Despotismo radioeléctrico

El casero Jorge Elieser Márquez Monsalve, Director General de CONATEL

 

despotismo. 1. m. Autoridad absoluta no limitada por las leyes. 2. m. Abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas.

Diccionario de la Lengua Española

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El medio radioeléctrico es un enorme espacio cuyo dueño es el Estado, aquí y en cualquiera otra nación del mundo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) es la agencia especializada de las Naciones Unidas que coordina la regulación vigente en los distintos países y procura que ella sea uniforme y democrática. En cualquier caso, cada estado del planeta es el casero que permite el uso de una parte del espectro radioeléctrico por personas jurídicas privadas. En Venezuela es CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) la agencia reguladora, el dueño del edificio de la Gran Misión Vivienda que adjudica los apartamentos a los inquilinos por gracia majestuosa. El 28 de marzo de 2000, la Comisión Legislativa Nacional establecida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones creadora del ente; en esa oportunidad, la ley fue saludada con mucha satisfacción por los actores privados del país, que elogiaban su modernidad y su apertura a la iniciativa privada.

La felicidad no duró mucho; a fines de 2002—luego del Carmonazo y cuando se iniciaba el paro petrolero—vino primero un ataque coordinado contra un buen número de periódicos y emisoras de radio y televisión. En horas de la noche del 9 de diciembre de ese año, eran simultáneamente atacadas Globovisión, RCTV, Meridiano Televisión y Venevisión, así como los medios del estado Aragua, el diario El Aragüeño y el canal regional TVS; el diario El Siglo fue rodeado amenazantemente. El canal Promar TV, en el estado Lara, también sufrió los ataques de los oficialistas, así como el diario El Impulso de Barquisimeto. Hordas violentas rodearon y tomaron las sedes de TV Táchira, Radio Valera y Radio San Juan de los Morros. Globovisión Zulia sufrió destrozos en sus instalaciones; por suerte, TVO Anzoátegui estaba cerrada y sufrió sólo daños en la fachada. (Hasta entonces, sólo el diario El Nacional había sido objeto de asedio, por parte de agresivos motociclistas que luego se convertirían en parte habitual del paisaje urbano en Venezuela; Lina Ron los comandaba. Entonces sólo actuaba el amedrentamiento físico; inicialmente puntual, en 2002 generalizado).

En 2006, Hugo Chávez preanunciaba que la concesión de RCTV no sería renovada, pero llegó a ofrecer durante la campaña electoral de ese año que la decisión sería sometida a un referendo de electores. Poco después se dejó de eso; luego de su abrumadora victoria sobre Manuel Rosales (“el líder que la sociedad civil estaba esperando”) arrancó el año siguiente con las estatizaciones de La Electricidad de Caracas y la CANTV—”han utilizado la telefónica venezolana para grabar al Presidente de la República”, justificó en una reunión de Mercosur en Brasil—, y el 27 de mayo se interrumpía la señal de Radio Caracas Televisión después de casi cincuenta y cuatro años de servicio ininterrumpido. Sus equipos de transmisión le fueron arrebatados.

El 7 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano y le ordenó restablecer la frecuencia a Radio Caracas Televisión, alegando que “En el presente caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de las ideas y opiniones“.​ Por otra parte, sentencian que “el Estado debe tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que todos los futuros procesos de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión que se lleven a cabo, sean conducidos de manera abierta, independiente, transparente y pueda incursionar a la televisión digital terrestre“. (Wikipedia en Español).

A esa sentencia se ha hecho caso omiso. El Tribunal Supremo de Justicia la declaró “inejecutable”.

………

El viernes 25 de los corrientes actuó de nuevo la poderosa CONATEL, clausurando las transmisiones de Mágica FM (99.1) y Tu FM 92.9, del grupo 1BC. En esta ocasión, y hasta ahora, no hubo incautación de equipos, sólo la asignación instantánea de las frecuencias a otras personas jurídicas; la de 92.9 la maneja ahora un consorcio presidido por un edecán de Hugo Chávez. El casero desalojó a los antiguos inquilinos sin misericordioso preaviso.

La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión reaccionó al día siguiente con un comunicado que se reproduce de seguidas:

ANTE EL CESE DE TRANSMISIONES DE LAS EMISORAS MÁGICA 99.1 FM Y 92.9 FM ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

El Directorio de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, en reunión extraordinaria celebrada en su sede el 26 de agosto de 2017, declara:

CONSIDERANDO:

Que las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM, afiliadas a nuestra cámara, solicitaron oportunamente, las respectivas renovaciones de sus permisos y concesiones; renovaciones a las cuales tenían legítimo derecho por haber cumplido con los recaudos solicitados.

Que minutos después de haber cesado las transmisiones regulares de ambas emisoras, aparecieron nuevas señales en ambos diales, lo que constituye una violación al debido proceso y al derecho a la defensa estipulado en la ley y resaltado en el oficio. Esto hace nugatorio cualquier derecho de los representantes de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM a interponer los recursos legales que le corresponden.

Que reiteradamente la Cámara de Radio ha hecho gestiones para las renovaciones de las emisoras afiliadas, que han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, sin obtener respuesta lo que genera una inseguridad jurídica para los radiodifusores y los miles de trabajadores y familias que dependen del sector.

Que este procedimiento deja sin sustento a numerosas familias en medio de la dificultades económicas que atraviesa el país.

Que nuestra Institución ha fomentado la paz, el entendimiento, la convivencia, la concertación, el diálogo, y el ejercicio responsable de la libertad de expresión en Venezuela.

Que los venezolanos reconocen el invalorable servicio que ha venido prestando al país la radiodifusión privada, dispuesta siempre a colaborar en la solución de los problemas nacionales a través de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.

Que siempre hemos estado al lado de nuestros afiliados, apoyándolos, defendiéndolos y acompañándolos en sus diarias actividades.

Acuerda:

Primero: Rechazar categóricamente la orden de cese de operaciones de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM afiliadas a esta Cámara.

Segundo: Exhortar a las autoridades competentes a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de nuestras emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM.

Tercero: Reivindicar el derecho que tienen los radiodifusores privados afiliados a la Cámara de Radio de solicitar y obtener la renovación de sus concesiones con apego a las leyes.

Cuarto: Solicitar a CONATEL la reconsideración de la medida de cese de transmisiones de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM.

………

Como puede verse, no hay seguridad jurídica en el país, pero puedo certificar que la vocación de la 92.9 por entretener e informar, “100% libre”, no ha sido quebrada. Estemos atentos a su reaparición. LEA

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The motives of the Wolf

 

Gregory Peck y Brock Peters en Matar un ruiseñor

 

El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal,
bestia temerosa, de sangre y de robo,
las fauces de furia, los ojos de mal:
el lobo de Gubbio, el terrible lobo,
rabioso, ha asolado los alrededores;
cruel ha deshecho todos los rebaños;
devoró corderos, devoró pastores,
y son incontables sus muertes y daños.

Rubén Darío – Los motivos del lobo

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Nada más distinto a un lobo que Víctor Wolf Petzall, pues tenía corazón de lis, alma de querube y lengua celestial. Si hubo en la tierra alguien bondadoso alguna vez, ése fue Víctor. A él le debo ayuda personal discreta y generosa en momentos de privación, pero también guía y apoyo profesional en los dos territorios corporativos que compartimos: Corimón y PDVSA.

Lo conocí a comienzos de 1963; poco después del estreno de Matar un ruiseñor, la maravillosa adaptación al cine de la novela de Harper Lee que nos enseñó la sustancia del racismo estadounidense. Víctor condujo un cineforo sobre la película en Monteávila, la segunda sede del Opus Dei en Venezuela. (Él y su esposa Cecily eran supernumerarios de “la Obra”). Mi entusiasmo me impulsó a acompañarlo en una segunda sesión similar, en esta ocasión en el Colegio San José de Tarbes en El Paraíso ante un auditorio repleto.

Tres o cuatro años pasaron hasta que lo encontrase de nuevo; Víctor era geólogo de profesión y trabajaba para la Creole Petroleum Corporation, pero por su espíritu cívico se involucraba en proyectos de la Fundación Creole en la época dorada de la actividad social de la libre empresa en Venezuela, los años sesenta. Entonces consolidamos la amistad. A fines de 1974 fue contratado en la Corporación Industrial Montana (Corimón) para aprovechar su experiencia gerencial y su ciencia, pero también su rectitud, lo que era no menos importante para esa empresa. Víctor (o Wolf, como le decíamos indistintamente), era una brújula ética infalible. De allí lo sacó Humberto Calderón Berti para llevarlo al Directorio de Petróleos de Venezuela en calidad de Segundo Vicepresidente, y en ese cargo su inteligencia y su bonhomía potenciaron su utilidad al país. Una vez jubilado, me recibía en su casa para escuchar de mis andanzas y, puedo decir con orgullo, para aprobarlas (más bien, sentía yo, para bendecirlas).

Wolf, viudo, ha muerto anteayer de madrugada. Es sólo que un gigante se ha ido a descansar entre los santos, pero estoy un poco triste. LEA

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Tout d’accord

 

Una empresa que se arriesga por su honor

 

Con frecuencia concurro en apreciaciones y posturas con Luis Vicente León, un hombre inteligente, competente, valiente y responsable. En esta ocasión, suscribo enteramente esto que hoy afirma en su blog (publicado en Prodavinci):

Siempre he respetado profesionalmente a Smartmatic. Cuando la empresa fue atacada la defendí públicamente y expliqué hasta el cansancio que el problema con la manipulación de resultados electorales no estaba en el sistema automatizado. Y que las sombras de los procesos electorales no se encontraban en la posibilidad de fraude en el procesamiento de data por parte de las máquinas. Las elecciones podían tener problemas de muchos tipos, empezando por los sesgos en las reglas y en el abuso de poder, o en la ausencias de testigos alrededor de las máquinas, pero no había posibilidad de que ocurriera un fraude electoral convencional.

Hoy ratifico la seriedad técnica de Smarmatic y celebro su valentía de no permitir que, en función de su análisis y auditoria, se altere su data por primera vez sin rechazarlo, y sin dimensionar el problema que encontraron al no encontrar respaldo en al menos un millón de votos. Sin duda este es el pronunciamiento más demoledor para la credibilidad del CNE que se ha hecho hasta ahora, pues ningún proveedor haría una denuncia de este tipo sin tener la absoluta seguridad de lo que dice. Y es una denuncia cónsona con los códigos de ética de una empresa de este tipo, quien no es dueño de la data pero si el responsable y garante de la transparencia antes de la totalización.

En una nota de Las élites culposas dejo esta constancia:

En una reunión de la peña de Luis Ugueto Arismendi del 3 de abril de 2006, Alfredo Croes, destacado miembro del Grupo La Colina, certificó que las máquinas de Smartmatic hacían exactamente lo que la empresa había ofrecido y que no era posible acceder a la secuencia de votación sin la connivencia de gobierno y oposición. También afirmó que esas mismas máquinas eran la mejor defensa de una oposición con insuficiente cobertura de testigos de mesa. Sin ellas, dijo, la oposición quedaría irremediablemente expuesta al método y principio ventajista de “acta mata voto”, que las máquinas anulaban con eficacia.

El golpe propinado hoy al Consejo Nacional Electoral por obra de Antonio Mugica, el ejecutivo jefe de Smartmatic, es mortal. La empresa puso así a valer su honor y su reputación, aun poniendo en riesgo prácticamente definitivo su expectativa de obtener del organismo el cumplimiento de cuantiosas deudas pendientes a su favor. No se trata de un valor común. Quizás haya que decir que fue Mugica quien tumbó a Nicolás Maduro.

Dice también León: “Es urgente nombrar un nuevo CNE como producto de una negociación política entre todas las partes. Esto es ya un paso indispensable para rescatar la confianza en los procesos electorales venezolanos. Sin eso muere la vía electoral como solución pacífica a la crisis actual”. Las rectoras involucradas, creo, deben poner de inmediato su renuncia a los delicados cargos que detentan. LEA

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Constituyente habemus

Actualización con declaración de Smartmatic al final

El anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral

 

…habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

La lidia fácil – 7 de mayo de 2017

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El sábado pasado supuse que le sería muy difícil al gobierno presentar cifras de la elección de Asamblea Nacional Constituyente que fueran superiores a las resultantes de la consulta que celebró la Mesa de la Unidad Democrática, el pasado 16 de julio. Basaba esa presunción en el rechazo muy mayoritario que las encuestas—Datanálisis, Datincorp, la de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCV, etcétera—registraron desde que el presidente Maduro decretara la convocatoria. También dije, en el programa #259 de Dr. Político en RCR, que pudiera estar tentado a presentar resultados exagerados en razón de la elevada apuesta en la que había incurrido al convocarla. Pero no me consta que eso ocurrió; a pesar de las estimaciones voceadas ayer por Roberto Smith Perera (800.000), Delsa Solórzano (1.200.000), Henrique Capriles Radonski (2 millones) y, hoy, Julio Borges (3 millones)*, debo guiarme por la regla expuesta en La ética de la creencia por William Clifford: “Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente”. No tengo a mano evidencia suficiente de fraude electoral y constituyente habemus.

Todavía hubo hasta última hora la posibilidad de evitar las elecciones de ayer; el pasado lunes 24 desayunaba José Luis Rodríguez Zapatero en la casa del prisionero doméstico Leopoldo López Mendoza, trayendo una oferta oficialista: suspensión de la elección de diputados constituyentes y celebración de elecciones regionales este año y presidenciales el año que viene. Luego se acercaron a la casa de López varios dirigentes de la MUD y diputados de la Asamblea Nacional de oposición, escucharon la propuesta y la rechazaron; querían elecciones generales inmediatas y otras concesiones ya exigidas, como la liberación de presos políticos. Aún el jueves 27 se encargó Maduro de reiterar su ofrecimiento, el que fue desatendido.

Así que volvemos a la situación de diciembre de 2005, cuando la oposición optó por retirar sus candidaturas a la Asamblea Nacional y entregó todo el Parlamento al oficialismo, sólo que ahora se trata de un órgano muy peligroso enteramente en manos del gobierno. La MUD y la Asamblea opositora adoptaron la línea acogida por un amplísimo consenso de juristas del país y la vendieron a un buen número de países extranjeros: que la constituyente había sido convocada fraudulentamente por Maduro al no llamar a un referendo previo que la autorizara. Alguna voz esteparia opinó al día siguiente de la convocatoria que esto era una doctrina equivocada, en #la salida de Maduro (segunda parte):

…el Artículo 347 dice: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. El artículo no dice que sólo el pueblo de Venezuela puede hacerlo, que nadie más puede hacerlo, y el Artículo 348 especifica: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. Es posible convocarla, entonces, por iniciativa popular, pero el artículo no dice que el Presidente, la Asamblea o 15% de los electores tendrían que convocar un referendo para preguntar al Pueblo si quiere convocar una constituyente; habla clara y directamente de “convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”. En 1999 el referendo previo fue necesario porque la figura de constituyente no existía en la Constitución de 1961, vigente para la fecha del 25 de abril de 1999; de allí la primera pregunta de la consulta de ese día: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?” Pero ahora la figura de constituyente está incluida y normada en el Capítulo III del Título IX de la Constitución, y ya ese referendo es innecesario.

………

¿Qué puede hacer la oposición, que ha gritado fraude una vez más? Seguramente no intentará una acción legal contra lo tipificado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “Artículo 217. La elección será nula: 2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate”. Luis Emilio Rondón, el único rector de oposición en el Consejo Nacional Electoral, tornó a plantear ayer a la caída de la tarde el asunto del referendo previo pretendidamente necesario, pero no ha dicho a estas alturas que los números anunciados por Tibisay Lucena son falsos. Por su parte, Julio Borges dijo hoy en Primera Página de Globovisión que lo que la oposición debe hacer “es que sigamos en resistencia y en cumplimiento de nuestra Constitución para salir de esa crisis, comenzando por cambiar las instituciones y vayamos a un país donde tengamos separación de poderes”. ¿Cómo va a cambiar las instituciones? ¿Con un Estado paralelo que prontamente debiera constituirse en el exilio?

La Mesa de la Unidad Democrática presentó el 19 de los corrientes su “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”, en el que afirmó: “Cuando un país se decide a cambiar, no hay fuerza que pueda detenerlo. Por tanto, el cambio político en Venezuela no sólo es indetenible sino inminente”. Borges pareció confirmar esa inminencia al afirmar por Globovisión: “Hoy el Gobierno no es más fuerte sino más débil tras este fraude”. La nota del canal refiere: “reiteró que la oposición quiere ir a elecciones libres y trasparentes, y que no se imponga el uso de la fuerza”. ¿A cuáles elecciones se refiere? Las previstas para este año son las de gobernadores que se encuentran en mora constitucional y las municipales, y el año que viene deben darse las presidenciales en diciembre. Para que se celebraran estas últimas de inmediato tendría que producirse un mandato explícito y supraconstitucional del Poder Constituyente Originario en referendo—ver en este blog Prontas elecciones (22 de octubre de 2016)—que la Asamblea Nacional no ha sabido (o querido) convocar. Rodríguez Zapatero no podía ofrecer algo no previsto en la Constitución.

La línea de la MUD parece ser la de proclamar que el Estado venezolano no existe: el Presidente de la República, declaró la Asamblea el 9 de enero, abandonó su cargo, produciéndose la falta absoluta de ese mandatario; los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia serían los elegidos por ella en la plaza Alfredo Sadel que ahora huyen del Sebin. Faltaría que la AN nombrara nuevas rectoras (o rectoros) del Consejo Nacional Electoral y nuevos Defensor del Pueblo y Contralor General de la República, suponiendo que quiera la permanencia de Luisa Ortega Díaz, tan cooperadora. Se trata de políticos muy informados, y si ellos dicen que la caída del gobierno es inminente por algo será. Freddy Guevara ha advertido hoy: “Nos mantendremos en resistencia desde la Asamblea”. Vamos a ver cuánto dura. LEA

………

*Hoy trae BBC Mundo la noticia de que Smartmatic, la proveedora de las máquinas de votación, cree que las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral están infladas: “Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”. Si Smartmatic dice la verdad (7 millones) entonces Lucena (8 millones) está más cerca de ella que Borges (3 millones), y bastante más que Capriles (2 millones), Solórzano (1,2 millones) y Smith (800 mil). La última vez que supe, el CNE adeudaba a Smartmatic unos 75 millones de dólares, y si la empresa ya da esa deuda por incobrable pudiera sentirse en libertad de contradecir a su cliente. La noticia la trae ya CNN en Español.

 

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La persistencia en el error

La ANC por la ANC con el nuncio Giordano, 28 de noviembre de 2016

 

La ANC (Alianza Nacional Constituyente) está a favor de una ANC (Asamblea Nacional Constituyente), sólo que convocada por iniciativa popular; esto es, mediante las firmas certificadas por el Consejo Nacional Electoral de 15% de los electores del país. (En mayo, el CNE reportó un total de 19.571.043 electores registrados, por lo que el 15% de ellos ascendería a 2.935.656 convocantes). Los promotores de la ANC (asociación) creen que una ANC (poder) es el órgano idóneo para discutir y concertar “un Nuevo Proyecto de País, para reinstitucionalizar a Venezuela”. Así lo expresan en un documento dado a conocer ayer que enviaran al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Al pie del mismo, aparecen las firmas de Enrique Colmenares Finol, el Coordinador Nacional de la asociación, Blanca Rosa Mármol de León, Luis Granados
, Egildo Luján,
 Eleazar Luján,
 Pedro Urrutia, Luis Alfonso Dávila García,
 Ginderburgo Becerra
, Lourdes Colmenares,
 Vladimir León
, Luis Manuel Aguana,
 Víctor José López, Eustacio Aguilera,
 Paúl Escovar, Gonzalo Montañez,
 José Bravo
 y Sergio Matamoros Pulido.

La comunicación repite errores, y algunos de ellos han sido explicados repetidamente por mí a la Dra. Mármol de León y a Felipe Pérez Martí*, hasta hace poco otro promotor del asunto que, llamativamente, no suscribe esa carta a Maduro. Me refiero principalmente a cosas como ésta: “la Alianza Nacional Constituyente ha venido—con estricto apego al Texto Constitucional vigente—, promoviendo la realización de una Constituyente de Carácter Originaria, convocada por iniciativa popular”, que reiteran así: “la convocatoria por Iniciativa Popular a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originaria”.

Para empezar, la construcción gramatical correcta es “de carácter Originario”, pero esto es peccata minuta; el asunto fundamental es que no hay tal cosa como una asamblea constituyente originaria. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; es él quien está en el origen de la Nación y quien da origen al Estado; ése es el “origen” del término originario, que no tiene que ver con el “origen” de una asamblea constituyente. Ésta es otro poder constituido; extraordinario, ciertamente, puesto que no existe siempre sino cuando se lo convoca y elige para proponer conceptos constitucionales a los que no pueda arribarse por las vías ordinarias de las enmiendas o las reformas de la Constitución; no es un poder permanente, como sí lo es el Pueblo. Sostener que una constituyente puede tener carácter “originario” es un error que ya se cometía en 1999:

Chávez afirmó también lo siguiente en su comunicación a la Corte: “La Asamblea Nacional Constituyente debe ser originaria en cuanto personifica la voluntad general y colectiva de las muchedumbres nacionales como elemento esencial del Estado, superorganismo que, para sobrevivir en el escenario planetario debe estar en condiciones de hacerlo”.

Tan sólo mi voz esteparia había comentado en Contratesis [13 de septiembre de 1998]: “Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes”.

(…)

Así, lo que era originario no era la asamblea sino el Pueblo, pero a ninguna voz de oposición se le ocurrió hablar así; cogidos por primera vez en el cepo terminológico de la retórica chavista, los opositores burocráticos pensaron que sólo podrían oponer la tesis de que la constituyente no era originaria sino derivada, lo que sonaría mal en un mitin de campaña en cualquier barrio y creyeron que si lo hacían recibirían piedras.

Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso mucha resistencia. Sabía que sus días estaban contados. (Las élites culposas, mayo 2012).

A la repetición de ese error conduce una comprensión apresurada del Artículo 349 de la Constitución: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. La primera prescripción no hace más que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que debe ser remitida a la consideración del Presidente de la República antes de su modificación o promulgación; la segunda no puede significar que una asamblea constituyente puede eliminar o “pre-eliminar” un poder constituido, pues si ése fuera el sentido de la norma ¿a cuáles poderes constituidos se les prohíbe impedir las decisiones de la ANC? Para mí que la inclusión de ese artículo fue básicamente una justificación a posteriori de la monstruosidad de la “Pre-eliminación del Senado en 1999.

La Dra. Mármol argumentó el 1º de mayo, el mismo día de la convocatoria presidencial: [Maduro] “La disfraza de originaria, cambiándole el nombre. No puede ser originaria jamás, porque una originaria es la convocada por el 15 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral”. Según ella, la constituyente se convierte en “originaria” si es convocada por la iniciativa popular, pero ni que la convocara una mayoría del Pueblo lo sería, porque el carácter originario es sólo de él, como establece el Artículo 5 de la Constitución—”La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”—, menos aún si la convoca el 15% de los electores que ni siquiera es la mayoría del Pueblo.

………

Luego, el grupo reitera el error de creer que una constitución es un “proyecto de país”, cuando en verdad es sólo la conjunción de un estatuto de derechos (Bill of Rights) y una especificación arquitectónica del Estado y sus facultades o poderes. En ningún caso es un texto constitucional el plano de construcción de un país; los países tienen la sana costumbre de construirse a sí mismos, y deben tener la libertad de hacerlo a partir del quehacer cotidiano de su ciudadanía. (Ver en este blog Mitología proyectiva, 26 de abril de 2011).

Pero se cuela otra equivocación al dirigirse a Nicolás Maduro para decirle: “Usted ha convocado un proceso constituyente, en donde la interpretación de la norma constitucional que lo faculta no ha sido debidamente aplicada”, y más adelante exponerle:

En este sentido, la Alianza Nacional Constituyente le propone, ante la iniciativa constituyente por Usted tomada, que sea el Pueblo Soberano, depositario del Poder Originario, fuente natural de la soberanía y las leyes, que intransferiblemente reside en él, quien decida lo que por derecho le es propio y le corresponde hacer: darse la solución que más convenga a Venezuela, mediante la convocatoria por Iniciativa Popular a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originaria…

Es decir, la convocatoria por el 15% de los electores inscritos en el Consejo Nacional Electoral que menciona el Artículo 348 de la Constitución: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. ¿En qué forma sería esto el caso de una norma constitucional adecuadamente interpretada, cuando la convocatoria presidencial es según la Constitución una instancia equivalente a la de la iniciativa popular? El solo argumento a favor de convocar desde esa iniciativa popular consagra que también el Presidente en Consejo de Ministros puede hacerlo, puesto que ambas avenidas ocupan igual espacio en el Artículo 348 que establece quiénes tienen “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente…”

…la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo. (¿Preguntas sin respuestas? 9 de mayo de 2017).

………

El Artículo 347 de la Constitución especifica que la “Asamblea Nacional Constituyente” tiene por objeto “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Se transforma al Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente con una nueva constitución, y ésta no entra en vigencia hasta que la aprueba el Pueblo, el único Poder Constituyente Originario, en referendo. Una constituyente es, como dice ese artículo con la mayor claridad, una mera redactora.

La misma Dra. Mármol adujo también el 1º de mayo que Nicolás Maduro no puede convocar a una Asamblea Constituyente porque sería, como expuso ya en enero de este año, “un presidente de facto” desde que la Asamblea Nacional declarara el 9 de ese mes que había abandonado su cargo. Si esto fuera así ¿cómo es que se le dirige a un presidente de facto una comunicación escrita en la que tal caracterización ha desaparecido? ¿Por qué se le trata en ella de Usted con inicial mayúscula? ¿En qué quedamos?

Es como la Asamblea Nacional, que declaró que Nicolás Maduro ha abandonado su cargo y, desconociendo al Tribunal Supremo de Justicia, “eligió” nuevos magistrados y ordena enviar copia de su acuerdo del 18 de este mes “al resto de los Poderes Públicos”. (?) LEA

………

*Recibí una gentil visita en mi casa de la Dra. Mármol de León y su esposo—el Dr. Vladimir León, quien la acompaña firmando el documento de la “Alianza”—en noviembre del año pasado y conversamos sobre el asunto de una constituyente “originaria”; en esa ocasión la exMagistrada no pudo oponer argumentación que refutara mi postura. Al mes siguiente contesté un correo del Dr. Pérez Martí, antiguo Ministro de Planificación de Hugo Chávez Frías, en estos términos: “Gracias, Felipe, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario. (…) …es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos”. Tampoco Pérez Martí atinó a refutarme.

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Exégesis crítica

Acuerdo del 18 de julio

 

La Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo relativo al “plebiscito” celebrado el domingo 16 de julio, con organización de la Mesa de la Unidad Democrática. Allí registra en sus considerandos lo que habría sido la votación definitiva, luego de la estimación (7.186.170 votantes) que anunciara el lunes Cecilia García Arocha; habría habido, según el informe final de la Comisión de Garantes, un total de 7.535.259 sufragantes, o 38,5% del Registro Electoral reportado en mayo pasado (19.571.043). Según los legisladores de oposición que aprobaron el acuerdo, esta participación “demuestra un contundente apoyo popular a las acciones que esta Asamblea Nacional ha venido adoptando y reforzará en los próximos días, con el propósito de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo previsto en su artículo 333”. Eso sería más “contundente” que 61,5% de electores (12.036.191) que desatendieron la convocatoria. “La participación ciudadana del 16 de julio ha sido ciertamente sobrecogedora, poderosísima”, se escribió acá el lunes de esta semana (Manipula y vencerás), pero dista bastante de ser la de la mayoría del electorado.

A pesar de esto, la Asamblea sostiene que habla desde un mandato de la mayoría nacional para decir en el segundo artículo del acuerdo: “De conformidad con los resultados de la primera pregunta de la consulta popular, se ratifica el desconocimiento de la fraudulenta e ilegítima constituyente promovida mediante los Decretos N° 2.830, 2.878 y 2.889, mediante la cual pretende derogarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por medio de mecanismos no contemplados en esa Constitución, en tanto la fraudulenta constituyente no es resultado de la consulta popular al pueblo venezolano, único y exclusivo titular de la soberanía popular y depositario del poder constituyente. Todos los actos de ese fraudulento proceso, al ser resultado de la usurpación de la soberanía popular, deben reputarse como inexistentes de conformidad con el artículo 138 constitucional”.

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¿Qué debemos entender por “fraudulento”, adjetivo empleado tres veces en el mismo artículo? El Diccionario de la Lengua Española define el término así: “Del lat. fraudulentus. 1. adj. Engañoso, falaz”. También dice que fraude significa “Del lat. fraus, fraudis. 1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. 2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. La convocatoria misma no es fraudulenta, puesto que es facultad expresamente atribuida al Presidente en Consejo de Ministros en el Artículo 348 de la Constitución la “iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, así como a la Asamblea Nacional por “acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. En ninguna parte del texto supremo se especifica que esa convocatoria debe ser autorizada por una previa consulta popular. (Ver acá ¿Preguntas sin respuestas? del pasado 9 de mayo y #lasalida de Maduro (segunda parte), del 2 de mayo, para una discusión del punto).

También se ha registrado en este espacio esta opinión: “el vicio fundamental de la convocatoria a constituyente no es que requiera un referendo previo para que sea válida, sino el diseño de las bases comiciales. Es una verdadera aberración eso de los diputados ‘sectoriales’. El Pueblo, el Poder Constituyente Originario, no es un agregado de sectores sino de ciudadanos. (…) La Asamblea Nacional ha pecado por omisión al no legislar sobre las bases comiciales de una asamblea constituyente…” (Película de terror, 3 de julio) Dos meses antes, en ¿Preguntas sin respuestas?: “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”. La convocatoria presidencial a constituyente es válida, además, porque sin negar la intransferible titularidad popular de la soberanía, el Artículo 5 establece que el Pueblo la ejerce “directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Si se coteja esa disposición con el Artículo 348 se entiende por qué no pueden convocar a Constituyente, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano o el Poder Electoral; porque ninguno de ellos ha sido establecido “mediante el sufragio”. La Constitución adjudica esa capacidad sólo a poderes constituidos mediante el sufragio: el Presidente de la República, la Asamblea Nacional y los Consejos Municipales. La convocatoria de Maduro no es “la usurpación de la soberanía popular”.

Otrosí. El Artículo 333 invocado por la Asamblea Nacional dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. ¿Ha sido derogada la Constitución? (DRAE: derogar. Dejar sin efecto una norma vigente). ¿Ha dejado de observarse por acto de fuerza? (No faltarán abogados—entre quienes adujeran impertinentes analogías del Derecho de Familia para sostener que Nicolás Maduro había abandonado su cargo—que postulen que las muertes de manifestantes a manos de militares son la inobservancia de la Constitución por “acto de fuerza”, en lugar de una clara pero simple violación de derechos humanos). Violar artículos específicos de la Constitución, como han hecho más de una vez el Ejecutivo Nacional, la Fuerza Armada Nacional y hasta la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no equivale a derogarla.

Una última cosa del segundo artículo de la resolución comentada; ella asegura que con la constituyente convocada válidamente por Maduro “pretende derogarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por medio de mecanismos no contemplados en esa Constitución”. Una constituyente es, por definición, la redactora de una nueva constitución y parte del único mecanismo contemplado en la vigente para derogarla, para empezar, y la derogación de la actual no puede ocurrir sin un referendo aprobatorio final—explícito en el Preámbulo de ella y en su Disposición Final Única—que admita algo como la Disposición Derogatoria siguiente: “Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución”. Pero en todo caso ¿cómo sabe la Asamblea Nacional qué “pretende” el Presidente de la República? En la mediocre retórica política venezolana de los últimos tiempos se han hecho declaración estándar y ritual vistosas e irresponsables formulaciones como éstas: “Lo que busca Maduro”, “Lo que pretende Borges”, “Lo que persigue Ortega Díaz”, “Lo que quiere el PSUV”. Quienes así declaran con holgazanería, repitiendo una fórmula retórica que estiman eficaz (y tal vez lo sea), no tienen acceso a los estados mentales de quienes acusan.

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El siguiente artículo del acuerdo aprobado ayer prescribe:

TERCERO: De acuerdo con los resultados de la segunda pregunta de la consulta popular, se exige a todos los funcionarios, así como a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sujetar su conducta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo toda orden contraria a los derechos humanos y colaborando activamente en el restablecimiento de la Constitución, todo ello con fundamento en los artículos 7, 25, 136 y 333 de la Constitución de 1999. De manera especial, todos los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional están obligados a no colaborar con el Poder Electoral en la materialización del fraudulento proceso constituyente, por el cual se pretende derogar, por la vía de los hechos, a la Constitución de 1999.

Dale con lo de fraudulento y la “pretensión” de derogar “por la vía de los hechos” la Constitución actual. Por eso había percibido problemas en la redacción de la segunda de las preguntas propuestas el pasado domingo: “¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?” No se necesita una especial aquiescencia popular para que la Fuerza Armada Nacional respalde las decisiones válidas de la Asamblea, y no es válido postular que es obligación de la FAN negar la colaboración habitual de ella a los actos electorales en el caso de una convocatoria válida a constituyente. Cuando aún no se había corregido la redacción inicial de la segunda pregunta—“¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la constitución del año 1999 y respalda las decisiones de la Asamblea Nacional?”—, que parecía requerir del elector su aprobación a priori de las decisiones de la Asamblea, escribí en El tercer plebiscito (6 de julio): “La segunda pregunta es más problemática. ¿A cuáles decisiones de la Asamblea Nacional se refiere? ¿A la extracción de retratos de Hugo Chávez del recinto parlamentario? ¿A su rechazo a destiempo del primer decreto de emergencia económica en enero del año pasado? ¿A la declaratoria de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro? ¿O se refiere más bien a decisiones futuras de la Asamblea Nacional? Si es esto último la pretensión es excesiva; no puede pedirse a la ciudadanía, ni siquiera a la que votó por las candidaturas de oposición el 6 de diciembre de 2015, que suspenda su juicio independiente sobre las actuaciones de la Asamblea Nacional. Tal cosa sería aquiescencia a una dictadura parlamentaria”. Tampoco debe la Fuerza Armada Nacional respaldar decisiones de la Asamblea cuando éstas son inválidas, tanto por su contenido intrínseco como porque no se fundan en un mandato formal de la mayoría del electorado nacional.

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Queda por considerar conjuntamente los artículos 4º y 6º del acuerdo. Éstos establecen:

CUARTO: De conformidad con los resultados de la tercera pregunta de la consulta popular, esta Asamblea Nacional, como legítima representante del pueblo venezolano, y en el marco de sus atribuciones enumeradas en el artículo 187 de la Constitución, adoptará las medidas constitucionales necesarias para el restablecimiento efectivo de la vigencia de la Constitución, tal y como ésta ordena en su artículo 333. Para ello, se procederá a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución; a crear las condiciones que permitan la realización de elecciones libres y transparentes, y a promover la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional.

SEXTO: Se ordena remitir copia del presente Acuerdo al resto de los Poderes Públicos y a todo el cuerpo diplomático.

Primero, uno debe suponer que lo de “la renovación de los Poderes Públicos” se refiere al Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, por cuanto según “lo establecido en la Constitución”, en ausencia de la falta absoluta del Presidente de la República, la renovación del Poder Ejecutivo Nacional debe producirse mediante el sufragio el año próximo. (A menos que la Asamblea pretenda reafirmar, llegada la “Hora Cero”, su declaración de abandono del cargo por parte del presidente Maduro del pasado 9 de enero).

Luego, no es en absoluto una facultad de la Asamblea “promover la conformación de un Gobierno de Unión Nacional”, así como no lo era “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”, actividad que Henry Ramos Allup presentó el 5 de enero de 2016 como “compromiso no transable” de la Asamblea Nacional. Ambas cosas son un evidente exceso.

Una pregunta traviesa: ¿fueron las elecciones de Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2015 libres y transparentes o, por lo contrario, sojuzgadas y opacas?

Otra travesura: ¿no es una admisión de la legitimidad del “resto de los Poderes Públicos” que se ordenara remitirles copia del acuerdo?

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La Mesa de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional han decidido, a pesar de su constante invocación de la Constitución, actuar fuera de ella. Consideran, no sin buenas razones, que los magistrados del TSJ y las rectoras del CNE ocupan indebidamente sus cargos (a pesar de lo cual les envían copia de lo que ayer se acordara en el Parlamento). Sobre eso, por ejemplo, fincan la justificación de una consulta popular que no organizara el Consejo Nacional Electoral; de allí que llamaran “plebiscito” a lo que es por sinonimia* lo mismo que “referendo”, pues entonces habrían tenido que atenerse a lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: “El Poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”.

Es por esto que The Miami Herald, en un reportaje de ayer que comenta las sanciones con las que Donald Trump ha amenazado a Venezuela y que no oculta sus simpatías por la oposición, titula la foto principal así: “La gente hace colas para emitir su voto durante un referendo simbólico en Caracas, Venezuela, el domingo”. Eso es lo que ha sido el magnífico y poderoso evento del domingo: un referendo simbólico.

Siempre estuvo en las manos de la Asamblea Nacional convocar válidamente referendos consultivos que se le propuso insistentemente—¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016, o Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016—y no quiso considerar. Ahora ha decidido, y también la Mesa de la Unidad Democrática, consultar al Poder Constituyente Originario fuera de los canales constitucionales:

…la MUD empieza a admitir que el Pueblo debe ser llamado a decidir. Bienvenida sea esa tardía posición—el referendo consultivo sobre el socialismo se propuso por primera vez el 23 de julio de 2009 (Parada de trote), y ya el 5 de febrero de 2003 argumentaba el suscrito: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”—; sólo queda esperar que la central opositora y la Asamblea diseñen las cosas con claridad y calma, so pena de enredar y confundir y, en consecuencia, de convertir sus iniciativas en frustraciones. (Película de terror, 3 de julio de 2017).

Por tales razones, y porque la pasada jornada dominical reunió menos de 40% del electorado nacional, resulta injustificable que el Poder Legislativo Nacional y la central opositora presenten sus resultados como un mandato ineludible del Pueblo. (Eso sí es “pretender”). El portentoso evento del 16 de julio tiene enorme y suficiente poder interpretado en sus justos términos, y ofrecer una interpretación adulterada de él no hace otra cosa que debilitarlo. Ni la Asamblea ni la MUD debieran dañar su magnífico logro con argumentación que pudiera ser razonablemente tildada de fraudulenta.

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Nota final: No es nada placentero criticar a quienes tienen las mejores oportunidades de desplazar al pernicioso sistema chavista-madurista del poder. Precisamente porque ese sistema es patentemente dañino para la Nación, es desesperante constatar los reiterados errores estratégicos de la dirigencia opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática. Aún en vida de su predecesora, la Coordinadora Democrática, fue posible escribir:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos. Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia. El Informe Stratfor, publicación electrónica norteamericana, a todas luces conservadora, insospechable de chavismo, dictaminó de ella, lapidariamente, el pasado 6 de agosto: “Afortunadamente para Chávez, si hay algo que la oposición venezolana ha demostrado es que es estratégicamente torpe, profundamente impopular y moralmente cuestionable”. Nunca hemos sido tan implacables con la dirigencia opositora autoungida en esta publicación, aunque ya antes hemos hecho algunas caracterizaciones por las que la considerábamos constitucional o genéticamente impedida de producir lo que fue necesario y no se hizo, a pesar de reiteradas y longevas advertencias y recomendaciones. En el fondo del problema hay una raíz paradigmática: sus más connotados directivos operan, como Chávez, dentro del paradigma de la Realpolitik, el que propugna que la política es en realidad la procura del poder mientras se impide que el adversario lo asuma. Ellos creen, la mayoría honestamente, que “la política es así”, y desechan cualquier otra conceptualización, por ejemplo una según la cual la Política es el arte u oficio de resolver problemas de carácter público. (Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004).

Pero es que el 24 de septiembre de 1995 juré públicamente cumplir el Código de Ética de la Política que compuse como guía de conducta y del que nunca me he apartado. Así me obliga su Cláusula Segunda: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. LEA

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* El Diccionario de la Lengua Española define como plebiscito: 1. m. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. 2. m. Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. En cambio ofrece para referendo (referéndum): 1. m. Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. En verdad, la ruta de escape es precaria, puesto que la propia MUD publicó hace tres días una explicación de la iniciativa que comenzaba por decir: “…solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional”. El Artículo 71 es, precisamente, el que norma los referendos consultivos, y su terminología no menciona un “proceso nacional de decisión soberana” ni emplea la palabra plebiscito. Como puse el 3 de julio (Película de terror): “Si la MUD finca su atropellada idea en la Constitución Nacional al citar el Artículo 71, no puede desatender ninguna otra de sus disposiciones; no se puede (debe) acoger la Constitución a pedacitos”, y la MUD escoge apelar a los Artículos 71, 333 y 350 y desconocer el Numeral 5 del Artículo 293. (El tercer plebiscito, 6 de julio de 2016).

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Texto del acuerdo de la Asamblea Nacional en formato .pdf: ACUERDO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR

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