REF #28 – Primer referendo nacional

Un nuevo título distingue a la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política: el Título Sexto de esta ley está dedicado por entero a la celebración de referendos.

Los referendos deben practicarse “con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional”.

Hay algunas materias que, independientemente de su trascendencia, según la ley no pueden ser consultadas. Estas son las materias de carácter presupuestario, fiscal o tributario; la concesión de amnistía o indultos; la suspensión o restricción de garantías constitucionales y la supresión o disminución de los derechos humanos; los conflictos de poderes que deban ser decididos por los órganos jurisdiccionales; la revocatoria de mandatos populares, salvo lo dispuesto en otras leyes; los asuntos propios del funcionamiento de entidades federales y sus municipios.

La expresa prohibición de suspender garantías por referendo remite al recuerdo de la amenaza de Rafael Caldera de recurrir a este expediente cuando, a comienzos de este período, su segundo decreto de suspensión de garantías fue rechazado por el Congreso. La amenaza surtió su efecto. Un subsiguiente envío de, en esencia, el mismo decreto, contó con los votos de Acción Democrática para la aprobación parlamentaria.

Y la exclusión de la revocatoria de mandatos populares como materia de referendos va contra su concepto de reforma constitucional en 1991 y del principio expuesto en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, donde se propugna, entre otros, los referendos revocatorios.

Desde el punto de vista del Derecho Público lo correcto es crear los referendos –más allá del único previsto en la Constitución vigente para reformarla– en una normativa constitucional, como lo prefiere Caldera, a como lo hizo el Congreso, que los permite en uno de los títulos de la ley electoral, la que, naturalmente, tiene rango subconstitucional. Un referendo nacional es una convocatoria al propio fundamento de la democracia –los Electores– para tomar “decisiones de especial trascendencia nacional”. El nivel correcto para prescribir los actos del poder público primario es el de la Constitución. Una vez hecho desde el rango de una ley, aunque orgánica, no podía esta ley además vulnerar, con referendos revocatorios, períodos de mandato establecidos constitucionalmente. De allí la salvedad: “salvo lo dispuesto en otras leyes”. Pero ninguna ley distinta podrá hacer lo que ésa no pudo: disponer algo distinto de lo que manda la Constitución. La salvedad, pues, no ha puesto a salvo nada, y al menos en ese punto los referendos aguardan por su correcta inserción constitucional.

Pero fuera de las materias prohibidas toda otra decisión de especial trascendencia nacional puede ser consultada a los Electores. (La ley referida los pone en minúsculas). De hecho, en una misma consulta puede decidirse sobre más de una materia, pues la ley indica que “podrá convocarse la celebración de más de un referendo simultáneamente en una misma fecha”.

Una vez convocado un referendo el Consejo Nacional Electoral debe asegurar su celebración en un término no mayor de noventa días y no menor de sesenta. Esto es, a esta fecha todavía quedaría tiempo de celebrarlo junto con las elecciones presidenciales de diciembre. Para que esto sea posible habría que convocarlo antes del día 6 de octubre próximo.

¿Quiénes pueden convocar un referendo nacional? En el orden del texto de la ley, en primer lugar, el Presidente en Consejo de Ministros; luego una sesión conjunta del Congreso de la República por votación favorable de sus dos terceras partes; finalmente un número no menor del diez por ciento de los Electores, o un poco más de un millón de ellos.

Por orden de representatividad decreciente, consideremos primero la ruta de la iniciativa popular: obtener más de un millón de firmas de Electores registrados en apoyo a la convocatoria del referendo. Que esto se intentaría fue prometido únicamente por Hugo Chávez Frías en declaraciones de su campaña. Parece ser que su organización no pudo o no quiso, a pesar de la promesa y de su pretendida fuerza, obtener el número de firmas necesarias. Sólo le quedan quince días.

Luego está el Congreso de la República, el que ya ha concluido su período y que no hizo caso de la proposición que el Dr. Allan Brewer le hiciera llegar. Siempre se puede, por supuesto, convocar a sesiones extraordinarias para ese único fin. El Congreso de la República podría. Le quedan quince días para hacerlo.

Por último puede hacerlo el Presidente en Consejo de Ministros. Tiene quince días para convocarlo. La pregunta es ¿para qué hacerlo? La respuesta legal es obvia: para que los Electores tomen “decisiones de especial trascendencia nacional”. La pregunta política sólo podemos contestarla los Electores: ¿queremos nosotros tomar esas decisiones?

Constituyente

No puede caber duda de que Venezuela está frente a decisiones de especial trascendencia nacional. De hecho, una de ellas ha motivado la actual discusión pública sobre referendos. Se trata de la conveniencia de convocar un órgano constituyente. Y según todos los registros una buena parte de los Electores, de hecho la mayoría,  dice querer una Constituyente.

Como quiera que se mantienen discrepancias importantes, no sólo entre quienes creen que no debe convocarse una Constituyente y quienes piensan lo contrario, sino respecto de la forma de integrarla y la extensión de sus poderes, y respecto de la necesidad o no de reformar la Constitución de 1961 para convocarla, sería muy conveniente despejar también estas diferencias con ocasión del referendo.

Acá hay, pues, varios puntos a dilucidar, y esto requiere la mayor claridad sobre ciertos puntos fundamentales.

Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250:“Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”.

Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una Constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.

¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el “poder constituyente ordinario” o “derivado” –el Congreso de la República– tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una Constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.

Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la Constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?

Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas “en sus sesiones ordinarias del año siguiente” a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.

En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores –en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961– no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar –otro retraso y otro costo– las elecciones de la Constituyente misma.

Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación –por mayoría simple– en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.

Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera “Constituyente constitucional”, valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.

Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero –en una situación fiscal tan apretada como la nuestra– pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.

Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una Constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohíban para la Constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la Constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.

Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la Constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.

Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.

En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.

Y es que el purismo jurídico que ahora se esgrime contra la derivación directa de una Constituyente a partir del propio Poder Constituyente no es exhibido para nada a la hora de evaluar jurídicamente el siguiente hecho incontestable: el Congreso elegido en diciembre de 1958, y que produjo la Constitución que hoy nos rige, nunca estuvo explícitamente facultado por los Electores para constituirse como órgano constituyente. Ese Congreso se arrogó, pues, facultades extraordinarias que no le habían sido conferidas por nadie, y produjo una Constitución que nunca fue aprobada por el Poder Constituyente sino por las Asambleas Legislativas (¡el más débil procedimiento pautado ahora para las enmiendas!), a pesar de lo cual dictó en el Artículo 252: “Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución”.

Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.

Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.

Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, “La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano”, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material –a distinción del procesal– a la siguiente definición de inconstitucionalidad: “una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución”. Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva Constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”, dado que no dispone ninguno.

Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954  que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: “Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían –como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall– «intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado»”. (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).

En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.

Es así como pienso que compete ahora al Presidente de la República argumentar ante el Congreso la necesidad de la reforma, advirtiendo que convocará a referendo para decidir sobre la convocatoria de la Constituyente.

Más aún. Creo que Rafael Caldera merece ser quien haga esa convocatoria. Más allá de las críticas de la más variada naturaleza que puedan hacérsele, el presidente Caldera puede ser considerado con justicia el primer constitucionalista del país. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su aludida “Carta de Intención”: “El referendum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”; y también fue quien escribió en el mismo documento: “La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho”; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si este Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Si alguien merece la distinción de convocar al Primer Referendo Nacional ése es el Presidente de la República, Rafael Caldera.

Otras consultas

Una vez que se decida convocar a los Electores, al Poder Constituyente, para consultarlo sobre el tema discutido previamente, vale la pena aprovechar la excepcional ocasión para consultarle sobre otras materias de “especial trascendencia nacional”. Por una parte hay varias decisiones que revisten esa trascendencia y que vienen siendo insistentemente propuestas al país. Por la otra, una vez más, no estamos en condiciones de desperdiciar recursos. Hay que sacarle el jugo al Primer Referendo Nacional.

Por ejemplo, hace ya varios años que se propone vender –en distintas modalidades y proporciones– una porción de las acciones que el Estado venezolano posee exclusivamente en su empresa más importante: Petróleos de Venezuela. (A pesar de que hay quien sostiene que debe “privatizársele” por completo, la mayoría de quienes propugnan la noción sostiene que debe venderse un veinte por ciento de la propiedad y destinarse los fondos a obtener para el pago sustancial o completo de la deuda pública externa. Así argumenta, entre otros, el candidato presidencial Miguel Rodríguez).

Por ejemplo, hace ya varios años que se propone implantar en Venezuela un régimen monetario conocido con el nombre de “caja de conversión”, el sustituto total o parcial del Banco Central de Venezuela que pondría moneda nacional en circulación en función estricta de las reservas en dólares –la divisa preferida por los proponentes– y de una tasa rígidamente fija.

Pues bien, éstas son materias, sin ninguna duda, de “especial trascendencia nacional”. Es tan obvia su trascendencia que no es necesario demostrarla. Es difícil proponer cosas de mayor trascendencia –aunque las hay– y por tanto serían materia perfecta de un referendo.

Es de suponer que no faltará quien diga que tales decisiones no están al alcance del juicio de los Electores. Que “el pueblo” no está preparado para eso, que “el pueblo” no está en capacidad de entender esos asuntos, que hace falta saber mucho de economía petrolera o monetaria para tomar esas decisiones. Estaría equivocado quien así argumente contra la posibilidad de consultar sobre esas proposiciones en referendo.

En primer lugar, porque en el caso de la venta parcial de las acciones de PDVSA se estaría ante una decisión de propietarios. Precisamente es uno de los argumentos favoritos de quienes abogan por la fórmula extrema de regalarlas a los venezolanos mayores de edad, que de ese modo se estaría “devolviendo” a los nacionales la efectiva posesión de su riqueza más grande. Y los propietarios pueden auxiliarse con todas las opiniones técnicas que requieran, pero nadie distinto a ellos mismos puede en propiedad disponer de su patrimonio.

En segundo lugar, porque la más moderna y poderosa corriente del pensamiento social ya ha adoptado la realidad de los sistemas complejos: que éstos –el clima, la ecología, el sistema nervioso, la corteza terrestre, la sociedad– exhiben en su conjunto “propiedades emergentes” a pesar de que no se hallen en sus componentes individuales. (Ilustración de Ilya Prygogine, Premio Nobel de Química: si ante un ejército de hormigas que se desplaza por una pared, uno fija la atención en cualquier hormiga elegida al azar podrá notar que la hormiga en cuestión despliega un comportamiento verdaderamente errático. El pequeño insecto se dirigirá hacia adelante, luego se detendrá, dará una vuelta, se comunicará con una vecina, tornará a darse vuelta, etcétera. Pero el conjunto de las hormigas tendrá una dirección claramente definida). Así por ejemplo, la teoría económica clásica fundamentaba la lógica macroeconómica del mercado en la racionalidad microeconómica del comprador individual: el homo economicus que tomaba sus decisiones con toda lógica sobre una base de información transparente y perfecta. Hoy en día no es necesario suponer la racionalidad individual para postular la racionalidad del conjunto: el mercado es un mecanismo eficiente independientemente y por encima de la lógica de las decisiones individuales.

La inteligencia colectiva emerge como propiedad social, y si alguno quiere argüir en contra, mediante la exhibición de supuestas decisiones erradas de los venezolanos en las elecciones producidas con sus votos, se puede a la vez contraponerle que no hicimos otra cosa que distinguir entre opciones que no fueron determinadas por nosotros, y que en todo caso, en consecuencia, no fue “el pueblo” sino sus dirigentes políticos convencionales, quienes fabricaron las alternativas. Sobre la propiedad emergente de nuestra inteligencia colectiva podemos fundar con tranquilidad las decisiones más trascendentes. Es en ese sentido que Rafael Caldera tenía razón cuando dijo: “El pueblo nunca se equivoca”.

Pero también habrá quien esgrima la propia Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política para decir que consultas de ese tipo no serían legalmente posibles, por cuanto esa ley proscribe los referendos sobre materias presupuestarias, fiscales o tributarias, y la venta de acciones de PDVSA o el establecimiento de una caja de conversión indudablemente afectarían al presupuesto, al Fisco y a la tributación. Esto, sin embargo, no es lo que la ley significa, puesto que de ser así no se podría consultar prácticamente nada, puesto que casi cualquier “decisión de especial trascendencia nacional” tendería a tener consecuencias en uno o varios de esos ámbitos prohibidos. La venta de acciones de PDVSA no es materia presupuestaria, fiscal o tributaria; es materia patrimonial. La implantación de un mecanismo de caja de conversión no es materia presupuestaria, fiscal o tributaria; es materia monetaria. La consulta sobre tales cuestiones es perfectamente ajustada a derecho.

Por estas razones, pues, quisiera votar en un referendo que nos permitiera dilucidar estas cuestiones de indudable importancia y que han sido las protagonistas del debate económico reciente. Además, la inclusión de estos temas en el referendo que podremos celebrar en diciembre de este mismo año, contribuirá a desplazar la atención de la cosmética de las campañas y sus muy escuetos eslogans para fijarla sobre puntos realmente programáticos, lo que desde todo punto de vista es sano para la Nación.

Confianza

Como es perfectamente sano para la Nación el referendo mismo y la propia Constituyente. Concebidos con serenidad, convocado uno por el actual Presidente de la República y la otra según las reglas que puedan derivarse de la consulta popular o de una no imposible reforma de la Constitución, restituirán en grado apreciable la disminuida seguridad política venezolana.

Celebrado el referendo en diciembre de este año, para empezar, junto con las elecciones presidenciales, puede desaguarse por su fundamental cauce buena parte de la angustia ciudadana que hasta ahora sólo disponía de los cauces candidaturales y parece preferir uno entre ellos, el que se prevé más turbulento. Conduciendo buena parte del raudal de inconformes voluntades electorales por un brazo tan primario y portentoso como el de un referendo, es de esperar que la preferencia por lo tumultuoso disminuya, y así llegue a la Presidencia de la República un candidato inviolento.

No debemos temer a una Constituyente. Ya parece haberse desvanecido la noción de que la Constituyente a convocar tendría poderes omnímodos, disolvería otros poderes, y forzaría una nueva Constitución sin someterla a referendo.

No renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referendo. Así que nada podrá hacerse sin nuestro consentimiento. Así que cualquier temor residual no será otra cosa que temor de nosotros mismos.

Somos nosotros mismos. Somos los que saqueamos ciudades en 1989, los que apoyamos a Chávez después de haber apoyado a Sáez, los que cambiamos bolívares por dólares para depositarlos lejos de la Patria, los que abandonamos pacientes en los hospitales y niños en la calle. Somos los que debemos decenas de millones de dólares, los que cuestionamos todas nuestras instituciones, los que descreemos de nosotros mismos.

Pero somos también quienes respetamos las vidrieras ante el apagón descomunal de 1993 porque no quisimos dar pretexto a un golpe de Estado. Somos los mismos que no salimos a defender a Chávez un año antes porque pensábamos como nos ha citado “Amaneció de golpe”: estábamos arrechos pero no queríamos el golpe. Somos los que aceptamos de Caldera y con mayor paciencia lo que rechazamos de Pérez. Somos los que juzgamos a Pérez. Somos los que regresamos al cabo a los hospitales. Somos los que han hecho bajar el dólar. También somos los que rechazamos las calificaciones que se hacen de nuestra deuda. Somos los que producimos el petróleo heredado. Somos los mismos.

Podemos celebrar perfectamente una gran Constituyente. Vamos a celebrarla. Que no nos digan de afuera que no podemos tocar nuestro estatuto básico porque nos sacarán los reales. Ya nos han dicho lo mismo con muchas otras cosas y esto último es verdaderamente el colmo.

Podemos elegir sensatamente a nuestros apoderados constituyentes y prescribir límites a su poder, sujetando siempre sus efectos a nuestra aprobación.

Podemos elegir un conjunto de variadas trayectorias y perspectivas; no sólo los expertos en Derecho Constitucional y los historiadores que se ha dicho bastarían, sino los futurólogos y los expertos en sistemas.

Podemos elegirlos uninominalmente y también cooptar autoridades de conveniente inclusión y que aborrezcan imaginarse en campaña por cerros o cañadas. Podemos servir a la Constituyente con una secretaría técnica que prepare e investigue, y auxiliarla por un Consejo Asesor que recoja la experiencia y el ángulo de gremios y corporaciones.

La Constituyente no es, ciertamente, una fórmula mágica. Con ella, como dice un candidato, no podremos ir al mercado. No se trata de postularla como panacea. Se trata, simplemente, de reconocer que nuestra armazón constitucional contiene verdaderas camisas de fuerza que impiden la adaptación de nuestro Estado a las nuevas dimensiones planetarias de lo político y la ampliación de la democracia hasta los nuevos límites que la moderna tecnología comunicacional le impone.

A comienzos del período constitucional que ahora llega a su fin el Dr. Ramón Escovar Salom, preguntado acerca de los principales  problemas del período contestó así: “El problema principal va a ser el de la gobernabilidad”.

Cuando afirmaba esto no se refería a la dificultad de gobernar a un pueblo díscolo y desobediente que fuese necesario someter. Se refería más bien, como luego detalló con claridad, a los impedimentos fundamentales que la Constitución y las leyes imponían al gobernante. Se trata entonces de eso, de aumentar la gobernabilidad a través de una mejor estructura constitucional. Y a pesar de que con una nueva Constitución no se vaya al mercado, ni se mejore la situación de los hospitales, ni la condición de seguridad de los habitantes del país, sí es cierto que mejores disposiciones constitucionales incidirían sobre todos y cada uno de esos pro blemas, a través de una mejora sustancial en la capacidad del Estado. En todo caso, uno no rechaza el empleo de una herramienta porque no sirva para fines diferentes al que está destinada.

Finalmente, hay quienes argumentan que el mero hecho de convocar a una Constituyente es un acto desestabilizador. Que abriría un extenso compás de incertidumbre superpuesta a la existente, de por sí considerable.

Es todo lo contrario. La convocatoria sensata y responsable de una Constituyente contribuirá a la liberación de tensiones y proveerá un cauce perfectamente normal, aunque extraordinario, para la modernización de nuestro Estado.

Para más de un actor político convencional la oportunidad de los cambios nunca llega. Nunca parecen ser oportunos. Al menos desde 1963 se producía, siempre en año electoral, la proposición de separar las elecciones legislativas de las presidenciales. Así se hizo en 1968, 1973 y 1978, contando el proponente, por supuesto, conque su proposición sería rechazada con el argumento de inconveniencia de la oportunidad por tratarse de años electorales.

No puede posponerse por más tiempo el cambio fundamental que requiere la República. Diferir de nuevo la transformación para un momento más oportuno que nunca llegaría equivale a asegurarla como consecuencia de una explosión.

En estos momentos la Constituyente se perfila como un gran proceso estabilizador.

Pero también lo es el referendo mismo, la apelación directa a la opinión del Poder Constituyente, de los Electores de la Nación, para decidir sobre asuntos de nuestro más alto interés. En el fondo, más que una elección de representantes o mandatarios, es el referendo el acto supremo de una democracia. Es la participación total de la voluntad de los Electores en la toma de decisiones fundamentales.

La necesidad de la participación popular en esta toma de decisiones políticas no es en absoluto exclusiva de Venezuela. Tampoco es tan nueva, a pesar de su creciente actualidad. Hace ya dieciséis años, en 1982, publicaba John Naisbitt el más seminal entre sus libros, “Megatendencias: diez nuevas direcciones que transforman nuestras vidas”. Se explicaba allí la actuación de las más grandes y poderosas corrientes de transformación en el mundo postmoderno. La séptima de ellas era la del cambio de una democracia representativa a una democracia participativa. Decía Naisbitt entonces de este modo: “Políticamente estamos hoy inmersos en el proceso de un desplazamiento masivo de una democracia representativa a una participativa. En una democracia representativa, por supuesto, no votamos sobre los temas directamente; elegimos a alguien que vote por nosotros… Hemos creado un sistema representativo hace doscientos años cuando era la forma práctica de organizar una democracia. La participación ciudadana directa simplemente no era factible, así que elegíamos personas que fueran a las capitales de estados, nos representaran, votaran y luego regresaran a contarnos lo que había pasado. El representante que hacía un buen trabajo era reelecto. El que no lo hacía era rechazado. Por doscientos años esto funcionó bastante bien… Pero sobrevino la revolución en las comunicaciones y con ella un electorado extremadamente bien educado. Hoy en día, con información instantáneamente compartida, sabemos tanto acerca de lo que acontece como nuestros representantes, y lo sabemos tan rápidamente… El hecho es que hemos trascendido la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta”.

Estamos, por tanto, a las puertas de nuestro primer ejercicio nacional de democracia participativa. Ni más ni menos. Tal ocasión no puede ser otra que la de felicitarnos por la presencia de la oportunidad. Hagamos, por tanto, de nuestro Primer Referendo Nacional una gran ocasión, un gran referendo. Hagamos esto sin temer de nosotros mismos, con confianza en que somos lo suficientemente maduros para producir un resultado a la vez audaz y sensato.

A fin de cuentas, hay constantes en nuestras opiniones políticas más elementales que prefieren la democracia a la opción autoritaria, a pesar de la vociferación televisada de atrabilia rios personajes, a pesar de la escandalosa propaganda de una silla que ha ido a recalentarse hasta Madrid, a pesar de la falaz contraposición de una “mala” democracia y una “buena” dictadura, a pesar de la prédica odiosa e irresponsable de abusadores golpistas.

Hay que preservar por encima de todo lo que más de un siglo tardó en conquistarse: el régimen democrático obtenido en 1958. No podemos permitir que se le amenace.

Pero también necesitamos expandir la democracia, “ejercer una acción pública para acrecentar la democracia hasta que ésta alcance sus límites tecnológicos”. El medio para alcanzar esto no es otro que la Constituyente, y el detonante de su proceso no debe ser otro que el Primer Referendo Nacional.

El Presidente de la República tiene la potestad de desencadenar ese proceso. Será estupendo constatar que en sus manos no se perdió la República, pero lo será más todavía que pueda decirse que en esas mismas manos creció la democracia que él tanto contribuyó a crear. LEA

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REF #28 – Contratesis constituyentes

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La constituyente es sólo un argumento electorero de Chávez Frías, dice un candidato (Salas Römer) que se opone a la idea. Falso. Chávez Frías se incorpora a un “frente amplio pro constituyente” desde 1994. No es su postura ante el punto exclusivamente electoral. En su grupo, por lo demás, destacan entre otros Manuel Quijada y Luis Miquilena, quienes acompañaban las peticiones de Juan Liscano y su “patriótico” frente desde 1989.

Nosotros propusimos la constituyente en 1992, dicen otros (Brewer-Carías, Alvarez Paz), como queriendo mostrar que la idea no es propiedad exclusiva de Chávez Frías. Mal ejemplo. Chávez Frías podría contestar con toda comodidad: “Precisamente; Uds. la propusieron después de mi alzamiento. Hasta entonces no habían abierto la boca. Es el miedo que les causé lo que les llevó a hablar de constituyente”.

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum.

La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.

La constituyente es una fórmula mágica que no resolverá el problema del costo de la vida, de la seguridad personal, de la salud, y por tanto debemos desecharla. (Uslar, Fernández, muchos otros). Falaz argumento. Un destornillador no sirve, es cierto, para peinarse, sino para ajustar y desajustar tornillos. Porque no sirve para ordenar el cabello no debo desecharlo como instrumento útil a la función para la que ha sido diseñado. Y las constituciones, además, prescriben un marco legal supremo que puede facilitar o impedir la consecución de soluciones a problemas no constitucionales, como los enumerados.

La constituyente es inoportuna, estamos en crisis, no conviene añadir incertidumbre con ella. (Bunimov Parra, Carrillo Batalla, Fernández, etc.) Trampa. Nunca parecen ser oportunas las transformaciones, según algunos. Volver a posponer el cambio es aumentar todavía más la temperatura de la olla de presión, que tiene ciertamente un límite. Ese jueguito ya lo hemos jugado antes, cuando COPEI proponía separación de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1963, 1968, 1973, 1978. Justamente, todos eran años electorales, a sabiendas de que Acción Democrática se opondría bajo la tesis de que tal cosa era inconveniente en año de elecciones. Luego se olvidaban del asunto. Aprovecho para recordar una vez más a Eduardo Fernández que él admitió la conveniencia de una constituyente en 1992, cuando su desazón le llevó a declarar tal cosa desde la ciudad de Valencia. Algunas memorias son frágiles.

(Lo que antecede es el texto de artículo de Luis Enrique Alcalá, publicado el domingo 13 de septiembre de 1998 en el diario La Verdad de Maracaibo).

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REF #28 – Manual del mandarín

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Es sólo muy recientemente que la “teoría de la complejidad”—que incluye la llamada “teoría del caos”—ha podido proporcionar un paradigma adecuado al tratamiento del futuro de un sistema complejo. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la “regresión lineal”, mientras el “determinismo histórico” de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.

El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de “escenarios” (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aun la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de “abanico” de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.

El formalismo matemático sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o “atractrices” por los que puede discurrir la evolución del presente.

Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a fines de 1998.

Las atractrices estúpidas

Entre los venezolanos de posición social dominante, política o económica, hay una cierta división de percepciones respecto de los resultados en las próximas elecciones presidenciales. Hay quienes piensan que el triunfo electoral de Chávez Frías es inevitable. Hay quienes aún esperan algún tipo de sorpresa, algún reacomodo, alguna emergencia que niegue la posibilidad de Chávez Frías en la Presidencia de la República.

Y entre los primeros hay asimismo una subsiguiente ramificación. Está la rama de quienes se resignan al hecho y preparan como pueden su red de seguridad: dólares afuera, principalmente. Está la rama de quienes creen que es posible controlar o influir a Chávez Frías, o por lo menos que es posible evitar ser decapitados. Le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras.

Luego está una tercera rama, la más estúpida de todas, de los que han cruzado la raya de la inmoralidad política y se creen autorizados a emplear medios criminales para impedir el triunfo de Chávez Frías. Esta rama tiene a su vez tres ramitas: el asesinato, el fraude electoral, el golpe “preventivo” antes de las elecciones nacionales, contando con el tumulto justificador que las regionales establecerían a partir del 8 de noviembre. (Una semanita después). De todas las atractrices estúpidas ésta es la más fuerte y recrecida.

Tiene que haber en estos momentos la conformación de un plan de esta naturaleza: antidemocrático, abominable, estúpido. Hay demasiados signos de que esto es así.

Más a futuro, otra pequeña rama aspira surgir: un golpe de Estado “curativo” una vez que Chávez Frías esté en el poder y haya producido, previsiblemente, efectos allendistas.

Pero hay todavía otra esperanza para quienes han colocado sus apuestas sobre la mesa de las elecciones regionales: que un triunfo de Acción Democrática, similar al que obtuvo en las elecciones de 1995, opondría un muro de contención regional al poder central de Chávez Frías, y hay quien no descarta que esta línea divisoria sería la que separaría a los eventuales contendientes de una guerra civil: los poderes “locales” (de todos modos son controlados centralmente por el cogollo y el caudillismo adeco) frente a Chávez Frías, quien claramente prefiere un Estado fuertemente centralizado, con policía única nacional.

Los modos de pensar de quienes transitan por estos cauces son realmente defectuosos. La democracia está amenazada, dicen, por Chávez Frías, y para evitar este daño es preciso interrumpirla antes de que él lo haga. Bárbara Tuchman empleaba como ejemplo de insensatez política la declaración más citada de la guerra de Vietnam. Un mayor norteamericano justificaba que se hubiera arrasado un pueblo vietnamita del siguiente modo: “Se hizo necesario destruir el pueblo con el objeto de salvarlo”.

Las atractrices electorales

Para propósitos de la elección presidencial—no para otras instancias políticas—puede considerarse hoy que tres de los cinco candidatos presidenciales están ya técnicamente fuera de juego: Alfaro, Fermín, Sáez. Aclaro más. Alfaro Ucero y Acción Democrática continuarán siendo muy importantes factores políticos. Sáez Conde y COPEI en menor medida, y sólo si la candidata señorita declina antes de ser contada, como modo de preservar algo de su muy disminuido capital político. Fermín, pienso, tendría que reinsertarse en otro sitio. Buscar más adelante, tal vez, una gobernación para comenzar de nuevo. Pero lo que es para las elecciones presidenciales ninguno de ellos cuenta como candidato viable.

La atractriz electoral de mayor cauce, por ahora, es sin lugar a dudas la de Chávez Frías. Le sigue, con caudal en apariencia creciente, la atractriz de Salas Römer, pues es el único con potencial de aglutinar, más que un entusiasmo con su discurso, el fuerte rechazo y el temor que Chávez Frías genera. Y queda todavía un pequeñísimo cauce, un tubo capilar casi, que proporciona el Artículo 151 de la Ley del Sufragio y Participación Política: “…en caso de candidatos ya postulados que por muerte, renuncia, incapacidad física o mental o por cualquier otra causa derivada de la aplicación de normas constitucionales o legales deben ser retirados, se admitirán las correspondientes sustituciones”.

O sea, todavía puede darse un candidato sorpresivo de última hora. Esto es lo que había anunciado en público primero que nadie Pompeyo Márquez y luego quiso capitalizar Eduardo Fernández.

Para que una sorpresa de este tipo fuese realmente viable varias condiciones tendrían que llenarse. Entre ésas una es absolutamente indispensable: el candidato emergente no puede ser percibido por los Electores como alguien que de un modo u otro ha formado parte de la configuración del poder prevaleciente. Es decir, habría que olvidarse de Giusti, Ramírez León, Ledezma, del mismo Fernández. No podría ser viable sino un verdadero “outsider”.

Hace unos cuantos años ya se quería estimular a un cierto organismo público para que se atreviese a formular aunque fuese un proyecto audaz entre un nutrido conjunto de proyectos convencionales. Para esto se le planteó la siguiente parábola de la ruleta. Un jugador racional que dispone de mil bolívares—hace 18 años era una cantidad no despreciable—haría bien, primero que nada, en reservar la mitad y arriesgar al principio sólo quinientos bolívares. Y estos quinientos debiera colocarlos así: la gran mayoría, digamos cuatrocientos cincuenta, en apuestas de mayor probabilidad—rojo, negro, par, impar. Pero debiera poner un poquito, unos cincuenta bolívares, en un pleno: el diecisiete negro, por ejemplo, puesto que si pierde será poco, pero si gana el factor multiplicador del pleno es muy considerable.

Así que ante estas atractrices electorales los colocadores de recursos que, muy correctamente, consideran que Chávez Frías es un retroceso y un peligro totalmente inadmisibles, debieran considerar el mismo protocolo: reservar quinientos por si acaso; invertir cuatrocientos cincuenta en Salas Römer; guardar cincuenta para la eventualidad de un pleno sobre el Artículo 151.

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REF #26 – De héroes y de sabios

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La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones.

Argenis Martínez

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A Mauricio Marcelino Báez Cabrera

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Existe una antigua leyenda de las tribus germánicas según la cual, al comienzo del mundo, sólo había dos clases de hombres: héroes y sabios. (Dicen que en algunas traducciones se lee justos en lugar de sabios).

Según el mito, los héroes se levantaban todas las mañanas dispuestos para la faena: conquistar castillos, derrotar bandidos, rescatar doncellas y matar dragones. Al caer el día cesaba la jornada; y entonces los héroes se dirigían a las cuevas de los sabios, para que éstos les explicaran el significado de sus hazañas, pues no sabían ni por qué ni para qué las emprendían.

Lo que la leyenda indica es que desde hace mucho tiempo, en un pueblo bastante distante de nuestra heredad, ya se pensaba que había una gente que se ocupaba de las cosas y otra distinta que se entretenía con los significados de las cosas.

No es sólo en Venezuela, pues, que se manifiesta esa bipolaridad entre “hombres de acción” y “hombres de pensamiento”, entre héroes y sabios, entre caciques y brujos. Pero en Venezuela esta tensión se manifiesta con particular crudeza. Porque no sólo es que en Venezuela se prohíbe a los brujos mandar, sino que ni siquiera se les estima.

Una vez un profesor extranjero, experto internacional en sistemas de decisión racional de alto nivel, fue invitado por un ministro clave de un gabinete de esta última mitad de siglo venezolana. El profesor, a petición del ministro, recomendó la institución de un centro de investigación y desarrollo de políticas—con una cierta propensión al largo plazo, bien dotado de recursos, escudado del poder—; una unidad de análisis de políticas para la Presidencia de la República, naturalmente sometida al corto plazo, con capacidad de respuesta instantánea; y un programa de formación para los que trabajarían en ambos tipos de centro. Dijo que esa trilogía era indispensable para aumentar la racionalidad en la toma de decisiones públicas. Después de escucharlo con mucha atención, y después de declarar que esto último era lo que él procuraba hacer desde su ministerio, el ministro dijo: “El problema, profesor, es que por mucho tiempo más la clave de la política venezolana estará en el número de compadres que tenga el Presidente en el país”.

Y no se crea que algo así ocurre sólo en el corazón del Gobierno Central: hace unos años ya en una de las operadoras de PDVSA, nuestro dechado de virtudes gerenciales, un conferencista buscaba una página en blanco en el rotafolio de la junta directiva a la que hablaría en unos instantes. En ese proceso se topó con una página en cuyo centro estaba escrito lo siguiente: “A la industria petrolera no le conviene tener demasiada gente inteligente”.

¿Qué es este prejuicio contra las personas que tienen la tara de intelectualidad? Que se sepa, la Constitución de 1961 sólo inhabilita para el ejercicio de los altos cargos públicos a quienes no son venezolanos por nacimiento, a quienes son demasiado jóvenes, a quienes son religiosos. (Si se comprende las enmiendas, a quienes han sido hallados culpables de delitos contra la cosa pública). No existe indicación alguna, ni en su texto original ni en las dos enmiendas subsiguientes, de la inhabilidad política de los “hombres de pensamiento”. ¿De dónde se saca entonces que éstos no deben mandar?

 

Necesidad vital

Es un rasgo de modernidad de las más exitosas sociedades del planeta la presencia institucional importante de una reflexión profesional, sistemática, disciplinarmente amplia, sobre la dirección de sus organizaciones. En cada organización de importancia, sea pública o privada, las unidades de inteligencia y estrategia ocupan un espacio considerable y, fuera de ellas, grandes centros de análisis constituyen los think tanks, los “tanques” de pensamiento, que son capaces de inventar políticas, analizarlas, mejorarlas; e inventar también herramientas de análisis, de predicción, de invención y decisión.

Acá en Venezuela, en cambio, ha resultado muy difícil establecer este tipo de centros, y cuando se ha logrado hacerlo su vida ha resultado efímera o se ha distorsionado sus funciones propias para convertirlos en fabricadores de discursos o vitrina de eventos dirigidos a un objetivo de relaciones públicas. Y también ocurre que se le da el nombre de think tanks a organizaciones que realmente no lo son, con lo que se desacredita inmerecidamente a los verdaderos.

El autor de este comentario no conoce todos los institutos de investigación venezolanos en los que se estudie problemas públicos, por supuesto, y cree, además, que algún espacio se ha ido ganando a esta función racionalizadora de la política con la producción del ILDIS (centro socialdemócrata que contribuye a un análisis serio en el seno de los órganos de dirección de Acción Democrática), del IESA (que ahora ofrece una maestría en políticas públicas), del CENDES, (viejo centro de la democracia que ha perdido influencia), de la COPRE (que debiera ser redefinida), del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB, de Pensamiento y Acción, de CEDICE, de la Fundación Raúl Leoni, por mencionar a institutos domiciliados en la región capital. Y algo se hace, aunque muy poco y más bien marginal, en las escuelas de ciencias políticas.

Sin embargo, ninguno de los institutos nombrados es un verdadero think tank, estando menos lejanos que los otros de la definición de think tank el ILDIS, el CENDES y el Instituto de Investigaciones Económicas. Así, tengo razón para creer que la historia de la que soy testigo directo es un conjunto de casos pertinentes a la tesis acerca de la dificultad de que se dé en Venezuela un think tank público que sea digno del nombre.

Un think tank es un instituto de investigación con un número considerable de al menos, quizá, treinta investigadores que suelen trabajar, en grupos multidisciplinarios y especializados, en la formulación de políticas, en proyectos dirigidos sobre todo a procesos sociales amplios y de largo alcance o carácter estratégico, que examinan sus creaciones y recomendaciones con la mayor rigurosidad científica. Un think tank ha sido establecido porque se cree en la utilidad de un servicio de esa clase (pública o privadamente, pública o secretamente) y por tanto se le dota adecuadamente, hasta generosamente, de recursos (bibliotecas, salones, oficinas, computadoras, correo electrónico y “navegación” en Internet, asistencia en búsqueda y apoyo administrativo). Un think tank, para que sea verdaderamente tal, debe tener garantizada la libertad de pensar y expresar lo que piensa, debe gozar de un derecho equivalente a la libertad de cátedra, de un derecho a la investigación.

Otra cosa distinta son las llamadas unidades de análisis de políticas. Concebidas para proporcionar un análisis y un consejo oportunos, de aplicación las más de las veces táctica para la acción y decisión de un jefe, en principio deben estar sujetas a la confidencialidad y carecen usualmente del sosiego necesario para consideraciones de largo plazo. Lo que generan son documentos en los que recomiendan la adopción de alguna postura, sugieren objetivos para una negociación, informan acerca de un problema o de un interlocutor que será enfrentado próximamente, etcétera. En general, las unidades de análisis de políticas son consideradas más “útiles” que los think tanks.

Si uno observa con un poco de detenimiento a las sociedades dominantes, se dará cuenta de que en ellas abundan organizaciones de los tipos descritos. No debe ser casualidad que prolifere en los Estados Unidos toda clase de institutos de investigación y desarrollo de políticas—la Corporación RAND, la Institución Brookings, el Instituto Hudson, el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, el Instituto Catón, la Fundación Heritage, el Instituto de Investigaciones de Stanford, Arthur D. Little, los que recientemente ha establecido Newton Gingrich, y cientos más. Las sociedades avanzadas procuran alcanzar racionalmente un destino favorable.

Y ya no dudan de la enorme utilidad que estos centros de recomendación pueden rendir. Las ganancias que pueden derivarse de un solo estudio pueden justificar por sí solas toda la vida de un instituto. (El caso antonomásico es el del descomunal ahorro que representó para la fuerza aérea norteamericana la invención, en el seno de la Corporación RAND, del método de abastecimiento de combustible a los aviones en vuelo).

Yo creo que hay una razón profunda para esa mayor presencia de los institutos de política en las sociedades dominantes, de un mayor espacio para ellos: en los sistemas biológicos y los sistemas sociales más evolucionados hay una mayor presencia de pensamiento organizado, que en lo social se concentra sobre la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.

Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el diseño de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la “autosimilaridad”, en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del “organicismo social”, que propugnaba una identidad anatómica casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.

El cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, regula directamente muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos voluntarios del organismo. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma (muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.

La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable  para la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad. Ninguna sociedad tolera por mucho tiempo los gobiernos dañinos u opresores.

Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite estas órdenes ineludibles. La circunvolución prerrrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con los efectores músculo-esqueléticos. Esa corteza motora, la corteza de las células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la amplia superficie de la corteza cerebral. En el cerebro los caciques son, como debe ser, los menos.

Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.

La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, procesa emociones y es la que verdaderamente elabora el “telos”, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques. Y este otro: mientras más evolucionada es la especie más corteza asociativa posee el cerebro de sus miembros. Parece ser que el pensamiento es una necesidad vital, ya no de le especie homo sapiens, sino en ella, y a través de ella, como vio Pedro Teilhard, de toda la evolución, de toda la vida.

 

Historia prerracional

En cambio, en nuestro aparato político la participación de actores de tipo “asociativo” (de ideas) es muy reducida, a pesar de que cada vez su necesidad sea mayor. Arturo Úslar Pietri y Juan Liscano, en artículos de fines de 1991, referidos a la necesidad, uno, de un nuevo lenguaje político, y el otro, de un “proyecto totalizador”, no escribían pidiendo caciques, ni conciliadores de intereses. Estaban expresando la necesidad de la asociación de ideas políticas, de la invención política.

Por esa misma época el presidente Pérez, no sin razón, se quejaba de las críticas a su “paquete” económico y retaba: “Bueno, si no es éste el paquete que sirve ¿entonces cuál es el paquete que debemos aplicar?” COPEI recogió el reto, anunciando que en breve presentaría un “paquete alternativo”. La presentación anunciada se produjo a mediados de febrero del año siguiente, en 1992, un tanto retrasada por los acontecimientos del día 4. La formulación alternativa, presentada por el entonces Secretario General de ese partido, consistió en propugnar una “economía con rostro humano” y en la proposición de constituir un “consejo consultivo” que debiera proponer soluciones. Como recogió el punto un periodista local, “En síntesis, el Dr. Fernández ha propuesto que otros propongan”.

En el fondo, la proposición del consejo consultivo iba en la dirección correcta. El político convencional se ocupa del exigente proceso de la conciliación de intereses, del delicado asunto piramidal de emitir instrucciones, y no tiene ni el tiempo ni el adiestramiento requerido por una función de corte asociativo. Que el Consejo Consultivo nombrado con alguna resistencia por el presidente Pérez no haya tenido mucho éxito se debe a otros factores. Por un lado, a la enorme presión y al acusado grado de inestabilidad del régimen en esos momentos, cuando la natural reacción del Presidente era la de sostener sus puntos de vista so pena de pérdida de autoridad. Por el otro, al método y al concepto empleados en la operación y la composición del consejo mismo. Se trató de un cuerpo de acción temporal y perentoria que se dedicó a ensamblar una lista inorgánica de medidas puntuales, mediante el expediente de entrevistarse con un número reducido de notables personalidades de la vida nacional. Todavía el presidente Velásquez, que había formado parte del Consejo Consultivo de 1992, creyó que ésa era una fórmula correcta y que debía incluso ampliarla. Así, a las pocas horas de asumir la Presidencia de la República, anunció la formación de «cuatro o cinco» consejos consultivos—nunca fueron creados—e indicó su esperanza de que los futuros miembros de los mismos dedicaran un tiempo importante a su labor, ¡“…al menos unas dos horas semanales”!

Entre 1974 y 1975 se intentó establecer, para la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, una unidad de análisis de políticas, que en la medida de lo posible intentaría reivindicar algo del carácter de un instituto de política pública. La necesidad se había agudizado bruscamente por el atragantamiento de dólares provenientes del primer salto hacia arriba de los precios del petróleo. Ningún candidato presidencial había tenido tiempo de pensar qué haría con tan sorpresivas y numerosas divisas, y el gobierno de Carlos Andrés Pérez no sabía realmente lo que podía hacer con ellas. Una cierta angustia decisional llegó a posarse sobre el gobierno en su más temprana fase.

El intento, en cuyo diseño se llegó a consumir varios meses, no llegó a pasar de la primera etapa. El gatekeeper o padrino del proyecto era un miembro del consejo de ministros celado por sus colegas, y al menos dos de éstos, muy influyentes, torpedearon la idea. (Uno de los antagonistas era el mismo ministro que años más tarde, hacia el término del período, haría su frase sobre la importancia crucial de los abundantes compadres del Presidente de la República). Ante esta oposición el padrino abandonó al ahijado, no poco desmotivado porque quien se pensaba dirigiría la unidad se había mostrado como demasiado independiente y, sobre todo, se había negado a traer unas maletas del ministro desde Londres a Caracas.

Antes había fracasado ya un instituto de política del sector privado, que para 1964 prometía ser le think tank, y que murió de inanición en 1968. El Instituto para el Desarrollo Económico y Social—IDES—había sido fundado por Arístides Calvani y tenido por el “cordiplán” de la libre empresa agrupada en torno a la idea del Dividendo Voluntario para la Comunidad. En diciembre de 1963 la idea del DVC era la de racionalizar la “inversión social” de las empresas privadas venezolanas a través de la concentración de las liberalidades empresariales y la asignación, también concentrada, en los proyectos de mayor impacto o utilidad, los que serían determinados con el empleo de una racionalidad de planificación. En la Asamblea Plenaria del “Primer Seminario Internacional de Ejecutivos” el DVC fue presentado como el ente racionalizador y el IDES como su órgano planificador.

Pero la seguridad económica que el DVC debió proporcionar al IDES, según las expectativas de ambas organizaciones, nunca llegó a materializarse. Al menos dos de los más importantes grupos empresariales del país se negaron a pertenecer a la organización del DVC y los que sí se hicieron miembros continuaron con sus propios programas de donación directa y sólo remitían a aquélla una fracción poco significativa de sus liberalidades para cubrir el gasto de una burocracia mínima. (Si enviaban la mayor parte de su presupuesto de donaciones a la organización central del DVC perdían su efecto de relaciones públicas, lo que venía a ser, en todo caso, la motivación principal para donar).

Así, el IDES, que se había instalado en el mismo piso en el que el DVC tenía sus oficinas, confiado en que éste, o el sector privado en general, le abrumaría con peticiones de trabajos de investigación, pronto debió ir a la calle a procurar donaciones directas de empresas, que le permitieran sufragar los costos fijos derivados del equipo que pudo reunir el primer director del instituto. Tres de los más importantes empresarios del país consideraron, y rechazaron, hacer donaciones significativas al IDES. Uno de ellos argumentó que su mentalidad campestre no le permitía interesarse por tan urbano y sofisticado proyecto. Otro exigía que el IDES fuese contado dentro de la organización de empresas y centros de acción social de su grupo. (Debía aparecer así presentado en un muro de exhibición en el edificio sede de su cuartel general). Otro prometió financiar el presupuesto anual del IDES si éste producía un “estudio” que declarase inconveniente el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Raúl Leoni, el que por ese tiempo había sido introducido al Congreso para su discusión. Cuando se le dijo que sólo se podría emprender la investigación del proyecto en cuestión sin ofrecer garantía previa sobre el resultado negativo que se esperaba, la oferta salvadora del empresario de marras se esfumó inmediatamente.

Pero es que tampoco el IDES recibió demandas de sus servicios del sector empresarial de la época. Por aquel entonces las empresas del país no poseían la sofisticación suficiente como para demandar proyectos de investigación de alguna relevancia. En 1968 el IDES dejó de operar.

Años después de este deceso y del fracaso del intento por establecer aquella unidad de análisis de políticas durante el primer gobierno de Pérez, se intentó una vía diferente. De nuevo como una organización del sector privado, la asociación civil sin fines de lucro “Heuris” fue fundada en 1977. Constituida por muy notables líderes del sector empresarial y unos pocos profesionales de ese mismo ámbito, pretendió seguir el patrón de formación que caracterizó el surgimiento y consolidación de la Corporación RAND. Esta institución—el think tank más importante del planeta—comenzó siendo un grupo de analistas de la compañía de aviación Douglas en su departamento de investigación y desarrollo. (Las siglas RAND vienen siendo la contracción de la expresión inglesa research and development).

Al término de la Segunda Guerra Mundial la fuerza aérea norteamericana continuó solicitando estudios a este grupo, el que aplicaba técnicas de análisis operacional a problemas tácticos y estratégicos de la guerra en el aire. Los competidores de Douglas se quejaron de esta “competencia desleal” y la compañía decidió desprenderse del equipo de investigadores, pues decía estar más interesada en vender aviones que en vender papeles. Nació entonces Project RAND, un contrato entre la fuerza aérea de los Estados Unidos y el grupo de despedidos de Douglas para la realización de varios estudios; que luego fue RAND Corporation que hoy se compone de un millar de doctores investigando, y que hoy dedica todavía un tercio de sus esfuerzos a temas de interés para los aviadores norteamericanos. (La Corporación RAND destina, en verdad, dos tercios de su gasto a temas de carácter militar, pues los requerimientos del Departamento de Defensa generan un tercio adicional de los proyectos de investigación de aquélla, quedando un tercio que constituye el programa civil o Domestic Program).

En Heuris se pensaba que igualmente en Venezuela las fuerzas armadas podrían ser el cliente madre que proveyera la demanda. Dos de sus directores eran militares y su presidente era asesor ad honorem de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Pero domestic problems en el seno de esa secretaría, a cuyo frente se había colocado un general de operaciones que echaba en falta el mando de tropas, hicieron imposible una relación contractual con Heuris, organización que fue puesta en el congelador.

A comienzos de los años ochenta PDVSA estableció su Unidad de Estudios Especiales, a la que erróneamente llamaba su think tank. (Por toda la industria corrieron los zahirientes “tanques de zinc” y “Tin Tán”). Pero su programa de trabajo esperó más de seis meses para su aprobación justo en el año en el que por primera vez tuviera la OPEP  que poner techo a la producción de sus miembros para enfrentar un descenso de precios. La unidad recibió una somera información acerca de la situación. Lo que nunca recibió fue una solicitud para que recomendara alguna política. Un miembro de la unidad era sostenido allí para que hiciera los discursos del presidente de la compañía, mientras el director veía los partidos del mundial de fútbol con la secretaria y los directivos de la industria enviaban a trabajar a la unidad ejecutivos con los que no sabían qué hacer. Un año electoral complicado por el antecedente del Viernes Negro no contribuyó a que adquiriese su propia identidad y la unidad jamás fue lo que se dijo al principio. En un intento por salvar el asunto del think tank se expuso, ante la junta directiva de una empresa subsidiaria de PDVSA, que se le diera entonces ese carácter, como un instituto de la industria con la misma autonomía de INTEVEP y que—de nuevo en imitación de RAND—podía dedicar un tercio de su actividad a problemas de política petrolera, otro tercio a problemas de política energética y un tercio restante a problemas de políticas públicas en general. La proposición no pasó de esa sesión.

 

Los programas de gobierno

Tampoco se toman demasiado en serio los partidos y líderes políticos el tema del programa de gobierno, o lo acometen a través de métodos intuitivos y vistosos, con los que procuran ligarlos a la mezcla de impresiones que su mercadeo de campañas busca inyectar en la psiquis de los Electores. Estos métodos son constitucionalmente ineficaces para generar un esquema estratégico con alguna coherencia, y así refuerzan la tendencia a despreciar esa actividad.

Cuando algún dirigente político más sensato que el promedio ha logrado persuadir a sus copartidarios de que un programa de gobierno es algo de importancia, casi siempre se dispone la realización de un evento—en ocasiones precedido de eventos parciales más pequeños—en el que una pléyade de notables viene a exponer sus ideas programáticas en el área de su especialidad. El modelo prevaleciente se asemeja al de reuniones como las de aquellos  “Encuentros de la Sociedad Civil” organizados por la Universidad Católica Andrés Bello durante los angustiosos días de 1993, cuando campeaban la sensación y la realidad de una muy acusada inestabilidad política, y que culminaron en la publicación de dos tomos a los que ya nadie se refiere; como nadie se refiere al trabajo de la comisión Úslar sobre educación, ni al pacto por la modernización del Estado firmado en la COPRE, ni a las dos más voluminosas partes del proyecto de reforma de la administración pública dirigido por Allan Randolph Brewer Carías desde la antecesora de la COPRE. (Hace poco Carlos Blanco, con vehemente orgullo, declaraba en un programa televisado que cuando él dirigía la comisión se le había hecho caso. La verdad es que cuando sus declaraciones de la época incluyeron ideas de las que no participaba el Presidente de la República—Jaime Lusinchi—fue públicamente silenciado por éste, quien le especificó en regaño del 5 de junio de 1986 que la COPRE era “una comisión asesora y no una comisión promotora”).

La elección de ese método de ensamblaje de partes elaboradas por una decena de cabezas dispares, o la acumulación aluvional de fragmentos menores cuando se involucra a centenares de participantes—así se produjo “Mi compromiso con Venezuela”, programa de gobierno de Luis Herrera Campíns, de nuevo en los consabidos dos tomos—es un error reiterado de la política venezolana, y conduce usualmente a documentos inanes, que se diferencian poco de los de otros partidos, ineficaces en su excesiva vaguedad y abstracción o, paradójicamente, en su excesivo detalle. Nunca se ha producido por este método un plan de gobierno que haya sido ejecutado.

En todo caso, siempre se destina a la elaboración programática una escasa cantidad de recursos. En 1992 un precandidato presidencial de partido consideraba demasiado costoso invertir, en el sostén de una unidad que trabajaría todo un año para elaborar un “programa de Estado”, una cantidad que era la mitad de lo que en ese mismo momento aquél gastaba en publicidad en una sola semana. En esa misma ocasión ofreció un argumento que le parecía definitivo; decía que las elecciones norteamericanas de ese año serían ganadas por William Clinton y éste no tenía un programa, de modo que ¿para qué hacía falta un programa? (Fue posible explicarle que el programa no se proponía para ganar las elecciones, sino para gobernar).

A veces la desconsideración hacia el tema programático se manifiesta de un modo más candoroso. En noviembre de 1974 un miembro del consejo de ministros de Carlos Andrés Pérez—el mismo padrino de la abortada unidad de análisis de políticas para la Presidencia—reunió en su casa a un grupo ante el que planteó que el objeto de la convocatoria era manifestarles que quería optar por la Presidencia de la República en las siguientes elecciones. En la discusión que se sucedió uno de sus invitados le habló así: “Sobre lo que has anunciado, distingo dos problemas diferentes y principales. En cuanto al primero de ellos—cómo llegarías a ser presidente—no tengo interés en estos momentos. En cambio me parece más importante el segundo problema: ¿qué harías tú como presidente? O, dicho de otra forma, ¿por qué los venezolanos votaríamos por ti?” La pausa del interpelado demostró que no esperaba esa pregunta, aunque se recuperó con relativa rapidez y contestó: “Aquel presidente que se rodee de gentes tan brillantes y tan capaces como las que están aquí será un gran presidente”.

Esa anécdota parece ser la versión criolla de la leyenda alemana en la que los héroes se han desentendido de los fines, de los significados políticos, y sólo atienden a la emisión de señales, que pueden ser cabalgatas en Carabobo, patadas de fútbol en atuendo deportivo, moños recogidos o sueltos, asociaciones felinas o bolivarianas, boinas militaroides, eslóganes, jingles, apariciones en estadios o corridas de toros. El problema de los contenidos políticos, de los tratamientos a problemas públicos, de los programas, no es asunto que les desvela. Para eso siempre puede contratarse a alguien que los imagine y los escriba.

Uno de los actuales candidatos presidenciales, por ejemplo, decía a un auditorio de estudiantes universitarios—3 de diciembre de 1997—que el país estaba urgido de un “nuevo modelo político” pero que él ¡no estaba seguro de cuál era! Al comentar tan inocente declaración en un grupo que se reúne frecuentemente para analizar el acontecer político nacional, el líder del mismo opinó que eso no venía siendo problema del candidato. De esta manera daba expresión a una noción bastante común, y que no es exclusiva de nuestra escena política. En su obra “Para entender al neoliberalismo”, William Schneider se refiere al mismo punto del desinterés presidencial norteamericano por lo programático, al decir que un presidente “después de todo, siempre puede contratar a alguien que le solucione los problemas”.

 

De un viejo a un nuevo paradigma

Éste es, pues, el asunto. En el “viejo modelo político” los caciques mandan, los héroes matan dragones, pero no tienen que pensar en la solución a los problemas públicos. De eso deben ocuparse, subordinados siempre a quienes mandan, los sabios que encuentran los significados y los brujos que producen menjurjes y encantamientos. Profesionales que encuentren soluciones. El modelo, el arquetipo, el paradigma en el viejo sentido de ejemplo, prescribe a quien detente o quiera detentar el mando el papel y el carácter de un combatiente. No en vano las imágenes con las que los actores políticos convencionales hacen auto-referencia tienden a ser las de “combatiente” o “luchador” político o social, y se refieren a la “arena” y a la “lucha” políticas y a los procesos de “vencer” y “derrotar”.

Y piensan ellos, así como la mayoría de nosotros, que su papel consiste en “mandar”. No en mandar a secas, lo que pudiese ser moderado si se restringiera al mando sobre los órganos ejecutivos del Estado, sino que se entiende como mandando sobre la Nación. El mismo candidato que declaró con la mayor frescura desconocer cuál es el modelo político que necesita Venezuela se refirió, en un conocido programa de televisión, a quienes pretendan “gobernar sobre un país”. Y esta idea de que se gobierna sobre un país es, con seguridad, algo que debe ser cambiado, justamente, en un nuevo modelo político para Venezuela y, si a ver vamos, para cualquier país. No se gobierna sobre un país, se gobierna para un país.

Con un concepto de la política como mando es del único modo como puede sostenerse una postulación de Irene Sáez: como la de una persona que no necesita ser particularmente docta o versada sobre los problemas públicos y sus posibles soluciones o los métodos con los que se puede generarlas, con tal de que pueda concitar a su alrededor a un grupo suficiente de personas capaces que son las que trabajan resolviendo los problemas y sobre las que se manda. En abono a esta tesis son citados como ejemplo los casos muy particulares de Juan Vicente Gómez y Eugenio Mendoza Goiticoa, pero el último era un benévolo jefe de empresa, no un hombre de Estado, y el primero mandaba fundado en el miedo que inspiraba, lo que no parece convenir a la imagen de placidez original de la Licenciada Sáez. Pero como de algún modo se presiente que la gente ha comenzado a percatarse de que ya no es posible gobernar de esa manera, entonces se procura ocultar la deficiencia o se admite la necesidad de algo que pueda ser presentado como programa. (El erróneo intento de polarización temprana entre Sáez y Chávez, que terminó de hundir las posibilidades de la primera, tenía al menos la virtud de no requerir de Irene Sáez otra cosa que no fuera la idea de que ella sería la “única” que podía derrotar al militarizado exmilitar).

Todas estas cosas pertenecen a la noción que encontramos en la leyenda alemana, en el rotafolio de la compañía petrolera venezolana, en el ministro que hablaba de compadres, en el que anunciaba sus pretensiones presidenciales sin saber lo que haría como presidente: que los héroes mandan aunque sean unos inconscientes.

Y su corolario fuerte es que los sabios, los brujos, no mandan, no pueden mandar, no se les debe permitir que manden, porque ellos no saben matar dragones ni vencer oponentes en las arenas políticas. Es lo que encontramos en el dictum de Argenis Martínez: “La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones”.

No se concibe que quien ostensiblemente lea mucho, piense mucho, invente mucho, pueda ser un buen gobernante, sea un hombre capaz de acción, capaz de defenderse.

Esto es percibido así no sólo por los políticos que trabajan bajo esas premisas, sino por el común de los mortales. Por eso pueden ser sorprendidos cuando llegan a observar a un “hombre de pensamiento” comportándose como un “hombre de acción”. Un destacado estudiante universitario, que obviamente no tenía problemas con su calificación en los exámenes, fue una vez invitado a una fiesta a la que asistirían varias de sus compañeras de curso. Cuando bailó con no poca habilidad y gusto ante ellas una de éstas exclamó, atónita: “¡Pero si él baila!”

El mismo estudiante, mientras cursaba su tercer año de Medicina, participó en un cursillo de adiestramiento antiguerrillero, pues la incipiente democracia venezolana de 1962 había comenzado a ser amenazada por un movimiento de guerrillas. Todos los pronósticos apuntaban a que fracasaría en el cursillo, pues su participación académica le hacía ser tenido por hombre cerebral que debía, en principio, rechazar el trabajo físico y las situaciones de combate. No sólo estuvo, para sorpresa de sus compañeros, entre los participantes más destacados de la experiencia, sino que, irónicamente, como “enfermero” de su patrulla, tuvo que recibir muchas peticiones de exención de ejercicios de varios de quienes pensaban que él no podría con la actividad, pues se quejaban de algún dolor, alguna torcedura, alguna ampolla. Más tarde dejó la carrera médica por las ciencias sociales y luego, como profesional, tuvo varias oportunidades para ejercer cargos ejecutivos, lo que siempre hizo con brillantez. A pesar de esto nunca ha podido quitarse  una fama de intelectual que le incapacitaría, por ejemplo, para la actividad política. Antes que aceptar que alguien como él puede resultar un buen político, resulta más fácil aceptar que alguien proveniente del mundo del espectáculo lo sea.

Esta percepción va a cambiar, no obstante.

Desde hace ya algún tiempo es posible registrar una nueva irrupción del pensamiento y la inteligencia en el ámbito del poder. La revista Fortune titulaba en su edición del 14 de enero de 1991: “Ahora capital significa cerebro, no sólo dólares”. Y citaba a líderes empresariales norteamericanos que decían cosas como las siguientes: que el capitalismo empresarial había dado paso a un capitalismo gerencial que ahora cedía el sitio a un “capitalismo intelectual”; que “la materia gris es tan diferente a los billetes que la economía neoclásica, con sus leyes de la oferta y la demanda y de los rendimientos decrecientes, no puede explicar adecuadamente cómo funciona su substancia”; que el capital intelectual producirá un profundo desplazamiento en la riqueza del mundo de los dueños de los recursos naturales a quienes controlen las ideas y el conocimiento.

Este proceso, que ya ha comenzado en el ámbito de la economía, no tardará en manifestarse con igual fuerza en el ámbito de la política, y cuando lo haga cambiará radicalmente el modo como ésta es practicada.

Es probable que continúe habiendo un predominio de los “hombres de acción” en las cabezas ejecutivas de los Estados, de los partidos políticos, pero aun en este caso habrá un marcado aumento del espacio y la influencia de los “hombres de pensamiento” en la política.

Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como “brujos de la tribu” que como “brujos del cacique”. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los jefes se resistan a aceptar sus recomendaciones.

Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate.

Y luego el nuevo paradigma político se extenderá por el planeta: uno en el que la inteligencia reivindique su espacio y su función y en el que los hombres intelectualmente más capaces no sean tratados como inhábiles políticos.

Vilfredo Pareto, sociólogo y economista italiano de principios de siglo, se ha hecho muy conocido en el ámbito empresarial, gracias a que sus “curvas” han devenido en concepto medular de la escuela gerencial de la “calidad total”. También es el autor de “La circulación de las élites”. En este libro Pareto describe la configuración de poder más frecuente como aquélla en la que los hombres de acción, los “leones”, son los que gobiernan. Pero también expone que cíclicamente los “leones” arriban ante atolladeros que no pueden superar, y deben venir entonces los “zorros” al gobierno, los hombres de pensamiento, los que dominan el “arte de la combinatoria”, a resolver la situación. Según su esquema, los “leones” y los “zorros” se alternan cíclicamente; según Pareto las élites circulan.

Tal vez, entonces, estemos en Venezuela necesitando un desplazamiento, aunque sólo sea temporal, de “leones” por “zorros”, de caudillos por filósofos. Tal vez estemos ante la necesidad de un nuevo ciclo de Pareto, y entonces recupere la vigencia la idea de un “retorno de los brujos”, que fuera el título de uno de los libros de mayor influencia en la fértil década de los años sesenta.

 

Prejuicios complementarios

Una muy buena parte de la resistencia de la política convencional al tema programático es una desconfianza muy arraigada respecto de las posibilidades e intereses del pueblo, de los intereses y capacidades de los Electores.

La inmensa mayoría de la dirigencia nacional, política o privada, alimenta un desprecio básico por el pueblo venezolano. A casi todo proyecto político verdaderamente audaz y significativo se le opone usualmente la idea de que el pueblo no se interesa sino por muy elementales necesidades de supervivencia, por las más egoístas apetencias, por los más triviales objetivos.

O si no, se derrota alguna buena idea con la declaración de que el pueblo no la entendería, de que “no está preparado para eso”.

En un programa de radio dedicado al análisis político, hace pocos años, el conductor del mismo decidió explicar a sus oyentes en qué consistía una “caja de conversión”, cuando esta receta económica empezaba a ser propuesta en Venezuela. Al poco rato recibió la llamada telefónica de un oyente, quien dijo: “Lo que Ud. está explicando es muy interesante, pero ¿no cree que debería hablar Ud. más bien del precio del ajo y la cebolla en el mercado de Quinta Crespo, porque eso no lo entiende el pueblo-pueblo?” Mientras el conductor del programa contraargumentaba para oponerse a la postura del oyente telefónico, un segundo oyente llamó a la emisora. Y así dijo al conductor: “Mire, señor. Yo me llamo Fulano de Tal; yo vivo en la parroquia 23 de Enero; yo soy pueblo-pueblo; y yo le entiendo a Ud. muy claro todo lo que está explicando. No le haga caso a ese señor que acaba de llamar”.

En mi escueta experiencia las personas responden con entusiasmo a un liderazgo que les respeta, que les estima, que piensa que son capaces de entender e interesarse por lo que la prédica convencional asegura que no les importa. En uno de los experimentos comunicacionales de éxito más rotundo que se hayan visto en Venezuela, la más crucial de las causas del mismo fue el concepto que de los lectores se formó un cierto periódico de provincia. Definió de antemano a su lector tipo como una persona inteligente, que preferiría que se le elevase a que se le mantuviese en un nivel de chabacanería. El periódico logró, en contra de cualquier pronóstico, el primer lugar de circulación en su ciudad en el lapso de seis meses desde su aparición, y cuatro meses después se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo, en competencia con otros dos candidatos de gran peso.

Lo contrario también puede lograrse. Cuando Lyndon Johnson asumió la presidencia de los Estados Unidos, declaró la “Guerra a la Pobreza”, un conjunto de programas en el que el “Headstart Program”, destinado a proveer instrucción preescolar a niños de sus principales guetos urbanos, era su programa estrella. Al año de la declaración de guerra el “Headstart Program” había fracasado estrepitosamente.

Naturalmente, la administración Johnson ordenó un estudio que pudiera poner de manifiesto las causas del fracaso. La investigación evaluadora indicó una causa principal entre todos los factores de actuación negativa. Los maestros del programa se disponían a tratar con “niños desaventajados”—todos los instructivos que manejaban se referían a sus futuros alumnos precisamente así: disadvantaged children—y de manera inconsciente transmitían esa noción a los niños. Éstos, a su vez, “internalizaban el rol”, como dicen los sociólogos, de niños desaventajados y se comportaban como tales. Se esperaba de los alumnos un rendimiento deficiente y esto fue exactamente lo que proporcionaron.

Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo venezolano continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles.

Junto con la visión convencional acerca del papel social de los “hombres de pensamiento”, esta desconfianza fundamental del liderazgo común y corriente venezolano respecto de las posibilidades e intereses del pueblo, conspira contra el mejor tratamiento de nuestros problemas públicos.

 

Solución de compromiso

Mientras no se generalice el cambio de paradigma necesario –y los cambios paradigmáticos son de suyo procesos de distribución general más bien lenta (por más que a nivel individual puedan darse casi instantáneamente)– tal vez sea posible admitir un tratamiento excepcional y transitorio a los más básicos y profundos problemas de la política venezolana, en el que se asegure una participación determinante de los “hombres de pensamiento” del país.

Es preciso admitir que ese cambio es difícil. Porque es que a la disposición habitual de la percepción, que como vimos tiende a negar al intelectual la posibilidad de mando, se une, tal vez, un miedo profundo a tal eventualidad.

En Poor Koko, John Fowles relata la violencia aparentemente gratuita que un intelectual hace brotar de un ladrón más bien inculto, provisto tan sólo de un barniz de catecismo marxista, a quien vence en una discusión. Precisamente porque había sido vencido por las palabras del intelectual, el ladrón reaccionó con violencia especialmente cruel. No hay nada tan humillante como una derrota intelectual.

Una vez un politólogo que ahora es político me propuso la siguiente cuestión para debatir: ¿cuál es el deporte más violento? Él proponía que era el fútbol el deporte más violento. (Él lo practica). Yo le sugerí considerar al ajedrez.

En el enfrentamiento igualitario de dos inteligencias no caben las excusas. No se puede diluir la responsabilidad entre los varios miembros de un equipo, ni se puede argumentar que  un defensor corpulento, mucho más grande que nosotros, nos ha impedido con tácticas sucias. No hay nada tan humillante como una derrota intelectual. Y los intelectuales pueden ser particularmente crueles al infligirla.

Así, pues, hay un trasfondo de miedo en el rechazo a la posibilidad de un gobernante intelectual. Ante él se tiene tanta aprensión como ante la mujer que es la vez bella e inteligente en grado sumo. Mientras más brillante sea el intelectual más se le teme.

Esto es hasta cierto punto natural. Puede con facilidad sentirse que una persona así tenderá al totalitarismo, basada en una conciencia egomaníaca que le haga pensarse superior a los demás.

Pero si se es un verdadero intelectual se sabe que la inteligencia no es meritoria si no está al servicio de los demás, si no respeta y cree en la sabiduría superior del pueblo—“lo primero que debieran enseñar (las) escuelas (de política) es que el pueblo es más sabio y poderoso que el gobierno”—si se cree inmune al error. Por fortuna varios siglos de una ciencia más social y menos exclusiva, menos esotérica, han enseñado a quienes emplean sistemáticamente el pensamiento que las mejores teorías no son eternas.

Y si aún persiste la desconfianza puede adoptarse todavía otra estrategia. Puede acotarse y limitarse temporalmente el ejercicio del poder por el brujo.

Respecto de los problemas del Estado venezolano “…en un lapso relativamente corto es posible modificar su organización, desencadenar su metamorfosis, para arribar, en un Estado diferente, a una disposición en la que los muy considerables talentos evidentes entre los venezolanos, puestos al servicio de la función pública, rindan resultados mucho más importantes y valiosos que los muy escasos que ahora obtenemos, desde que el paradigma político prevaleciente, la manera ordinaria de entender y hacer la política, los supuestos de nuestra política, comenzaran a ser impertinentes”.

Quizás sea una realidad paradójica que los problemas verdaderamente más fundamentales puedan ser resueltos más rápidamente que los problemas cotidianos de menor nivel. La evidente falla sistémica del Estado venezolano es algo que debe ser ciertamente resuelto con prontitud y en relativo corto tiempo. Creo difícil que los “hombres de acción” sean los llamados a acometer una reingeniería radical del Estado venezolano, obviamente aquejado por un catálogo casi completo de los problemas políticos conocidos en el mundo. El momento actual exige el rediseño de nuestro Estado. Exige, por tanto, pensamiento.

Exige una manera diferente de entender la política. Exige, por tanto, un liderazgo ya no solamente programático, sino paradigmático. Y quienes pueden ejercer ese liderazgo no son otros que quienes encarnan el nuevo paradigma, y éstos se hallan entre quienes lo han inventado o ya lo han hecho suyo. Hasta que, reitero, ese nuevo paradigma haya permeado para generalizarse, y pueda confiarse de nuevo el gobierno a un nuevo político convencional

Puede pensarse, por consiguiente, en confiar este momento crucial de la política venezolana a quien ya haya perdido las elecciones porque “está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país”.

Hay quienes estarían dispuestos a asumir la tarea metamórfica y a completarla en lapso de no mucha duración.

Esto es posible en Venezuela. No digo que probable; afirmo tan sólo que es posible. La probabilidad irá en aumento, como ha venido siendo, con el crecimiento del mal. Pues si el próximo gobierno de Venezuela es un nuevo gobierno convencional o si, peor aún, es un gobierno de vindicta seudo-justiciera que se justifica con una interpretación interesada de los próceres del pasado, el problema político nacional se agravará aún más. Entonces llegará un momento en que Tío Tigre deba dejar el mando a Tío Conejo.

Que la mera posibilidad pueda convertirse en realidad efectiva dependerá, a la larga, del ineludible aumento de conciencia de los Electores venezolanos en general. En un cierto punto del futuro forzarán el cambio. Que esto pueda darse en un plazo más corto dependerá de la lucidez de las élites de poder del país: de ésas que asignan oportunidades y recursos, y que podrían, en un salto de conciencia que les justificaría como tales élites, abrir las puertas a la incruenta revolución, a la revolución mental que la magnitud de los problemas exige.

Y una cosa más a favor de los intelectuales en el poder en esta hora nacional: no siendo, precisamente, políticos que se entenderían como combatientes, es menos probable que entiendan su misión como la de ángeles vengadores, por cuanto su compromiso no es de combate entre contrincantes por alcanzar el poder, sino de compromiso con la verdad. Estando, en principio, adiestrados para la lectura serena y desapasionada de las cosas, serían menos propensos a involucrarse en cacerías de brujas, reivindicaciones clasistas y programas de exterminio.

“Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento”.

Son los sabios, son los brujos, quienes podrían ofrecerlo esta vez. LEA

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REF #24 – Si yo fuera Presidente

ref

Haría muchas cosas. En mi corta presidencia haría, creo, muchas cosas. Haría, también, una sola cosa, ejercer mi profesión. Hace ya un buen tiempo que trato de reivindicarme como político general, como cuando se habla de un médico general.

Creer que la política debe entenderse como se entiende a la medicina no es un punto trivial. Es algo muy fundamental, porque lo que se propone es que se trata de profesión, arte, ocupación u oficio, no de una ciencia. Nuestras universidades debieran tener escuelas de política.

No hablo de las escuelas de ciencias políticas, que enfatizan, por un lado, la historia de los acontecimientos políticos tanto como la de las ideas políticas, y que por el otro examinan el fenómeno político desde la perspectiva imparcial de la ciencia, con la intención de formular alguna teoría que explique ese fenómeno más o menos adecuadamente.

Hablo de escuelas de política que capaciten para hacerla, no para explicarla. De escuelas en las que se enseñe cosas útiles al ejercicio de la función pública. Yo sé que se enseña algo de técnicas de decisión y cosas así en las escuelas de ciencias políticas, pero esta carrera no capacita demasiado para ese ejercicio. Lo que necesitamos es una carrera en la que se estudie mucho de lo que hay hoy en día bastante desarrollado, un arsenal de formatos para decidir, para analizar costos y beneficios, para comunicar, para inventar tratamientos, para procurar la salud pública.

Y creo que lo primero que debieran enseñar esas escuelas es que el pueblo es más sabio y poderoso que el gobierno. Que la intervención del político debe ser siempre por la salud del pueblo. Que nunca deja de aprenderse el arte del Estado.

Eso, creo, no tiene nada de trivial. La política no es la búsqueda y preservación y engrandecimiento del poder por cualquier medio eficaz, sino la potenciación de la salud pública.

Este modo de entender la política es un cambio que se dará en el mundo. Es inevitable. Nuestra sociedad está siendo cada vez más informatizada. Eso quiere decir que cada vez más habrá más canales, cada vez más interactivos, cada vez más baratos, a través de los cuales podremos hacer algo con la información, desde recibirla hasta generarla, y a través de esa generación, así sea en un solo voto en un referéndum electrónico, podremos influir cada vez más en nuestros procesos públicos.

Pronto nos daremos cuenta de que los políticos que queremos son los verdaderamente idóneos, que están preparados en las disciplinas pertinentes y que buscan por encima de cualquier cosa la salud de la sociedad. Pronto estaremos en capacidad de exigirlos en la función pública. No habrá modo de ocultar por mucho tiempo la incompetencia. La pregunta es ¿querrá Venezuela estar entre las primeras sociedades en hacer política desde esa perspectiva, o preferirá continuar siendo el terreno de batalla en el que quienes solamente quieren el poder luchan entre sí por poseerlo?

Venezuela puede ser, respetables Electores, la primera democracia electrónica del planeta si se lo propone. Si un gobierno decidiera tender por todo el país una red de fibra óptica que llegara hasta todos los hogares, tendría que gastar mucho menos que lo que se empleó en los auxilios extraordinarios al sistema financiero venezolano, y mucho menos aún de lo que se consume en los planes de Petróleos de Venezuela. Y esto compraría una capacidad de crecimiento de la sociedad cuyos límites no somos capaces de vislumbrar: todo el país conectado interactivamente, como en un inmenso instituto de investigación, de comercio, de tramitación, de estimulación social. Como en una inmensa asamblea ateniense que pueda entonces dar existencia a una verdadera democracia participativa.

Pero es que tal vez ni siquiera sea necesario llegar a una erogación de esa magnitud. El 12 de octubre de este año la agencia de noticias Reuters transmitía una noticia asombrosa y preñada de consecuencias: una empresa canadiense y una inglesa anunciaron que conjuntamente habían desarrollado una tecnología que les permitía conexiones del tipo de Internet a través de las líneas de electricidad convencionales, con mucha mayor capacidad y velocidad y mucho menor costo que el necesario para la operación rentable de las redes de clase telefónica. El mismo año próximo comenzarán a instalar lo necesario para aprovechar el tendido de redes ya existente en Inglaterra.

¿Se imaginan lo que puede pasar si hiciéramos algo así en nuestro país, donde prácticamente llega la electricidad hasta el último rincón de su territorio? ¿Qué pudiera pasar en una sociedad como la nuestra, en la que se encuentran tan frecuentes demostraciones de ingenio y tan marcadas inclinaciones a la cooperación? Yo creo que los planes más audaces podrían entonces ser llevados a la práctica.

Primero lo primero

El presidente en Venezuela es, esencialmente, el jefe del Estado, lo que a su vez significa, otra vez esencialmente, que es el jefe de los funcionarios públicos nacionales. Y el primer deber del jefe es preocuparse por sus funcionarios.

Un buen amigo me hizo conocer la filosofía de la muy exitosa empresa FEDEX. Es muy simple: FEDEX cree que los accionistas de la empresa percibirán ganancia cuando los clientes de la empresa estén satisfechos, y cree que los clientes estarán satisfechos cuando los empleados de la compañía estén satisfechos. Por tanto, FEDEX cree que la primera tarea de sus jefes es la de asegurarse que sus empleados estén satisfechos.

Lo mismo es con el Estado. Si nuestros empleados públicos no están satisfechos, rendirán un servicio público deficiente y los venezolanos no estarán satisfechos. Y esto incluye una dignificación económica del servicio público, un marcado aumento en la remuneración del funcionario público.

¿De dónde, se preguntará, van a salir los fondos para pagar eso? De parte de las reservas, para algo son, que servirán para compensar, a quienes no se queden en la administración pública, con adecuadas indemnizaciones.

Así se tendrá por fin un Estado más pequeño, operado por menos personas, más capacitadas, mejor motivadas y mejor remuneradas.

El uso de parte de las reservas para ese fin está perfectamente justificado. Las predicciones de los mismos economistas que antes pronosticaban recesión ahora indican años de significativa expansión económica a partir de 1998. Es decir, las reservas se recuperarían y aun crecerían con mucha rapidez. En balance neto se reduce el activo para reducir el pasivo, dejando intacto el patrimonio. Esto es así incluso si se estima la disminución del significativo intangible que se deriva del mero hecho de tener mayores reservas, puesto que igualmente significativo, si no más, es el importante activo que se obtiene con un Estado más esbelto y ágil, más eficaz y menos costoso. Tal vez sea posible reducir en un 30% su tamaño actual en el lapso de dos años. De modo que no se habla de proporciones exorbitantes de las reservas. No se puede hacer todo de inmediato, sin alguna preparación, lo que facilita el pago del pasivo que se absorbe con la operación.

Pero un significativo aumento en su remuneración no es suficiente para satisfacer a nuestros empleados públicos. Más allá de eso necesitan un respeto, una estima propia, un significado. Y nada mejor para ese mal que el remedio de saberse partícipe de una transformación trascendente y benéfica. Yo he visto de cerca los efectos.

La gran mayoría de nuestros empleados públicos preferiría ser estimada por el público. Y por tanto quisieran poder servir mejor, puesto que el más lerdo se da cuenta de que de eso depende que se le estime.  Por tanto estará esa mayoría interesada en aprender, en disponer de mejores instrumentos de trabajo, y el Estado podrá darle enseñanza y herramientas mejores porque así aumentará su productividad y disminuirá su costo fijo.

Pero no se puede negar que hay funcionarios públicos, lamentablemente, que parecieran preferir el temor y la ira impotente del ciudadano que requiere sus servicios. Como si se sospechara que todo lo que necesita un trámite con el Estado es de suyo indebido, porque las cosas que se puede hacer no necesitarían permiso. El Estado no puede tolerar una actitud de esa naturaleza, y debe procurar en máximo grado transmutarla o suprimirla.

Y tampoco puede ocultarse que hay funcionarios públicos que extraen indebidamente beneficios a costa de los ciudadanos, directamente por extorsión al usuario público o indirectamente a través del dispendio y el desvío de fondos. Es natural esperar una moderación de esta odiosa enfermedad general cuando se reconozca mayor dignidad económica a la función pública, cuando los funcionarios estén mejor remunerados y satisfechos en más de una dimensión. Sería iluso suponer que así desaparecería tan vieja práctica, pero al menos se reduciría la presión por tratar el asunto con terapéutica exclusivamente penal, pues alguna disminución de la frecuencia y monto del mal uso de los fondos y las discrecionalidades públicas, es esperable de un funcionario a quien se le brinde respeto.

Quienes hoy forman parte del empleo público y no vayan a quedarse en él no sólo deberán contar con la compensación antes mencionada, sino con mayores oportunidades de desarrollo profesional o empresarial. Debiera facilitárseles su transformación en profesional independiente, empresario, empleado por privados. El Estado debe procurar devolverle a la sociedad un contingente humano mejor preparado, y por eso tendrá que enseñar también a quienes se separen de sus filas. En las proporciones señaladas es posible organizar el logro de las metas propuestas en dos años.

Metamorfosis

Pero los funcionarios más capacitados, más motivados y mejor pagados no pueden hacer demasiado si deben operar dentro de un contexto organizativo y legal que les constriña e impida. Para que el Estado venezolano pueda valer la pena para el ciudadano, será preciso sujetarlo a un cambio bastante marcado en su arquitectura jerárquica, en su composición esencial, en su organización.

Una parte de ese cambio excede las facultades actuales del Presidente de la República. Este funcionario no puede modificar leyes orgánicas ni formulaciones constitucionales que prescriben su forma al Poder Ejecutivo Nacional. Pero, por una parte, aun dentro del marco vigente es factible establecer prácticas que aproximen la estructura actual a lo mejor y, por la otra, nada obsta para que el Presidente de la República presente al Congreso un “paquete”, como ahora es moda decir, en el que solicite la aprobación de varias enmiendas constitucionales, cuya vigencia comenzará tan pronto como quieran las Asambleas Legislativas de los Estados, puesto que es ése el procedimiento pautado para la enmienda constitucional. (Y luego habrá que pensar en la tarea más de fondo de un órgano constituyente a ser convocado para la redacción de un texto constitucional absolutamente nuevo).

De hecho, el Presidente de la República que asuma una misión metamórfica, solónica, debe tener el derecho de solicitar de los Electores un apoyo suficiente a la hora de introducir las solicitudes de facilitación del Ejecutivo a las que hemos aludido. Habrá podido explicar a los Electores lo que se propone, y en la medida en que haya sido votado tendrá autoridad para requerir del Congreso y los órganos legislativos estatales respeto a la intención de los votantes.

Por ejemplo, una enmienda constitucional podría autorizar al Congreso de la República a “suspender temporalmente el efecto de disposiciones de las leyes orgánicas de la Administración Pública a petición del Ejecutivo Nacional, siempre y cuando éste presente un código orgánico ejecutivo que supla el vacío legal temporal y regule la estructura y funciones del Poder Ejecutivo Nacional. Esto deberá proceder dentro de un lapso fijo, dentro del cual el Ejecutivo deberá someter los proyectos de reforma orgánica necesarios para que el Congreso pueda legislar definitivamente… Sin una libertad de esta naturaleza el Gobierno Nacional continuaría en la muy impedida situación actual, enmarañado dentro de sí mismo, tratando de manejar una realidad cada vez más compleja desde un aparato engorroso, recrecido y en gran medida obsoleto”. (Propuesto en febrero de 1996).

¿Qué es lo que se busca con esto? Dar la posibilidad real de reacomodar con rapidez  la configuración del “alto gobierno”, respecto de la cual existe la fama de su grave inadecuación a las necesidades de la toma de decisiones públicas, al tiempo que se respeta la legalidad orgánica y constitucional. Esto mientras procede la inexorable reforma a fondo.

En nuestra doctrina constitucional hay un cierto germen de un desdoblamiento fundamental del quehacer público nacional. Por una parte, el Poder Ejecutivo Nacional es el guardián de la República, su representante en la interlocución con otros Estados y el proveedor de condiciones generales para que su población prospere, las que incluyen la regulación del clima económico y la construcción de la infraestructura nacional. Por la otra, el Estado presta o debe prestar a través del Ejecutivo una amplia gama de servicios a la ciudadanía. Se trata de dos tareas muy diferentes: las funciones propias de preservación y engrandecimiento del Estado general y aquellas que se expresan como servicio directo a los ciudadanos individuales.

La distinción se evidencia en las facultades diferenciales que el Constituyente de 1961 otorgó a las dos cámaras del Poder Legislativo Nacional. El Senado tiene que ver con las sanciones a los presidentes y los diputados con las sanciones a los ministros. Los diputados son quienes inician las leyes de presupuesto e impuestos. El Senado considera los tratados internacionales y la composición del Alto Mando Militar, autoriza la enajenación de inmuebles propiedad de la Nación, la aceptación por funcionarios públicos de distinciones de gobiernos extranjeros, el empleo de misiones militares nuestras en el exterior o extranjeras en el país, la salida del Presidente de la República del territorio nacional, el nombramiento del procurador General de la República y de los jefes de misiones diplomáticas permanentes; el acceso, finalmente, a los honores del Panteón Nacional.

Evidentemente se confía al Senado facultades de mucha mayor importancia. Es porque se trata de asuntos de Estado.

También son asuntos de Estado, naturalmente, los que día a día manejan los siguientes ministros: de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Hacienda, aunque este último también desempeña funciones de otro nivel, administrativas, en su carácter de tesorero, y por esto el presupuesto es primero asunto de los diputados. En tanto ministros la posible sanción de estos verdaderos ministros de Estado está en manos de los diputados, aunque debiera estar, como la del presidente, en manos del Senado.

Entonces hay dos niveles fácilmente distinguibles en la acción del Ejecutivo: el del Estado propiamente dicho, el de la preservación y enriquecimiento –sustentable interna y externamente– de la República; el de la prestación de los servicios públicos nacionales.

No se trata de distinguir entre un jefe de Estado y un jefe de “gobierno”. Si a ver vamos, la sola idea de que es el Estado quien gobierna contradice en los términos a la democracia, pues este concepto significa que es el Pueblo quien gobierna, y nunca debe confundirse el Estado con el Pueblo.

De lo que se trata es de reunir bajo una sola coordinación los distintos servicios nacionales, de considerar labor de Estado la prestación de estos servicios y de, por tanto, confiar a un Ministro de Estado en el sentido empleado la totalidad de los servicios del Estado. ¿Es eso demasiado para una sola persona? Pues de hecho eso es lo que se carga sobre los hombros del Presidente de la República, además de ocuparlo con las restantes funciones de Estado. Y en una configuración en la que se reúnen, bajo la autoridad de un solo ministro de Estado, la totalidad de los servicios nacionales, no se desentiende el presidente de éstos, pues él es el jefe de un ministro de Estado de los servicios públicos nacionales

Para que el presidente pueda hacer una labor eficaz es preciso desdoblar en dos pisos o niveles la organización que está inmediatamente bajo su dirección. Ese desdoblamiento en dos niveles no es sino otra versión, en este caso dentro de la administración pública, de una configuración comúnmente observada en organizaciones de distinta naturaleza, pero que por su escala han requerido la focalización de su ejecutivo máximo en el problema estratégico y designan un jefe operativo máximo—que responde al anterior—y en quien descargan la dirección de las operaciones: el problema táctico. (En el lenguaje gerencial norteamericano, se tiene un Chief Executive Officer—CEO—y un Chief Operating Officer—COO).

Probablemente se dio esta configuración en el campo militar por primera vez, lo que, dicho sea de paso, no es poco común. Muchas de las prácticas y modelos gerenciales en el campo privado se han dado primero en el campo militar. Lo cierto es que, por ejemplo, una distinción de este tipo era clarísima en la división de funciones del comando aliado que inició el asalto final contra las fuerzas de Adolfo Hitler en 1944: Dwight Eisenhower era, desde Londres, el máximo estratega y jefe de las fuerzas de invasión, mientras que oficiales superiores como el famosísimo general Patton debían ocuparse de las operaciones reales en el más concreto campo de batalla.

Al crearse esa lógica división de funciones tiende a darse también la gravitación de comités o consejos separados para ambos niveles alrededor de cada jefe: un comité de estrategia y un comité de operaciones. Y algo de este tipo es lo sensato asimismo para el manejo ejecutivo del Estado.

Es así como, si yo fuera presidente electo con un mandato para la transformación del Estado venezolano, procuraría aproximar, lo más rápidamente posible, la jerarquía de ministros a una configuración cuyo organigrama se presenta gráficamente en la siguiente página. Un presidente a quien respondieran directamente sólo ocho ministros de Estado, uno de los cuales es el ministro de Estado de los servicios públicos, a quien responden, a su vez, doce ministros de servicio. Por tanto, se daría un consejo de Estado compuesto por el presidente y los ocho ministros de Estado, al que en principio pudieran o debieran asistir el Procurador General de la Nación y una nueva figura: la del Auditor General del Estado. (Otra vez, las funciones de este nuevo funcionario están prefiguradas en la práctica de la organización privada. Las compañías privadas, además de ser auditadas por auditores o firmas de auditores externos, tienen su propio auditor interno, el que está allí para procurar una correcta administración de los bienes corporativos y de este modo proteger los derechos de los accionistas. Por eso como tal no pertenece al equipo gerencial, y por eso mismo no es usualmente muy bien recibido. El Contralor General de la República es más bien un auditor externo, nombrado como es por el Poder Legislativo).

Dos pisos ejecutivos para el Gobierno Nacional

Dos pisos ejecutivos para el Gobierno Nacional (clic amplía)

Bajo el ministro de Estado de los servicios públicos, en cambio, operarían una docena de ministros de servicio. En el organigrama mostrado en la página que sigue se muestra un posible conjunto de ministros de servicio, cada uno de los cuales se ocuparía de uno de los ministerios existentes en este momento o de algunos no existentes, como el de ciencia y tecnología, pero que asumirían despachos públicos existentes, como en ese caso, bajo la forma de institutos autónomos. Los ministros de servicio constituirían, bajo la presidencia del ministro de Estado de los servicios públicos nacionales, su propio consejo nacional de los servicios.

En el organigrama expuesto se menciona un ministro de Estado para el análisis y desarrollo de políticas, el que viene a modificar la figura del habitual ministro de Cordiplán. Éste es un despacho que ha venido cambiando con el tiempo su misión original de introducir, en el mucho más sencillo Estado de Rómulo Betancourt, la racionalidad y la coherencia en la acción del gobierno. Es la oficina pública encargada de formular “la Estrategia de Desarrollo Económico y Social a largo plazo, el Plan de la Nación y el Plan Operativo Anual”. (Ley Orgánica de la Administración Central, Art. 47, Ordinal 3º). Pero la misma ley le atribuye funciones que hoy en día se supone estarían adjudicadas a otros despachos, como es el caso de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado—COPRE—creada durante la presidencia de Jaime Lusinchi, pues el Ordinal 13º del mismo Art. 47 de la LOAC establece que es una función de Cordiplán el elaborar planes para “reestructurar la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, en todos sus niveles, sistemas y sectores, con vista a su adaptación a las exigencias de la planificación del desarrollo económico y social y dirigir la reforma administrativa”. Y como con frecuencia ocurre con nuestras leyes, también se encuentra entre sus funciones tareas que pudieron ser asignadas mediante decreto, pues parecen ser trabajos que debiesen completarse en un cierto plazo, lo que se configura como transitorio. (Por ejemplo, el Ordinal 15º dice que corresponde a la oficina Central de Coordinación y Planificación establecer “un sistema de procedimientos y recursos administrativos”).

Lo cierto es que el producto fundamental de la labor de Cordiplán, el llamado “Plan de la Nación”, aparte de ser en buena medida un rezago de épocas en las que una planificación central todavía se concebía como viable—no lejana del estilo de planificación central del Estado soviético, en razón de la tradición socialista y aun marxista de los líderes de Acción Democrática—ha llegado a ser un documento que mal puede llamarse “de la Nación”, puesto que ésta ni participa en su confección ni lo conoce. De hecho, ya es bien conocida la resistencia dentro de la propia administración pública al Plan de la Nación, al menos desde la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez.

En cambio, de lo que se trata es de enfatizar las funciones de Cordiplán que tienen que ver con la invención y el análisis de políticas que sean propuestas, para lo que seguramente necesita un equipo bastante más compacto del que ahora dispone.

Con una configuración como la descrita sería posible que el presidente tenga más tiempo para dedicarse a las tareas más estratégicas del nivel de Estado, sin por eso perder su carácter de jefe supremo del tren ejecutivo nacional.

Transplantes

Tradicionalmente es posible distinguir dos aproximaciones al problema de la reforma del Estado o de la reforma de la administración pública en Venezuela. O se ha procedido de forma incremental, poquito a poco, o se ha pretendido reformar prácticamente la totalidad del aparato estatal. En este último caso la intención no ha pasado de los volúmenes contentivos de los estudios realizados. (Por ejemplo, dos gruesos tomos de la Comisión de Administración Pública del primer gobierno de Rafael Caldera). También puede decirse que cuando los intentos de reforma han pretendido ser más ambiciosos han tendido a enfocarse como si la transformación fuese casi exclusivamente un problema de derecho público.

La estrategia incrementalista de ir cambiando poco a poco casi nada puede hacer, como es obvio, para reparar fallas gruesas de organización y concepto. La velocidad de complicación de los asuntos públicos supera, usualmente, los paños calientes que los expertos en sistemas y procedimientos pueden colocar sobre un complejo burocrático que hace agua por todas partes. En cambio una reforma total es poco menos que imposible, tanto porque no disponemos de capacidad gerencial suficiente como para acometer una cantidad de cambio de tal magnitud, como porque demasiado cambio de una sola vez es seguramente traumático. (Pregúntesele a un cirujano que le puede pasar a un paciente al que en la misma oportunidad se le trepana el cráneo, se le reseca la vesícula, se le reduce una fractura de fémur, se le opera a corazón abierto y se le transplanta un hígado. Lo más probable es que el paciente muera de shock por exceso de trauma sobre un organismo demasiado agredido).

La estrategia correcta de cambio ha sido recomendada desde hace tiempo por el experto asesor y teórico político Yehezkel Dror. Él la llama radicalismo selectivo. Esto es, seleccionar un número no demasiado grande de organizaciones o componentes del Poder Ejecutivo y en ellos llevar a cabo una reforma a fondo, la que podrá contemplar, en algunos casos, la eliminación total de algún despacho o dependencia.

Las ciencias de la administración o la gerencia no son en absoluto ciencias exactas. Mucho menos aún las ciencias políticas. Una buena dosis de humildad, por tanto, es altamente recomendable. No sabemos a ciencia cierta muchas cosas del arte del Estado, por lo que una estrategia radical-selectiva tiene además la ventaja siguiente: los puntos seleccionados para una reforma a fondo sirven como prueba piloto, como ensayo parcial que no pone en riesgo la totalidad del aparato público. A partir de la experiencia práctica en los casos seleccionados será posible entonces extrapolar conclusiones y resultados, progresivamente o con mayor velocidad si el éxito ha coronado el esfuerzo, hacia el resto del aparato ejecutivo.

Pero además de esta previsión u orientación general es necesario tomar en cuenta que en muchos casos, si no en todos, la reforma a fondo de una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional se convierte en una tarea prácticamente imposible si se la intenta desde dentro de la misma dependencia. Las resistencias mayores al cambio se producen, precisamente, en el seno de las organizaciones que requieren urgentemente de una reforma. (Nuevamente, este fenómeno no es exclusivo de la administración pública. Numerosos estudios del comportamiento organizacional de las empresas privadas detectan la tendencia a la autoperpetuación de departamentos o unidades que contribuyen muy poco o casi nada a la misión empresarial. Sus emplea dos desarrollan un conjunto de conductas defensivas para preservar sus trabajos, a costa de un desempeño sano de la organización).

Es por esto que en ciertos casos será necesario proceder a la reforma de alguna dependencia o servicio del Estado con arreglo a un esquema como el siguiente: creación de un servicio completamente nuevo, con reglas de funcionamiento diseñadas desde cero y que coexista por un tiempo con el servicio ya obsoleto. El nuevo servicio podrá entonces captar del anterior aquellos empleados que realmente necesita y desea en razón de su capacidad y méritos. Una vez terminada la transición, se elimina por completo el servicio desahuciado.

Un caso que salta a la vista es el de la antigua Dirección de Identificación y Extranjería del Ministerio de Relaciones Interiores, cuya directora ha reconocido reiteradamente las pésimas condiciones del servicio que presta. El tragicómico y fallido intento de establecer desde allí un nuevo sistema de cedulación revela que habría sido mucho más limpio y expedito contar con una unidad completamente nueva—como se dio en el caso del SENIAT—que desarrollara el nuevo sistema. Se habría podido entonces contar con personal idóneo y adiestrado en un sistema más moderno que el engorroso sistema actual, para transplantar hacia allí el personal rescatable de la antigua dependencia.

Seguramente varios otros casos pueden ser tratados del mismo modo. En mi opinión este es el tratamiento que debiera darse al Instituto Venezolano del Seguro Social. Es tan grande el grado de deterioro y concentración de vicios en su funcionamiento, que reformarlo desde adentro es una estrategia condenada al fracaso. El Estado venezolano debe definir un nuevo concepto de seguridad social y alrededor de éste establecer un servicio completamente nuevo, el que absorberá aquello que pueda servir del antiguo instituto.

Donde se pueda valdrá la pena ensayar, por otra parte, la noción y el método del “presupuesto cero”. El concepto fue introducido en la administración federal norteamericana en la cartera de defensa por Robert MacNamara durante el gobierno del extinto John Kennedy. En esencia consiste en exigir de las unidades de la organización del gobierno, cada año, una justificación completa de su misión. Lo habitual es que los controladores de presupuesto revisen sólo las variaciones o incrementos del gasto.

En suma, el Estado venezolano debe sufrir una transformación considerable para ser adecuado a las necesidades de una sociedad más compleja que aquella existente al comienzo de la década de los sesenta, cuando cobró forma un cierto concepto constitucional y los lineamientos generales de su operación hasta estos días. Esta conversión o metamorfosis requerirá, a su vez, un cambio en el estilo de dirección del Estado, con una dosis importante de inversión en un liderazgo motivador de los funcionarios públicos. Es preciso que el funcionariado público venezolano rescate para sí el aprecio y respeto de los ciudadanos, de modo que el ejercicio de la función pública sea una actividad digna y estimulante y que sea de nuevo un honor—y no causa de vergüenza—ser empleado del Estado.

Opinión constitucional

Pero las modificaciones profundas al Estado venezolano no son competencia del Poder Ejecutivo, ni siquiera con una habilitación de facultades por parte del Congreso de la República. La verdadera transformación a fondo sólo puede darse a partir de un marco constitucional enteramente nuevo.

Todo venezolano sabe que se ha hablado extensamente del asunto, que al menos desde hace una década data la proposición de una Asamblea Constituyente, que el Congreso de la República del quinquenio 1989-1994 acometió, primero bajo el liderazgo de Rafael Caldera y luego bajo el de Luis Enrique Oberto, un proyecto de reforma de nuestra Carta Fundamental. También sabe que este trabajo no llegó hasta su conclusión y que el Congreso de 1994-1989 no ha hecho y no hará nada práctico al respecto. (El trabajo de la comisión presidida por Luis Enrique Oberto se condujo dentro de un clima de presión y angustia a raíz del primer intento de deponer por la fuerza al gobierno de Carlos Andrés Pérez. El mismo hecho de que el proyecto de reforma en esa ocasión –aprobado por los Diputados el 28 de julio de 1992– contuviese 103 artículos y muchas más modificaciones, es evidencia clara de que con el texto constitucional hay un problema de conjunto y de que se requiere en verdad uno completamente nuevo).

El Congreso actual ha congelado en la práctica el proceso de reforma constitucional, y al menos tres tipos de causa pueden explicar esta mora legislativa: primero, el que el Congreso de 1994 se caracteriza por un mayor grado de fraccionamiento y disensión que los anteriores; segundo, que una buena parte de los congresistas ya está convencida de que se necesita una nueva Constitución antes que una reforma de la existente; tercero, que la presunción prevaleciente es la de que los Electores rechazarían cualquier proyecto de reforma proveniente de ese Congreso en el referéndum que ineludiblemente es el paso final de todo proceso de reforma, según lo estipulado por la Constitución de 1961. Ante esa suposición los congresistas no desean, naturalmente, exponerse a una desautorización tan grave.

Estas cosas apuntan, pues, a la necesidad de un nuevo texto constitucional y, comoquiera que según la propia Constitución vigente el Congreso de la República sólo está facultado para reformar la existente, no para crear una nueva, también es ineludible la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente. Creo, de nuevo, que el trabajo de este órgano puede y debe estar completado en el lapso de dos años.

En otra parte he expuesto mi opinión respecto de las condiciones para que tal aventura de rediseño macropolítico pueda desenvolverse exitosamente: “¿Quiénes debieran formar parte de esa Asamblea Constituyente? ¿Cómo elegirlos? ¿Para cuándo debiera convocarse a las elecciones del cuerpo que debe remodelar los poderes públicos venezolanos, que debe llevar a cabo la reingeniería del Estado?

Entre las razones para oponerse a la convocatoria de una constituyente ha sido esgrimida la predicción de que un órgano tal no sería muy diferente del Congreso actual, de que estaría compuesto más o menos por el mismo tipo de actores que hoy en día son diputados o senadores. Pero la composición de la Constituyente puede ser diferente si se fuerzan ciertos criterios que graviten sobre la elección de sus miembros. Estos son criterios para ser blandidos por los Electores mismos, que son quienes pueden, en definitiva, cambiar las cosas.

En primer término, los diputados a la Asamblea Constituyente deben ser elegidos uninominalmente. (No como lo preveía el proyecto Oberto: “El sistema electoral para elegir a los Representantes a la Asamblea Constituyente será el vigente para elegir a los Diputados al Congreso de la República”).

En segundo lugar, los Electores debemos tener cuidado de procurar el acceso de nuevas experiencias y trayectorias personales a la condición de miembros de esa asamblea. Si se mantuviese la “tendencia” a considerar capacitados políticamente tan sólo a abogados y cronistas (Uslar recomienda expertos en derecho constitucional, derecho administrativo e historiadores) estaríamos perdiendo el necesario aporte de perspectivas más científicas y futuristas.

En tercero y último término, los Electores deberemos desconfiar de candidatos cuya “campaña” se restrinja a discursos en los que estén muy presentes fáciles alusiones a problemas tales como el del costo de la vida, la seguridad ciudadana o los servicios públicos, y de los que estén ausentes conceptos constitucionales. Tendremos que exigir que estos candidatos busquen legitimar su participación a través de la exposición de su idea de constitución preferible.

Otros obstáculos provienen de la resistencia a considerar al texto del 61 como desechable, sobre todo en cabeza de quienes, hoy todavía vivos, consideran que como constituyentes de esa época, hicieron un buen trabajo, arribaron a una muy buena constitución hace ya casi 35 años.

Es muy explicable esta postura en quienes fueron proponentes o redactores de las provisiones constitucionales de 1961, pero su impresión de que la constitución que compusieron era muy buena es perfectamente compatible con la noción de que hoy en día requerimos otra. La Constitución Nacional vigente era, en efecto, muy buena para comienzos de la década de los 60, momento en el que eran inadvertibles muy poderosos procesos sociales que posteriormente modificaron profundamente la anatomía y la fisiología de las sociedades políticas en muchas partes del planeta. No era exigible a los legisladores del 61 la previsión del significado de lo ecológico, cuando el propio Hermann Kahn, el supergurú de los futurólogos de entonces, ignoraba la dimensión ambiental en su biblia de 1966: “The Year 2000”. No era exigible que anticiparan el impacto que el desarrollo de la informática llegaría a tener sobre los modos humanos de tomar decisiones, cuando en 1961 todavía  no existían las técnicas de miniaturización que darían paso a los microtransistores de hoy. Es así como un legislador o político actuante en 1961 pudiera muy bien entender la necesidad de una constitución ulterior, sin que por eso deba perder el orgullo por un trabajo bien hecho en aquel importante año de la democracia venezolana. Y no es sino después de esa fecha que una nueva concepción del universo, la vida y la sociedad, comienza a formarse con el auxilio de las interpretaciones de la teoría de la complejidad. (Teoría del caos, teoría de la autorganización de los sistemas complejos, geometría fractal). La computadora en la que el reconocido pionero de este vastísimo y penetrante paradigma, Edward Lorenz,  halló el motivo para su revolución conceptual en los modelos del clima atmosférico ni siquiera había sido adquirida a la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez.

La gigantesca transformación societal de las últimas tres décadas no estaba en los mapas de los mejores predictores de 1960.

Finalmente, la razón última y más poderosa para oponerse a la culminación de un proceso constituyente –descripción de Arturo Sosa S.J.– es la pérdida de poder o de vigencia que una asamblea constituyente pudiera acarrear a los detentadores del poder político establecido.

En efecto, como ha sido resaltado en varias ocasiones anteriores, una Asamblea Constituyente legítimamente constituida tiene precedencia absoluta sobre cualquier otro género de poder político, incluyendo el Congreso y el mismo poder Ejecutivo Nacional, y puede prescindir de éstos si así lo estima conveniente. Es por tal razón que antes hemos propuesto la idea de un Senado Uninominal Constituyente, para conjugar las siguientes tres condiciones: primera, un tamaño compacto; segunda, la representación uninominal; tercera, la suplantación de al menos una de las dos Cámaras legislativas de la actualidad, con lo que se añade a la facultad constituyente el carácter de cámara legislativa ordinaria, con veto sobre la legislación procedente de los diputados y por otra parte se ofrece todavía una participación al «ancien régime» como posibilidad transicional de adaptarse o preparar su cesantía.

No hay, pues, razones de peso para continuar negando la posibilidad de una Asamblea Constituyente en Venezuela. Al contrario, hay razones poderosísimas para apresurar su diseño, su convocatoria y su elección. Auxiliada técnicamente, puede proveernos la salida orgánica que precisa el país, con relativa rapidez, si es que se franquea el paso a nuevas concepciones y nuevos orígenes de la legitimidad”. (Octubre, 1995).

Y en otro documento argumentaba la necesidad del apoyo técnico así: “…debe disponerse que el Senado Uninominal Constituyente esté asistido por una Secretaría Técnica que prepare un texto básico de Constitución Nacional, lo que puede también aliviar la carga constituyente… En la composición de esta Secretaría Técnica, cuya tarea primordial debe ser, entonces, la preparación de una suerte de “metaconstitución”, a ser desarrollada luego dentro de todo su ropaje jurídico, debe evitarse la confusión con una consultoría jurídica o una comisión asesora de juristas. El trabajo constituyente es mucho más que un acto de técnica jurídica, por lo que debe formarse tal secretaría con expertos de áreas diversas, principalmente con personas idóneas en materia de diseño organizacional, de sistemas, de percepción científica del proceso civilizatorio de esta etapa de la humanidad. Los juristas tendrán su puesto, sin duda imprescindible, pero no deberán dominar el proceso de la redacción constitucional”. (Septiembre, 1994).

Y previamente escribí la siguiente opinión relacionada: “No resulta recomendable el establecimiento de un órgano constituyente sin que pueda proporcionársele un texto o documento base, puesto que un diseño coherente del Estado no puede darse en el debate atomizado de un grupo relativamente numeroso de inteligencias, por más que éstas hayan sido puestas allí en unas elecciones uninominales de procedimiento inobjetable”. (Junio, 1994).

Toda esta larga explicación viene al caso por varias razones. Primero, no es nada probable que el Congreso actual, que ha congelado la tarea menos exigente de una reforma y que ha vuelto a negar la escogencia uninominal de los senadores, consienta en producir la legislación necesaria para la creación de un Senado Uninominal Constituyente, a pesar de que muchas y muy autorizadas voces—como la del más notable experto venezolano en Derecho Público, Allan Randolph Brewer Carías—hayan argumentado convincentemente sobre la conveniencia de una Constituyente uninominal, y por tanto el problema reemergerá en el próximo período constitucional.

En segundo lugar, porque cabe perfectamente a una presidencia elegida con intención solónica impulsar la convocatoria del órgano constituyente y, más allá de eso, alimentarlo directamente, o por intermedio de una secretaría técnica si se acoge esta figura, con las ideas básicas de la “metaconstitución” o concepto general de la nueva constitución.

Es por esto que creo que debo hacer explícitas acá algunas nociones acerca de los rasgos generales del nuevo Estado que Venezuela debe darse a sí misma. Son ideas que llevaría al seno de un órgano constituyente que cumpla con la misión de arribar al nuevo diseño de Estado que deberá ser presentado a los Electores venezolanos, los que, a la postre, serán quienes tendrán que aprobar la nueva Constitución en referéndum.

Creo que la primera innovación a entronizar en un nuevo texto constitucional debe comenzar por establecer sin lugar a equívoco el papel primario de los Electores. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica comienza con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos… ordenamos y establecemos esta Constitución” (“We, the people…”) Es el mismo pueblo el que se dota de una constitución. En cambio, en el texto constitucional vigente en Venezuela el sujeto no es el pueblo, sino el Congreso, el que se arroga la facultad constituyente, a pesar de no haber sido explícitamente facultado para eso, “en representación del pueblo venezolano”. Es de allí mismo de donde arranca el carácter representativo, que no participativo, del gobierno del país, lo que luego es reiterado en el Artículo 3º: “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”.

A este punto se le ha querido poner remedio parcial en el proyecto de reforma de 1992, insertando el término “participativo” en medio de la redacción del 61, en segundo término y luego de la designación de “representativo”. Pero el sujeto de la reforma continúa siendo el Congreso.

Es el pueblo el sujeto que debe constituirse, y es él mismo el que debe producir una nueva Constitución. Y es también, como sugería más arriba, el sujeto político de derecho supremo, y si está más que facultado para dotarse de un texto constitucional, también debe estarlo para reformarlo como y cuando quiera. De modo que no puede carecer de iniciativa legal a este respecto, concepto que está ausente en la redacción de 1961. (En las actuales disposiciones constitucionales, y como siempre en último lugar—Art. 165, Ordinal 5º—se permite que un número no menor de veinte mil Electores—escrito con minúsculas en el texto del 61—introduzca a las cámaras legislativas un proyecto de ley. Lo que, paradójicamente, no pueden hacer los Electores, los miembros natos y únicos del Poder Constituyente, es introducir un proyecto de reforma o enmienda de la Constitución).

De hecho, pues, un concepto a mi juicio fundamental en una refundación del Estado venezolano, es el del lugar de primacía que debe establecerse claramente para los Electores venezolanos en la descripción arquitectónica de los Poderes Públicos. Es decir, en una nueva Constitución, antes que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, debe asentarse el papel de los Electores como órgano primario del Poder Público, en un primer capítulo del título que se dedique a éste.

Hoy en día, como señalé al comienzo de esta larga “carta de intención”, disponemos de una tecnología comunicacional que vuelve a ofrecer las condiciones requeridas para una participación masiva, instantánea y simultánea, de grandes contingentes humanos en los procesos fundamentales de la toma de decisiones públicas. Y si esto es así, la posibilidad está dada para que, efectivamente, una nueva Constitución de Venezuela aloje un concepto futurista del Estado en el que los Electores participen de manera casi continua en la toma de las más gruesas decisiones del país, incluyendo la celebración de referenda de evaluación anuales acerca del desempeño de los poderes públicos venezolanos.

Razón de Estado

La segunda noción constitucional que estoy dispuesto a defender ante un órgano constituyente –y previamente ante los Electores–  es la de que Venezuela debe hacer esfuerzos especiales para integrarse, ya no económicamente, sino políticamente, en un conjunto afín de escala superior.

En otras ocasiones me he referido a la insuficiencia constitucional venezolana en cuanto a la razón de Estado venezolana. Mientras se mantenga la discrepancia de escala entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, o Europa, o China, o Rusia, o Australia, nuestro país experimentará considerables dificultades, prácticamente insalvables, para interactuar con tales bloques en condiciones, no que sean, digamos, ventajosas para nosotros, sino que no nos sean desventajosas.

En cambio, es posible visualizar un buen número de ventajas de una inserción de Venezuela en un Estado de orden superior.

La población de Venezuela no reviste la magnitud necesaria para el desarrollo eficiente y sano de un esquema liberal o neoliberal, que en todo caso, siendo proposición para lo económico, no contiene respuestas suficientes a lo político. Por otra parte, las economías de mercado se han revelado como más naturales y productivas que las economías sujetas a un excesivo control o dominación estatal. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario adquirir una escala de mayor magnitud, similar a la de economías como la norteamericana, o la europea.

El nombre de integración, para designar el tipo de asociación preferible, es ciertamente inadecuado. La palabra integración tiende a producir la imagen de un todo homogéneo, en el que las peculiaridades nacionales quedarían borradas. La imagen correcta es la de una confederación de carácter político, que corresponda, en términos generales, al modelo norteamericano. La unión política estadounidense estableció, por el mismo hecho de su construcción, la unión económica, pues estableció el libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de su confederación.

En cambio, el camino intentado, una y mil veces en América Latina—ALALC, ALADI, Pacto Andino, SELA, MERCOSUR, etc.—sin éxito apreciable, es el de arribar a la integración política por la etapa previa de la integración económica; esto es, el modelo de la Comunidad Económica Europea.

Para los europeos esto tenía mucho sentido. Los componentes nacionales a ser ensamblados, en muchos casos, habían sido, cada uno por separado y cada uno en su oportunidad, primeras potencias mundiales: España primero, luego Francia, Inglaterra, Alemania… No era fácil para los estados europeos aceptar el hecho de una integración política, sin contar con las dificultades derivadas del hecho simple de su profusa variedad de idiomas.

El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta hasta difícil aprobación del Tratado de Maastricht  por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.

Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago, se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso.” (Entrevista en la revista “L’Espresso”, 26 de septiembre de 1993).

Ése es  el negocio que se plantea a nuestro Estado. Se trata de adquirir la escala que permite que Inglaterra nos trate como trató a China en el caso de Hong Kong, y no como nos trató a nosotros en esequiba materia o como malvinamente ha tratado a la Argentina.

Si seguimos en esto, en lugar del modelo de integración europea, el modelo norteamericano de 1776, estaríamos estableciendo una confederación que en principio sólo requeriría que sus miembros confiaran a un nivel federal tres potestades—representación ante terceros, defensa militar ante terceros y emisión de moneda—mientras que retendrían “toda su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso por esta Confederación”. (Texto del segundo artículo de los Artículos de Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, documento constitucional primario anterior a su Constitución actual).

Supongamos que un concepto así fuese del agrado de los Electores venezolanos. ¿No debería preverse en nuestra Constitución un mecanismo de acoplamiento, como el que hubo que prever para que pudieran acoplarse en el espacio una nave Apolo norteamericana con una Soyuz soviética? ¿No sería esto un concepto que sería imposible concebir como una simple modificación de la Constitución de 1961? Evidentemente se trata de un concepto de Estado, de una razón de Estado radicalmente diferente. Por tanto, se trata de una nueva Constitución.

Justicia democrática

Y así como el Congreso de 1961 creyó importante consagrar al nivel de una norma constitucional el principio de representación proporcional de las minorías, sustento la opinión de que a ese mismo nivel, en la Constitución que espera por nacer, deberá consagrarse el principio de juicios por jurado.

Me refiero acá, tan sólo, a la justicia penal, la que muestra los peores signos de deterioro y descrédito popular. El sistema judicial venezolano es particularmente vulnerable a la corrupción. Este sistema posee un rasgo estructural que lo hace particularmente proclive a la aceptación del soborno. Tal rasgo consiste en la excesiva potestad y discrecionalidad de un juez penal venezolano.

En efecto, el juez venezolano reúne la doble potestad de determinar la culpabilidad de un indiciado y de adjudicarle la pena a cumplir en caso de que le pronuncie culpable. Esta propiedad, sumada a características del proceso judicial, permite el espectáculo de las sentencias de un juez en inversión completa de una sentencia previa por parte de un juez diferente. En otros sistemas jurídicos este problema ha sido obviado mediante el sistema del jurado.

No hay acto social más grave y delicado que el de declarar a una persona concreta culpable de un delito. En Venezuela esto es una responsabilidad unipersonal: recae enteramente en el juez. En cambio, en los sistemas que emplean la institución del jurado esa responsabilidad se diluye cuando la comparte una docena de personas, elegidas a través de rigurosos métodos de selección que son objeto de sofisticadas regulaciones y protecciones. De este modo es la sociedad, representada por una muestra en la que intencionalmente se evita el sesgo en una determinada dirección de intereses, compuesta por ciudadanos comunes, la que juzga. El papel del juez queda reservado para dirigir el juicio según las reglas procesales, instruir a los jurados en aspectos de técnica legal y pronunciar la sentencia en caso de obtenerse un veredicto de culpabilidad. (Allí tiene toda la potestad para considerar los atenuantes o agravantes que considere pertinentes al caso en cuestión).

Así la justicia es más democrática. Allí donde se podría poner en práctica la insistente prédica de “profundizar la democracia”. Muchas veces tratamos de imitar, no sin razón, prácticas de las sociedades anglosajonas, especialmente en lo tocante a lo económico. Desde los estudios de Tocqueville sobre la democracia norteamericana, sin embargo, se sabe que la clave de su desarrollo debe buscarse más bien en sus prácticas e instituciones sociales. Tal vez la más fundamental de todas ellas sea, precisamente, el principio del juicio por los pares, por los iguales.

Seguramente es enormemente complicado reformar la legislación penal venezolana, fundada en principios diferentes a la justicia anglosajona en la que nació y se ha desarrollado la institución del jurado, para establecer tal institución en todos los juicios de esta índole. Pero no debe ser tan complicado delimitar alguna área especial en la que esto pueda ser ensayado. Aparece como un candidato natural el reino de los juicios de salvaguarda del patrimonio público, tanto por tratarse de un problema importante y de claro interés para la sociedad como por contarse con la feliz circunstancia de estar regulados tales juicios por una ley especial y de ser dirimidos ante tribunales especiales. Es más, ya en esta materia se ha avanzado en una dirección de modernización de nuestro proceso penal, al aceptarse un proceso oral—a diferencia de los engorrosos procesos enteramente escritos—y también las grabaciones magnetofónicas como elementos probatorios en estos juicios.

Seguramente disminuirían, con este tratamiento, los casos de impunidad en el delito contra la cosa pública. Es relativamente fácil corromper a una persona. Es concebible la posibilidad de corromper a doce. Siempre se puede firmar doce cheques. La probabilidad de lograr esto, sin embargo, es significativamente menor.

Este tema, naturalmente, no es nuevo. En el actual esfuerzo legislativo venezolano se ha considerado esta figura de los jurados, junto con mecanismos de otra índole –los llamados escabinos, por ejemplo. Pero sigue siendo muy fuerte la resistencia a adoptar el cambio en la dirección de una democratización de la justicia. Para destacar que la institución del jurado no es garantía de justicia se trae a colación el caso del otrora deportista O. J. Simpson, o el más dramático ejemplo de los policías californianos que fueron absueltos por un jurado, a pesar de que existía incluso una videograbación que inequívocamente les mostraba en el terrible y violento acto de apalear, agavillados, a un indefenso ciudadano.

Una objeción de esta naturaleza al sistema de jurados tiene que ser puesta en perspectiva. No existe la posibilidad de una institución perfecta, que funcione en el 100% de los casos. Ni siquiera los sistemas físicos diseñados por los ingenieros funcionan a la perfección. Mucho menos puede esperarse total confiabilidad de los sistemas sociales. Pero hay sistemas mejores que otros. En este caso creo que el principio del juicio por pares, el substrato de la institución del jurado, es superior—aunque se trata de objetos diferentes—a nuestro principio del juicio por jueces naturales, establecido en el Artículo 69 de la Constitución vigente. (Naturalmente, es necesario preservar la “naturalidad” de los juicios. Un delito de orden civil no debe ser juzgado por un tribunal militar, como tampoco debe darse el caso inverso. Bastaría simplemente, para hacer a este principio compatible con la institución del jurado, sustituir la idea de jueces naturales por la expresión “tribunales naturales”).

También se ha argumentado, por último, que para juzgar equilibrada y correctamente sería necesario que quienes juzgan sean personas duchas en derecho penal, en criminología, en las disciplinas que se ocupan del delicado acto de determinar culpabilidades. ¿Cómo es, entonces, que los norteamericanos logran administrar justicia mediante la composición de sus jurados con ciudadanos comunes y corrientes? Por un lado, ya mencioné el hecho de que una de las funciones del juez estadounidense es la de instruir a los miembros de un jurado en la materia legal que sea necesario aplicar. Por el otro, esta forma de hacer justicia apela sistemáticamente a la opinión de técnicos y expertos de todo tipo—peritos en balística, psiquiatras, criminólogos, médicos forenses, explosivistas, etc.—quienes deben exponer en plena sala del juicio, de modo que sea entendible por todos, algún punto especializado pertinente a la causa. A fin de cuentas, es el reo quien tiene el primer derecho de entender exactamente por qué y cómo se le juzga, y obviamente, no todos los acusados son abogados especializados en derecho penal.

Opino, pues, que un paso ineludible en nuestro desarrollo político es el de la instauración de la institución de los jurados, y así argumentaría en una proposición constitucional que desde la presidencia haría ante el cuerpo constituyente que será necesario definir y convocar.

Representatividad real

En materia de reforma al sistema de representación, ha gravitado como excusa principal para resistir una modificación en dirección a la representación uninominal el principio llamado de “representación proporcional de las minorías”, efectivamente consagrado en la Constitución de 1961: “La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías.” (Artículo 113, Parágrafo Primero).

El problema es que no se establece en ese artículo cuáles minorías son las que deben ser representadas. Por ejemplo, ¿deben ser representadas en el Congreso, proporcionalmente, las minorías que piensen que el aborto debe ser declarado un derecho de las mujeres? ¿Cómo asegurar que estén representados proporcionalmente en la Asamblea Legislativa del estado Guárico los que crean que el cigarrillo debe ser abolido en los sitios públicos, los que supongan que deben ser restituidos de inmediato los subsidios económicos, o, peor aún, los que piensen que el principio de representación proporcional de las minorías es un principio imposible de aplicar, dado que las “minorías” no son estables y un día hay unas “minorías” y al día siguiente hay otras muy distintas?

Por otro lado, hay que entender lo que suponemos quiso establecer el Congreso de 1961 al referirse a representación proporcional de las minorías. Lo que se desea con este principio es evitar una hegemonía que se base en el predominio de una mayoría circunstancial, mediante la anulación de puntos de vista diferentes. Pero en ninguna parte se establece en la Constitución que las palabras “minoría” y “partido” son sinónimos. De hecho, como ha venido acaeciendo cada vez con más frecuencia, nuestros actuales partidos políticos distan mucho de ser cuerpos de opinión homogénea, por lo que difícilmente puede argumentarse que son minorías en este sentido, y por tanto su representación proporcional viene siendo únicamente la de un club o aparato puramente electoral.

Es difícil ubicar un sistema político en el que las minorías tengan un mayor peso real y mayor representación que en el sistema político norteamericano, cuya estructura es precisamente la de representación uninominal. Es un sistema más abierto, y allí tienen participación y representación efectiva todas las minorías. Cada minoría es muy activa  mujeres, ecologistas, negros, pacifistas, partidarios del porte privado de armas, homosexuales, etcétera  y obtienen una considerable influencia en la determinación de las políticas mediante el expediente directo de asociarse libremente en torno a un punto de opinión determinado: derechos de la mujer, derechos de los negros, etcétera. Así influyen fuertemente sobre sus legisladores, pues cada uno de éstos tiene un electorado (constituency) del que depende su permanencia en el cargo representativo, razón por la que prestan mucha atención a los movimientos de opinión, aunque sean minoritarios.

En cambio acá, donde se dice que debe prevalecer el sistema de representación proporcional de las minorías, esto ha sido diseñado de modo que las “minorías” que son protegidas son minorías partidistas. El sistema sirve para que un partido derrotado en una determinada circunscripción electoral no se quede sin asientos en las cámaras representativas. Pero la minoría de opinión que representan es totalmente difusa y sin definición, sobre todo cuando las elecciones legislativas dependen de modo muy intenso de las diferentes alternativas hacia la elección de Presidente de la República. En general, los sistemas de representación proporcional de las minorías tienen sentido en sociedades en las que las mismas están definidas con claridad, en países con tradicionales divisiones de tipo étnico, lingüístico o religioso o en sociedades que experimentan conflictos ideológicos y de clase. Estas no son condiciones que describen a Venezuela, por lo que la insistencia sobre tal principio debe ser considerado solamente como un modo de reforzar el monopolio de los actuales partidos sobre la participación electoral. Como apunté más arriba, todo sistema—político, técnico, físico, el que sea—incurre en algún costo. El sistema uninominal de representación también lo tiene, pero es un costo fácilmente pagable si se considera que lo que se obtendría es un sistema fácil y rápidamente entendible por el electorado, al tiempo que se le permite hacer al representante elegido un sujeto responsable de sus actos. En este sistema la responsabilidad no puede ser evadida transfiriéndola a una organización partidista, y es por eso que una consecuencia adicional de la uninominalidad es que en el Congreso de los Estados Unidos rara vez se ve que todos los demócratas voten en masa por una proposición y todos los republicanos por una de índole opuesta, en seguimiento de lo que aquí llamamos “la línea partidista”. Allá se permite—hasta se estimula—la libertad de conciencia de cada quien, porque justamente se entiende y se respeta que cada representante debe responder, debe hacer mucho caso, a las opiniones e intereses del electorado que votó por él.

Ahora, más allá de la discusión principista, se esgrime la experiencia de las elecciones de 1993 para oponerse a la uninominalidad total. En efecto, en 1993 los Electores tuvimos ante nosotros un número significativo de candidatos uninominales. Los pocos que llegaron a ser electos para las cámaras legislativas, no obstante, se convirtieron en senadores o diputados porque sus nombres estaban también en planchas tradicionales de partido. De no haber sido por esto ninguno de ellos habría sido elegido. Por tanto, se arguye, no es cierto que el pueblo venezolano esté interesado en la uninominalidad, porque si no habría habido muchos votos uninominales.

Este argumento es falaz. Se trataba, para empezar, de la primera vez que se ensayaba algo de uninominalidad, la que había sido instituida casi que a última hora, como es característico de nuestra legislación en materia electoral. Luego,  las elecciones de 1993 confrontaron al votante con un complicado y cada vez más engorroso y nutrido tarjetón, el que en nada facilitaba la selección de candidatos uninominales. Además, como podrá certificar cualquier grupo de electores que intentó inscribirse como tal ante el Consejo Supremo Electoral para las elecciones de ese año, este cuerpo se caracterizó por oponer a tales grupos todos los obstáculos imaginables, en lugar de facilitar su establecimiento.

Pero, más al caso, no es lo mismo, evidentemente, votar dentro de un sistema puramente uninominal que hacerlo dentro de un sistema mixto, pues la mayor facilidad de votar rápidamente por una lista prefabricada conspira contra la mayor atención y conciencia que se requiere para hacerlo por nombres y apellidos separados. Hace ya unos cuantos años que me pareció encontrar un paralelo entre aquellos que decían defender a ultranza el “sagrado principio” de la representación proporcional de las minorías—mientras proponían que la mitad de los elegibles fuesen uninominales y la otra mitad de ellos estuviese en planchas cerradas—y la falsa madre de la más famosa sentencia del rey Salomón. (Cuando niños aprendíamos en las lecciones de la historia sagrada que dos mujeres que pretendían por igual ser la madre de un pequeño, adoptaron actitudes muy distintas cuando Salomón propuso cortar de un tajo de espada al niño en dos mitades, a ser repartidas entre las competidoras. Una de ellas no tuvo objeción. La segunda mujer prefirió que el niño completo y vivo fuese entregado a la otra. Así supo Salomón quien era la madre verdadera).

Por lo demás, decir uninominalidad no equivale a negar la actuación de los partidos. En los países que cuentan con representación uninominal la gran mayoría de los candidatos se presenta como miembros de partidos.

Un argumento falaz más antiguo que el de la experiencia de 1993 es el de que bajo un sistema uninominal un solo partido podría con facilidad acaparar todos los puestos de una elección. Este razonamiento, defectuoso, por cierto, fue adelantado incluso por notorios líderes de la tal “sociedad civil”, sin percatarse, de nuevo, que la conducta de los Electores no puede ser la misma dentro de un sistema uninominal pleno que dentro del tradicional sistema de las planchas cerradas que son confeccionadas en el seno de los partidos políticos.

Por tanto, soy un decidido partidario de sustituir nuestro actual sistema electoral—hoy en día en regresión a raíz de los más recientes acontecimientos en el Congreso de la República—por un sistema de representación uninominal, y para esto abogaría incluso por la eliminación del principio o “derecho” de la representación proporcional de las minorías de nuestras disposiciones constitucionales.

La uninominalidad total puede favorecer, por último, la evolución de una descentralización y participación política aún incompleta. Contribuye también a la despartidización que se reclama, pues los representantes deberían su puesto en un cuerpo deliberante a los Electores antes que a los laboratorios partidistas.

Otras innovaciones

Hay todavía otros puntos de nivel constitucional que deben ser considerados. Otros pueden resolverse en los niveles subconstitucionales. Por ejemplo, la reorganización del Poder Ejecutivo propuesta al comienzo puede consolidarse jurídicamente al nivel de la Ley Orgánica de la Administración Central y no requeriría un cambio constitucional. Quiero comentar, en cambio, sobre un punto que sí requiere una disposición constitucional diferente a la que hoy  tenemos y que no me concernería o interesaría directamente, puesto que he dicho que estaría dispuesto a asumir el cargo de presidente por tan sólo la mitad de un período.

Una de las teorías predilectas del paradigma político esclerosado al respecto de la reelección presidencial establece que, dado que tradicionalmente en Venezuela existe una “tendencia al caudillismo”, la reelección es inconveniente. Además se aduce que de haber posibilidad de reelección, el presidente en ejercicio (incumbent, en la terminología política norteamericana) haría que toda la fuerza y recursos del gobierno se empleasen, con ventaja injusta, a favor de su campaña. Ambos argumentos son falsos.

Por un lado, a pesar de que existen prohibiciones legales para la intervención gubernamental en los procesos eleccionarios, tal intervención se produce de hecho. Mucho del empleo público consiste de activistas políticos mantenidos a través de los sueldos de la administración pública, por ejemplo, para citar sólo una técnica de intervención.

Por el otro lado, el electorado venezolano ha evidenciado no ser muy impresionable por la propaganda gubernamental. De ocho elecciones presidenciales en Venezuela tan sólo en dos resultó triunfante el candidato del partido de gobierno. (Raúl Leoni en 1963 y Carlos Andrés Pérez en 1988). En las seis restantes el resultado se correspondió con una derrota del partido incumbente.

La reelección presidencial introduciría un principio de responsabilidad similar al de la responsabilidad de un congresante elegido uninominalmente. El presidente en funciones tendría un obvio interés en mejorar la evaluación de su gobierno, y no hay cosmética propagandística que pueda ocultar la evidencia de un gobierno malo. Bajo el sistema actual, un presidente en ejercicio debe incurrir en un complicadísimo cálculo de la carambola de alianzas que pudiera llevarle nuevamente a la silla presidencial después de diez años. Por ejemplo, pareció evidenciarse durante la campaña de 1983 que al Presidente Herrera Campíns le interesaba menos un triunfo de Rafael Caldera que su derrota, en vista de la frialdad de este último hacia el gobierno de aquél. (La campaña de Caldera estuvo signada por su insistencia en que el electorado no votaría en contra de un gobierno saliente sino a favor de un gobierno entrante. Con posterioridad a la elección de diciembre de 1983 la discusión de este punto se hizo verdaderamente enrevesada en el seno de COPEI). Aún cuando se trata de una hipótesis incomprobable—y por ende no científica—me atrevo a la siguiente conjetura: de haber sido permitida la reelección a partir de 1978, ni Carlos Andrés Pérez ni Luis Herrera Campíns habrían sido reelectos mientras estaban en el ejercicio de sus funciones presidenciales.

Al bloquear la reelección presidencial por un lapso de diez años se le quita a los electores la posibilidad de decidir la confirmación o el rechazo de un gobernante en virtud de sus méritos. Esto ocurre sin que, como afirman los partidarios de la no reelección inmediata, se evite el caudillismo. A lo sumo se deja a los caudillos un tanto atenuados, puesto que los casos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera revelan que el caudillismo continúa operando. Todavía están estos dos ciudadanos defendiendo sus gobiernos de hace una veintena de años, cuyo recuerdo ya se hace borroso para aquellos que los vivimos, sin contar conque en diez o quince años se incorpora un enorme contingente de votantes nuevos que muy difícilmente podrán disponer de elementos de juicio comparativo.

Instaurar la posibilidad de reelección inmediata supone un ejercicio de confianza en el buen juicio político popular. Lo contrario es volver a decirle que “no está maduro”. Imponerle un lapso de diez años de espera a un ex presidente conlleva, por lo demás, un riesgo de anquilosamiento y obsolescencia. En promedio, los presidentes venezolanos posteriores a 1958 han llegado al cargo cuando ya han cumplido o están por cumplir los sesenta años de edad. (O bastante más en el caso de Rafael Caldera). Diez o veinte años más tarde tienen setenta u ochenta años, y usualmente no emplean ese tiempo precisamente para cambiar sus puntos de vista, sino incluso para todo lo contrario: para defender con gran denuedo sus puntos de vista de una o dos décadas atrás, aun cuando luego la fuerza de las circunstancias los lleve a desdecirse una vez en funciones de gobierno.

Algunos registros de opinión parecen comprobar el hecho de que la mayoría de la población estaría en contra de la reelección inmediata. Mi impresión es la de que tales resultados se producen por el modo de formular la pregunta, lo que hace que los consultados sientan que la pregunta envuelve la aprobación concreta de la repetición de expresidentes específicos. (V.gr. Caldera y Pérez). Creemos que la respuesta de la mayoría sería positiva si la pregunta fuese la siguiente: “¿Desearía Ud. tener, como elector, la posibilidad de confirmar en el cargo a un presidente que Ud. crea que ha gobernado adecuadamente?” Creo que la mayoría de respuestas positivas sería aún superior si la pregunta fuese precedida de un análisis como el precedente.

Un efecto colateral beneficioso de esta posibilidad de la reelección presidencial, finalmente, es que el presidente en ejercicio estaría menos comprometido con la aristocracia del partido de gobierno y más comprometido con el electorado en general. Si un presidente tuviese la oportunidad de ser reelegido, la segunda mitad de su período correría menos riesgo de ser dedicada al complicado cálculo político que la interdicción por diez años le impone, dejándole más tiempo para deliberar sobre los agudos problemas que le toca enfrentar.

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En suma, la transformación del Estado venezolano requiere de una acción  reconstituyente. No basta reformar la vigente Constitución. Es preciso reconstituir el Estado. Quien pretenda presidirlo desde la primera magistratura en el próximo período debe estar consciente de que la metamorfosis del Estado no puede ser ya pospuesta, y que algún tipo de órgano o asamblea constituyente deberá ser necesariamente diseñada y convocada.

La nueva Constitución, pienso, debe caracterizarse por ser un documento más escueto y simple que el texto que ahora nos rige. Debe ser mucho más flexible, y permitir mayor grado de libertad, mayor respeto por el futuro. Creo, además, que debe ser mucho menos programática que la actual. Pensada más para limitar los poderes del Estado ante el ciudadano, especificando con claridad lo que el Estado no puede hacer, que imponiendo sobre éste una carga de compromisos inmanejables. Sigo acá, para no ganar indulgencias con escapulario ajeno, la clara opinión de Nicomedes Zuloaga: “Si regresamos a la comparación crítica de las disposiciones de la Constitución venezolana con la norteamericana nos encontramos que la americana protege derechos de sentido negativo al establecer lo que el Estado no puede hacer porque constituiría una violación de los derechos de los ciudadanos. Esa es una Constitución coherente donde el Poder Judicial puede ejercer lógicamente su facultad contralora de revisión examinando si una disposición emanada del Poder Legislativo o una medida tomada por el Poder Ejecutivo violan las garantías constitucionales. La Constitución venezolana, en cambio, otorga tanto derechos individuales en sentido negativo como derechos individuales en sentido positivo, y una constitución así resulta incoherente y sus disposiciones son de muy difícil interpretación por el Poder Judicial… La eliminación que propongo de todo el Capítulo IV de la Constitución Nacional, que establece los llamados derechos sociales no producirá una disminución de la actividad social del Estado ni de la beneficencia pública, como no produjo su inclusión un aumento de esa actividad del poder público. Esas actividades se seguirán cumpliendo al través del Ejecutivo y del Legislativo, con el destino político de los ingresos fiscales decididos por el Congreso y por el Presidente de la República siguiendo el resultado de las discusiones políticas, y el poder electoral relativo de las diversas ideologías de las organizaciones políticas en el poder”. (Crítica Constitucional, 1991).

Acción ejecutiva

Todo lo anteriormente expuesto se ha dirigido a temas de cambio más estructural. Como he explicado, esto se debe a que el compromiso que deseo asumir es justamente el de dirigir la metamorfosis del Estado venezolano, siendo que mi interés no reside en el mero disfrute de eso que llaman el ejercicio del poder, y porque pienso que sin esa transformación la mayoría de los programas de acción gubernamental, aun los bien concebidos, están llamados a la ineficacia.

Siento también, no obstante, que puedo esbozar acá algunas ideas de orden programático, algunas políticas específicas que pertenecen ya no al tema arquitectónico del Estado sino a su acción en cuanto agente primario de solución de problemas de carácter público.

Me viene de modo natural a la mente el tema de la educación. He practicado la actividad docente y la he disfrutado. En tres universidades venezolanas y también con alumnos de bachillerato, he sentido el placer de enseñar y también la enorme responsabilidad de penetrar en las mentes juveniles. Antes de arrancar un experimento educativo en la década de los años 70, dos colegas y yo nos enfrascamos en una muy intensa discusión acerca del derecho que teníamos de modificar mentes que estarían prácticamente en nuestras manos. Es una responsabilidad terrible la de enseñar. Pero es, para el Estado, tal vez la más hermosa de sus responsabilidades. Así lo pone en su “Ensayo sobre el gobierno representativo” el insigne John Stuart Mill: “Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.

Stuart Mill, pues, nos dice en otras palabras que la educación es la tarea más excelsa que pueda acometer el Estado. Tal vez es acá, con todos los defectos que podamos reconocerles, donde los gobiernos del período democrático hayan tenido sus mejores logros. La expansión de la matrícula escolar a todos los niveles ha significado un esfuerzo gigantesco del Estado venezolano, y el nivel educativo promedio del venezolano ha experimentado un significativo aumento desde los tiempos de la última dictadura militar. No es suficiente, sin embargo, tanto porque los contenidos de la enseñanza requieren una actualización importante, como porque el sector educativo está constantemente signado por conflictos de orden laboral y sigue siendo excesivo el grado de centralismo en la acción educativa pública.

Del mismo modo como argumentaba al comienzo por una redignificación del funcionario público que incluyese una mejora substancial de su remuneración, igualmente creo que la labor docente debe ser reconocida económicamente como su importancia social lo exige. El economista Domingo Fontiveros lo ha dicho en los siguientes términos: “Premiar económicamente lo importante es una forma de orientar las conductas de tal forma que lo importante sea atendido. Correlativamente, penalizar lo superfluo es a su vez una manera de disuadir comportamientos. Como ejemplo de ello podría decirse que a la importancia abstracta de la educación como prioridad nacional puede otorgársele contenido empírico con una elevada remuneración relativa a los educadores y una también elevada asignación de recursos para dotación e infraestructura en el espacio educativo”. (Desarrollo de la economía no petrolera, 1993).

Dicho de otro modo: no basta hacer discursos sobre la importancia de la educación en nuestra sociedad si no son soportados luego por los hechos de una remuneración acorde con lo que se pregona. Me cuento, entonces, entre quienes creen que la profesión de educador debe ser remunerada magníficamente.

Ahora bien, debe ser bien remunerado un educador idóneo, actualizado, y en nuestro caso esto significa que debe haber un sistema de evaluación de la capacidad de nuestros educadores acoplado a un programa constante de adiestramiento y actualización de los docentes. En nuestras condiciones actuales este programa deberá tener una primera fase mucho más intensa, para alcanzar el nivel requerido desde nuestro actual nivel deficitario. Una vez alcanzada la nivelación necesaria, el programa de formación docente podrá proceder a un ritmo menos exigente, aunque constante.

¿Cómo determinar cuál es ese nivel deseado? La respuesta a esta pregunta debe estar en función del nivel de contenidos de enseñanza que suponemos deberán alcanzar los educandos. A fines del siglo pasado, y siguiendo el ejemplo de varias naciones europeas, Antonio Guzmán Blanco decretó la obligatoriedad de la educación elemental o primaria para todos los ciudadanos de Venezuela. Para la época del gobierno de Marcos Pérez Jiménez el título de bachiller todavía significaba algo, al punto de que funcionarios públicos con el rango de directores de ministerio eran tan sólo bachilleres. Eso ya no es suficiente hoy en día; por esto creo que el Estado venezolano debe apuntar a una meta aún más ambiciosa: que el habitante venezolano promedio pueda alcanzar un nivel de conocimientos equivalente por lo menos a tres años de educación superior.

Sobre este punto he escrito en 1990, en torno a los contenidos aconsejables de esa enseñanza, designándolos con el nombre provisional de licenciatura de estudios generales. Ella guarda parecido con los estudios del bachellor de los norteamericanos—cuatro años posteriores a sus estudios de high school—como ciclo previo al de la profesionalización superior. Por esto escribía en 1990: “En la otra dimensión, la de los contenidos de la enseñanza, es importante destacar que nuestro sistema educativo, en general, enseña con una orientación atrasada. Nuestro sistema educativo ofrece una sola oportunidad a los educandos para formarse una concepción general del mundo. Esa oportunidad se da a la altura de la educación secundaria, cuando todavía el joven puede examinar al mismo tiempo cuestiones de los más diversos campos: de la historia tanto como de la física, del lenguaje como de la biología, de la matemática y de la psicología, del arte y de la geografía. Si no existe, dentro del bachillerato venezolano, la previsión programática de intentar la integración de algunas de sus partes o disciplinas, al menos permite que “se vea” un panorama diverso. Luego, nuestro sistema encajona al alumno por el estrecho ducto de especialización que le exige nuestra universidad. Ya no puede pensar fuera de la disciplina o profesión que se le ha obligado a escoger, cuando, en la adolescencia, todavía no ha consolidado su entendimiento ni su visión de las cosas y mal puede tener convicción sólida acerca de lo que quiere hacer en el mundo.

El sistema educativo tiene entonces una estrategia para protegerse de la obsolescencia de los conocimientos especializados. Luego de la carrera universitaria habitual, ofrece niveles cada vez más especializados y profundos: master o magister, doctorados, postdoctorados. Pero también se hace obsoleta la concepción general del mundo, de eso que los alemanes llaman Weltanschauung. Y para esto no existe remedio institucionalizado.

Según informaciones recientes, la Dirección General Sectorial de Planificación del Ministerio de Educación está pensando en desarrollar un esquema para el ciclo diversificado del bachillerato venezolano que podría agravar la situación descrita. De acuerdo con lo que se conoce, el esquema propone desdoblar el bachillerato en ciencias en un bachillerato en matemáticas (con énfasis en computación) y un bachillerato en ciencias naturales, y el bachillerato en humanidades en uno de economía y ciencias sociales y otro en artes y humanidades “propiamente dichas”. Como puede entenderse, tal proposición, de llevarse a cabo, forzaría una especialización prematura todavía más acusada que la que hoy padece el estudiante en Venezuela.

Los norteamericanos tienen una estrategia de educación superior diferente a la de nuestras universidades, copiadas del estilo francés. Luego de lo que sería equivalente a nuestra escuela secundaria, su high school, el alumno norteamericano que ingresa a la universidad todavía debe pasar cuatro años de una educación de corte general. En sus colleges, pertenecientes a una universidad que también ofrece “estudios de graduados” (master en adelante), o en colleges independientes, los alumnos continúan en la exploración general del universo. Si bien ya se les facilita la expresión de intereses particulares, a través de un campo que enfatizan como un major, la salida es la de un grado de Bachellor in Science o de Bachellor in Arts, que refleja una gruesa división análoga a la de nuestros bachilleres en ciencias y en humanidades. Pero con una enorme diferencia. El tiempo dedicado al aprendizaje general es marcadamente superior en el bachellor estadounidense que en el bachiller venezolano. La edad en la que el bachellor debe escoger finalmente un campo de profesionalización es más madura que la que exhibe nuestro típico bachiller de 17 años. Luego, en dos años tan sólo que toma el master de profesionalización, se obtiene un profesional capaz y más consciente de su papel general en la sociedad.

La solución general al problema descrito debe pasar por la institucionalización en Venezuela de un sistema similar al del college norteamericano. No se trataría, sin embargo, de una mera copia. Los propios estadounidenses han detectado vicios en su actual proceso educativo, por un lado, y se puede mejorar su sistema; por el otro, sería mandatorio tomar en cuenta peculiaridades y necesidades propias del país. De todos modos la conclusión parece inescapable: necesitamos algo como el college. Pero aún sin un colegio superior de esta clase, es posible el desarrollo de programas de enriquecimiento intelectual de menor consumo temporal y que a la vez puedan constituir una terapéutica adecuada a los problemas planteados. De hecho, bien diseñado, el programa vendría a ser innovador, no sólo en Venezuela, sino en términos de cómo se entiende hoy el problema de la educación superior en el mundo. La interpretación estándar de nuestras posibilidades nos hace creer que, en el mejor de los casos, una creación nuestra nos colocaría en un nivel más cercano pero inferior a lo logrado en otras latitudes “más desarrolladas”, y por eso no intentamos lo posible cuando se nos antoja demasiado avanzado. Es como el pugilista que desacelera inconscientemente su puño antes de completar el golpe”. (Un tratamiento al problema de la calidad de la educación superior no vocacional en Venezuela, 1990).

Abogaba, no obstante, en ese trabajo, por una orientación futurista de estos estudios, pues aun los norteamericanos adolecen de una excesiva preocupación por el pasado, por lo clásico, despreciando el producto intelectual de los pensadores más recientes. (El ideal educativo del mundo anglosajón continúa siendo el de la suficiencia en las llamadas “artes liberales”, con su énfasis en el pensamiento del mundo clásico):“A nuestra escala nacional, estamos al borde de radicales modificaciones de nuestra institucionalidad, de nuestra definición de país, de las relaciones del Estado y del individuo, y hasta del ámbito y asiento del Estado mismo, si se piensa en una cierta inevitabilidad de la integración de Venezuela en algún conjunto político-económico de orden superior. Estamos ante el reto de la Tercera Ola, de la reducción y replanteo del ámbito del Estado, de la normalización de nuestra patológica distribución de la riqueza, de la eventual invigencia de nuestro sustento petrolero, sea por agotamiento de nuestras fuentes o por obsolescencia de la tecnología de los hidrocarburos ante opciones energéticas diferentes. Estamos ante una agenda abrumadora y ante ella un recetario clásico es decididamente insuficiente. Es importante saber que las soluciones o adecuaciones que habrá que poner en práctica para un exitoso tránsito de esa turbulencia societal estarán condicionadas de manera sustancial por los conceptos, percepciones e interpretaciones que se tenga acerca del mundo, acerca de la sociedad, acerca de la persona. No poco de la observable ineficacia política de nuestros días debe atribuirse a la persistencia, en la mente de los actores políticos que deciden la vida de nuestra nación, de esquemas mentales antiguos y sin pertinencia; esquemas que fueron fabricados como producto de una deducción de principios o de la observación de sistemas sociales mucho más simples”.

Mi experiencia directa con alumnos venezolanos me lleva a pensar que la ambiciosa meta de un nivel básico de educación superior para todos los venezolanos es alcanzable, si somos capaces de emplear los medios tecnológicos modernos de manera intensa y concentrada. Domingo Fontiveros no sólo pedía una remuneración relativamente alta para los educadores, sino que también exigía una “elevada asignación de recursos para dotación e infraestructura en el espacio educativo”.

Es posible, asimismo, que la introducción de la figura del colegio de estudios superiores sirva como pivote para la necesaria reforma de nuestras universidades, puesto que permitiría hacer más eficiente la composición de carreras y la eliminación de duplicaciones. La educación superior general y básica quedaría en manos de un colegio superior en el seno de las universidades –o en colegios superiores independientes– y las escuelas de profesionalización universitarias completarían las respectivas especialidades.

La universidad venezolana, por otra parte, debe proceder a revisar, junto con el Estado, el concepto de su autonomía. Tal como se la entiende ahora, la autonomía universitaria exige que el Estado se haga cargo del financiamiento de las casas superiores de estudios, mientras que se le impide la imposición del orden público frente a la endémica actuación de delincuentes amparados por una demagógica interpretación de la autonomía. La autonomía universitaria es un principio sagrado cuando se le refiere exclusivamente a la protección de la libertad de enseñanza en las universidades y a la elección de sus autoridades. Pero no debiera servir para que un rector universitario autorice, por ejemplo, el empleo de autobuses de la institución—que son activos del Estado venezolano—para el traslado de estudiantes—y seguramente otras personas ajenas a la universidad—a fin de nutrir manifestaciones y protestas que nada tienen que ver con el proceso educativo. (Así ocurrió cuando las autoridades de la Universidad Central de Venezuela facilitaron los autobuses de ese centro educativo para que un grupo de universitarios manifestaran en apoyo a Fidel Castro, durante la visita de éste a nuestro país con motivo de la reciente Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Si yo hubiese estado en los zapatos de Rafael Caldera—los que, por otra parte, seguramente me quedan grandes—habría impedido este empleo de un activo público nacional, cuyo uso en esta clase de actividades no se justifica bajo ninguna de las correctas interpretaciones del principio de autonomía universitaria).

A ciencia y conciencia

Si yo fuera presidente le daría mucho más énfasis y apoyo a las actividades de ciencia y tecnología en nuestro país. Invertiría mucho más en los proyectos que el propio sector de investigación genera—siempre y cuando, naturalmente, ellos estuviesen correctamente formulados—pero también, y preferiblemente, apartaría recursos significativos para el financiamiento concentrado de programas en determinadas áreas o disciplinas estratégicas.

Esta es una vieja aspiración de nuestros planificadores de ciencia, y hay que decir que el actual Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) ha intentado moverse en esta dirección mediante la elaboración de sus “agendas de investigación”. Falta, creo, más audacia en la formulación de esas agendas o en la determinación de qué es lo que resulta estratégico.

Resulta natural, por ejemplo, determinar que una agenda importante debe formularse para el campo de las enfermedades tropicales, o que lo mismo debe de hacerse para el sector de hidrocarburos, dado que vivimos en el trópico y en nuestro subsuelo se acumulan gigantescas reservas de petróleo, bitúmenes y gas natural.

Pero de lo que estoy hablando es de dedicar, con alguna osadía, recursos importantes a campos de mayor futuro. Me refiero a temas tales como el de la bioingeniería, los estudios de la complejidad o la informática. Me refiero a campos novedosos, en los que todavía la actividad se encuentra en fase relativamente temprana, y por ende se da la posibilidad de participar, mediante la constitución de equipos especiales de investigación, con una esperanza razonable de obtener resultados significativos. Si queremos resultados que vayan más allá de contribuciones marginales al acervo científico de la humanidad; si deseamos ver un impacto real de la actividad científica y tecnológica sobre el nivel de vida concreto de nuestra población, será preciso comprometer recursos en serio para programas estratégicos intencionalmente determinados.

Según el arquitecto Luis Marcano, investigador en tecnologías experimentales de construcción de la Universidad Central de Venezuela, para que pueda darse un verdadero despegue en el desarrollo científico venezolano hace falta fabricar un eslabón crucial. Este eslabón viene connotado por su concepto de “consumidores de ciencia”: la existencia de pobladores del país en capacidad de comprender la utilidad de la ciencia y la tecnología y de aprovechar tanto su proceso como sus resultados. La demanda tendría que existir para que nuestra oferta de ciencia y tecnología se enraizara.

Para el arquitecto Marcano esto quiere decir que hay que preparar esos consumidores de ciencia, los que a su vez no pueden existir mientras nuestra población tenga muy bajos niveles de desempeño eficaz en lo que es más básico y fundamental: el lenguaje de la comunicación convencional—el idioma—y el lenguaje abstracto por excelencia—las matemáticas.

De allí que haya propugnado un ambicioso programa de formación dirigido a los docentes venezolanos de todos los niveles—desde el preescolar hasta la universidad—el que podría operarse a partir de la estructura de postgrados nacionales. En un lapso de tres a cinco años Marcano estima que podría formarse a unos 50.000 docentes en estas disciplinas nucleares de la inteligencia humana, sin las que sería absolutamente imposible acercarse siquiera a lo que ha sido pretendido en el IX “plan de la Nación”: “la inserción de Venezuela en la sociedad global del siglo XXI”.

Programas de esa escala son necesarios si es que queremos participar, como municipio del planeta, en la nueva escala de interacción humana de un modo medianamente significativo. Como seguramente será necesario pensar también en programas a escala transnacional, a escala sudamericana.

Y más allá de la acción de los científicos en su campo natural de la investigación en sus particulares especialidades, es posible requerir de ellos una participación mucho más intensa en la formulación de las políticas públicas. Es un desperdicio social de gigantesca magnitud mantener a los científicos venezolanos aislados de la toma de decisiones fundamentales en el actual momento venezolano. Más allá de su campo específico, el adiestramiento que los investigadores han acumulado como manejadores de lenguajes rigurosos, metodologías confiables y protocolos de aceptación, les hace particularmente útiles en momentos cuando el problema principal del Estado venezolano pareciera ser la carencia de esquemas programáticos a niveles estratégicos y tácticos. Hace ya tiempo que en sociedades más avanzadas se procura obtener de los científicos el aporte de su capacidad adiestrada para la búsqueda de soluciones a los problemas, aun cuando se trate de problemas en un campo distinto al de su especialidad habitual.

También de pan

Las fortísimas transiciones a las que ha estado sujeta la economía nacional han demostrado que la libertad del ejercicio económico es una condición necesaria para su desempeño eficiente. En cuanto fueron revertidas las regulaciones que el gobierno de Rafael Caldera impuso al comienzo de éste su segundo período, como modo de controlar la emergencia financiera, el aparato económico empezó a reaccionar, al punto que la mayoría de los analistas económicos pronostican ahora una época de bonanza para los próximos años. (A pesar de que las finanzas públicas continúan siendo el mayor de los factores de distorsión del proceso económico).

Es una vieja convicción mía la de que el tejido económico se construye mejor cuando se construye a sí mismo. Así escribía al respecto, por ejemplo, a mediados de 1986: “… sustentamos el criterio de que el Sector Público debe restringir su intervención en la actividad económica hasta el punto de que la mayor parte de ésta se conduzca por patrones, fundamentalmente, de autorregulación. Es decir, la actividad económica debe ser en principio libre. Hay algunas funciones básicas que debe reservarse  a la función de gobierno. Entre ellas la principal es la de la regulación monetaria, siendo otra la de la regulación del intercambio externo a través de la interfase aduanal… No creemos que haya ninguna razón funcional de fondo por la que, por ejemplo, la actividad extractiva  petróleo, minería  deba estar reservada a la explotación pública. Existe, sí, una tradición jurídica que se remonta a usos de la antigua Corona Española por la que los bienes del subsuelo eran de patrimonio real. Pero aún manteniendo esto, el Estado venezolano toleró por largos años una explotación del petróleo y del hierro por parte de manos privadas, sólo que se trataba de empresas privadas extranjeras. Es claro que no se hallan en Venezuela… los capitales privados necesarios para que, por ejemplo, el patrimonio de PDVSA (la que tampoco posee el subsuelo), pudiese pasar al sistema de empresa privada”. (Dictamen. Versión preliminar).

A pesar de lo anteriormente expuesto, somos de opinión contraria a la privatización de PDVSA, idea que ahora es defendida con intensidad, aunque sobre límites variables, por una gama de formadores de opinión que incluye al propio presidente de la empresa.

Las razones de fondo para defender la privatización de PDVSA van hasta el más profundo plano de lo ideológico, y toman asiento en el preocupante descrédito de todo lo que es público o político en Venezuela. Es tal el deterioro de lo público en nuestro país—a pesar de que, como lo registran los estudiosos, el descrédito de los políticos es hoy prácticamente universal en el planeta—que ya se le niega al Estado la posibilidad de que pueda poseer empresas, hasta el punto de que se ha propuesto una reforma de la Constitución Nacional para borrar definitivamente la noción de un Estado empresario.

A veces la argumentación “neoliberal” llega a extremos de ligereza y poca substanciación. Por ejemplo, el derrumbamiento del sistema soviético ha sido esgrimido como evidencia de que la inmersión directa del Estado en el papel de productor económico directo es una absoluta inconveniencia. Es obvio que en ningún momento el Estado venezolano ha sido comparable al totalitarismo soviético en lo económico, ni siquiera en época de dictaduras. El más vigoroso y sostenido impulso al sector privado nacional de toda nuestra historia coexistió justamente con la promulgación de esa Constitución de 1961 que ahora se propone reformar para quitarle a nuestro Estado toda posibilidad empresarial.

También se ofrece retóricamente la noción de que el gobierno de los Estados Unidos no es menos fuerte porque carezca de algo equivalente a PDVSA o al Derecho Público hispanovenezolano según el cual las riquezas del subsuelo son propiedad del soberano. Una afirmación de ese tenor establece una comparación absolutamente superficial e insostenible, pues resulta incongruente cotejar dos escalas tan disímiles como las del Estado venezolano y las del Estado norteamericano.

La posesión de PDVSA, precisamente, ofrece más poder al Estado venezolano que sus propias fuerzas armadas. Casi que es de lo único que dispone para medio defenderse en este mundo cada vez más planetizado—globalizado—en el que por ahora predomina un desatado espíritu de “competitividad de las naciones”. A la espera de una fase más humanizada en la que la cooperación prevalezca sobre la competitividad, es casi un suicidio de Estado que la República de Venezuela se desprenda de su mayor activo y la mayor base de su fuerza.

Así que tal vez es más transparente que esta discusión sobre la conveniencia de una privatización total o parcial de PDVSA, un debate previo sobre si para nosotros continúa teniendo sentido que Venezuela siga siendo un Estado, si vale la pena que Venezuela sea una república soberana. Ése es el debate de fondo.

A pesar de lo dicho, hay que dar la bienvenida a una discusión franca y abierta sobre la propiedad pública de PDVSA. Por ejemplo, debe decidirse si realmente tiene atractivo para un inversionista adquirir acciones de una compañía petrolera que no tiene posesión efectiva de siquiera un barril de reservas de petróleo. (La titularidad de las reservas venezolanas no es de PDVSA, sino del Estado mismo, y en la estimación del valor de mercado de una compañía petrolera el principal factor de ponderación es justamente, el de cuánto posee en reservas probadas). Otro ángulo, finalmente, es si en una decisión de privatización de PDVSA pudiera darse preferencia o exclusividad a capitales privados venezolanos. Los más recientes cálculos acerca de los depósitos privados venezolanos en el exterior mencionan cifras cercanas a los 90 mil millones de dólares. Eso es, indudablemente, un capital que debe ser tomado en cuenta.

La privatización de empresas del Estado es, en mi opinión, un proceso en principio sano, sobre todo cuando se trata de operaciones que no han funcionado bien en manos públicas. Pero el caso de PDVSA es justamente lo contrario, pues con arreglo a cualquier parámetro esta empresa pública venezolana ha sido grandemente exitosa y, por otra parte, la propiedad privada no necesariamente garantiza la buena administración. Debiéramos ya haber aprendido esto a raíz de la emergencia financiera de 1994, cuando tantos bancos privados colapsaron y cuando tantas empresas venezolanas debieron ser vendidas a inversionistas extranjeros. Y no es que los empresarios extranjeros estén exentos del fracaso. Allá en el exterior también ocurren los colapsos y las quiebras.

La transición hacia un esquema de menor regulación de la economía por parte del Estado ocurrió, lamentablemente, en superposición al desplome financiero-empresarial de 1994-1996. Esta es la razón por la que ahora más que nunca el desarrollo empresarial privado requiere en Venezuela de una activa promoción de la actividad económica por parte del Estado. Y estoy significando con eso un importante programa de apoyo financiero. Si hoy creo que el cataclismo de 1994 impone un esfuerzo adicional en este sentido, desde hace tiempo soy de la convicción que es deber público la protección y promoción de la economía: “Pero debe quedar a la función gubernamental la importante misión de establecer nuevas direcciones a la actividad económica, mediante el fomento directo de programas de desarrollo económico en un conjunto limitado y concentrado de áreas estratégicamente seleccionadas”. En el fondo es la misma estrategia esbozada antes para lo científico-tecnológico.

Lo que estoy diciendo es que el Estado venezolano debe imprimir un nuevo direccionamiento sectorial a un nuevo programa de fomento económico, mediante la selección de un reducido número de sectores a los que debe impulsar. Y, otra vez, no debe restringir esta acción a los sectores que tradicionalmente han recibido el aporte de fondos públicos, sino atreverse con alguna audacia al fomento de una o unas pocas actividades económicas de Tercera Ola, actividades económicas de alta intensidad tecnológica en los campos de informática, telecomunicaciones e ingeniería genética.

No hay ninguna razón por la cual, en nuestro camino de desarrollo económico, debamos reproducir la secuencia exacta que siguieron las sociedades más desarrolladas. Es perfectamente posible saltarse algunos pasos, para acceder a renglones de actividad económica de avanzada, pues tampoco existe limitación genética alguna en el “material humano” nacional que le impida aprender e innovar en cualquiera de los campos de más reciente desarrollo.

Pero la estrategia de concentración será igualmente necesaria. No debemos repetir el error del V Plan de la Nación ahora que se vislumbra un nuevo período de abundancia de recursos. (El V Plan de la Nación de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez pretendía un desarrollo simultáneo de casi cualquier sector de actividad económica. Íbamos entonces a producir de todo. Tal era el grado de distorsión perceptual que nos impuso el boom petrolero de la década de los años setenta).

No podemos hacer de todo. Es natural que aprovechemos ventajas comparativas. Así, resulta obvio que el Estado deberá estimular la actividad petrolera y petroquímica y la actividad turística, por cuanto contamos con los recursos imprescindibles en muy apreciables cantidades. Igualmente puede pensarse que nuestro sector financiero puede desarrollarse aún más, tomando en cuenta los significativos flujos financieros favorables que se esperan y además tomando en cuenta todo el esfuerzo que se hizo por salvarlo.

Más allá de estos sectores obvios, sin embargo, estoy convencido de que el Estado venezolano debe estimular la emergencia de un sólido grupo de empresas en el área informática y en el de comunicaciones, pues son actividades que tendrán, indudablemente, el mayor crecimiento y la mayor significación en el futuro. (Incluso acá podemos ubicar ventajas comparativas derivadas del idioma castellano. No sólo porque es el español el idioma más hablado en el mundo después del inglés, sino porque sus características fonéticas hacen que ciertos problemas prácticos para el manejo por computadores de la comunicación, como por ejemplo la síntesis de voz, resultan más fáciles de resolver en idiomas fuertemente vocálicos, como es el caso, a diferencia del inglés o del francés, del idioma castellano).

Finanzas públicas

Nadie discute que compete al Estado la vigilancia de las condiciones macroeconómicas de un país, y resulta evidente que los factores macroeconómicos por excelencia son la infraestructura económica y la moneda nacional. Es asimismo evidente que nuestra moneda ha estado sujeta a un brusco y desmedido deterioro en su valor de cambio internacional a partir de febrero de 1983, primero a un ritmo más lento y luego, durante 1994 y 1995, a saltos, más que pasos, agigantados. Ahora se ha retomado el ritmo de resbalamiento lento y progresivo, luego de una fase de bastante estabilidad.

Lo cierto es que hoy en día nuestro signo monetario es, en términos comparativos frente al dólar estadounidense, 116 veces más débil que a fines de 1982, cuando todavía se cambiaba a la ya mítica y barata tasa de 4,30 por dólar.

Por otra parte, las altas tasas de inflación que han prevalecido en la economía nacional de los últimos años han deteriorado ya no su valor de intercambio ante otras monedas, sino su valor en el mercado interno. Con lo que hoy en día cuesta un neumático era posible adquirir una vivienda de clase media a comienzos de los años setenta, y una familia de esta clase podía cubrir su presupuesto de gastos con lo que hoy tiene que pagar, nominalmente, por un pan de jamón navideño. El progresivo deterioro del poder adquisitivo interno ha hecho muy engorroso el manejo de efectivo, puesto que no existe ningún producto concreto que pueda adquirirse al precio de un bolívar y los ciudadanos estamos forzados a tramitar compras cotidianas de bienes y servicios en unidades y decenas de miles de bolívares. Hemos permitido que el nombre de nuestro Libertador esté asociado a las ideas de debilidad y volatilidad.

En otras latitudes, en otros países, se ha optado por reformular la definición del valor unitario de las monedas. Esto ha sido hecho algunas veces con éxito. Otras veces el cambio de moneda no ha servido como un factor contribuyente al tratamiento de la inflación.

El ejemplo antonomásico de un caso exitoso es el del franco nuevo, con el que la república francesa sustituyó a cien de los francos viejos. Ese cambio de valor se ha demostrado como estable. Más recientemente, en varios países de América del Sur se ha procedido también a la emisión de nuevos signos monetarios sustitutivos de los anteriores, con mayor éxito que en otras ocasiones, cuando tales manipulaciones llegaron a verse anuladas dentro de los procesos hiperinflacionarios de Brasil y de varios países del Cono Sur del continente. Tiene sentido preguntarse si una medida de naturaleza similar tiene cabida en Venezuela. Una escala de conversión adecuada para un nuevo bolívar sería la misma que la empleada por los franceses. Así, un nuevo bolívar debería valer 100 bolívares de los actuales. (Los franceses usaron por un tiempo la denominación de “nuevo franco” o NF para referirse a su nueva moneda, pero hoy en día se dice simplemente franco. Nuestro NB o “nuevo bolívar” podría recuperar el augusto nombre sin necesidad de adjetivo en un tiempo razonable).

Cuando hacía por primera vez la proposición en octubre de 1994 comentaba: “Probablemente sería mas estable una medida de este tipo dentro de una economía de mayores proporciones que la nuestra pero, aunque sólo fuese por su efecto facilitador de las transacciones en efectivo, aunque sólo fuese por su efecto psicológico sobre la población, vale la pena considerar la emisión de un nuevo bolívar más fuerte. La comodidad en el uso de una nueva moneda más poderosa puede llegar a ser un factor de cierta importancia, así como la psicología no es un factor a despreciar dentro del juego económico de las sociedades, y convendría a la psiquis nacional ver de nuevo respetada en el símbolo monetario, hoy en día vergonzantemente disminuido, la persona del Padre de la Patria”.

Creo que es pertinente para la consideración de la paridad respecto del dólar la siguiente relación: para el año de 1995 el valor en dólares del producto bruto estadounidense era de 7 billones, (7.058 miles de millones, en estimación empleada por Strategyon, empresa analítica fundada hace varios años por Henrique Salas Römer). Para el mismo año el producto teritorial bruto de Venezuela fue de 72,4 miles de millones de dólares. Es decir, los Estados Unidos producen 97,5 veces, digamos 100 veces, lo que produce Venezuela anualmente.

Si se adoptase el criterio de que la relación entre monedas de países distintos debiese estar en función de sus respectivas producciones reales—tal vez una noción no tan descabellada si atendemos a las más raigales teorías económicas, que nos enseñan que el sector “nominal”, el dinero, debe ser un espejo del sector “real” de bienes y servicios concretos—entonces la relación anotada debiera indicar que la moneda venezolana actual no debiera ser superior a un centésimo de dólar. Que cien bolívares de los actuales no sean suficientes, que consideraríamos adecuada una paridad de Bs. 500 (NB 5) por dólar, pudiera justificarse con un coeficiente de 5 que expresase factores cualitativos tales como la riqueza y variedad de la producción norteamericana, su mayor sofisticación técnica, su fortaleza general y factores de esa misma clase.

En resumen, creo que un transplante de médula monetaria de este tipo puede resultar beneficioso, y buscaría ejecutarlo—naturalmente con toda la asesoría técnica que fuese necesaria—tan pronto como fuera posible.

Y creo también que el Banco Central de Venezuela debe recuperar la máxima autonomía respecto del gobierno nacional. Creo que debe recuperarse su capital, mediante la restitución de las enormes cantidades que erogó para los auxilios a los bancos en problemas y las que sigue erogando para contribuir a la contención de las presiones inflacionarias. La restricción de liquidez tiene un costo considerable, y hasta tanto el gasto público no se restrinja de modo significativo la presión sobre el Banco Central continuará siendo excesiva.

Acá se ha hablado mucho del déficit fiscal como la principal causa de la inflación venezolana. Sin ser en lo absoluto un especialista en política económica, creo más bien que es el volumen mismo del gasto público, y no el déficit per se, el factor principal en este punto. A fin de cuentas, el gobierno federal norteamericano ha operado por décadas mediante márgenes descomunales de déficit sin que esto haya tenido un efecto visible en términos inflacionarios sobre su economía. Lo que se impone, por tanto, es una reducción del gasto público improductivo. Como anticipé al comienzo, es necesario reducir ese gasto por la vía de una marcada disminución del empleo gubernamental. La progresiva privatización de empresas hará lo suyo, también, al disminuir la hemorragia de fondos públicos, como lo haría una reingeniería más convencional del Estado, para lo que haría falta una importante colaboración legislativa. (Muy recientemente el presidente del Brasil, Fernando Cardoso, ha obtenido una conquista para la libertad gerencial del sector público, cuando el Congreso de esa república ha legislado a fin de permitir que el Poder Ejecutivo pueda despedir empleados innecesarios sin estar atado por las rigideces de la llamada carrera administrativa. Algo similar debiera ser intentado en Venezuela).

Finalmente, creo que es de la mayor importancia la generación y publicación de un nuevo estado financiero de la nación venezolana. Nuestras cuentas nacionales—responsabilidad exclusiva del Banco Central—son, como en la mayoría de los países, cuentas de resultados. (Equivalen, en la administración privada, a los estados de ganancias y pérdidas de las compañías). Hay países, sin embargo, que producen también un estado de situación o balance general. Uno entre ellos es Nueva Zelandia.

Un Balance General de la República, con su exposición de los activos y pasivos de la Nación, puede tener muy positivos efectos. En verdad, los activos públicos de los venezolanos tienen una magnitud enorme, muy superior a la de los pasivos o deudas. Por tanto, un estado financiero de esa clase mostraría un patrimonio público de considerables proporciones. Ya no sólo un estado de ingresos y egresos, sino un estado de situación que coteje los activos de la Nación contra sus pasivos y registre el patrimonio resultante. No hay duda de que un ejercicio de contabilidad de este tipo cambiaría radicalmente la percepción más o menos generalizada acerca de la situación económica venezolana. Deducidos los pasivos de la Nación de los inmensos activos que posee, las cuentas mostrarían un patrimonio verdaderamente gigantesco. Así la discusión pasaría a centrarse sobre el problema de qué hacer con ese patrimonio.

Una tal perspectiva permitiría tomar gruesas decisiones de conversión en liquidez de la sólida solvencia venezolana. Siempre y cuando se cumplieran dos condiciones complementarias, casi equivalentes: que la liquidación de activos fuese repuesta con posterioridad por una nueva capitalización y que el sector público ofreciera convincentes indicios de un propósito de enmienda en materia de gasto público, pues hasta ahora, a pesar de innumerables declaraciones de intención, el presupuesto nacional no hace otra cosa que crecer desbocadamente. No ha habido hasta ahora la formulación y presentación al país de un esquema y una cronología para la reducción del recrecido tamaño del gobierno central. Si hay algo en lo que debiera buscarse uno de esos “grandes acuerdos nacionales” que se proponen recurrentemente en Venezuela, es en este punto del redimensionamiento del Estado.

Pero no sólo de pan

Corresponde igualmente a un presidente el poner el mayor cuidado en la emisión de sus señales, opiniones, interpretaciones. El peso de la opinión presidencial sobre la conformación del estado de ánimo nacional es, sin duda, de gran magnitud. Creo que sin falsear la realidad, corresponderá al próximo Presidente de la República la tarea de encabezar el rescate de la muy disminuida autoestima nacional.

Estoy consciente de que el actual presidente ha intentado trabajar sobre el asunto –¿recordamos la epidemia de calcomanías tricolores en los carros y las franelas con la bandera y las filas de manos enlazadas de principios de este segundo gobierno de Rafael Caldera? Pero al mismo tiempo el período ha estado caracterizado por un alto nivel de pugnacidad entre el gobierno y sus variados opositores, lo que seguramente ha hecho que se confunda la necesidad de recuperar la estima de los venezolanos por su país, por el propio pueblo, con un apoyo al gobierno.

A mediados de 1983, hace ya catorce años, se celebró una reunión privada de cinco muy importantes banqueros venezolanos, convocada para discutir un posible flujo negativo de caja de PDVSA que se proyectaba para fines de ese año, año electoral.

En medio de la discusión se pidió a los asistentes participar en un simple ejercicio, un sencillo juego, una adivinanza. El ejercicio consistió en leer las palabras textuales de un fragmento de discurso, y pedirles que intentaran identificar a quien las había dicho. Las palabras en cuestión se referían a un país y a sus hábitos económicos. El orador fustigaba a los oyentes y decía que en su país la gente se había endeudado más allá de sus posibilidades, que quería vivir cada vez mejor trabajando cada vez menos. Al cabo de la lectura los banqueros comenzaron a asomar candidatos: ¡Uslar Pietri! ¡Pérez Alfonzo! ¡Jorge Olavarría! ¡Gonzalo Barrios! No fue poca la sorpresa cuando se les informó que las palabras leídas habían sido tomadas del discurso de toma de posesión de Helmut Kohl como Primer Ministro de la República Federal Alemana.

El ejemplo sirvió para demostrar cuán propensos somos a la subestimación de nosotros mismos. Si se estaba hablando mal de algún país la cosa tenía que ser con nosotros. Al oir el trozo escogido los destacados banqueros habían optado por generar sólo nombres de venezolanos ilustres, suponiendo automáticamente que el discurso había sido dirigido a los venezolanos para reconvenirles. A partir de ese punto la reunión tomó un camino diferente.

Fue el maestro Augusto Mijares, en cuya reciente efemérides se le ha rendido toda clase de merecidísimos  aunque póstumos honores, quien diagnosticó certeramente el daño que nos hacemos a nosotros mismos a través de la más despiadada autocrítica. En “Lo afirmativo venezolano”, uno de sus más importantes ensayos, nos invitaba a fijarnos más bien en logros positivos de nuestros nacionales.

Y en este punto tienen especial capacidad de actuar positivamente los medios de comunicación social. Muy notorios ejemplos tenemos, lamentablemente, de medios de comunicación venezolanos que parecieran complacerse en la publicación de las lecturas más negativas, de las peores evaluaciones de nuestro país.

Este es un viejo problema y por cierto no es exclusivo de Venezuela. No fue precisamente en Venezuela donde el término amarillismo, referido a la prensa, fue acuñado, sino en los mismísimos Estados Unidos.

Hace nada que se ha producido un debate, perdido por el gobierno de Venezuela, en torno al inasible concepto de la llamada “información veraz”. En efecto, el presidente Caldera quiso que la declaración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebró en la isla de Margarita a comienzos de noviembre de este año, contuviese una rotunda afirmación sobre el “derecho de los pueblos a la información veraz”. Como es natural, la posición de los dueños de medios del continente se convirtió en una campaña en contra de tal concepto

Un enfoque distinto habría, posiblemente, redundado en resultados diferentes. En lugar de intentar la formulación de lo que es información veraz, noción harto difícil de establecer, ha podido hablarse de la información falaz, el concepto contrario, para establecer que una sistemática falsificación por parte de algún medio de comunicación debiera ser reprimida socialmente con mucha fuerza, tal como, por ejemplo, en otras latitudes se castiga drásticamente el delito de perjurio.

En todo caso, es necesario reinterpretarnos como nación y reexaminar nuestras vergüenzas, por cuanto encontraríamos que las evaluaciones negativas de nuestra conducta nacional han sido grandemente exageradas.

Y a veces llegamos tan lejos en este malsano deporte de la autodenigración que importamos “expertos” extranjeros para que nos regañen en nuestra propia casa. Así, por ejemplo, trajimos varias veces a un profesor norteamericano de economía que venía a restregarnos nuestra mala conducta económica y a denostar del país en general—“este país ha sido destruido en los últimos veinte años”—complaciéndose en presentar indicadores según los cuales Venezuela es poco menos que la escoria del planeta. Todo esto con el ánimo de vendernos su receta económica favorita. (Más tarde se descubrió que no era el desinteresado profesor universitario que venía del norte a salvarnos de nosotros mismos. El profesor en cuestión resultó ser un directivo de un fondo mutual norteamericano que poseía extensas inversiones en América Latina, incluyendo un 5% del total de sus activos en bonos Brady de la deuda pública venezolana).

No debemos permitir que se nos presente como lo peor del planeta porque se trataría de una terrible injusticia. Nadie niega, naturalmente, que Venezuela empezó a mostrar una conducta económica poco sana a raíz del boom petrolero de los setenta y comienzos de los ochenta. Pero es importante percatarnos de que en buena medida eso fue el resultado casi inevitable de un evento internacional fortuito que no fue provocado por nosotros: el embargo petrolero árabe de fines de 1973, que desencadenó la escalada en los precios internacionales del petróleo. Ese evento y ese proceso pueden ser analizados desde otra perspectiva menos abrumadora que la que habitualmente se nos endilga.

No hay duda de que estamos, con Venezuela, ante un caso agudo de sociedad que se siente culpable. Reiteradamente, la mayoría de los diagnosticadores sociales nos restriega la culpa de nuestra desbocada conducta económica en nuestro pasado inmediato. Esto viene haciéndose desde hace ya varios años de modo sistemático.

Pero esto no pasa de ser una exageración  desmedida. No se trata de negar que se ha incurrido en conductas inadecuadas y hasta patológicas. Pero, en primer término, el proceso ha sido en gran medida eso: una patología. Como tal patología, la conducta social inadecuada puede ser juzgada con atenuantes. ¿Qué sociedad bien equilibrada no hubiera exhibido patrones de conducta similares a la de los venezolanos luego de la tremenda indigestión de moneda extraña que tuvo lugar durante la década de 1973 a 1983? ¿Qué conducta podía esperarse en una sociedad que, como la nuestra, ha retenido largamente la satisfacción de necesidades y se ve súbitamente anegada de recursos y posibilidades? Recuerdo una similitud de este comportamiento con la experiencia de aquellos campesinos que de repente eran llevados a los cursos de un mes de duración que patrocinaba el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria, a comienzos de la década de los años sesenta, y que se enfermaban con la ingestión de tres comidas diarias, porque esta dieta era para ellos un salto enorme en la alimentación a la que estaban acostumbrados. O pienso en  aquellos suicidios “anómicos” registrados por Émile Durkheim en Europa de fines de siglo, cuando una persona se quitaba la vida al experimentar un súbito desnivel entre sus metas y sus recursos, así fuera cuando el desequilibrio se produjese por la repentina y fortuita adquisición de una fortuna adquirida por herencia.

La dimensión del atragantamiento de divisas provenientes del negocio petrolero ha sido enorme. Bajo otra luz distinta a la que habitualmente se dispone para el análisis de este proceso, bien pudiera resultar que halláramos mérito en nuestra sociedad, pues tal vez nos hubiera ido peor con una menor capacidad de absorción del impacto.

En términos relativos, además, nuestra conducta se compara con similitud ante la de otros países. El Grupo Roraima, en importante trabajo de 1983 sobre la inadecuación de ciertos axiomas clásicos de nuestra política económica, no hizo más que constatar la semejanza de comportamientos de Venezuela con los de países que, con arreglo a otros indicadores, son normalmente considerados como más desarrollados que nosotros y que también experimentaron desajuste por las mismas razones. (Reino Unido, por ejemplo).

Esto es importante constatarlo, no para refugiarnos en el consuelo de los tontos, el mal de muchos, sino para salir al paso de muchas implicaciones, explícitas e implícitas, que suelen poblar la constante regañifa que, desde hace años, soporta el pueblo venezolano. Es decir, implicaciones que establecen comparación desfavorable de nuestra inadecuada conducta con la supuestamente regular conducta de países “realmente civilizados.”

Si el ingreso del gobierno Federal de los Estados Unidos se hubiese visto súbitamente multiplicado varias veces, como ocurrió con Venezuela a partir de 1974, la economía de ese país hubiera enfrentado importantes problemas. De hecho, es de destacar que los niveles del déficit fiscal norteamericano son objeto de fuertes críticas allá mismo, así como sus volúmenes de deuda pública y privada. (La revista TIME exhibió crudamente la conducta económica desarreglada de muy grandes contingentes de norteamericanos—empresas, personas naturales, gobierno—en un famoso artículo de 1982).

El desequilibrio del repentino recrecimiento de los ingresos del Estado venezolano como consecuencia de los aumentos de precio del petróleo entre fines de 1973 y comienzos de 1982, es sin duda una causa de grave desajuste, el que todavía estamos pagando. En el análisis de muchos críticos de nuestro país, sin embargo, tan importante factor brilla usualmente por su ausencia.

Más aún. Ya basta de hacer residir la explicación de estos hechos en una supuesta tara congénita del venezolano, en “huellas perennes”, en la pretendida inferioridad del español ante el sajón, en la costumbre de la “flojera” indígena o la tendencia “festiva” del negro. Es necesario acabar con esa prédica, porque ella realimenta el síndrome de la sociedad culpable, que nos anula.

No resisto la tentación de repetir acá una anécdota hermosa que he mencionado en otras partes. Francisco Nadales nació en Cumanacoa, Estado Sucre, Venezuela. Pudo completar solamente una educación primaria, lo que no le permitió mejor empleo que el de obrero no calificado de la industria de la construcción. Una vez fue puesto, sin otra preparación previa, delante de un moderno computador personal. La pantalla mostraba una hoja de cálculo electrónica, en la que en breves segundos postuló, bajo instrucciones, una operación algebraica. Cuando la pantalla titiló mostrando el resultado, una sonrisa tan amplia como su cara demostró su alegría profunda, y la extensión de su súbita comprensión fue expresada en su inmediato comentario: “¡Hay que ver que el hombre es bien inteligente!”

Francisco Nadales hablaba, claro, del hombre que había sido capaz de concebir, producir y ensamblar la intrincada maraña de circuitos y componentes del computador que tuvo ante sí; del que había sido capaz de generar y enhebrar las numerosas líneas del código de programa que le permitió usar el álgebra por primera vez. Pero esa referencia no habría bastado para ampliarle la sonrisa de aquel modo. Francisco Nadales estaba también hablando de sí mismo. Francisco Nadales era ese hombre bien inteligente y Venezuela puede alcanzar ya, mañana mismo, un mejor y más significativo futuro.

Para esto habrá que dejar atrás un patrón político que se fija patológicamente sobre las reales o supuestas faltas de los contrincantes, nunca sobre las propias. No nos servirá para nada el reconcomio y la guerra habitual de las campañas y las oposiciones. A la transformación que es necesaria en el Estado venezolano deberemos entrar con alegría. La alegría de haber sobrevivido tantas vicisitudes y tan graves problemas y de tener ante nosotros nuevas oportunidades. Nos queda mucho por resolver, y para tener éxito será preciso cambiar la frecuencia de nuestro Estado, su arquitectura, sus dimensiones y su estilo.

Será preciso, reitero, abandonar la noción de que la política es, por encima de cualquier cosa, un combate, un intento por legitimarse mediante el descrédito o anulación del competidor. En cuanto asumamos la sencilla noción de que la política es fundamentalmente la profesión de resolver problemas de carácter público, cambiará de modo esencial la acción del Estado.

Esta es una revolución que inevitablemente tendrá que darse en el mundo. Simple. Como lo son todas las revoluciones verdaderas. ¿Qué impide que sea Venezuela el primer país del mundo en el que semejante tránsito se efectúe?

Es una revolución, sí. Se trata de un cambio muy profundo. Pero es mi creencia que la revolución que necesitamos es distinta de las revoluciones tradicionales. Es una revolución mental antes que una revolución de hechos  que luego no encuentra sentido al no haberse producido la primera. Porque es una revolución mental, una “catástrofe en las ideas”, lo que es necesario para que los hechos políticos que se produzcan dejen de ser insuficientes o dañinos y comiencen a ser felices y eficaces.

Éstas son las cosas en las que creo. Éstas son mi fe y mi compromiso. Son algunas de las cosas que haría si yo fuera Presidente.

LEA

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REF #24 – Violación de juramento

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A mediados del año de 1985 conversaba con mi hermano José Luis en mi casa. La conversación fue política: relativamente pronto el camino que tomó condujo a la siguiente aseveración de mi parte: “Hermano, si por alguna casualidad yo fuera electo presidente en este país, trabajaría muy duro y renunciaría a los dos años, seis meses y un día exactos de la toma de posesión”. Mi hermano me dijo de inmediato: “Estás loco. ¿Cómo se te ocurre decir que entregarías el poder cuando no tienes que hacerlo?”

Primero quise congraciarme por la vía del humor y le dije que si un mandatario presidencial cumplía más de la mitad de su período adquiría la condición de Senador Vitalicio, lo que me resolvería económicamente la existencia. Creo recordar que esto no le hizo demasiada gracia. Entonces le expliqué lo que de verdad quería decir.

Ya para entonces creía que lo que yo podría tal vez hacer medianamente bien, era obtener una metamorfosis del Estado venezolano. No administrarlo en su tránsito cotidiano, de por sí complicado y difícil, por los malabarismos del financiamiento público, mediante la incesante acomodación de las transacciones y las influencias directas o indirectas sobre actores individuales y específicos, con una gerencia tácticamente imaginativa y paciente sobre una miríada cambiante de puntos de decisión. No es la atención de un bombero hacia la muchedumbre de incendios que diariamente prenden en nuestro Estado. No, lo que me es vocacionalmente irresistible es el sistema general del Estado, y estoy muy interesado en los supuestos que pueden sustituir a aquellos sobre los que nuestro Estado ha sido diseñado, los que han dejado de ser vigentes.

Lo que ocupa mi interés son las características estructurales, las propiedades arquitectónicas del Estado, de las que depende tan grande proporción de su deficiente y a veces dañino desempeño. Lo que yo quería decirle a mi hermano era que no sentía el menor interés por perpetuarme en el poder ni por mí mismo ni a través de una continuidad dinástica que algún hijo o socio mío pudiese concretar.

Aunque me sé capaz de estar pendiente de detalles por un buen tiempo, a veces en cantidad muy considerable, es el problema general del Estado venezolano lo que me seduce, y eso lo siento con irreversible pasión desde hace ya bastante rato.

Creo saber también que en un lapso relativamente corto es posible modificar su organización, desencadenar su metamorfosis, para arribar, en un Estado diferente, a una disposición en la que los muy considerables talentos evidentes entre los venezolanos, puestos al servicio de la función pública, rindan resultados mucho más importantes y valiosos que los muy escasos que ahora obtenemos, desde que el paradigma político prevaleciente, la manera ordinaria de entender y hacer la política, los supuestos de nuestra política, comenzaran a ser impertinentes.

Es por esto que le decía a José Luis que un par de años, quizás un poco más, pudieran ser suficientes para hacer un aporte trascendente en el proceso político venezolano, para cambiarlo en su forma, pues son principalmente esta forma y el concepto mismo de la política, aquellas cosas que determinan la disfuncionalidad pública en Venezuela.

En aquellos momentos tendía a reforzar mi argumento con un ejemplo al que desde entonces muchas veces he echado mano. Así lo hice de nuevo, por ejemplo, en enero de 1996: “En la primera mitad de la década de los años setenta nació, vivió y murió una de las empresas más exitosas de toda la historia económica de Venezuela. La empresa en cuestión duraría, a lo sumo, unos tres o cuatro años en operación. Luego, desapareció sin dejar rastro. La aparente contradicción entre éxito y desaparición se resuelve al comprender que la disolución de la empresa estaba prevista desde sus comienzos, pues había sido diseñada para ejecutar una única misión y desaparecer al término de la misma. Esta empresa se llamó Cafreca (Cambio de Frecuencia, C.A.)… El caso Cafreca guarda dos lecciones importantísimas para cualquier intento de conversión o reforma institucional. La primera de ellas es ésta de la cesación planificada de actividades del agente de cambio una vez que éste se ha completado. La segunda lección es que el cambio es mejor administrado por un ente que se especialice precisamente en cambiar, no por los actores que cotidianamente deben administrar el sistema que deba ser modificado”.

Ha sido más tarde que me he dado cuenta de que personalmente venero un modelo político histórico en el caso de Solón de Atenas, de quien pudiera decirse que presidió una operación de cambio de frecuencia en la política de su ciudadestado. Tal vez lo comenté con Ramón Illarramendi Ochoteco, quien creía en 1992 que podría resultar interesante y llamativo que yo ofreciera ejercer una presidencia corta. Puedo admirar lo hecho por Napoleón, por Churchill, por Bolívar, por Julio César, por Pericles. Pero un cierto sesgo vocacional me impele a admirar más a Solón. He aquí como me referí a ese modelo en enero de 1996: “Solón produjo una cantidad de cambio tan grande como la que Napoleón Bonaparte generaría más tarde en su época, sólo que desde una autoridad democrática. De hecho, la tiranía le fue propuesta a Solón y la rechazó. No contento con negarse a la dictadura, Solón hizo que los atenienses se comprometieran a aceptar sus disposiciones, a las que se dio validez por el lapso de cien años (fueron escritas en tabletas giratorias de madera y colgadas por toda la ciudad) y ¡abandonó el poder! Solón, habiendo terminado su tarea, como Cafreca, cesó su intervención y desapareció de Atenas para viajar por Egipto y otros lugares, cuidando de no regresar a Atenas antes de que diez años expiraran, a la que volvió de nuevo como su poeta… Desprovisto de apetencias por un poder prolongado, enfrentó como médico el cuadro de enfermedades sociales de su tiempo en su patria, le dio solución inteligente y justa, y descendió por propia voluntad de la primera magistratura ateniense, rehusando toda oferta de convertirse en gobernante totalitario. Solón fue, sin duda, quien cambió la frecuencia de Atenas y abrió la puerta al Siglo de Oro signado luego por la gestión de Pericles. No en vano es Solón figura inamovible del Salón de la Fama griego, porque su vocación no fue la de ser gobernante, sino la de ser exgobernante”.

Y respecto de lo que puede hacerse con el Estado en lapso más bien breve, también escribí en la misma oportunidad de enero de 1996: “No otra cosa, entonces, que un Jefe de Estado al que se le confíe como misión la tarea solónica de cambiar la frecuencia de nuestro Estado, y que se apoye en un Jefe de Gobierno que se ocupe de lo táctico y lo cotidiano, sería garantía de que la necesaria reingeniería tenga lugar. Y, como a Solón, debería buscársele entre quienes tengan, no sólo las calificaciones técnicas, profesionales y biográficas precisas, sino la vocación solónica de querer ser, más que presidente, un expresidente. Esto es, que una vez cumplida en breve plazo –un par de años– la misión Cafreca, abandone la Jefatura del Estado para que se reingrese a la administración normal dentro de un nuevo Estado construido en el lapso de una administración extraordinaria”.

No es, por tanto, ocurrencia de última hora que ahora piense en forma muy parecida. Quiero tener la oportunidad de dirigir el Poder Ejecutivo Nacional por un lapso de dos años, seis meses y un día a partir del primer día del próximo período constitucional. (Creo que en esa oportunidad tendríamos un Estado mejor que el que teníamos en marzo de 1994, en buena medida por lo que ha hecho Rafael Caldera en los últimos años).

En este vigésimocuarto y último “referéndum” presento una lista de acciones emprendibles desde el Ejecutivo Nacional, que pretendo contiene la descripción de mutaciones en el Estado venezolano que puedan llevarlo a un nivel superior de existencia, en el que el acierto público sea más frecuente que la equivocación. Creo asimismo que un programa de esa naturaleza es completable, al menos en grado apreciable y suficiente en la mitad de un período presidencial.

No es un programa convencional. Por ejemplo, no hay mucho de cifras financieras, tal vez porque creo que Venezuela no tiene problema financiero a mediano plazo. No se habla de ninguna obra pública específica. No se encuentra allí un inventario largo y detallado de proyectos, sino un grupo de criterios para la acción, la descripción más bien cualitativa de algunas modificaciones en la organización general del Poder Ejecutivo Nacional, algunas opiniones constitucionales y legislativas, metas globales para la educación, una modalidad particular de reforma del Estado que en sí misma es un tratamiento que modera la corrupción, unos pocos puntos de política económica. Se trata entonces, en cambio, de unas ideas para dirigir la metamorfosis política de Venezuela y que como tales ideas necesariamente deben ser debatidas y seguramente corregidas y enriquecidas. Son generales porque el problema es de tipo general.

Esta es la oferta que me atrevo a presentar a los Electores venezolanos. Quiero que me den la oportunidad de intervenir al Estado venezolano desde la Presidencia de la República para entregarla con la mayor prontitud posible a quien tuviera entonces que manejarla en mucho mejores condiciones.

Esto tiene en mi persona una raíz de convicciones muy profundas. El 24 de septiembre de 1995 declaré públicamente, entre otras cosas lo siguiente: “No buscaré postulación alguna para ningún cargo público ejecutivo cuyo nombramiento dependa de los Electores, aunque podré admitirla en caso de que estos Electores consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida”.

Es decir, considero esa estipulación una obligación ética de mi profesión de político, tal como he llegado a entender a este oficio, médicamente: “El mejor médico es aquél que procura hacerse prescindible, innecesario”.

Pero entonces falta algo por explicar. ¿Cómo es que quien jura no buscar una postulación como la de candidato a la Presidencia de la República de Venezuela declara ahora que quiere ejercer esa función por un tiempo preciso?

Tengo dos pretextos que presentar en mi descargo. El primero es que no veo, entre los candidatos más aparentes –Irene Sáez, Claudio Fermín, Henrique Salas Römer, Hugo Chávez y Eduardo Fernández– y en otros que se mencionan como posibles, las condiciones que estimo necesarias para dirigir el cambio metamórfico de nuestro Estado. Si tengo razón en esto entonces podría perderse una oportunidad estupenda y podríamos estarnos lamentando de nuevo en el año 2003 y escuchando las mismas solemnes promesas y los mismos discursos insustanciales. No niego que las personas mencionadas conformen un racimo de presidenciables que otros países seguramente envidiarían. No me interesan sus defectos ni niego tampoco sus cualidades. Simplemente opino que éstas no son suficientes.

No creo que los mencionados corresponden a la siguiente descripción, al menos en la totalidad de la misma: “Por ahora postulamos que uno de los rasgos necesarios para conducir con tino y propiedad ese tránsito que el IX Plan de la Nación vislumbra como la inserción de Venezuela en la sociedad global del siglo XXI, es la condición que Alexis de Tocqueville definía como el  “verdadero arte del Estado”: “…una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro…” (Alexis de Tocqueville. El Antiguo Régimen y la Revolución)… Para que sean altas las probabilidades de éxito en un conductor político a fines de este Milenio Segundo, es preciso que la persona en cuestión entienda verdaderamente el sentido de la actual transición de la humanidad. Es difícil que esto se dé en alguien cuyas raíces y cuya formación sean tradicionales. La formación de corte humanístico, preferiblemente en el campo del Derecho, resultará menos útil que una formación de raíz científica, de comprensión de sistemas complejos. La preocupación y el estudio consistente del futuro será más importante que la erudición historicista, típica en aquellos que han pululado en la escena política nacional. Lo que se requiere, antes que un historiador, es un estratega inmerso en las corrientes más actuales de la reflexión sobre el mundo actual y el venidero… Igualmente será importante que el nuevo conductor político haya demostrado ser exitoso en el manejo de organizaciones de cierta complejidad, a través, fundamentalmente, de su capacidad de generar esquemas estratégicos convincentes que produzcan la entusiasta motivación de las organizaciones que hayan dirigido… Finalmente, el candidato en cuestión deberá ser alguien que entienda el valor profundo de la democracia, de la contribución de los Electores en el importante y difícil arte de gobernar. Si un pretendiente al trono de Miraflores, si un aspirante a reposar en el lecho matrimonial de La Casona, no tiene escrúpulos en manipular, con las más poderosas técnicas de la psicología social, del mercadeo político en el que se han convertido las campañas electorales, la psiquis desprevenida de los Electores, estará evidenciando que no es el hombre necesario… Por encima de todo, el hombre indicado deberá ser el poseedor de una visión de país. No podemos continuar siendo gobernados por hombres, más o menos dignos, más o menos honestos, más o menos hábiles en el arte de maniobrar y combatir a los contrincantes, si carecen de un concepto estratégico que sirva de marco a la tarea cotidiana de la conducción del Estado… Pero exigiríamos también en los nuevos líderes la capacidad de “librar por todos”. Es preciso reconciliar a la Nación, y no será sano que ésta sea gobernada por los portadores de reconcomios y vindictas. Desde una postura clínica debe comprenderse que en gran medida son responsables los modelos de la actuación política, antes muchas veces que las personas concretas, de los deficientes resultados de nuestro sistema político. Así, será exigible a los nuevos gobernantes una actitud amplia, lejana de la tentación de justificarse con el recurso a la cacería de brujas y a la identificación y escarnio de chivos expiatorios. El país no necesita tanto la competencia como la cooperación, y a pesar de que ningún nuevo paradigma podrá eliminar los elementos competitivos de la práctica política, Venezuela avanzará más rápida y certeramente si logra desplazarse el énfasis de la combatividad a la solidaridad y la cooperación, como muchas veces ha argumentado el actual Ciudadano Presidente de la República, obviamente preocupado por el tema de su sucesión”. (Enero, 1996).

Creo, en cambio, que puedo presentar algunas credenciales que muestran alguna aproximación de mis capacidades a ese desiderátum y por tanto, si los rasgos enumerados son los necesarios para conducir la metamorfosis pública, siento que puedo hacer el trabajo que se requiere.

Mi segundo pretexto para pretender la jefatura del Estado venezolano es simplemente éste: hay unas cuantas personas que piensan que yo pudiese, efectivamente, manejar un problema de ese tipo. Creen tener evidencia de conductas repetidas, de principios defendidos, de métodos empleados por mí, de obra hecha o deshecha, como para suponer que puedo hacer el trabajo. Estirando un poco –mucho– las cosas, siento que algunas personas quisieran que lo intentara. Lo hago, por tanto, ofrezco mis servicios de político general, porque el estado de la República no es nada satisfactorio y al contrario es harto peligroso, y a pesar de que lo peligroso para mí pudiera ser justamente exponerme, lo siento como deber y como lucha personal contra la cobardía y la conveniencia propia.

Me tranquilizo, además, con una certeza largo tiempo disfrutada: sé que cada vez que a los venezolanos se les presenta una opción con sentido, entusiasmante  y retadora, responden con talento y esfuerzo excepcionales y logran cosas verdaderamente asombrosas. Esto lo sé de primera mano, yo lo he visto más de una vez. Sé que los venezolanos son más capaces que lo que muchos de sus dirigentes habitualmente creen. Sé que comprenden las más profundas nociones y son capaces de aprender el uso de los instrumentos tecnológicamente más refinados. Sé que también los venezolanos quieren que se les dé una oportunidad de mostrar de qué son capaces.

Presento, por tanto, una lista general de tratamientos públicos nacionales. Por fortuna se ha incorporado a la gestión pública cotidiana un nuevo contingente de decisores en los estados y los municipios, y lo que un presidente debe hacer en principio es preocuparse de la contribución que puede ofrecerse desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Me emociona saber que los científicos de este fin de siglo han encontrado significado en la complejidad, aun en medio de fases verdaderamente caóticas e impredecibles. Y lo han encontrado porque se han percatado asimismo de que los sistemas complejos, como nuestra sociedad, son los propios productores de la mayor parte de su avance. No se trata, por consiguiente, de un problema de gobernabilidad. No es que el Estado no encuentra manera de gobernar a la sociedad: es que no debe hacerlo. Como un médico cuyo mejor aliado es el cuerpo mismo del paciente, el nuevo gobernante debe confiar en la sabiduría emergente de su pueblo y, por supuesto, trabajar más que nada para que esa sabiduría crezca y se manifieste en la inconmensurable variedad de sus afanes.

Durante largo tiempo se nos ha deprimido con un asedio inmisericorde a la propia estima nacional. Cada defecto que es posible encontrarnos, cada escándalo, cada duda, ha servido para hacernos creer que somos un caso excepcional de insensatez política y de corrupción, de atraso educativo, de imprudencia económica. La verdad es que la historia está repleta de conductas similares en todos los tiempos y en todas las naciones, pues el género humano se dirige, con bastante trabajo, hacia límites de perfección platónica que nunca se alcanzarán. Pero hay momentos cuando las circunstancias permiten que los pueblos adquieran una especial conciencia, y hagan alineación de sus voluntades individuales en pos de una transformación de importancia. No tengo dudas de que a los venezolanos les toca aprovechar ahora uno de esos especialísimos momentos.

LEA

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