Disposición de voluntad

Una oficina en la esquina de Miraflores

Una oficina en la esquina de Miraflores

 

La probabilidad de la cesantía prematura de Nicolás Maduro Moros de su cargo de Presidente de la República es muy significativa. (DatinCorp ha registrado el 2 de febrero que 72% del país desea su salida anticipada). Si tal cosa ocurriere antes del 10 de enero de 2017, la Constitución manda una nueva elección presidencial dentro de los treinta días siguientes a la falta absoluta, y en este caso procuraré que mi candidatura sea una posibilidad puesta a la disposición de mis compatriotas.

No cuento con la postulación de ningún partido político nacional; tampoco dispongo de los recursos necesarios a una campaña eficaz. En consecuencia, debo obtener ambas cosas del enjambre ciudadano. La ley permite la postulación hecha por un grupo de electores nacionales: 5% del registro nacional de electores, o 997.500 mil venezolanos distribuidos en al menos las tres cuartas partes de las 24 circunscripciones electorales del país, y ya eso es una tarea de muy considerables proporciones. Por lo que respecta a los recursos, escribí en septiembre de 1987 acerca de este problema (21 años antes de que Barack Obama lograra superarlo en su campaña de 2008):

Es pronosticable que la mayoría de los actores con re­cursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tra­tamientos realmente eficaces, se pronunciarían por los términos dilemáticos más conservadores. Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa en grado su­ficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela).

En ese tiempo, faltaban ocho años para la llegada de Internet a Venezuela; conviene a mi propósito que haya ahora más de 16 millones de internautas venezolanos (80% del más reciente registro electoral) con los que podré comunicarme. (70% de ellos está clasificado en los niveles socioeconómicos D y E. La Internet no es algo del Country Club; hay en los barrios venezolanos una innegable vocación de modernidad).

Creo, pues, que una campaña exitosa hacia la Presidencia de la República, si bien bastante difícil, no es de un todo imposible. En el trabajo ya citado argumentaba:

…si bien el éxito de una aventura así es por de­finición improbable—a fin de cuentas se trataría de una sorpresa—no es ne­cesariamente imposible, y (…) por lo contrario, la dinámica del proceso po­lítico venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento.

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No es esa ingeniería, por imprescindible que sea, lo más importante. Lo verdaderamente sustancial es que muestre convincentemente que podría asumir tan grave responsabilidad idóneamente: que puedo poner a la orden del país la dotación intelectual conveniente, la capacidad ejecutiva demostrada y la conducta éticamente correcta. Me propongo ir ofreciendo tal explicación seria y responsablemente; por ahora anticipo que, en septiembre de 1995, compuse—y juré públicamente cumplir—un código de ética política, en el que se lee:

Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.

Siempre he creído que mi responsabilidad sería la de aportar soluciones de cambio estructural en tiempo más bien corto, llevar el Estado venezolano a una condición de normalidad que pueda ser administrada a partir de allí por otros ejecutivos competentes:

No otra cosa, entonces, que un Jefe de Estado al que se le confíe como misión la tarea solónica de cambiar la frecuencia de nuestro Estado, y que se apoye en un Jefe de Gobierno (Vicepresidente) que se ocupe de lo táctico y lo cotidiano, sería garantía de que la necesaria reingeniería tenga lugar. Y, como a Solón, debiera buscársele entre quienes tengan, no sólo las calificaciones técnicas, profesionales y biográficas precisas, sino la vocación solónica de querer ser, más que presidente, un ex presidente. Esto es, que una vez cumplida en breve plazo—un par de años—la misión Cafreca, abandone el cargo para que se reingrese a la administración normal dentro de un nuevo Estado construido en el lapso de una administración extraordinaria. (Intervalo solónico, 11 de enero de 1996).

Si tuviere éxito en una eventual campaña y asumiere el cargo referido, jamás pensaría en presentarme a reelección, y esto facilitaría la toma de decisiones abrasivas, pues se efectuaría sin atención al freno de los “costos políticos”, el cálculo de las conveniencias personales que difiere tratamientos necesarios.

………

El 29 de junio de 2015, me preguntaba Eduardo Agüero para el semanario La Razón:

Se habló también acerca de las condiciones que debe reunir un líder que enfrente a Maduro…

He tratado este tema desde mucho antes de que tuviéramos conciencia de Maduro; específicamente, desde 1987. El 30 de noviembre pasado dije en otro programa de RCR que el primer rasgo de un sucesor deseable es que no venga ni del oficialismo ni de la oposición, pues tal vez sea nuestro principal problema político unir a un país dividido. (Datincorp registró el mes pasado que 17% de la opinión nacional cree que la solución de nuestros problemas vendría del oficialismo, 18% de la oposición y ¡56% de un nuevo liderazgo!) Tendría que ser, por supuesto, una persona con dotes ejecutivas demostrables y, por encima de todo, alguien conocedor del arte del Estado, que Tocqueville definió como “una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro”. Obviamente, tendría que ser un estadista transideológico, clínico.

Y al mes siguiente, Doña Amparo Schacher me disparaba: “Tomando en cuenta su visión de la política como acto médico ¿cuál sería el método y cuáles las primeras medidas a tomar si Ud. fuese elegido presidente actualmente?” En este blog se encuentra mi contestación, donde puse entre otras cosas:

Lo primero que haría como Presidente es comunicar al país mi convicción de que las personas de convicción socialista, en su mayoría, son gente que privilegia la virtud de la solidaridad, y que no debe llegarse a la Jefatura del Estado con ánimo altaneramente justiciero. Ya en septiembre de 1987 escribía (en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela):

Si un aspirante a outsider sorpresivo, a “tajo” de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aun a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positi­vidad. El propio Isaac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes.”

Creo, por supuesto, que el socialismo, en tanto ideología, es terapia equivocada, medicina antigua, concebida en el siglo XIX como toda otra ideología—liberal o libertaria, social-demócrata o social-cristiana (o eso que ahora presentan como si fuera nuevo, un tal progresismo)—con la pretensión de saber cuál es la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que la sociedad actual no lo sea. Su presunción fundamental es errónea: a partir de unos pocos casos observables de empresarios nocivos para el grupo social, razonan que la empresa privada en general es perniciosa y por tanto debe ser establecido un “Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”. (Diccionario de la Lengua Española). Si tal proceder fuese correcto, entonces habría que acabar con el Estado, pues son numerosos los casos de estados harto inconvenientes. Toda institución humana exhibe patologías, y la solución no es eliminarla, sino curarla.

Pero eso no es lo mismo que condenar al chavismo a la Quinta Paila del Infierno por toda la eternidad. Es posible hacer ver a quienes se inscriben en esa variedad del socialismo, aunque con dificultad, que su enfoque de la política es equivocado, como lo es toda posición ideológica. El error de mi contendiente no es causa de mi acierto, y nuestra tarea principal es la de reunir a un país ideológicamente dividido.

A Doña Amparo le presenté al comienzo una cita de algo que escribí hace dieciocho años:

La política no es la búsqueda y preservación y engrandecimiento del poder por cualquier medio eficaz, sino la potenciación de la salud pública. (…) Para esto habrá que dejar atrás un patrón político que se fija patológicamente sobre las reales o supuestas faltas de los contrincantes, nunca sobre las propias. No nos servirá para nada el reconcomio y la guerra habitual de las campañas y las oposiciones. A la transformación que es necesaria en el Estado venezolano deberemos entrar con alegría. La alegría de haber sobrevivido tantas vicisitudes y tan graves problemas y de tener ante nosotros nuevas oportunidades. Nos queda mucho por resolver, y para tener éxito será preciso cambiar la frecuencia de nuestro Estado, su arquitectura, sus dimensiones y su estilo. Será preciso, reitero, abandonar la noción de que la política es, por encima de cualquier cosa, un combate, un intento por legitimarse mediante el descrédito o anulación del competidor. En cuanto asumamos la sencilla noción de que la política es fundamentalmente la profesión de resolver problemas de carácter público, cambiará de modo esencial la acción del Estado. Esta es una revolución que inevitablemente tendrá que darse en el mundo. Simple. Como lo son todas las revoluciones verdaderas. ¿Qué impide que sea Venezuela el primer país del mundo en el que semejante tránsito se efectúe? Es una revolución, sí. Se trata de un cambio muy profundo. Pero es mi creencia que la revolución que necesitamos es distinta de las revoluciones tradicionales. Es una revolución mental antes que una revolución de hechos que luego no encuentra sentido al no haberse producido la primera. Porque es una revolución mental, una “catástrofe en las ideas”, lo que es necesario para que los hechos políticos que se produzcan dejen de ser insuficientes o dañinos y comiencen a ser felices y eficaces. (Si yo fuera Presidentereferéndum #24, 8 de diciembre de 1997).

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Espero, pues, ir aumentando mi comunicación con los electores venezolanos sobre esta disposición de ánimo, que asumo al negarme a la comodidad y la cobardía. LEA

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Otros enlaces pertinentes:

Tío Conejo como outsider

Retrato hablado

Cuestionario prerrevocatorio

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Postura en tránsito

Casi todo puede decidirse en referendos

Casi todo puede decidirse en referendos

 

…ante una crisis de la dimensión que padecemos, es insólito que no se procure el pronunciamiento del Pueblo, el Poder Constituyente Originario, en una democracia supuestamente participativa.

La Razón como anfitrión

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En febrero de 1985 proponía constituir una nueva asociación política en Venezuela, con el objeto de “llevar a cabo operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos políticos nacionales a fin de… [a]crecentar la democracia en dirección de límites que la tecnología política le permite”. En su “documento base” se describía “un primer programa cuyo objetivo sea cambiar de modo significativo el ambiente político del país. (…) Su fase más importante y la que marcará la más significativa diferencia, será la de explicar el proyecto a la ciudadanía y recabar el apoyo de firmas para que ese proyecto sea introducido a las cámaras legislativas por la vía consagrada constitucionalmente de la iniciativa popular. (…) [s]e trata de señalar una conducta diferente: la de creer en una democracia factible más allá de la retórica, al emplear en la práctica los canales que nuestra propia legislación vigente ha dispuesto para la participación popular. Y es más que justicia que un proyecto de ley destinado a incrementar esa participación sea precisamente introducido por iniciativa popular”. La asociación jamás llegó a constituirse; era época regida por la Constitución de 1961, la que sólo contemplaba la posibilidad de referéndum en su Artículo 246, para el caso de una reforma general de la constitución. Dos meses antes del proyecto de febrero había sugerido que la integración política latinoamericana no era una decisión de gobernantes sino de pueblos: “…hay un sentido profundo en el que la tesis, o más que la tesis la causa, puede ser declarada como correcta. En política la corrección final la confiere el entusiasmo del pueblo. ¿Por qué no consultar el asunto con él? ¿Por qué no preguntarle a los habitantes del área?” (Ver Debate Viso-Urbaneja-Alcalá).

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En el último número de referéndum (clic amplía)

En el último número de referéndum (clic amplía)

Entre febrero de 1994 y septiembre de 1998, produje una publicación de frecuencia aproximadamente mensual. Se llamaba referéndum, y el último de sus artículos principales llevó por título Primer Referendo Nacional. En diciembre de 1997, el Congreso de la República había reformado la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política e introducido en ella un nuevo título—VI. De los referendos—consagrando de ese modo la figura del referendo consultivo: “Artículo 181. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República por acuerdo adoptado en sesión conjunta de las Cámaras, convocada con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de su realización, por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes; o un número no menor del diez por ciento (10%) de aquellos electores inscritos en el Registro Electoral, tendrán la iniciativa para convocar la celebración de un referendo, con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional”. Proponía, pues, en el último artículo de referéndum, que el presidente Caldera promulgara la consulta que luego convocó Hugo Chávez, para preguntarnos si queríamos elegir una asamblea constituyente. Allí decía cosas como ésta:

…es perfectamente sano para la Nación el referendo mismo y la propia Constituyente. Concebidos con serenidad, convocado uno por el actual Presidente de la República y la otra según las reglas que puedan derivarse de la consulta popular o de una no imposible reforma de la Constitución, restituirán en grado apreciable la disminuida seguridad política venezolana. Celebrado el referendo en diciembre de este año, para empezar, junto con las elecciones presidenciales, puede desaguarse por su fundamental cauce buena parte de la angustia ciudadana que hasta ahora sólo disponía de los cauces candidaturales y parece preferir uno entre ellos, el que se prevé más turbulento. Conduciendo buena parte del raudal de inconformes voluntades electorales por un brazo tan primario y portentoso como el de un referendo, es de esperar que la preferencia por lo tumultuoso disminuya, y así llegue a la Presidencia de la República un candidato inviolento.

Habríamos tenido, creo, una constituyente bastante distinta de la causada por Chávez y tal vez éste no hubiera sido ni siquiera elegido al perder la exclusividad de la marca constituyente, pero Rafael Caldera no quiso convocar el referendo necesario. En octubre de 1998, dos meses antes de la primera elección de Chávez, comenté (en artículo para el diario La Verdad de Maracaibo):  “…que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Éste es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida”.

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Un jurista pendular

Un jurista pendular

El 25 de febrero de 2002, expuse en el programa Triángulo de Televén un procedimiento para abolir el gobierno de Hugo Chávez desde el pronunciamiento explícito del Poder Constituyente Originario. Después de asegurarme (el 8 de marzo) que tal proposición era, “como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correcta”, Hermann Escarrá la despachó sumariamente:

Dos días después de esa conversación, era entrevistado por su colega, Asdrúbal Aguiar, en el programa que éste tenía los domingos por la noche en CMT Canal 51. Ambos habitaban el Olimpo de los juristas, y allí conversaron sobre las opciones para resolver el problema Chávez. Escarrá comentó con escepticismo que había comenzado a hablarse de un procedimiento de abolición: “Su proponente—un sociólogo—lo llama Acta de Abolición”. Y repitió: “¡Un sociólogo!”, en el tono con el que se habría referido despectivamente a un criado de librea.

A los pocos días, y en vista del aparente éxito de la proposición, pensé que yo no tenía la más mínima capacidad para llevar la idea a la práctica y que, por tal razón, tendría que convencer a alguien que pudiera. Rápidamente descarté la posibilidad de interesar a Acción Democrática o COPEI, los desprestigiados partidos, y pensé que quizás Primero Justicia, un partido joven nutrido de abogados, fuera un vehículo adecuado. Solicité entonces una entrevista con Julio Borges. La primera cita fue un embarque. Creo ahora que Borges imaginó que le trataría el asunto que ya era público e hizo un intento por no encontrarse conmigo. Cuando reclamé molesto la desatención, propuso una nueva cita siete días después.

Borges me recibió acompañado por Gerardo Blyde, Liliana Hernández y otra persona de nombre descortésmente olvidado por mí, quien fungiera entonces como Secretario del partido. El grupo escuchó mi planteamiento acerca de un procedimiento de soberana abolición del gobierno de Chávez y no encontró manera de invalidarlo, ni lógica ni jurídicamente. Claro que Borges había equiparado la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que establecía la base de mi razonamiento, con un terremoto que habría causado, según él, “la destrucción total de las instituciones”.

Lo que sí hizo Borges al término de una sesión de resultados indefinidos fue invitarme a su despacho, donde me entregó una carpeta que contenía el trazado de la avenida que Primero Justicia pretendía construir: una enmienda constitucional para recortar el período de gobierno a Hugo Chávez, cuyo trabajo argumentativo había sido preparado por el abogado Juan Manuel Raffalli. Era sorprendente que quisiera alterarse el texto constitucional para resolver el problema de un presidente específico, y que predominara en el partido que Borges dirigía la ingenuidad de creer que la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, consentiría en aprobar una disminución de los poderes de Hugo Chávez, “el líder del proceso”.

Allí sufrió el procedimiento de abolición una primera muerte. Al año siguiente, sería rematado por la Gente del Petróleo. (…) Arturo Castro tenía buenos contactos con la Gente del Petróleo, y al mismo tiempo creía en las bondades del tratamiento de abolición del gobierno. Por esto me propuso contactar a los líderes del paro en PDVSA para hacerles saber de esa avenida. Fuimos en enero de 2003 a una reunión convocada al efecto en un salón del Hotel Eurobuilding, muy cerca de lo que dio en llamarse Plaza de la Meritocracia, en la urbanización Chuao. Ya Horacio Medina había sido informado por Castro, y éste sabía por el primero de una cálida acogida preliminar de la idea. Esta posición de los petroleros fue confirmada al comienzo de la reunión, en la que Eddie Ramírez también manifestó su conformidad. Cuando estábamos ya adentrados en temas logísticos de la abolición, que Medina aseguró estaba en capacidad de resolver y manejar, apareció el muchacho de la película, catire y todo: Juan Fernández, la cara más visible de los petroleros en rebeldía. Este caballero aseguró que no sería necesario aplicar un tratamiento de abolición, puesto que el paro marchaba viento en popa y el gobierno caería irremisiblemente. No convenía, aseguró, complicar las cosas con un curso distinto de la huelga. (En Las élites culposas).

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Para el Secretario General de la OEA

Para el Secretario General de la OEA

En febrero del año siguiente redacté y entregué a César Gaviria el texto Memoria Clínica: Tratamiento de Abolición. Quien entonces fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos venía por aquellos días a mediar—junto con el expresidente de los Estados Unidos, James Carter—entre el gobierno y la oposición en Venezuela, luego de que el golpe de Carmona, la toma de la Plaza Francia por militares en rebeldía y el costosísimo e ineficaz paro petrolero hubieran fracasado como medios de terminar con el gobierno de Chávez. También le entregué una proposición alterna, Gran Referendo Nacional, en la que se lee: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”. Nunca más volvería a ver a Gaviria.

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Visto que los febreros no son tiempo propicio para que proponga nada, y después de un largo período de recuperación, me atreví entonces en julio de 2009 a proponer, una vez más, el llamado a un pronunciamiento de la Corona. Escribí Parada de trote en el #341 de la Carta Semanal de doctorpolítico, donde puse:

Todas las encuestas que ha podido conocer quien escribe han dado recientes datos bastante similares. (…) …la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista… (…) ¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar. La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad…

Ningún eco resonó de la propuesta en predios de la dirigencia opositora, por lo que, olvidando que el febrerismo no me es favorable, quise desafiar al mismísimo Hugo Chávez en Emplazamiento de Caracas (8 de febrero de 2010):

Comoquiera, pues, que Usted persiste en el empeño de convertir el Estado venezolano en uno francamente socialista y, de hecho, aprovecha el menor pretexto para expropiar y estatizar entidades económicas típicas de la esfera privada; comoquiera que no puede sostenerse válidamente que el Pueblo ha repudiado explícitamente la pretensión de convertir nuestro Estado en uno socialista, es de la mayor importancia, de la más especial trascendencia nacional, que se consulte directa e inequívocamente al Pueblo, al verdadero Soberano, sobre Su voluntad acerca de este punto.

Para evitar ambigüedades, la pregunta sometida a cada ciudadano del país en disfrute pleno de sus derechos políticos debe ser como ésta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”

Por supuesto, según pauta el Artículo 71 de la Constitución, este preciso referéndum consultivo pudiera ser convocado “a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”. Pero también señala ese artículo que lo mismo puede ser causado “por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, y es meridianamente claro que este último es el procedimiento más expedito y menos costoso para el país, en momentos de grande dificultad económica nacional.

De modo, pues, Señor Presidente, que si Usted ha recomendado insistentemente a sus opositores organizados en partidos políticos la convocatoria de un referéndum revocatorio en Su contra, a Usted puede recomendársele recíprocamente, más bien exigírsele, que convoque Usted mismo, en acuerdo con Sus ministros, el referéndum consultivo sobre la conveniencia de instaurar en nuestro país un régimen político-económico socialista.

Al menos comentaron ese artículo, la mayoría favorablemente, varios visitantes del blog, y una serie de entradas sobre el tema pareció culminar en Doctrina del referendo sobre el socialismo (junio de 2010):

La duda más frecuente en las comunicaciones recibidas, todas expresivas de un gran interés en la iniciativa, es si la promoción del referendo no afectará negativamente el desempeño de las campañas (especialmente las de candidatos de oposición) hacia las elecciones de la Asamblea Nacional.

Creo que la respuesta a esa duda es declarar que estas elecciones se afectarían significativamente por la inclusión del referendo en su misma fecha, el 26 de septiembre, pero de un modo totalmente contrario: las afectaría de una manera enteramente positiva. Esto es así por dos razones principales.

La Asamblea resultante por miopía estratégica

Asamblea resultante por miopía estratégica

Primera: porque el debate sobre la materia del referendo—la conveniencia o inconveniencia de instaurar en Venezuela un régimen socialista—contribuirá a clarificar el tema central de esta elección. La Asamblea Nacional en funciones o, más exactamente, su fracción dominante, la del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha asumido una línea de cooperación incondicional y aquiescencia plena a las intenciones y decisiones socializantes del Ejecutivo Nacional. Ahora todos los diputados de esa importante fracción hablan de socialismo como la justificación última de las leyes, investigaciones y acuerdos que aprueban con la mayor celeridad, para facilitar la acción del Presidente de la República en dirección del socialismo. Están con el Presidente en un compromiso de “patria, socialismo o muerte”. Este tema, por tanto, es el verdadero debate nacional, más allá de las muy razonables agendas legislativas de cada candidato a diputado, y de la crucial necesidad de restituir en el país un equilibrio de poderes enteramente extraviado.

Segunda: porque la importancia de la cuestión estimulará una mayor afluencia electoral el 26 de septiembre. Esto, por cierto, debiera ser asunto del mayor interés a los candidatos de oposición especialmente. Más de un estudio de opinión señala que, aun en circuitos donde la propensión a elegir candidatos de oposición es mayoritaria, una mayor tendencia abstencionista en el electorado opositor terminaría dando el triunfo a candidatos del oficialismo.

No es entonces ahora la primera vez que se rechaza la idea porque, antes de cruzar el puente del referendo, habría que cruzar el río de las elecciones de Asamblea. (Argumento reeditado por Jesús Torrealba el 23 de mayo de este año en la edición #145 de Dr. Político en Radio Caracas Radio, reforzado por la profunda noción de que no vivimos en un cantón suizo). Más de uno pretendió disuadirme:

NN me escribió el 9 de junio de 2010 para excitarme a que cesara en “esta cruzada”, aduciendo falazmente que las “últimas encuestas”, en particular la de Datos, señalaban la existencia en el país de una mayoría ciudadana a favor del socialismo. XX e YY, del Grupo La Colina, reiteraron la afirmación de NN, aunque no fueron capaces de mostrar la información del Pulso Nacional de Datos que corroboraría esa pretensión. El 27 de enero de 2011, Joseph Saade, quien sustituyó a su padre en la presidencia de Datos, hizo una presentación—Perspectivas del Consumidor y Opinión Pública—, en el foro Perspectivas Económicas de VenAmCham, que incluyó estas afirmaciones: “En cuanto al modelo socialista del Gobierno, 50% de la población está en desacuerdo versus 34% que está a favor. El estudio señala que sólo uno de tres venezolanos apoya el modelo del Presidente Hugo Chávez“. Saade es persona muy cercana al grupo de XX e YY. (En Las élites culposas).

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La misma noción, la misma fe en el pueblo, la misma convicción acerca de la corrección del tratamiento del chavoma por apelación al Soberano, ha sido expuesta por mí numerosas veces en Dr. Político en RCR—programa iniciado el 7 de julio de 2012—, ocurriendo la primera en la transmisión del 3 de noviembre de ese mismo año. Una de las versiones radiales del tratamiento fue explicada en El Gran Referendo. (6 de abril de 2014), y ya en junio de 1998 había escrito en referéndum (De héroes y de sabios):

Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo venezolano continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles.

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Un posible veredicto acerca de tal periplo—el recuento precedente es sólo una fracción del recorrido—es que se trata de un evidente caso de terquedad. Pero una observación de John C. Maxwell me ofrece refugio: “El fracaso de los planes no debe interpretarse como el fracaso de la visión. Las visiones no cambian, sólo se refinan.  Sé terco respecto de tu visión, pero flexible con tu plan”.

Voy a intentar de nuevo. LEA

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Emplazamiento de Caracas

Escudo de Santiago de León de Caracas

Al Señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, desde Caracas, en 8 de febrero de 2010:

En los últimos tiempos, Señor Presidente, Usted ha desafiado, a quienes ejercen desde partidos políticos de la Nación una oposición pertinaz a Su modo de gobernar, a que intenten convocar un nuevo referéndum revocatorio de Su elevación a la Presidencia de la República. Esto lo ha hecho repetidas veces en tiempos recientes.

La consulta al Pueblo, el Máximo y Soberano Poder de la Nación—distinto de Usted, aunque Usted haya querido equipararlo, también muy recientemente, con Su persona—, es asunto recomendable en una democracia. En efecto, el Pueblo o, más bien, una mayoría de Él, elige al Primer Mandatario Nacional y a Sus representantes legislativos de la Asamblea Nacional, como lo hace en circunscripciones parciales del país con otros cargos de ámbito menor.

Igualmente, el Pueblo puede pronunciar Su opinión en materias de especial trascendencia nacional, puede abrogar leyes o aprobarlas, así como decidir sobre tratados con terceros estados que se sometan a Su consideración. Puede también revocar poderes conferidos en elecciones y, finalmente, decidir en lo tocante a las modificaciones de la Constitución o la promulgación de una enteramente nueva. Esto lo puede porque, en Su carácter de Poder Constituyente Originario, no tiene otra limitación distinta de los derechos humanos y los tratados válidamente convenidos con otras repúblicas. De resto, puede hacerlo todo y todo poder constituido, especialmente el que Usted ejerce, le está sometido.

Así que sería perfectamente posible la convocatoria y celebración de un referéndum revocatorio como el que ha venido siendo objeto de Su insistencia, pero no es en ningún caso el único referéndum concebible.

Hay uno en particular que es grandemente aconsejable: la consulta al Pueblo sobre la conveniencia de instaurar en nuestro país un régimen político-económico socialista.

La Constitución de Venezuela no define nuestro Estado como uno de esencia socialista. Su Artículo Segundo establece: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Siendo que la postura socialista es sólo una entre varias opiniones políticas, mal puede establecerse en el país como predominante o única cuando la Constitución estipula claramente el pluralismo político.

Y es de conocimiento perfectamente público que Usted dirige, por repetida y propia admisión, al Poder Ejecutivo Nacional y el Estado todo hacia un tal “socialismo del siglo XXI”, de definición imprecisa pero de conducta inequívoca, en total correspondencia con la definición que de socialismo ofrece el Diccionario de la Lengua Española: “Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”. (El castellano, naturalmente, a tenor de lo establecido en el Artículo 9 de la Constitución, es el idioma oficial en Venezuela, y su sentido, para cualquier propósito serio, está definido en el diccionario mencionado de la Real Academia Española).

Sin embargo, el Pueblo de Venezuela no ha sido nunca explícitamente consultado sobre materia de tan grande trascendencia, aunque un Estado venezolano socialista afectaría profundamente las costumbres de la Nación y alteraría radicalmente la suprema normativa constitucional.

Es verdad que Usted habló de “socialismo del siglo XXI” antes de ser reelecto en 2006, pero para la época esa noción era todavía muy nebulosa puesto que, según Su propia declaración, ese socialismo tendría que ser inventado. Esto es, quienes votaron por Usted el 3 de diciembre de 2006 estaban impedidos de saber en qué consistía Su proposición o intención de establecer en el país un régimen de “socialismo del siglo XXI”.

En cambio, pudiera argüirse que los venezolanos ya nos pronunciamos al efecto el 2 de diciembre de 2007. Pero esto último no es verdad. Ese día rechazamos dos proyectos de reforma constitucional propuestos por Usted y por la Asamblea Nacional, pero en ninguno de los dos se consultaba tan portentosa materia de manera franca y clara.

Hubo, sí, en esos proyectos intentos de contrabandear una imposición a la Nación de un régimen socialista. Por ejemplo, en la modificación pretendida del Artículo 16 de la Constitución, relativo al territorio nacional, se decía: “Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”. Se quería también cambiar el Artículo 70 y decir: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo…” Al pretender la modificación del Artículo 103, en lo tocante a una “educación integral”, se quiso normar: “…el Estado realizará una inversión prioritaria de acuerdo a (sic) los principios humanísticos del socialismo bolivariano…” Etcétera.

Pero, por una parte, Usted no parece dispuesto a darse por aludido con la inequívoca manifestación del Pueblo, a pesar de que Usted mismo comentara luego del 2 de diciembre de 2007: “Quizás no estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No estamos listos todavía para emprender un gobierno abiertamente socialista”. Por la otra, conviene estar seguros en asunto tan grave. Los proyectos de reforma constitucional derrotados el 2 de diciembre de 2007, que negaron de pleno derecho todas y cada una de las aproximaciones indirectas mencionadas, comprendían la modificación de sesenta y nueve artículos de la Carta Magna, y puede sostenerse que a nadie le es posible especificar con seguridad a qué fue exactamente lo que una mayoría de electores negó su aquiescencia, puesto que las modificaciones individuales fueron amalgamadas en dos proyectos compuestos, cada uno, por muchos artículos. Usted pudiera argumentar con lógica validez que nadie sabe si el Pueblo negó, en aquella oportunidad, la implantación en Venezuela del indefinido “socialismo del siglo XXI”, base y justificación primordial de Su actuación.

Comoquiera, pues, que Usted persiste en el empeño de convertir el Estado venezolano en uno francamente socialista y, de hecho, aprovecha el menor pretexto para expropiar y estatizar entidades económicas típicas de la esfera privada; comoquiera que no puede sostenerse válidamente que el Pueblo ha repudiado explícitamente la pretensión de convertir nuestro Estado en uno socialista, es de la mayor importancia, de la más especial trascendencia nacional, que se consulte directa e inequívocamente al Pueblo, al verdadero Soberano, sobre Su voluntad acerca de este punto.

Para evitar ambigüedades, la pregunta sometida a cada ciudadano del país en disfrute pleno de sus derechos políticos debe ser como ésta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”

Por supuesto, según pauta el Artículo 71 de la Constitución, este preciso referéndum consultivo pudiera ser convocado “a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”. Pero también señala ese artículo que lo mismo puede ser causado “por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, y es meridianamente claro que este último es el procedimiento más expedito y menos costoso para el país, en momentos de grande dificultad económica nacional.

De modo, pues, Señor Presidente, que si Usted ha recomendado insistentemente a sus opositores organizados en partidos políticos la convocatoria de un referéndum revocatorio en Su contra, a Usted puede recomendársele recíprocamente, más bien exigírsele, que convoque Usted mismo, en acuerdo con Sus ministros, el referéndum consultivo sobre la conveniencia de instaurar en nuestro país un régimen político-económico socialista.

Si Usted cree verdaderamente en la democracia participativa, si Usted puede ver que la pretendida instauración modifica profundamente la estructura y el concepto del Estado venezolano y las costumbres de la Nación, si puede ver que Usted no tiene derecho de imponer tal cosa, por su gravedad, sin recabar la opinión del Soberano, entonces Usted no puede negarse a la inmediata convocatoria del referéndum descrito. Usted nos debe esa consulta; se la debe al Pueblo, el Poder que le supera.

Es emplazamiento que le hace en Caracas, en calidad de Ciudadano e integrante del Poder Constituyente Originario,

Luis Enrique Alcalá

C. I. 2.139.408

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Aquí, lectura de lo que antecede en archivo de audio:

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El caso de una Licenciatura en Política

 

 

 

 

 

 

 

politica9ap

1. La Política es un arte. A pesar de la legítima existencia de “ciencias políticas”, la Política no es en sí misma una ciencia, sino una profesión, un arte, un oficio. Del mismo modo que la Medicina es una profesión y no una ciencia, por más que se apoye en las llamadas “ciencias médicas”, la Política es la profesión de aquellos que se ocupan de encontrar soluciones a los problemas públicos.

Por tal razón, las soluciones a esta clase de problemas no se obtiene, sino muy rara vez, por la vía deductiva. La esencia del arte de la Política, en cambio, es la de ser un oficio de invención y aplicación de tratamientos. En este sentido, hay un “estado del arte” de la Política.

El paradigma así delineado se contrapone a una visión tradicional de la Política como el oficio de obtener poder, acrecentarlo e impedir que un competidor acceda al poder. Esta formulación, que los alemanes bautizaron con el nombre de Realpolitik, es el enfoque convencional, que en el fondo es responsable por la insuficiencia política—exactamente en el mismo sentido que se habla de insuficiencia cardiaca o renal—de los actores políticos tradicionales. El tránsito de un paradigma de Realpolitik a un paradigma “clínico” o “médico” de la política se hará inevitable en la medida en que la sociedad en general crezca en informatización y acreciente de ese modo el nivel general de cultura política de los ciudadanos.

2. Siendo que la política es una profesión, y de las más complejas, se sigue que debe beneficiarse de una formación sistemática de educación superior, la que debe ser impartida por una escuela universitaria de Política, en la que pudiera ganarse una licenciatura y, posteriormente, grados superiores.

No son lo que se requeriría las Escuelas de Ciencias Políticas. Los “politólogos” egresados de tales escuelas están preparados para el estudio y la enseñanza sobre los procesos políticos, no para hacer Política. Tampoco son la solución los postgrados en políticas públicas, encaminados a preparar para el rol de analistas—policy analysis—al estilo de instituciones tales como la Escuela Kennedy de Gobierno (Harvard) o el doctorado en Policy Analysis de la Corporación RAND, puesto que, de nuevo, sus egresados están en capacidad de servir como auxiliares científicos a la toma de decisiones públicas, y no como decisores ellos mismos. (Típicamente, el análisis de políticas se conduce en institutos especializados que en inglés son designados con el nombre de think tanks).

3. Tradicionalmente—y sobre todo en Venezuela—el político profesional es un autodidacta, proveniente en mayoría del campo jurídico, aunque ocasionalmente de otras profesiones—Belaúnde Terry, arquitecto; Lusinchi, médico; Chávez, militar. Esas formaciones inciden de modo muy colateral sobre la profesión política propiamente dicha, y se da preferencia a destrezas o técnicas más relacionadas con el proceso de obtención de poder.

Así, la oratoria es una práctica apetecida por nuestros políticos, como lo es también el conocimiento de la técnica propagandística y demás instrumentos de análisis y manejo de la opinión pública. Una comprensión suficiente de los procesos de negociación y resolución de conflictos resulta útil al modelo prevaleciente de política de poder y conciliación de intereses.

Este modelo prescribe, en consecuencia, que la legitimación de un actor político se da en función de su éxito como “combatiente” o “luchador”, en la medida de su éxito en el descrédito de un adversario, y muy poco en términos programáticos relacionados con la solución de problemas públicos. Por otra parte, las organizaciones que típicamente alojan a quienes compiten por el poder se parecen muy poco a las instituciones del poder público, por lo que el adiestramiento en la creación y mantenimiento de alianzas dista mucho de ser útil a la hora de dirigir un aparato público organizado de manera muy distinta. La coordinación de una marcha de protesta es asunto muy diferente a la toma de decisiones en gabinete, o a la formulación de una política exterior, por ejemplo.

4. No se trata de postular que el know how en artes como las mencionadas sea totalmente impertinente al ejercicio político. A fin de cuentas, la emulación y la competencia son conductas connaturales a las personas. En este caso, sin embargo, es posible concebir una disciplina del combate, un encauzamiento del mismo con privilegio de una legitimación programática. (“No se trata de eliminar el “combate político”, sino de forzar al sistema para que transcurra por el cauce de un combate programático como el descrito. Valorizar menos la descalificación del adversario en términos de maldad política y más la descalificación por insuficiencia de los tratamientos que proponga… Este desiderátum, expresado recurrentemente como necesidad, es concebido con frecuencia como imposible. Se argumenta que la realidad de las pasiones humanas no permite tan ‘romántico’ ideal. Es bueno percatarse a este respecto que del Renacimiento a esta parte la comunidad científica despliega un intenso y constante debate, del que jamás han estado ausentes las pasiones humanas, aun las más bajas y egoístas. El relato que hace James Watson—ganador del premio Nóbel por la determinación de la estructura de la molécula de ADN junto con Francis Crick—en su libro “La Doble Hélice” (1968) es una descarnada exposición a este respecto… Pero si se requiere pensar en un modelo menos noble que el del debate científico, el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte «salvaje» en uno más «civilizado», en el que no toda clase de ataque está permitida… En cualquier caso, probablemente sea la comunidad de electores la que termine exigiendo una nueva conducta de los “luchadores” políticos, cuando se percate de que el estilo tradicional de combate público tiene un elevado costo social”. Carta de Política Venezolana, Nº 51, 28 de agosto de 2003).

Por otra parte, una buena proporción del trabajo político tiene que ver con negociación y manejo de conflictos, así como es de mucha utilidad estar familiarizado con los principales protocolos y técnicas del análisis de políticas—diseño de escenarios, análisis de sensibilidad, etc. No es esto suficiente, sin embargo, y Tocqueville hizo un preciso apunte a este respecto, cuando comentaba cómo los políticos de Luis XVI fueron incapaces de prever la Revolución Francesa: “…es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos—hombres de Estado, Intendentes, los magistrados—hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario”. (Alexis de Tocqueville: El Antiguo Régimen y la Revolución, citado en Carta de Política Venezolana, Nº 50, 21 de agosto de 2003).

Tal vez sea aun más fundamental la ignorancia o más bien desactualización epistémica de la inmensa mayoría de los políticos. (“A través del análisis de las fracturas que se producen en los contenidos de ciertos campos del conocimiento cuando se pasa de una época a otra, Fou­cault propone la noción de “episteme”, para referirse al núcleo de nociones básicas y centrales de una determinada época… Foucault analiza en detalle el campo de la biología, el de la economía y el de la lingüís­tica. Así llega a encontrar cómo hay una radical diferencia conceptual, una verdadera fisura de separación, entre la biología moderna y la clásica, la que ni siquiera se pensaba a sí misma como biología sino como “historia natural”. Igual discontinuidad se observa entre la economía y la ciencia que la precedió, la “teoría de las riquezas”, y entre la lingüística y la “gramática” que fue su antecesora. En cambio, logra demostrar la comunidad de imágenes e ideas que se da entre la historia natural, la gramática y la teo­ría de las riquezas, del mismo modo como en­cuentra nociones comunes a la economía, la lingüística y la biología posteriores”. De “Un tratamiento al problema de la calidad de la educación superior no vocacional en Venezuela”, diciembre de 1990). Nuestros políticos, como prácticamente todos los hombres, comprenden al mundo y a la sociedad desde una episteme, un conjunto de paradigmas que en el mejor de los casos corresponden a nociones prestadas de la física clásica. Así lo revelan expresiones tales como “fuerzas políticas”, “vectores políticos”, “espacios políticos”. (“¿Hay espacio para una nueva fuerza política?”)

Y resulta que en los últimos cuarenta años la ciencia ha podido arribar a un conocimiento altamente pertinente al caso de la Política: se trata de la comprensión de los sistemas complejos con las teorías de la complejidad, de los fenómenos caóticos, del comportamiento de enjambres, etc. Un político profesional que ignore estas nuevas estructuras para la interpretación de los sistemas complejos será incapaz de comprender las sociedades contemporáneas y por tanto de prescribir tratamientos a sus problemas.

5. El pénsum, en consecuencia, de una Escuela de Política, deberá componerse de un conjunto de materias que correspondan a la complejidad del campo profesional de ese oficio y la responsabilidad implicada en ejercerlo. Los siguientes pueden ser, entre otros, los bloques que lo compongan.

  1. Bloque epistémico:
    1. Teoría de la complejidad y el caos: sistemas dinámicos complejos (no lineales); autoorganización; propiedades emergentes; comportamiento caótico; manejo y control del caos
    2. Teoría de enjambres
    3. Episteme general a comienzos del siglo XXI: nociones elementales de cosmología, física de partículas e incertidumbre, teoremas de Gödel, hipótesis de Sapir-Whorf, interpretación de McLuhan, etc.
  2. Bloque de Política General:
    1. Elementos de Política General: noción de “sociedad normal” y de “normalización de sociedades”.
    2. Psicología Social
    3. Sociología General
  3. Bloque de Política Especial:
    1. Política Económica, con énfasis en macroeconomía y finanzas públicas.
    2. Política Internacional: Derecho Público Internacional, Instituciones Internacionales.
    3. Política de Defensa: nociones de geopolítica y doctrinas modernas de defensa.
  4. Bloque de Política Analítica
    1. Nociones de análisis de políticas.
    2. Futurología.
  5. Bloque Instrumental:
    1. Técnicas de oratoria.
    2. Negociación y resolución de conflictos.
    3. Toma de decisiones.
    4. Campañas electorales.
    5. Castellano.
    6. Inglés.
    7. Otro idioma moderno.
    8. Manejo práctico de computadores.
  6. Bloque de Gestión Pública
    1. Nociones generales de gerencia
    2. El problema especial de la gerencia y la administración pública
    3. Tecnologías de manejo de información y gestión pública
  7. Bloque de Derecho
    1. Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho
    2. Nociones de Derecho Público
    3. Nociones de Derecho Privado
    4. Nociones de Derecho Constitucional
    5. Nociones de Derecho Administrativo
  8. Bloque de Procesos Contemporáneos
    1. Fenómenos de globalización e informatización
    2. Tendencias hacia instituciones de gobierno mundial
  9. Bloque de Ética
    1. Nociones de Ética General.
    2. Un código deontológico para el ejercicio de la Política.
  10. Bloque de Historia
    1. Historia del Siglo XX
    2. Historia de las ideas y las instituciones políticas.

Una buena dotación de materias electivas—políticas especiales como la educativa, la sanitaria, la comunicacional, etc.—junto con talleres, seminarios y un régimen de pasantías, complementará la redondez necesaria a la carrera.

No pasaría mucho tiempo, por otra parte, sin que debiera responderse a ulteriores necesidades de postgrado.

6. Será preciso el desarrollo de un proyecto más completo y detallado, así como armar la estrategia necesaria a la obtención de las autorizaciones que deberá proveer el Consejo Nacional de Universidades para la creación de esta novísima y fundamental carrera.

Es pronosticable que la demanda de cupo será muy nutrida, en una sociedad que, como la venezolana, se encuentra inmersa en graves problemas de índole política, necesitados de solución.

Por último, la innovación implicada en la fundación de una Escuela de Política, única en su clase en el mundo, conllevará un inusitado interés internacional en torno a su existencia y evolución.

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Acta de Abolición y Estatuto de Transición (versión de mayo de 2003)

Abajo cadenas

ACTA DE ABOLICIÓN

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías la Asamblea Nacional se reunirá en sesión plenaria para elegir, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, una Junta de Transición de cinco (5) miembros, la que ejercerá colegiadamente las funciones atribuidas por la Constitución a la Presidencia de la República hasta que la celebración de elecciones presidenciales, en un lapso que no será menor de seis meses ni mayor de un año, determine quién deberá completar el período constitucional como Presidente de la República.

Cláusula Segunda. Los miembros de la Junta de Transición deberán llenar los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de Presidente de la República.

Cláusula Tercera. Ningún miembro de la Junta de Transición podrá postularse en las elecciones presidenciales previstas en la Cláusula Primera.

Cláusula Cuarta. En las elecciones presidenciales que se celebrarán para elegir a quien complete el período constitucional participarán como candidatos quienes hayan presentado un programa de gobierno a los Electores de Venezuela y no se les permitirá propaganda electoral hasta que lo hayan hecho.

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Gran Referendo Nacional

Así podremos salvarnos

Así podremos salvarnos

Un posible acuerdo político ante el ultimátum de abolición

Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional.

Lo primero que debiera dilucidar un referéndum así es la conveniencia de la permanencia del Presidente de la República en su cargo. No es éste un asunto que compete sólo a los más conspicuos entre los actores políticos en Venezuela. Es un asunto del Pueblo todo.

Formulada así la pregunta: “¿Considera Ud., Sr. Elector, conveniente para la salud de la Nación que el ciudadano Hugo Chávez Frías continúe en el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela?”, el resultado no sería, en ningún caso, legalmente vinculante, aunque sí sería moral y políticamente obligante. Distinto fuere que una mayoría de venezolanos suscribiese un mandato expreso de abolición del gobierno, pues aquí se manifestaría plenamente el carácter supraconstitucional del Pueblo.

Pero aunque no sea vinculante el Sr. Presidente sabrá atenerse a la opinión popular. Si una mayoría contestare negativamente, entonces el Sr. Presidente debiera renunciar. Esta última posibilidad introduciría la obligación constitucional de elegir un nuevo presidente dentro de los treinta días de haberse hecho efectiva la renuncia, si es el caso que ésta se produjere antes de cumplirse la mitad del período.

Para contribuir con la libertad y credibilidad del ejercicio de consulta, el Presidente debe separarse temporalmente del cargo, según lo previsto por el Artículo 234 de la Constitución: “Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.

De este modo el Sr. Presidente se abstendría voluntariamente de presidir la República mientras se dispone lo necesario a la celebración del referéndum, para el que los seis meses posibles según el 234 tendrán que bastar. Si se requiriere nueva elección presidencial un mes después, ya estará adelantado el trabajo correspondiente al registro electoral y buena parte de las coordinaciones necesarias.

El Sr. Presidente debe completar su aporte nombrando, antes de producirse su falta temporal, a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo, quien deberá ser persona que pueda ser vista por las partes hoy en conflicto como alguien que pueda ofrecer garantías de comportamiento imparcial.

La celebración de referendos, así como la de elecciones, es un proceso costoso y laborioso, que debiera intentar el logro de una máxima eficiencia. No debiera convocarse a referéndum para obtener la respuesta a una única pregunta. Estando frente al hecho trascendente de la presencia participativa del Pueblo, debiera consultársele sobre más de una materia, para así aprovechar mejor el poder de su carácter definitivo e inapelable en la dilucidación de cuestiones que inquietan el alma nacional.

Nosotros, los representantes debidamente autorizados por el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y por la Coordinadora Democrática, conscientes de la importancia de lograr un clima de entendimiento nacional, acordamos el siguiente Protocolo de Entendimiento:

 

PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO

I. CONCESIONES COMUNES

Cláusula Primera: Ambas partes reconocen que el país atraviesa una seria crisis cuya solución debe ser sometida a la decisión del Pueblo de Venezuela y que es necesario iniciar un período de recuperación que consolide la democracia venezolana.

Cláusula Segunda: Ambas partes acuerdan suspender la organización de manifestaciones públicas que no sean las propias a la cuestiones del Gran Referendo Nacional estipulado en la Cláusula Cuarta y excitar a sus respectivos partidarios a respetar tal suspensión mientras se mantenga la validez del presente Protocolo de Entendimiento.

Cláusula Tercera: Ambas partes acuerdan moderar sus manifestaciones de propaganda adversaria en contribución a la creación de un clima de entendimiento nacional.

Cláusula Cuarta: Ambas partes aceptan la celebración de un Gran Referendo Nacional, el que consultará en diversas materias de especial trascendencia nacional y será convocado por la Asamblea Nacional para su celebración el 19 de abril de 2003. A los fines de la determinación de las preguntas del Gran Referendo Nacional, el Gobierno Nacional suministrará tres preguntas para someter a consulta. La Coordinadora Democrática someterá una pregunta sobre si es conveniente la permanencia en el cargo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y dos preguntas adicionales.

Cláusula Quinta: Ambas partes acuerdan reconocer y acatar la mediación y veeduría de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la supervisión del cumplimiento del presente Protocolo de Entendimiento en general y, en particular, para la garantía de una limpia consulta popular en el Gran Referendo Nacional.


II. CONCESIONES RECÍPROCAS

Cláusula Sexta: El Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, de serle adverso el resultado del Gran Referendo Nacional en cuanto a su permanencia en el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se compromete a renunciar al mismo. La Coordinadora Democrática se compromete a reconocer la legitimidad del Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela de serle favorable el resultado de la consulta.

Cláusula Séptima: El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se compromete a separarse temporalmente del cargo por un lapso de noventa días, prorrogable por igual duración, según lo contemplado en el Artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a nombrar antes de la separación a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, de común acuerdo con la Coordinadora Democrática. La Coordinadora Democrática renuncia a promover un referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela o una enmienda constitucional para la reducción de su período.

Cláusula Octava: En negociación separada el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Asociación Civil Gente del Petróleo acordarán lo conducente a la pronta normalización de actividades de la industria petrolera nacional.

Cláusula Novena: En negociación separada el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y una representación de los altos oficiales militares declarados en desobediencia legítima, acordarán lo conducente a la pronta normalización de la situación profesional de estos oficiales.

El presente Protocolo de Entendimiento tendrá una vigencia de noventa días continuos contados a partir de la firma del mismo por las partes, prorrogables por un lapso idéntico.

Dado, firmado y sellado en Caracas, a los xx días del mes de febrero de 2003

Por el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

 

Por la Coordinadora Democrática

 

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos

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LEA

 

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