Contacto con el Grupo de Contacto

 

Declaración de Costa Rica que muestra Federica Mogherini

 

Quien escribe pone moderadas esperanzas en las gestiones del Grupo de Contacto de la Unión Europea para el tratamiento del «problema venezolano». Hace ocho días, reportaba Rosa Raydán desde el sitio web de donde se ha tomado la fotografía de arriba (el destacado en cursivas es de este blog):

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), que evalúa la situación de Venezuela, propuso enviar una misión al país para reunirse con el Gobierno y la oposición. Así lo acordaron los miembros de las 12 naciones participantes en la reunión ministerial realizada entre lunes y martes de esta semana, en San José de Costa Rica.

“El grupo está listo para llevar a cabo una misión a nivel político en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis”, señala la declaración final del encuentro, en el que participaron ocho países europeos y tres latinoamericanos. Todos suscribieron la declaración, menos Bolivia que se abstuvo.

Sobre el tema, en rueda de prensa, el canciller costarricense, Manuel Ventura, agregó que la visita de la GIC viajaría a Caracas “para reunirse con las partes involucradas en el conflicto, con el propósito de seguir avanzando para que se pueda realizar lo antes posible elecciones creíbles”, citó AP.

El documento del GIC también detalla la propuesta de establecer en la capital venezolana un “Grupo de Trabajo Humanitario”, para la gestión de la ayuda internacional que según ellos debe recibirse a través de donantes para paliar “el sufrimiento del pueblo venezolano”. En este tema, el documento subraya que el protagonismo deben tenerlo las ONG.

El Gobierno venezolano no se ha pronunciado para dar autorización de entrada al país ni a la misión política ni al Grupo de Trabajo Humanitario. No obstante, Juan Guaidó se reunió el martes en la sede de la AN con varios de los embajadores de los países europeos participantes del GIC y declaró que uno de los puntos tratados fue justamente el de la visita de la delegación a Caracas.

El Grupo de Contacto habla en su declaración sobre la precariedad de la situación en Venezuela, que se ha intensificado por problemas en los servicios públicos y violencia en las calles, sin embargo, no menciona en ninguno de sus puntos las sanciones internacionales de las que es objeto el país –incluyendo los fondos retenidos en Europa, tema en el que podrían ayudar de primera mano– y las consecuencias que causan estas medidas en la cotidianidad de los venezolanos.

Por mi parte, he procurado que venezolanos de gran prestigio hagan llegar al Grupo una consideración esencial acerca de la celebración de una nueva elección presidencial, la que destaqué hace tres días en la segunda comunicación mía a Federica Mogherini, líder del Grupo. (Puede leerse la primera en No se dan por aludidos, del pasado 3 de marzo). Hasta ahora no tengo respuesta o un mero acuse de recibo, por la que la reproduzco abajo. (Tal vez algún asistente de ella pueda llamar su atención al contenido).

Estimada Dra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

Saludo el importante progreso del Grupo de Contacto que Ud. coordina para la búsqueda de una salida al impasse político venezolano, sobre la base de que éste debe tener una solución decidida por los venezolanos.

Como lo entiendo, una proposición central del Grupo para un acuerdo de las partes enfrentadas es la realización de nuevas y prontas elecciones presidenciales. Salvo una renuncia del presidente Maduro que las causaría automáticamente, sólo el Pueblo—ningún otro poder constituido, y esto incluye la Asamblea Nacional Constituyente—puede decidir nuevas elecciones fuera de tiempo. Por consiguiente, es un referendo consultivo la única instancia que puede interrumpir un período en curso.

Apartando el difícil origen de tal referendo en la iniciativa popular (un proceso de recolección de algo más de dos millones de firmas), pueden convocarlo el Presidente en Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional por mayoría simple en una sesión cualquiera. En la misma ocasión, puede consultarse otras materias concurrentes.

Se ha argumentado que un acuerdo oficialismo-oposición es asimétrico, y que lo indicado es un acuerdo entre los poderes públicos. (Artículo 136 de la Constitución: «Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado». (Estos han sido sucesivos esquemas de acuerdo propuestos—que incluyen otros asuntos que pudiera acordarse—: Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016) y Versión formal (26 de mayo de 2017).

Espero que los apuntes precedentes sean de utilidad a los benéficos esfuerzos del Grupo de Contacto, que agradezco como venezolano.

A su disposición

Luis Enrique Alcalá

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Vale. LEA

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El torniquete

«¡Sin hogar! Venezuela te da la bienvenida», en afiche de La hora veinticinco, filme de 1967

 

La hora 25 es una película franco-italo-yugoslava de 1967, del género dramático, rodada en Francia y dirigida por Henri Verneuil. En los roles principales actúan Anthony Quinn y Virna Lisi. Está basada en la novela homónima de Constantin Virgil Gheorghiu. La banda sonora fue creada por Maurice Jarre y Georges Delerue. Producida por Carlo Ponti para MGM.

Wikipedia en Español

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A Eugenia Josefina

 

En cuanto recibió de mí el fotograma que encabeza esta entrada, sugirió Alba Fernández de Revenga: «Deberías publicar esa belleza de mensaje para concientizar al Venezolano con respecto a esta dimensión adicional de la tragedia». En efecto, eso éramos—una esperanza—para muchos que llegaron a nuestro país huyendo de los horrores de la segunda gran guerra europea. (Entre 50 y 70 millones de muertos, incluyendo 6 millones de judíos en el genocidio que el mundo conoce como el Holocausto). Hoy son los venezolanos quienes emigran en números sin precedentes: 3 millones 700 mil compatriotas, según la Organización de las Naciones Unidas, han salido de Venezuela en los últimos años, y no todos han podido resolver afuera su economía personal, mientras bastantes son mal recibidos o agredidos (hasta asesinados) o explotados.

El éxodo no se inició con el advenimiento del chavismo-madurismo, variedad atenuada del marxismo-leninismo; éste, sucedido por el estalinismo, procedió a exterminar prisioneros políticos en los gulags soviéticos, los campos de concentración que denunciara Aleksandr Solzhenitsyn, prisionero él mismo entre 1945 y 1956. Con frecuencia siento vergüenza cuando se nos compara con ese sufrimiento inconmensurable:

Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena. (Diálogo digital, 15 de febrero de 2019).

El éxodo de los venezolanos, antaño anfitriones de gente necesitada, se hizo ya notar al comienzo del segundo gobierno de Rafael Caldera*, como constara en el número 6 de referéndum (In memoriam Augusto Mijares, 8 de agosto de 1994):

El país está atravesando, en estos mismos momentos, por lo que tal vez llegue a ser la más importante transición en nuestra historia. No hay que perdérsela. Por lo contrario, es la hora de quedarse a producir y contemplar un soberbio espectáculo:  el de un país que ha venido asimilando sufrimiento, creciendo en conciencia, aprendiendo serenamente de la adversidad, y que puede convertir ese doloroso proceso en una metamorfosis de creación política.

Publicación mensual (1994-98)

Las ganas de salir corriendo son comprensibles. Más de un venezolano capaz se siente impedido, maniatado. Un caso en punta es el de los científicos venezolanos, hoy afectados por una drástica constricción de los recursos que el Estado asigna a las labores de ciencia y tecnología. Las reglamentaciones que hasta ahora se han producido en materia cambiaria han dejado en un limbo a nuestros investigadores, quienes no saben cómo pagar sus cuotas de afiliación a sociedades científicas internacionales o no hallan cómo importar equipos de investigación o reactivos de laboratorio porque no se haya contemplado que califiquen como “importadores”. Hoy en día un investigador del IVIC gana—en dólares—el 60 o 70% de lo que ganaba hace veinte años cuando se incorporó al Instituto. No se pretende negar, entonces, que el país en general—sus obreros, sus científicos, sus empresarios, sus profesionales, sus trabajadores culturales—esté pasando por penurias en grado importante. Lo que se niega es la validez de una estrategia evasiva, cuando lo constructivo, lo audaz, lo inteligente, es encontrar las oportunidades que, como toda crisis, la crisis venezolana está proveyendo.

No es el momento de negarnos. Todo país próspero conoció la penuria primero que nada. Nos toca ahora a nosotros comprobar que no somos menos, no somos raza, ni cultura, ni pueblo inferior. A quienes piensan resolver sus problemas en tierra ajena y distante, queremos llamar a la reflexión. Tampoco encontrarán, salvo casos muy específicos y particulares, la vida fácil en ningún país. Todo el planeta vive ahora un inmenso ajuste, que naturalmente invalida o hace obsoletos a más de un modo de vida o producción. La inteligencia está en adaptarse a esta grandísima transformación de la humanidad, aprender y hacer cosas nuevas.

No supimos hacer eso. No supimos atender oportunas advertencias:

Intervenir la sociedad con la intención de moldearla in­volucra una responsabilidad bastante grande, una responsa­bilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte? Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicio­nales es justamente la afirmación que hacemos. Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio in­telectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los ver­daderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa. (Proyecto SPV, 8 de febrero de 1985).

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Por lo que respecta a un golpe militar antes de las elecciones de 1988 las probabilidades aparecen como minúsculas, aun cuando el deterioro continuase, como parece lo inevitable. Sólo un deterioro muy fuertemente acelerado en lo que resta desde ahora hasta las elecciones, pudiera provo­car un intento serio de golpe militar. Por esto el sistema político venezolano deberá estar pendiente de acciones intencionales de agitación y agrava­miento de la situación por parte de elementos que estuviesen jugando a esta posibilidad. En cambio, de ganar las elecciones de 1988 uno de los candidatos tradicionales (…) la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabi­lidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, 22 de septiembre de 1987. La asonada de Chávez, Arias Cárdenas et al. estuvo prevista para fines del año de 1991. Debía darse para el 16 de diciembre de ese año, con la pretensión de amanecer en el poder en el aniversario de la muerte de Simón Bolívar).

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El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal. (Salida de estadista, 21 de julio de 1991).

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Etcétera. Enrostrar «se los dije» es de baja utilidad, a menos que sea acicate para abrirnos a una nueva comprensión de lo político:

…la refutación del discurso presidencial debe venir por superposición. El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las llamas con una cobija. Su eficacia dependerá de que ocurra a un nivel superior, desde el que sea posible una lectura clínica, desapasionada de las ejecutorias de Chávez, capaz incluso de encontrar en ellas una que otra cosa buena y adquirir de ese modo autoridad moral. Lo que no funcionará es “negarle a Chávez hasta el agua”, como se recomienda en muchos predios. Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del Pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008).

Sufrimos mucho, crecientemente, y sólo aliviaremos la pena nacional haciendo cosas distintas.

Naturalmente, algunas cosas positivas vendrán de la mera omisión de lo negativo. (…) Lo económico es en gran medida climático, y el solo hecho de la cesación de lo malo actual, del cambio de rumbo y de estilo, producirá efectos beneficiosos. Entonces escamparía. La esperanza renacería, y con ella la energía necesaria para acometer metas ambiciosas. (Recurso de Amparo, 14 de julio de 2015).

En particular, mandar es muy preferible a protestar. (Manda Su Majestad, 17 de diciembre de 2016). Mandar es preferible a suplicar que los militares del país se alcen, o a solicitar invasiones de Mr. Trump. Pero podemos mandar cosas menos drásticas aunque suficientes. (Versión formal, 26 de mayo de 2017). LEA

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*Precisamente en esa misma época de fines de 1994, el Dr. Francisco Kerdel Vegas establecía la Fundación TALVEN (Talento Venezolano en el Exterior), que se propuso establecer vínculos de cooperación con «la gran cantidad de venezolanos que becados por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho habían echado raíces en el exterior y estaban desvinculados de nuestra tierra».

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No se dan por aludidos

 

Noruega, Suiza y buena parte de los Balcanes no están en la Unión Europea; Reino Unido en veremos.

 

Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno.

Carta a Julio Borges Junyent – 3 de marzo de 2015

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La soledad es, parece, la condición de quienes quieren invitar a sus prójimos a una reunión con el futuro o, simplemente, con la verdad.

Hallado lobo estepario en el trópico – 28 de mayo de 2011

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Hoy se cumplen cuatro años exactos de que el diputado en el exilio Julio Borges—el «único legítimo»—recibiera una última comunicación de mi parte, en la que le invitaba a promover un referendo sobre la implantación de un sistema socialista en Venezuela:

Estoy convencido de que Primero Justicia tiene la capacidad de convertirse en adalid de la idea de ese referendo. Con buenos argumentos, y hay bastantes, podría convencer en la Mesa de la Unidad Democrática a la mayoría de sus miembros, si no a todos, de que ése es el sendero estratégicamente correcto. En cualquier caso, si PJ emprendiera por su cuenta esa iniciativa, una vez que la hubiera propuesto con lealtad en el seno de la MUD, no vulneraría en nada la búsqueda de unidad en la postulación de candidaturas de diputaciones.

Era 2015. Al cabo de nueve meses del envío, los partidos afiliados a la MUD obtendrían el control de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de ese año, resultado que anticipé el 18 de noviembre del año anterior en programa especial grabado de Y así nos va en Radio Caracas Radio, tres días después de que dijera lo mismo en el programa #119 de Dr. Político en RCR. Cuatro días después de la instalación del nuevo parlamento, tocaba el programa #178, en el que propuse considerar una «alianza de la Asamblea Nacional con el Pueblo», justamente para la convocatoria de referendos que ella podría hacer por mayoría simple de 84 diputados. A Henry Ramos Allup le había escrito poco después del portentoso triunfo electoral opositor acerca del mismo referendo propuesto a Borges en marzo, a pesar de que aquél hubiera dicho en 2010 que esa consulta era «una locura». Dos años más tarde, el 29 de octubre de 2012, Ramos Allup declaraba a Noticias 24: “Ojalá se hiciera una especie de referéndum, donde independientemente de campañas, de discursos y de carisma se le pregunte a los ciudadanos si quieren un régimen parecido al comunismo cubano”. (Un archivo de audio con esa declaración puede ser escuchado en Más vale tarde que nunca, 30 de octubre de 2012). Pero mientras presidiera la Asamblea Nacional no movió un dedo para que la opinión del Pueblo fuera tomada en cuenta.

Decidí escribir a Borges por una doble razón: primera, una oyente de mi programa en Radio Caracas Radio me había preguntado si había dado a conocer mi prédica referendaria a dirigentes de la oposición; segunda, me había preocupado la acusación que en contra suya había hecho Jorge Rodríguez: que él sería quien seleccionara los blancos para el presunto bombardeo de Caracas por un avión Tucano que jamás se presentó. Aunque la carta se la entregó su señora madre, y aunque contenía el ofrecimiento citado en el primer epígrafe, Borges nunca me hizo llegar siquiera acuse de recibo.

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Alta Representante de la lectura selectiva

También se cumple hoy un plazo bastante más breve (tres semanas y tres días) desde que enviara un correo electrónico a Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Creí notar una postura mesurada en ella, pues había leído poco antes:

La Unión Europea (UE) espera poder lanzar en febrero el grupo internacional de contacto que impulsa para buscar una salida negociada a la crisis política en Venezuela, anunció la jefa de la diplomacia regional, Federica Mogherini. (…) Aunque no reconocen los comicios que llevaron a Nicolás Maduro a asumir otro mandato, los europeos se resisten a romper relaciones y promueven desde octubre este grupo que no busca mediar, sino facilitar un diálogo entre gobierno y oposición. (La Unión Europea espera lanzar grupo de contacto sobre Venezuela en febrero. TalCual, 21 de enero de 2019).

Sin embargo, he leído ayer lo siguiente en El Universal (Condena de la comunidad internacional si detienen a Guaidó), igualmente reseñado en Prodavinci:

La Unión Europea anunció este sábado que cualquier medida que pudiese poner en «riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó» representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional, según comunicado emitido por el organismo internacional. Asimismo, detallaron su convicción de que la solución para la crisis «multidimensional» que afecta a la población venezolana solo puede ser «política, democrática y pacífica» y que los miembros de la Asamblea Nacional gozan de la inmunidad otorgada por la constitución que debe ser «plenamente respetada». «Deben poder ejercer su mandato parlamentario sin intimidación sobre ellos ni sobre los miembros de su familia. La Unión Europea seguirá de cerca los eventos en cooperación con los miembros del Grupo de Contacto Internacional y sus socios regionales e internacionales», reseña el comunicado emitido por la alta representante de la UE sobre Venezuela.

Diera la impresión de que más de un actor internacional no se toma la molestia de leer y entender la Constitución venezolana. En el mismo Artículo 200 que define la inmunidad parlamentaria, se contempla la posibilidad de detención de los diputados:

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

El diputado Guaidó ha incurrido en el flagrante delito de usurpación de la Presidencia de la República, sobre la base de una lectura distorsionada e interesada de una sección del Art. 233. Nadie menos que José Ignacio Hernández, el «procurador especial» recién nombrado por el «presidente interino», opinó de este modo: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una barbaridad que seguramente le valió el nombramiento:

El abogado Hernández encontró una salida (…) para que la pretensión de Guaidó se sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019).

Esto, sin considerar que una declaración de Guaidó, de nuevo en falsificación de una norma constitucional, tal vez haya representado «una gran escalada de tensiones» que la Alta Representante no ha notado:

Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”. (Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela, en entrevista concedida a El País de Montevideo según reseña de EV TV Miami, 7 de febrero de 2019).

Tampoco considera Mogherini la prohibición de salida del país, que no viola su inmunidad parlamentaria y que el Tribunal Supremo de Justicia impusiera al diputado Guaidó y éste desacatara.

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Encabezado del memorándum

Habiendo arribado a la conclusión—¿apresurada?—de que tampoco obtendré acuse de recibo de la Alta Representante europea, y sin esperanza de que modifique su posición, he decidido publicar acá el contenido de mi comunicación a ella; es el memorándum que aquí copio:

Admirada Alta Representante: debo establecer, en primer término, mi posición política en general y, especialmente, en relación con el proceso venezolano. Desde 1992, año del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra el difunto presidente Carlos Andrés Pérez, he mantenido una postura de rechazo a lo que conocemos como chavismo y su continuación en Nicolás Maduro Moros. Practico el arte de la Política como profesión de carácter médico, y además desde una ubicación transideológica, por lo que mi rechazo a Chávez y su sucesor no obedece a ideología alguna. Desde 1999 he sostenido que antes que oposición lo correcto sería la superposición de un discurso político de nivel superior, y que antes que acusación ritual y cotidiana del chavismo debía ejercerse su refutación.

Es más antigua mi fe en el Pueblo como poder superior del Estado en Venezuela (aunque se le haya llamado poco para conocer su opinión). Ya en 1994 proponía una modificación constitucional para establecer un referendo anual de la República, y desde 2003 he propuesto infructuosamente varias consultas; notablemente, en 2009 sobre la implantación del socialismo en Venezuela—según nuestro Diccionario, Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes—, en 2016 para causar elecciones presidenciales inmediatas y en 2018 para disolver la Asamblea Nacional Constituyente que opera en el país (legítimamente convocada, por cierto).

El fundamento de nuestra constitucionalidad fue establecido en una sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que dio origen a la secuencia que llevaría a la elección de una asamblea constituyente y la aprobación de nuestra Constitución vigente ese mismo año. Ella estableció que el Pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, no está limitado por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); sus únicos límites son los derechos humanos y los tratados internacionales en los que la República haya entrado válidamente con soberanías equivalentes. De resto, puede decidir cualquier cosa, como nuevas elecciones fuera de lo dispuesto en nuestra Constitución y las leyes.

Esto último no puede acordarse entre fuerzas políticas opuestas, ni siquiera por acuerdo de los poderes públicos. El único modo en que nuevas elecciones presidenciales puedan celebrarse antes de 2024 es que ese poder supremo las ordene. (O que se produzca la falta absoluta del Presidente de la República, Sr. Nicolás Maduro Moros; por renuncia, por ejemplo, o su muerte).

No participo de la tesis opositora de que Maduro fue electo fraudulentamente porque la elección del 20 de mayo de 2018 fuera mandada por la Asamblea Nacional Constituyente; esa elección fue finalmente convocada por el Consejo Nacional Electoral, aunque ciertamente luego de que la ANC decidiera al respecto. El Artículo 349 de la Constitución establece que “los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, y el organismo electoral venezolano es uno de esos poderes constituidos. Maduro, y no Juan Guaidó, es el Presidente constitucional. Este último basa su pretensión en una tergiversación del Artículo 233 constitucional, que dice: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Tendría, pues, que existir un presidente electo que no hubiera tomado posesión, y Guaidó niega que Maduro fue elegido y por tanto la previsión de la disposición no es aplicable. Guaidó no es el Presidente de Venezuela.

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Otra cosa es que convendría a Venezuela un cambio de Presidente, pero esto debe lograrse correctamente. Convendría a Venezuela la liberación de detenidos sin causa penal debidamente procesada; convendría—más que ayuda “humanitaria”—un manejo sensato de la economía nacional; convendría la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, etcétera. Pero convendría también que la Asamblea Nacional no entendiese (5 de enero de 2016, justo al inaugurarse) que era su “compromiso no transable” lograr la cesación del gobierno de Maduro, o que no hubiera sostenido falsamente que Maduro había “abandonado su cargo” (9 de enero de 2017), o que se hubiera abstenido de “nombrar” un Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) mediante procedimientos anticonstitucionales.

He sostenido que estas cosas deben ser materia de un acuerdo entre los poderes públicos venezolanos, no entre fuerzas políticas (oficialismo vs. oposición). El Artículo 136 de la Constitución manda: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. También creo que conviene contar con un proyecto o borrador de acuerdo y he elaborado uno que debiera ser actualizado. (Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017).

Pongo a su orden, pudiendo ser a través de personas que Ud. delegue, mayores detalles sobre este enfoque, que ya en 2003 formulé así: Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo”.

Es lo constitucional y democráticamente correcto.

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Por cosas como esta entrada he adquirido en algunos círculos fama de gente intratable; un estimadísimo amigo chileno me confió haber escuchado esta evaluación: «tú serías una especie de duro Robespierre, que caes implacablemente sobre lo que estimas equivocado». (Hallado lobo estepario en el trópico, 28 de mayo de 2011). Pero es la Estipulación Segunda de mi Código de Ética (24 de septiembre de 1995) la siguiente:

2. Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

Tampoco me ayuda una buena dotación de memoria auxiliada con el depósito de este blog, que hoy llega justamente con éste a 1.995 trabajos de tema político. LEA

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Coctel de despedida de febrero

 

Altos panas hasta ayer

 

…el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: “Es una cosa muy interesante de decir, he desarrollado una muy, muy buena relación…” con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro.

De toda obviedad, 25 de febrero de 2019

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El Presidente de Venezuela debiera aprender del estadounidense. No es necesario detener a periodistas de Univisión que hagan preguntas incómodas e incautarles equipo profesional; basta proscribirlos:

Reporteros de los EEUU le preguntaron al presidente Trump sobre el testimonio de Michael Cohen durante una oportunidad de tomar fotografías de Trump y el dictador Kim Jong Un el miércoles. Trump no contestó. Menos de una hora después, la Casa Blanca impidió a varios reporteros que asistieran a la siguiente oportunidad de los medios con Trump y Kim. (White House limits press access at Trump-Kim meeting after reporters asked questions about Michael Cohen, CNN, 27 de febrero de 2019).

Directo de POTUS

Antes de ese democrático procedimiento, respetuoso de la libertad de prensa, el mismísimo Donald había declarado en un tuit que Kim Jong Un era su amigo. El texto: «Vietnam está prosperando como pocos lugares en la tierra. Corea del Norte estaría en lo mismo, y muy rápidamente, si se desnuclearizara. El potencial es IMPRESIONANTE, una gran oportunidad, como casi ninguna otra en la historia para mi amigo Kim Jong Un. Muy pronto sabremos – ¡Muy Interesante!»

El actual POTUS (President Of The United States), claro, habla y escribe un lenguaje adolescente: AWESOME! HUGE! TERRIFIC! Superlativos en mayúsculas cerradas, que en el uso de Internet son tenidas como el equivalente de hablar a gritos; es decir, mala educación que no añade ni un ápice a la veracidad de lo que así se escribe. ¿Michael Cohen? El mismo día prestó testimonio ante una comisión supervisora de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:

En una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Donald Trump, quien se declaró culpable de dar información falsa al Congreso de Estados Unidos, relata cómo conoció al magnate ahora mandatario. Además, describe lo que según él son actitudes racistas y fraudulentas de Trump y da detalles sobre sobornos, según dice, pagados a universidades de Estados Unidos para no revelar sus notas, y los polémicos pagos a estrellas porno para guardar silencio. (Michael Cohen: «Trump es un racista, estafador y tramposo», dijo ante el Congreso. CNN en Español).

¡INCREÍBLE!

¿O no? Necesitamos en Venezuela una nueva elección presidencial, pero también la necesitan con urgencia los Estados Unidos. (En Corea del Norte no se celebra elecciones). Por de pronto, la «amistad» de Trump y el dictador norcoreano no tardó en resquebrajarse: ya las conversaciones en Hanoi han sido interrumpidas bruscamente sin que se lograra un acuerdo. Al menos algunos de los amigos de Donald Trump, como Kim y Michael, parecen ser notoriamente efímeros.

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Estando aún fuera de Venezuela, Juan Guaidó anunció el nombramiento del abogado José Ignacio Hernández como «Procurador especial». Tuve con este último un contacto iniciado por él, que fuera reseñado en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019):

Entre el Dr. Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández.

El «procurador» José Ignacio Hernández

Todavía no estaba tan ocupado; ahora debe encargarse de la dirección y supervisión de «varios procesos abiertos por Guaidó en casi 50 países para evitar que el Gobierno de Maduro haga uso de los recursos venezolanos en estas naciones». (Guaidó designa a José Ignacio Hernández “procurador especial”). El encargo, por otra parte, se inscribe en el “Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”, aprobado en su versión final por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero. A unos legisladores que se la pasan hablando de defender la Constitución no se les agua el ojo para proclamar una legislación que es patentemente anticonstitucional; en ninguna parte de aquélla se menciona un «estatuto de transición» ni que el Poder Legislativo Nacional pueda declarar una. La Asamblea Nacional actuó, pues, como si fuera una Asamblea Nacional Constituyente especialísima; aun la prevista en el Artículo 347 de la Constitución no puede modificarla directamente; cualquier cambio en ese texto supremo debe ser aprobado por el Pueblo en referendo, de modo que la asamblea presidida por Guaidó es verdaderamente una usurpadora, ya no del cargo de Nicolás Maduro sino de prerrogativas propias del Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el único poder que no está limitado por la Constitución. El «estatuto», por otra parte, fue precedido de un «Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución», del 15 de enero de este año. ¿Qué significa usurpación? Bueno, «usurpar» es «Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios». (Diccionario de la Lengua Española). ¿Quién es ese «otro»? ¿A quién usurpa el cargo Nicolás Maduro Moros?*

Hay, además, un precedente bastante más antiguo. El 25 de febrero de 2002, hace diecisiete años, propuse en Televén un «Acta de Abolición y Estatuto de Transición» para suprimir el gobierno de Hugo Chávez Frías. Luego, el 17 de diciembre de 2016, adapté el documento al caso de Nicolás Maduro Moros. ¿La diferencia? Esos documentos debían ser aprobados por «Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario…», no por diputados en estado de embriaguez política.

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El diario El Nacional publicó hace tres días una nota que titulara de este modo: «Constitucionalista Rafael Chavero: De las dictaduras no se sale con flores». Es la acepción cuarta del término «constitucionalista» en el Diccionario la aplicable a la identificación profesional de ese abogado: «Jurista especializado en derecho constitucional».

Constitucionalista inconstitucional

A juzgar por el breve reportaje, el abogado Chavero (que no chavista) es constitucionalista de un solo artículo; el único que esgrime es el Art. 333, que dice a la letra: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». La «eventualidad» no se ha materializado todavía; no ha ocurrido un golpe de Estado que dejara de observar la Constitución y tampoco ésta ha sido derogada. (Derogar. Dejar sin efecto una norma vigente). Violarla, que sí ha ocurrido—ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008—no es lo mismo que derogarla.

De resto, el abogado Chavero pudiera enorgullecerse de haber acuñado una frase efectista de significado harto impreciso. (Las definiciones negativas tienen ese inconveniente. Por ejemplo, una adivinanza: «¿En qué se parecen un tractor y un poste de teléfonos?» Respuesta: «En que con ninguno de los dos puede prepararse dulce de guayaba»). Decir que de las dictaduras «no se sale con flores» no pasa de proveer un titular llamativo. Pero soy injusto; Chavero dijo: «de las dictaduras se sale mediante mecanismos de presión y actuaciones necesarias para contrarrestar los gobiernos de facto». ¿Un golpe de Estado que dejaría de observar la Constitución «por acto de fuerza»? Parece ser que es eso lo que Chavero tiene en mente, pues añadió: «Con decretos y con leyes no saldrá la dictadura, cualquier cosa que haga el Parlamento va a ser desconocido por el régimen, como ha venido haciendo”. Es decir, Chavero no cree en «estatutos de transición», como sí Juan Guaidó y José Ignacio Hernández.

Claro, la reivindicación del título de «constitucionalista» parece suficiente para producir en la ciudadanía una admiración que no debe ser cuestionada. LEA

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* El Diccionario de la Lengua Española incluye la definición de «usurpación de funciones públicas»: 1. f. Der. Delito consistente en el ejercicio de los actos propios atribuidos a una autoridad o cargo público, sin título para ello. ¿Quién confirió el título de Maduro? Pues el Pueblo en su condición de elector el 20 de mayo de 2018 según lo proclamado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo órgano que proclamó la actual Asamblea Nacional que—para algunos en Venezuela y el exterior—es el «único» poder legítimo precisamente por eso.

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De toda obviedad

Si algo es evidentísimo es que el nuevo modelo de oposición al segundo gobierno de Nicolás Maduro está muy bien articulado: no se trata de una mera temporada adicional de protestas en las calles de Venezuela; ahora hay todo un plan detalladamente preparado y en ejecución, comenzando por su coartada constitucional primaria. Un componente esencial de su coreografía es mediático y Maduro está perdiendo en ese terreno, a juzgar por el collage internacional de portadas que reportaron los acontecimientos del sábado pasado en dos de las fronteras venezolanas. Al día de hoy, y según Google News, ya el asunto ha pasado a segundo plano en el ciclo de las noticias; los Premios Oscar parecen ser más apremiantes. (Y la próxima reunión de Donald Trump con un verdadero dictador comunista; el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: «Es una cosa muy interesante de decir; he desarrollado una muy, muy buena relación…» con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro).

Como era de esperar, la versión opositora de los hechos y la oficialista difieren diametralmente: Jorge Rodríguez ofreció ayer una hora de exposición y rueda de prensa sobre lo acontecido en zonas fronterizas; según él, todo habría sido un montaje de «falsos positivos» y fake news, y las gandolas incendiadas habrían sido obra de la oposición para pintar al gobierno como entidad desalmada; del otro lado, «la periodista venezolana Karla Salcedo Flores denunció no solo el plagio de sus fotografías sino su uso para tergiversar con fines propagandísticos los hechos de este sábado en la frontera colombo-venezolana, donde el régimen de Nicolás Maduro reprimió brutalmente a venezolanos que abogaban por la entrada de la ayuda humanitaria y quemó tres camiones con insumos médicos, publicó el diario La Nación«.

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Volvamos al comienzo. Es notorio el esfuerzo de diseño y posterior coordinación de las aventuras de Juan Guaidó, razón por la que resulta prácticamente increíble que el plan que ejecuta en equipo—el «equipo de Guaidó», reiteran algunos medios—no previese que el gobierno de Maduro intentaría impedir la entrada de los considerables envíos de alimentos y medicinas a Venezuela, aunque tal actividad incurriese en el costo de muertes; ya eso ha ocurrido reiteradamente en los últimos cinco años. Ese gobierno ha negado la existencia de una emergencia humanitaria en el país, y había anunciado que se opondría a los intentos de penetración, sobre todo después de una preocupante nota de EV TV Miami (Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela), en la que se lee (ver Delirio total):

La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el periódico El País, de Montevideo… (…) Al responder a una pregunta, Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”.

El plan del que Juan Guaidó es el mascarón de proa incluía, pues, la certeza de que habría represión y su consecuencia casi garantizada: muertes de ciudadanos venezolanos que servirían para un mayor descrédito de Nicolás Maduro, si es que tal cosa es posible. En otras palabras, se pagó por ese descrédito ulterior con sangre de manifestantes y colaboradores del operativo de ayuda humanitaria. Si ésta hubiese sido lo primordial ¿a qué venía anunciar su llegada con tanta anticipación y tanto detalle? (Suficientes para competir en materia de conciertos).

Hace tiempo que la economía de unas cuantas muertes es ingrediente descontado en la lucha contra Maduro; bastante antes, contra Chávez. Mi esposa y yo asistimos, previamente a la marcha del 11 de abril de 2002, a la del 23 de enero de ese mismo año, luego de la cual comenté a un visitante en nuestra casa cómo la manifestación primera permitía concluir que Chávez habría «perdido la calle». Una larga y gélida pausa se instaló después de su réplica: «Sí, pero hasta que no pongamos unos muertos el mandado no estará hecho». Dos años después, un asiduo asistente a una reunión semanal de comentario político recomendó con la mayor tranquilidad: «Lo que tenemos que hacer es detonar un nuevo Caracazo». (Claro, ni él ni sus hijos irían a saquear enfrentando soldadesca armada).

Finalmente, hace casi tres años me escribió un amigo a quien he dejado de tratar:

La buena noticia es que la crisis continúa y por lo tanto que la calle espontánea continúa… la mala es que quien hoy tiene la 1ra. opción para capitalizar esa rebelión espontánea son los militares (aún podría cambiar), mientras, como no tenemos control de ese factor medular, recemos para que aunque sea nos toque un Pinochet (cosa difícil) que por lo menos acomode la economía.

Se trata de gente sofisticada; ella sostiene que la continuación de la crisis aumenta el sufrimiento popular y con éste el rechazo al gobierno, lo que es buena cosa. La crisis convendría, las muertes ayudarían al objetivo final de liquidar a Nicolás Maduro. Por eso había que anunciar las gandolas, en lugar de hacerlas pasar discretamente. LEA

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La verbena de la gallina

 

Gaceta de Cuba con la ley de expropiación de 1960

 

¡Alto aquí todo el mundo! Esto se arremató. Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo.

La verbena de la paloma – (arrematar Rematar, dar fin a algo. Diccionario de la Lengua Española)

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Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena.

Diálogo digital – 15 de febrero de 2019

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Fulgencio Batista huyó de Cuba en las primeras horas del 1º de enero de 1959, casi un año exacto después de la huida de Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. El 8 de enero de aquel año, entraba Fidel Castro en La Habana; el 15 de abril iniciaba una visita de 11 días a los Estados Unidos (invitado por la Asociación Americana de Editores de Periódicos). En entrevista que concediera durante ella declaró: «Yo sé que el mundo piensa que nosotros somos comunistas; por supuesto, he dicho muy claramente que no somos comunistas, muy claro». El 22 de diciembre de 1961, diría en uno de sus kilométricos discursos: «Seremos siempre marxista-leninistas», lo que naturalmente es sinónimo de comunistas.

En todo caso, el 15 de octubre de 1960 se publicaba una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba; ella contenía la «Ley 890», cuyo Artículo 1 dictaba: Se dispone la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas, propiedad de las siguientes personas naturales y jurídicas… A esto seguía una enumeración de empresas expropiadas, agrupadas en los siguientes sectores: Ingenios azucareros (un total de 105), Destilerías (18), Bebidas alcohólicas (6), Jabones y Perfumes (3), Derivados lácteos (5), Fábricas de chocolates (2), Molinos de harina (1), Fábricas de envases (9), Fábricas de pinturas (3), Químicos (3), Metalurgia básica (6), Papelerías (7), Lámparas (1), Textiles y confecciones (60), Molinos de arroz (16), Productos alimenticios (7), Aceites y grasas (2), Almacenes de víveres (47), Tostaderos de café (10), Droguerías (3), Tiendas por departamento (13), Empresas de ferrocarriles (8), Imprentas (1), Circuitos cinematográficos y cines (11), Construcción (19), Electricidad (1) y Marítimo (13). En total, 380 empresas pasaban de un gacetazo a ser poseídas por el Estado cubano. (Una reproducción de toda la gaceta en archivo de formato .pdf puede ser descargada desde este enlace: GACETA CUBA).

Debo el documento al gentil amigo Orlando Amaya, siempre pendiente de este blog, quien expresó su concurrencia con el tercer epígrafe de esta entrada. En su correo de envío, puso: «Las motivaciones del decreto y las fechas, son bien interesantes de analizar». El tercero de los “Por Cuanto”—en Cuba, lo que acá llamamos un “considerando”—expone:

Muchas de las grandes empresas privadas del país lejos de asumir una conducta consecuente con los objetivos y metas de la transformación revolucionaria de la economía nacional, han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y del desarrollo económico, cuyos signos más evidentes y notorios han sido el sabotaje a la producción, la extracción del numerario sin reinversiones adecuadas, la utilización exagerada de los medios de financiamientos sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas, y el abandono frecuente de la dirección directa de las fábricas lo que, en muchas ocasiones, ha obligado a la intervención por el Ministerio del Trabajo en evitación preventiva de la crisis laboral que el cierre o disminución de la producción puedan crear.

Y el octavo (penúltimo) «Por Cuanto» declara:

Es deber del Gobierno Revolucionario tomar las medidas que demandan las circunstancias expuestas en los Por Cuantos anteriores y adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo, procediendo a la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales que no se han adaptado ni se podrían adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria, y a la vez a brindar efectivas garantías y a facilitar por distintos medios el normal desenvolvimiento de todas aquellas empresas pequeñas y medias cuyos intereses pueden y deben coincidir con los grandes intereses de la Nación.

Digno de notar: tal como es el uso de nuestra Constitución, se escribe ahí con mayúscula inicial «Gobierno Revolucionario», «Patria» y «Nación», pero «pueblo» se escribe con minúscula inicial. (En el Preámbulo de nuestro supremo texto local: «El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores…», a pesar de que según el Artículo 5 «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…»)

La Ley 890 venía firmada por el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, el Primer Ministro Fidel Castro Ruz y el Ministro de Hacienda Rolando Díaz Aztaraín.

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Por supuesto, los gobiernos chavista-maduristas han causado una enorme disminución de la actividad empresarial privada en Venezuela, aunque más dilatada en el tiempo. (Ver la introducción de Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, 9 de enero de 2004). Carlos Larrazábal, Presidente de Fedecámaras, acaba de conceder una entrevista en la que informa cosas como éstas:

En 1998, cuando arrancó la revolución bolivariana, en el sector industrial teníamos más de 12.500 empresas y ahora no pasan de 3.000, operando al 20%-25% de su capacidad. Nosotros teníamos más de 600.000 empleadores en esa época, al principio del gobierno del Presidente Chávez, ahora se estima que esa cifra no llega a unos 200.000. Y digo “se estima”, porque el gobierno ya no publica cifras. (…) El gobierno de Chávez por decreto estableció que todo el sector privado era de utilidad pública, por lo que ya no requería la autorización de la Asamblea Nacional para expropiar. De esta manera, entre 2007 y 2012 se confiscaron más de 1.500 establecimientos de empresas y más de cinco millones de hectáreas de tierras fértiles. Buena parte de lo expropiado hoy está paralizado. En el sector agroalimentario el gobierno tomó el control de más del 50% de la producción de harina y entre 30% y 40% de la de arroz. El gobierno ahora controla todas la empresas de cemento y no se puede conseguir un saco si no es a través del mercado negro. Así se puede sumar y seguir.

Es la misma cosa cubana a cámara lenta, comparativamente, y siempre hay que tomar en cuenta que la economía venezolana en 1959, aun antes del vigoroso estímulo del gobierno de la época a la industria privada—Rómulo Betancourt con Lorenzo Fernández como Ministro de Fomento—con las garantías económicas constitucionales suspendidas (hasta julio de 1992), era bastante más poderosa y diversificada que la de Cuba de aquel año. Ahora Larrazábal se muestra entusiasmado con Juan Guaidó, quien ha dicho (más o menos): «Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo».

Lo nuestro es toda una verbena. LEA

 

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