Diálogo digital

 

Intercambio en red electrónica

 

Ya lleva cuatro días un intercambio electrónico del suscrito con un estimado corresponsal que para colmo es oyente habitual de Dr. Político en RCR. Acá lo transcribo íntegramente—largo por mi culpa—manteniendo su nombre en reserva; la identidad de otras personas mencionadas se revela por cuanto se trata de personajes y actuaciones públicas. (Incluyo el dato de una correspondencia de marzo de 2015 que he mencionado más de una vez en el programa radial que conduzco).

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NN: Abogado del Diablo y II

Estimado Dr. Político, en el programa de este sábado 09/02 varios oyentes, especialmente la Sra. Gladis y el Sr. Luis Sosa lo cuestionaron. La Sra. Gladis lo acusó de “echarnos un balde de agua fría” y el Sr. Luis lo hizo perder la compostura, Ud. lo mandó a callar…

Los comprendo a todos; Ud. defiende la legalidad, el orden y la forma correcta de hacer las cosas. A Gladis, a Luis y a muchos de sus oyentes (yo incluido) no nos importa si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no, es un golpe de estado “sui generis”, sin tiros. Estamos pagando a los rojos con su propia moneda: Truco y Trampa, cosa que sería imposible sin el enorme apoyo internacional (USA, Suramérica y Europa) que tenemos a favor. Guaido como en la lucha libre es “El Favorito Sentimental del Pueblo”.

“Mi” papel

Sus oyentes lo ven como “El Abogado del Diablo” y eso levanta roncha, lo lamento mucho yo lo entiendo y estoy de acuerdo con Ud. Sé que su intención es que el pueblo vea que las cosas no se están haciendo bien. Pero “Los dados están echados”, como muchos tengo la esperanza de que esta jugada logre hacer tambalear y caer al régimen. Luego habrá que pagar el costo de esta jugada, tenga éxito o no, espero que no sea muy alto.

Hoy, lunes 11/02, cuando llegué a la universidad tuve una agradable sorpresa: El Señor Chichero de la plaza del rectorado estaba de regreso, junto al reloj, luego de varios años de ausencia por las circunstancias. ¿Será esto un Buen Augurio?

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LEA: Gracias, Don NN. No perdí la compostura; mi reacción fue gradual. El Sr. Sosa desatendió repetidamente mis requerimientos de que no me interrumpiera intercalando réplicas en cuanto yo comenzaba a hablar; como parecía no entender, debí decirle más claramente que se callara.

Parte de mi función durante la intervención de oyentes es la de director de debates; en ese carácter tengo la prerrogativa de declarar a un participante fuera de orden y decidir cuándo un asunto ha sido suficientemente debatido. (Régimen parlamentario, que los sajones llaman Rules of order). Debo manejar, por otra parte, el tiempo del programa. La intervención de Sosa consumió un tiempo excesivo (11 minutos), extendiéndose a los dos segmentos finales. Aun así, lo invité a que llamara el sábado 16.

No estoy de acuerdo con la máxima de que “lo que es igual no es trampa”. La maldad de Hitler no excusa la mía; en la película El Enemigo (Luis Alberto Lamata, 2008), un personaje dice: “En una batalla moral, si actúas como el enemigo eres el enemigo”. Alguna vez escribí (Conocimiento y opinión, 2007): “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”.

La Doctrina de la Guerra Justa establece criterios para guerrear con justicia. Así la expliqué en La salida (21 de febrero de 2014):

La guerra “justa” de los gringos

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

Sigo creyendo que no están agotados todos los medios. Respecto del factor foráneo, le invito a leer El caso Venezuela, un deporte internacional (5 de febrero de 2019).

No es la primera vez que el Pueblo sigue a un mesías; Chávez era uno, Torquemada otro. El Sr. Guaidó es un político que distorsiona la Constitución para declararse Presidente y sostener que tiene poder para solicitar una intervención militar extranjera; ahora reparte paquetes que no difieren mucho de las bolsas CLAP.  Que a la Sra. Gladys, el Sr. Sosa y Ud. no les importe “si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no” es realmente lamentable. Estoy consciente de que muchos piensan como ustedes, pero no es mi estilo torear para los tendidos.

El error no se combate con la mentira; debe vencérsele con la verdad.

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NN: Esto es una guerra Dr. Alcalá, en la guerra se vale todo… excepto crímenes de lesa humanidad…

Los rojos no van a ceder por las buenas, no se los puede convencer con la razón. Solo el uso de la fuerza y este es un uso de la fuerza “sui generis” sin tiros. Algo parecido a Gandhi, guardando las distancias…

Con todos mis respetos, su oyente de todos los sábados.

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La realidad según algunos

LEA: “Esto” no es una guerra, todavía, y “Esto es una guerra” es una frase conveniente para justificar la escasez política del liderazgo nacional. (De ambos “lados”, pues parte de esa escasa percepción es dividir en dos grupos la población nacional, entendiendo el proceso como película en blanco y negro de superhéroes contra supervillanos, en roles intercambiables según quien la cuente. La realidad viene en colores, al menos en muchas tonalidades de gris. En mayo de 2015, Datincorp preguntó de dónde vendrían las soluciones a los problemas del país; 17% creía que vendrían del oficialismo, 18% que vendrían de la oposición, ¡56% que vendrían de nuevos liderazgos!)

Desde 1999 se hace en el país una política de etiquetas, de nomenclatura. Con pretendida erudición, cabezas como la de Luis Enrique Oberto nos enrostraban Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt para postular que el régimen de Chávez era como el de Stalin, y Luis Alberto Machado solía decir que los judíos que se salvaron fueron los que creyeron en Hitler y emigraron. (Murieron los que se quedaron, seis millones de ellos).

Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena. El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo.

Por otra parte, en cabezas opositoras típicas no cabe lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017):

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

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Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un “plebiscito” sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.

Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)”

Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un “diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).

Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).

Ojalá lo hubiera abandonado

Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?

Ésta es, esquemáticamente, una historia desaparecida; si bien las decisiones de la Sala Constitucional fueron monstruosas—tanto que Luisa Ortega Díaz fue incapaz de digerirlas—, es igualmente verdadero que Maduro ha experimentado una larga secuencia de intentos de deponerlo desde el mismo día de su elección—que incluye la apelación a “militares decentes” por parte de Juan Carlos Sosa Azpúrua y la recomendación de encontrar “un Larrazábal II” que ha hecho Luis Ugalde S. J.—, y también es cierto que el absurdo de las sentencias es igualado por el de la peregrina declaración de que ha abandonado su cargo. (Al igual que el TSJ, la Asamblea Nacional debiera reconocer su error y “suprimir” tal declaratoria).

En gran medida, la conducta de Maduro es un caso de profecía autocumplida.

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NN: No sé qué decir Dr. Alcalá, no puedo rebatir ninguno de sus argumentos, como no pudo hacerlo ninguno de sus oyentes. Ud. tiene razón pero en este momento la razón no puede contra la injusticia, la corrupción y la locura. El país está destruido, mi universidad está destruida. Soy un científico, sé de genética, bioquímica y alguna otra cosita. No sé cómo vamos a enfrentar y derrotar a los rojos rojitos, sé que por las armas no. Guaidó, agarrando aunque sea fallo…

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LEA: Si la razón es, como Ud. dice, impotente ¿debemos abrazar la sinrazón?

Veamos eso de ir “contra la injusticia, la corrupción y la locura”.

¿A cuáles injusticias concretas se refiere? La injusticia no es una entidad; es una palabra que debe usarse para señalar casos específicos, no como generalización. ¿De qué corrupción estamos hablando? (La cita que pongo abajo viene de una entrada en el blog—De memes y memeces—del 21 de octubre de 2012. Le ruego tome en cuenta la diferencia de la actualidad con la moneda de hace algo más de seis años):

Humberto Njaim, QEPD

Un meme análogo es el que explica la pobreza de un pueblo como el nuestro por la corrupción que consume dineros públicos, los que invertidos en asistencia social la eliminarían. A raíz de la aprobación en 1982 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, el profesor Humberto Njaim (Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela), hoy Miembro de la Academia de Ciencias Políticas, aportó un útil estudio de sus costos y beneficios. En él reveló sus estimaciones cuantitativas de la corrupción administrativa venezolana: el perezjimenismo habría sustraído fondos por el equivalente de 1% del Presupuesto Nacional; la democracia habría llevado el asalto hasta 1,5%.

En marzo de 1999, cuando Hugo Chávez llevaba apenas un mes en su cargo actual, informé de esta medición a un conductor de taxi que me llevaba de La Carlota a El Paraíso y quiso comentar los problemas del nuevo presidente, apremiándome con la cuestión de una corrupción que nos tendría sumidos en la pobreza. Al oír los índices del profesor Njaim, preguntó con incredulidad (¡gracias a Dios!): “¿Tan poquito?” Entonces puse la cosa en la escala del momento: “No, no es poquito. El presupuesto que manejará Chávez es de veinte billones [castellanos] de bolívares, y 1,5% de eso es la suma de 300.000.000.000 de bolívares”. “Es verdad—repuso el chofer—, ¡eso es un realero!”

La conversación cayó en un cauce nuevo para él; vi su sonrisa y creí escuchar los engranajes de su cerebro moviéndose mientras le daba la buena noticia de que no nos habíamos robado 98,5% del presupuesto nacional, y que si bien la corrupción era de un todo execrable, no podía ser que un tumor de 1,5% de tamaño explicara nuestra dolencia social. Quizás algo fundamentalmente malo, si acaso, había en nuestro manejo de la inmensa mayoría del gasto público.

Bueno, trescientos mil millones de bolívares de los actuales son el presupuesto nacional de 2012. Supongamos que Pérez Jiménez los administrara; entonces irían a manos corrompidas tres mil millones de bolívares, unos setecientos millones de dólares si CADIVI los cambiara. Si los manejasen las administraciones democráticas de 1959 a 1983, entonces la sustracción de fondos nacionales sería unos Bs 4.500.000.000. (Repito, de los de hoy; si, como algunos hablan todavía, se contaran en bolívares “débiles”, hablaríamos de 4 billones y medio de bolívares esmirriados). Si las administraciones de Chávez hubieran agravado el problema triplicando la tasa perezjimenista (a 3%, o el doble de la corrupción “democrática”), los “boliburgueses” habrían aprovechado 9.000 millones de bolívares. Finalmente, si quisiéramos suponer que la corrupción actual ha quintuplicado la cosa, llevando el peculado a 5% del presupuesto nacional, los dineros extraviados en cuentas suizas y otras sumarían 15 mil millones de bolívares, quince billones en la escala monetaria hace tiempo obsoleta.

Pues bien, la población venezolana puede ser estimada a la fecha en 29 millones de habitantes. Supongamos ahora que el arcángel Gabriel corta de un tajo con su espada flamígera toda la corrupción y reparte este último realero en cuotas idénticas a cada venezolano; entonces ¡cada ciudadano recibiría al año la cantidad de Bs. 517! ¿Saldríamos de abajo con menos de un bolívar con cincuenta céntimos diarios per cápita?

Alegrémonos porque no se han robado al menos 285 mil millones de bolívares y enterremos, a temperaturas no criogénicas para que nunca resucite, el meme idiota de que nuestra anormal distribución de la riqueza se debe a la corrupción administrativa.

Tres años más tarde—19 de agosto de 2015—argumenté en ¿Qué se debe hacer? (II):

La dolencia más aguda del soma político venezolano es el chavoma. Un signo precoz de esta patología se hizo patente el 4 de febrero de 1992, a tiempo para echar a perder nuestra celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento. Luego se derribaría la estatua de Colón en Los Caobos y entraría en vigor el nuevo nombre para el Cerro Ávila: el ridículo Waraira Repano, como si los teques y caracas que vivían a sus faldas y lo llamaban así tuvieran alfabeto y escritura, no digamos la letra W. (DRAE. w. Vigésima sexta letra del abecedario español, y vigésima tercera del orden latino internacional, usada en voces de procedencia extranjera). Un socialista “bolivariano”* que se respetara ha debido insurgir en defensa de la grafía Guaraira para no emparentar la cosa con Washington o, al menos, exigir consistencia y escribir Río Waire, Puerto de La Wuaira, Warenas o Waracarumbo. (Esto es, para consagrar la wachafita revolucionaria).

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Tumor vascularizado

El término oncológico es apropiado para referirse a la dominación política instaurada en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999, puesto que no se trata de enfermedad inoculada por algún vector externo—un anófeles o chipo—sino de un proceso que residía en las entrañas del pueblo venezolano desde mucho tiempo antes de que hiciera eclosión.

Como anota Toro en su blog, Briceño Guerrero interpreta “…la cultura latinoamericana como una mezcla de tres ‘discursos’ separados, mutuamente incompatibles: el discurso Racional-Occidental, el discurso Mantuano y el discurso Salvaje”. El libro de Briceño Guerrero fue escrito entre 1977 y 1982, y por tanto no podía ser una referencia específica a Chávez. Es Toro quien establece—como otros lectores del apureño lo han hecho—una relación significante entre la descripción del discurso salvaje y el chavista: “…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder”. (Discurso salvaje).

Es por tal razón que son insatisfactorias las caracterizaciones del chavismo (del chavoma) como la mera llegada al poder de una nueva y delincuente oligarquía. Seguramente ha habido y hay entre jerarcas mayores y menores del régimen chavista-madurista gente corrupta y malhechora, verdaderamente forajida; tal vez en proporción mayor que la que hubiera en regímenes anteriores a 1999, acá y en toda otra nación del planeta. A fin de cuentas, los más radicales izquierdistas venezolanos nunca superaron electoralmente el “seis por ciento histórico” hasta el año del advenimiento de Chávez como Presidente de la República, y como en ellos había hambre longeva de poder y de prebendas, la corrupción actual supera la de quienes los precedieron. Pero es un juicio más ajustado a la realidad explicar el chavismo como el producto de la acusada decadencia de la política que lo anticipara, y su sustitución por una nueva hegemonía fundada en la creencia de que Marx tenía razón. La mayoría de los socialistas venezolanos cree seriamente que la explicación de todo mal social debe encontrarse en el afán de lucro de “la burguesía”; es decir, está profunda pero honestamente equivocada.

Luego, el sistema chavista es claramente pernicioso, puesto que invade terreno propio de la sociedad y sus ciudadanos, como un cáncer que se extiende ocupando y destruyendo tejido de órganos imprescindibles del cuerpo que aqueja. La conjunción de su origen y su naturaleza autoriza que lo entendamos como proceso canceroso.

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Paradójicamente, es más fácil curar el chavoma que la insuficiencia política crónica que permitió su entronización en las instituciones públicas venezolanas. El tratamiento eficaz no es otro que remitir el asunto al Poder Constituyente Originario, la apelación al Soberano para que se pronuncie, en referendo consultivo, sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen político-económico socialista, pretensión que el chavismo-madurismo no oculta. (Todo decreto del Ejecutivo que publica la Gaceta Oficial lleva ahora este inequívoco encabezado: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”)


“…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.
Declaración de Derechos de Virginia – 1776

He allí el tratamiento. Naturalmente, a eso se opone el argumento de un CNE controlado por el gobierno, pero ni siquiera un CNE que otorgó mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional podría ocultar una verdadera avalancha de votos en los referendos tan posibles como necesarios. En los actos convocados para escuchar y aplaudir a Guaidó (y para gritar “¡Maduro, coño’e tu madre!”), en esas masivas y sentimentales terapias de grupo se hubiera podido recoger el doble o el triple de las firmas necesarias para convocar un referendo consultivo. ¿Ni siquiera eso nos convence? El procedimiento de abolición, primeramente propuesto el 25 de abril de 2002 para el caso de Chávez (bastante antes de que varias “fuerzas” políticas de oposición optaran por no participar en actos electorales; elección de gobernadores en 2017, por ejemplo, haciendo exigible su relegitimación a la que tampoco se sometieron, prefiriendo argumentar que el gobierno las ilegaliza “arbitrariamente”), fue adaptado el 17 de diciembre del año anterior para el caso de Maduro—Manda Su Majestad. (¿Ya lo leyó? Puse el enlace en mi correo anterior). Él escapa a la legislación electoral y aun constitucional, puesto que no es ni elección ni referendo; puede certificarse una mayoría fuera de la supervisión del CNE, mediante el registro de las firmas de adhesión en plataformas digitales inviolables análogas a las que soportan las criptomonedas. (El Decreto Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas—Chávez, enero 2001—establece en su Art. 4: “Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos”).

De modo que sí hay vías, las correctas, aquellas a las que se han mostrado renuentes los dirigentes opositores cada vez que se las ha propuesto. (Uno de los predecesores de Guaidó, Julio Borges, recibió de manos de su madre una comunicación que le envié el 3 de marzo de 2015, en la que propuse la convocatoria de un referendo consultivo sobre la adopción del socialismo y concedía lo siguiente: “Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”. Aún espero acuse de recibo).

¿La locura? Aparte de que es una entidad difícil de cuantificar y atribuir, la definió alguien (Albert Einstein) en estos términos: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Otra vez se marcha; lo mismo desde diciembre de 2001. (Manifestación de las madres bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”).

Y también es una locura autojuramentarse como Presidente “Encargado” (o “Interino”) sobre la base de una tergiversación, y más locura todavía declarar (Guaidó) que “no descarta” una invasión militar estadounidense y que está facultado para pedirla por el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Una invasión en plan agresivo no es una misión, y sostener lo contrario es una nueva tergiversación del sentido constitucional. Se sigue a un hombre falaz. Creo que es una locura colectiva seguir a Guaidó “aunque sea fallo”. Creo que declarar a la razón impotente para abrazar la sinrazón es, precisamente, un procedimiento propio de la locura.

Con preocupación

Luis Enrique Alcalá

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Entre abogados (en bloque)

 

Película mexicana de Adolfo Fernández Bustamante (1951)

 

Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.

Margueritte Yourcenar – Memorias de Adriano

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En mi empresa, para cada solución, cuento con un departamento legal que le encuentra veinte problemas.

Henry Reichhold – Escuchado por el suscrito en su visita a Corimón (1974).

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La gente de El Nacional ha publicado una nota que da cuenta de un dictamen del llamado Bloque Constitucional de Venezuela (o Bloque de la Constitucionalidad). Éste declara en su presentación que es el primero de sus fines “Trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho, mediante la defensa del poder legítimo originario representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015”. (Gracias a certificación del mismo Consejo Nacional Electoral que certificara las elecciones de Nicolás Maduro como Presidente de la República). He aquí una lista de sus promotores (58), según publicación en Facebook de Con la Gorra Puesta:

El Bloque Constitucional visita a Luisa Ortega Díaz

Magistrados eméritos: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, Pedro Rondón Haaz, Julio Elías Mayaudón.

Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Alberto Arteaga Sánchez, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid.

Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin.

Profesores Universitarios: Luis Beltrán Guerra, Raúl Arrieta Cuevas, Jesús María Casal, Juan García Vara, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rene Molina Galicia, Rodrigo Rivera Morales, Rubén Pérez Silva, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Gustavo Briceño, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero.

Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles.

Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Nelson Riedi (Carabobo), Yvett Lugo (Distrito Capital), Jesús Ramos (Monagas), Mario Torres (Zulia), Enrique Romero (Lara), José Neira (Táchira), Orlando Velásquez (Sucre), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Roberto Andery (Cojedes), Roldan Torres (Apure), Wilme Pereira (Falcón), Rombet Camperos (Barinas), Letty Piedrahita (Miranda), Rosalino Medina (Aragua), Lourdes Vallenilla (Amazonas), Zoila Calderón (Portuguesa), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Mary de Muguesa (Guárico), Eliseo Moreno (Mérida), Omer Figueredo (Delta Amacuro).

La nota de El Nacional informa:

“La Asamblea Nacional no está ni ha estado en situación de “desacato”, como lo pretenden quienes usurpan el cargo de magistrado, por cuanto: i.- El desacato es un tipo penal sólo aplicable a personas naturales que incumplan mandamientos de amparo constitucional. En el presente caso además, no existe una sentencia de amparo firme y definitiva dictada por un órgano jurisdiccional legítimo” explica un comunicado del BC.

“Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, cuando venció su periodo presidencial y no ha sido reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva. Reiteramos que el Presidente Interino Juan Guaidó, ha asumido, válidamente, la investidura ejecutiva ante la vacancia constitucional en el cargo de presidente de la República, con fundamento en los artículos 5, 7, 70, 233 y 333 de la Constitución”, expresa el comunicado.

Julio Borges Junyent

Bueno, no. Según acto de la Asamblea Nacional que no ha sido invalidado, el Sr. Nicolás Maduro Moros dejó de ser Presidente de la República el 9 de enero de 2017, cuando el parlamento presidido por Julio Borges Junyent, abogado, declarara que ese ciudadano ¡había abandonado su cargo! De esa tan absurda decisión se desprendía que estábamos ante una falta absoluta del Presidente de la República. Conviene reproducir acá el artículo preciso de la Constitución que regula lo concerniente a tales faltas absolutas del Presidente:

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.

El primero y tercero parágrafos de ese artículo son los pertinentes a este punto. Comoquiera que la “falta absoluta” de Maduro se había producido veinticuatro horas antes de cumplidos los primeros cuatro años del período, hubiera debido haber “nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes” a la declaratoria que presidiera Borges Junyent; pero ni siquiera él se creyó eso, pues dejó de oficiar al Consejo Nacional Electoral para que la organizara. El primer parágrafo lista como causal de falta absoluta “el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional”, pero eso no quiere decir que cuando la AN lo declare entonces hay abandono del cargo, sino que cuando lo haya el órgano que debe certificarlo es el que ejerce el Poder Legislativo Nacional.

Mientras el desvarío del 9 de enero de 2017 se preparaba (precedido de un “juicio político” a Maduro que no está previsto constitucional o legalmente), un abogado leguleyo—Diccionario de la Lengua Española: Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente—me envió insultantes correos (un procedimiento muy profesional) porque supo que me oponía a la monstruosidad, y pretendió asimilar definiciones de nuestro Derecho de Familia respecto del abandono del hogar—que podía alegarse aun cuando el incurso en esa falta siguiera residiendo en la vivienda conyugal—, como si ese derecho especial pudiera trasladarse sin más al Derecho Constitucional.

Entre abogados te veas.

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El TSJ con Nicolás Maduro, por supuesto

El Tribunal Supremo de Justicia no ha declarado que la Asamblea Nacional sea reo del delito de desacato, que como tal ni siquiera es mencionado en nuestro Código Penal. Lo que ha sostenido es que la Asamblea Nacional ha desacatado—participio pasado del verbo desacatar, en la segunda acepción que recoge el Diccionario de la Lengua Española para ese verbo: No acatar una norma, ley, orden, etc.—, al desconocerla, la sentencia de la Sala Electoral que anuló la proclamación de los diputados por el Estado Amazonas, juramentándolos no una sino dos veces bajo la presidencia de Henry Ramos Allup. El 22 de octubre de 2016 se publicó en este blog Prontas elecciones, entrada de la que copio y destaco:

Exijamos (…) a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo [para mandar nueva elección presidencial] tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Esto último hicieron los diputados en cuestión veintitrés días después; el 15 de noviembre de 2016, solicitaron su desincorporación. En lugar de efectuarla, Ramos Allup se limitó a decir: “Hemos tomado nota”; más nada. Al asumir Borges Junyent la Presidencia de la Asamblea en enero de 2017, procedió a desincorporarlos, justo antes de proclamar el abandono del cargo (?) por Maduro. El quisquilloso Tribunal Supremo de Justicia ignoró el procedimiento al sostener que la elección de Borges Junyent como Presidente de la AN era nula, puesto que se había dado mientras ella se encontraba aún en desacato.

También debiera acatarse

Los poderes públicos de la Nación han ignorado una reiterada recomendación del suscrito: la de arribar a un acuerdo entre ellos, sugerido primeramente entre la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. (Ver Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016). Éste se ampliaría a todos los poderes en Del armisticio como programa (11 de mayo de 2017), donde se recomendó acordar entre varias otras cosas:

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

El impasse continúa sin resolverse. (A fines de 2017, dije en dos reuniones a Roberto Picón Herrera, ejecutivo principalísimo de la Mesa de la Unidad Democrática, que la prioridad de la Asamblea Nacional era la de recuperar su eficacia como poder resolviendo el problema del desacato, para que pudiera convocar referendos consultivos. Su respuesta: “Entonces ¿nos vamos a arrodillar?”) En todo caso, al argumentar el Bloque Constitucional que “Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, cuando venció su periodo presidencial”, desestima de un todo el procedimiento de Borges Junyent que declarara el abandono del cargo por Maduro. (R. I. P.)

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Pero el mismo “bloque” sostiene la pretensión—Diccionario de Sinónimos: aspiración, propósito, intención, anhelo, ambición. Ejemplo: Tenía la pretensión de ser presidente—de Juan Guaidó: que él es el Presidente legítimo (“encargado”, “interino”) de Venezuela, ambición que se predica como sustentada en el Artículo 233 de la Constitución, específicamente en su segundo parágrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El “interino”

Para que Guaidó pudiera quitarle el coroto a Maduro en aplicación de esa disposición tendría que admitirse, primero, que Maduro era el Presidente electo—Diccionario de la Lengua Española: adj. Dicho de una persona: Que ha sido elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y aún no ha tomado posesión—, al menos que había sido elegido un Presidente y que se había producido su falta absoluta: su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, su abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, o la revocatoria popular de su mandato. (Que no puede efectuarse, esta última, antes de cumplida la mitad del período).

No hubo falta absoluta del Presidente electo, y ya Maduro tomó posesión para un nuevo período al juramentarse válidamente ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El motivo sobrevenido es claro; la Asamblea Nacional optó por no reconocer en Nicolás Maduro al Presidente electo, negándose a recibir su juramento. Explica el Bloque Constitucional: Maduro no habría sido (según los abogados en bloque) “reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva”. ¿Qué órgano, qué tribunal facultado por la Constitución o las leyes ha establecido tal cosa? El argumento no pasa de ser un alegato no probado. (Diccionario de la Lengua Española: alegato. 1. m. Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo. 2. m. Der. Escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario). Tal cosa no es un dictamen definitivo que emitiera un órgano válido, y no valen acá las opiniones descalificadas de Jair Bolsonaro, Mike Pompeo o John Bolton; no valdría la opinión del papa Francisco, que sobre esto no se ha pronunciado. Un alegato no es una prueba; tampoco lo es una acusación, presunción o sospecha. Toda la fundamentación de la “presidencia” de Juan Guaidó es falaz.

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De los cinco artículos de la Constitución aducidos por el Bloque Constitucional de Venezuela para soportar la pretensión de Guaidó, el otro que sería pertinente es el Art. 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. (Redacción defectuosa; ha debido escribirse “En tales eventualidades…”)

La Constitución no ha dejado de observarse por acto de fuerza desde el 11 de abril de 2002, cuando lo hiciera Pedro Carmona Estanga; no ha habido a partir de esa fecha un golpe de Estado militar, que es a lo que ese artículo se refiere en la primera eventualidad. (El texto de ese artículo es copia de lo que establecía el Art. 250 de la Constitución de 1961, promulgada el 23 de enero de ese año. Para esa fecha, una media docena de intentonas contra el gobierno de Rómulo Betancourt debió ser repelida; Ramón J. Velásquez, su Secretario de la Presidencia, me confió: “Tuvimos que lidiar con conspiraciones todos los meses”).

Tampoco ha sido derogada. (Diccionario de la Lengua Española: derogar. tr. Dejar sin efecto una norma vigente). Se la violado, sí. En mi opinión, la violación más grave la ejecutó la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en principio encargada de protegerla. (Ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008). Pero la Constitución, algo herida, algo averiada, aún vive. Nada puede fundarse todavía sobre su Artículo 333.

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No es la primera vez que alego algo en contra de la opinión de abogados prestigiosos; yo no soy abogado, mucho menos prestigioso. (Ver Lógica anecdótica, 17 de mayo de 2017). A fines de 2002, el prestigioso abogado Oswaldo “Pico” Páez Pumar intentó desprestigiar cosas sostenidas por mí sobre la base de una falacia ad hominem (la más primitiva de las falacias—argumentos inválidos con apariencia de validez—consideradas por la lógica): quiso anular mi argumentación mediante el expediente de calificarme repetidamente con el calificativo de diletante. El Dr. Páez Pumar no me envió el escrito en el que eso hizo, en contra de su práctica habitual de informarme de sus textos; supe de su desleal proceder por tercera persona. Ya en posesión de su alegato, redacté una completa contestación (15 de diciembre de 2002) en la que puse al comienzo:

…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión “diletante”, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: “Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional”. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo.

The defense rests its case. Creo que es una lectura recomendable El problema (30 de agosto de 2017). LEA

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Para descargar esta entrada como archivo en formato .pdf: Entre abogados

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Más usurpador será usted

 

 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Parágrafo segundo del Artículo 233 de la Constitución

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Juan Guaidó ha pretendido usurpar el cargo de Presidente de la República, al decir hoy que ha asumido las funciones del Ejecutivo Nacional. (Cualquier presidente, por cierto, tendría que juramentarse ante la Asamblea Nacional, no ante el “cabildo abierto” al que se dirigía). La Presidencia de la República sólo recae en el Presidente de la Asamblea Nacional en el caso de falta absoluta del Presidente de la República—”la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”—y sólo si tal falta se produce antes de su toma de posesión, la que ya ha ocurrido.

El delirio total. Es una manipulación de las esperanzas de los venezolanos que se basa en la tergiversación de lo dispuesto por la Constitución Nacional, que se funda en la mentira, y el error sólo se corrige con la verdad. Para que se aplicara la disposición de adjudicar la Presidencia de la República al Ing. Guaidó tendría que admitirse que había un Presidente electo cuya falta absoluta habría que cubrir. ¿Quién era ese Presidente electo? ¿Nicolás Maduro o un fantasma? Si se desconoce las elecciones del 20 de mayo de 2018, entonces no había Presidente electo y en consecuencia el supuesto basamento de la presidencia de Guaidó es inexistente.

Por otra parte, la Constitución no estipula en ningún caso gobiernos “de transición” (mucho menos si se trata de una junta “cívico-militar”). Que un gobierno legítimo—su jefe determinado en elecciones constitucionalmente válidas—que suceda a Maduro tenga carácter transicional es una cosa enteramente distinta, determinada por las circunstancias. A menos que cualquier sucesor de Maduro quiera continuar sus políticas, por fuerza de los hechos será transicional, no porque lo disponga así nuestra Carta Magna. Sería imposible pasar del gobierno de Maduro a un gobierno “normal” de una vez, sin solución de continuidad.

 

Artículo 9 de la Constitución Nacional: “El idioma oficial es el castellano”.

 

El usurpador

La usurpación de funciones públicas es un delito, y el Ing. Guaidó ha incurrido en él flagrantemente.

De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. (Artículo 200 de la Constitución).

Acaban de enterarme de un tuit que aparentemente habría originado el periodista Rafael Poleo a las 11:33 a. m.:

En este momento los generales exigen al ministro Padrino que plantee al ex presidente Maduro la necesidad de reconocer los hechos y conforme a la Constitución entregue el palacio de Miraflores.

Nada de lo ocurrido es “conforme a la Constitución”. Antes, un estimado amigo justificó el “gobierno de transición”, que no existe constitucionalmente, de esta manera: “¡¡¡Es que no está en ningún lado!!! Hay que improvisar el guión constitucional”. Así hay ahora miles de venezolanos que desvarían. Hace nada (26 de noviembre de 2018), algún vistoso opinador clamaba al Pueblo para que defendiera la Constitución y al día siguiente proponía una junta cívico-militar de transición imprevista en ella. (???)

La ingeniería de este inusual golpe de Estado cree que basta que Guaidó diga, ante miles de testigos que lo vitorean, que ha asumido la Presidencia de la República para que la cosa sea constitucional y legal, y confía en la importante fracción de ciudadanos venezolanos que quiere salir de Maduro como sea. (Invasión extranjera, presión militar local que le fuerce a renunciar, insurrección abierta y decisiva de militares, asesinato…)

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El jueves de la semana pasada se consultó mi opinión acerca de este tuit: “La crisis de Venezuela es más política que jurídica. Ningún instrumento legal vigente en el país contempla un escenario como el actual; en consecuencia la solución no puede ser literalmente ajustada a la norma, sino a la racionalidad política”.

Así contesté: “Razonar de ese modo lleva a contradicción; se supone que precisamente condenamos en Maduro que desatienda lo jurídico. Desatenderlo nosotros nos convierte en nuestro enemigo”. Quien preguntara insistió: “Pero doctor como dar todo el peso solo a lo jurídico, cuando el TSJ esta compuesto por personas que no califican para ser magistrados y la ANC haciendo leyes, cuando no esta facultada para ello!!!!!!” Esta vez respondí sin que hubiese ulterior reacción:

La ANC puede decidir cosas que no contravengan la Constitución. Art. 249: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la ANC. Entre estas decisiones pueden estar leyes compatibles con la Constitución. Y el asunto no es que en el TSJ o la ANC haya gente de conducta reprobable, sino que nosotros no tengamos conductas reprobables. La maldad de Hitler no excusa la mía. Cerré un artículo en mi blog (Conocimiento y opinión) con estas palabras: “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”. Nuestra autoridad moral para rechazar lo malo desaparece en cuanto nosotros hagamos lo malo.

Mucho opositor quiere emplear medios que condena en Nicolás Maduro. Guerra es guerra, razonan. Pero Barbara Tuchman asentó en The March of Folly:

Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente basada en la convicción de que “la virtud sin el poder”, como había dicho medio siglo antes un orador en el Concilio de Basilea, “sólo sería objeto de burla y que el Papa romano sin el patrimonio de la Iglesia sería un mero esclavo de reyes y príncipes”, que, en resumen, con el fin de ejercer su autoridad, el papado tenía que lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha mostrado a menudo, tiene un corolario: que el proceso de obtener poder emplea medios que degradan o brutalizan a quien los emplea, que despierta para darse cuenta de que aquél ha sido poseído a expensas de la virtud, del propósito moral.

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Lo que no ha hecho Guaidó, como tampoco ninguno de sus predecesores (en la Asamblea Nacional y en la dirigencia opositora), es procurar el pronunciamiento del Pueblo, Poder Supremo del Estado, en referendo que pueda ordenar este desbarajuste. Le basta simular que lo involucra, que procura su participación en cabildos abiertos que no son tales y que exceden su nivel municipal al tramitar cuestiones de nivel nacional que se les arroje.

Sólo el Pueblo tiene el poder de resolver tan confusa y dañina situación de confrontación de poderes públicos, que están obligados por el Art. 136 de la Constitución a colaborar entre sí “a los fines del Estado”. (Ése es un artículo que no se toma en cuenta; es molesto, es inconveniente a los propósitos golpistas).

Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional. (Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

La dirigencia opositora se llena la boca de Pueblo para masticarlo y hacer lo que le dé la gana, así sea enteramente inconstitucional e inmoral. (Aparte de ineficaz). Que gobiernos extranjeros que no conocen nuestro ordenamiento constitucional hayan creído todo lo que les dice esa lamentable dirigencia no convierte sus desaguisados en aciertos. La “comunidad internacional” no tiene vela en este entierro, de exclusiva preocupación nacional. LEA

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Impureza pura

 

Robert Moses, un “político puro”, fotografiado en el East River de Nueva York por Arnold Newman

 

A Fernán Frias Palacios

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Un político puro no es una persona éticamente irreprochable, ni tiene por qué serlo. En efecto, es insuficiente o mezquino juzgar éticamente a un político: hay que juzgarlo políticamente.

Luis Vicente León¿Qué es un político puro?

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Nuevamente me escribe desde Nueva Zelanda el ingeniero Leonardo Durán (Universidad Simón Bolívar), esta vez para participarme que lee ahora The Power Broker, la monumental biografía—1.200 páginas que fueron originalmente 3.000—de Robert Caro sobre su tocayo Robert Moses (1888-1981), una figura poderosísima en Nueva York. La obra mereció un Premio Pulitzer en 1974, y presenta a Moses como un implacable constructor de vías públicas que en un momento dado llegó a acumular doce cargos públicos ejercidos simultáneamente sin que fuera jamás un funcionario electo. Desde tan considerable poder, Moses desarrolló buena parte de Manhattan a partir de la era de la Depresión (1929), destruyó vecindarios enteros en la ciudad de Nueva York cruzándolos con autopistas o puentes (trece en total), e implantó reglas racistas en algunos de sus proyectos obstaculizando, por ejemplo, a excombatientes afroamericanos el acceso a un desarrollo habitacional destinado a veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando recibí la notificación de Durán, ya había leído el domingo pasado un artículo de Luis Vicente León en El Universal y decidido que lo comentaría. Además de lo citado en el epígrafe, lee uno en esa pieza de León:

El político puro es lo contrario de un ideólogo, pero no es sólo un hombre de acción; tampoco es exactamente lo contrario de un intelectual: posee el entusiasmo del intelectual por el conocimiento, pero lo ha invertido por entero en afinar el ingrediente esencial y la primera virtud de su oficio: la intuición histórica. Algunos podrían llamarla también sentido de la realidad, un don transitorio que no se aprende en la universidad ni en los libros y que supone una cierta familiaridad con los hechos relevantes que permiten a ciertos políticos y en ciertos momentos, saber qué encaja con qué, qué puede hacerse en determinadas circunstancias y qué no, qué métodos van a ser útiles en qué situaciones y en qué medida, sin que eso quiera necesariamente decir que sean capaces de explicar cómo lo saben ni incluso qué saben.

León emplea acá el término ideólogo en un sentido suyo, no con los significados reconocidos por el Diccionario de la Lengua Española, el editado por la Real Academia de la Lengua Española:

ideólogo, ga 1. m. y f. Persona creadora de una ideología. 2. m. y f. Persona entregada a una ideología. 3. m. y f. Fil. Persona que profesa la ideología (‖ doctrina que estudia las ideas). ideología De idea y -logía, sobre el modelo del fr. idéologie. 1. f. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 2. f. Fil. Doctrina que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo por objeto el estudio de las ideas.

Para León, ideólogo significa alguien que se ocupa de las ideas o las crea él mismo, un intelectual, lo que considera ocupación contrapuesta a la política. Me he ocupado de este asunto antes. (Ver De héroes y de sabios, en referéndum #26, 17 de junio de 1998). Allí preguntaba en su primera sección:

Existe una antigua leyenda de las tribus germánicas según la cual, al comienzo del mundo, sólo había dos clases de hombres: héroes y sabios. (Dicen que en algunas traducciones se lee justos en lugar de sabios). Según el mito, los héroes se levantaban todas las mañanas dispuestos para la faena: conquistar castillos, derrotar bandidos, rescatar doncellas y matar dragones. Al caer el día cesaba la jornada; y entonces los héroes se dirigían a las cuevas de los sabios, para que éstos les explicaran el significado de sus hazañas, pues no sabían ni por qué ni para qué las emprendían. Lo que la leyenda indica es que desde hace mucho tiempo, en un pueblo bastante distante de nuestra heredad, ya se pensaba que había una gente que se ocupaba de las cosas y otra distinta que se entretenía con los significados de las cosas. No es sólo en Venezuela, pues, que se manifiesta esa bipolaridad entre “hombres de acción” y “hombres de pensamiento”, entre héroes y sabios, entre caciques y brujos. Pero en Venezuela esta tensión se manifiesta con particular crudeza. (…) hace unos años ya en una de las operadoras de PDVSA, nuestro dechado de virtudes gerenciales, un conferencista buscaba una página en blanco en el rotafolio de la junta directiva a la que hablaría en unos instantes. En ese proceso se topó con una página en cuyo centro estaba escrito lo siguiente: “A la industria petrolera no le conviene tener demasiada gente inteligente”. ¿Qué es este prejuicio contra las personas que tienen la tara de intelectualidad? Que se sepa, la Constitución de 1961 sólo inhabilita para el ejercicio de los altos cargos públicos a quienes no son venezolanos por nacimiento, a quienes son demasiado jóvenes, a quienes son religiosos. (Si se comprende las enmiendas, a quienes han sido hallados culpables de delitos contra la cosa pública). No existe indicación alguna, ni en su texto original ni en las dos enmiendas subsiguientes, de la inhabilidad política de los “hombres de pensamiento”. ¿De dónde se saca entonces que éstos no deben mandar?

Escogí para epígrafe de ese trabajo la cuestión planteada el año precedente por Argenis Martínez:

La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones.

………

He aquí el cierre del artículo de Luis Vicente León:

De acuerdo a esta definición del político puro, que ya habrá encrispado a los radicales por su desfachatez ética al plantear que más vale un político que resuelve problemas, entiende los momentos, negocie y solucione conflictos que aquel que se encierra en luchas intestinas, discursos emocionales y amenazas de perro echado que no puede operacionalizar, me gustaría plantear tres cosas relevantes: La primera es que no existe forma de resolver el problema venezolano sin contar con, al menos, un político puro, capaz de enamorar a la población para que confíe en él, aunque su tarea luzca inalcanzable, y que luego sepa convertir esa fuerza en presión de cambio, en tensión para lograr una negociación exitosa, en la que tendrá que sacrificar a veces legalidad, a veces justicia y siempre derechos propios para lograr el objetivo final, que en definitiva será el éxito político por el que deberá ser evaluado. La segunda es que no hay en este momento en Venezuela un político puro que nos permita ser optimistas en cuanto a la posibilidad del cambio en breve, aunque podríamos decir en su defecto que sí existen condiciones para que un actor diferente e inesperado llene ese vacío y se convierta en el fenómeno político necesario. Finalmente, tengo que decir a quienes ya están listos en sus redes para arrancar sus ataques sobre mi falta de escrúpulos en la definición del político necesario, que no me pertenece para nada. Es simplemente la suma textual de las definiciones de José Ortega y Gasset, uno de los más importantes filósofos españoles e Isaiah Berlin, considerado uno de los principales pensadores del siglo XX, referidos ambos por uno de mis escritores favoritos: Javier Cercas en Anatomía de un Instante. Atáquenlos a ellos.

Apartando que la última justificación que emplea—refugiado en Ortega y Gasset o Berlin—es una instancia del argumento de autoridaduna entre las más comunes falacias—razonamientos lógicamente inválidos con apariencia de invalidez—, León sobresimplifica al postular que la oposición única a su político “puro”, a quien sería “insuficiente o mezquino—DRAE: Falto de generosidad y nobleza de espíritu—juzgar éticamente”, es la de alguien “que se encierra en luchas intestinas, discursos emocionales y amenazas de perro echado que no puede operacionalizar”. La bondad no está reñida con la eficacia, ni obliga a luchas intestinas, a discursos emocionales o la incompetencia operativa; creer que ella castra la eficacia política es una simpleza.

…no es nada difícil recabar comprobación empírica de que la bondad es eficaz. La bondad funciona en la práctica. Los expertos en gerencia de personal ya abrazaban, a fines de los años sesenta del siglo pasado, la “Teoría Y”, que se oponía a una “Teoría X” que contemplaba cínicamente las motivaciones de los empleados de las empresas privadas. Sin darse cuenta de lo que hacían, eran, como Federico el Grande, antimaquiavélicos. Habían descubierto que, con mucho, era preferible ser amado que temido. El líder temido, no cabe duda, puede ser muy eficaz; con frecuencia logra sus propósitos. Pero para lograr metas más elevadas es necesario ser líder amado. No se puede convocar a grandes cosas desde el miedo. Es en este sentido práctico, plenamente realista, que Don Pedro Grases, el gran catalán venezolano, afirmaba en su septuagésimo cumpleaños: “La bondad nunca se equivoca”. Para quien había logrado escapar de la muy real y concreta tragedia de la Guerra Civil Española, eso no era poesía, sino constatación práctica. Una política fundada en ese sentimiento, a pesar de su hermosura, es perfectamente posible. (Y muy necesaria). (Reflexión postrimera, 27 de diciembre de 2007).

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La postura de León es frecuentemente compartida. Con ocasión (15 de octubre de 2012) del bautizo de un libro que recogía poemas de su madre, mi querido amigo Fernán Frías me presentó a un importante profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien dijo con intención de elogiarme que yo era probablemente el mejor analista político venezolano. Intenté precisar enmendando su definición: “Analista político no; político”. Fernán reviró de inmediato: “Tú no eres político”, y su sentido del término era el mismo que empleara Luis Vicente León. Así que León está en buena compañía; Fernán Frías es señor de bondad. Reconozco, adicionalmente, que una autoridad mundial en estos temas piensa en líneas parecidas a las del afamado encuestólogo; se trata del profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yehezkel Dror:

La Realpolitik es cosa muy seria. Nos dice Wikipedia: “Realpolitik se refiere a la política o la diplomacia basada primariamente en el poder y en factores y consideraciones prácticas y materiales, antes que en nociones ideológicas o moralistas o premisas éticas”. Guerra es guerra, pues. La justificación implícita de la “política realista” es, en su límite, la siguiente: “A mí me gustaría que las cosas fuesen de otro modo, pero mi oponente, que en la prác­tica es todo aquel que no me está subor­dinado, es una persona a quien debo entender como perpetuamente en procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Es así como estoy moralmente justificado, por autopreservación, para em­plear cualquier medio de ganarle; es así como estoy moralmente obligado a ganar. Lo único inmoral es no ganar”. (Preámbulo de Dictamen, 21 de junio de 1986). La última frase me fue dicha varias veces, a modo de regaño, por un dirigente copeyano durante la campaña de Rafael Caldera en 1983. Luego de explicar a sus alumnos los principios de la Democracia Cristiana, los profesores del IFEDEC acostumbraban advertirles (me lo confió quien fuera su Director General a comienzos de los noventa): “Pero en política hay que sacar sangre”. La Realpolitik nos enseña que otra cosa es chuparse el dedo. Por eso, un candidato presidencial de COPEI estableció en su momento un laboratorio de guerra sucia que, entre otras cosas, elaboró para fines non sanctos una lista de homosexuales en Acción Democrática. Hasta quienes dicen regirse por una “ética política”—uno de los “principios para la acción” enumerados por Enrique Pérez Olivares en sus Principios de la Democracia Cristiana—han adoptado esa práctica. Ese modo de entender la política no es invento venezolano. En todo el planeta se admite la guerra sucia, se la justifica. En 2008, recibí del amigo y mentor Yehezkel Dror su estupendo trabajo The New Ruler: Leadership for the 21st Century. Leí con agrado su recomendación de sustituir la raison d’État por la raison d’humanité, pero debo admitir que me chocó leer su décimo cuarto consejo práctico a los “nuevos gobernantes”: “Para todo lo que hagas, por más válido que sea en sí mismo, necesitas mucho poder. Inevitablemente, tendrás que usar estratagemas que pueden ser inmorales. Úsalas con moderación y pon cuidado extra para no permitir que envenenen tu mente”. (Presunción de inocencia, 14 de septiembre de 2012).

Claro, no es típica la definición de político como resolvedor de problemas públicos sujeto a un código de ética profesional; la más empleada entiende por político a alguien que lucha por el poder. Admitiendo que practico con fruición el pecado capital de intelectualidad y que me sujeto a normas éticas que nunca he desatendido ¿ha impedido eso mi eficacia? No pareciera, a juzgar por mis logros profesionales en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, el grupo de empresas de Corimón, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas o el periódico La Columna de Maracaibo, al que conduje al Premio Nacional de Periodismo a sólo nueve meses de su reaparición y al primer lugar de circulación metropolitana en seis.

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Me rebelo ante la dicotomía postulada por Luis Vicente León; no se necesita la inmoralidad para ser político eficaz, y ser un intelectual no es óbice de lo mismo. Admitir lo que él postula es acoger el error, y éste sólo se supera con la verdad, no con otra equivocación. Si alguna profesión debe ejercerse con bondad es la política—ver El político virtuoso, 18 de octubre de 2007—, puesto que la visibilidad de los dirigentes políticos les convierte en modelos de conducta:

Cualquier cosa positiva que Chávez haya podido traer a su pueblo es anulada por esta permanente modelación de la violencia, por cuanto aquí el daño que infiere es a lo psíquico de nuestra sociedad. No hay, pues, nada que pueda salvar a las administraciones de Chávez en el registro de la historia, y esto debe ser explicado a sus partidarios en nuestra ciudadanía. Uno pudiera invitarles a que hicieran una lista de los aciertos de Chávez, pues por más larga que fuese sería reducida a la insignificancia al cotejarla con su perenne modelación de la violencia y la agresión, que deja cicatrices en el espíritu de la Nación. ¿Cómo puede disminuir la delincuencia en un país cuyo presidente la modela, exacerbando el azote que lacera por igual a sus partidarios y sus opositores? ¿Qué asaltante no se sentirá “dignificado” por la conducta presidencial, cuya agresividad y cuyo desprecio por la propiedad puede tomar por modelos? (Nocivo para la salud (mental), 5 de julio de 2007).

Así que procuraré siempre encontrar la verdad y decirla, a pesar de que Terencio afirmara en su comedia Andria (166 a. C.): “La verdad engendra odio”, y que Oscar Wilde asentara en La esfinge sin secreto (1894): “Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad”. En algún día de octubre de 2015 señalé a un dirigente de Voluntad Popular que Luis Florido había faltado a la verdad el 20 de septiembre de 2014, al afirmar públicamente—lo que recogió la página web de su partido—que había sido “activado el Poder Constituyente” en acto en “un céntrico hotel de Barquisimeto” al que asistieron tal vez tres centenares de personas. Aquel dirigente excusó la cosa reponiendo: “Bueno, pero eso es una frase política”, como si tal cosa autorizara la falsedad manipuladora, como si eso convirtiera a Florido en “un político puro”.

Pero rescato del lamentable artículo de León esta idea: “…no hay en este momento en Venezuela un político puro que nos permita ser optimistas en cuanto a la posibilidad del cambio en breve, aunque podríamos decir en su defecto que sí existen condiciones para que un actor diferente e inesperado llene ese vacío y se convierta en el fenómeno político necesario”. Por ahí viene, creo. LEA

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El bodrio de ANCO

 

Ofrenda navideña de ANCO

 

bodrio De brodio, y este del germ. *brod ‘caldo’. 1. m. Caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos. 2. m. Guiso mal aderezado. 3. m. Sangre de cerdo mezclada con cebolla para embutir morcillas. 4. m. coloq. Cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto. Esa película es un bodrio.

Diccionario de la Lengua Española

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No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

La salida – 21 de febrero de 2014

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Hace cuatro días, la Alianza Nacional Constituyente “Originaria” (ANCO) ofreció al país un grandilocuente (y mal escrito) comunicado que cierra con una cita en carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander:

En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.

Ya ese cierre permite un juicio sumario del documento de ANCO, pero primero cabe observar lo siguiente: en mensaje electrónico mío, por supuesto menos importante que aquella carta, enviado a alguien más importante que yo el 29 de mayo de este año, expuse:

La Alianza Nacional Constituyente se ha rebautizado a sí misma: ahora quiere ser conocida como Alianza Nacional Constituyente Originaria. Para esa asociación existen “constituyentes originarias”, pero esa creencia es un error de gran bulto, que ya señalé a Blanca Rosa Mármol en visita que me hiciera en compañía de su esposo el 20 de diciembre de 2016. No existen asambleas constituyentes “originarias”; lo único originario es el Pueblo, como le expliqué paciente y abundantemente sin que ella atinara a refutar mi argumentación. Poco después decidí escribir Proyectos anti Maduro (29 de diciembre de 2016), “la exposición y comentario crítico de 15 proposiciones para la cesantía anticipada del presidente Nicolás Maduro”. En esa ocasión, ofrecí tal comentario crítico como documento descargable en formato .pdf, pero el 18 de enero de 2017 transcribí su largo recuento en Licitación Abajo Maduro, donde reproducía parte de comunicación mía a Felipe Pérez Martí (preservando su nombre en reserva) de diciembre de 2016, unos días antes de la visita de Blanca Rosa: “Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario”.

Es convicción errónea de ANCO que una constituyente “originaria” es la convocada por iniciativa popular, contemplada en el Art. 348 de la Constitución: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”.

Tal como se evidencia del artículo citado, no hay diferencia alguna entre una constituyente convocada por el Presidente de la República y otra que se convoque por iniciativa popular. Creer que la que se derive de esta última es una constituyente “originaria” es una crasa equivocación, una lectura falsa e interesada. (Por cierto, la exmagistrada Mármol opinó que era inválida la convocatoria hecha por Maduro no porque dejara de provenir de un referendo previo—lo que la Constitución no exige para nada—, que fue la tesis de Brewer Carías expuesta el mismo 1º de mayo de 2017 a CNN, acogida por la MUD y luego, lamentablemente, por la CEV, vendida a buena parte de la comunidad internacional en inauguración del adjetivo “fraudulento” y el adverbio “fraudulentamente”, sino porque Maduro era ¡un presidente de facto! dado que la Asamblea Nacional había decretado (delirantemente) su abandono del cargo.

Lo sumario es esto: Bolívar habla de “devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social”. ANCO se suma a quienes ignoran la proposición reiterada de convocar al Pueblo, el Poder Supremo del Estado (como Bolívar parecía tener claro), para que se pronuncie en referendo y decida los asuntos cruciales de esta hora. Para los directivos de esa “alianza”, son ellos—una vez electos diputados constituyentes—quienes deben decidir, no el Pueblo.

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En su comunicado, la proposición de ANCO se contrae a lo siguiente:

…solicitamos al Legitimo TSJ la designación en el momento que corresponda a los mejores intereses de la Nación, de una JUNTA  DE UNIDAD NACIONAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA, con poderes amplios y suficientes para arbitrar, ejecutar y lograr un proceso de recuperación de las libertades y la democracia en Venezuela. Dicha Junta debe estar integrada por destacados ciudadanos de meritoria trayectoria profesional provenientes de la Sociedad Civil, Instituciones Universitarias, Academias, Iglesias, Gremiales, Asamblea Nacional, Militares en situación de retiro, dispuestos a prestar este honroso servicio a la Nación.

Por supuesto, ese “Legítimo TSJ” fue formado por la Asamblea Nacional en desconocimiento de la imprescindible participación (Constitución Nacional, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) del Poder Ciudadano en su nombramiento. Por lo contrario, es radicalmente ilegítimo, es claramente fraudulento. Más aún, la junta propuesta por ANCO es enteramente anticonstitucional, a pesar de lo cual los proponentes caracterizan al gobierno presidido por Nicolás Maduro, para desconocerlo, como violatorio de la Constitución. No es esa junta que la Constitución ignora quien puede convocar al pueblo a referendo.

Para que esté claro: más adelante, el comunicado detalla que ella “se aboque de inmediato a organizar y convocar a la Soberanía Popular con apoyo de la Comunidad Internacional, para que en ejercicio del Principio de Autodeterminación de los Pueblos acuda a una Gran Consulta Popular, a nivel nacional y el exterior, sin el CNE, art.70 constitucional, para definir el proceso de cambio estructural para la refundación de  la República y reinstitucionalización del país”. Si se censura en el gobierno la violación de la Constitución, ésta sólo establece que quienes pueden convocar a un referendo son el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por mayoría simple y un 10% de los electores venezolanos. Así reza el Artículo 71 de la Constitución, que para nada menciona una “junta de unidad”, y la “comunidad internacional” no tiene vela en ese entierro. Sí la tiene, naturalmente, el Consejo Nacional Electoral del que ANCO quiere prescindir; a pesar de la redacción del Artículo 70—”Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas…—, una consulta popular no es otra cosa que el referendo especificado en el siguiente artículo, y corresponde al CNE “La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”. (Artículo 293, Numeral 5). Dicho sea de paso: “El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad”. (En Wikipedia, énfasis de este blog). Es decir, al invitar ANCO a la tal “comunidad internacional” contradice el principio de autodeterminación de los pueblos, que se define esencialmente como determinación nacional sin injerencias externas.

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Con una pobreza argumental inexplicable, el comunicado de marras resucita la especie, jamás probada—es principio universal de Derecho Penal que la carga de la prueba recae en quien acusa—, de que el Sr. Maduro posee una doble nacionalidad. La Registraduría Nacional de Colombia ofició a nuestra Asamblea Nacional, a mediados de 2016, certificando que Maduro no aparece en sus registros como nacional colombiano, luego de que ella misma certificara antes, como fraudulentamente forjada, una “partida de nacimiento” que presentara el exembajador ante la OEA por Panamá, Guillermo Cochez:

El exembajador de Panamá—¡qué casualidad!—ante la OEA, Guillermo Cochez, presentó a la cadena colombiana NTN24—¡qué casualidad!—una presunta partida de nacimiento del presidente Maduro y declaró irresponsablemente: “Maduro nació en Cúcuta el 22 de noviembre de 1961 y no en Caracas”. Poco después, la Registraduría de Colombia investigó el documento presentado por Cochez y llegó a la conclusión de que era falso, según informó Carlos Alberto Arias, Director Nacional de Identificación, quien señaló varias inconsistencias e irregularidades en la “prueba” de Cochez. (Disección de una “mancheta” necia).

Con igual pobreza aduce ANCO que Maduro ya no está en ejercicio de su cargo presidencial, desde que la AN presidida por Julio Borges declarara el 9 de enero de 2017 su falta absoluta ¡por abandono del cargo! En Licitación Abajo Maduro (18 de enero de 2017):

Sobre este extravío apuntaba el 1º de noviembre la web de la BBC de Londres:

Aunque los diputados opositores hablan de un “juicio político” al presidente, esa figura como tal no existe en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde el parlamento destituyó en agosto a la presidenta Dilma Rousseff. (…) Algunos expertos tampoco creen que sea una figura correcta ni que vaya a tener algún efecto. “Yo creo que el abandono del cargo no procede”, afirma a BBC Mundo el profesor de Derecho Constitucional Pedro Afonso del Pino. “El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo“, asegura Del Pino.

Más adelanto puso:

Según el cronograma previo al proceso de diálogo entre gobierno y oposición iniciado este domingo, la idea de los líderes opositores era entregar este jueves a Maduro, al menos simbólicamente, la notificación de “abandono del cargo” en la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores. Ahora, sin embargo, tras el inicio del diálogo con la mediación del Vaticano, la decisión sobre el abandono del cargo se aplazó y también quedó suspendida la manifestación que su destino final será Miraflores. Y si finalmente se aprueba, es posible que el TSJ invalide el documento.

Se trata de un caso más de holgazanería política.

La ritual alusión al Artículo 333 de la Constitución—Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella—escamotea que la primera oración se refiere a un golpe de Estado (y Maduro no ejerce la Presidencia de la República por uno), así como deja de reconocer que si ha habido más de una violación de la Constitución, por el propio Tribunal Supremo de Justicia en 2008 (ver Violación denunciada) o en el caso del nombramiento del ilegítimo TSJ en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes—ver A un corresponsal no identificado, 5 de junio de 2018—, nunca ha sido derogada. (derogar Del lat. derogāre. 1. tr. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española).

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En síntesis, no se ha probado la doble nacionalidad de Nicolás Maduro, éste no ha abandonado su cargo, el TSJ en el exilio no es “legítimo” y la propia Alianza Nacional Constituyente “Originaria” no es esto último porque no existen constituyentes originarias. La que actualmente opera fue convocada legítimamente por el Presidente en Consejo de Ministros (Artículo 348), y en virtud del segundo parágrafo del constitucional  Artículo 349—”Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”—decidió ordenar elecciones presidenciales que el Consejo Nacional Electoral convocó y organizó para el 20 de mayo de 2018* sin contravenir la Constitución, la que no especifica fecha para la celebración de las mismas.

¿El comunicado de ANCO? Un verdadero bodrio. LEA

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*Nelson Bocaranda anticipó—Runrún de alerta—inminentes procesos electorales en octubre de 2017: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?)” La dirigencia opositora no hizo caso de su advertencia.

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¡Qué vaina con Ugalde!

 

Ugalde en mala compañía, un mes y seis días antes del Carmonazo

 

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro.  (…) El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. (…) La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración.

Las élites culposas

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Creo que fue el mismo 13 de junio, el miércoles de la semana pasada, cuando leí las primeras líneas de un artículo de Luis Ugalde S. J. con fecha de ese día. Su prometedor título era La enfermedad, el remedio y la ruta. No completé la lectura; bastó que viera su comienzo para percatarme de que quien propusiera como solución a nuestros males encontrar “un Larrazábal II”—Fundación Espacio Abierto, 10 de diciembre de 2016—desvariaba de nuevo. Pero el sábado me envió alguien ese mismo texto en correo electrónico con el siguiente título: “Hablar claro y actuar en consecuencia, ya” y, dos horas después, otra persona me preguntó por WhatsApp si “por casualidad” había comentado en mi programa #302 “el último [artículo] de tu colega de curso Luis”. Este último amigo sabe que Ugalde y yo estudiamos juntos entre 1962 y 1964:

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1963-1964) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas en época de una “teología” de la liberación. (Las élites culposas, mayo 2012).

Algo de esa cojera de la pata izquierda ha debido quedar para los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, en quien Ugalde reconocía públicamente su preocupación por las necesidades del Pueblo, y a quien recomendaba darle el beneficio de la duda. Tan tarde como el 23 de junio de 2016, escribía: “Cuando Chávez apenas se estaba estrenando en la Presidencia me dijo con franqueza ‘yo no creo en los partidos políticos, ni siquiera en el mío, yo creo en los militares que es donde yo me formé’. Cuando reinan las armas, la soberanía no está en el pueblo sino en quien tiene el fusil. Es la muerte de la política. Sin embargo, Chávez significó para muchos venezolanos el resurgir de la política, que estaba moribunda por los partidos, gastados por la rutina y la corrupción e insensibles ante la creciente pobreza”. (Elogio de la política).

De modo que la convergencia, casi simultánea, de dos referencias a la última de las piezas ugaldinas logró preocuparme y me indujo a leerla completa. Ayer, Día del Padre, el servicio de noticias de Costa del Sol FM no se limitó a reproducirla; también publicó una entrevista al cura sobre su temática. No puede haber duda de que ese artículo ha causado impacto, el suficiente para recuperar el papel de primer eclesiástico contestatario que otro jesuita de apellido perfecto, Francisco Virtuoso, le ha disputado. (Éste aseguraba hace menos de un mes—22 de mayo—que la Constitución especifica que la elección de Presidente de la República debe efectuarse en los últimos meses del año— “Cuando se habla de solicitar elecciones en el último trimestre del año es porque es lo que está consagrado en la Constitución”—, en eco de idéntico error de la directiva de AVERU: “La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita que las elecciones se hagan cuando están planteadas constitucionalmente”, dijo Cecilia García Arocha el 10 de mayo. La Constitución no prescribe nada de eso).

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El nuevo y publicitado texto de Ugalde incluye más de una afirmación tajante no probada; por ejemplo: “Maduro el 20 de mayo no fue elegido democráticamente, sino que impuso dictatorialmente una votación para continuar hasta el 2025”. Fue elegido democráticamente, en medio de la abstención más alta—prácticamente 54%—que se registre para una elección presidencial en Venezuela. La abstención, por supuesto, favoreció la candidatura de Maduro, y fue predicada por la mayoría de los partidos opositores. Siempre ha convenido al gobierno socialista la abstención opositora (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1º de enero de 2012). Algunos voceros, como los ya mencionados Francisco Virtuoso y Cecilia García Arocha, argumentaron equivocadamente que la fecha desusadamente temprana violaba disposiciones constitucionales, pero eso había sido advertido por Nelson Bocaranda (Runrún de alerta) con suficiente tiempo—octubre de 2017—sin que se le hiciera caso: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione”.

No podía prescindir Ugalde del epíteto, más bien muletilla, de moda: fraudulento. (Opositor que se precie y no acuse todo lo que hace el gobierno de “fraudulento” no está en nada, como decíamos en los años sesenta). Así escribió en su párrafo introductorio: “la fraudulenta votación del 20M”. Allí mismo esgrime con pretendida originalidad algo de lo que hasta ahora no se había acusado a Maduro: “Maduro está deslegitimado por su desempeño (violación sistemática del art. 2 de la Constitución)”. Este artículo dice:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

El sujeto actor de esa declaración constitucional es la Nación como un todo, no el Presidente de la República; la “originalidad” de Ugalde es a este respecto meramente retórica. Tampoco podía faltar el consabido apoyo en el Artículo 333 de la Constitución: “Frente a la tiranía, todos, civiles y militares, estamos obligados (art. 333) a actuar para restablecer la Constitución y los derechos humanos”. Así reza el socorrido artículo:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución, y se habla de ella como un todo en ese artículo, no ha sido derogada—derogar. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española—y tampoco ha dejado de observarse por acto de fuerza (en el sentido e intención del artículo, típicamente un golpe de Estado militar). El artículo invocado, por otra parte, no menciona derechos humanos.

Pero vamos de una vez a lo que es programático en el ya famoso texto; Ugalde propone estos pasos:

La ruta más razonable y democrática hacia la que todos unidos debemos empujar nacional e internacionalmente es:

A- Renuncia de Maduro y su gobierno, con salida negociada.

B- Gobierno de transición presidido por el Presidente de la legítima AN.

C- Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial-trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica-social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres no la habrá para nadie.

D- Restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exiliados y perseguidos. Habilitación de políticos y partidos arbitrariamente inhabilitados. Restauración de la plena libertad de expresión y de comunicación.

E- Eliminación de la dictatorial Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo CNE.

F- Preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente; que seguramente solo será posible dentro de nueve meses o más.

Obviamente, la renuncia presidencial es en este caso potestad exclusiva y personal de Nicolás Maduro. Pero un “gobierno de transición” y una “junta de gobierno civil con participación militar” son elementos claramente anticonstitucionales. Es irónicamente absurdo que, quien acusa a Maduro de “violación sistemática del art. 2 de la Constitución”, proponga con la mayor frescura actuaciones evidentemente violatorias de ella. (En La marcha de la insensatez, Barbara Tuchman citó, resaltando su absurdidad,  las palabras de un mayor del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam: “Se hace necesario destruir el pueblo con el fin de salvarlo”. Luego comenta: “su frase parecía simbolizar el uso del poder destructor americano para destruir el objeto de su protección para preservarlo del comunismo”). Ugalde estipula que se viole olímpicamente la Constitución para restituirla.

Y es que, además, el récipe ugaldino no tiene nada de original; con trece años de anticipación propuso Alejandro Peña Esclusa una iniciativa prácticamente idéntica, cuando intentó vender su táctica de “guarimbas”. (Para indignación de Robert Alonso, que aseguraba ser el verdadero inventor).

Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Las proposiciones de Ugalde no tienen asidero constitucional alguno; aun reconociendo su derecho a formularlas, puede decirse verdaderamente de ellas que son fraudulentas al presentarlas como una defensa de la Constitución. No lo son; al contrario, son enteramente anticonstitucionales.

Quizás no deba sorprendernos esta más reciente postura de quien nos animara a encontrar en 2016, como ya se observó, un “Larrazábal II” y, ante el referendo sobre las reformas constitucionales de 2007, el mismo que argumentara que abstenerse era equivalente a votar en contra:

Políticamente no hubo “día después” opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el “socialismo” de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. (Luis Ugalde: El día después, desmontado en Glosa de pupitre , 1º de noviembre de 2007).

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Como en otras proposiciones ventiladas por opinadores de oposición como Ugalde o elevadas por partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, el Pueblo brilla por su ausencia. Ugalde cierra su artículo de este modo: “Seguramente otros tienen propuestas y rutas mejores, pero no existen mientras no se presenten públicamente. Sirva esta de provocación para la discusión y acción”.

Bueno, este blog es principalmente un repositorio público de un buen número de diagnósticos, pronósticos y tratamientos; es decir, de “propuestas y rutas”. Tal vez Ugalde no lo visite con frecuencia, tal vez nunca, pero si requiriese refuerzo para reivindicar ese carácter público que el cura exige, sí existe el muy público programa Dr. Político en RCR. Para facilitarle la tarea de enterarse, acá pongo unos pocos enlaces enteramente públicos:

Parada de trote (23 de julio de 2009), la primera proposición de un referendo sobre el socialismo. (Retomada en la emisión #17 de Dr. Político en RCR el 3 de noviembre de 2012).

Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016), una explícita proposición de acuerdo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales,—en lugar del asimétrico e ineficaz “diálogo” de gobierno y oposición—apoyada en el Artículo 136 de la Constitución, que manda la cooperación de los poderes públicos “en la realización de los fines del Estado”. (Explicada el 30 de abril de 2016 en el programa #194 de Dr. Político en RCR).

Prontas elecciones (22 de octubre de 2016) donde se propuso un referendo para adelantar elecciones presidenciales. (Ese mismo día en Dr. Político en RCR #219).

Manda Su Majestad (17 de diciembre de 2016), con un Acta de Abolición y Estatuto de Transición dictados directamente por el Pueblo. (De nuevo, ese mismo día se presentó en el programa #227 de Dr. Político en RCR).

Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017), donde se dijo: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio”. (Tesis recogida al día siguiente en la transmisión #261 de Dr. Político en RCR). Sólo el poder supraconstitucional del Pueblo puede disolver la constituyente actualmente en funciones, cuyo origen no es “fraudulento”. Ningún gobierno “de transición”, ninguna junta “cívico-militar” pueden hacer eso válidamente, menos si imitaran la técnica dictatorial de Pedro Carmona.

Todas esas “propuestas y rutas” se fundan en la convocatoria del Pueblo como actor capaz y únicamente idóneo de decidir materias que Ugalde propugna que emerjan de la connivencia de algunos militares y civiles: “Es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”. Apartando la reciente preferencia ugaldina por metáforas médicas—ver El sabio récipe del Dr. Ugalde, 25 de junio de 2015—y la vistosa exageración retórica—los rusos, los polacos, los checos, los alemanes orientales, los húngaros no se quedaron “sin país” al cabo de dominaciones mucho más duras que la actuante ahora en Venezuela—, eso de “civiles y militares” suena a conspiración, pues no parece que los civiles de su fórmula sean los 20 millones de ciudadanos del registro electoral y los militares la totalidad del alistamiento nacional; no es en conciliábulos de esa naturaleza donde puede construirse la necesaria salida. Por ejemplo, en Manda Su Majestad se reprodujo, adaptada a Maduro, una resolución popular propuesta inicialmente para el caso de Hugo Chávez el 25 de febrero de 2002, ocho días antes de que Ugalde levantara las manos de Carmona y Ortega en La Esmeralda. Ella dice:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Una orden expresa del Pueblo es lo único que puede mandar un papel para los militares. El 3 de agosto del año pasado, dejé en este blog (Prerrogativa del Poder Supraconstitucional) esta constancia pública:

Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”. Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco ha creído nunca en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir. Bueno, al menos públicamente y, según Ugalde, si se piensa en el Pueblo decisor en privado tal pensamiento no existe.

“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional” (5 de febrero de 2003).

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El sábado pasado, 16 de junio, torné a plantear públicamente, en el programa #302 de Dr. Político en RCR, la conveniencia de una “licitación política” nacional (no de oposición) que pueda establecer, por preferencia del Pueblo, qué debe hacerse con el Estado venezolano. En esa ocasión, mencioné al Frente “Amplio”, la AVERU y, de pasada, a los jesuitas Ugalde y Virtuoso como actores que pudieran promoverla. Vale.

LEA

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