Trescientos y tres

 

El Danubio Azul en 2001: Odisea del espacio

La refutación de un pasaje aristocratizante de Javier Marías, en su más reciente novela (Berta Isla), estableció la línea de defensa del Pueblo en la transmisión #303 de Dr. Político en RCR. La hermosa canción Viena, ciudad de mis sueños, de Rudolf Sieczyński, y el vals antonomástico de Johann Strauss hijo, El Danubio Azul, rindieron homenaje a la capital cultural de Europa a inicios del siglo XX. Éste es el archivo de audio de hoy:

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Muchas verdades y algunas omisiones

 

La disertación de Asdrúbal Aguiar en el video acá insertado es de las más serias y agudas que haya visto recientemente acerca del caso venezolano. Naturalmente, el Dr. Aguiar es un testigo excepcional; en la primera fila de muchos procesos críticos de la política inmediatamente prechavista, almacena en su experiencia, vívidamente relatada, lecciones útiles que aunque insuficientes son imprescindibles para la comprensión de nuestra patología nacional.

 

 

La conversación con Gaby Perozo se inicia con algo a lo que se le da más importancia que la que tiene: su pregunta acerca de si vivimos bajo una dictadura y de qué tipo es ésta. En La conspiración de los holgazanes (1º de marzo de 2018) dejé caer: “Bautizar un problema no es lo mismo que resolverlo. Nuestro problema no es taxonómico, no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo, si su régimen es una dictadura, una democracia, una subdictadura (una vez diagnosticaron a mi madre de tiroiditis subaguda) o una subdemocracia”. La contestación de Aguiar es de las mejores que he escuchado, pues implícitamente admite que puede decirse muchas cosas distintas acerca del tipo de régimen de la actualidad; esto es, que ubicarlo taxonómicamente no es un problema crucial. Por lo demás, todos los gobernantes autoritarios se parecen:

Napoleón Bonaparte enseñó a todos los líderes autoritarios que le han sucedido los elementos esenciales de la dictadura: la propaganda, una policía secreta eficaz e inexorable que constituye un estado dentro del estado, el empleo de dispositivos democráticos como el plebiscito para suscitar apoyo popular del régimen, la burocratización de las instituciones críticas como la educación y la religión de forma que puedan convertirse en instrumentos de adoctrinamiento, y el valor de las aventuras externas para hacer soportable la represión doméstica. (Jerome Blum, Rondo Cameron &Thomas G. Barnes: The European World, 1966).

El comunismo, el nazismo, el fascismo, el pinochetismo, el perezjimenismo aprendieron al caletre la lección bonapartista.

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Las anécdotas referidas por Aguiar son precisas y al punto; también son pertinentes y pedagógicas. Sin embargo, echo en falta algunas omisiones; por ejemplo, la determinante influencia de la esclerosis del paradigma convencional, que entiende la política como lucha por el poder que se legitimaría con la excusa o coartada de una ideología cualquiera. Es decir, lo que causa ya no una crisis política particular en un país específico, sino la crisis de la política misma en todo el mundo, manifestada en la disfuncionalidad de los estados de la actualidad. (Hasta en Suiza; ver acá El peso político de las palabras, 12 de junio de 2018). Casi siete años le tomaría a Arturo Úslar Pietri entender ese diagnóstico, que le expuse en conversación en su biblioteca de enero de 1985; el 30 de octubre de 1991 escribió: “…de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta. Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación…”

Más allá de eso, Asdrúbal Aguiar no propone solución concreta alguna y, en particular, el Pueblo como actor político determinante está totalmente ausente de su discurso. Antes de que el suscrito completara su serie de prescripciones referendarias (1994, 1998, 2003, 2007, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018), ya reivindicaba un papel protagónico para el Pueblo; el 25 de febrero de 2002 expuse públicamente en Televén un tratamiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz… que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines… [p]or este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Bueno, yo también tengo mis anécdotas:

El miércoles 5 de marzo [de 2002] me llamó la productora de Marta Colomina para que anotara el número de un teléfono celular de Hermann Escarrá, asegurándome que él mismo lo había ofrecido porque estaba muy interesado en que lo llamara, tan pronto como pudiera, para discutir el tema de la abolición que la periodista le había mencionado en entrevista reciente que le hiciera. No lo llamé hasta el viernes 8, a eso de las 11 de la mañana desde la casa de mi madre, donde estaba de visita. (…) El experto constitucionalista me saludó con su solemnidad característica, y luego de apuntar que la idea de la abolición tendría que hacerse compatible—fácilmente, opinó—con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, adelantó esta opinión: “Pero puedo decirle de una vez que su propuesta es, como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correcta”. (…) Dos días después de esa conversación, era entrevistado por su colega, Asdrúbal Aguiar, en el programa que éste tenía los domingos por la noche en CMT Canal 51. Ambos habitaban el Olimpo de los juristas, y allí conversaron sobre las opciones para resolver el problema Chávez. Escarrá comentó con escepticismo que había comenzado a hablarse de un procedimiento de abolición: “Su proponente—un sociólogo—lo llama Acta de Abolición”. Y repitió: “¡Un sociólogo!”, en el tono con el que se habría referido despectivamente a un criado de librea. (Las élites culposas).

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La mayor ausencia en la exposición de Aguiar, llena de referencias a actores políticos profesionales, a líderes, es la del Pueblo venezolano. Es mi convicción de años que la clave de la solución de nuestros problemas está en convocarlo para que decida sobre materias de especial trascendencia nacional—Artículo 71 de la Constitución—, para que mande en lugar de quejarse y protestar. LEA

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¡Abajo el Rey de España!

 

Un rey entrometido y un presidente desalmado

 

El circuito Unión Radio titula así sobre una conversación de ayer entre Felipe VI de España y Donald Trump: “Rey Felipe pide ayuda a Trump para resolver crisis de Venezuela”. De inmediato pensé que ha podido solicitar su ayuda para mantener en cintura a Cataluña, o lograr que la prisión de su corrupto cuñado, el esposo de la infanta Cristina, sea lo más breve posible. Pero si se tratara de pedir para países distintos del suyo, entrometiéndose, consideré que también pudiera haber pedido auxilio para los más de dos mil niños separados de sus padres que buscaron refugio en los Estados Unidos, o para México, con una sustancial rebaja de la factura por el megamuro entre ambas naciones que empalidecería al de Berlín o, finalmente, si quería simpatizar con la ciudadanía estadounidense, el auxilio para que las muchas decenas de asesinados, gracias a la absurdamente sostenida Segunda Enmienda (la franquicia de la National Rifle Association), no se vean aumentadas.

Pero no, lo que está de moda es Venezuela; ahora es comme il faut exhibirse internacionalmente como “demócrata”, con alguna vistosa declaración que deja de entender que la solución del problema político venezolano está en manos de nuestro Pueblo, no en las del desalmado Sr. Trump, quien ahora elogia descaradamente al sanguinario dictador de Corea del Norte.

Felipe: ¿por qué no te callas, como pidiera tu padre a Hugo Chávez? LEA

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Resultados cantados

 

Cuando creían que se la estaban comiendo

 

Tomo de afirmaciones contenidas en nota de hoy del servicio de noticias de Costa del Sol FM (La oposición está en callejón sin salida, no hay liderazgo ni orientación). Así comienza:

Expertos afirman que la MUD se convirtió en un espacio para acomodarse económicamente, en lugar de ser una alternativa democrática cuyo objetivo sea transformar al país. Las protestas de 2017 que fueron sofocadas por el gobierno y dejaron un saldo de más de 120 muertos, la implantación de una asamblea nacional constituyente, la derrota en las elecciones de gobernadores y el adelanto unilateral de las presidenciales, parecen haber dejado sin aliento a la Mesa de la Unidad Democrática. Su presencia en el mapa político apenas se siente. “La oposición vive su peor momento”, aseguran analistas políticos. Advierten que la dirigencia está extraviada y no tiene una estrategia en común que capitalice el descontento que existe hacia el presidente Nicolás Maduro. El experto Pedro Afonso del Pino afirma que el alejamiento entre la oposición y la ciudadanía comenzó en 2015, cuando en medio de la victoria de las parlamentarias la MUD hizo promesas que no pudo cumplir. La principal fue asegurar que durante el primer año de gestión de la Asamblea Nacional se sacaría al mandatario del poder. “La estrategia que aplicó fue errada porque se apresuró. No supo capitalizar el triunfo de las parlamentarias. Las actuaciones condujeron a la oposición a un callejón sin salida, ahora no hay liderazgo ni orientación”, señala. El politólogo Alfredo Coronil asevera que la crisis en la oposición es la consecuencia de que sus miembros hayan utilizado a la MUD para mejorar su posición económica y social, y no para convertirse en una alternativa democrática capaz de transformar al país y devolverle la institucionalidad. Considera que la alianza de partidos “pudo ser gloriosa”. “A Maduro le tocó una oposición de segundones. Sus integrantes se corrompieron, dejaron a un lado el plan estratégico para acomodarse y se rebajaron al chavismo”, añade.

Afonso del Pino gira en órbita copeyana (hasta hace no mucho, en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC); Coronil Hartmann, hijastro de Rómulo Betancourt, lo hace en órbita adeca. De algún modo, pues, son las viejas formaciones políticas las que critican el desempeño de las nuevas y a sus líderes más connotados.

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Costa del Sol presenta las evaluaciones de Afonso y Coronil (más otras de Fernando Spiritto) como revelaciones, como si se tratara del descubrimiento del Polo Norte (¿o el agua tibia?), pero esencialmente la misma cosa (sin las acusaciones de corrupción) fueron adelantadas por el suscrito con mucha anticipación. He aquí un muestrario incompleto, de lo más reciente a lo más antiguo:

La verdad es que no hay unidad opositora, que nunca la ha habido sino circunstancialmente. Ya en 2006 se había recordado acá, en caracterización de la MUD, la definición de bote salvavidas que Enrique Jardiel Poncela propusiera en Para leer mientras sube el ascensor: “Lancha que sirve para que se ahoguen juntos los que se iban a ahogar por separado”. En el epílogo de Las élites culposas [2012] está este juicio: “Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder… Su producto es mediocre”. Y el año pasado (8 de octubre) se ponía en El mercado político nacional: “No existe en el teatro político nacional una opción que hace falta: una organización política de código genético distinto del de un partido ideológico convencional (o una federación de partidos convencionales, una organización de organizaciones o ‘movimiento de movimientos’)”. Leopoldo è mobile qual piuma al vento, 3 de junio de 2015.

El trabajo metamórfico es éste: convertir la Mesa de la Unidad Democrática en el Movimiento de la Unidad Democrática. No sólo se trata de preservar las siglas; el asunto es dejar atrás el esquema de organización de organizaciones, de “movimiento de movimientos”, para establecer un movimiento de ciudadanos. Si el objetivo no fuera el de unir a la oposición sino el de unir al país, toda la cosa cobraría un sentido profundo y podría augurársele éxito. ¿Jesús Gorbachov?, 1º de octubre de 2014. (He formulado la misma observación desde hace mucho tiempo, sin el menor éxito. Por ejemplo, el 12 de agosto de 2004 escribía en la Carta Semanal #99 de doctorpolítico, en referencia a la Coordinadora Democrática: “para ciertas evoluciones necesarias la organización pudiera estar genética o constitucionalmente impedida—porque es una organización de organizaciones en lugar de una organización de ciudadanos”).

Si ahora hay, luego del descalabro del 16 de diciembre que siguió al fracaso del 7 de octubre, llamados al examen de conciencia—Ramón Guillermo Aveledo: “Todos los partidos tienen que reflexionar, es nuestra obligación”—, sería lo serio que la Mesa de la Unidad Democrática abriera una instancia de pensamiento concienzudo, que no esté limitado por las cajas perceptuales acostumbradas. El examen debe ser radical, pues la cosa no es la de meramente verificar el nivel táctico o procedimental. Es necesaria una lógica de presupuesto de base cero. (…) Es hasta ese nivel elemental que una reflexión responsable de la Mesa de la Unidad Democrática debiera llegar. Ella, y los partidos que la componen, deben saber que su esencia ha sido sobrepasada por los hechos, que si no emprenden una metamorfosis radical, creadora de una organización política cualitativamente distinta, se verán reducidos a la insignificancia. (…) La deliberación constructiva que propongo debe partir de esta premisa: cualquier intento de preservar el modelo federativo de la MUD estará condenado al fracaso. La gente de AD, Primero Justicia, COPEI, Un Nuevo Tiempo, etcétera, deberá entender que estos partidos deben desaparecer para dar origen a una organización radicalmente novedosa; la propia Mesa de la Unidad Democrática, por tanto, dejaría de existir, al no quedar nadie que federar. MUD, MUD, MUD, es hora de partir, 25 de diciembre de 2012.

Un amable y experto amigo obtendría conclusiones muy interesantes en un análisis del lenguaje corporal de los retratados en la fotografía de la hospitalidad copeyana: la mano izquierda volteada de Antonio Ledezma, la torva mirada de Julio Borges, alejada del centro de atención de los demás, el rostro desconfiado de Andrés Velásquez, etcétera. (Luego de las derrotas electorales de 2012).

 

Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. (¿Cómo puede ser uno territorial en Internet? ¿Quién es su jefe?) El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta. Política natural, 19 de marzo de 2009.

Antes de estas cosas, ya opiné de la madre de la MUD, la fenecida Sra. Coordinadora Democrática:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos. Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia. (…) Hay que decir estas cosas, no para encontrar cabezas de turco, chivos expiatorios o dueños de la derrota, sino para destacar que tan desastrosos traspiés no son atribuibles a la ciudadanía que, como han dicho con razón muchos analistas, ha trascendido a sus líderes ostensibles y asistido heroicamente a cuanta batalla le propusieran quienes se suponía más duchos que el ciudadano común en asunto político. (…) De modo que ahora el país necesita nuevos líderes y una nueva especie, con código genético diferente, de organizaciones políticas. Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004.

Para abreviar, un salto a treinta y tres años atrás:

Intervenir la sociedad con la intención de moldearla in­volucra una responsabilidad bastante grande, una responsa­bilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte? Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicio­nales es justamente la afirmación que hacemos. Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio in­telectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los ver­daderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Proyecto SPV, 8 de febrero de 1985.

Alexis de Tocqueville (en L’Ancien Régime et la Révolution, 1856) postuló que “el verdadero arte del Estado” requería “una clara percepción de la forma como la sociedad evolu­ciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro”.

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Suficiente; podría insertar una docena o más de advertencias de esa naturaleza. Añado sólo sobre el tema de la corrupción en filas opositoras una pregunta de Edgardo Agüero, en medio de entrevista que me hiciera para el semanario La Razón, y mi respuesta:

Hay quienes afirman que existen factores dentro de la MUD que en función de sus intereses políticos y pecuniarios, juegan a favor del gobierno. ¿Qué habrá de cierto en ello?

Mi aproximación a la política es clínica. Si un médico intentara curar un hígado enfermo tratando célula por célula se volvería loco; por eso no me intereso por la chismografía política acerca de actores particulares. Si tuviera que descalificar a algún actor político no lo haría por su negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. No me intereso por esa clase de asuntos. La Razón como anfitrión, 29 de junio de 2015.

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La nota de Costa del Sol FM cierra con tres minifichas acerca de dirigentes opositores perseguidos:

Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular

El ex alcalde de municipio Chacao fue inhabilitado en 2008 por la Contraloría. En 2014 lo encarcelaron y en 2015 lo sentenciaron a más de 13 años de prisión por supuesta incitación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014. En la actualidad tiene casa por cárcel.

Henrique Capriles, líder de Primero Justicia

El ex gobernador de Miranda participó en las elecciones de 2012 como adversario de Hugo Chávez, y en las de 2013 contra Nicolás Maduro. En 2017, a un año de celebrarse las presidenciales, fue inhabilitado por 15 años debido a supuestos hechos de corrupción.

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela

En 2011 comenzó su ejercicio como miembro de la Asamblea Nacional. En 2014 fue acreditada como representante alterna de Panamá ante la OEA. El presidente de la AN de entonces, Diosdado Cabello, dijo que había perdido su condición de diputada. Ese mismo año fue investigada por la Fiscalía por supuesta conspiración.

El suscrito interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia, el 11 de agosto de 2008, una denuncia de inconstitucionalidad de la decisión #1.265 de su Sala Constitucional—Violación denunciada—, que sostuvo la inhabilitación de la Contraloría General de la República contra Leopoldo López, Enrique Mendoza y un centenar adicional de ciudadanos. (La misma argumentación refuta la posterior inhabilitación de Capriles del año pasado). El TSJ ni siquiera se dio por aludido.

En el caso del despojo de la investidura de Ma. Corina Machado como diputada, dediqué dos programas seguidos de Dr. Político en RCR (#88 y #89, del 29 de marzo y 5 de abril de 2014, respectivamente) a su defensa. Como era de esperar, no causaron el menor efecto. LEA

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¡Qué vaina con Ugalde!

 

Ugalde en mala compañía, un mes y seis días antes del Carmonazo

 

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro.  (…) El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. (…) La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración.

Las élites culposas

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Creo que fue el mismo 13 de junio, el miércoles de la semana pasada, cuando leí las primeras líneas de un artículo de Luis Ugalde S. J. con fecha de ese día. Su prometedor título era La enfermedad, el remedio y la ruta. No completé la lectura; bastó que viera su comienzo para percatarme de que quien propusiera como solución a nuestros males encontrar “un Larrazábal II”—Fundación Espacio Abierto, 10 de diciembre de 2016—desvariaba de nuevo. Pero el sábado me envió alguien ese mismo texto en correo electrónico con el siguiente título: “Hablar claro y actuar en consecuencia, ya” y, dos horas después, otra persona me preguntó por WhatsApp si “por casualidad” había comentado en mi programa #302 “el último [artículo] de tu colega de curso Luis”. Este último amigo sabe que Ugalde y yo estudiamos juntos entre 1962 y 1964:

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1963-1964) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas en época de una “teología” de la liberación. (Las élites culposas, mayo 2012).

Algo de esa cojera de la pata izquierda ha debido quedar para los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, en quien Ugalde reconocía públicamente su preocupación por las necesidades del Pueblo, y a quien recomendaba darle el beneficio de la duda. Tan tarde como el 23 de junio de 2016, escribía: “Cuando Chávez apenas se estaba estrenando en la Presidencia me dijo con franqueza ‘yo no creo en los partidos políticos, ni siquiera en el mío, yo creo en los militares que es donde yo me formé’. Cuando reinan las armas, la soberanía no está en el pueblo sino en quien tiene el fusil. Es la muerte de la política. Sin embargo, Chávez significó para muchos venezolanos el resurgir de la política, que estaba moribunda por los partidos, gastados por la rutina y la corrupción e insensibles ante la creciente pobreza”. (Elogio de la política).

De modo que la convergencia, casi simultánea, de dos referencias a la última de las piezas ugaldinas logró preocuparme y me indujo a leerla completa. Ayer, Día del Padre, el servicio de noticias de Costa del Sol FM no se limitó a reproducirla; también publicó una entrevista al cura sobre su temática. No puede haber duda de que ese artículo ha causado impacto, el suficiente para recuperar el papel de primer eclesiástico contestatario que otro jesuita de apellido perfecto, Francisco Virtuoso, le ha disputado. (Éste aseguraba hace menos de un mes—22 de mayo—que la Constitución especifica que la elección de Presidente de la República debe efectuarse en los últimos meses del año— “Cuando se habla de solicitar elecciones en el último trimestre del año es porque es lo que está consagrado en la Constitución”—, en eco de idéntico error de la directiva de AVERU: “La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita que las elecciones se hagan cuando están planteadas constitucionalmente”, dijo Cecilia García Arocha el 10 de mayo. La Constitución no prescribe nada de eso).

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El nuevo y publicitado texto de Ugalde incluye más de una afirmación tajante no probada; por ejemplo: “Maduro el 20 de mayo no fue elegido democráticamente, sino que impuso dictatorialmente una votación para continuar hasta el 2025”. Fue elegido democráticamente, en medio de la abstención más alta—prácticamente 54%—que se registre para una elección presidencial en Venezuela. La abstención, por supuesto, favoreció la candidatura de Maduro, y fue predicada por la mayoría de los partidos opositores. Siempre ha convenido al gobierno socialista la abstención opositora (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1 de enero de 2012). Algunos voceros, como los ya mencionados Francisco Virtuoso y Cecilia García Arocha, argumentaron equivocadamente que la fecha desusadamente temprana violaba disposiciones constitucionales, pero eso había sido advertido por Nelson Bocaranda (Runrún de alerta) con suficiente tiempo—octubre de 2017—sin que se le hiciera caso: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione”.

No podía prescindir Ugalde del epíteto, más bien muletilla, de moda: fraudulento. (Opositor que se precie y no acuse todo lo que hace el gobierno de “fraudulento” no está en nada, como decíamos en los años sesenta). Así escribió en su párrafo introductorio: “la fraudulenta votación del 20M”. Allí mismo esgrime con pretendida originalidad algo de lo que hasta ahora no se había acusado a Maduro: “Maduro está deslegitimado por su desempeño (violación sistemática del art. 2 de la Constitución)”. Este artículo dice:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

El sujeto actor de esa declaración constitucional es la Nación como un todo, no el Presidente de la República; la “originalidad” de Ugalde es a este respecto meramente retórica. Tampoco podía faltar el consabido apoyo en el Artículo 333 de la Constitución: “Frente a la tiranía, todos, civiles y militares, estamos obligados (art. 333) a actuar para restablecer la Constitución y los derechos humanos”. Así reza el socorrido artículo:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución, y se habla de ella como un todo en ese artículo, no ha sido derogada—derogar. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española—y tampoco ha dejado de observarse por acto de fuerza (en el sentido e intención del artículo, típicamente un golpe de Estado militar). El artículo invocado, por otra parte, no menciona derechos humanos.

Pero vamos de una vez a lo que es programático en el ya famoso texto; Ugalde propone estos pasos:

La ruta más razonable y democrática hacia la que todos unidos debemos empujar nacional e internacionalmente es:

A- Renuncia de Maduro y su gobierno, con salida negociada.

B- Gobierno de transición presidido por el Presidente de la legítima AN.

C- Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial-trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica-social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres no la habrá para nadie.

D- Restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exiliados y perseguidos. Habilitación de políticos y partidos arbitrariamente inhabilitados. Restauración de la plena libertad de expresión y de comunicación.

E- Eliminación de la dictatorial Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo CNE.

F- Preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente; que seguramente solo será posible dentro de nueve meses o más.

Obviamente, la renuncia presidencial es en este caso potestad exclusiva y personal de Nicolás Maduro. Pero un “gobierno de transición” y una “junta de gobierno civil con participación militar” son elementos claramente anticonstitucionales. Es irónicamente absurdo que, quien acusa a Maduro de “violación sistemática del art. 2 de la Constitución”, proponga con la mayor frescura actuaciones evidentemente violatorias de ella. (En La marcha de la insensatez, Barbara Tuchman citó, resaltando su absurdidad,  las palabras de un mayor del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam: “Se hace necesario destruir el pueblo con el fin de salvarlo”. Luego comenta: “su frase parecía simbolizar el uso del poder destructor americano para destruir el objeto de su protección para preservarlo del comunismo”). Ugalde estipula que se viole olímpicamente la Constitución para restituirla.

Y es que, además, el récipe ugaldino no tiene nada de original; con trece años de anticipación propuso Alejandro Peña Esclusa una iniciativa prácticamente idéntica, cuando intentó vender su táctica de “guarimbas”. (Para indignación de Robert Alonso, que aseguraba ser el verdadero inventor).

Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Las proposiciones de Ugalde no tienen asidero constitucional alguno; aun reconociendo su derecho a formularlas, puede decirse verdaderamente de ellas que son fraudulentas al presentarlas como una defensa de la Constitución. No lo son; al contrario, son enteramente anticonstitucionales.

Quizás no deba sorprendernos esta más reciente postura de quien nos animara a encontrar en 2016, como ya se observó, un “Larrazábal II” y, ante el referendo sobre las reformas constitucionales de 2007, el mismo que argumentara que abstenerse era equivalente a votar en contra:

Políticamente no hubo “día después” opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el “socialismo” de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. (Luis Ugalde: El día después, desmontado en Glosa de pupitre , 1º de noviembre de 2007).

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Como en otras proposiciones ventiladas por opinadores de oposición como Ugalde o elevadas por partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, el Pueblo brilla por su ausencia. Ugalde cierra su artículo de este modo: “Seguramente otros tienen propuestas y rutas mejores, pero no existen mientras no se presenten públicamente. Sirva esta de provocación para la discusión y acción”.

Bueno, este blog es principalmente un repositorio público de un buen número de diagnósticos, pronósticos y tratamientos; es decir, de “propuestas y rutas”. Tal vez Ugalde no lo visite con frecuencia, tal vez nunca, pero si requiriese refuerzo para reivindicar ese carácter público que el cura exige, sí existe el muy público programa Dr. Político en RCR. Para facilitarle la tarea de enterarse, acá pongo unos pocos enlaces enteramente públicos:

Parada de trote (23 de julio de 2009), la primera proposición de un referendo sobre el socialismo. (Retomada en la emisión #17 de Dr. Político en RCR el 3 de noviembre de 2012).

Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016), una explícita proposición de acuerdo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales,—en lugar del asimétrico e ineficaz “diálogo” de gobierno y oposición—apoyada en el Artículo 136 de la Constitución, que manda la cooperación de los poderes públicos “en la realización de los fines del Estado”. (Explicada el 30 de abril de 2016 en el programa #194 de Dr. Político en RCR).

Prontas elecciones (22 de octubre de 2016) donde se propuso un referendo para adelantar elecciones presidenciales. (Ese mismo día en Dr. Político en RCR #219).

Manda Su Majestad (17 de diciembre de 2016), con un Acta de Abolición y Estatuto de Transición dictados directamente por el Pueblo. (De nuevo, ese mismo día se presentó en el programa #227 de Dr. Político en RCR).

Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017), donde se dijo: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio”. (Tesis recogida al día siguiente en la transmisión #261 de Dr. Político en RCR). Sólo el poder supraconstitucional del Pueblo puede disolver la constituyente actualmente en funciones, cuyo origen no es “fraudulento”. Ningún gobierno “de transición”, ninguna junta “cívico-militar” pueden hacer eso válidamente, menos si imitaran la técnica dictatorial de Pedro Carmona.

Todas esas “propuestas y rutas” se fundan en la convocatoria del Pueblo como actor capaz y únicamente idóneo de decidir materias que Ugalde propugna que emerjan de la connivencia de algunos militares y civiles: “Es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”. Apartando la reciente preferencia ugaldina por metáforas médicas—ver El sabio récipe del Dr. Ugalde, 25 de junio de 2015—y la vistosa exageración retórica—los rusos, los polacos, los checos, los alemanes orientales, los húngaros no se quedaron “sin país” al cabo de dominaciones mucho más duras que la actuante ahora en Venezuela—, eso de “civiles y militares” suena a conspiración, pues no parece que los civiles de su fórmula sean los 20 millones de ciudadanos del registro electoral y los militares la totalidad del alistamiento nacional; no es en conciliábulos de esa naturaleza donde puede construirse la necesaria salida. Por ejemplo, en Manda Su Majestad se reprodujo, adaptada a Maduro, una resolución popular propuesta inicialmente para el caso de Hugo Chávez el 25 de febrero de 2002, ocho días antes de que Ugalde levantara las manos de Carmona y Ortega en La Esmeralda. Ella dice:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Una orden expresa del Pueblo es lo único que puede mandar un papel para los militares. El 3 de agosto del año pasado, dejé en este blog (Prerrogativa del Poder Supraconstitucional) esta constancia pública:

Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”. Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco ha creído nunca en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir. Bueno, al menos públicamente y, según Ugalde, si se piensa en el Pueblo decisor en privado tal pensamiento no existe.

“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional” (5 de febrero de 2003).

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El sábado pasado, 16 de junio, torné a plantear públicamente, en el programa #302 de Dr. Político en RCR, la conveniencia de una “licitación política” nacional (no de oposición) que pueda establecer, por preferencia del Pueblo, qué debe hacerse con el Estado venezolano. En esa ocasión, mencioné al Frente “Amplio”, la AVERU y, de pasada, a los jesuitas Ugalde y Virtuoso como actores que pudieran promoverla. Vale.

LEA

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Licitación abierta

Una estupenda versión

Tomando base en trabajos anteriores del conductor del programa, la sesión #302 de Dr. Político en RCR desarrolló la noción de licitación política, para argumentar la necesidad de una en los actuales momentos de la Nación sobre cambios fundamentales en el Estado venezolano, así como la conveniencia de abrirla a la totalidad de los actores políticos, partidistas o no, y sus opiniones. Uno de los temas del último movimiento de la Sinfonía #2 de Jan Sibelius y el inicio del final de la Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev, ambas en la tonalidad de Re mayor, ambientaron la oportunidad. Acá abajo, el archivo de audio correspondiente:

LEA

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