No se dan por aludidos

 

Noruega, Suiza y buena parte de los Balcanes no están en la Unión Europea; Reino Unido en veremos.

 

Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno.

Carta a Julio Borges Junyent – 3 de marzo de 2015

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La soledad es, parece, la condición de quienes quieren invitar a sus prójimos a una reunión con el futuro o, simplemente, con la verdad.

Hallado lobo estepario en el trópico – 28 de mayo de 2011

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Hoy se cumplen cuatro años exactos de que el diputado en el exilio Julio Borges—el “único legítimo”—recibiera una última comunicación de mi parte, en la que le invitaba a promover un referendo sobre la implantación de un sistema socialista en Venezuela:

Estoy convencido de que Primero Justicia tiene la capacidad de convertirse en adalid de la idea de ese referendo. Con buenos argumentos, y hay bastantes, podría convencer en la Mesa de la Unidad Democrática a la mayoría de sus miembros, si no a todos, de que ése es el sendero estratégicamente correcto. En cualquier caso, si PJ emprendiera por su cuenta esa iniciativa, una vez que la hubiera propuesto con lealtad en el seno de la MUD, no vulneraría en nada la búsqueda de unidad en la postulación de candidaturas de diputaciones.

Era 2015. Al cabo de nueve meses del envío, los partidos afiliados a la MUD obtendrían el control de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de ese año, resultado que anticipé el 18 de noviembre del año anterior en programa especial grabado de Y así nos va en Radio Caracas Radio, tres días después de que dijera lo mismo en el programa #119 de Dr. Político en RCR. Cuatro días después de la instalación del nuevo parlamento, tocaba el programa #178, en el que propuse considerar una “alianza de la Asamblea Nacional con el Pueblo”, justamente para la convocatoria de referendos que ella podría hacer por mayoría simple de 84 diputados. A Henry Ramos Allup le había escrito poco después del portentoso triunfo electoral opositor acerca del mismo referendo propuesto a Borges en marzo, a pesar de que aquél hubiera dicho en 2010 que esa consulta era “una locura”. Dos años más tarde, el 29 de octubre de 2012, Ramos Allup declaraba a Noticias 24: “Ojalá se hiciera una especie de referéndum, donde independientemente de campañas, de discursos y de carisma se le pregunte a los ciudadanos si quieren un régimen parecido al comunismo cubano”. (Un archivo de audio con esa declaración puede ser escuchado en Más vale tarde que nunca, 30 de octubre de 2012). Pero mientras presidiera la Asamblea Nacional no movió un dedo para que la opinión del Pueblo fuera tomada en cuenta.

Decidí escribir a Borges por una doble razón: primera, una oyente de mi programa en Radio Caracas Radio me había preguntado si había dado a conocer mi prédica referendaria a dirigentes de la oposición; segunda, me había preocupado la acusación que en contra suya había hecho Jorge Rodríguez: que él sería quien seleccionara los blancos para el presunto bombardeo de Caracas por un avión Tucano que jamás se presentó. Aunque la carta se la entregó su señora madre, y aunque contenía el ofrecimiento citado en el primer epígrafe, Borges nunca me hizo llegar siquiera acuse de recibo.

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Alta Representante de la lectura selectiva

También se cumple hoy un plazo bastante más breve (tres semanas y tres días) desde que enviara un correo electrónico a Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Creí notar una postura mesurada en ella, pues había leído poco antes:

La Unión Europea (UE) espera poder lanzar en febrero el grupo internacional de contacto que impulsa para buscar una salida negociada a la crisis política en Venezuela, anunció la jefa de la diplomacia regional, Federica Mogherini. (…) Aunque no reconocen los comicios que llevaron a Nicolás Maduro a asumir otro mandato, los europeos se resisten a romper relaciones y promueven desde octubre este grupo que no busca mediar, sino facilitar un diálogo entre gobierno y oposición. (La Unión Europea espera lanzar grupo de contacto sobre Venezuela en febrero. TalCual, 21 de enero de 2019).

Sin embargo, he leído ayer lo siguiente en El Universal (Condena de la comunidad internacional si detienen a Guaidó), igualmente reseñado en Prodavinci:

La Unión Europea anunció este sábado que cualquier medida que pudiese poner en “riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó” representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional, según comunicado emitido por el organismo internacional. Asimismo, detallaron su convicción de que la solución para la crisis “multidimensional” que afecta a la población venezolana solo puede ser “política, democrática y pacífica” y que los miembros de la Asamblea Nacional gozan de la inmunidad otorgada por la constitución que debe ser “plenamente respetada”. “Deben poder ejercer su mandato parlamentario sin intimidación sobre ellos ni sobre los miembros de su familia. La Unión Europea seguirá de cerca los eventos en cooperación con los miembros del Grupo de Contacto Internacional y sus socios regionales e internacionales”, reseña el comunicado emitido por la alta representante de la UE sobre Venezuela.

Diera la impresión de que más de un actor internacional no se toma la molestia de leer y entender la Constitución venezolana. En el mismo Artículo 200 que define la inmunidad parlamentaria, se contempla la posibilidad de detención de los diputados:

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

El diputado Guaidó ha incurrido en el flagrante delito de usurpación de la Presidencia de la República, sobre la base de una lectura distorsionada e interesada de una sección del Art. 233. Nadie menos que José Ignacio Hernández, el “procurador especial” recién nombrado por el “presidente interino”, opinó de este modo: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una barbaridad que seguramente le valió el nombramiento:

El abogado Hernández encontró una salida (…) para que la pretensión de Guaidó se sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019).

Esto, sin considerar que una declaración de Guaidó, de nuevo en falsificación de una norma constitucional, tal vez haya representado “una gran escalada de tensiones” que la Alta Representante no ha notado:

Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”. (Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela, en entrevista concedida a El País de Montevideo según reseña de EV TV Miami, 7 de febrero de 2019).

Tampoco considera Mogherini la prohibición de salida del país, que no viola su inmunidad parlamentaria y que el Tribunal Supremo de Justicia impusiera al diputado Guaidó y éste desacatara.

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Encabezado del memorándum

Habiendo arribado a la conclusión—¿apresurada?—de que tampoco obtendré acuse de recibo de la Alta Representante europea, y sin esperanza de que modifique su posición, he decidido publicar acá el contenido de mi comunicación a ella; es el memorándum que aquí copio:

Admirada Alta Representante: debo establecer, en primer término, mi posición política en general y, especialmente, en relación con el proceso venezolano. Desde 1992, año del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra el difunto presidente Carlos Andrés Pérez, he mantenido una postura de rechazo a lo que conocemos como chavismo y su continuación en Nicolás Maduro Moros. Practico el arte de la Política como profesión de carácter médico, y además desde una ubicación transideológica, por lo que mi rechazo a Chávez y su sucesor no obedece a ideología alguna. Desde 1999 he sostenido que antes que oposición lo correcto sería la superposición de un discurso político de nivel superior, y que antes que acusación ritual y cotidiana del chavismo debía ejercerse su refutación.

Es más antigua mi fe en el Pueblo como poder superior del Estado en Venezuela (aunque se le haya llamado poco para conocer su opinión). Ya en 1994 proponía una modificación constitucional para establecer un referendo anual de la República, y desde 2003 he propuesto infructuosamente varias consultas; notablemente, en 2009 sobre la implantación del socialismo en Venezuela—según nuestro Diccionario, Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes—, en 2016 para causar elecciones presidenciales inmediatas y en 2018 para disolver la Asamblea Nacional Constituyente que opera en el país (legítimamente convocada, por cierto).

El fundamento de nuestra constitucionalidad fue establecido en una sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que dio origen a la secuencia que llevaría a la elección de una asamblea constituyente y la aprobación de nuestra Constitución vigente ese mismo año. Ella estableció que el Pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, no está limitado por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); sus únicos límites son los derechos humanos y los tratados internacionales en los que la República haya entrado válidamente con soberanías equivalentes. De resto, puede decidir cualquier cosa, como nuevas elecciones fuera de lo dispuesto en nuestra Constitución y las leyes.

Esto último no puede acordarse entre fuerzas políticas opuestas, ni siquiera por acuerdo de los poderes públicos. El único modo en que nuevas elecciones presidenciales puedan celebrarse antes de 2024 es que ese poder supremo las ordene. (O que se produzca la falta absoluta del Presidente de la República, Sr. Nicolás Maduro Moros; por renuncia, por ejemplo, o su muerte).

No participo de la tesis opositora de que Maduro fue electo fraudulentamente porque la elección del 20 de mayo de 2018 fuera mandada por la Asamblea Nacional Constituyente; esa elección fue finalmente convocada por el Consejo Nacional Electoral, aunque ciertamente luego de que la ANC decidiera al respecto. El Artículo 349 de la Constitución establece que “los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, y el organismo electoral venezolano es uno de esos poderes constituidos. Maduro, y no Juan Guaidó, es el Presidente constitucional. Este último basa su pretensión en una tergiversación del Artículo 233 constitucional, que dice: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Tendría, pues, que existir un presidente electo que no hubiera tomado posesión, y Guaidó niega que Maduro fue elegido y por tanto la previsión de la disposición no es aplicable. Guaidó no es el Presidente de Venezuela.

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Otra cosa es que convendría a Venezuela un cambio de Presidente, pero esto debe lograrse correctamente. Convendría a Venezuela la liberación de detenidos sin causa penal debidamente procesada; convendría—más que ayuda “humanitaria”—un manejo sensato de la economía nacional; convendría la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, etcétera. Pero convendría también que la Asamblea Nacional no entendiese (5 de enero de 2016, justo al inaugurarse) que era su “compromiso no transable” lograr la cesación del gobierno de Maduro, o que no hubiera sostenido falsamente que Maduro había “abandonado su cargo” (9 de enero de 2017), o que se hubiera abstenido de “nombrar” un Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) mediante procedimientos anticonstitucionales.

He sostenido que estas cosas deben ser materia de un acuerdo entre los poderes públicos venezolanos, no entre fuerzas políticas (oficialismo vs. oposición). El Artículo 136 de la Constitución manda: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. También creo que conviene contar con un proyecto o borrador de acuerdo y he elaborado uno que debiera ser actualizado. (Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017).

Pongo a su orden, pudiendo ser a través de personas que Ud. delegue, mayores detalles sobre este enfoque, que ya en 2003 formulé así: Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo”.

Es lo constitucional y democráticamente correcto.

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Por cosas como esta entrada he adquirido en algunos círculos fama de gente intratable; un estimadísimo amigo chileno me confió haber escuchado esta evaluación: “tú serías una especie de duro Robespierre, que caes implacablemente sobre lo que estimas equivocado”. (Hallado lobo estepario en el trópico, 28 de mayo de 2011). Pero es la Estipulación Segunda de mi Código de Ética (24 de septiembre de 1995) la siguiente:

2. Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

Tampoco me ayuda una buena dotación de memoria auxiliada con el depósito de este blog, que hoy llega justamente con éste a 1.995 trabajos de tema político. LEA

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Coctel de despedida de febrero

 

Altos panas hasta ayer

 

…el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: “Es una cosa muy interesante de decir, he desarrollado una muy, muy buena relación…” con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro.

De toda obviedad, 25 de febrero de 2019

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El Presidente de Venezuela debiera aprender del estadounidense. No es necesario detener a periodistas de Univisión que hagan preguntas incómodas e incautarles equipo profesional; basta proscribirlos:

Reporteros de los EEUU le preguntaron al presidente Trump sobre el testimonio de Michael Cohen durante una oportunidad de tomar fotografías de Trump y el dictador Kim Jong Un el miércoles. Trump no contestó. Menos de una hora después, la Casa Blanca impidió a varios reporteros que asistieran a la siguiente oportunidad de los medios con Trump y Kim. (White House limits press access at Trump-Kim meeting after reporters asked questions about Michael Cohen, CNN, 27 de febrero de 2019).

Directo de POTUS

Antes de ese democrático procedimiento, respetuoso de la libertad de prensa, el mismísimo Donald había declarado en un tuit que Kim Jong Un era su amigo. El texto: “Vietnam está prosperando como pocos lugares en la tierra. Corea del Norte estaría en lo mismo, y muy rápidamente, si se desnuclearizara. El potencial es IMPRESIONANTE, una gran oportunidad, como casi ninguna otra en la historia para mi amigo Kim Jong Un. Muy pronto sabremos – ¡Muy Interesante!”

El actual POTUS (President Of The United States), claro, habla y escribe un lenguaje adolescente: AWESOME! HUGE! TERRIFIC! Superlativos en mayúsculas cerradas, que en el uso de Internet son tenidas como el equivalente de hablar a gritos; es decir, mala educación que no añade ni un ápice a la veracidad de lo que así se escribe. ¿Michael Cohen? El mismo día prestó testimonio ante una comisión supervisora de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:

En una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Donald Trump, quien se declaró culpable de dar información falsa al Congreso de Estados Unidos, relata cómo conoció al magnate ahora mandatario. Además, describe lo que según él son actitudes racistas y fraudulentas de Trump y da detalles sobre sobornos, según dice, pagados a universidades de Estados Unidos para no revelar sus notas, y los polémicos pagos a estrellas porno para guardar silencio. (Michael Cohen: “Trump es un racista, estafador y tramposo”, dijo ante el Congreso. CNN en Español).

¡INCREÍBLE!

¿O no? Necesitamos en Venezuela una nueva elección presidencial, pero también la necesitan con urgencia los Estados Unidos. (En Corea del Norte no se celebra elecciones). Por de pronto, la “amistad” de Trump y el dictador norcoreano no tardó en resquebrajarse: ya las conversaciones en Hanoi han sido interrumpidas bruscamente sin que se lograra un acuerdo. Al menos algunos de los amigos de Donald Trump, como Kim y Michael, parecen ser notoriamente efímeros.

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Estando aún fuera de Venezuela, Juan Guaidó anunció el nombramiento del abogado José Ignacio Hernández como “Procurador especial”. Tuve con este último un contacto iniciado por él, que fuera reseñado en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019):

Entre el Dr. Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández.

El “procurador” José Ignacio Hernández

Todavía no estaba tan ocupado; ahora debe encargarse de la dirección y supervisión de “varios procesos abiertos por Guaidó en casi 50 países para evitar que el Gobierno de Maduro haga uso de los recursos venezolanos en estas naciones”. (Guaidó designa a José Ignacio Hernández “procurador especial”). El encargo, por otra parte, se inscribe en el “Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”, aprobado en su versión final por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero. A unos legisladores que se la pasan hablando de defender la Constitución no se les agua el ojo para proclamar una legislación que es patentemente anticonstitucional; en ninguna parte de aquélla se menciona un “estatuto de transición” ni que el Poder Legislativo Nacional pueda declarar una. La Asamblea Nacional actuó, pues, como si fuera una Asamblea Nacional Constituyente especialísima; aun la prevista en el Artículo 347 de la Constitución no puede modificarla directamente; cualquier cambio en ese texto supremo debe ser aprobado por el Pueblo en referendo, de modo que la asamblea presidida por Guaidó es verdaderamente una usurpadora, ya no del cargo de Nicolás Maduro sino de prerrogativas propias del Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el único poder que no está limitado por la Constitución. El “estatuto”, por otra parte, fue precedido de un “Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”, del 15 de enero de este año. ¿Qué significa usurpación? Bueno, “usurpar” es “Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. (Diccionario de la Lengua Española). ¿Quién es ese “otro”? ¿A quién usurpa el cargo Nicolás Maduro Moros?*

Hay, además, un precedente bastante más antiguo. El 25 de febrero de 2002, hace diecisiete años, propuse en Televén un “Acta de Abolición y Estatuto de Transición” para suprimir el gobierno de Hugo Chávez Frías. Luego, el 17 de diciembre de 2016, adapté el documento al caso de Nicolás Maduro Moros. ¿La diferencia? Esos documentos debían ser aprobados por “Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario…”, no por diputados en estado de embriaguez política.

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El diario El Nacional publicó hace tres días una nota que titulara de este modo: “Constitucionalista Rafael Chavero: De las dictaduras no se sale con flores”. Es la acepción cuarta del término “constitucionalista” en el Diccionario la aplicable a la identificación profesional de ese abogado: “Jurista especializado en derecho constitucional”.

Constitucionalista inconstitucional

A juzgar por el breve reportaje, el abogado Chavero (que no chavista) es constitucionalista de un solo artículo; el único que esgrime es el Art. 333, que dice a la letra: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. La “eventualidad” no se ha materializado todavía; no ha ocurrido un golpe de Estado que dejara de observar la Constitución y tampoco ésta ha sido derogada. (Derogar. Dejar sin efecto una norma vigente). Violarla, que sí ha ocurrido—ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008—no es lo mismo que derogarla.

De resto, el abogado Chavero pudiera enorgullecerse de haber acuñado una frase efectista de significado harto impreciso. (Las definiciones negativas tienen ese inconveniente. Por ejemplo, una adivinanza: “¿En qué se parecen un tractor y un poste de teléfonos?” Respuesta: “En que con ninguno de los dos puede prepararse dulce de guayaba”). Decir que de las dictaduras “no se sale con flores” no pasa de proveer un titular llamativo. Pero soy injusto; Chavero dijo: “de las dictaduras se sale mediante mecanismos de presión y actuaciones necesarias para contrarrestar los gobiernos de facto”. ¿Un golpe de Estado que dejaría de observar la Constitución “por acto de fuerza”? Parece ser que es eso lo que Chavero tiene en mente, pues añadió: “Con decretos y con leyes no saldrá la dictadura, cualquier cosa que haga el Parlamento va a ser desconocido por el régimen, como ha venido haciendo”. Es decir, Chavero no cree en “estatutos de transición”, como sí Juan Guaidó y José Ignacio Hernández.

Claro, la reivindicación del título de “constitucionalista” parece suficiente para producir en la ciudadanía una admiración que no debe ser cuestionada. LEA

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* El Diccionario de la Lengua Española incluye la definición de “usurpación de funciones públicas”: 1. f. Der. Delito consistente en el ejercicio de los actos propios atribuidos a una autoridad o cargo público, sin título para ello. ¿Quién confirió el título de Maduro? Pues el Pueblo en su condición de elector el 20 de mayo de 2018 según lo proclamado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo órgano que proclamó la actual Asamblea Nacional que—para algunos en Venezuela y el exterior—es el “único” poder legítimo precisamente por eso.

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De toda obviedad

Si algo es evidentísimo es que el nuevo modelo de oposición al segundo gobierno de Nicolás Maduro está muy bien articulado: no se trata de una mera temporada adicional de protestas en las calles de Venezuela; ahora hay todo un plan detalladamente preparado y en ejecución, comenzando por su coartada constitucional primaria. Un componente esencial de su coreografía es mediático y Maduro está perdiendo en ese terreno, a juzgar por el collage internacional de portadas que reportaron los acontecimientos del sábado pasado en dos de las fronteras venezolanas. Al día de hoy, y según Google News, ya el asunto ha pasado a segundo plano en el ciclo de las noticias; los Premios Oscar parecen ser más apremiantes. (Y la próxima reunión de Donald Trump con un verdadero dictador comunista; el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: “Es una cosa muy interesante de decir; he desarrollado una muy, muy buena relación…” con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro).

Como era de esperar, la versión opositora de los hechos y la oficialista difieren diametralmente: Jorge Rodríguez ofreció ayer una hora de exposición y rueda de prensa sobre lo acontecido en zonas fronterizas; según él, todo habría sido un montaje de “falsos positivos” y fake news, y las gandolas incendiadas habrían sido obra de la oposición para pintar al gobierno como entidad desalmada; del otro lado, “la periodista venezolana Karla Salcedo Flores denunció no solo el plagio de sus fotografías sino su uso para tergiversar con fines propagandísticos los hechos de este sábado en la frontera colombo-venezolana, donde el régimen de Nicolás Maduro reprimió brutalmente a venezolanos que abogaban por la entrada de la ayuda humanitaria y quemó tres camiones con insumos médicos, publicó el diario La Nación“.

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Volvamos al comienzo. Es notorio el esfuerzo de diseño y posterior coordinación de las aventuras de Juan Guaidó, razón por la que resulta prácticamente increíble que el plan que ejecuta en equipo—el “equipo de Guaidó”, reiteran algunos medios—no previese que el gobierno de Maduro intentaría impedir la entrada de los considerables envíos de alimentos y medicinas a Venezuela, aunque tal actividad incurriese en el costo de muertes; ya eso ha ocurrido reiteradamente en los últimos cinco años. Ese gobierno ha negado la existencia de una emergencia humanitaria en el país, y había anunciado que se opondría a los intentos de penetración, sobre todo después de una preocupante nota de EV TV Miami (Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela), en la que se lee (ver Delirio total):

La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el periódico El País, de Montevideo… (…) Al responder a una pregunta, Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”.

El plan del que Juan Guaidó es el mascarón de proa incluía, pues, la certeza de que habría represión y su consecuencia casi garantizada: muertes de ciudadanos venezolanos que servirían para un mayor descrédito de Nicolás Maduro, si es que tal cosa es posible. En otras palabras, se pagó por ese descrédito ulterior con sangre de manifestantes y colaboradores del operativo de ayuda humanitaria. Si ésta hubiese sido lo primordial ¿a qué venía anunciar su llegada con tanta anticipación y tanto detalle? (Suficientes para competir en materia de conciertos).

Hace tiempo que la economía de unas cuantas muertes es ingrediente descontado en la lucha contra Maduro; bastante antes, contra Chávez. Mi esposa y yo asistimos, previamente a la marcha del 11 de abril de 2002, a la del 23 de enero de ese mismo año, luego de la cual comenté a un visitante en nuestra casa cómo la manifestación primera permitía concluir que Chávez habría “perdido la calle”. Una larga y gélida pausa se instaló después de su réplica: “Sí, pero hasta que no pongamos unos muertos el mandado no estará hecho”. Dos años después, un asiduo asistente a una reunión semanal de comentario político recomendó con la mayor tranquilidad: “Lo que tenemos que hacer es detonar un nuevo Caracazo”. (Claro, ni él ni sus hijos irían a saquear enfrentando soldadesca armada).

Finalmente, hace casi tres años me escribió un amigo a quien he dejado de tratar:

La buena noticia es que la crisis continúa y por lo tanto que la calle espontánea continúa… la mala es que quien hoy tiene la 1ra. opción para capitalizar esa rebelión espontánea son los militares (aún podría cambiar), mientras, como no tenemos control de ese factor medular, recemos para que aunque sea nos toque un Pinochet (cosa difícil) que por lo menos acomode la economía.

Se trata de gente sofisticada; ella sostiene que la continuación de la crisis aumenta el sufrimiento popular y con éste el rechazo al gobierno, lo que es buena cosa. La crisis convendría, las muertes ayudarían al objetivo final de liquidar a Nicolás Maduro. Por eso había que anunciar las gandolas, en lugar de hacerlas pasar discretamente. LEA

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La verbena de la gallina

 

Gaceta de Cuba con la ley de expropiación de 1960

 

¡Alto aquí todo el mundo! Esto se arremató. Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo.

La verbena de la paloma – (arrematar Rematar, dar fin a algo. Diccionario de la Lengua Española)

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Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena.

Diálogo digital – 15 de febrero de 2019

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Fulgencio Batista huyó de Cuba en las primeras horas del 1º de enero de 1959, casi un año exacto después de la huida de Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. El 8 de enero de aquel año, entraba Fidel Castro en La Habana; el 15 de abril iniciaba una visita de 11 días a los Estados Unidos (invitado por la Asociación Americana de Editores de Periódicos). En entrevista que concediera durante ella declaró: “Yo sé que el mundo piensa que nosotros somos comunistas; por supuesto, he dicho muy claramente que no somos comunistas, muy claro”. El 22 de diciembre de 1961, diría en uno de sus kilométricos discursos: “Seremos siempre marxista-leninistas”, lo que naturalmente es sinónimo de comunistas.

En todo caso, el 15 de octubre de 1960 se publicaba una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba; ella contenía la “Ley 890”, cuyo Artículo 1 dictaba: Se dispone la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas, propiedad de las siguientes personas naturales y jurídicas… A esto seguía una enumeración de empresas expropiadas, agrupadas en los siguientes sectores: Ingenios azucareros (un total de 105), Destilerías (18), Bebidas alcohólicas (6), Jabones y Perfumes (3), Derivados lácteos (5), Fábricas de chocolates (2), Molinos de harina (1), Fábricas de envases (9), Fábricas de pinturas (3), Químicos (3), Metalurgia básica (6), Papelerías (7), Lámparas (1), Textiles y confecciones (60), Molinos de arroz (16), Productos alimenticios (7), Aceites y grasas (2), Almacenes de víveres (47), Tostaderos de café (10), Droguerías (3), Tiendas por departamento (13), Empresas de ferrocarriles (8), Imprentas (1), Circuitos cinematográficos y cines (11), Construcción (19), Electricidad (1) y Marítimo (13). En total, 380 empresas pasaban de un gacetazo a ser poseídas por el Estado cubano. (Una reproducción de toda la gaceta en archivo de formato .pdf puede ser descargada desde este enlace: GACETA CUBA).

Debo el documento al gentil amigo Orlando Amaya, siempre pendiente de este blog, quien expresó su concurrencia con el tercer epígrafe de esta entrada. En su correo de envío, puso: “Las motivaciones del decreto y las fechas, son bien interesantes de analizar”. El tercero de los “Por Cuanto”—en Cuba, lo que acá llamamos un “considerando”—expone:

Muchas de las grandes empresas privadas del país lejos de asumir una conducta consecuente con los objetivos y metas de la transformación revolucionaria de la economía nacional, han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y del desarrollo económico, cuyos signos más evidentes y notorios han sido el sabotaje a la producción, la extracción del numerario sin reinversiones adecuadas, la utilización exagerada de los medios de financiamientos sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas, y el abandono frecuente de la dirección directa de las fábricas lo que, en muchas ocasiones, ha obligado a la intervención por el Ministerio del Trabajo en evitación preventiva de la crisis laboral que el cierre o disminución de la producción puedan crear.

Y el octavo (penúltimo) “Por Cuanto” declara:

Es deber del Gobierno Revolucionario tomar las medidas que demandan las circunstancias expuestas en los Por Cuantos anteriores y adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo, procediendo a la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales que no se han adaptado ni se podrían adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria, y a la vez a brindar efectivas garantías y a facilitar por distintos medios el normal desenvolvimiento de todas aquellas empresas pequeñas y medias cuyos intereses pueden y deben coincidir con los grandes intereses de la Nación.

Digno de notar: tal como es el uso de nuestra Constitución, se escribe ahí con mayúscula inicial “Gobierno Revolucionario”, “Patria” y “Nación”, pero “pueblo” se escribe con minúscula inicial. (En el Preámbulo de nuestro supremo texto local: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores…”, a pesar de que según el Artículo 5 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”)

La Ley 890 venía firmada por el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, el Primer Ministro Fidel Castro Ruz y el Ministro de Hacienda Rolando Díaz Aztaraín.

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Por supuesto, los gobiernos chavista-maduristas han causado una enorme disminución de la actividad empresarial privada en Venezuela, aunque más dilatada en el tiempo. (Ver la introducción de Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, 9 de enero de 2004). Carlos Larrazábal, Presidente de Fedecámaras, acaba de conceder una entrevista en la que informa cosas como éstas:

En 1998, cuando arrancó la revolución bolivariana, en el sector industrial teníamos más de 12.500 empresas y ahora no pasan de 3.000, operando al 20%-25% de su capacidad. Nosotros teníamos más de 600.000 empleadores en esa época, al principio del gobierno del Presidente Chávez, ahora se estima que esa cifra no llega a unos 200.000. Y digo “se estima”, porque el gobierno ya no publica cifras. (…) El gobierno de Chávez por decreto estableció que todo el sector privado era de utilidad pública, por lo que ya no requería la autorización de la Asamblea Nacional para expropiar. De esta manera, entre 2007 y 2012 se confiscaron más de 1.500 establecimientos de empresas y más de cinco millones de hectáreas de tierras fértiles. Buena parte de lo expropiado hoy está paralizado. En el sector agroalimentario el gobierno tomó el control de más del 50% de la producción de harina y entre 30% y 40% de la de arroz. El gobierno ahora controla todas la empresas de cemento y no se puede conseguir un saco si no es a través del mercado negro. Así se puede sumar y seguir.

Es la misma cosa cubana a cámara lenta, comparativamente, y siempre hay que tomar en cuenta que la economía venezolana en 1959, aun antes del vigoroso estímulo del gobierno de la época a la industria privada—Rómulo Betancourt con Lorenzo Fernández como Ministro de Fomento—con las garantías económicas constitucionales suspendidas (hasta julio de 1992), era bastante más poderosa y diversificada que la de Cuba de aquel año. Ahora Larrazábal se muestra entusiasmado con Juan Guaidó, quien ha dicho (más o menos): “Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo”.

Lo nuestro es toda una verbena. LEA

 

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Delirio total

 

El mesurado Presidente de la Asamblea Nacional

 

Supe del delirio en Twitter. La Sra. Chepina García me envió un mensaje con una pregunta (combino varios tuits en uno):

Saludos. Tengo una pregunta. Es con respecto al artículo 187 de la Constitución. Me refiero al punto 11, que dice corresponde a la AN “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Esto permite la entrada de militares de otros países sin importar lo que dice la carta de la OEA, en los artículos publicados en su blog. Esta pregunta la hago porque hoy Guaidó se refirió a este artículo como la aprobación para la incursión de tropas militares de EEUU y/o de otros países en Venezuela.

Eso contesté:

La carta de la OEA se refiere en su Art. 21 a: “El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción”. Esto no es lo mismo que “misiones”, que usualmente son de cooperación y asesoría. Por mucho tiempo, operó en Venezuela una misión militar de los EEUU con fines de asesoramiento a nuestras Fuerzas Armadas. En ninguna forma el numeral 11 del Art. 187 de la Constitución niega el Art. 19 de la Carta de la OEA. En síntesis; una misión militar no es una ocupación militar. Es la presencia de militares extranjeros autorizada por la Asamblea Nacional; una ocupación es un acto agresivo que es muy distinto. Desde hace tiempo existe la costumbre de que militares ingleses que participen en desfiles militares lo pueden hacer con bayoneta calada, en señal de agradecimiento por la participación de la Legión Británica en la fase final de nuestras guerras de Independencia. (En la Batalla de Carabobo, específicamente). El Ing. Guaidó delira.

Después de eso, inicié una búsqueda en Google para “Guaidó 187 Constitución” y el buscador me propuso de primera una nota de EV TV Miami:

Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela

febrero 7, 2019

La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el periódico El País, de Montevideo, publicada este jueves.

Al responder a una pregunta, Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”.

“En Venezuela ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas. También hay presencia del ELN y de las FARC de Colombia”, recordó.

Aunque reiteró que no desea una solución a la crisis por la vía violenta, destacó que la doctrina de Responsabilidad para Proteger, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), “es clara”.

“Otorga a todos los países la responsabilidad de actuar en protección de la vida humana en cualquier territorio; en el escenario que sean previsibles pérdidas humanas considerables”, resaltó.

Por último, Guaidó estimó que de continuar Maduro en el poder, más de 300.000 venezolanos morirán y muchos más se verán obligados a migrar.

Seguí la búsqueda, para opinar responsablemente, y encontré una definición de la novísima doctrina de la ONU enarbolada por Guaidó como justificación de una invasión extranjera. Esto encontré en la web de la Asociación de las Naciones Unidas en España (destaco en cursivas):

La Responsabilidad de Proteger (“RtoP” o “R2P”) es una nueva norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la cumbre mundial de las Naciones Unidas de 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Este compromiso estipula que: 1. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica. 2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad. 3. La comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un Estado no protege a sus poblaciones, o es en realidad el autor de los crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU.

En todo caso, Guaidó tendría que vender su delirio al Consejo de Seguridad de la ONU, pero Nicolás Maduro no es culpable de crímenes de guerra (Venezuela no está en una, por ahora), crímenes contra la humanidad o limpieza étnica. (Los escuálidos no son un grupo étnico). Pero veamos qué significa genocidio, no vaya a ser que paso algo por alto:

El genocidio (Del griego γένος génos “estirpe” y el latín -cidio, apofonía de caedere “matar”) es un delito internacional que comprende «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».

El término fue acuñado y definido por primera vez por el jurista judeo-polaco Raphael Lemkin, que en 1939 había huido del holocausto y encontrado asilo en Estados Unidos. En su libro El poder del Eje en la Europa ocupada publicado en 1944 definió así el genocidio:

La puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento.

Según el sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann, el genocidio es el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los actos de limpieza étnica. Para este autor el impacto de los genocidios durante el siglo XX es devastador, tanto por el número de víctimas, que cifra en más de 70 millones de personas, como en la extrema crueldad de las agresiones. (Wikipedia en Español).

El gobierno de Maduro es altamente pernicioso para el país, pero no le cabe sino hiperbólicamente—hay gente que habla así—la denotación de genocida. “Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no”. (El caso Venezuela, un deporte internacional). LEA

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El caso Venezuela, un deporte internacional

 

Origen de nuestro Derecho Internacional

 

Acerca del proceso venezolano he escuchado voces que postulan que ya se encuentra en una nueva etapa, caracterizada por la inusual atención internacional que ha despertado. He escuchado decir que ya lo importante es “lo que piense Francia”, que la cosa debe ser entendida en términos del Derecho Internacional. Algo sé de los fundamentos de esta rama especial del Derecho; entre 1962 y 1963 cursé en la Universidad Central de Venezuela el primer año de Estudios Internacionales, cuya materia eje era justamente Principios del Derecho Internacional Público.

La raíz de este Derecho es el “Derecho de gentes” (Ius gentium) de la antigua Roma—las gentes eran las agrupaciones humanas distintas de la romana; por ejemplo, los pueblos germánicos colindantes—y su principio fundamental se resume en el lema pacta sunt servanda (los pactos deben ser respetados). Copio de Wikipedia en Español:

En materia internacional se señala que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (según lo señala el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y mismo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986). Esta consigna, acuñada en épocas de la antigua Roma y según la cual “los pactos deben honrarse”, es una de las bases fundacionales de la confianza que la sociedad deposita en sí misma. Dictámenes de Tribunales se han basado en los principios generales del derecho internacional, al consagrar el principio pacta sunt servanda y la buena fe, como hilos conductores de la acción de incorporar la norma al ordenamiento interno.

………

El pacto fundamental de nuestro continente es la Carta de la Organización de Estados Americanos, que asienta en el literal d de su Artículo 3:

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

También establecen los artículos 19 al 21 (destaco en cursivas):

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Eso es, más allá de “lo que piense Francia”, una clara instancia normativa del Derecho Internacional Público, un pacto que debe ser honrado.

………

Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida no en razón de su sistema de gobierno sino porque había agredido a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, ocho años después de la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió:

En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión (pero Cuba no se ha reincorporado). (Wikipedia en Español).

………

Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes no fueron objetados en la organización. Por lo contrario, los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron la Operación Cóndor:

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas» del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología». El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 «desaparecidas» y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos estableció una oficina de coordinación del Plan Cóndor en Panamá. Toda una “defensa” orgánica de los derechos humanos, puro “Derecho de gentes”.

Un cable de 1978 del embajador de EE. UU. en Paraguay, Robert White, al Secretario de Estado Cyrus Vance, fue publicado el 6 de marzo de 2001 por el diario The New York Times. El documento fue liberado en noviembre de 2000 por el gobierno de Clinton en el marco del Proyecto de Desclasificación de Chile. En el cable, el embajador White informa de una conversación con el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, quien le informó que los jefes de inteligencia de América del Sur involucrados en Cóndor “[se mantenían] en contacto unos con otros a través de una instalación de EE. UU. en la Zona del Canal de Panamá que cubre [cubría] toda América Latina “. Según Dávalos, esta instalación era “empleada para coordinar información de inteligencia de los países del Cono Sur”. (Fuente citada).

Ahora es Donald Trump quien trata de un modo a Venezuela y con otro estándar a la dictadura monárquica absoluta de Arabia Saudita, a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses le dicen que su compinche Mohamed bin Salmán ordenó el asesinato (con posterior descuartizamiento) de un periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi.

Estas cosas son materia del Derecho Internacional Público e, independientemente de “lo que piense Francia”, debiera serlo de la Corte Penal Internacional. “El Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak, lo que denota la política de evitar someter a organismos supranacionales los temas internacionales y de dejarlos a organizaciones intergubernamentales o, simplemente, de que no estén regulados”. (Ídem). En verdad, los Estados Unidos fueron originalmente signatarios del Tratado de Roma y George W. Bush los retiró del acuerdo: para el “policía del mundo”, pacta non sunt servanda.

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¿Autoridad moral?

…en lo que sí se comportan los Estados Unidos como descarados hegemones es en su decisión de suspender su ayuda militar—incluyendo el adiestramiento—a 35 países que apoyan a la Corte Penal Internacional pero no han “exceptuado” a los Estados Unidos de eventuales causas en su contra por genocidio y crímenes de guerra. Según la agencia Fox News, los Estados Unidos, que son signatarios del pacto que creó la corte el año pasado, “temen que (el tribunal) pueda procesar causas políticamente motivadas en contra de sus líderes militares y civiles”. La administración de Bush está muy dispuesta, naturalmente, a levantar las sanciones—que incluyen a Colombia y a seis países de Europa oriental—cuando los países en cuestión consientan en conceder bilateralmente inmunidad para los funcionarios estadounidenses. Ahora veremos si Uribe Vélez tiene pantalones y se resiste a esta torcida de brazo. (En Bushit, 3 de julio de 2003).

…la senadora Dianne Feinstein, líder del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, acusó a su Agencia Central de Inteligencia de ocultar las torturas que ha administrado. La senadora Feinstein dijo, alegando que la CIA había borrado archivos pertenecientes a un informe del comité que preside en sus computadores: “Si el Senado puede desclasificar este informe, seremos capaces de asegurar que un brutal programa de detención e interrogación, nada americano, nunca más sea considerado o permitido”. (En A propósito de John Kerry, 14 de mayo de 2014).

Las facultades de Derecho de varias universidades estadounidenses documentaron las violaciones; por ejemplo, la Universidad de Harvard:

The first report in our multi-clinic Protest and Assembly Rights Project series calls on New York City authorities to stop the pattern of abusive policing of Occupy Wall Street protests. Lead authored by our partners at NYU and Fordham, the report released today documents in painstaking detail how the New York police and other city officials violated the rights of Occupy protesters. (Suppressing Protest: Human Rights Violations in the U.S. Response to Occupy Wall Street). (En Gringos golpistas, 11 de septiembre de 2018).

Claro, la autoridad moral no suele irrumpir en el Derecho Internacional Público, ni tal vez es algo en “lo que piense Francia”.

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Condenar y sancionar al gobierno venezolano (afectando a su pueblo) se ha convertido en uno de los deportes políticos de moda, comme il faut, dirían los franceses chic. La autoridad que eso haga obtiene una certificación de demócrata preocupada por los derechos humanos, a un costo bajísimo (para ella). Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no. LEA

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