El heraldo de la conspiración

La bendición de un golpe de Estado, 5 de marzo de 2002

 

Durante los años de la dominación chavista, la voz y la pluma de Ugalde han pronunciado y escrito agudas advertencias. Se le tiene por una de las cabezas más autorizadas y coherentes de la oposición al régimen de Hugo Chávez. En ocasiones, sin embargo, se ha reunido mal. El martes 5 de marzo de 2002 andaba en mala compañía.

Las élites culposas

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Luis Ugalde S. J. ha vuelto a las andadas. Hace quince años bendecía, en la Quinta La Esmeralda de la popular y populosa barriada de Campo Alegre, la coincidencia de las agendas de Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela ante el gobierno de Hugo Chávez, crecientemente repudiado por entonces:

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro. Ugalde había asistido al sonado evento “en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana” y en señal del beneplácito de ésta por el acuerdo al que habían arribado Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sobre cómo gobernar a la República una vez que el gobierno de Chávez hubiera cesado. Un mes y siete días más tarde caía ese gobierno, y Carmona Estanga, uno de los protagonistas en la función de La Esmeralda, asumía por pocas horas la dirección del Poder Ejecutivo Nacional. El sentido de la reunión del 5 de marzo era el de impresionar a la Nación, con el anuncio de que el fin del gobierno de Chávez era inminente. El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. También reportaba el periódico madrileño palabras de Carlos Ortega, pronunciadas en el acto reseñado: “El acuerdo es para crear un clima de diálogo para un gobierno de transición. No estamos pidiendo cacao, ni tirando un salvavidas al Ejecutivo”. La nota cerraba refiriendo lo dicho por quien presidiría al mes siguiente un brevísimo gobierno de treinta y seis horas: “Para el presidente de la patronal, Pedro Carmona, la propuesta tiene carácter permanente y puede servir perfectamente para un nuevo Gobierno”. La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración. (Las élites culposas).

Dos días antes del publicitado evento, Rafael Poleo me había solicitado un artículo para la Revista Zeta, en el que debía explicar el “tratamiento de abolición” que expuse en Televén el 25 de febrero de 2002 (mes y medio antes del Carmonazo), luego de interesarse en él por la lectura de una nota de Marta Colomina de ese mismo día (3 de marzo) que recomendaba se apoyara mi planteamiento. (En el programa Triángulo que dirigía Carlos Fernandes, había insistido en la definición del derecho de rebelión en la Declaración de Derechos de Virginia, que establece como único titular de tal derecho a “una mayoría de la comunidad”). Escribí lo solicitado por Poleo ese mismo día, diciendo:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Luego de la cita en La Esmeralda, llamé al editor para ofrecerle un segundo artículo sobre el tema, pero Poleo lo rechazó: “explicó con paciencia de adulto al ingenuo niño que yo era que lo que iba a pasar era que ‘los factores reales de poder en Venezuela’ depondrían a Chávez y luego darían ‘un maquillaje constitucional` a un golpe de Estado”. (Las élites culposas).

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El sábado 10 de diciembre de 2016, Ugalde puso en venta su recomendación de encontrar un “Larrazábal II” en un foro de la Fundación Espacio Abierto, dirigida por Luis Manuel Esculpi*: Larrazábal II, dijo Ugalde, tomaría “la responsabilidad del Ejecutivo nacional y la Presidencia y proclamaría ante el país un gobierno de transición y de unidad nacional”. (Especial Noticiero Digital, 12 de diciembre de 2016). Ahora (19 de junio) ha escrito El Gobierno de Transición, artículo publicado por Notiespartano y reproducido en El Universal. Así comienza:

Todo gobierno medianamente democrático si llega a una deslegitimación y fracaso parecidos a los de Maduro, renuncia y convoca a elecciones. La Constitución venezolana para situaciones similares prevé el referendo para revocar al Presidente antes de su término. Maduro tramposamente lo impidió; luego anuló la Asamblea Nacional y aplazó las elecciones regionales; ahora pretende eliminar la Constitución con una “constituyente” no convocada por el único que lo puede hacer, el pueblo.

Dos inexactitudes de entrada: 1. la anulación de la Asamblea precedió a la paralización del esfuerzo revocatorio, no fue “luego” de éste; 2. el Presidente de la República puede convocar a constituyente según establece el artículo 348 de la Constitución. (Ver ¿Preguntas sin respuestas?).

Más adelante expone: “Urge hablar públicamente para madurar un gobierno de transición saliendo del actual Ejecutivo deslegitimado. Sería un grave error pensar en elecciones inmediatas”. Esto es, el gobierno transicional que avizora, al no provenir de la voluntad electoral del Pueblo tendría que ser establecido mediante un golpe de Estado. Elecciones para después, según prescribe: “El gobierno de transición debe fijar fecha de elecciones libres antes de un año, con condiciones democráticas y transparencia. (…) Sin dejar la actual protesta de calle (acción decisiva para desbloquear los caminos constitucionales) debemos simultáneamente empezar a formar un gobierno de transición con hombres y mujeres de diversa procedencia pero unidos con claridad programática y  decididos a no prolongarse en el poder más allá de los meses de transición emergente. Un Gobierno de Transición, con todas las de la ley, con una Fuerza Armada decididamente democrática y defensora de la Constitución. Basarnos en la Constitución y en lo que nos queda de instituciones legítimas; en primer lugar la Asamblea Nacional en alianza con el pueblo sufriente alzado y con la Fiscal convertida en defensora de la democracia y unidos en el rescate del CNE y TSJ. La Fuerza Armada está obligada e invitada a asumir su responsabilidad constitucional y democrática en la difícil reconstrucción del país, con lo que recuperará los perdidos reconocimiento y afecto del pueblo”.

En suma, una nueva conspiración, una negociación de los que Rafael Poleo llamaba “los factores reales de poder” en la que el Pueblo no participaría; la democracia es para más tarde (“Sería un grave error pensar en elecciones inmediatas”). Y, por supuesto, nada de eso es basarse “en la Constitución y en lo que nos queda de instituciones legítimas”. Esas cosas, dichas por quien viste sotanas y clergymen, llevan para mentes desprevenidas su garantía personal en su carácter de hombre de Iglesia; como en La Esmeralda, certifican la “corrección moral” de la receta, puesto que es sacerdote y debe ser gente santa. Ugalde sabe cosas, y debe saber bastante de los preparativos y los protagonistas de un complot en la misma dirección en la que apunta. Como en La Esmeralda, sus insistentes llamados parecen formar parte de “la agenda de una conspiración”.

Y no es que la tenga cogida con Ugalde, mi compañero de pupitre en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, allá por 1964. (Me mueve, eso sí, lo dicho por un sacerdote jesuita verdaderamente grande, Pierre Teilhard de Chardin: “Si no escribiera sería un traidor”). Los mismos argumentos que esgrimí en la Revista Zeta los opuse ante Jorge Olavarría, quien me escribiera el 31 de diciembre del trágico año de 2002: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. A este otro amigo le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…” (…) Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Acá se ha expuesto cómo puede resolverse el problema del gobierno de Nicolás Maduro desde la voluntad del Pueblo, quien debe estar al inicio y no al final de la fase de transición: el 22 de octubre de 2016 en Prontas elecciones, y el 17 de diciembre en Manda Su Majestad (donde se adapta el acta de abolición, pensada en 2002 frente al problema de Chávez, a la actual circunstancia madurista). No sé si Luis Ugalde me ha leído, pero antes se ha dicho que mis prescripciones “no forman parte de la dinámica de la política real”. Hay quienes prefieren—por razones prácticas, naturalmente—las cosas mal hechas. LEA

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*Luis Manuel Esculpi abandonó el Movimiento Al Socialismo para fundar Izquierda Democrática y luego el partido Unión con Francisco Arias Cárdenas. Después de las elecciones de 2000, regresó a Izquierda Democrática para finalmente incorporarse junto con la dirección nacional de este partido a Un Nuevo Tiempo a comienzos de 2007.

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Error de especialista vs. tino de lego

Se puede regular hasta el error

 

derogar Del lat. derogāre. 1. tr. Dejar sin efecto una norma vigente.

Diccionario de la Lengua Española

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En el submundo de Twitter suelen suscitarse debates políticos, y uno que pareció establecerse entre un caballero José González, quien parece ser abogado, y el suscrito pudiera haberse desinflado bastante. En varios tuits del 28 de mayo me puso:

“@doctorpolitico argumenta que el Presidente sí puede convocar ANC sin referendo”, “Son polémicas q surgen por lamentables tesis de existencia de poder constituyente originario recogidas en Constitución 1999”, “Yo respeto su opinión y siempre defiendo la valentía con la cual la expone pero en este caso difiero radicalmente”, “Lo q llaman ‘poder constituyente originario’ no es omnipotente. Está severamente limitado por el Do. Internacional Público”, “Una ANC ‘originaria’ no puede restablecer la esclavitud, suprimir la autonomía e independencia del poder judicial, etc”.

A mi vez contesté:

“La doctrina del Pueblo como Poder Constituyente Originario es la base de la democracia, y no tiene nada de lamentable”, “Nunca he afirmado su omnipotencia. Está limitado por DDHH y tratados con soberanías equivalentes”, “No hay asambleas constituyentes originarias, y no debatiré con Ud. en ráfagas de 140 caracteres”.

Entonces lo invité al espacio de este blog, que es bastante amplio, para discutir apropiadamente el importante tema. Pero pareció, como dije, desinflarse la inminente e irrealizada diatriba; el mismo Dr. González puso luego: “Dado que en eso estamos de acuerdo, no hay nada que debatir. Mis respetos”. También prometió enviar unas notas que no me han llegado, pero seis días después volvió a mencionarme: “Aunque no creo en utilidad del debate jurídico en esta situación, me gustaría ver q @doctorpolitico invitara a @monacomiguel para contrastar”. Y es que el sábado pasado el Dr. Miguel Mónaco, Doctor en Derecho, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB y profesor de Derecho Administrativo, había estado en el programa que precede inmediatamente a Dr. Político en RCR, y habiendo llegado yo con antelación a la emisora pude escuchar algunos conceptos que emitió con los que estuve francamente en desacuerdo, al punto que me referí a uno en particular que me pareció totalmente erróneo. (Luego dije a José González traviesamente: “Ud. no tiene ‘la iniciativa de invitar’ a mi programa, pero diga al Dr. Mónaco que sería bienvenido. O Ud., o Raffalli…” “…o Brewer, o la fiscal Ortega, o el Decano de Derecho de la UCV o la Ucab”. Él comunicó a Mónaco copiándole de mi respuesta: “El @doctorpolitico ha tenido la gentileza profesor @monacomiguel. Cordial saludo a ambos”. Entonces el Dr. Mónaco decidió seguirme en Twitter y yo correspondí de igual modo. Hasta allí el intercambio.

Tengo los registros de audio de lo que me pareció equivocadísmo en el Dr. Mónaco y mi comentario posterior (y no soy abogado). Acá los pongo en sucesión:

Mónaco
Alcalá

Creo que sin ser especialista (sólo un diletante) me asiste la razón cuando afirmo que ningún poder constituido puede “dejar sin efecto” la Constitución, no puede derogar la constitución que lo ha creado. El 22 de octubre del año pasado propuse un procedimiento, enteramente compatible con nuestra constitucionalidad, para obtener elecciones presidenciales inmediatas de la voluntad del Poder Constituyente Originario (Prontas elecciones). En la primera de dos actualizaciones, anticipaba un posible intento del Tribunal Supremo de Justicia por impedir que tal procedimiento fuera aplicado; así dije: “¿Podría el laboratorio de guerra bacteriológica oficialista diseñar un nuevo antibiótico que actúe diferentemente? Seguramente buscará desarrollar otro, pero le será muy difícil. El que logren inventar atacaría también a la propia base de su existencia: ‘El desconocimiento de esa doctrina fundamental del acervo constitucional venezolano equivaldría a pulverizar las bases jurídicas del régimen público nacional’. Para matar tiene que suicidarse”. Esa doctrina crucial es ésta:

…que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, era un poder supraconstitucional, puesto que es la Constitución la que emana del Pueblo, y no a la inversa. No fue que la Corte instituyese o estableciese esa supraconstitucionalidad. Lo que la Corte hizo fue reconocerle al Pueblo ése su carácter originario y supremo. Y es por tal razón que la Corte asentó la doctrina de que, en ese carácter, el Pueblo no está limitado por la Constitución, la que sólo limita al poder constituido…

Cuatro meses y seis días antes de que la Corte Suprema de Justicia estableciera esa doctrina (el 19 de enero de 1999), este aficionado al Derecho había asentado en artículo (Contratesis, 13 de septiembre de 1998) para La Verdad de Maracaibo:

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum.

Hay veces cuando el lego puede enmendar la plana del letrado. LEA

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Actualización: En el espacio de Twitter se dio un intercambio polémico entre el Dr. Mónaco y yo que transcribo de seguidas:

Alcalá: Gracias por seguirme. Vengo poco a Twitter. Me ocupo más de mi blog: doctorpolitico.com. En RCR sábados a las 12.

Mónaco: Lo conocí hoy saliendo del programa con Paola Bautista. Estamos en contacto. Un gusto

A: Igualmente. Si fuera de su interés participar en mi programa de los sábados a las 12 m. en RCR, pudiera dejarme saber cuándo estaría disponible y un teléfono al cual pudiera llamársele desde el estudio. Por este medio de mensajes privados de Twitter no lo vería sino yo. Saludos

M: Apreciado Luis, para mi seria un gusto y un honor participar en su programa. Puedo este sábado si así lo desea. Si quiere puedo asistir o si prefiere por teléfono también puede ser. Como usted prefiera. Mi numero de celular es XXXXXXXXX. Avísame cualquier cosa. Muchos saludos y gracias por la invitación. Muchas gracias por su artículo además, le voy a mandar una respuesta respetuosa por el Twiter sobre la cual podemos conversar el sábado. Lo felicito por tener un programa donde se debata estos temas

A: Puede responder a la entrada del blog al pie de ella misma, y tendrá más espacio. Y no creo que yo respondo a “algo distinto”, sino a sus propias palabras, como consta del audio. Pudiera ser que Ud. hubiera querido significar otra cosa, pero lo que dijo es que los poderes constituidos pueden derogar la Constitución. Le avisaré si puedo alojar su participación, física o telefónica, el próximo sábado.

M: Primero, gracias nuevamente por el debate. Un gusto. Escuche dos veces la grabación y dije lo contrario, y es que el 333 fue establecido para cuando se intente derogar a la constitución por medios distintos a los que ella establece, y señale como ejemplos precisamente de esos medios distintos al Presidente o la Asamblea Nacional. Sólo el poder constituyente puede convocar a una ANC y derogar a la constitución, no los poderes constituidos. Hay una conferencia mía que puede revisar sobre ese punto en YouTube, y la puede buscar por Eventos Ucab. Y como le sea mejor mi participación, cuente con ella

A: Como dije le avisaré, y también dije que no respondo a algo distinto, como Ud. afirma. Sus palabras están grabadas; es más, tengo grabado todo el programa y hay en él varios otros puntos que me parecen equivocados. Lo que comenté el sábado es sólo lo que me pareció más grave.

M: Encantado entonces de debatirlo, y volverlo a explicar. Lo que dije lo mantengo y esta grabado también en el programa de YouTube que le indico. Avíseme cualquier cosa. Saludos

A: Ud. habrá querido decir, seguramente, otra cosa, pero derogar es dejar sin efecto algo; en este caso, la Constitución. Puede ser que un poder constituido desconozca la Constitución, pero no “puede” (el término que Ud. empleó) derogarla. (La propia Sala Constitucional ha ido más allá de desconocerla; la ha mutilado. Vea en mi blog Violación denunciada). Más aún, pudiera “derogarla” un gobierno de facto; no se necesita ser un poder constituido para hacerlo. No sé qué dijo Ud. en la conferencia montada en YouTube; la evidencia que he comentado es lo que dijo en RCR. Cuando se produzca su participación, por otra parte, discutiré también otros puntos, por ejemplo lo relativo a la capacidad presidencial de convocar constituyentes. En este momento debo atender otras tareas. Hasta un próximo contacto.

M: Mantengo lo que dije sobre la interpretación tal cual del 333. La interpretación que usted realiza conduce a que no existiera supuesto de aplicación de la prohibición de derogatoria por medios distintos. Eso lo converso con usted con gusto en su programa o fuera de el. Y me refiero a que mantengo a lo que dije en RCR

A: Yo no interpreto el artículo, Dr. Mónaco; me he limitado a escuchar sus palabras. En ningún caso puede Ud. deducir de lo que he afirmado—que sólo el Pueblo puede derogar una constitución al aprobar una nueva—que tal cosa conduzca a “que no existiera supuesto de aplicación de la prohibición de derogatoria por medios distintos”. No soy responsable de que haya ofrecido Ud. una explicación defectuosa de lo que quiso decir. Y le dije que debía atender otras tareas.

M: Mi querido Luis, quien puede juzgar si fue defectuosa o no serán los oyentes o cualquier tercero que invitemos para reunirnos. Mi argumento cumple perfectamente con las técnicas de interpretación hermenéutica, pero usted también me dirá con razón que eso solo lo puede afirmar la audiencia o un tercero. Así que siempre es un gusto para mi el debate de estos temas, por lo que cuente usted con mi participación o reunión cuando esté a su disposición

A: Dr. Mónaco: 1. no necesita repetirme a cada rato lo de su participación o una reunión; 2. que su explicación fue defectuosa no es un asunto de jueces, sean ellos oyentes o un tercero; ellos también podrían equivocarse. La veracidad de una afirmación sólo depende de su relación con los hechos—“La proposición ‘la nieve es blanca’ es verdadera si y sólo si la nieve es blanca”. Alfred Tarski: Noción semántica de verdad—y es un hecho que Ud. afirmó que sólo los poderes constituidos podían derogar la Constitución. Yo afirmo que no pueden; podrán violarla o desconocerla, pero nunca derogarla. Acá puede causar problemas técnico-hermenéuticos el sentido del término “puede”. Por ejemplo, en el programa Ud. opinó que el Presidente de la República no “puede” convocar directamente a constituyente, y mi opinión es contraria como “puede” constatar en el audio de mi programa del sábado pasado, poco después de que nos saludáramos fugazmente. (No siento que eso me autorice a llamarle “mi querido Miguel”). Asimismo está registrada mi opinión sobre ese punto en ¿Preguntas sin respuestas? También afirmó Ud. en el trozo reproducido en mi blog que el 333 está referido “para una situación parecida a la que estamos, en la cual el Presidente de la República toma la decisión de que la Constitución debe derogarse”. El producto de una constituyente, pensada para redactar una nueva constitución que, en cualquier caso no entra en vigencia hasta que el Pueblo la apruebe en expreso referendo, es el único “medio previsto” en la vigente para derogarla. Por eso no es una convocatoria a constituyente “otro medio distinto al previsto en ella”, que es aquello a lo que el 333 se refiere. En nada se parece la situación actual a lo que niega el 333. Y como está visto que podemos debatir por este medio, tal vez no haga falta su comparecencia ni física ni telefónica en mi programa. Lo único que le faltaría serían los “jueces”, y éstos son muy fáciles de obtener entre los lectores de mi blog, al que vuelvo a invitarle para que inserte los comentarios de la longitud que requiera para argumentar en la entrada correspondiente (Error de especialista vs. tino de lego). ¿Sería eso aceptable a las técnicas de interpretación hermenéutica? Buenas noches.

M: Pues creo respetuosamente que esta equivocado, y también entiendo que no desee que en su programa exponga los argumentos que refutan los suyos. Creo que el derecho a replica aplicaría, pero no pienso ejercerlo si usted no me desea invitar para que yo haga la demostración de lo que señaló. No obstante lo anterior, aplaudo programas como el suyo que tocan temas tan importantes por los que con gusto lo escuchare cada vez que pueda y lo seguiré siempre por vía del Twiter. Siga usted impulsando estudio de estos temas. Muchos saludos

A: Ud. hace hipótesis sin base, Dr. Mónaco, lo que es un procedimiento poco aconsejable en la búsqueda de la verdad. Ud. no tiene acceso a mis estados mentales, y por tanto desconoce por entero lo que puedan ser mis deseos. Su derecho a réplica lo he garantizado, además, reiteradamente en el espacio de mi blog, donde mañana publicaré este intercambio por completo. Fui yo quien le hablara inicialmente de participar en mi programa, sabiendo perfectamente que sostenemos puntos de vista distintos, y no creo que ningún argumento suyo podría refutar los míos, puesto que existe la evidencia de lo que Ud. dijo el sábado pasado. El último mensaje que ha enviado es muy impertinente. Creo, por último, que es hipócrita escribir “mi querido Luis” y “respetuosamente”, o instruirme con superioridad que siga “impulsando estudio de estos temas”, cuando se atreve a suponer que tengo miedo a ser refutado por Ud. No lo tengo; le espero en la arena del blog, pero Ud. no irá a mi programa por otra razón: porque no quiero disminuir la calidad a la que están acostumbrados mis oyentes. Ud. decide si acepta mi directo y abierto desafío.

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Hasta ahora, 6 de junio a las 9:09 a. m., no hay comentarios del Dr. Mónaco a esta entrada. Vale

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Antes de mí, el Diluvio

Es mejor que el gobierno esté quebrado

 

Las crisis no necesariamente purgan a un sistema de la locura; los viejos hábitos y actitudes son duros de matar.

Barbara Tuchman – The March of Folly

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Un buen amigo me remitió hoy un artículo en BBC Mundo: “Por qué la oposición en Venezuela está ‘indignada’ con el ‘salvavidas financiero’ de Goldman Sachs al gobierno de Nicolás Maduro”. Copio mi contestación:

Si hubiera estado en los zapatos de Borges (cosa que nunca he querido) hubiera saludado la inversión de Goldman-Sachs, claramente predicada sobre la expectativa de que el régimen de Maduro va a ser sustituido por algo muy preferible.* Habría dicho que esa inversión es el mejor indicador de que el gobierno va a terminar.

Pero no; en una lógica enfermiza no es bueno que se obtenga esos dólares y lo mejor para el país es que los precios del petróleo caigan. (Por ahora parece que se recuperarán algo, luego de la reciente confirmación de la línea OPEP de techos a la producción). Algunos entre quienes razonan de ese modo sostienen que Maduro debe durar hasta enero de 2019, para que se cueza “en su propia salsa”; no convendría agarrar el coroto en 2016 o 2017 porque la situación está muy difícil, y quien se encargara tendría que pagar los costos políticos de los ajustes, haciendo imposible su reelección. (Médicos que contestan: “No, no me voy a encargar del paciente ahora; está demasiado mal. Tráiganmelo cuando esté mejorcito”). Pero no hay un pensamiento único a este respecto:

Una cosa sí no haría: buscar la reelección al término de ese plazo. Es estipulación de mi código de ética política—compuesto y jurado públicamente en septiembre de 1995—ésta que me obliga:

Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.

El mejor médico es el que se hace prescindible cuanto antes. (Recurso de Amparo, 14 de julio de 2015).

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La muerte de Miguel Castillo Bracho, asesinado hace veinte días, nos golpeó duro en La Veguita; era alguien a quien conociéramos cuando todavía estaba en el vientre de su madre. (Hermano menor de un compañero de aulas y pelota de nuestro hijo Luis Armando en el San Ignacio). Ese día, puse una nota en el blog con estas palabras al final:

En 2013, Henrique Capriles Radonski amenazó con una manifestación de calle porque le habrían robado la elección del 14 de abril. Luego la desactivó porque “podría haber muertos”, lo que criticaron Ma. Corina Machado y Germán Carrera Damas conversandito (fueron ilegalmente grabados). Este año Capriles ha patrocinado, junto con otros conductores políticos, unas cuantas marchas; ya no calcula las víctimas. En la treintena de muertes de esta temporada postguarimbera, no hay la de ningún dirigente de la oposición.

Hace un año, una persona muy cercana a la MUD me puso: “La buena noticia es que la crisis continúa” (!?) Y hoy vi en Facebook un comentario que decía: “La calle y nuestros jóvenes valientes es lo único que nos queda. Hay descontento en los militares. Algún héroe saldrá de su hueco, Dios mediante”. Hace unos años, escuché en alguna peña: “Lo que hay que hacer es provocar un segundo Caracazo”, y luego de la marcha precursora del 23 de enero de 2002, alguien comentó en nuestra casa: “Está muy bien, pero hasta que no pongamos unos muertos no saldremos de esto”. Se pusieron poco después, el 11 de abril de ese año. La locura. Gente como ésa, ni joven ni valiente, dirá que la muerte de Miguel es “una buena noticia”.

No es cierto que la calle es “lo único que nos queda”. Por ejemplo: Prontas elecciones. Con algo como eso se evitaría otras muertes.

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* Goldman Sachs bought last week around US$2.8 billion bonds issued by Venezuela’s embattled state oil firm PDVSA, betting that a change in the Venezuelan regime could more than double the value of debt, The Wall Street Journal reported on Sunday, citing five people familiar with the deal. According to the people in the know, last week Goldman’s asset management division paid US$0.31 on the dollar, or around US$865 million, for bonds that PDVSA issued in 2014 and that mature in 2022. The bonds had been held by the central bank of Venezuela, according to The Journal. Due to Venezuela’s risk of default, bonds trade at deeply discounted rates and yields are juicy, at around 30 percent. Goldman’s bond purchase is part of a strategy to increase positions in Venezuelan holdings, The Journal’s sources said. The U.S. bank hadn’t negotiated the bond purchase directly with the Venezuelan government, rather, it acquired the debt via an unnamed broker, according to three of the sources. (Is Goldman Sachs Playing With Fire In Venezuela?)

Actualización: “Le cifre sono imponenti e suggerirebbero fiducia da parte di un grosso investitore americano per la tenuta finanziaria a Caracas. Proprio questo dato dovrebbe allarmare Maduro, perché gli analisti hanno carpito da questa operazione la scommessa della banca d’affari USA per una fine imminente del regime chavista nel Venezuela, cosa che farebbe più raddoppiare il valore delle obbligazioni di PDVSA, nei fatti assimilate ai titoli del debito pubblico locale”. (En investireoggi.itCrisi Venezuela, perché il “paradiso socialista” di Maduro starebbe cadendo).

LEA

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Cruce de correos recentísimo

 

Con fecha de hoy

 

Por fortuna, recibo de cuando en cuando estímulos y acicates a mi labor de político general (como en Medicina General); me alegró la mañana un correo que transcribo (sin comprometer la identidad del remitente), seguido de mi larga contestación.

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Buen día amigo Luis Enrique,
He leído con atención su artículo “Lógica anecdótica“, y veo que lo acontecido en la actualidad refleja el mismo egoísmo de las élites políticas de nuestro país que nos ha llevado a la tribulación que hoy vivimos.
De lo expuesto por usted en su extensa y bien argumentada obra escrita, así como en su programa radial, he podido evidenciar la cualidad asertiva y casi profética de sus análisis. Por lo tanto no encuentro una explicación racional a la ignorancia de personas y grupos de poder a sus claros, lógicos y bien sustentados planteamientos.
Como usted bien dice, si alguien difiere de su posición, debe argumentar al respecto y no recurrir a lo falaz.
En cuanto al derecho se refiere, considero que éste requiere de un alto porcentaje de sentido común, cosa que pareciera que le falta a muchos opinadores de oficio.
Disculpe mi intromisión, pero me indigna que usted sea atacado de esa manera cuando su aporte a la Política ha sido verdaderamente importante.
Gracias por su aporte,

NN

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Muchas gracias, Don NN, por sus generosas palabras de aprobación y solidaridad. Permita que le copie de mi correo del pasado 12 de marzo a un corresponsal que planteara algo muy similar a lo que Ud. observa, y me requería sobre un anuncio en mi programa (“En un programa reciente, pero cuya fecha no recuerdo, usted mencionó que iba a preparar un plan o propuesta o dictamen para la recuperación social y económica del país”):

El problema no es sólo venezolano; en el campo de la investigación y el desarrollo existe desde hace tiempo la expresión not invented here para referirse a la resistencia a adoptar alguna idea ajena. En mi caso debe tomarse en cuenta mi larga crítica a los actores políticos convencionales (desde febrero de 1985). Consciente de este problema, el año pasado allegué una proposición a la dirigencia de la Asamblea por personas interpuestas (una de ellas Blanca Rosa Mármol), rogándoles que ni me mencionaran siquiera. En Hallado lobo estepario en el trópico (mayo de 2011), me referí a otra de las raíces:

A mí me pasa que no puedo callar ante el error político; me tomo muy en serio la responsabilidad profesional con la que ese arte debe ser practicado. No puedo romper la solidez de mi compromiso con la verdad. Soy médico político; no puedo decirle al paciente nacional, que sufre del mal oncológico del chavismo, que tiene catarro, ni diagnosticar la insuficiencia política de sus opositores burocratizados como mera y pasajera indigestión. Al mismo tiempo, comprendo los problemas que suscito entre quienes entienden el oficio de otro modo: una lucha por el poder con la coartada de una ideología. No respondo a ideología ninguna, pues creo que todas son formas obsoletas, pre-científicas de hacer una medicina política que debe ser clínica.

Creo mi obligación componer una aproximación terapéutica a lo que sería el programa de una nueva administración. Algunas de sus líneas fueron expuestas a modo preliminar en Recurso de Amparo (14 de julio de 2015). Igualmente, someto ese compromiso personal con arreglo a la introducción de mi primer acto de política clínica (Dictamen, junio de 1986):

Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar  aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente “lo vieron primero”. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vocifere, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad.

Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad.

Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo. Por esta razón este dictamen se ofrece en la justa dimensión indicada por su nombre. Es lo que yo propondría en la junta política que tuviera que atender la salud de la Nación en la presente circunstancia. Lo ofrezco en el espíritu con el que deben emitirse los dictámenes: a la vez con la fuerza del mejor tratamiento que uno sabe proponer y con la conciencia de su imperfección, deliberadamente abierto y vulnerable ante la refutación. A fin de cuentas aún lo que propone el hombre más seguro no pasa de ser una mera conjetura. (…) Este dictamen podría ser mucho mejor, como dije, en más de un aspecto. Su tesitura es más cualitativa que cuantitativa. Lo cuantitativo lo empleo aquí más como herramienta didáctica que como explicación substancial. Esto no significa que no haya hecho una verificación cuantitativa de lo que expongo, y en cambio significa que deberé apoyarlo en una versión más completa con una mayor participación de datos numéricos. Por supuesto, una buena parte de la verificación crítica y del intento de refutar lo que acá digo debe fundarse justamente en la indagación estadística, en los exámenes de laboratorio que puedan confirmar o refutar el diagnóstico o también indicar la factibilidad o inconveniencia de algún tratamiento sugerido. Insisto de nuevo en esto: aún el éxito de este dictamen ante un escrutinio despiadado no será demostración de su corrección abstracta. Recordemos a Bertrand Russell prologando el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein: “Como alguien que posee una larga experiencia en las dificultades de la lógica y en lo engañoso de teorías que parecen irrefutables, me hallo incapaz de estar seguro de la corrección de una teoría, meramente sobre la base de que no pueda ver algún punto en que esté errada.”

Pero si en el reino de la lógica y de la matemática pareciera haber todo el tiempo del mundo para refinar y verificar, ante un caso clínicamente crítico es preciso elegir un tratamiento con prontitud. Y esto, como dije, no puede hacerse sensatamente sin la contrastación. Fuera de la metáfora médica puede asemejarse esta necesidad a la de una licitación política. El país está convocando a una licitación. Uslar dice: “El país está deseoso de que se le señale un rumbo.” Aquí me atrevo, después de mucho escrúpulo, a proponer uno. Invito a mis colegas en la preocupación por el diseño societal a que propongan otros, para que veamos cuál resuelve la mayor cantidad de problemas, los problemas más importantes, al menor costo relativo. Invito especialmente a todos aquellos venezolanos que han supuesto que dirigirían correctamente al país desde sus más poderosas magistraturas a que participen de esta licitación política a la que Venezuela ha convocado. Esta es una hora de inquietud legítima y de ansia de poder en muchos venezolanos, en líderes establecidos y en líderes por establecerse. Jamás como ahora la época de la democracia venezolana ha suscitado  la emergencia de tantas personas prestas a blandir el timón de nuestra nave republicana. Olavarría, Fernández, Pérez, Canache Mata, Morales Bello, Caldera, Chirinos, Quirós Corradi, Muñoz, Piñerúa Ordaz, Alvarez Paz, Granier, Leandro Mora, Peñalver, Matos Azócar, Aguilar, Cardozo, Mayz Vallenilla, Otero Castillo, Urbaneja, Ferrer, se cuentan entre los que han sentido alguna vez la focalización de su vocación pública en un deseo de poder. Son voces, entre muchas otras, que opinan sobre el país y su destino. Todas ellas debieran participar en la licitación. Están particularmente obligados los que piensan luchar por la máxima conducción en Venezuela. Están obligados a ofrecer, más que su poder, cualquiera que sea el que tengan, su propio dictamen.

Finalmente, ya no me preocupo por la respuesta de la Asamblea Nacional o la Mesa de la Unidad Democrática. En su biografía de Sigmund Freud (Pasiones del Espíritu), Irving Stone lo pone a decirle a su esposa:  “Creo que mis servicios y obligaciones para con un paciente se han completado una vez que he revelado el significado escondido y secreto de sus síntomas. La cura reside en ese mismo acto. Realmente no es mi responsabilidad si acepta mi diagnóstico o no, aunque por supuesto no habrá cura a menos que lo acepte. Por tanto, para mí es urgente que ella crea en mi solución y trabaje fielmente con mis indicaciones. Si los dolores son la culpa de Emma obviamente no soy yo el culpable; por tanto, ella ha fracasado en su propia cura y no soy responsable de ninguna parte del fracaso”. Como dije a una oyente de mi programa, los médicos no persiguen a los pacientes; son éstos quienes les buscan, y en De héroes y de sabios (junio de 1998) ya anticipaba: “Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como ‘brujos de la tribu’ que como ‘brujos del cacique’. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los jefes se resistan a aceptar sus recomendaciones. Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate”.

Dicho de otro modo: dejo a la tribu el problema de la atención de la Asamblea Nacional a los tratamientos que proponga.

En efecto, Don NN, pongo a disposición de mi país el trabajo profesional de 34 años desde un punto de vista clínico (que me ha permitido desarrollar un paradigma distinto del de una mera lucha por el poder), una trayectoria ejecutiva comprobablemente exitosa y, lo que Tocqueville consideró un elemento esencial al “verdadero arte del Estado”, la capacidad para predecir el futuro; esto es, visión. Mi promedio de bateo predictivo es alto. Por último, un código de ética que compuse y juré públicamente cumplir en septiembre de 1995 y del que nunca me he apartado (aun antes de su redacción). Copio sus estipulaciones segunda, quinta y sexta:

Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.

En 1985 expuse (Tiempo de incongruencia):

Ese nuevo actor político, pues, requiere una valentía diferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra.

Por lo que respecta al Derecho, se trata de una disciplina para la que son esenciales el correcto discurrir lógico y, en nuestro caso, un buen uso del castellano, En cuanto a las resistencias, ya Terencio advirtió en el siglo I de nuestra era: La verdad engendra odio. En un plano puramente psicológico, Theodore Meynert consolaba a Freud: “El adversario que más te combate es el que está más convencido de que tienes razón”.

Vuelvo al comienzo; no es sólo aquí donde observamos las conductas políticas disfuncionales que Ud. reprueba con razón; ellas existen en toda otra latitud. Son lo que André Malraux llamaría la condition humaine, y con eso tenemos que vivir sin ceder a la amargura:

Ofrezco, por ende, sólo dos cosas: una política seria y responsable, al servicio del paciente nacional, y una ausencia de reconcomio. Salvo la envidia y la codicia, me confieso practicante de los restantes cinco pecados capitales, pero no guardo rencores. El resentimiento es en mí una emoción efímera, cuestión de horas. Sé que la llegada de un nuevo paradigma es asunto muy difícil, y por eso tengo paciencia con mis detractores. Y no reivindico que tenga mérito alguno en mi manera de ser, como tampoco admito la culpa.  Fueron mis padres quienes me hicieron, y a mi cabeza y mi corazón, con su amor de recién casados. Ellos quienes escogieron mi querido colegio de la infancia y primera juventud, donde tuve la suerte de excepcionales profesores que forjaron mi modo de pensar y mi postura ante la vida. Lo que haya podido lograr no se explica sino a partir de esa suerte y la de haber seguido trayectorias que a otros estuvieron vedadas. Temo que, en el Juicio Final, Eduardo Fernández irá a sentarse entre querubines, y yo seré enviado a la Quinta Paila del Infierno.

De resto, estoy dispuesto a pagar el precio de mi juramento de 1995, aun cuando ése sea la peor maldición para un político: la soledad. Porque es que Armanda dijo a Harry Haller—Der Steppenwolf—, según la invención de Hermann Hesse: “Pero también pertenece del mismo modo a la eternidad la imagen de cualquier acción noble, la fuerza de todo sentimiento puro, aun cuando nadie sepa nada de ello, ni lo vea, ni lo escriba, ni lo conserve para la posteridad”. (En Hallado lobo estepario en el trópico).

De nuevo, le agradezco su aprecio y concurrencia, que son estímulos que mucho me animan.

De Ud., agradecido

 

luis enrique ALCALÁ

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¿Preguntas sin respuestas?

 

Acusando recibo de comunicación de Elías Jaua

 

La Mesa de la Unidad Democrática ha remitido ayer al ministro Elías Jaua un escrito de rechazo a la invitación que éste le hiciera—como Presidente de la Comisión Presidencial que propondrá las bases comiciales para elegir la asamblea constituyente convocada el 1º de mayo—a fin de explicar los propósitos del gobierno. Pero más que rechazo a esa invitación, es un rechazo a la idea misma de la constituyente y a la legitimidad de la convocatoria. El documento es doble, siendo lo primero una presentación de lo segundo, un texto encabezado con este título: La MUD frente al fraude de la dictadura. Esto último es un inventario de lo que la organización opositora estima políticamente relevante a partir de 2015 hasta la fecha (y que deja de mencionar la historia desaparecida); lo que va más al caso de aquella iniciativa es la carta previa (covering letter), que al inicio mismo declara:

Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.

La MUD, por tanto, ha acogido la equivocada tesis de Allan Randolph Brewer Carías (¿Presidente de la Sala Constitucional en el exilio?): “El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”. Uno se pregunta, si la Constitución quisiera significar eso ¿por qué la redacción del Artículo 347 no dice “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, sólo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, en lugar de “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”? (No dice ese artículo que nadie más puede convocarla, y el Artículo 348 contempla que 15% de los electores—la iniciativa popular que es parte representativa de ese Poder Constituyente Originario—puede hacerlo además del Presidente y la Asamblea). Si fuera cierta la afirmación de la MUD—”Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo”—, ¿por qué el 348 no dice “La iniciativa de convocatoria a un referendo, para consultar si el pueblo quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente, podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” etc., en lugar de “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”? Si fuera necesario ahora un referendo previo—como el del 25 de abril de 1999, necesario entonces puesto que en ese momento la figura de constituyente no estaba contemplada en la vigente Constitución de 1961—, ¿por qué no bastaría un referendo consultivo ordinario y por qué especificó la Constitución actual en su Artículo 348 requisitos más exigentes que los de mayoría simple de la Asamblea Nacional y 10% de los electores (Artículo 71), que eran, de nuevo, los que prescribía desde 1998 el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que se empleó en aquella ocasión y bastó? ¿Por qué el 348 estipula dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los electores en la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No será porque el Artículo 348 está hablando de una convocatoria directa a constituyente y por eso exige condiciones especiales más astringentes? ¿En qué viola la convocatoria presidencial directa de una asamblea constituyente la prescripción del Artículo 5? (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). ¿No es un ejercicio indirecto de la soberanía que el Presidente de la República, uno de “los órganos que ejercen el poder Público” y elegido “mediante el sufragio”, convoque a constituyente? (¿O, si a ver vamos, indirectamente la Asamblea Nacional, que también es un poder que ejerce—o debiera ejercer—el Poder Público e igualmente se elige mediante el sufragio?) Por último, ninguna nueva constitución puede entrar en vigencia sin un positivo referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario, el Pueblo, en el que precisamente reside intransferiblemente la soberanía. (Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿Cómo es que se viola el Artículo 5 si en último término es el Pueblo quien debe aprobar la constitución resultante de una asamblea constituyente, convóquela quien la convoque? (Por cierto, la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo).

………

Luego está, naturalmente, lo de “votaciones sectoriales y territoriales”. Hasta ahora, no se conoce lo que será la proposición de las bases comiciales de la elección de la constituyente ya convocada válidamente. El decreto 2.830 del 1º de mayo no menciona esa distinción sectorial-territorial respecto de las votaciones mismas, sino que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales”. (“¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán ‘todos los trabajadores y empresas’ o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe”. En La lidia fácil). En cambio dice: “mediante el voto universal, directo y secreto”. La pretenciosa redacción llama, por supuesto, a la peor de las interpretaciones, pero son hipótesis del suscrito que 1. el gobierno de Maduro, luego de rebeliones internas recientes que causaron la reversión de las infames sentencias 155 y 156, y dado el muy mayoritario repudio del gobierno en la opinión nacional, no tiene la fuerza política para imponer la distorsión que la MUD cree es su intención, y 2. ha empleado intencionalmente subterfugios para irritar a la oposición y provocar la conducta apresurada que ha exhibido. (Ver, de nuevo, La lidia fácil, con argumentación que pudiera estar equivocada). Pero es que se ha hecho práctica común en el debate político venezolano la atribución de intenciones al adversario de las que no se tiene constancia: “Lo que busca Ramos Allup…” o “lo que pretende Istúriz…” En esta práctica incurre la misiva de la MUD a Jaua: “se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio”, “El objetivo de Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria constituyente no es otro que eludir la [responsabiidad de] restablecer el derecho al sufragio en Venezuela…” Eso de lo que busca o lo que pretende el adversario es lenguaje de moda.

No puedo saber exactamente cuáles son los propósitos del Presidente de la República, pero parecieran patentes sus logros:

El efecto político inmediato es múltiple: en primer lugar, desarma, entorpece o debilita las protestas y exigencias opositoras, empequeñecidas por la portentosa presencia de un proceso constituyente. Luego, desinfla bastante la presión internacional; ¿cómo se puede llamar dictador a quien convoca elecciones, según prevé la Constitución, para que opere una asamblea constituyente? Por último, compra tiempo; con esta “salida”, Maduro prácticamente se asegura como Presidente hasta el 10 de enero de 2019. (#lasalida de Maduro (primera parte)).

A eso, postulado prematuramente el mismo 1º de mayo, puede añadirse la débil actitud de negación inducida en la MUD; como puse en La lidia fácil, la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes. Siendo que una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo, ella podría obliterar cualquier intención—que pongo en duda—de constituyente “comunal” o de composición “sectorial”. (Al recibir el golpe del triunfo opositor del 6 de diciembre de 2015, Diosdado Cabello instaló, en la agonía del parlamento que presidió, un tal “parlamento comunal” al que “primeramente” debía responder la Asamblea elegida aquel día; ni siquiera ha vuelto a mencionar el asunto ni a procurar que la Sala Constitucional convalide su monstruoso invento, menos ahora cuando una nueva sesión del Consejo de Defensa de la Nación pudiera “exhortarlo” a abandonar su pretensión). Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos.

Puedo, admito de nuevo, estar equivocado. (No creo que en lo de la interpretación legal, sino en eso de andar postulando propósitos no tan aviesos pero sí traviesos para tomarle el pelo a los de la oposición, aprovechando que ya Jesús Torrealba no manda en la MUD, en la que fue elegido a su coordinación pero no, según dijo, por su “frondosa cabellera”). LEA

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La lidia fácil

Necesitamos que trabajen

 

Al Dr. Antonio D’Alessandro Martínez, curioso en estos temas

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En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Antonio Machado

Una coral de muchas voces opositoras—diputados, líderes no investidos como tales, obispos, académicos, articulistas, jurisconsultos—canta la misma letra con acompañamientos musicales propios de cada cuerda: la asamblea constituyente que el Ejecutivo Nacional convoca es un fraude, una continuación del “golpe” (autogolpe de Estado), algo que el país debe repudiar. El madurismo, creo, ha incitado esta reacción a conciencia y se está divirtiendo mucho con eso. De allí los trapos rojos que el matador y sus banderilleros agitan, ante la cara de un toro heterógeneo que en cada embestida amella sus pitones.

Primero fue, por supuesto, el anuncio “histórico” en la Avda. Bolívar de Caracas, el único teatro que resta al oficialismo para simular asistencias masivas a sus convocatorias de calle. En día 1º de mayo, Maduro habló de “la clase obrera y el Pueblo” como convocantes de la constituyente, y agitó el capote de una constituyente “comunal”. Poco después hablaría Borges para repudiar la noción y empleó la misma construcción de “la clase obrera y el Pueblo”; claro, se trataba del Día del Trabajador, y a los trabajadores se les entiende como los miembros de la “clase obrera”; son sinónimos, pues.

En ese momento, no se conocía la redacción del decreto de convocatoria. En horas de la noche, Nicolás Maduro firmaba el decreto que sería publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (6.295) de ese mismo día; después de toda su paja histórica, protagónica, multiétnica, endógena y biométrica (basta de esdrújulas), el Artículo 2 del decreto estableció: “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”. (En la jerga política, tanto oficialista como opositora, la palabra Pueblo con la que se llenan la boca se escribe con inicial minúscula). El empleo del término “sectoriales” reforzó el temor de que la tal asamblea se compondría corporativamente, a lo Mussolini, a pesar de que la redacción especifica “mediante el voto universal, directo y secreto”. Entonces el matador dejó a sus asistentes el trabajo de marear al toro.

El Vicepresidente Ejecutivo de la República ofreció su capote: “por primera vez en 200 años de historia venezolana, los transportistas van a tener sus propios constituyentes en la Asamblea Nacional”, y añadió Tareck El Aissami en defectuosa sintaxis: “Queremos darle al transportista rango constitucional, todas las políticas del órgano superior y estén presentes en la constitución”. Bueno, muchos que no somos transportistas quisiéramos ostentar rango constitucional, y en 1817 no existía el sector de los transportistas; había, por supuesto, carreteros, y algunos mantuanos eran llevados por calles empedradas en sillas rodantes con tracción animal de los pardos; una que otra carroza había, pero esa declaración no es sino una muestra más de la “historia” que cuentan los socialistas aborígenes para cautivar a incautos admirados:

Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, declaraba ayer al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia…” (…) Erika Farías reconoce que los problemas subsisten, pero dice que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver los que datan de hace tres mil (aparentemente ha logrado precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario). (En Retórica cuatrofeísta, 5 de febrero de 2015).

El jefe de los banderilleros—dirige la comisión presidencial nombrada ese mismo primer día de mayo para el resto de los trámites—prosiguió la faena intermedia con la misma técnica de incitación y mareo; así, hoy reporta El Universal que Elías Jaua “Señaló que el proceso estará comprendido por dos circuitos, uno territorial que le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizarlo y uno sectorial donde participarán todos los trabajadores y empresas registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán “todos los trabajadores y empresas” o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe.

Entretanto, la oposición es invitada a reunirse con la comisión que Jaua preside para escuchar sus pareceres ¡y se rehúsa! (Hasta Henri Falcón se niega, en esta fase del proceso en la que parecen urgidos por desmarcarse de Maduro un hijo del Defensor del Pueblo y Gustavo Dudamel). Así se sirve la mesa al gobierno, que proclamará a los cuatro vientos: “¿Cómo es eso de que la convocatoria a constituyente es ‘unilateral’, si los invitamos a conversar de ella y ustedes se niegan?”

………

El asunto de las bases comiciales para la elección de una constituyente no está normado. Tan sólo existe el precedente de las empleadas en 1999. (Ver #lasalida de Maduro (primera parte)). El campo está prácticamente abierto para un órgano cuya función principal es, precisamente, dotar de normas a la vida de la ciudadanía y su Estado, y ese órgano no es otro que la Asamblea Nacional. A comienzos del año pasado se habló de una Ley de Referendos que hubiera podido sobrepujar a los reglamentos de referendos revocatorios (tres) que el Consejo Nacional Electoral aprobó en 2007, pues una ley es de rango superior al nivel reglamentario. Nunca más se supo de tal intención.

Ahora podría aprobar la AN una ley brevísima que regule la elección de diputados constituyentes, y ella predominaría sobre el nivel reglamentario que es el único existente entre el Presidente y el Consejo Nacional Electoral. Claro, para que esto sea posible, la Asamblea debe recuperar su eficacia; el 22 de octubre del año pasado se le proponía en Prontas elecciones:

Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados…”

¿Por qué se ha resistido la Asamblea Nacional? ¿Qué espera Julio Borges para levantar el teléfono e invitar a Maikel Moreno a almorzar para arreglar ese asunto?* En vez de esto, ha ido a Washington a reunirse en la Casa Blanca con Herbert McMaster—¡el Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump! (¿qué pito toca este peligroso especialista en nuestros asuntos venezolanos?)—tal vez porque el Chapulín Colorado Almagro ha quedado fuera de juego, pues ya no tiene sentido suspender a Venezuela en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos—la sanción màxima prevista en la Carta Democrática Interamericana—, dado que Venezuela ha optado por salirse de ella; no se puede botar de una fiesta a quien se ha retirado hace rato.

La resistencia de los diputados a volverse eficaces configura, a mi modo de ver, un desacato incluso más grave: el desacato a los Electores, que los pusimos allí para que legislaran, para que pudieran hacerlo. Entretanto, ellos y el elenco protagónico de la MUD siguen embistiendo en el aire. LEA

………

Post scriptum: habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

………

* Ayer puse en correo electrónico a quien he dedicado esta entrada: “En efecto, los diputados en discordia solicitaron su desincorporación poco después, el 15 de noviembre, pero (…) Ramos Allup no procedió a la desincorporación oficial y se limitó a observar: ‘Hemos tomado nota’. Así las cosas, el 8 de enero, en trámite previo a la locura de la declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro, Borges procedió oficialmente a la desincorporación; la quisquillosa Sala Constitucional dijo que ese procedimiento no había valido porque la elección misma de Borges como Presidente de la AN era nula, por haberse producido mientras persistía el desacato. A raíz de eso argumenté en mi programa que la postura del TSJ era excesiva, que ha podido limitarse a invalidar aquellas actuaciones de la AN en las que los diputados objetados hubieran participado y que ellos no habían tomado parte en la elección de Borges. En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ, pero la AN no ha querido disolver el conflicto de poderes, pues el TSJ comenzó el año excitando a la Asamblea a arreglar la situación. Parece preferir el papel de víctima para ir a quejarse ante Almagro”.

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