse reivindicados Raúl Isaías Baduel, que la propuso a fines de 2007 en su libro Mi solución, y Manuel Rosales, también el 25 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Se refería al referendo que iba a celebrarse el 2 de diciembre y que terminaría con el rechazo a los proyectos de reforma constitucional que introdujeron a consideración popular la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional de la época). Especialmente vindicado debe sentirse Herman Escarrá, pues él proponía una constituyente desde fines de 2002, a sólo tres años de la de 1999 en la que fue diputado ¡para salir de Chávez! (La asociación civil Súmate sometió su idea, junto con otras posibilidades, a los ciudadanos que debimos firmar ocho planillas a comienzos de 2003). Nicolás Maduro acaba de resolverles la cosa a todos ellos, según anuncio “histórico” de hoy que a su vez había anunciado y preanunciado; ya no tendrán que hacer más esfuerzos. De nuevo en mitin oficialista en la Avda. Bolívar, dijo esto hoy:

Tal como unos cuantos dirigentes opositores, Maduro parece no tener claros ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando dice que va a convocar al Poder Constituyente Originario. Lo que va a convocar es la elección de unos diputados constituyentes; sólo después de que éstos completen la redacción de un nuevo texto constitucional el Poder Constituyente Originario se pronunciará a favor o en contra de su trabajo. De modo no demasiado claro, por otra parte, pareció identificar “clase obrera” (a la que pertenece) y Pueblo, cuando éste es el conjunto de todos los ciudadanos, sean obreros o no. (Hoy dijo Julio Borges idénticamente: “El 1º de mayo la clase obrera [a la que no pertenece] y el Pueblo salieron a marchar”).

El efecto político inmediato es múltiple: en primer lugar, desarma, entorpece o debilita las protestas y exigencias opositoras, empequeñecidas por la portentosa presencia de un proceso constituyente. Luego, desinfla bastante la presión internacional; ¿cómo se puede llamar dictador a quien convoca elecciones, según prevé la Constitución, para que opere una asamblea constituyente? Por último, compra tiempo; con esta “salida”, Maduro prácticamente se asegura como Presidente hasta el 10 de enero de 2019.

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Es posible que Maduro y su estado mayor crean que pueden ganar unas elecciones de constituyente; no hace mucho que afirmara desear la pronta celebración de elecciones de gobernadores, tal vez creyendo más a Hinterlaces que a Datanálisis, en presunta evaluación exagerada de la fuerza electoral del PSUV, sobre la base del deterioro de la MUD en la opinión nacional, la disminución de ciertos liderazgos—prisión de López, inhabilitación de Capriles—y su avivamiento de las divisiones en el seno del campo opositor.

Pero también sabe que debe apegarse a los precedentes de la Constituyente de 1999, pues es ella la primeramente “histórica”, desatada por nadie menos que el líder “eterno” Hugo Chávez. Esto significa que no puede elegirse esa asamblea corporativamente, puesto que tal cosa no ocurrió aquel año a pesar de las preferencias de Chávez. (“La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente”. Contratesis, 13 de septiembre de 1998).

Pero sí tendrá la potestad de redactar y someter a consideración las “bases comiciales” que regirán la elección:

La objeción del Máximo Tribunal fue dirigida a la redacción de la segunda pregunta que Chávez proponía como consulta al Poder Constituyente Originario, cuya versión original decía: ”¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?” Esto despedía un aroma autocrático, y el abogado Gerardo Blyde logró merecida fama al interponer ante la Corte un recurso contencioso electoral contra el decreto y la resolución subsiguiente del Consejo Nacional Electoral, que los magistrados admitieron y declararon con lugar:

CON LUGAR el recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad intentado por el ciudadano Gerardo Blyde Pérez, en contra de la Resolución Nro. 990217-32 del 17 de febrero de 1999, dictada por el Consejo Nacional Electoral.

En consecuencia, ANULA la SEGUNDA PREGUNTA contenida en la citada Resolución y ordena al Consejo Nacional Electoral reformular el contenido de la pregunta Nº 2 del artículo segundo de la Resolución Nº 990217-32 del 17 de febrero de 1999, examinando las bases publicadas como “Propuesta del Ejecutivo Nacional que fija la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.658 de fecha 10 de marzo de 1999, y decidir sobre su incorporación al referendo consultivo.

Como consecuencia de esta enmendadura de plana, la segunda pregunta del referendo del 25 de abril terminó teniendo esta redacción: “¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999?” El maestro había corregido al alumno, para su azoro. (Las élites culposas).

El Consejo Nacional Electoral era el viejo Consejo Supremo Electoral, formado antes de la elección de Chávez. La composición del actual, como sabemos, es muy distinta, y ha debido Maduro estar refiriéndose a tales bases comiciales cuando “designó a Elías Jaua como presidente de la comisión presidencial para la consulta de las bases. De igual forma, informó que Aristóbulo Istúriz, Germán Escarra, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Cilia Flores, Delcy Rodríguez y otros dirigentes integrarán este órgano”. (El Universal). Aún en 1999, Chávez & Miquilena inventaron unas bases que permitieron arropar en la elección de diputaciones constituyentes.

Las bases electorales diseñadas por el Ejecutivo Nacional permitieron el paso de la más avasallante aplanadora política que el país hubiera conocido. Después de la votación favorable en el referendo del 25 de abril—con una abstención del 62% de los electores inscritos el 88% de los votantes aprobó la primera pregunta y el 82% la segunda—, la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente llevó 126 de los candidatos oficialistas a una asamblea de 131 miembros.

La estrategia electoral oficialista diseñada por Luis Miquilena funcionó a la perfección. Por una parte, se obligó al uso de los distintivos partidistas en las tarjetas de votación, de modo que los electores pudieran distinguir entre los postulados por la cuarta y la quinta repúblicas. Luego, la elaboración de listas aglutinantes—las llamadas “llaves de Chávez”—potenció aún más la votación favorable por los candidatos del gobierno. El 2 de mayo, el diario El Universal describía la estratagema de este modo:

El Polo Patriótico aprobó ayer la composición y distribución geográfica de las dos “Llaves de Chávez”, es decir, las dos “chuletas” para promover a sus candidatos.

La “llave 1” está integrada por Luis Miquilena, Marisabel de Chávez, Pablo Medina, Leopoldo Puchi, Luis Vallenilla, Eustoquio Contreras, Ángela Zago, Pedro Ortega Díaz, Vinicio Romero y Ricardo Combellas. La promoverán en DF, Miranda, Zulia, Aragua, Carabobo, Falcón, Vargas y Yaracuy.

En la “llave 2” figuran Alfredo Peña, Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Manuel Quijada, Edmundo Chirinos, Tarek William [Saab], Jesús Rafael Sulbarán, Guillermo García Ponce, Reyna Lucero y Earle Herrera. Se promoverá en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Margarita, Portuguesa, Sucre, Táchira y Trujillo.

Tales llaves eran las de las candidaturas presentadas en la “circunscripción nacional”. Veinte de sus veinticuatro miembros eran del “Polo Patriótico”, la agrupación del momento que hizo campaña a favor de los candidatos chavistas. Sólo Jorge Olavarría, Allan Randolph Brewer-Carías, Claudio Fermín y Alberto Franceschi, que resultaron electos, no eran miembros de la coalición oficialista. Por lo que atañe a las “circunscripciones regionales”, la paliza fue incluso mayor: solamente Virgilio Ávila Vivas, adeco, resultó electo en la Isla de Margarita. (Las élites culposas).

Aun así, incluso si el madurismo diseña bases comiciales que le ofrezcan ventajas y logre su aprobación, la oposición de hoy es muy distinta a la de entonces:

Y es que los arrolladores triunfos del chavismo—elecciones regionales del 8 de noviembre de 1998, elecciones presidenciales del 6 de diciembre, referendo consultivo del 25 de abril de 1999—habían sumido a lo que hasta hace nada gobernaba al país y ahora era muy minoritaria oposición, en una catatonia determinada por la conciencia de culpa y la vergüenza. Hasta fines de 2001 no se levantarían con alguna eficacia las antiguamente poderosas voces de los partidos tradicionales, que en la elección presidencial de 1998 habían obtenido, Acción Democrática, 591.362 votos y, COPEI, 140.792 contra 3.673.685 sufragios a favor de Chávez. Tanto fue el encogimiento catatónico que la mayoría de los candidatos de oposición a la circunscripción nacional, veintinueve en total, se presentó en postulaciones de la “sociedad civil” o por iniciativa propia. Así, por ejemplo, como candidato por iniciativa propia, se postuló ¡Henry Ramos Allup en el estado Apure! Los neo-opositores procuraban evitar, patéticamente, que se les identificara con Acción Democrática o COPEI, pero su disfraz de independientes no engañó a nadie. (Las élites culposas).

Ya no hay vergüenza en los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero Julio Borges, pienso, se ha apresurado al declarar que el anuncio de Nicolás Maduro “no es una constituyente, no se dejen engañar, es una estafa al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de estado en Venezuela y con la misma constitución traspasar el voto”. Lo sensato habría sido esperar el decreto que el mismo Maduro aseguró es de promulgación inminente. A lo mejor deja a Borges con la camisa por fuera si, como es de suponer, no hace nada muy diferente a lo que Chávez hizo en abril de 1999; Maduro tiene la facultad constitucional de esa convocatoria: Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros... (Hoy, por cierto, en contestación a una pregunta de periodista, volvió Borges a referirse a Maduro como “el Presidente”. ¿En qué quedamos? ¿No presidió Borges el 8 de enero una sesión de la Asamblea Nacional que declaró que Maduro había abandonado su cargo y, en consecuencia, la falta absoluta del Presidente de la República?)

Claro que hay insinceridad en Maduro, como cuando concluye diciendo que convoca al Pueblo para el verdadero diálogo, para que traiga la paz. (Parecen cosas de Dr. Político: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…” Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003. “El diálogo debe ser logrado primordialmente en el seno de la sociedad, sin esperar a que las organizaciones políticas formales terminen de ponerse de acuerdo”, programa #87 de Dr. Político en RCR, 22 de marzo de 2014). Si él hubiera querido conocer la voluntad popular lo hubiera llamado a referendo, si él quisiera “constitucionalizar las misiones” para que no puedan ser privatizadas, le habría bastado proponer una reforma constitucional, para lo que también tiene poderes, que igualmente habría tenido que ir a referendo. (Aunque hoy soltó que Chávez había querido “perfeccionar” la Constitución en 2007 pero “las condiciones no se dieron”. Tal vez el delirio de Maduro le lleve a imaginar que esas condiciones están dadas ahora, las necesarias para implantar el socialismo en el texto constitucional).

Pero tampoco ha querido la oposición que el Pueblo se pronuncie; la Asamblea Nacional ha podido resolver el problema del desacato y convocar, desde su eficacia recuperada, referendos consultivos sobre el socialismo (Consideraciones sobre un texto de José Guerra, 11 de octubre de 2015) o sobre la celebración de elecciones presidenciales inmediatas (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016). No lo hizo, y oponerse a una constituyente podría representar para la MUD el mismo resultado que obtuvo Henrique Salas Römer, al denunciar la que tendría lugar hace dieciocho años como “un engaño y una cobardía”. Hoy ha llamado Borges “a rebelarse”; ¿habrá tenido noticia de lo que acá se propuso el 17 de diciembre de 2016: declarar plenamente abolido el gobierno de Maduro desde el Poder Supremo del Pueblo (Manda Su Majestad)? ¿Estaría dispuesto a echarle pichón? LEA

(Continuará).

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