Referéndum en sauvage

 

La calle en estado salvaje

 

 

A quien me ha brindado innumerables copas de vino de Jerez

 

Dice la primera parte de la séptima estipulación de mi código de ética política: “Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación…” Esto es, ese código me impide ganar indulgencias con escapulario ajeno.

He visto cosas que no había pensado gracias a otras personas y trato de darles crédito por lo que me han enseñado, pero eso no siempre es posible; tengo un amigo que por razones de peso me exige que lo mantenga en el anonimato, así que sólo puedo decir cuando me impone el silencio que lo que me ha explicado no es de mi autoría. Me hizo tomar conciencia en dos oportunidades en el año 2002, y de la primera sé el día exacto: le visitaba en compañía de un amigo común el 24 de febrero de ese año, un domingo. Al día siguiente asistiría a una edición del programa Triángulo, que conducía Carlos Fernandes en Televén. De hecho, el programa había sido concebido por mi insistencia, y su tema fue: ¿Existe el derecho de rebelión? Poco antes, Ernesto Ecarri Hung nos entrevistó a Ángel Álvarez (Director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela) y a mí en momentos (3 de febrero de 2002) cuando una buena parte del país barajaba modos de salir del gobierno de Hugo Chávez. A Ecarri le llamó mucho la atención una clara formulación del derecho de rebelión, que mencioné, en la Declaración de Derechos de Virginia. (Wikipedia: “El artículo tres consagra el derecho [de] la mayoría de la comunidad a reformar o abolir un gobierno, cuando considere que no está orientado al bien común. Se define aquí las bases del derecho a la resistencia o de rebelión contra la opresión”):

“…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—[el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad]—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.

Yo había llamado a Carlos Fernandes, a Marta Colomina y al mismo Ecarri, preocupado por una prédica posterior de Jorge Olavarría en la prensa y en la televisión:

…Jorge Olavarría escribió para El Universal dos artículos bajo el título Derecho de rebelión, y fue el jueves 21 de febrero a la edición meridiana del noticiero de Televén a exponer su particular interpretación de tal derecho. En su opinión, se justificaba una rebelión clásica, un golpe de Estado contra el gobierno de Chávez. En el primero de sus artículos, indicó que el procedimiento convencional era que los rebeldes expusieran al país los motivos de su alzamiento una vez que tuvieran éxito en deponer al Presidente. (Las élites culposas).

Fue Fernandes quien propuso de inmediato una de sus sesiones de Triángulo para tratar el asunto, y la víspera comenté al amigo incógnito mi propósito de enfatizar que el titular del derecho de rebelión, como postula el documento virginiano, era una mayoría de la comunidad, y no un grupo de militares que decidiera alzarse por su cuenta. Mi lúcido amigo hizo entonces esta observación: “Sí, pero la Declaración de Derechos de Virginia fue redactada por súbditos de Jorge III de Inglaterra, y nosotros no somos súbditos de Chávez”.

Entonces me cayó la locha proverbial; al despedirme en la puerta de su casa le dije: “Clarísimo, es verdad; no somos sus súbditos, somos sus jefes, sus mandantes”. A la tarde de ese día ya había concebido que si una mayoría de venezolanos firmaba un documento que declarase abolido el gobierno de Hugo Chávez, un acta de abolición, ese gobierno quedaría abolido de pleno derecho. Así lo expuse en Televén el 25 de febrero de 2002, sin que los demás participantes en el diálogo moderado por Fernandes atinaran a refutarme. (El 17 de diciembre del año pasado, adapté lo que luego redactaría para el caso de Chávez al de Nicolás Maduro: Manda Su Majestad).

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Mantuve informado al amigo sin nombre de la evolución de la idea abolicionista, que ahora imaginaba cristalizada en Internet; el Artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas—decretada por Chávez con poderes de ley habilitante en enero de 2001—establece: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos…”, y añadió él otra intuición: “Puede hacerse, sin duda, con las firmas ciudadanas que visualizas, pero a lo mejor la cosa ocurre espontáneamente en la calle; puede darse un referéndum en sauvage”. (Salvaje, en estado puro). A mi vez, no pude menos que asentir y comenté: “De nuevo tienes razón; si vas a elegir al Presidente de la Asamblea, es procedimiento válido declarar electo a alguien si al mencionar su nombre los diputados prorrumpen en vítores. El director de debates lo declara electo por aclamación sin necesidad de contar votos”. Faltarían en ese momento unas dos o tres semanas para la manifestación caraqueña del 11 de abril de 2002.

Así que más de una vez este amigo ha expandido mi comprensión de la realidad política, y anoche recordaba estas cosas al enterarme por Twitter de la onda expansiva de protestas simultáneas en muchos puntos del país, en muchos de Caracas, luego de que el violento repudio de Nicolás Maduro en San Félix prendiera la mecha.

Las hormigas, también, tienen mente de colmena. Una colonia de hormigas, en movimiento de un nido a otro, exhibe el substrato kafkiano del control emergente. Cuando hordas de hormigas abandonan su campamento y se dirigen al oeste, llevando huevos, larvas, pupas—las joyas de la corona—en sus picos, otras hormigas de la misma colonia, obreras patrióticas, cargan el tesoro hacia el este con la misma velocidad, mientras aun otras obreras, quizás reconociendo mensajes conflictivos, corren en una y otra dirección con las manos vacías. Un día de oficina típico. Y, sin embargo, la colonia se mueve. Sin que haya una toma de decisiones visible en un nivel superior, escoge un nuevo sitio para anidar, instruye a las obreras que comiencen a construir y se gobierna a sí misma. (Kevin Kelly, Out of Control1994).

No puedo saber si todo lo que ocurrió anoche en una docena de ciudades venezolanas fue espontáneo—”Los enjambres actúan sin líder” (Dinámicas de enjambre)—; cabe la posibilidad de que haya habido algo de ingeniería, pero me inclino a pensar que en Martes Santo la protesta nacional fue, simplemente, seguir el ejemplo que San Félix dio. LEA

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Otros recuerdos

Sede del PSUV en Tovar, estado Mérida

¿Estarán ya no uno sino mil enjambres ciudadanos africanizados? En la madrugada del 10 de diciembre de 2002, luego de conocer la violenta y extensa acción coordinada de bandas que agredieron un sinnúmero de medios de comunicación privados por todo el país, redacté un número extra (16 A) de la Carta Semanal de doctorpolítico, donde puse:

Dictaduras mucho más estrechas que la que Chávez aspira a completar, como la de Reza Pahlavi en Irán, con un estado que era la admiración del planeta por lo eficaz de sus policías, especialmente de su policía política, y amigo de los Estados Unidos, cayó estrepitosamente. Chávez no puede durar eternamente. El castrismo no puede ejecutarse en cámara lenta porque, mucho antes de asegurarse la parálisis del cuerpo social, éste se manifiesta como enjambre, como una eruptiva de incendios simultáneos en tantos sitios que el gobierno de una era totalmente informatizada ya no puede apagar.

Es el enjambre, Presidente, lo que puede perfectamente matarle. No un asesino a sueldo, no un asalto militar. Ud. pudiera morir como Mussolini sin Petacci. Si Ud. continúa en su libreto, y busca dominar a Venezuela como Castro sojuzga a Cuba; si Ud. manda a atacar ahora a una decena de urbanizaciones en Caracas para aterrorizar las casas de sus enemigos; si Ud. llegare a ordenar una vez que se eche el común delincuente, con la seguridad de resultar impune, sobre los pobladores que le adversan, en alguna persecución de nombre y apellido, sepa que está sellando su suerte.

Las abejas son usualmente inocuas hacia el hombre o las bestias. Pero son letales para el más grande de los animales. Hasta el mayor de los elefantes sucumbe a los mil aguijones envenenados de un enjambre. Como mil hipodérmicas sobre un hombre, cada una de las cuales inocula la milésima parte de una dosis mortal. LEA

(En Dinámicas de enjambre, 8 de junio de 2015).

Esta noche ha habido protestas contra el gobierno en Caracas—El Paraíso, Ruiz Pineda, Caricuao, Puente Hierro, Qta. Crespo, Petare, La Candelaria—, Maracay, Valencia, Cabudare, Barquisimeto, Maracaibo, Tovar… sin contar lo acontecido en San Félix.

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Reestreno de una mala película

 

¿Inhabilitado políticamente por 15 años?

 

Actualizado al final con comunicado de la Contraloría General de la República

Parece que Luis Almagro no tiene otra cosa que hacer que seguir minuto a minuto la mediocre política de Venezuela, una coproducción en blanco y negro del PSUV y la MUD. Ayer disparó de inmediato, sin más base que una denuncia de Henrique Capriles Radonski: “El único que inhabilita es el pueblo y por elecciones. Se trata de medida típica de dictadura que viola los derechos civiles y políticos”. (Twitter @Almagro_OEA2015). Bueno, está muy equivocado porque la misma Constitución de Venezuela hace referencia a la inhabilitación política en dos de sus artículos:

Artículo 39. Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución.

Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

A Almagro habría que decirle lo que Cantinflas a su abogado en el juicio de Ahí está el detalle: “¡No me defienda, compadre!” Es decir, habría que decirle que no se meta en lo que no sabe; ya lo ha hecho bastante.

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El tuit de la denuncia

Lo que Capriles ha denunciado, que la Contraloría General de la República lo ha inhabilitado, se conoce sólo por él; a esta hora (los primeros minutos del 8 de abril), la web de la Contraloría General de la República no lleva como noticia tal inhabilitación. No debe cabernos duda de que él dice la verdad, y entonces estamos ante un déjà vu: en 2008, ese mismo componente del Consejo “Moral” Republicano inhabilitó, entre muchos otros, a Leopoldo López y Enrique Mendoza. En ambas ocasiones, la Contraloría ha excedido sus facultades, y en aquel entonces—¡oh sorpresa!—esa extralimitación fue sustentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Artículo 42 de la Constitución dice en su segunda especificación: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Es obvio que una resolución de la Contraloría no es una sentencia judicial firme, por lo que el magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales debió argumentar laboriosa y resbalosamente para redactar la ponencia de la Decisión #1.265 del 5 de agosto de 2008, que “demostraba” a punta de falacias que esa protección constitucional de los derechos políticos ¡sólo valía para los venezolanos por naturalización! (La monstruosa decisión fue denunciada por mí ante todos y cada uno de los magistrados del TSJ el 11 de agosto de 2008—ver Violación denunciada—como grave mutilación constitucional, y también envié el texto de la denuncia a la Defensoría del Pueblo, puesto que ese despacho, según el Numeral 2 del Artículo 15 de su Ley Orgánica, está facultado para “Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos”. Ni el TSJ ni la Defensoría se han dado por aludidos; el año pasado envié a esta última institución la misma denuncia, y Tarek William Saab ha optado por hacerse el desentendido).

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Capriles Radonski viene advirtiendo que se preparaba la medida contra él desde hace unos meses, y el semanario Las verdades de Miguel preguntaba en su número 609 (20 al 26 de enero de 2017):

¿Cierto o falso que en diciembre pasado hubo una reunión en la casa de un personaje identificado con un emblemático organismo humanitario, donde asistieron, entre otros, Calixto Ortega, Henry Ramos y una magistrada de extracción adeca, la misma que redactó la última ponencia del TSJ que ordena remover la actual directiva de la AN? ¿Cierto o falso que en ese cónclave se dictaron las directrices con miras a enjuiciar por corrupción a HCR, con el fin de inhabilitarlo para impedir que sea candidato de la oposición en unas por ahora hipotéticas elecciones generales? ¿Cierto o falso que en su lugar se decidió postular a Ramos?

El mismo agraviado hizo el 7 de diciembre de 2016 una promesa que no ha cumplido:

“Eso que dicen que tienen (el gobierno) gente dentro de la oposición que les informa, yo creo que sí es cierto. Gente que se dice del cambio y recibe dinero de ‘boliburgueses’ (apelativo para oficialistas adinerados)”, aseguró Capriles en una declaración difundida este miércoles.

Su denuncia se produce luego de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congelara el diálogo con el gobierno para resolver la crisis política, iniciado el 30 de octubre con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La MUD tomó esa determinación el martes—que no implica la ruptura de las conversaciones—aduciendo que el gobierno ha incumplido lo pactado en cuanto a una salida electoral a la crisis y la liberación de opositores presos.

Capriles, cuyo partido toma parte en la negociación, anunció que pronto dejará al descubierto con “nombre y apellido” a los políticos que según él están pagados y negocian “tras bastidores” con el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.

No doy por verdad revelada las “verdades” de Miguel Salazar, ni espero por las revelaciones de Capriles pero, además de mediocre, ¡qué sórdida es la política de ambos lados de la polarización profesionalizada! LEA

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Comunicado de la CGR contra Capriles

El Contralor General de la República, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, previo el cumplimiento del procedimiento administrativo, en el cual se garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso, inhabilitó al ciudadano Henrique Capriles Randonski, gobernador del estado Bolivariano de Miranda para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años, como sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad dictada mediante Auto Decisorio de fecha 19 de enero de 2017.

La ejecución de esta sanción administrativa accesoria contenida en la Resolución N.° 01-00-000239 de fecha 6 de abril de 2017, surtirá efectos a partir de la fecha en la cual el ciudadano antes identificado cese en sus funciones como gobernador del estado Bolivariano de Miranda.

Durante el procedimiento de Determinación de Responsabilidades se concluyó que el servidor público Henrique Capriles Radonski incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado Bolivariano de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República es un órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos, que se encuentra al servicio del Estado democrático y de la sociedad venezolana. Este Máximo Órgano de Control tiene la función de velar por la correcta y trasparente administración del patrimonio público, así como luchar y sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa.

Por tal motivo, dentro de las atribuciones que constitucionalmente tiene atribuidas este órgano de control, según el artículo 289, numeral 3, está la de inspeccionar y fiscalizar los órganos, entes y personas jurídicas del sector público sometidos a su control, practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la Ley.

A tales efectos, la labor protectora del texto constitucional en materia de sanciones administrativas se encuentra recogida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece:

Artículo 105: La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u órgano en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.

En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución.

Las máximas autoridades de los órganos y entes previstos en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquier funcionario público o funcionaria pública, están obligados a consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General de la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.

Resulta importante destacar que la norma antes transcrita atribuye la competencia del Contralor General de la República para imponer de manera exclusiva y excluyente las sanciones accesorias allí establecidas una vez declarada la responsabilidad administrativa del imputado.

Es decir, que la responsabilidad de los funcionarios públicos como consecuencia de las acciones u omisiones que puedan afectar el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, serán sancionadas por parte del Contralor General de la República con: 1) suspensión del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor a veinticuatro (24) meses; 2) destitución del declarado responsable; y 3) la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años.

En efecto, el acto por medio del cual la máxima autoridad del Órgano de Control Fiscal impone la sanción de inhabilitación administrativa, opera de pleno derecho dada la existencia de un acto firme en sede administrativa, mediante el cual se declare la responsabilidad administrativa del individuo, lo que no lo excluye del control jurisdiccional, sólo que la impugnación de dicho acto debe ser realizada sobre la base de la presunta presencia de vicios que le sean propios y no por aquellos que pudieran afectar el acto principal.

Cabe destacar que la inhabilitación administrativa, que de manera exclusiva y excluyente impone la Contraloría General de la República, tiene carácter accesorio y trae como consecuencia limitaciones para el ejercicio de las funciones públicas.

Por otra parte, es necesario aclarar que la inhabilitación política se produce como consecuencia de la responsabilidad penal que surge cuando un ciudadano o funcionario público adecua su conducta a los hechos que el ordenamiento jurídico tipifica como delitos y que conlleva a la aplicación de una pena.

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela apegada a la Constitución y las leyes impone sanciones de carácter administrativo como consecuencia de haber incurrido en los supuestos generadores de responsabilidad establecidos en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica que rige su funcionamiento. Por ello, este Máximo Órgano de Control Fiscal se consolida como fuerza y referencia moral de la República e instrumento eficaz de la sociedad venezolana, en el ejercicio de su derecho a controlar a la Administración Pública, contribuyendo efectivamente a la revitalización y reordenamiento de Poder Público, así como el fortalecimiento del Estado democrático, social de Derecho y de Justicia.

Manuel Enrique Galindo Ballesteros

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De la propia Ley Orgánica de la Contraloría se desprende que la sanción contra Capriles es una extralimitación, puesto que el Artículo 105 de su Ley Orgánica dice con toda claridad: “En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución”. El Gobernador del Estado Miranda no ha sido designado o nombrado, sino electo; no se trata de un funcionario que detente su cargo por nombramiento o designación. De hecho, cuando Clodosbaldo Russián se aprestaba a imponer la misma sanción a Leopoldo López, Enrique Mendoza y muchos más, se sintió impelido a aclarar: “Contraloría General de la República no inhabilita políticamente… No es facultad del máximo órgano de control… Las inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas que impone la CGR, de acuerdo con el Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, no son políticas y no tienen nada que ver con lo que señala el artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. (Sitio web de la Contraloría General de la República, Noticias y Publicaciones, Novedades, “Contraloría General de la República no inhabilita políticamente”, 29 de febrero de 2008). El Artículo 65 de la Constitución es el que establece: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”. Russián tenía razón; sólo un tribunal, jamás la Contraloría, puede condenar por delito alguno. Vale.

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Los neo-opositores

Nitu Pérez Osuna protagoniza y Carlos Alberto Montaner señala al fotógrafo. El Nuevo Herald, 26 de marzo

 

El nombre de un ente político no siempre dice la verdad:

…mucha de la actividad opositora se concentra en los “estados vaticanos” de Chacao y Baruta. Hay, sí, una preocupación o un interés explícito que se manifiesta en el uso del adjetivo popular para designar organizaciones políticas que no lo son: COPEI-Partido Popular (agradecido por la ayuda económica recibida de la organización homónima de José María Aznar), Alianza Popular (que, como el corno inglés que ni es inglés ni es corno—José Antonio Calcaño dixit—, ni alía a nadie ni mucho menos es popular), o las “redes populares” de Leopoldo López, o su reciente Voluntad Popular o su previo amago de constituir Primero Justicia “Popular”. (Nota del día (Archivo): 20/04/10: Acto popular).

De la efímera Alianza Popular fundada en mayo de 2005 por Oswaldo Álvarez Paz—en la entonces consabida Quinta La Esmeralda de la popular y populosa barriada de Campo Alegre—, ya no se tiene noticia; su voz ha desaparecido para reiterar como lo hizo muchas veces, cansado él mismo de su incesante prédica, que la ruta electoral no sirve de nada: “Ya basta de pensar sólo en elecciones. La verdadera naturaleza del problema no es electoral. Algo está por nacer”. (LEA #135, 28 de abril de 2005). A raíz de su detención—por decir en Globovisión que el gobierno de Chávez auspiciaba el narcotráfico—, Luis Chataing preguntaba por Twitter que, si entonces había delito de opinión en Venezuela, por qué no se ponía presa a su esposa, que le había espetado: “¿Y tú piensas salir así?” Ésa fue toda la resonancia que tuvo entonces su denuncia.

Pero Álvarez Paz sí tuvo sucesores que lo relevan. Nitu Pérez Osuna y Enrique Aristeguieta Gramcko son los líderes de la novísima Gran Alianza Nacional (GANA) que, como antes Alianza Popular, no alía mucho, no es en absoluto grande y tampoco puede esperarse de ella que gane nada. El Nuevo Herald, sin embargo, la toma en cuenta para notificarnos solemnemente la semana pasada:

La agrupación incomoda a los centros del poder en Venezuela, tanto dentro del régimen de Nicolás Maduro como de la oposición, al atentar contra la ecuación que tradicionalmente ha dominado la pugna política en el país petrolero. Pero los líderes de la recién formada Gran Alianza Nacional (GANA) aseguran que su lucha es sólo contra el régimen dictatorial instaurado en Venezuela, y que su objetivo central es recuperar la democracia, aunque eso en ocasiones implique criticar la actuación de los partidos de la oposición o tomar posiciones distintas a las promovidas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Y es que los partidos de oposición han insistido en llevar la lucha política por el camino incorrecto, explicó la periodista Nitu Pérez Osuna, una de las principales fuerzas detrás de la nueva alianza. “GANA surge porque en Venezuela se murió la ilusión de una salida electoral. Por muchos años, en este país nos han vendido la idea de que de la dictadura se sale de forma electoral, y ya se cerró esa vía”, dijo Pérez Osuna en una entrevista telefónica. “Nosotros somos venezolanos que hemos acompañados a la oposición en todas y cada una de sus convocatorias, hemos ido va votar, hemos marchado, hemos ido a las concentraciones, hemos rezado, pero creemos que se necesita una organización que adelante un proceso para salir de la dictadura y no para ganar espacio”, explicó.

Hoy puso Jorge Rodríguez un audio que proviene de una brevísima conversación telefónica del biunvirato de GANA, seguramente grabado ilegalmente. Ya es público, pues además de la transmisión en La Política en el diván, ha sido montado en YouTube:

 

 

No le gustó a Pérez Osuna la manifestación opositora de hoy, convocada por la MUD, a la que llama “un show”; eso quedó claro, así como su aprobación al llamado a una intervención militar desde Voluntad “Popular”. (¿Será la de los “militares decentes” que Juan Carlos Sosa Azpúrua sugería buscar en agosto de 2014 para salir de un régimen militarizado?) También está claro que Aristeguieta reclama ser un convocante protagónico de “una marcha”, aunque menos conocido que otros. Como más de uno que he escuchado (desde 2002), postula que debe haber sangre y violencia generalizada para dar al traste con el gobierno socialista de Nicolás Maduro; se le nota las GANAs de sucederlo, así sea con muertos. (Con tal que no sea él uno de ellos, por supuesto). LEA

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Sobre renglones torcidos

Rejoneadora del astado Moreno

 

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General y el Contralor o Contralora General de la República. Los órganos del Poder Ciudadano son: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno o una de cuyos titulares será designado por el Consejo Moral Republicano como su Presidente por períodos de un año, pudiendo ser reelecto. El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable. Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica.

Artículo 273 de la Constitución Nacional

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Actualización de esta entrada al final.

La noticia política del día es el inequívoco rechazo de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y pivote del Poder Ciudadano, a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitidas esta misma semana. He aquí lo que dijo ante el general aplauso de su equipo de colaboradores, en transmisión del canal oficial, Venezolana de Televisión:

Las divisiones en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática empalidecen ante este sablazo que parte en dos un campo chavista-madurista, al que desde hace tiempo se le nota su descosimiento. Ella preferiría, seguramente, que el tajo separe definitivamente el chavismo del madurismo.

Las sentencias del TSJ que cuestiona Ortega son una clara extralimitación del órgano supremo del Poder Judicial venezolano; fundadas en el desacato de la Asamblea Nacional a sus previos dictámenes acerca de la incorporación y juramentación de los diputados electos en diciembre de 2015 por los electores del estado Amazonas, proceden a invalidar todas las decisiones del Poder Legislativo Nacional y a asumir sus atribuciones, en evidente usurpación de funciones. Además, el TSJ se constituye en poder superior al emitir “órdenes” dirigidas a la Presidencia de la República; Maikel Moreno sería el jefe de Nicolás Maduro. Si los diputados por Amazonas (tres de la oposición y uno oficialista) debían ser desincorporados, lo que ha podido invalidarse son las decisiones de los legisladores en las que tales diputados hubieran votado.

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La linea histórica de este asunto arranca, por supuesto, con la elección de una nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015, cuando el Consejo Nacional Electoral certificó la escogencia de 112 diputados de oposición (dos terceras partes de una cámara de 167 diputados) y 55 del oficialismo. En ese mismo mes, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números).

Esta Asamblea se estrenó el 5 de enero de 2016 con un discurso de su flamante Presidente, quien declaró que era un “compromiso no transable” del cuerpo que presidía encontrar en un plazo de seis meses un modo “constitucional, democrático, pacífico y electoral” para la cesación del gobierno de Maduro. Tal cosa era también una extralimitación; acá se escribió el mismo día de la juramentación de Ramos Allup (Crítica teatral):

La Asamblea Nacional sólo podría causar por su cuenta el resultado que Ramos Allup presentó como compromiso no transable, mediante la declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro, Presidente de la República.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

La revocatoria del mandato de Maduro no es prerrogativa de la Asamblea Nacional; eso es potestad exclusiva de los Electores. Es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que nombraría una junta médica que pudiera, si lo amarrara para examinarlo, declarar la incapacidad física o mental permanente del mismo ciudadano; la Asamblea sólo podría prestar su anuencia a una iniciativa que no es suya. Es sólo el TSJ el poder que puede sentenciar la destitución, luego de juicio previo por algún grave delito. La renuncia es prerrogativa de la persona presidencial. La muerte está vedada a la Asamblea según la condición de un medio pacífico expuesta por Ramos Allup; aunque sería indudablemente eficaz y hasta constitucional—es la primera causal prevista en el Art. 233—, sería criminal y nada pacífico un sicariato contratado al efecto.

Las palabras de Ramos Allup en promesa con plazo de medio año no le corresponden; quizás pudiera pronunciarlas como dirigente máximo de Acción Democrática, seguramente le corresponderían a Jesús Torrealba en tanto Secretario Ejecutivo de la MUD si anunciara la recolección de casi cuatro millones de firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio, pero jamás es esa tarea algo que corresponda a la Asamblea Nacional.

Por supuesto, para declarar el abandono del cargo presidencial se requiere que el Presidente lo haya abandonado, y a pesar de que Maduro no lo ha hecho, Julio Borges se estrenó como sucesor de Ramos con la declaratoria por la Asamblea del presunto abandono el 9 de enero de este año, en vísperas de la fecha límite para que una falta absoluta del Presidente causara elecciones presidenciales. (Ese mismo día, Borges presidió antes la desincorporación oficial de los diputados objetados por el TSJ, pero esto no valió para el tribunal, que cuestiona la validez misma de la elección de Borges por encontrarse la Asamblea en desacato). Antes había buscado la Asamblea invalidar la investidura de Maduro por su presunta doble nacionalidad, y se consideró a comienzos de 2016 una enmienda constitucional para recortarle el período de ejercicio del cargo; en Martes de Ramos (25 de noviembre de 2015) se apuntaba que el TSJ no “toleraría la aplicación ‘retroactiva’ a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años”. (En Apostilla a la entrada previa, entrada del 5 de febrero de 2016, insistí sobre el punto: “Pero… ¿es la aplicación retroactiva de esa modificación de la Constitución al mandato específico conferido a Maduro algo que no levantaría objeciones en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Es difícil; si una mayoría aprobare la enmienda no faltarán suficientes magistrados de esa sala que arguyan que su aplicabilidad se iniciaría el 10 de enero de 2019, pues igualmente una mayoría de ciudadanos eligió a Maduro para un período de seis años”.

Así que la dirigencia opositora, mientras consideraba un combo de opciones para “la cesación de este gobierno”, la guerra que se había declarado al estrenarse la Asamblea, perdió tres meses preciosos antes de iniciar en serio el esfuerzo revocatorio (que ha podido comenzar el 11 de enero del año pasado), y éste sería detenido en el mes de octubre mediante otra estratagema judicial del oficialismo: cinco o seis tribunales de provincia declararon fraude en la recolección de firmas de la fase de activación. Es conjetura cuya verdad no me consta que las rectoras del Consejo Nacional Electoral recibieron una presión brutal de Nicolás Maduro, para que suspendieran sine die la recolección de firmas definitivas pautada para el 26, 27 y 28 de octubre de 2016.

Entonces vino la actividad diplomática de la Asamblea, dirigida a obtener de la Organización de Estados Americanos la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, cuya máxima sanción es la suspensión de la condición de estado miembro. Esta actividad culminó con su aprobación del “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos”, el 21 de este mes que hoy culmina. (La web de la Asamblea reporta la decisión, pero el texto mismo del acuerdo no puede obtenerse allí; al pulsar el enlace al final de la nota se obtiene un mensaje negativo en los navegadores). Es difícil entender que uno de los principales poderes del Estado venezolano solicite que éste sea suspendido por la OEA (la Asamblea misma quedaría suspendida), y la iniciativa enfureció al gobierno y propició el mayúsculo error del Tribunal Supremo de Justicia condenado por Ortega Díaz.

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Así que ahora hay un recrudecimiento del chaparrón de presiones internacionales contra el gobierno de Maduro, aliado con un Tribunal Supremo de Justicia que se da el lujo de darle órdenes. Las torpes y extralimitadas sentencias del TSJ han disparado las alarmas en prácticamente todo el mundo, y tal vez hayan cristalizado la mayoría necesaria (24 de 35 miembros) que hasta ahora se estimaba imposible para suspender a Venezuela de su condición de miembro de la OEA. (La mayoría de los miembros de la OEA que se han pronunciado al respecto parece estimar que la suspensión sería contraproducente, en atención a los pobladores de nuestro país). Es de esperar que Maduro opte por retirar a Venezuela de la organización, que antes de ser botado de la fiesta se retire, pero esto no haría otra cosa que sellar su suerte.

El tortuoso camino hacia su término como gobernante parece estar llegando a su fin, pero es que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. LEA

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La peligrosa situación causada por las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido rápidamente desmontada luego de la firme postura de la Fiscal General de la República y la universal desaprobación de la torpe jurisprudencia. El Tribunal ha reculado, suprimiendo las partes más absurdas de su dictamen de hace apenas tres días:

Tras el exhorto del Consejo de Defensa de la Nación y luego de revisar los contenidos de las sentencias 155 y 156, publicadas el pasado 28 y 29 de marzo respectivamente, la Sala Constitucional precisó a través de su portal web: Decisión del TSJ sobre la sentencia 155: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo”. Decisión del TSJ sobre la sentencia 156: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime.

Faltaría la renuncia del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y, del lado de la Asamblea Nacional, recular también respecto de la declaratoria del abandono del cargo por Nicolás Maduro, que con igual absurdidad proclamó el pasado 9 de enero.

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¿Con qué se come eso?

Organizados por la Universidad Católica de Chile

 

…los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del “país político”, de un “país nacional” que a su vez es cortado por la distinción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero.

Dictamen – 21 de junio de 1986

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Estábamos en el último año del siglo pasado, a punto de elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral (sucedáneo del antiguo Consejo Supremo Electoral). El 29 de mayo de 2000, Luis Miquilena preguntaba: “¿Con qué se come eso?” Se refería a quienes se llamaban a sí mismos “miembros representantes de la sociedad civil organizada” de modo más bien incomprensible, pues el Artículo 296 de la Constitución cuya redacción presidiera dice al comenzar: “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano”. (¿Fue “la sociedad civil” la que postulara tres de las cuatro rectoras oficialistas actuales? ¿Es que ninguno de los cinco rectores— cuatro postuladas y un postulado—tiene algún genero de vinculación con organizaciones de fines políticos?)  La réplica de Miquilena fue comentada en el artículo breve de la Carta Semanal #196 de doctorpolítico (27 de julio de 2006):

El término “sociedad civil” se ha hecho de uso común en los últimos años. A comienzos del gobierno de Hugo Chávez, una referencia al mismo por parte de Elías Santana, de larga trayectoria como dirigente civil, provocó el despectivo comentario de Luis Miquilena: “¿Con qué se come eso?” Vale la pena detenerse en su significado, sobre todo cuando ahora se prepara una “hoja de ruta” de “la sociedad civil” y se convoca a reuniones para considerar “el curso de acción política de la Sociedad Civil de cara al 2007”. (En la convocatoria de una reunión específica sobre este asunto, se añade: “Tendremos a varios voceros de ONG’s invitados”, y en la mención del año próximo hay una suerte de admisión de la inevitabilidad de la reelección de Chávez, puesto que la invitación acoge sólo a opositores al gobierno).

En efecto, en el uso común del término, se entiende por sociedad civil una aglomeración de organizaciones no gubernamentales que no sean partidos políticos, y esto no es (en parte) sino el remozamiento terminológico de la distinción—que introdujera, creo, Jóvito Villalba—entre un “país político” y un “país nacional”. En Dictamen (21 de junio de 1986), se describía la cosa al considerar algunos de los componentes de un paradigma político “esclerosado”:

  1. Existe un “país político” distinguible del “país nacional”: Esta formulación comprende un conjunto de postulados acerca de la natura­leza política de la sociedad venezolana. Para los actores políticos tradicionales ellos conforman el llamado país político. Son ellos los únicos autorizados para el manejo de los problemas públicos. El resto del país, el “país nacional”, no tiene otra función política que la de establecer, cada cinco años, un orden de poder entre los componentes del “país político”, el pecking order (orden de picoteo en un ga­llinero) que distribuye el poder disponible entre los candidatos. Esta visión es, por supuesto, errada. El país nacional es el país polí­tico. Por de­finición, el Estado es la sociedad política, y se define al Estado como un conjunto de personas que ocupan un territorio definido y se organizan bajo un gobierno so­berano. No es el Estado el conjunto de los ciudadanos con activismo político, como no lo es ni siquiera el gobierno de una nación. El Estado, la sociedad polí­tica, comprende a todos los nacionales de un país. Esta elemental noción se con­funde, se olvida o se escamotea con frecuencia. Se olvida, por ejemplo, que a los poderes públicos tradicionalmente considerados (ejecutivo, legislativo, judicial) los precede el poder fundamental que llamamos poder constituyente, cuya residen­cia es el pueblo. Otra cosa es la delegación de poder que se establece a través del acto electoral, pero no puede seguirse sosteniendo, por esclerótica, esa noción de la separación de un país político y un país nacional.

Comúnmente, pues, no se entiende que la sociedad civil sea el Pueblo, sino sólo las limitadas porciones de él que pertenezcan a alguna asociación distinta de un partido, lo que ahora parece no exigir que éstas se abstengan de propósitos políticos. Veamos:

Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), afirmó que la sociedad civil debe arropar a los partidos políticos y forzar un gobierno de transición que conlleve a la reconstitucionalización del país. (…) Al consultarle si la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría conllevar a ese nuevo Gobierno, señaló que la sociedad civil es la que debe dar ese paso al frente. “Esto supone la integración de un gran frente nacional por un cambio político”. (Reporte Católico Laico).

No puede haber propósito más político que ése, y monseñor Pérez Morales está diciendo a las claras que la MUD es un establecimiento muy insuficiente que pretendió, con la reorganización que anunciara, “arropar” ella a la “sociedad civil”:

…Torrealba reportó el 17 de los corrientes la creación de un “Congreso de la Sociedad Democrática”, como instancia de articulación de los partidos políticos de la MUD con “organizaciones no gubernamentales y distintos movimientos sociales”, presentándolo como el principal mecanismo de consulta y debate de esa variedad de actores. (MUDa de piel, 24 de febrero de 2017).

Y es que lo que se anticipara en este blog hace algo más de cuatro años (MUD, MUD, MUD, es hora de partir, 25 de diciembre de 2012), amenaza ahora con convertirse en deporte nacional, luego de un desastroso desempeño de la central opositora y la Asamblea Nacional en 2016. Pérez Morales disimuló poco su desahucio de la dirigencia opositora profesional, y estuvo a milímetros de certificar su defunción, lo mismo que expidió sobre el diálogo: “el diálogo está muerto y se le puede dar un buen entierro”.

………

La “sociedad civil” no es lo mismo que las ONGs que se oponen al gobierno de Maduro; ella no es homogénea. Hay organizaciones no gubernamentales que se inclinan en favor del oficialismo, y si bien una gran mayoría nacional repudia ese gobierno, tampoco toda ella está conforme con la MUD o partidos opositores que la componen:

Medición recentísima

 

Todavía es el PSUV el partido más apoyado

 

Oposición desciende, gobierno sube y no alineados mucho más

 

De mediciones como ésas puede concluirse que ninguna agrupación de ONGs opositoras puede ser tenida por representativa del Pueblo, y tampoco es que será más fácil acordarse entre ellas que en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Apartando las que persiguen objetivos institucionales (no políticos) específicos, hay agrupaciones no partidistas de objetivo político único; por ejemplo, las que promueven la elección de una asamblea constituyente “originaria”, cosa que no existe. (Lo único originario es el Pueblo). Pues bien, hay al menos dos grupos competidores con ese propósito—el liderado por Enrique Colmenares Finol (el más antiguo) y el de Felipe Pérez Martí, exministro de Chávez—, si no se incluye a Voluntad Popular, que pertenece al “país político” pero cíclicamente replantea ese espejismo.*

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El primero de los números

En febrero de 1994 se estrenaba la publicación mensual referéndum, con un trabajo que fuera titulado Los rasgos del próximo paradigma político. Allí se lee:

La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución. (…) Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional. La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.

Ante un problema político, como ante uno de salud, lo importante es identificar un mejor tratamiento. Un consenso, una mayor “representatividad” de alguna proposición no es lo mismo que su corrección terapéutica. Pero la riqueza de la sociedad civil reside en la participación cívica de gente con vocación altruista e interesada en soluciones. Allí puede hallarse, de cuando en cuando, verdaderas gemas estratégicas.

Mapa genético de madre e hija (MUD 2012)

La lectura de Pérez Morales va, sin embargo, en otra dirección. Es ante el deficiente desempeño de la dirigencia opositora nacional que recomienda que la sociedad civil “arrope” a los partidos que, en nuestro caso, bien pudieran llamarse “subpartidos”. (A fines de 2012, la MUD se componía de 30 partidos; a semejanza de Italia que, con una población del doble de la nuestra, tiene hoy 11 partidos mayores, 23 menores y 71 regionales).

Quien escribe incluiría en la recomendación de Monseñor “arropar a la Asamblea”. Cuando se piensa en el mantra de la “presión de calle” se le cree dirigido contra el gobierno y sus aliados: la soñada marcha a Miraflores o las protestas ante el Consejo Nacional Electoral. (La que inaugurara la temporada guarimbera de 2014 se dirigió a la Fiscalía General de la República). Es tiempo de pensar en la presión ciudadana sobre el Poder Legislativo Nacional, sobre “nuestros” representantes.

¿Para qué? Para que hagan el aporte decisivo al meollo del problema político nacional que, en sentido restringido, se define como la sustitución perentoria del gobierno que preside Nicolás Maduro y, en sentido amplio y no menos importante, requiere el reemplazo del esquema socialista. Para que la Asamblea Nacional establezca alianza con el Poder Constituyente Originario y lo convoque a referéndum. (“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”, 5 de febrero de 2003). Para traer el Poder Supremo del Pueblo, como grande y definitivo terapeuta, a decidir si conviene el socialismo a Venezuela y si quiere elecciones presidenciales (no elecciones “generales”) inmediatas. (Ver en este blog ¿Qué espera la Asamblea Nacional? y Prontas elecciones, del 8 de marzo y el 22 de octubre de 2016, respectivamente. Sobre lo primero se llamó acá la atención de Monseñor Pérez Morales el 21 de julio del año pasado a raíz de importante artículo suyo; ver Pandemónium).

La Asamblea Nacional puede convocar inapelablemente—sin firmas, fotos o huellas dactilares—referendos consultivos por mayoría simple (84 diputados), pero para hacer eso debe recuperar su eficacia; esto es, debe salir de la situación de desacato que la mantiene maniatada y anulada. Por tanto, la sociedad civil que eligió a los diputados debe arroparles para que de una vez por todas procedan a recuperar su eficacia lo que, al menos declarativamente, cuenta con la apertura del Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. Que les tomen la palabra y se dejen de declarar abandonos de cargos y crisis humanitarias, o de representar ante Luis Almagro y el flamante canciller brasileño peticiones de auxilio. Que resuelvan nuestros problemas aquí, dándonos el derecho de palabra.

No requerimos un “gobierno de transición”, sino uno que se elija cuanto antes y se ocupe del período corto que concluiría el 10 de enero de 2019 (lo que de suyo definiría su carácter “transicional”). Tampoco un acuerdo programático innecesario, al estilo de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (23 de enero de 2012). Los candidatos que quieran presentarse a una elección presidencial tan posible como urgente, y habría bastantes, tendrán simplemente que convencer a un electorado que ha aprendido mucho en los pesados últimos años de nuestra república de gente que sufre. Es esta gente la que tiene que acordarse. LEA

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*Colmenares Finol está tras una constituyente desde al menos 2005, poco después del intento revocatorio fallido de 2004. (El suscrito escuchó una presentación suya en ese año en las oficinas de Don Ricardo Zuloaga). Antes aún, Herman Escarrá, diputado a la constituyente de 1999, propugnaba una nueva apenas tres años después como modo de salir de Hugo Chávez, y su proposición fue incluida en el combo de opciones que Súmate puso a consideración ciudadana el 2 de febrero de 2003. Raúl Isaías Baduel predicaba lo mismo por la época del referendo sobre los proyectos de reforma constitucional de 2007. Manuel Rosales se le había adelantado con esta idea del 25 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. El 7 de diciembre de 2013, Leopoldo López y Ma. Corina Machado encabezaban una lista de decenas de personalidades que pedían constituyente en un manifiesto de prensa; entre ellas destacaba el nombre de Blanca Rosa Mármol, hoy incorporada al grupo que lidera Felipe Pérez Martí.

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