el blog de luis enrique alcalá

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

El armisticio al aire

Líder del Barroco inglés

Hoy se expuso en la edición #248 de Dr. Político en RCR el esquema armisticial propuesto el jueves 11 de mayo en este blog (Del armisticio como programa). En general, los oyentes que llamaron al estudio aprobaron su contenido, aunque tres de ellos expresaron dudas acerca de su viabilidad. (“Que esto sea improbable es una perogrullada. El trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecución de cosas improbables. (…) De eso justamente se trata. Su improbabilidad es la que llama nuestro esfuerzo”. Debate Viso, Urbaneja, Alcalá). Paren el mundo, canción de Vanessa Martín en la voz de Pastora Soler, resonó con esta afirmación:

Si nuestra clase política profesional lograra detenerse unos días en su pugna y sus insultos, si pudiera Stop the World y escuchar alguna pieza de ese musical de los años sesenta, si osara aprobar algo como lo expuesto en la calma de un alto al fuego para componer nuestro Estado de Derecho maltrecho, si acordara un armisticio que suspenda la destrucción y la muerte, volveríamos a estar los venezolanos muy orgullosos de nosotros mismos, pues habríamos dado al mundo una lección de inteligente elevación, de sensatez y desprendimiento. (Del armisticio como programa).

Después se escuchó la Música para el funeral de la reina María, de Henry Purcell, en doloroso recuerdo de Miguel Castillo Bracho, asesinado el miércoles de esta semana en Caracas mientras protestaba contra el gobierno. Acá abajo, el archivo de audio del programa de hoy:

 

LEA

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Del armisticio como programa

Pudiéramos comenzar por esto

 

El polvo del camino, el calor, el oleaje destructor de las masas, la gasolina y el aceite, la angustia, la pólvora, el sudor, la noche sin dormir y el calzado que sin saberse por qué, les apretaba a todos, hacían de la brillante comitiva grupos inconexos de desharrapados internacionales. (…) En lo que afecta al Papa, el desastre era tan grande como corresponde a un Ser de su altura y que, además, viste de blanco. (ACLARACION DEL AUTOR: Al llegar aquí, el autor se ve obligado a recordar a sus lectores, el constante respeto con que ha tratado a Su Santidad el Papa siempre que ha tenido que referirse a él a lo largo de este libro. No pueden existir, pues, sospechas de irreverencia. Las relaciones del autor con el Vaticano son cordiales, y si el autor nunca ha ido en peregrinación a Roma no ha sido porque sus deseos de acudir allá no fueran arrolladores, sino por falta absoluta de ganas. Al autor le interesa que conste dicha cordialidad entre él y la Santa Sede y, hechos la aclaración y el recordatorio, el autor prosigue su narración para decir que. ..) El Papa, con las blancas sedas holladas por tanto acontecimiento adverso, estaba cochambrosísimo; estaba hecho una birria.

Enrique Jardiel Poncela – La tournée de Dios

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birria Del lat. vulg. *verrea ‘terquedad, capricho’, ‘cosa despreciable’, der. del lat. verres ‘verraco’. 1. f. Persona o cosa de poco valor o importancia. 2. f. coloq. Persona o cosa de aspecto lamentable. cochambroso, sa 1. adj. coloq. Lleno de cochambre. cochambre De cocho ‘puerco’. 1. m. o f. coloq. Suciedad, cosa puerca, grasienta y de mal olor.

Diccionario de la Lengua Española

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Prolegómeno desde un estado de ánimo especial

Empiezo a escribir esto poco después de la muerte por mano criminal de alguien a quien conocí de niño. Su partida exige un alto al fuego, porque es imperativo acordar en lugar de atacar. El estado de nuestro Estado es muy cochambroso—de allí el recuerdo de Jardiel Poncela (apropiado a estos tiempos de irreverencia de leso Papa)—; es decididamente impresentable, y los Poderes Públicos de Venezuela no debieran tomarse a sí mismos tan en serio—de allí el recuerdo de Jardiel Poncela—, debieran relajar su solemnidad y su epopeya; paradójicamente, debieran hacer su oficio y enseriarse:

Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación. (Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016).

Es este ejercicio, entonces, un intento de contribuir a la disolución constructiva del muy costoso y peligrosísimo estado de nuestra Nación. No se trata de diálogo; se trata de acuerdo. No es lo que se requiere un espectáculo (ver Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0, 20 de mayo de 2014); no nos sirve de nada un conciliábulo para el consumo mediático, una reunión televisada en Miraflores—como la del 11 y 12 de mayo de 2014—para declararse un insincero respeto que en minutos es desmentido por una nueva avalancha de mutuos insultos; necesitamos resultados, urgentemente.

Cada uno de los Poderes Públicos Nacionales debe aportar lo suyo al requeridísimo alivio. Acá enumero lo que creo puede aportar cada uno, a lo que cada uno puede comprometerse, en el mismo orden de aparición empleado por la Constitución Nacional:

 

ACUERDO DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES DE VENEZUELA

 

La casa de los diputados

Poder Legislativo Nacional

Primero. Así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, gracias a la decidida intervención de la fiscal Ortega Díaz, suprimió de sus infames sentencias 155 y 156 las partes más extraviadas y excedidas—que en la práctica significaban la completa anulación de la Asamblea Nacional—, debe ésta suprimir por acto expreso su peregrina declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año.

Segundo. La Asamblea Nacional debe retractar explícitamente—en resolución expresa (o al menos en comunicación de su Presidencia)—, del programa delineado por su anterior Presidente el 5 de enero de 2016, que es un “compromiso no transable” del Parlamento “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. (“El Poder Legislativo Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, elegido en libres comicios el 14 de abril de 2013 para completar el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013”. Plantilla del Pacto).

Tercero. La Asamblea Nacional, una vez recuperada su plena eficacia mediante la solvencia—Acción y efecto de solver o resolver—de su desacato a sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, procederá a redactar y aprobar un razonable decreto de amnistía, según la facultad establecida en el numeral 5 del Artículo 187 de la Constitución. (Sobre amnistías, 11 de diciembre de 2015).

Cuarto. A pesar de que ya no tenga efectos prácticos, la Asamblea Nacional deberá anular su Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, del 21 de marzo de este año, y reconocer que el Presidente de la República, en uso de la facultad expresa del numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución—Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República… 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales—puede denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos sin autorización parlamentaria o enmienda constitucional, por cuanto ella no es un convenio “relativo a derechos humanos” y tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos contiene definiciones de esos derechos que sean “más favorables” a las establecidas en nuestra Constitución. (Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público).

Quinto. La Asamblea Nacional aprobará, en plazo perentorio, los recursos necesarios al Consejo Nacional Electoral para la organización y celebración de las elecciones y actos referendarios pendientes o inminentes.

Sexto. La Asamblea Nacional, ya en pleno uso de sus facultades, convocará por mayoría simple de los diputados un referendo consultivo que requiera la decisión del Poder Constituyente Originario acerca de esta cuestión: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016). Igualmente incluirá en la consulta esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (Parada de trote, 23 de julio de 2009; Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010; ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

 

La casa de Misia Jacinta

Poder Ejecutivo Nacional

Primero. “El Poder Ejecutivo Nacional… admite la legitimidad de la Asamblea Nacional, igualmente elegida por voluntad popular el 6 de diciembre de 2015”. (Plantilla del Pacto). Es obligación del Presidente de la República respetar las facultades constitucionalmente establecidas de la Asamblea Nacional, incluyendo las de controlar su gobierno. (Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional… 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley). Es ante ella que debe presentar su Memoria y Cuenta, no ante el Tribunal Supremo de Justicia o alguna entidad comunal o “comunera”.

Segundo. El Presidente de la República suprimirá, de su reciclado decreto de emergencia económica, los considerandos que excedan una descripción objetiva de los aspectos más determinantes de la crisis económica de la Nación, en particular los que implican la consagración de la hipótesis de una tal “guerra económica” como explicación de la misma. En ese propósito, deberá reformularlo en acuerdo previo con la Asamblea Nacional. (“Cláusula Primera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales reconocen que el país atraviesa una seria crisis cuya solución debe ser sometida a la decisión del Pueblo de Venezuela, y que es necesario iniciar un período de recuperación que consolide la democracia venezolana y permita la superación de los problemas públicos de diversa índole que aquejan a la población. (…) Cláusula Quinta. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales constituirán una comisión de enlace que determinará urgentes acciones coordinadas entre ambos para resolver o paliar la crítica situación referida en la Cláusula Primera de este acuerdo, en el espíritu de lo prescrito en el Artículo 136 de la Constitución”. Plantilla del Pacto).

Tercero. El Presidente de la República no se opondrá a la convocatoria por la Asamblea Nacional de un referendo consultivo—vide supra—que pudiera decidir elecciones presidenciales para escoger a quien deba concluir como Presidente el período constitucional que expira el 10 de enero de 2019, reservándose el derecho de postularse en esos comicios. (De hecho, en caso de que la Asamblea Nacional no lo convoque, él deberá decretarlo en Consejo de Ministros para atender al reclamo evidente de la opinión ciudadana que, como cabildo nacional, quiere que se comporte como Vicente Emparan y pregunte si queremos su mando). Tampoco se opondrá a que se tome la opinión del Soberano acerca de la conveniencia del socialismo, por cuanto la implantación de ese sistema en Venezuela no está en modo alguno contemplada en la Constitución y tal decisión no corresponde a ninguno de los poderes constituidos, sino sólo al Poder Constituyente Originario, a los venezolanos políticamente hábiles en su totalidad.

Cuarto. El Presidente de la República ordenará la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales.

Quinto. El Presidente de la República agradecerá y facilitará la llegada de ayuda humanitaria ofrecida al país por diversos actores internacionales, a fin de tratar las precarias y agobiantes condiciones de una proporción considerable de la población nacional.

Sexto. El Presidente de la República, reconociendo que su legítima iniciativa constituyente no ha propiciado (como él lo ha postulado) un entendimiento nacional, y que el proceso que ha iniciado complicará en grado muy apreciable la preocupantísima situación nacional, anulará su decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo sus propósitos programáticos en un proyecto de reforma constitucional que los comprenda y que él puede someter a referendo aprobatorio, tal como su predecesor hiciera en 2007.

 

La Justicia (no los jueces) debe ser ciega

Poder Judicial Nacional

Primero. El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

Segundo. El Tribunal Supremo de Justicia procederá a anular la sentencia 1.265 de su Sala Constitucional con fecha 5 de agosto de 2008, que mutiló el sentido del Artículo 42 de la Constitución, cuya segunda cláusula establece: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Aquella sentencia sostuvo, incomprensiblemente, que tal protección de los derechos políticos de los ciudadanos sólo regía para los venezolanos por naturalización. (Ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008). El Contralor General de la República impuso, en evidente exceso de sus facultades—él no es juez que pueda sentenciar judicialmente nada—, más de un centenar de inhabilitaciones políticas en aquel año, y el Contralor actual ha hecho lo mismo respecto de los gobernadores del estado Miranda y, en aparente ensañamiento territorial, del estado Amazonas. Hasta que no haya sentencia judicial firme en su contra en materia de sus derechos políticos, ambos mandatarios los preservan en su totalidad.

Tercero. El Tribunal Supremo de Justicia se abstendrá de usurpar una facultad específica de la Asamblea Nacional, cual es la de recibir la presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente de la República.

Cuarto. El Tribunal Supremo de Justicia ordenará al Presidente de la República que se asegure de la liberación (vide supra) de “quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”.

Quinto. El Tribunal Supremo de Justicia facilitará con las decisiones requeridas, en extensión de los plazos constitucionales, la recomposición de sus propios miembros con la elección de magistrados en los términos establecidos en la Constitución. Igualmente, facilitará idénticamente lo mismo para la renovación de rectores del Consejo Nacional Electoral.

 

Auditor y no juez

Poder Ciudadano Nacional

Primero. El Contralor General de la República procederá a anular las inhabilitaciones políticas que ha impuesto recientemente a los gobernadores de los estados Amazonas y Miranda, puesto que él no es juez que pueda sentenciar ni firme ni precariamente en suspensión de derechos políticos de los ciudadanos.

Segundo. El Defensor del Pueblo, en atención al Numeral 2 del Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece su facultad de “Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos”, se asegurará de la anulación de la sentencia 1.265 de la Sala Constitucional del 5 de agosto de 2008 por parte del Tribunal Supremo de Justicia. (Vide supra).

Tercero. La Fiscal General de la República proseguirá en la saludable vigilancia que ha emprendido para señalar excesos de otros poderes en la actual coyuntura nacional y forzar que regresen a los cauces naturales de sus atribuciones, especificados con claridad en la Constitución.

 

A trabajar para el Pueblo

Poder Electoral Nacional

Primero. El Consejo Nacional Electoral publicará de inmediato el cronograma de la elección de gobernadores cuyo plazo está vencido y el de las elecciones municipales previstas constitucionalmente para este año, las que procederá a organizar diligentemente.

Segundo. El Consejo Nacional Electoral tomará sus previsiones ante la posibilidad de referendos y otras elecciones para este mismo año, y determinará los requerimientos presupuestarios para estos fines y los del punto anterior, los que la Asamblea Nacional autorizará sin dilación.

Tercero. En general, el Consejo Nacional Electoral, entendiéndose primariamente a sí mismo como órgano del poder de los Electores, se conducirá en facilitación de éstos en cada proceso de votación o de recolección de firmas ciudadanas para activar procesos referendarios, siendo que no es su fin proteger derechos inexistentes del Presidente de la República u otro poder constituido.

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Hay que parar el fuego

Es lo que antecede, como dije, una contribución, una mera puesta en la mesa de ideas que pueden interrumpir la peligrosa trayectoria hacia un conflicto generalizado en Venezuela, tal vez hacia una guerra civil o la toma del poder por “militares decentes” (Juan Carlos Sosa Azpúrua) que pudiera liderar un “Larrazábal II” (Luis Ugalde). Mayo, el Mes de María y de los mangos, no ha concluido aún—le quedan veinte días, casi tres semanas—, y es perfectamente posible alcanzar un acuerdo como el descrito antes de su término. Si nuestra clase política profesional lograra detenerse unos días en su pugna y sus insultos, si pudiera Stop the World y escuchar alguna pieza de ese musical de los años sesenta, si osara aprobar algo como lo expuesto en la calma de un alto al fuego para componer nuestro Estado de Derecho maltrecho, si acordara un armisticio que suspenda la destrucción y la muerte, volveríamos a estar los venezolanos muy orgullosos de nosotros mismos, pues habríamos dado al mundo una lección de inteligente elevación, de sensatez y desprendimiento.

Para que más allá de la resolución de los problemas y la superación de las dificultades se pueda acometer el logro de la significación de nuestra sociedad. Para que más allá de la lectura negativa y castrante de nuestra sociología se profiera y se conquiste la realidad de un brillante futuro que es posible. Para que más allá de esa democracia mínima, de esa política mínima que es la oferta política actual, surja la política nueva que no tema la lejanía de los horizontes necesarios. (Tiempo de incongruencia, febrero de 1985).

LEA

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Miguel Castillo ha muerto esta tarde

 

 

En recuerdo de Miguelito

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De indignado luto

Los de mi familia conocimos a Miguelito, fallecido hoy a manos de un guardia nacional “bolivariano” que le disparara, en el colegio San Ignacio cuando era un niño; era el hermano menor de un compañero de pupitres y de béisbol de mi segundo hijo varón. El Mismo País (Rafael Poleo) puso ya una foto más bien borrosa del guardia atacándolo por la espalda*, pero Juan, su hermano mayor, el compañero de mi hijo, dio su testimonio en mensaje de voz desde Chile:

 

Se ha ido un joven venezolano de 27 años, pero no fuera del país, como su hermano, sino de la vida. Su madre, nuestra amiga, se está quedando sola con el corazón roto.

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En 2013, Henrique Capriles Radonski amenazó con una manifestación de calle porque le habrían robado la elección del 14 de abril. Luego la desactivó porque “podría haber muertos”, lo que criticaron Ma. Corina Machado y Germán Carrera Damas conversandito (fueron ilegalmente grabados). Este año Capriles ha patrocinado, junto con otros conductores políticos, unas cuantas marchas; ya no calcula las víctimas. En la treintena de muertes de esta temporada postguarimbera, no hay la de ningún dirigente de la oposición.

Hace un año, una persona muy cercana a la MUD me puso: “La buena noticia es que la crisis continúa” (!?) Y hoy vi en Facebook un comentario que decía: “La calle y nuestros jóvenes valientes es lo único que nos queda. Hay descontento en los militares. Algún héroe saldrá de su hueco, Dios mediante”. Hace unos años, escuché en alguna peña: “Lo que hay que hacer es provocar un segundo Caracazo”, y luego de la marcha precursora del 23 de enero de 2002, alguien comentó en nuestra casa: “Está muy bien, pero hasta que no pongamos unos muertos no saldremos de esto”. Se pusieron poco después, el 11 de abril de ese año. La locura. Gente como ésa, ni joven ni valiente, dirá que la muerte de Miguel es “una buena noticia”.

No es cierto que la calle es “lo único que nos queda”. Por ejemplo: Prontas elecciones. Con algo como eso se evitaría otras muertes. LEA

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*Un video que corresponde a la escena de la foto que publicara El Mismo País parece contradecirlo y también a Juan. No puedo asegurar que el joven que aparece en ambos documentos (video y fotografía) fuera Miguel Castillo Bracho. En todo caso, Miguelito ya no está entre nosotros.

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Todo se puede

 

Periodismo constructivo

En su aleccionador programa en Radio Caracas Radio (750 AM)—Todo se puede—Maira Prado reportó hoy el sorprendente testimonio de un ciclista uruguayo (Tabaré Alonso) quien, en contra de consejos y advertencias de que no debía visitar nuestro país, llegó acá al territorio “que fue plan de vida, no para irse sino para quedarse” (Maira dixit). Son tres minutos poderosísimos; helos aquí:

LEA

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¿Preguntas sin respuestas?

 

Acusando recibo de comunicación de Elías Jaua

 

La Mesa de la Unidad Democrática ha remitido ayer al ministro Elías Jaua un escrito de rechazo a la invitación que éste le hiciera—como Presidente de la Comisión Presidencial que propondrá las bases comiciales para elegir la asamblea constituyente convocada el 1º de mayo—a fin de explicar los propósitos del gobierno. Pero más que rechazo a esa invitación, es un rechazo a la idea misma de la constituyente y a la legitimidad de la convocatoria. El documento es doble, siendo lo primero una presentación de lo segundo, un texto encabezado con este título: La MUD frente al fraude de la dictadura. Esto último es un inventario de lo que la organización opositora estima políticamente relevante a partir de 2015 hasta la fecha (y que deja de mencionar la historia desaparecida); lo que va más al caso de aquella iniciativa es la carta previa (covering letter), que al inicio mismo declara:

Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir, mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.

La MUD, por tanto, ha acogido la equivocada tesis de Allan Randolph Brewer Carías (¿Presidente de la Sala Constitucional en el exilio?): “El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”. Uno se pregunta, si la Constitución quisiera significar eso ¿por qué la redacción del Artículo 347 no dice “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, sólo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, en lugar de “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”? (No dice ese artículo que nadie más puede convocarla, y el Artículo 348 contempla que 15% de los electores—la iniciativa popular que es parte representativa de ese Poder Constituyente Originario—puede hacerlo además del Presidente y la Asamblea). Si fuera cierta la afirmación de la MUD—”Los Poderes que tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a través de referendo”—, ¿por qué el 348 no dice “La iniciativa de convocatoria a un referendo, para consultar si el pueblo quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente, podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” etc., en lugar de “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”? Si fuera necesario ahora un referendo previo—como el del 25 de abril de 1999, necesario entonces puesto que en ese momento la figura de constituyente no estaba contemplada en la vigente Constitución de 1961—, ¿por qué no bastaría un referendo consultivo ordinario y por qué especificó la Constitución actual en su Artículo 348 requisitos más exigentes que los de mayoría simple de la Asamblea Nacional y 10% de los electores (Artículo 71), que eran, de nuevo, los que prescribía desde 1998 el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que se empleó en aquella ocasión y bastó? ¿Por qué el 348 estipula dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los electores en la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No será porque el Artículo 348 está hablando de una convocatoria directa a constituyente y por eso exige condiciones especiales más astringentes? ¿En qué viola la convocatoria presidencial directa de una asamblea constituyente la prescripción del Artículo 5? (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). ¿No es un ejercicio indirecto de la soberanía que el Presidente de la República, uno de “los órganos que ejercen el poder Público” y elegido “mediante el sufragio”, convoque a constituyente? (¿O, si a ver vamos, indirectamente la Asamblea Nacional, que también es un poder que ejerce—o debiera ejercer—el Poder Público e igualmente se elige mediante el sufragio?) Por último, ninguna nueva constitución puede entrar en vigencia sin un positivo referendo aprobatorio del Poder Constituyente Originario, el Pueblo, en el que precisamente reside intransferiblemente la soberanía. (Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿Cómo es que se viola el Artículo 5 si en último término es el Pueblo quien debe aprobar la constitución resultante de una asamblea constituyente, convóquela quien la convoque? (Por cierto, la gente de la Alianza Nacional Constituyente, en la que participan juristas como Blanca Rosa Mármol, exMagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y sin saber que contradiría a Brewer y a la MUD, cree que puede convocar una constituyente sin referendo previo. Uno de sus documentos dice que es su estrategia: “Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea para sustituir el Estado Federal Centralizado por un Estado Federal Descentralizado”. En ninguna parte de su profusa literatura postula que la iniciativa popular debe convocar primero un referendo).

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Luego está, naturalmente, lo de “votaciones sectoriales y territoriales”. Hasta ahora, no se conoce lo que será la proposición de las bases comiciales de la elección de la constituyente ya convocada válidamente. El decreto 2.830 del 1º de mayo no menciona esa distinción sectorial-territorial respecto de las votaciones mismas, sino que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales”. (“¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán ‘todos los trabajadores y empresas’ o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe”. En La lidia fácil). En cambio dice: “mediante el voto universal, directo y secreto”. La pretenciosa redacción llama, por supuesto, a la peor de las interpretaciones, pero son hipótesis del suscrito que 1. el gobierno de Maduro, luego de rebeliones internas recientes que causaron la reversión de las infames sentencias 155 y 156, y dado el muy mayoritario repudio del gobierno en la opinión nacional, no tiene la fuerza política para imponer la distorsión que la MUD cree es su intención, y 2. ha empleado intencionalmente subterfugios para irritar a la oposición y provocar la conducta apresurada que ha exhibido. (Ver, de nuevo, La lidia fácil, con argumentación que pudiera estar equivocada). Pero es que se ha hecho práctica común en el debate político venezolano la atribución de intenciones al adversario de las que no se tiene constancia: “Lo que busca Ramos Allup…” o “lo que pretende Istúriz…” En esta práctica incurre la misiva de la MUD a Jaua: “se pretende quebrar la universalidad del derecho al sufragio”, “El objetivo de Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria constituyente no es otro que eludir la [responsabiidad de] restablecer el derecho al sufragio en Venezuela…” Eso de lo que busca o lo que pretende el adversario es lenguaje de moda.

No puedo saber exactamente cuáles son los propósitos del Presidente de la República, pero parecieran patentes sus logros:

El efecto político inmediato es múltiple: en primer lugar, desarma, entorpece o debilita las protestas y exigencias opositoras, empequeñecidas por la portentosa presencia de un proceso constituyente. Luego, desinfla bastante la presión internacional; ¿cómo se puede llamar dictador a quien convoca elecciones, según prevé la Constitución, para que opere una asamblea constituyente? Por último, compra tiempo; con esta “salida”, Maduro prácticamente se asegura como Presidente hasta el 10 de enero de 2019. (#lasalida de Maduro (primera parte)).

A eso, postulado prematuramente el mismo 1º de mayo, puede añadirse la débil actitud de negación inducida en la MUD; como puse en La lidia fácil, la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes. Siendo que una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo, ella podría obliterar cualquier intención—que pongo en duda—de constituyente “comunal” o de composición “sectorial”. (Al recibir el golpe del triunfo opositor del 6 de diciembre de 2015, Diosdado Cabello instaló, en la agonía del parlamento que presidió, un tal “parlamento comunal” al que “primeramente” debía responder la Asamblea elegida aquel día; ni siquiera ha vuelto a mencionar el asunto ni a procurar que la Sala Constitucional convalide su monstruoso invento, menos ahora cuando una nueva sesión del Consejo de Defensa de la Nación pudiera “exhortarlo” a abandonar su pretensión). Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos.

Puedo, admito de nuevo, estar equivocado. (No creo que en lo de la interpretación legal, sino en eso de andar postulando propósitos no tan aviesos pero sí traviesos para tomarle el pelo a los de la oposición, aprovechando que ya Jesús Torrealba no manda en la MUD, en la que fue elegido a su coordinación pero no, según dijo, por su “frondosa cabellera”). LEA

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La lidia fácil

Necesitamos que trabajen

 

Al Dr. Antonio D’Alessandro Martínez, curioso en estos temas

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En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Antonio Machado

Una coral de muchas voces opositoras—diputados, líderes no investidos como tales, obispos, académicos, articulistas, jurisconsultos—canta la misma letra con acompañamientos musicales propios de cada cuerda: la asamblea constituyente que el Ejecutivo Nacional convoca es un fraude, una continuación del “golpe” (autogolpe de Estado), algo que el país debe repudiar. El madurismo, creo, ha incitado esta reacción a conciencia y se está divirtiendo mucho con eso. De allí los trapos rojos que el matador y sus banderilleros agitan, ante la cara de un toro heterógeneo que en cada embestida amella sus pitones.

Primero fue, por supuesto, el anuncio “histórico” en la Avda. Bolívar de Caracas, el único teatro que resta al oficialismo para simular asistencias masivas a sus convocatorias de calle. En día 1º de mayo, Maduro habló de “la clase obrera y el Pueblo” como convocantes de la constituyente, y agitó el capote de una constituyente “comunal”. Poco después hablaría Borges para repudiar la noción y empleó la misma construcción de “la clase obrera y el Pueblo”; claro, se trataba del Día del Trabajador, y a los trabajadores se les entiende como los miembros de la “clase obrera”; son sinónimos, pues.

En ese momento, no se conocía la redacción del decreto de convocatoria. En horas de la noche, Nicolás Maduro firmaba el decreto que sería publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (6.295) de ese mismo día; después de toda su paja histórica, protagónica, multiétnica, endógena y biométrica (basta de esdrújulas), el Artículo 2 del decreto estableció: “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”. (En la jerga política, tanto oficialista como opositora, la palabra Pueblo con la que se llenan la boca se escribe con inicial minúscula). El empleo del término “sectoriales” reforzó el temor de que la tal asamblea se compondría corporativamente, a lo Mussolini, a pesar de que la redacción especifica “mediante el voto universal, directo y secreto”. Entonces el matador dejó a sus asistentes el trabajo de marear al toro.

El Vicepresidente Ejecutivo de la República ofreció su capote: “por primera vez en 200 años de historia venezolana, los transportistas van a tener sus propios constituyentes en la Asamblea Nacional”, y añadió Tareck El Aissami en defectuosa sintaxis: “Queremos darle al transportista rango constitucional, todas las políticas del órgano superior y estén presentes en la constitución”. Bueno, muchos que no somos transportistas quisiéramos ostentar rango constitucional, y en 1817 no existía el sector de los transportistas; había, por supuesto, carreteros, y algunos mantuanos eran llevados por calles empedradas en sillas rodantes con tracción animal de los pardos; una que otra carroza había, pero esa declaración no es sino una muestra más de la “historia” que cuentan los socialistas aborígenes para cautivar a incautos admirados:

Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, declaraba ayer al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia…” (…) Erika Farías reconoce que los problemas subsisten, pero dice que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver los que datan de hace tres mil (aparentemente ha logrado precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario). (En Retórica cuatrofeísta, 5 de febrero de 2015).

El jefe de los banderilleros—dirige la comisión presidencial nombrada ese mismo primer día de mayo para el resto de los trámites—prosiguió la faena intermedia con la misma técnica de incitación y mareo; así, hoy reporta El Universal que Elías Jaua “Señaló que el proceso estará comprendido por dos circuitos, uno territorial que le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizarlo y uno sectorial donde participarán todos los trabajadores y empresas registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán “todos los trabajadores y empresas” o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe.

Entretanto, la oposición es invitada a reunirse con la comisión que Jaua preside para escuchar sus pareceres ¡y se rehúsa! (Hasta Henri Falcón se niega, en esta fase del proceso en la que parecen urgidos por desmarcarse de Maduro un hijo del Defensor del Pueblo y Gustavo Dudamel). Así se sirve la mesa al gobierno, que proclamará a los cuatro vientos: “¿Cómo es eso de que la convocatoria a constituyente es ‘unilateral’, si los invitamos a conversar de ella y ustedes se niegan?”

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El asunto de las bases comiciales para la elección de una constituyente no está normado. Tan sólo existe el precedente de las empleadas en 1999. (Ver #lasalida de Maduro (primera parte)). El campo está prácticamente abierto para un órgano cuya función principal es, precisamente, dotar de normas a la vida de la ciudadanía y su Estado, y ese órgano no es otro que la Asamblea Nacional. A comienzos del año pasado se habló de una Ley de Referendos que hubiera podido sobrepujar a los reglamentos de referendos revocatorios (tres) que el Consejo Nacional Electoral aprobó en 2007, pues una ley es de rango superior al nivel reglamentario. Nunca más se supo de tal intención.

Ahora podría aprobar la AN una ley brevísima que regule la elección de diputados constituyentes, y ella predominaría sobre el nivel reglamentario que es el único existente entre el Presidente y el Consejo Nacional Electoral. Claro, para que esto sea posible, la Asamblea debe recuperar su eficacia; el 22 de octubre del año pasado se le proponía en Prontas elecciones:

Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados…”

¿Por qué se ha resistido la Asamblea Nacional? ¿Qué espera Julio Borges para levantar el teléfono e invitar a Maikel Moreno a almorzar para arreglar ese asunto?* En vez de esto, ha ido a Washington a reunirse en la Casa Blanca con Herbert McMaster—¡el Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump! (¿qué pito toca este peligroso especialista en nuestros asuntos venezolanos?)—tal vez porque el Chapulín Colorado Almagro ha quedado fuera de juego, pues ya no tiene sentido suspender a Venezuela en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos—la sanción màxima prevista en la Carta Democrática Interamericana—, dado que Venezuela ha optado por salirse de ella; no se puede botar de una fiesta a quien se ha retirado hace rato.

La resistencia de los diputados a volverse eficaces configura, a mi modo de ver, un desacato incluso más grave: el desacato a los Electores, que los pusimos allí para que legislaran, para que pudieran hacerlo. Entretanto, ellos y el elenco protagónico de la MUD siguen embistiendo en el aire. LEA

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Post scriptum: habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

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* Ayer puse en correo electrónico a quien he dedicado esta entrada: “En efecto, los diputados en discordia solicitaron su desincorporación poco después, el 15 de noviembre, pero (…) Ramos Allup no procedió a la desincorporación oficial y se limitó a observar: ‘Hemos tomado nota’. Así las cosas, el 8 de enero, en trámite previo a la locura de la declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro, Borges procedió oficialmente a la desincorporación; la quisquillosa Sala Constitucional dijo que ese procedimiento no había valido porque la elección misma de Borges como Presidente de la AN era nula, por haberse producido mientras persistía el desacato. A raíz de eso argumenté en mi programa que la postura del TSJ era excesiva, que ha podido limitarse a invalidar aquellas actuaciones de la AN en las que los diputados objetados hubieran participado y que ellos no habían tomado parte en la elección de Borges. En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ, pero la AN no ha querido disolver el conflicto de poderes, pues el TSJ comenzó el año excitando a la Asamblea a arreglar la situación. Parece preferir el papel de víctima para ir a quejarse ante Almagro”.

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