Cruce de correos recentísimo

 

Con fecha de hoy

 

Por fortuna, recibo de cuando en cuando estímulos y acicates a mi labor de político general (como en Medicina General); me alegró la mañana un correo que transcribo (sin comprometer la identidad del remitente), seguido de mi larga contestación.

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Buen día amigo Luis Enrique,
He leído con atención su artículo “Lógica anecdótica“, y veo que lo acontecido en la actualidad refleja el mismo egoísmo de las élites políticas de nuestro país que nos ha llevado a la tribulación que hoy vivimos.
De lo expuesto por usted en su extensa y bien argumentada obra escrita, así como en su programa radial, he podido evidenciar la cualidad asertiva y casi profética de sus análisis. Por lo tanto no encuentro una explicación racional a la ignorancia de personas y grupos de poder a sus claros, lógicos y bien sustentados planteamientos.
Como usted bien dice, si alguien difiere de su posición, debe argumentar al respecto y no recurrir a lo falaz.
En cuanto al derecho se refiere, considero que éste requiere de un alto porcentaje de sentido común, cosa que pareciera que le falta a muchos opinadores de oficio.
Disculpe mi intromisión, pero me indigna que usted sea atacado de esa manera cuando su aporte a la Política ha sido verdaderamente importante.
Gracias por su aporte,

NN

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Muchas gracias, Don NN, por sus generosas palabras de aprobación y solidaridad. Permita que le copie de mi correo del pasado 12 de marzo a un corresponsal que planteara algo muy similar a lo que Ud. observa, y me requería sobre un anuncio en mi programa (“En un programa reciente, pero cuya fecha no recuerdo, usted mencionó que iba a preparar un plan o propuesta o dictamen para la recuperación social y económica del país”):

El problema no es sólo venezolano; en el campo de la investigación y el desarrollo existe desde hace tiempo la expresión not invented here para referirse a la resistencia a adoptar alguna idea ajena. En mi caso debe tomarse en cuenta mi larga crítica a los actores políticos convencionales (desde febrero de 1985). Consciente de este problema, el año pasado allegué una proposición a la dirigencia de la Asamblea por personas interpuestas (una de ellas Blanca Rosa Mármol), rogándoles que ni me mencionaran siquiera. En Hallado lobo estepario en el trópico (mayo de 2011), me referí a otra de las raíces:

A mí me pasa que no puedo callar ante el error político; me tomo muy en serio la responsabilidad profesional con la que ese arte debe ser practicado. No puedo romper la solidez de mi compromiso con la verdad. Soy médico político; no puedo decirle al paciente nacional, que sufre del mal oncológico del chavismo, que tiene catarro, ni diagnosticar la insuficiencia política de sus opositores burocratizados como mera y pasajera indigestión. Al mismo tiempo, comprendo los problemas que suscito entre quienes entienden el oficio de otro modo: una lucha por el poder con la coartada de una ideología. No respondo a ideología ninguna, pues creo que todas son formas obsoletas, pre-científicas de hacer una medicina política que debe ser clínica.

Creo mi obligación componer una aproximación terapéutica a lo que sería el programa de una nueva administración. Algunas de sus líneas fueron expuestas a modo preliminar en Recurso de Amparo (14 de julio de 2015). Igualmente, someto ese compromiso personal con arreglo a la introducción de mi primer acto de política clínica (Dictamen, junio de 1986):

Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar  aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente “lo vieron primero”. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vocifere, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad.

Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad.

Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo. Por esta razón este dictamen se ofrece en la justa dimensión indicada por su nombre. Es lo que yo propondría en la junta política que tuviera que atender la salud de la Nación en la presente circunstancia. Lo ofrezco en el espíritu con el que deben emitirse los dictámenes: a la vez con la fuerza del mejor tratamiento que uno sabe proponer y con la conciencia de su imperfección, deliberadamente abierto y vulnerable ante la refutación. A fin de cuentas aún lo que propone el hombre más seguro no pasa de ser una mera conjetura. (…) Este dictamen podría ser mucho mejor, como dije, en más de un aspecto. Su tesitura es más cualitativa que cuantitativa. Lo cuantitativo lo empleo aquí más como herramienta didáctica que como explicación substancial. Esto no significa que no haya hecho una verificación cuantitativa de lo que expongo, y en cambio significa que deberé apoyarlo en una versión más completa con una mayor participación de datos numéricos. Por supuesto, una buena parte de la verificación crítica y del intento de refutar lo que acá digo debe fundarse justamente en la indagación estadística, en los exámenes de laboratorio que puedan confirmar o refutar el diagnóstico o también indicar la factibilidad o inconveniencia de algún tratamiento sugerido. Insisto de nuevo en esto: aún el éxito de este dictamen ante un escrutinio despiadado no será demostración de su corrección abstracta. Recordemos a Bertrand Russell prologando el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein: “Como alguien que posee una larga experiencia en las dificultades de la lógica y en lo engañoso de teorías que parecen irrefutables, me hallo incapaz de estar seguro de la corrección de una teoría, meramente sobre la base de que no pueda ver algún punto en que esté errada.”

Pero si en el reino de la lógica y de la matemática pareciera haber todo el tiempo del mundo para refinar y verificar, ante un caso clínicamente crítico es preciso elegir un tratamiento con prontitud. Y esto, como dije, no puede hacerse sensatamente sin la contrastación. Fuera de la metáfora médica puede asemejarse esta necesidad a la de una licitación política. El país está convocando a una licitación. Uslar dice: “El país está deseoso de que se le señale un rumbo.” Aquí me atrevo, después de mucho escrúpulo, a proponer uno. Invito a mis colegas en la preocupación por el diseño societal a que propongan otros, para que veamos cuál resuelve la mayor cantidad de problemas, los problemas más importantes, al menor costo relativo. Invito especialmente a todos aquellos venezolanos que han supuesto que dirigirían correctamente al país desde sus más poderosas magistraturas a que participen de esta licitación política a la que Venezuela ha convocado. Esta es una hora de inquietud legítima y de ansia de poder en muchos venezolanos, en líderes establecidos y en líderes por establecerse. Jamás como ahora la época de la democracia venezolana ha suscitado  la emergencia de tantas personas prestas a blandir el timón de nuestra nave republicana. Olavarría, Fernández, Pérez, Canache Mata, Morales Bello, Caldera, Chirinos, Quirós Corradi, Muñoz, Piñerúa Ordaz, Alvarez Paz, Granier, Leandro Mora, Peñalver, Matos Azócar, Aguilar, Cardozo, Mayz Vallenilla, Otero Castillo, Urbaneja, Ferrer, se cuentan entre los que han sentido alguna vez la focalización de su vocación pública en un deseo de poder. Son voces, entre muchas otras, que opinan sobre el país y su destino. Todas ellas debieran participar en la licitación. Están particularmente obligados los que piensan luchar por la máxima conducción en Venezuela. Están obligados a ofrecer, más que su poder, cualquiera que sea el que tengan, su propio dictamen.

Finalmente, ya no me preocupo por la respuesta de la Asamblea Nacional o la Mesa de la Unidad Democrática. En su biografía de Sigmund Freud (Pasiones del Espíritu), Irving Stone lo pone a decirle a su esposa:  “Creo que mis servicios y obligaciones para con un paciente se han completado una vez que he revelado el significado escondido y secreto de sus síntomas. La cura reside en ese mismo acto. Realmente no es mi responsabilidad si acepta mi diagnóstico o no, aunque por supuesto no habrá cura a menos que lo acepte. Por tanto, para mí es urgente que ella crea en mi solución y trabaje fielmente con mis indicaciones. Si los dolores son la culpa de Emma obviamente no soy yo el culpable; por tanto, ella ha fracasado en su propia cura y no soy responsable de ninguna parte del fracaso”. Como dije a una oyente de mi programa, los médicos no persiguen a los pacientes; son éstos quienes les buscan, y en De héroes y de sabios (junio de 1998) ya anticipaba: “Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como ‘brujos de la tribu’ que como ‘brujos del cacique’. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los jefes se resistan a aceptar sus recomendaciones. Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate”.

Dicho de otro modo: dejo a la tribu el problema de la atención de la Asamblea Nacional a los tratamientos que proponga.

En efecto, Don NN, pongo a disposición de mi país el trabajo profesional de 34 años desde un punto de vista clínico (que me ha permitido desarrollar un paradigma distinto del de una mera lucha por el poder), una trayectoria ejecutiva comprobablemente exitosa y, lo que Tocqueville consideró un elemento esencial al “verdadero arte del Estado”, la capacidad para predecir el futuro; esto es, visión. Mi promedio de bateo predictivo es alto. Por último, un código de ética que compuse y juré públicamente cumplir en septiembre de 1995 y del que nunca me he apartado (aun antes de su redacción). Copio sus estipulaciones segunda, quinta y sexta:

Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.

En 1985 expuse (Tiempo de incongruencia):

Ese nuevo actor político, pues, requiere una valentía diferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra.

Por lo que respecta al Derecho, se trata de una disciplina para la que son esenciales el correcto discurrir lógico y, en nuestro caso, un buen uso del castellano, En cuanto a las resistencias, ya Terencio advirtió en el siglo I de nuestra era: La verdad engendra odio. En un plano puramente psicológico, Theodore Meynert consolaba a Freud: “El adversario que más te combate es el que está más convencido de que tienes razón”.

Vuelvo al comienzo; no es sólo aquí donde observamos las conductas políticas disfuncionales que Ud. reprueba con razón; ellas existen en toda otra latitud. Son lo que André Malraux llamaría la condition humaine, y con eso tenemos que vivir sin ceder a la amargura:

Ofrezco, por ende, sólo dos cosas: una política seria y responsable, al servicio del paciente nacional, y una ausencia de reconcomio. Salvo la envidia y la codicia, me confieso practicante de los restantes cinco pecados capitales, pero no guardo rencores. El resentimiento es en mí una emoción efímera, cuestión de horas. Sé que la llegada de un nuevo paradigma es asunto muy difícil, y por eso tengo paciencia con mis detractores. Y no reivindico que tenga mérito alguno en mi manera de ser, como tampoco admito la culpa.  Fueron mis padres quienes me hicieron, y a mi cabeza y mi corazón, con su amor de recién casados. Ellos quienes escogieron mi querido colegio de la infancia y primera juventud, donde tuve la suerte de excepcionales profesores que forjaron mi modo de pensar y mi postura ante la vida. Lo que haya podido lograr no se explica sino a partir de esa suerte y la de haber seguido trayectorias que a otros estuvieron vedadas. Temo que, en el Juicio Final, Eduardo Fernández irá a sentarse entre querubines, y yo seré enviado a la Quinta Paila del Infierno.

De resto, estoy dispuesto a pagar el precio de mi juramento de 1995, aun cuando ése sea la peor maldición para un político: la soledad. Porque es que Armanda dijo a Harry Haller—Der Steppenwolf—, según la invención de Hermann Hesse: “Pero también pertenece del mismo modo a la eternidad la imagen de cualquier acción noble, la fuerza de todo sentimiento puro, aun cuando nadie sepa nada de ello, ni lo vea, ni lo escriba, ni lo conserve para la posteridad”. (En Hallado lobo estepario en el trópico).

De nuevo, le agradezco su aprecio y concurrencia, que son estímulos que mucho me animan.

De Ud., agradecido

 

luis enrique ALCALÁ

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¿Preguntas sin respuestas?

 

Acusando recibo de comunicación de Elías Jaua

 

La Mesa de la Unidad Democrática ha remitido ayer al ministro Elías Jaua un escrito de rechazo a la invitación que éste le hiciera—como Presidente de la Comisión Presidencial que propondrá las bases comiciales para elegir la asamblea constituyente convocada el 1º de mayo—a fin de explicar los propósitos del gobierno. Pero más que rechazo a esa invitación, es un rechazo a la idea misma de la constituyente y a la legitimidad de la convocatoria. El documento es doble, siendo lo primero una presentación de lo segundo, un texto encabezado con este título: La MUD frente al fraude de la dictadura. Esto último es un inventario de lo que la organización opositora estima políticamente relevante a partir de 2015 hasta la fecha (y que deja de mencionar la historia desaparecida); lo que va más al caso de aquella iniciativa es la carta previa (covering letter), que al inicio mismo declara:

Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.

La MUD, por tanto, ha acogido la equivocada tesis de Allan Randolph Brewer Carías (¿Presidente de la Sala Constitucional en el exilio?): “El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”. Uno se pregunta, si la Constitución quisiera significar eso ¿por qué la redacción del Artículo 347 no dice “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, sólo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, en lugar de “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”? (No dice ese artículo que nadie más puede convocarla, y el Artículo 348 contempla que 15% de los electores—la iniciativa popular que es parte representativa de ese Poder Constituyente Originario—puede hacerlo además del Presidente y la Asamblea). Si fuera cierta la afirmación de la MUD—”Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo”—, ¿por qué el 348 no dice “La iniciativa de convocatoria a un referendo, para consultar si el pueblo quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente, podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” etc., en lugar de “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”? Si fuera necesario ahora un referendo previo—como el del 25 de abril de 1999, necesario entonces puesto que en ese momento la figura de constituyente no estaba contemplada en la vigente Constitución de 1961—, ¿por qué no bastaría un referendo consultivo ordinario y por qué especificó la Constitución actual en su Artículo 348 requisitos más exigentes que los de mayoría simple de la Asamblea Nacional y 10% de los electores (Artículo 71), que eran, de nuevo, los que prescribía desde 1998 el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que se empleó en aquella ocasión y bastó? ¿Por qué el 348 estipula dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los electores en la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No será porque el Artículo 348 está hablando de una convocatoria directa a constituyente y por eso exige condiciones especiales más astringentes? ¿En qué viola la convocatoria presidencial directa de una asamblea constituyente la prescripción del Artículo 5? (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). ¿No es un ejercicio indirecto de la soberanía que el Presidente de la República, uno de “los órganos que ejercen el poder Público” y elegido “mediante el sufragio”, convoque a constituyente? (¿O, si a ver vamos, indirectamente la Asamblea Nacional, que también es un poder que ejerce—o debiera ejercer—el Poder Público e igualmente se elige mediante el sufragio?) Por último, ninguna nueva constitución puede entrar en vigencia sin un positivo referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario, el Pueblo, en el que precisamente reside intransferiblemente la soberanía. (Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿Cómo es que se viola el Artículo 5 si en último término es el Pueblo quien debe aprobar la constitución resultante de una asamblea constituyente, convóquela quien la convoque? (Por cierto, la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo).

………

Luego está, naturalmente, lo de “votaciones sectoriales y territoriales”. Hasta ahora, no se conoce lo que será la proposición de las bases comiciales de la elección de la constituyente ya convocada válidamente. El decreto 2.830 del 1º de mayo no menciona esa distinción sectorial-territorial respecto de las votaciones mismas, sino que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales”. (“¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán ‘todos los trabajadores y empresas’ o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe”. En La lidia fácil). En cambio dice: “mediante el voto universal, directo y secreto”. La pretenciosa redacción llama, por supuesto, a la peor de las interpretaciones, pero son hipótesis del suscrito que 1. el gobierno de Maduro, luego de rebeliones internas recientes que causaron la reversión de las infames sentencias 155 y 156, y dado el muy mayoritario repudio del gobierno en la opinión nacional, no tiene la fuerza política para imponer la distorsión que la MUD cree es su intención, y 2. ha empleado intencionalmente subterfugios para irritar a la oposición y provocar la conducta apresurada que ha exhibido. (Ver, de nuevo, La lidia fácil, con argumentación que pudiera estar equivocada). Pero es que se ha hecho práctica común en el debate político venezolano la atribución de intenciones al adversario de las que no se tiene constancia: “Lo que busca Ramos Allup…” o “lo que pretende Istúriz…” En esta práctica incurre la misiva de la MUD a Jaua: “se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio”, “El objetivo de Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria constituyente no es otro que eludir la [responsabiidad de] restablecer el derecho al sufragio en Venezuela…” Eso de lo que busca o lo que pretende el adversario es lenguaje de moda.

No puedo saber exactamente cuáles son los propósitos del Presidente de la República, pero parecieran patentes sus logros:

El efecto político inmediato es múltiple: en primer lugar, desarma, entorpece o debilita las protestas y exigencias opositoras, empequeñecidas por la portentosa presencia de un proceso constituyente. Luego, desinfla bastante la presión internacional; ¿cómo se puede llamar dictador a quien convoca elecciones, según prevé la Constitución, para que opere una asamblea constituyente? Por último, compra tiempo; con esta “salida”, Maduro prácticamente se asegura como Presidente hasta el 10 de enero de 2019. (#lasalida de Maduro (primera parte)).

A eso, postulado prematuramente el mismo 1º de mayo, puede añadirse la débil actitud de negación inducida en la MUD; como puse en La lidia fácil, la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes. Siendo que una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo, ella podría obliterar cualquier intención—que pongo en duda—de constituyente “comunal” o de composición “sectorial”. (Al recibir el golpe del triunfo opositor del 6 de diciembre de 2015, Diosdado Cabello instaló, en la agonía del parlamento que presidió, un tal “parlamento comunal” al que “primeramente” debía responder la Asamblea elegida aquel día; ni siquiera ha vuelto a mencionar el asunto ni a procurar que la Sala Constitucional convalide su monstruoso invento, menos ahora cuando una nueva sesión del Consejo de Defensa de la Nación pudiera “exhortarlo” a abandonar su pretensión). Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos.

Puedo, admito de nuevo, estar equivocado. (No creo que en lo de la interpretación legal, sino en eso de andar postulando propósitos no tan aviesos pero sí traviesos para tomarle el pelo a los de la oposición, aprovechando que ya Jesús Torrealba no manda en la MUD, en la que fue elegido a su coordinación pero no, según dijo, por su “frondosa cabellera”). LEA

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La lidia fácil

Necesitamos que trabajen

 

Al Dr. Antonio D’Alessandro Martínez, curioso en estos temas

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En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Antonio Machado

Una coral de muchas voces opositoras—diputados, líderes no investidos como tales, obispos, académicos, articulistas, jurisconsultos—canta la misma letra con acompañamientos musicales propios de cada cuerda: la asamblea constituyente que el Ejecutivo Nacional convoca es un fraude, una continuación del “golpe” (autogolpe de Estado), algo que el país debe repudiar. El madurismo, creo, ha incitado esta reacción a conciencia y se está divirtiendo mucho con eso. De allí los trapos rojos que el matador y sus banderilleros agitan, ante la cara de un toro heterógeneo que en cada embestida amella sus pitones.

Primero fue, por supuesto, el anuncio “histórico” en la Avda. Bolívar de Caracas, el único teatro que resta al oficialismo para simular asistencias masivas a sus convocatorias de calle. En día 1º de mayo, Maduro habló de “la clase obrera y el Pueblo” como convocantes de la constituyente, y agitó el capote de una constituyente “comunal”. Poco después hablaría Borges para repudiar la noción y empleó la misma construcción de “la clase obrera y el Pueblo”; claro, se trataba del Día del Trabajador, y a los trabajadores se les entiende como los miembros de la “clase obrera”; son sinónimos, pues.

En ese momento, no se conocía la redacción del decreto de convocatoria. En horas de la noche, Nicolás Maduro firmaba el decreto que sería publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (6.295) de ese mismo día; después de toda su paja histórica, protagónica, multiétnica, endógena y biométrica (basta de esdrújulas), el Artículo 2 del decreto estableció: “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”. (En la jerga política, tanto oficialista como opositora, la palabra Pueblo con la que se llenan la boca se escribe con inicial minúscula). El empleo del término “sectoriales” reforzó el temor de que la tal asamblea se compondría corporativamente, a lo Mussolini, a pesar de que la redacción especifica “mediante el voto universal, directo y secreto”. Entonces el matador dejó a sus asistentes el trabajo de marear al toro.

El Vicepresidente Ejecutivo de la República ofreció su capote: “por primera vez en 200 años de historia venezolana, los transportistas van a tener sus propios constituyentes en la Asamblea Nacional”, y añadió Tareck El Aissami en defectuosa sintaxis: “Queremos darle al transportista rango constitucional, todas las políticas del órgano superior y estén presentes en la constitución”. Bueno, muchos que no somos transportistas quisiéramos ostentar rango constitucional, y en 1817 no existía el sector de los transportistas; había, por supuesto, carreteros, y algunos mantuanos eran llevados por calles empedradas en sillas rodantes con tracción animal de los pardos; una que otra carroza había, pero esa declaración no es sino una muestra más de la “historia” que cuentan los socialistas aborígenes para cautivar a incautos admirados:

Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, declaraba ayer al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia…” (…) Erika Farías reconoce que los problemas subsisten, pero dice que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver los que datan de hace tres mil (aparentemente ha logrado precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario). (En Retórica cuatrofeísta, 5 de febrero de 2015).

El jefe de los banderilleros—dirige la comisión presidencial nombrada ese mismo primer día de mayo para el resto de los trámites—prosiguió la faena intermedia con la misma técnica de incitación y mareo; así, hoy reporta El Universal que Elías Jaua “Señaló que el proceso estará comprendido por dos circuitos, uno territorial que le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizarlo y uno sectorial donde participarán todos los trabajadores y empresas registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán “todos los trabajadores y empresas” o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe.

Entretanto, la oposición es invitada a reunirse con la comisión que Jaua preside para escuchar sus pareceres ¡y se rehúsa! (Hasta Henri Falcón se niega, en esta fase del proceso en la que parecen urgidos por desmarcarse de Maduro un hijo del Defensor del Pueblo y Gustavo Dudamel). Así se sirve la mesa al gobierno, que proclamará a los cuatro vientos: “¿Cómo es eso de que la convocatoria a constituyente es ‘unilateral’, si los invitamos a conversar de ella y ustedes se niegan?”

………

El asunto de las bases comiciales para la elección de una constituyente no está normado. Tan sólo existe el precedente de las empleadas en 1999. (Ver #lasalida de Maduro (primera parte)). El campo está prácticamente abierto para un órgano cuya función principal es, precisamente, dotar de normas a la vida de la ciudadanía y su Estado, y ese órgano no es otro que la Asamblea Nacional. A comienzos del año pasado se habló de una Ley de Referendos que hubiera podido sobrepujar a los reglamentos de referendos revocatorios (tres) que el Consejo Nacional Electoral aprobó en 2007, pues una ley es de rango superior al nivel reglamentario. Nunca más se supo de tal intención.

Ahora podría aprobar la AN una ley brevísima que regule la elección de diputados constituyentes, y ella predominaría sobre el nivel reglamentario que es el único existente entre el Presidente y el Consejo Nacional Electoral. Claro, para que esto sea posible, la Asamblea debe recuperar su eficacia; el 22 de octubre del año pasado se le proponía en Prontas elecciones:

Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados…”

¿Por qué se ha resistido la Asamblea Nacional? ¿Qué espera Julio Borges para levantar el teléfono e invitar a Maikel Moreno a almorzar para arreglar ese asunto?* En vez de esto, ha ido a Washington a reunirse en la Casa Blanca con Herbert McMaster—¡el Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump! (¿qué pito toca este peligroso especialista en nuestros asuntos venezolanos?)—tal vez porque el Chapulín Colorado Almagro ha quedado fuera de juego, pues ya no tiene sentido suspender a Venezuela en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos—la sanción màxima prevista en la Carta Democrática Interamericana—, dado que Venezuela ha optado por salirse de ella; no se puede botar de una fiesta a quien se ha retirado hace rato.

La resistencia de los diputados a volverse eficaces configura, a mi modo de ver, un desacato incluso más grave: el desacato a los Electores, que los pusimos allí para que legislaran, para que pudieran hacerlo. Entretanto, ellos y el elenco protagónico de la MUD siguen embistiendo en el aire. LEA

………

Post scriptum: habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

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* Ayer puse en correo electrónico a quien he dedicado esta entrada: “En efecto, los diputados en discordia solicitaron su desincorporación poco después, el 15 de noviembre, pero (…) Ramos Allup no procedió a la desincorporación oficial y se limitó a observar: ‘Hemos tomado nota’. Así las cosas, el 8 de enero, en trámite previo a la locura de la declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro, Borges procedió oficialmente a la desincorporación; la quisquillosa Sala Constitucional dijo que ese procedimiento no había valido porque la elección misma de Borges como Presidente de la AN era nula, por haberse producido mientras persistía el desacato. A raíz de eso argumenté en mi programa que la postura del TSJ era excesiva, que ha podido limitarse a invalidar aquellas actuaciones de la AN en las que los diputados objetados hubieran participado y que ellos no habían tomado parte en la elección de Borges. En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ, pero la AN no ha querido disolver el conflicto de poderes, pues el TSJ comenzó el año excitando a la Asamblea a arreglar la situación. Parece preferir el papel de víctima para ir a quejarse ante Almagro”.

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Abogado escarra-nchado

¿Leyendo la Constitución a los militares?

¿Leyendo la Constitución a los militares?

 

escarrancharse. 1. prnl. Esparrancarse, despatarrarse.

despatarrar. 1. tr. coloq. Abrir excesivamente las piernas a alguien. U. t. c. prnl. 2. tr. coloq. Llenar de miedo, asombro o espanto. Dejar, quedarse despatarrado. U. t. c. prnl. 3. prnl. Caerse al suelo, abierto de piernas.

Diccionario de la Lengua Española

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Escenario: Fuerte Tiuna. Reunido ayer el altísimo mando militar para escuchar al altísimo y olímpico Hermann Escarrá, reciente disertante—15 de diciembre—en el foro Constitución del futuro. (“… durante una reunión que sostuvo con los altos jefes militares en el Fuerte Tiuna, ciudad militar en el oeste de Caracas, sede del ministerio de la Defensa”. El Universal, 22 de diciembre).

Tesis: “El abogado constitucionalista Herman Escarrá propuso a la Fuerza Armada Nacional (FAN) y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López un ‘Pacto de Estado’ con todos [los] sectores del país. (…) Durante el encuentro con los altos jefes militares, Escarrá planteó un pacto de Estado que incluya a los sectores económicos, sociales, partidos políticos, iglesias y los componentes de la Fuerza Armada Nacional”. (…) Escarrá insistió a los altos jefes militares “en que se debe preservar así la estabilidad de la República de Venezuela y alcanzar el bienestar del pueblo a pesar de la caída de los precios petroleros y sus derivados”. (La misma fuente, que añade: “Las declaraciones de Escarrá fueron suministradas a través de una nota de prensa que incluye imágenes del encuentro en el Fuerte Tiuna, con el titular del despacho de la Defensa y el Comando Mayor Superior de la FAN, cuya posición sobre la propuesta planteada por el abogado constitucionalista se desconoce”).

Carácter: Un jurista pantallero y mudable; mobile qual piuma al vento, pudiera decirse si no fuese porque su corpulencia no tiene nada de plumoso.

Dictamen: Una tesis vistosa pero vacía—en ningún momento se explica en qué consistiría el pacto—y, por encima de todo, enteramente torcida, falsa y aberrante.

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Tuits emanados ayer de Fuerte Tiuna ponen:

Visita del Dr. Herman Escarrá en el MPPDefensa con motivo de analizar ideales sobre la constitución de la República

Dr. Herman Escarrá: “La FANB puede sugerir un pacto de Estado para preservar la estabilidad de la República”

La Fuerza Armada Nacional no tiene que pactar con nadie ni “sugerir” tal cosa, y mucho menos con “sectores”. Más aún: la B en el segundo tuit, tal vez no dicha por el ponente sino añadida por los militares, no existe en la Constitución, cuyo Artículo 328 manda de modo inequívoco:

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

De ninguna forma se sostiene la absurda recomendación de Escarrá; no corresponde a una institución disciplinada, obediente y subordinada la iniciativa de procurar pactos de ninguna naturaleza. El único pacto que los obliga es el fundamental: la Constitución de la República, y éste se dio sólo entre los ciudadanos que aprobaron mayoritariamente, el 15 de diciembre de diciembre de 1999, el vigente texto constitucional, el que obliga a todos los ciudadanos, aunque hayan votado contra él.

Y claro, ciertos extremos se tocan, al menos en esa idea de que la sociedad es una torta que se corta en trozos, en sectores, como los que Escarrá propone que la FAN (sin B) agencie. El 11 de febrero de este año, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Ma. Corina Machado proponían un “acuerdo nacional para la transición” que debía, en su criterio, ser confeccionado sectorialmente:

…un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales.

Al comentar este disparate (en Dos cepas del virus salidista, 13 de febrero de 2015), se puso acá:

Una vez más, se cuela el concepto corporativista en el modo propuesto para la aprobación del tal “acuerdo nacional para la transición”. Esto es, el Pueblo no hablaría desde su propia esencia, sino fraccionado en “sectores” (como pedazos de la “torta social”). Cuando Chávez enarbolaba la bandera de la asamblea constituyente en su primera campaña electoral (1998), el artículo Contratesis refutaba esa noción que ahora comparten los comunicadistas à trois:

La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos.

(…)

Quien debe hablar en esta crisis es la Corona en estado puro, no sus fragmentos “sectoriales”.

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El sitio web aporrea.org reporta, tomando material de la Agencia Venezolana de Noticias:

Constitución del futuro

Pontificación reseñada por AVN y aporrea.org

La figura del Parlamento Comunal Nacional, que fue instalado esta semana en Caracas, está establecida en la Ley Orgánica de las Comunas y en la Constitución Nacional, explicó este jueves el abogado constitucionalista Hermann Escarrá. Además, recalcó que el Parlamento Comunal no va a sustituir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) ni se trata de una organización paralela, tal como lo han querido hacer ver los recién electos diputados de derecha que asumirán la mayoría parlamentaria el 5 de enero de 2016. “Se ha pretendido tergiversar. Nadie ha planteado que el Parlamento Comunal va a sustituir las competencias de la Asamblea Nacional, ni tampoco se trata de una organización paralela. Es una organización que existe y está dirigida a la organización popular, al gobierno popular, a los gobiernos locales, a la participación en aquellos aspectos nacionales que permite el texto de la Constitución”, explicó en declaraciones a Venezolana de Televisión.

Por supuesto que exactamente eso se ha planteado. (Ver Un “parlamento” Helene Cursis). El Universal registró el 16 de los corrientes:

Durante una nueva emisión del programa rutinario de todos los martes, Con el Mazo Dando, Cabello explicó que el Parlamento Comunal, juramentado el pasado martes, está respaldado por la Constitución venezolana. Cabello fundamentó sus argumentos en el artículo 5 de la Constitución. “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, citó el presidente de la Asamblea Nacional.  (…) “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley” añadió el diputado. Explicó que la Ley a la que se refiere dicho texto es la Ley Orgánica de las Comunas. (…) Según la interpretación de Cabello, el párrafo constitucional al que hace referencia, contempla que el máximo ente competente en materia jurídica es el pueblo y el Poder Legislativo tiene que responder primeramente a las directrices de la comunas.

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Ahora incurriré a conciencia en el lógicamente inválido argumento ad hominem; las características personales de Escarrá no guardan relación alguna con la veracidad o falsedad de lo que afirme o niegue, pero nos muestran quién es el personaje.

Transido en la MUD

Transido de amor en la MUD

El manipulador y resbaladizo abogado, que ahora dice que “llegó el momento de ejercer a plenitud la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante las pretensiones desestabilizadoras de la derecha, que logró mayoría parlamentaria para el nuevo período legislativo de la Asamblea Nacional”, es el mismo que se uniera a la Mesa de la Unidad Democrática el 8 de septiembre de 2011, y exactamente el mismo que publicara en boletín propio el año anterior (19 de diciembre de 2010) cosas como éstas (se respeta su puntuación): “Hugo Chávez es un embustero su ley habilitante solo busca acabar con la Constitución de Venezuela. (…) Hugo Chávez es un irresponsable y chantajista moral, que gracias a Dios cada día son muchos los ciudadanos que retiran el apoyo a su idea de gobierno”. En ese mismo boletín se lee:

Hermann Escarrá llamó a las fuerzas armadas a que “no se pongan de cuclillas ante el régimen autoritario de Chávez ni ante un proyecto personalista, porque la cláusula central de las fuerzas armadas especifica no estar al servicio de una persona o grupo político, sino al servicio de la nación, del pueblo de Venezuela y de la patria. Indicó que el componente militar se debe avocar al concepto estratégico de la nación, así como también a la planificación de seguridad y defensa apegándose a los derechos constitucionales y citó el artículo 8 de la enmienda constitucional (¿?) en la que se especifica que las fuerzas armadas de Venezuela no se pondrán a la orden de ningún partido político o parcialidad política.

Entonces no proponía que los miltares pactaran con nadie. Es tal vez por cosas como ésas que el Sr. Alejandro Rodríguez comentó en la nota que dedicara RUNRUNES al evento de Fuerte Tiuna: “Insoportable este tipo. Tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, terminará quitándole el puesto a William Ojeda”.

Escarrá no es otra cosa que un asqueroso político y un payaso del Derecho. LEA

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Carta al Secretario de la MUD

A veces no dice la verdad

En ocasiones manipula a conciencia

 

plebiscito Del lat. plebiscītum. 1. m. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. 2. m. Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. 3. m. En la antigua Roma, ley que la plebe establecía a propuesta de su tribuno, separadamente de las clases superiores de la república, y que obligó al principio solo a los plebeyos, pero más tarde a todo el pueblo.

referéndum Del fr. referendum, y este del lat. referendum ‘lo que ha de ser consultado’, n. del gerundivo de referre ‘consultar’. 1. m. Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo.

Diccionario de la Lengua Española

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A raíz de declaraciones del Secretario Ejecutivo de la MUD que recoge hoy la Agencia EFE, le he remitido una comunicación cuyo contenido reproduzco de seguidas.

 

Estimado Sr. Torrealba:

La agencia EFE reporta este domingo declaraciones suyas en estos términos: “El jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza que aglutina a la mayoría de partidos opositores, añadió en una entrevista con el canal privado Televen que el Presidente Maduro se enfrentará el 6 de diciembre a un plebiscito más que a una elección para renovar los 167 escaños de la Asamblea Nacional (AN)”. Más adelante abunda al citarlo textualmente:

“Ya a estas alturas la suerte está echada. Ya todo el mundo decidió qué va a hacer y todas las encuestas revelan que la intención de voto es muy alta, sobre todo en la base de la pirámide, en los sectores populares”, donde la ciudadanía le “ha dado a estas elecciones un carácter prácticamente plebiscitario”,

No, Sr. Torrealba, Ud. sabe que eso no es así, entre otras cosas, porque Ud. no quiso. Ud. participó el 23 de mayo de este año, telefónicamente, en la transmisión #145 de Dr. Político en RCR, luego de que una oyente suya le propusiera hacer caso a mi reiterada recomendación de aprovechar la fecha del 6 de diciembre para celebrar, concurrentemente con las elecciones parlamentarias, una consulta referendaria. Ud. se molestó con la sugerencia—dijo: “Bueno, gracias a Ileana Bonsanto por usar este espacio para hacerle propaganda a otro”—y negó esa posibilidad con dos argumentos: 1. que para cruzar ese puente primero había que llegar al río; 2. que no vivimos en un cantón suizo.

En su misma línea negativa se inscribió antes Julio Borges, a quien envié comunicación el 1º de marzo para excitarle a que promoviera, en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, la celebración concurrente de un referendo consultivo sobre la implantación del socialismo del país, por la importancia del punto en sí y porque podía esperarse que fuera un estímulo de la propensión a votar. Borges ni siquiera ha acusado recibo a casi nueve meses de mi carta, en la que le puse: “Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”. (Por cierto, una de las motivaciones para hacérsela llegar fue mi preocupación porque el psiquiatra chavista Jorge Rodríguez había asegurado, el 12 de febrero, que Borges había seleccionado los blancos que un mítico avión Tucano bombardearía en la ciudad de Caracas; seguramente fui ingenuo al imaginar que una cosa así pudiera protegerlo de algún modo).

Pero al menos Borges no ha intentado hasta ahora la línea falaz de José Guerra, que Ud. repite y que es la misma línea falaz de Henrique Capriles Radonski, quien quiso vender que las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013 eran un “plebiscito” sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que si lo hubiera sido hubiera perdido el proponente. Guerra escribió el 11 de octubre: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. Salí al paso de esta manipulación el mismo día, al escribir:

No están los electores convocados en su carácter de miembros del Poder Constituyente Originario para el próximo 6 de diciembre, así que el socialismo no va a referendo en esa fecha; lamentablemente, no se lo quiso convocar. Pero la Asamblea Nacional puede hacerlo por mayoría simple. Espero que el candidato Guerra prometa que en cuanto esté a su alcance procurará que así sea; cordialmente le invito a que nos comunique que tal es su decisión.

Como creí que mandaba la cortesía, al día siguiente le participé de mis Consideraciones sobre un texto de José Guerra en este blog y, como Borges, el economista candidato ha escogido no darse por aludido. En cambio, el semanario La Razón quiso entrevistarlo sobre nuestra diferencia de opinión y se negó a declarar, argumentando que no tenía tiempo “para echarle palo a todo mogote“.

Ahora vuelve Ud. a sugerir que dentro de una semana exacta se celebrará un plebiscito más que una elección. Esto es, Sr. Torrealba, procedimiento evidentemente tramposo. Lo que puede decirse responsablemente es que el manifiesto repudio a la gestión de Maduro influye decisivamente en la intención superior de voto por los candidatos de la MUD. Hasta allí, pues no se ha establecido la tesis de que los electores venezolanos estén muy contentos con la central opositora; Datincorp registró en mayo que una mayoría (56%) cree que las soluciones del país vendrán de nuevos liderazgos, antes que del oficialismo (17%) o de la oposición (¡18%!) Tiene Ud. razón al opinar: “hasta para dar un golpe de Estado hace falta tener un capital político y eso Maduro ya no lo tiene”, pero no crea que la MUD sí lo ha reunido. Su inminente éxito no se debe tanto a su propio mérito como al espantoso demérito oficialista.

Antes de comentar recientes declaraciones (25 de noviembre) de Henry Ramos Allup, ya había expuesto en Los numeritos:

El PSUV pasará la factura del descalabro a Nicolás Maduro, y éste replicará que quienes perdieron las elecciones fueron los candidatos del partido; es decir, que el 6D no era un plebiscito sobre su gobierno (Henrique Capriles) o un referendo sobre el socialismo (José Guerra). Vienen, entre otras cosas, amargas reconvenciones de los socialistas entre sí. En el campo opositor, muchos generales reivindicarán el triunfo con no poca razón.

De modo, Sr. Torrealba, que me parece lamentable su argumento de que el próximo 6 de diciembre tendremos un plebiscito. En alguien que se negó, cuando se le propuso con tiempo, a facilitar el pronunciamiento real, efectivo, de la voz del Soberano, su insinuación es deshonesta. Ud. parece preferir con mucho una democracia meramente representativa que una participativa, y por eso disfraza a la primera de la segunda. El 11 de octubre sugerí:

…si el candidato Guerra quisiera que en verdad se consultara la preferencia del pueblo en pro o en contra del socialismo, podría comprometerse desde ya a que de resultar electo levantará su mano para formar una mayoría simple de colegas que apruebe la convocatoria de un verdadero referendo, no uno pretendido, acerca de asunto tan crucial. (…) También puede, naturalmente, intentar convencer a sus compañeros candidaturales de la MUD para que se comprometan de igual modo. Eso, si es que creen valiosa la participación popular real y directa para decidir “las materias de especial trascendencia nacional”.

La conciencia de cada diputado es una fortaleza privada, naturalmente, pero Ud. pudiera considerar una conducta equivalente y emplear su considerable influencia en lograr ese compromiso, que a mi criterio se le debe al Pueblo. Sólo cuando lo haga tendrá autoridad moral para hablar de plebiscitos.

Atentamente

 

luis enrique ALCALÁ

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NOTA FINAL:

Es posible que se haya decidido en la MUD vender la especie falsa del referendo o plebiscito del 6D como truco ingenioso para producir una manipulación favorable de la conciencia de los electores; esto es, que la cosa sea ya una línea oficial de la MUD. Después de Guerra, y antes de las declaraciones de Torrealba, escuché la idea referendaria en persona a la que mucho estimo en mi propia casa. El 16 de octubre escribí a un apreciado amigo:

Nuestros políticos institucionalizados siguen conduciéndose desde la misma postura que hiciera explícita Pedro Pablo Aguilar en 1986:  “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”. Esto es, no es que los políticos se han puesto de espaldas a la realidad social sino lo contrario; son los profesionales los que saben de “la dinámica de la política real” (expresión de Urbaneja), quienes son imprescindibles para hacernos notar que “no estamos en un cantón suizo” (Torrealba, Manuel Peñalver, ¿Gonzalo Barrios?), o para no dar importancia a que Luis Florido dijera falsa y manipuladoramente en septiembre del año pasado que había quedado “activado el Poder Constituyente Originario” porque, bueno, “eso es una frase política” (Velásquez), o sea, algo que se dice para causar un efecto conveniente aunque no sea verdad.

Es mi firme creencia que la mentira no se combate con otra mentira, sino sólo con la verdad. También creo que es un irrespeto a la ciudadanía la venta de interpretaciones falsas por mera conveniencia política.

LEA

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Sinrazón guerrera

Palos en el cerro El Mogote

Palos en el cerro El Mogote

 

mogote(Voz prerromana, quizá del vasco *mokoti, puntiagudo, der. de moko, punta). 1. m. Cualquier elevación del terreno que recuerde la forma de un monte. 2. m. Montón de piedras. 3. m. Montículo aislado, de forma cónica y rematado en punta roma. 4. m. Hacina de forma piramidal. 5. m. Cada una de las dos cuernas de los gamos y venados, desde que les comienzan a nacer hasta que tienen aproximadamente un palmo de largo.

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Se consideró publicar en el semanario La Razón el texto que abajo se reproduce, no sin ofrecer lealmente al candidato José Guerra la oportunidad de comentar lo que allí se pone. El economista, que había dicho el 11 de noviembre que el 6D se celebraría un referendo sobre el socialismo—El socialismo va a referendo—, se negó a la oferta con estas palabras: “Estoy muy ocupado; no tengo tiempo para echarle palo a todo mogote”. Bueno, fue él quien creyó haber descubierto ese mogote en particular. LEA

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REFERENDO SOBRE EL SOCIALISMO

¿Debe tener el Soberano la palabra sobre el centro de la cuestión política nacional?

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El Presidente de la República declaró el 22 de octubre: “Vamos a consolidar la organización comunal como epicentro del socialismo”. Cada decreto suyo que la Gaceta Oficial publica lleva ahora este encabezado estándar: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…” El llamado “Plan de la Patria”, aprobado en la Asamblea Nacional como plan nacional de desarrollo para el período 2013-2019, se presenta como el Segundo Plan Socialista de Desarrollo. La justificación universal de la acción oficialista es que “vamos rumbo al socialismo” y es por tanto el nudo de la política nacional.

Tiene sentido, entonces, que se haya propuesto consultar al Poder Constituyente Originario, el Pueblo convocado a referendo en ese carácter, acerca de esta cuestión, puesto que el establecimiento de un régimen socialista es un asunto de orden constitucional que no puede ser decidido por ninguno de los poderes públicos constituidos.

La proposición fue formulada por primera vez el 23 de julio de 2009 por Luis Enrique Alcalá, conductor del programa Dr. Político en Radio Caracas Radio. En una publicación semanal que hacía por la época, y luego de registrar el rechazo al socialismo que medían las encuestas, escribió: “La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad”. Desde entonces, no ha cesado de recetar eso mismo, como en su programa desde fines de 2012 hasta la fecha.

Otras voces parecieron coincidir más tarde. En la edición de fin de semana del diario Tal Cual del 10 de mayo de 2014, Alonso Moleiro ponía: “Tomando en cuenta la marcha de las cosas y el momento que cursa este año, no parece descabellado figurarse que en el mediano plazo podría estar en desarrollo algún planteamiento político de carácter consultivo en torno a la pertinencia de este modelo económico e institucional vigente en Venezuela”. Dos meses antes, Fausto Masó habló de la misma idea.

Pero ahora recicla el tema el economista José Guerra (candidato a la Asamblea Nacional por la MUD en Caracas). El 11 de octubre admitió en artículo titulado El socialismo va a referendo: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar. La pregunta es muy sencilla: ¿Está Usted de acuerdo con el modelo socialista actual o prefiere recuperar el sistema de libertades económicas consagrado en la Constitución? Ésa es la disyuntiva”.

Alcalá apuntó en su blog sobre tal pretensión: “La noción está equivocada. Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un ‘plebiscito’ acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales. El 6 de diciembre no está planteada esa disyuntiva, sino la de votar o no votar por alguno de los candidatos del circuito correspondiente. Si se quiere que algo sea tenido por un referendo consultivo debe serlo; no debe proponerse que las elecciones del 6D usurpen lo que tendría que ser una manifestación explícita del Soberano”.

Luego añadió: “…si el candidato Guerra quisiera que en verdad se consultara la preferencia del pueblo en pro o en contra del socialismo, podría comprometerse desde ya a que de resultar electo levantará su mano para formar una mayoría simple de colegas que apruebe la convocatoria de un verdadero referendo, no uno pretendido, acerca de asunto tan crucial”.

Hay quienes afirman que la manifiesta renuencia de la dirigencia opositora a convocar el Pueblo en referendo, incluyendo uno revocatorio (que no se puede convocar desde la AN), se debe a que carecen (Primero Justicia y AD) de candidato para lanzar en la elección que sobrevendría a una falta absoluta del Presidente de la República.

En todo caso, se estaría cerrando el paso al deseo mayoritario de los electores. Datanálisis midió en noviembre del año pasado 80,1% de entrevistados que estaban de acuerdo en que “El socialismo del siglo XXI es un modelo equivocado que debe ser cambiado”. Hace dos meses, registró 68,3% de opinión a favor de que Nicolás Maduro culmine su mandato este mismo año o sea revocado en 2016, y Venebarómetro (IVAD) de septiembre contó 86,8% de respuestas a favor de “un cambio en la conducción del país”.

Una mayoría simple en la Asamblea Nacional puede convocar un referendo consultivo real sobre el socialismo, y Alcalá apuesta a esto: “Siendo que la pretensión socialista es la excusa universal, la coartada general de todos los actos del gobierno, un rechazo masivo al socialismo en referendo debe forzar la renuncia de Nicolás Maduro al cargo que ahora ocupa. No podría sostenerse si se viera forzado a suprimir de papelería, gigantografías y carteles, de discursos y decretos, la especie de que se ocupa en la construcción del socialismo”.

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