Lógica anecdótica

 

Frecuentemente presentes en el debate político común

 

Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad.

Oscar WildeLa esfinge sin secreto

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A José Rafael Revenga, mi tutor de Lógica Operacional

 

El propósito medular del discurrir humano es la consecución de la verdad. En Política—el arte de resolver problemas de carácter público—, además, es no sólo moralmente aconsejable conseguirla, sino prácticamente necesaria, pues las políticas fundadas sobre nociones equivocadas conducen al daño social. Si Eisenhower instruyera a Patton para que tomara Berlín (cosa que no hizo), y su oficina entregara a este general mapas de Europa en los que la capital alemana apareciera al este de Moscú (lo que tampoco hizo), la encomienda no habría podido ser lograda. Aquella política que se diseñe sobre lecturas equivocadas de la realidad muy probablemente fracasará en su ejecución. Siendo esto así, se convierte en deber la mostración del error, así sea uno que se cometa “de nuestro lado”. Las máximas “El enemigo de mi enemigo es mi amigo” y “No debemos pisarnos la manguera entre bomberos” son meramente clichés de una política mediocre que no se distingue precisamente por su rigurosidad. (“…contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. Código de Ética de la Política, septiembre de 1995).

Claro que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, y no es siempre fácil, ni siquiera siempre posible, obtener la verdad. Si consideramos que la política confronta, en casi todos los casos, el problema de anticipar los resultados de nuestras acciones—es decir, de algún modo predecir el futuro—la cosa se complica aumentando nuestra incertidumbre. La política no es geometría, pues muy frecuentemente está sujeta a la ausencia de certeza:

La incertidumbre puede ser llamada incertidumbre cuantitativa cuando lo que ignoramos no es el tipo de eventos de posible ocurrencia, sino la probabilidad de que cada tipo ocurra. Esta clase de incertidumbre no es la más grave, aunque en algunos casos especiales puede llegar a ser muy molesta. Más profunda es una incertidumbre cualitativa, cuando es la forma misma de los eventos futuros lo que nos es desconocido. Si se trata de una incertidumbre del tipo cuantitativo, y argumentare­mos en la siguiente sección de este trabajo que el problema de una sor­presa política en Venezuela es en parte de este tipo, entonces hay ante ella dos cursos de acción disponibles. El primero consiste en tratar de reducir la incertidumbre, fundamentalmente por la obtención de más y mejor informa­ción. (…). Así, la labor de “inteligencia”—en el sentido en el que este término se emplea en la expresión “inteligencia militar”—es el primer camino. Ahora bien, como intentaremos mostrar, nos encontramos ante una situación en la que aún la mejor inteligencia nos dejará con una incertidumbre residual, irreductible, y por tanto será necesario adoptar un expediente adicional al de los esfuerzos por reducirla. Este segundo camino es el de estructurar la incertidumbre residual, para tener la oportunidad de comprenderla mejor. Pero además está presente en la consideración de una sorpresa polí­tica en Venezuela la segunda y más insidiosa forma de incertidumbre: la in­certidumbre cualitativa. Es decir, es posible afirmar la posibilidad de ocu­rrencia de eventos políticos que ni siquiera podemos describir en términos cualitativos. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, septiembre de 1987).

La verdad política, por tanto, no es fácilmente alcanzable, pero puede ser encontrada y entendida por el ciudadano común, siempre que sea capaz de razonar correctamente. No es procedimiento seguro, sin propio análisis, confiar a ciegas en personas de prestigio profesional en el campo; todo el mundo se equivoca, incluso quienes son reconocidamente doctos. (“…creo que el mejor médico es aquél que cree en la sabiduría fundamental del cuerpo humano, y que el mejor político es aquél que cree en la sabiduría del cuerpo social considerado como conjunto”. Ética política, enero de 2008).

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Argumento ad baculum

Lo último me lleva a considerar la “falacia de autoridad” (que a veces muta en el argumento ad baculum: que quien manda tiene la razón). La emplearon por estos días dos personas que quisieron cuestionar mi opinión acerca de la capacidad del Ejecutivo Nacional para convocar una asamblea constituyente; ella es que sí puede. (Artículo 348 de la Constitución: La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…) Ninguna de esas dos críticas a mi apreciación consideró el fondo de la materia, ni siquiera la analizaron, y ambas intentaron descalificarme en términos de mi autoridad para pronunciarme sobre el tema. Una enumeró el conjunto de afamados juristas, la Mesa de la Unidad Democrática, un buen número de locuaces diputados, la Conferencia Episcopal Venezolana, las Academias, etcétera, que opinan diferentemente, destacando que yo era sociólogo y no abogado y a pesar de eso era “el único que pensaba distinto” (se dice que precisamente por esto está encerrado Leopoldo López); otra se limitó a aducir por Twitter el nombre del Dr. Jesús Rafael Sulbarán, de quien dijo era constitucionalista. Copio de mi mensaje directo (no limitado a 140 caracteres) a esta última:

Supongo que quiere decir que el Dr. Sulbarán opina distinto de mí y que, siendo constitucionalista, debe tener la razón. Argumentar así es falaz; una de las más primitivas falacias—razonamientos inválidos con apariencia de validez—reconocidas por la ciencia de la Lógica es el “argumento de autoridad” (ad verecundiam), que consiste en dar por cierto lo que alguien versado profiera. No guarda la menor relación lógica con una verdad la experiencia de alguien; si la persona menos inteligente dice que el Sol sale por el Este tiene razón. La verdad sólo se establece en su relación con los hechos. (“La proposición ‘La nieve es blanca’ es verdadera si y sólo si la nieve es blanca”. Alfred Tarski: Noción semántica de la verdad). No me hace ninguna falta ser constitucionalista para opinar responsablemente en materia constitucional. En Contestación a Páez Pumar le escribí a ese abogado [Oswaldo Páez Pumar]: “…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión ‘diletante’, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: ‘Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional’. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo”.

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Falacia ad hominem

Se puede decir que la falacia ad hominem es la imagen especular y compañera inseparable del argumento de autoridad. Tan es así, que quien enumeró la numerosa disidencia de mi opinión (la autoridad) señaló asimismo que yo carecía de la calificación profesional necesaria para dilucidar el punto en discusión (argumento ad hominem, contra el hombre y no contra el significado de lo que dice). La mayoría de las veces se emplea el inválido recurso de modo más agresivo; alguien no tendría la razón porque es un desgraciado. (“Le pega a su esposa… es un chavista disfrazado”, conductas ciertamente feas pero que no tienen la menor relación lógica con la veracidad de ninguna de sus afirmaciones).

He aquí la anécdota de un encuentro entre un abogado de gran prestigio (Allan Randolph Brewer Carías) y el indigente sociólogo que soy yo, el diletante. Nos reunimos en su bufete al despuntar el año de 1999. (Teníamos una antigua amistad, cuyas raíces se afincaban en la de nuestros padres). Ambos creíamos en la necesidad de una constituyente, pero él sostenía que era preciso practicar previamente una reforma en la Constitución de 1961, la vigente para la época, porque su Artículo 250 decía: “Esta Constitución no perderá su vigencia si (…) fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Entonces pude exponerle en persona lo que ya yo había expuesto en un artículo de septiembre del año anterior (para el diario La Verdad de Maracaibo): que su exigencia estaba equivocada porque la Constitución de 1961 no disponía de ningún medio para su derogación. (En el artículo marabino mencionado: “El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente”).

Recuerdo haber castigado a “Randy” con una pedantería matemática: “Esa disposición del 250 es lo que la Teoría de Conjuntos llama un conjunto vacío”. El ilustre jurista—una autoridad en Derecho Administrativo y por extensión en Derecho Constitucional, exDirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela—se inmovilizó en su silla sin atinar a refutarme, sumido en impotente silencio. Dos semanas después, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia acogería mi criterio y no el suyo, al establecer inequívocamente el fundamento de nuestra constitucionalidad: que el Pueblo es un poder supraconstitucional, no limitado por la Constitución, la que sólo limita a los poderes constituidos, y que por consiguiente podía preguntársele si quería elegir una constituyente aunque no estuviera contemplada en aquélla y ella no hubiera sido reformada para incluirla.

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Los doctores Brewer y Páez Pumar se verían conectados, seguramente sin buscarse, por los acontecimientos del golpe de Estado que conocemos como “Carmonazo”. Por una parte, Paéz Pumar había acogido la errónea tesis de Brewer para argumentar en 1991 que ¡la Constitución actual no existía! Que la vigente era la del 61, puesto que no había sido derogada “por medio distinto” del que ella misma disponía, dado que una asamblea constituyente no era una figura contemplada en ella. Expuso este desvarío en la Asamblea Anual de Fedecámaras de ese año, que eligió a Pedro Carmona Estanga como Presidente de esa asociación empresarial.

Carmona anuncia su “Consejo de Estado”

“Pico” Páez Pumar me hizo llegar su argumentación, y como yo continuara en mis trece redactó un trabajo del que no me envió copia (me la hizo llegar un amigo); en él me aludía constantemente, ad hominem, como “un diletante de la ciencia jurídica”. (De allí mi contestación, antes referida). Pero antes había convencido a Carmona de su línea argumental; con ella adquirió el efímero dictador de cuarenta horas la tranquilidad de espíritu para volarse olímpicamente a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia enteros, pues según su asesor lo que debía existir era el antiguo Congreso bicameral y la Corte—que no el Tribunal—Suprema de Justicia. Eso pretendió hacer Carmona Estanga con su monstruoso “decreto” el 12 de abril de 2002; en la mañana de ese día, recibí como muchos otros un correo electrónico de Páez Pumar (“Ideas para la transición”) en el que reafirmaba su extraviada tesis, y tres horas después lo vi por televisión, sentado a la gran mesa del Salón de los Espejos del Palacio de Miraflores mientras escuchaba a Carmona, quien declaró que la mayoría de los allí reunidos formaría parte del “Consejo de Estado” que planeaba reunir.

En cambio, en la noche de ese mismo día se entrevistaba por televisión a Teodoro Petkoff, quien procedió a repudiar el infame e inválido decreto y mencionó a Brewer Carías como su posible redactor. No me pareció que esa conjetura fuera cierta, pues conocía la solidez jurídica de mi amigo. En efecto, Randy admitió haber propuesto a Carmona algo distinto, lo que éste no habría aceptado:

…el lunes 15 de abril de 2002 declaró al diario El Nacional que ante la renuencia de Carmona a aceptar su opinión, no le había quedado más recurso que sugerir correcciones de estilo. Es decir, el Dr. Brewer vio a un asesino presto a dispararle a alguien, le propuso inicialmente que no lo hiciera y, como el matador insistió en la ejecución, recomendó entonces que empuñara el revólver de otra forma y apuntara un poco más atrás en la sien de la víctima, más cerca de la oreja. (…) Brewer Carías no ha debido nunca acceder a la petición de Carmona; ha debido decirle, simplemente: “Carmona, Ud. no es el Presidente de la República y, si lo fuera, tampoco podría desconocer los restantes Poderes Públicos. Ud. no puede consultarme una cosa así; Ud. es un usurpador”. (Correcciones de estilo, 10 de septiembre de 2013).

Por supuesto, tales incidencias no implican lógicamente que cualquier afirmación de Brewer y Páez Pumar, en materia jurídica, política o cosmológica, estaría viciada. Admitir esto sería emplear contra ellos la falacia ad hominem. ¡No faltaría más! LEA

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Mensaje urgente

 

Lo que dice acá en quince minutos Robert Sapolsky—graduado summa cum laude en Antropología Biológica en la Universidad de Harvard, profesor de Ciencias Biológicas y Neurología en la Universidad de Stanford—es sólo algo para reflexionar sobre ello con la más responsable seriedad de la que seamos capaces. Creo que es de consideración imprescindible a los venezolanos de esta hora, muy especialmente por aquellos entre nosotros que han concluido que sólo nos queda la confrontación en “la calle”. Por ahora, TED.com ofrece únicamente subtítulos en inglés, que son ciertamente una ayuda; pero seguramente los habrá en español en unos pocos días. (Puede activarse los subtítulos en el ícono de la esquina inferior derecha, justo a la izquierda de las flechas que permiten ver el video a pantalla completa).

 

 

Insisto, las palabras de Sapolsky son sólo para informarnos de unos pocos datos biológicos sobre los que cavilar. Después, ruego se considere este planteamiento en Del armisticio como programa:

Si nuestra clase política profesional lograra detenerse unos días en su pugna y sus insultos (…) si osara aprobar algo como lo expuesto en la calma de un alto al fuego para componer nuestro Estado de Derecho maltrecho, si acordara un armisticio que suspenda la destrucción y la muerte, volveríamos a estar los venezolanos muy orgullosos de nosotros mismos, pues habríamos dado al mundo una lección de inteligente elevación, de sensatez y desprendimiento. LEA

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El armisticio al aire

Líder del Barroco inglés

Hoy se expuso en la edición #248 de Dr. Político en RCR el esquema armisticial propuesto el jueves 11 de mayo en este blog (Del armisticio como programa). En general, los oyentes que llamaron al estudio aprobaron su contenido, aunque tres de ellos expresaron dudas acerca de su viabilidad. (“Que esto sea improbable es una perogrullada. El trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecución de cosas improbables. (…) De eso justamente se trata. Su improbabilidad es la que llama nuestro esfuerzo”. Debate Viso, Urbaneja, Alcalá). Paren el mundo, canción de Vanessa Martín en la voz de Pastora Soler, resonó con esta afirmación:

Si nuestra clase política profesional lograra detenerse unos días en su pugna y sus insultos, si pudiera Stop the World y escuchar alguna pieza de ese musical de los años sesenta, si osara aprobar algo como lo expuesto en la calma de un alto al fuego para componer nuestro Estado de Derecho maltrecho, si acordara un armisticio que suspenda la destrucción y la muerte, volveríamos a estar los venezolanos muy orgullosos de nosotros mismos, pues habríamos dado al mundo una lección de inteligente elevación, de sensatez y desprendimiento. (Del armisticio como programa).

Después se escuchó la Música para el funeral de la reina María, de Henry Purcell, en doloroso recuerdo de Miguel Castillo Bracho, asesinado el miércoles de esta semana en Caracas mientras protestaba contra el gobierno. Acá abajo, el archivo de audio del programa de hoy:

 

LEA

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Del armisticio como programa

Pudiéramos comenzar por esto

 

El polvo del camino, el calor, el oleaje destructor de las masas, la gasolina y el aceite, la angustia, la pólvora, el sudor, la noche sin dormir y el calzado que sin saberse por qué, les apretaba a todos, hacían de la brillante comitiva grupos inconexos de desharrapados internacionales. (…) En lo que afecta al Papa, el desastre era tan grande como corresponde a un Ser de su altura y que, además, viste de blanco. (ACLARACION DEL AUTOR: Al llegar aquí, el autor se ve obligado a recordar a sus lectores, el constante respeto con que ha tratado a Su Santidad el Papa siempre que ha tenido que referirse a él a lo largo de este libro. No pueden existir, pues, sospechas de irreverencia. Las relaciones del autor con el Vaticano son cordiales, y si el autor nunca ha ido en peregrinación a Roma no ha sido porque sus deseos de acudir allá no fueran arrolladores, sino por falta absoluta de ganas. Al autor le interesa que conste dicha cordialidad entre él y la Santa Sede y, hechos la aclaración y el recordatorio, el autor prosigue su narración para decir que. ..) El Papa, con las blancas sedas holladas por tanto acontecimiento adverso, estaba cochambrosísimo; estaba hecho una birria.

Enrique Jardiel Poncela – La tournée de Dios

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birria Del lat. vulg. *verrea ‘terquedad, capricho’, ‘cosa despreciable’, der. del lat. verres ‘verraco’. 1. f. Persona o cosa de poco valor o importancia. 2. f. coloq. Persona o cosa de aspecto lamentable. cochambroso, sa 1. adj. coloq. Lleno de cochambre. cochambre De cocho ‘puerco’. 1. m. o f. coloq. Suciedad, cosa puerca, grasienta y de mal olor.

Diccionario de la Lengua Española

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Prolegómeno desde un estado de ánimo especial

Empiezo a escribir esto poco después de la muerte por mano criminal de alguien a quien conocí de niño. Su partida exige un alto al fuego, porque es imperativo acordar en lugar de atacar. El estado de nuestro Estado es muy cochambroso—de allí el recuerdo de Jardiel Poncela (apropiado a estos tiempos de irreverencia de leso Papa)—; es decididamente impresentable, y los Poderes Públicos de Venezuela no debieran tomarse a sí mismos tan en serio—de allí el recuerdo de Jardiel Poncela—, debieran relajar su solemnidad y su epopeya; paradójicamente, debieran hacer su oficio y enseriarse:

Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación. (Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016).

Es este ejercicio, entonces, un intento de contribuir a la disolución constructiva del muy costoso y peligrosísimo estado de nuestra Nación. No se trata de diálogo; se trata de acuerdo. No es lo que se requiere un espectáculo (ver Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0, 20 de mayo de 2014); no nos sirve de nada un conciliábulo para el consumo mediático, una reunión televisada en Miraflores—como la del 11 y 12 de mayo de 2014—para declararse un insincero respeto que en minutos es desmentido por una nueva avalancha de mutuos insultos; necesitamos resultados, urgentemente.

Cada uno de los Poderes Públicos Nacionales debe aportar lo suyo al requeridísimo alivio. Acá enumero lo que creo puede aportar cada uno, a lo que cada uno puede comprometerse, en el mismo orden de aparición empleado por la Constitución Nacional:

 

ACUERDO DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES DE VENEZUELA

 

La casa de los diputados

Poder Legislativo Nacional

Primero. Así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, gracias a la decidida intervención de la fiscal Ortega Díaz, suprimió de sus infames sentencias 155 y 156 las partes más extraviadas y excedidas—que en la práctica significaban la completa anulación de la Asamblea Nacional—, debe ésta suprimir por acto expreso su peregrina declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año.

Segundo. La Asamblea Nacional debe retractar explícitamente—en resolución expresa (o al menos en comunicación de su Presidencia)—, del programa delineado por su anterior Presidente el 5 de enero de 2016, que es un “compromiso no transable” del Parlamento “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. (“El Poder Legislativo Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, elegido en libres comicios el 14 de abril de 2013 para completar el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013”. Plantilla del Pacto).

Tercero. La Asamblea Nacional, una vez recuperada su plena eficacia mediante la solvencia—Acción y efecto de solver o resolver—de su desacato a sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, procederá a redactar y aprobar un razonable decreto de amnistía, según la facultad establecida en el numeral 5 del Artículo 187 de la Constitución. (Sobre amnistías, 11 de diciembre de 2015).

Cuarto. A pesar de que ya no tenga efectos prácticos, la Asamblea Nacional deberá anular su Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, del 21 de marzo de este año, y reconocer que el Presidente de la República, en uso de la facultad expresa del numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución—Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República… 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales—puede denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos sin autorización parlamentaria o enmienda constitucional, por cuanto ella no es un convenio “relativo a derechos humanos” y tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos contiene definiciones de esos derechos que sean “más favorables” a las establecidas en nuestra Constitución. (Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público).

Quinto. La Asamblea Nacional aprobará, en plazo perentorio, los recursos necesarios al Consejo Nacional Electoral para la organización y celebración de las elecciones y actos referendarios pendientes o inminentes.

Sexto. La Asamblea Nacional, ya en pleno uso de sus facultades, convocará por mayoría simple de los diputados un referendo consultivo que requiera la decisión del Poder Constituyente Originario acerca de esta cuestión: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016). Igualmente incluirá en la consulta esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (Parada de trote, 23 de julio de 2009; Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010; ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

 

La casa de Misia Jacinta

Poder Ejecutivo Nacional

Primero. “El Poder Ejecutivo Nacional… admite la legitimidad de la Asamblea Nacional, igualmente elegida por voluntad popular el 6 de diciembre de 2015”. (Plantilla del Pacto). Es obligación del Presidente de la República respetar las facultades constitucionalmente establecidas de la Asamblea Nacional, incluyendo las de controlar su gobierno. (Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional… 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley). Es ante ella que debe presentar su Memoria y Cuenta, no ante el Tribunal Supremo de Justicia o alguna entidad comunal o “comunera”.

Segundo. El Presidente de la República suprimirá, de su reciclado decreto de emergencia económica, los considerandos que excedan una descripción objetiva de los aspectos más determinantes de la crisis económica de la Nación, en particular los que implican la consagración de la hipótesis de una tal “guerra económica” como explicación de la misma. En ese propósito, deberá reformularlo en acuerdo previo con la Asamblea Nacional. (“Cláusula Primera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales reconocen que el país atraviesa una seria crisis cuya solución debe ser sometida a la decisión del Pueblo de Venezuela, y que es necesario iniciar un período de recuperación que consolide la democracia venezolana y permita la superación de los problemas públicos de diversa índole que aquejan a la población. (…) Cláusula Quinta. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales constituirán una comisión de enlace que determinará urgentes acciones coordinadas entre ambos para resolver o paliar la crítica situación referida en la Cláusula Primera de este acuerdo, en el espíritu de lo prescrito en el Artículo 136 de la Constitución”. Plantilla del Pacto).

Tercero. El Presidente de la República no se opondrá a la convocatoria por la Asamblea Nacional de un referendo consultivo—vide supra—que pudiera decidir elecciones presidenciales para escoger a quien deba concluir como Presidente el período constitucional que expira el 10 de enero de 2019, reservándose el derecho de postularse en esos comicios. (De hecho, en caso de que la Asamblea Nacional no lo convoque, él deberá decretarlo en Consejo de Ministros para atender al reclamo evidente de la opinión ciudadana que, como cabildo nacional, quiere que se comporte como Vicente Emparan y pregunte si queremos su mando). Tampoco se opondrá a que se tome la opinión del Soberano acerca de la conveniencia del socialismo, por cuanto la implantación de ese sistema en Venezuela no está en modo alguno contemplada en la Constitución y tal decisión no corresponde a ninguno de los poderes constituidos, sino sólo al Poder Constituyente Originario, a los venezolanos políticamente hábiles en su totalidad.

Cuarto. El Presidente de la República ordenará la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales.

Quinto. El Presidente de la República agradecerá y facilitará la llegada de ayuda humanitaria ofrecida al país por diversos actores internacionales, a fin de tratar las precarias y agobiantes condiciones de una proporción considerable de la población nacional.

Sexto. El Presidente de la República, reconociendo que su legítima iniciativa constituyente no ha propiciado (como él lo ha postulado) un entendimiento nacional, y que el proceso que ha iniciado complicará en grado muy apreciable la preocupantísima situación nacional, anulará su decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo sus propósitos programáticos en un proyecto de reforma constitucional que los comprenda y que él puede someter a referendo aprobatorio, tal como su predecesor hiciera en 2007.

 

La Justicia (no los jueces) debe ser ciega

Poder Judicial Nacional

Primero. El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

Segundo. El Tribunal Supremo de Justicia procederá a anular la sentencia 1.265 de su Sala Constitucional con fecha 5 de agosto de 2008, que mutiló el sentido del Artículo 42 de la Constitución, cuya segunda cláusula establece: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Aquella sentencia sostuvo, incomprensiblemente, que tal protección de los derechos políticos de los ciudadanos sólo regía para los venezolanos por naturalización. (Ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008). El Contralor General de la República impuso, en evidente exceso de sus facultades—él no es juez que pueda sentenciar judicialmente nada—, más de un centenar de inhabilitaciones políticas en aquel año, y el Contralor actual ha hecho lo mismo respecto de los gobernadores del estado Miranda y, en aparente ensañamiento territorial, del estado Amazonas. Hasta que no haya sentencia judicial firme en su contra en materia de sus derechos políticos, ambos mandatarios los preservan en su totalidad.

Tercero. El Tribunal Supremo de Justicia se abstendrá de usurpar una facultad específica de la Asamblea Nacional, cual es la de recibir la presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente de la República.

Cuarto. El Tribunal Supremo de Justicia ordenará al Presidente de la República que se asegure de la liberación (vide supra) de “quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”.

Quinto. El Tribunal Supremo de Justicia facilitará con las decisiones requeridas, en extensión de los plazos constitucionales, la recomposición de sus propios miembros con la elección de magistrados en los términos establecidos en la Constitución. Igualmente, facilitará idénticamente lo mismo para la renovación de rectores del Consejo Nacional Electoral.

 

Auditor y no juez

Poder Ciudadano Nacional

Primero. El Contralor General de la República procederá a anular las inhabilitaciones políticas que ha impuesto recientemente a los gobernadores de los estados Amazonas y Miranda, puesto que él no es juez que pueda sentenciar ni firme ni precariamente en suspensión de derechos políticos de los ciudadanos.

Segundo. El Defensor del Pueblo, en atención al Numeral 2 del Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece su facultad de “Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos”, se asegurará de la anulación de la sentencia 1.265 de la Sala Constitucional del 5 de agosto de 2008 por parte del Tribunal Supremo de Justicia. (Vide supra).

Tercero. La Fiscal General de la República proseguirá en la saludable vigilancia que ha emprendido para señalar excesos de otros poderes en la actual coyuntura nacional y forzar que regresen a los cauces naturales de sus atribuciones, especificados con claridad en la Constitución.

 

A trabajar para el Pueblo

Poder Electoral Nacional

Primero. El Consejo Nacional Electoral publicará de inmediato el cronograma de la elección de gobernadores cuyo plazo está vencido y el de las elecciones municipales previstas constitucionalmente para este año, las que procederá a organizar diligentemente.

Segundo. El Consejo Nacional Electoral tomará sus previsiones ante la posibilidad de referendos y otras elecciones para este mismo año, y determinará los requerimientos presupuestarios para estos fines y los del punto anterior, los que la Asamblea Nacional autorizará sin dilación.

Tercero. En general, el Consejo Nacional Electoral, entendiéndose primariamente a sí mismo como órgano del poder de los Electores, se conducirá en facilitación de éstos en cada proceso de votación o de recolección de firmas ciudadanas para activar procesos referendarios, siendo que no es su fin proteger derechos inexistentes del Presidente de la República u otro poder constituido.

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Hay que parar el fuego

Es lo que antecede, como dije, una contribución, una mera puesta en la mesa de ideas que pueden interrumpir la peligrosa trayectoria hacia un conflicto generalizado en Venezuela, tal vez hacia una guerra civil o la toma del poder por “militares decentes” (Juan Carlos Sosa Azpúrua) que pudiera liderar un “Larrazábal II” (Luis Ugalde). Mayo, el Mes de María y de los mangos, no ha concluido aún—le quedan veinte días, casi tres semanas—, y es perfectamente posible alcanzar un acuerdo como el descrito antes de su término. Si nuestra clase política profesional lograra detenerse unos días en su pugna y sus insultos, si pudiera Stop the World y escuchar alguna pieza de ese musical de los años sesenta, si osara aprobar algo como lo expuesto en la calma de un alto al fuego para componer nuestro Estado de Derecho maltrecho, si acordara un armisticio que suspenda la destrucción y la muerte, volveríamos a estar los venezolanos muy orgullosos de nosotros mismos, pues habríamos dado al mundo una lección de inteligente elevación, de sensatez y desprendimiento.

Para que más allá de la resolución de los problemas y la superación de las dificultades se pueda acometer el logro de la significación de nuestra sociedad. Para que más allá de la lectura negativa y castrante de nuestra sociología se profiera y se conquiste la realidad de un brillante futuro que es posible. Para que más allá de esa democracia mínima, de esa política mínima que es la oferta política actual, surja la política nueva que no tema la lejanía de los horizontes necesarios. (Tiempo de incongruencia, febrero de 1985).

LEA

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Miguel Castillo ha muerto esta tarde

 

 

En recuerdo de Miguelito

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De indignado luto

Los de mi familia conocimos a Miguelito, fallecido hoy a manos de un guardia nacional “bolivariano” que le disparara, en el colegio San Ignacio cuando era un niño; era el hermano menor de un compañero de pupitres y de béisbol de mi segundo hijo varón. El Mismo País (Rafael Poleo) puso ya una foto más bien borrosa del guardia atacándolo por la espalda*, pero Juan, su hermano mayor, el compañero de mi hijo, dio su testimonio en mensaje de voz desde Chile:

 

Se ha ido un joven venezolano de 27 años, pero no fuera del país, como su hermano, sino de la vida. Su madre, nuestra amiga, se está quedando sola con el corazón roto.

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En 2013, Henrique Capriles Radonski amenazó con una manifestación de calle porque le habrían robado la elección del 14 de abril. Luego la desactivó porque “podría haber muertos”, lo que criticaron Ma. Corina Machado y Germán Carrera Damas conversandito (fueron ilegalmente grabados). Este año Capriles ha patrocinado, junto con otros conductores políticos, unas cuantas marchas; ya no calcula las víctimas. En la treintena de muertes de esta temporada postguarimbera, no hay la de ningún dirigente de la oposición.

Hace un año, una persona muy cercana a la MUD me puso: “La buena noticia es que la crisis continúa” (!?) Y hoy vi en Facebook un comentario que decía: “La calle y nuestros jóvenes valientes es lo único que nos queda. Hay descontento en los militares. Algún héroe saldrá de su hueco, Dios mediante”. Hace unos años, escuché en alguna peña: “Lo que hay que hacer es provocar un segundo Caracazo”, y luego de la marcha precursora del 23 de enero de 2002, alguien comentó en nuestra casa: “Está muy bien, pero hasta que no pongamos unos muertos no saldremos de esto”. Se pusieron poco después, el 11 de abril de ese año. La locura. Gente como ésa, ni joven ni valiente, dirá que la muerte de Miguel es “una buena noticia”.

No es cierto que la calle es “lo único que nos queda”. Por ejemplo: Prontas elecciones. Con algo como eso se evitaría otras muertes. LEA

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*Un video que corresponde a la escena de la foto que publicara El Mismo País parece contradecirlo y también a Juan. No puedo asegurar que el joven que aparece en ambos documentos (video y fotografía) fuera Miguel Castillo Bracho. En todo caso, Miguelito ya no está entre nosotros.

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Todo se puede

 

Periodismo constructivo

En su aleccionador programa en Radio Caracas Radio (750 AM)—Todo se puede—Maira Prado reportó hoy el sorprendente testimonio de un ciclista uruguayo (Tabaré Alonso) quien, en contra de consejos y advertencias de que no debía visitar nuestro país, llegó acá al territorio “que fue plan de vida, no para irse sino para quedarse” (Maira dixit). Son tres minutos poderosísimos; helos aquí:

LEA

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