el blog de luis enrique alcalá

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

Epígrafes de poco uso

 

En una batalla moral, si actúas como el enemigo eres el enemigo.*

Luis Alberto Lamata, El Enemigo (película, 2008).

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Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él.

Autor reservadoConocimiento y opinión (2007).

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Me oyó mi amo con grandes muestras de inquietud en el semblante, pues dudar o no creer son cosas tan poco conocidas en aquel país que los habitantes no saben cómo conducirse en tales circunstancias. Y recuerdo que en frecuentes conversaciones que tuve con mi amo respecto de la naturaleza humana en otras partes del mundo, como se me ofreciese hablar de la mentira y el falso testimonio, no comprendió sino con gran dificultad lo que quería decirle, aunque fuera de esto mostraba grandísima agudeza de juicio. Me argüía que si el uso de la palabra tenía por fin hacer que nos comprendiésemos unos a otros, este fin fracasaba desde el instante en que alguno decía la cosa que no era, porque entonces ya no podía decir que nadie le comprendiese, y estaba tanto más lejos de quedar informado cuanto que le dejaba peor que en la ignorancia, ya que le llevaba a creer que una cosa era negra cuando era blanca, o larga cuando era corta. Éstas eran todas las nociones que tenía acerca de la facultad de mentir, tan perfectamente bien comprendida y tan universalmente practicada entre los humanos.

Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver (1726).

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*Hoy conocí la magnífica frase por cortesía de Orlando Amaya.

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El caso Venezuela, un deporte internacional

 

Origen de nuestro Derecho Internacional

 

Acerca del proceso venezolano he escuchado voces que postulan que ya se encuentra en una nueva etapa, caracterizada por la inusual atención internacional que ha despertado. He escuchado decir que ya lo importante es “lo que piense Francia”, que la cosa debe ser entendida en términos del Derecho Internacional. Algo sé de los fundamentos de esta rama especial del Derecho; entre 1962 y 1963 cursé en la Universidad Central de Venezuela el primer año de Estudios Internacionales, cuya materia eje era justamente Principios del Derecho Internacional Público.

La raíz de este Derecho es el “Derecho de gentes” (Ius gentium) de la antigua Roma—las gentes eran las agrupaciones humanas distintas de la romana; por ejemplo, los pueblos germánicos colindantes—y su principio fundamental se resume en el lema pacta sunt servanda (los pactos deben ser respetados). Copio de Wikipedia en Español:

En materia internacional se señala que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (según lo señala el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y mismo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986). Esta consigna, acuñada en épocas de la antigua Roma y según la cual “los pactos deben honrarse”, es una de las bases fundacionales de la confianza que la sociedad deposita en sí misma. Dictámenes de Tribunales se han basado en los principios generales del derecho internacional, al consagrar el principio pacta sunt servanda y la buena fe, como hilos conductores de la acción de incorporar la norma al ordenamiento interno.

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El pacto fundamental de nuestro continente es la Carta de la Organización de Estados Americanos, que asienta en el literal d de su Artículo 3:

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

También establecen los artículos 19 al 21 (destaco en cursivas):

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Eso es, más allá de “lo que piense Francia”, una clara instancia normativa del Derecho Internacional Público, un pacto que debe ser honrado.

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Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida no en razón de su sistema de gobierno sino porque había agredido a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, ocho años después de la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió:

En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión (pero Cuba no se ha reincorporado). (Wikipedia en Español).

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Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes no fueron objetados en la organización. Por lo contrario, los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron la Operación Cóndor:

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas» del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología». El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 «desaparecidas» y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos estableció una oficina de coordinación del Plan Cóndor en Panamá. Toda una “defensa” orgánica de los derechos humanos, puro “Derecho de gentes”.

Un cable de 1978 del embajador de EE. UU. en Paraguay, Robert White, al Secretario de Estado Cyrus Vance, fue publicado el 6 de marzo de 2001 por el diario The New York Times. El documento fue liberado en noviembre de 2000 por el gobierno de Clinton en el marco del Proyecto de Desclasificación de Chile. En el cable, el embajador White informa de una conversación con el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, quien le informó que los jefes de inteligencia de América del Sur involucrados en Cóndor “[se mantenían] en contacto unos con otros a través de una instalación de EE. UU. en la Zona del Canal de Panamá que cubre [cubría] toda América Latina “. Según Dávalos, esta instalación era “empleada para coordinar información de inteligencia de los países del Cono Sur”. (Fuente citada).

Ahora es Donald Trump quien trata de un modo a Venezuela y con otro estándar a la dictadura monárquica absoluta de Arabia Saudita, a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses le dicen que su compinche Mohamed bin Salmán ordenó el asesinato (con posterior descuartizamiento) de un periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi.

Estas cosas son materia del Derecho Internacional Público e, independientemente de “lo que piense Francia”, debiera serlo de la Corte Penal Internacional. “El Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak, lo que denota la política de evitar someter a organismos supranacionales los temas internacionales y de dejarlos a organizaciones intergubernamentales o, simplemente, de que no estén regulados”. (Ídem). En verdad, los Estados Unidos fueron originalmente signatarios del Tratado de Roma y George W. Bush los retiró del acuerdo: para el “policía del mundo”, pacta non sunt servanda.

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¿Autoridad moral?

…en lo que sí se comportan los Estados Unidos como descarados hegemones es en su decisión de suspender su ayuda militar—incluyendo el adiestramiento—a 35 países que apoyan a la Corte Penal Internacional pero no han “exceptuado” a los Estados Unidos de eventuales causas en su contra por genocidio y crímenes de guerra. Según la agencia Fox News, los Estados Unidos, que son signatarios del pacto que creó la corte el año pasado, “temen que (el tribunal) pueda procesar causas políticamente motivadas en contra de sus líderes militares y civiles”. La administración de Bush está muy dispuesta, naturalmente, a levantar las sanciones—que incluyen a Colombia y a seis países de Europa oriental—cuando los países en cuestión consientan en conceder bilateralmente inmunidad para los funcionarios estadounidenses. Ahora veremos si Uribe Vélez tiene pantalones y se resiste a esta torcida de brazo. (En Bushit, 3 de julio de 2003).

…la senadora Dianne Feinstein, líder del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, acusó a su Agencia Central de Inteligencia de ocultar las torturas que ha administrado. La senadora Feinstein dijo, alegando que la CIA había borrado archivos pertenecientes a un informe del comité que preside en sus computadores: “Si el Senado puede desclasificar este informe, seremos capaces de asegurar que un brutal programa de detención e interrogación, nada americano, nunca más sea considerado o permitido”. (En A propósito de John Kerry, 14 de mayo de 2014).

Las facultades de Derecho de varias universidades estadounidenses documentaron las violaciones; por ejemplo, la Universidad de Harvard:

The first report in our multi-clinic Protest and Assembly Rights Project series calls on New York City authorities to stop the pattern of abusive policing of Occupy Wall Street protests. Lead authored by our partners at NYU and Fordham, the report released today documents in painstaking detail how the New York police and other city officials violated the rights of Occupy protesters. (Suppressing Protest: Human Rights Violations in the U.S. Response to Occupy Wall Street). (En Gringos golpistas, 11 de septiembre de 2018).

Claro, la autoridad moral no suele irrumpir en el Derecho Internacional Público, ni tal vez es algo en “lo que piense Francia”.

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Condenar y sancionar al gobierno venezolano (afectando a su pueblo) se ha convertido en uno de los deportes políticos de moda, comme il faut, dirían los franceses chic. La autoridad que eso haga obtiene una certificación de demócrata preocupada por los derechos humanos, a un costo bajísimo (para ella). Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no. LEA

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Tecnicismos políticos

 

Artículo 9 de la Constitución: “El idioma oficial es el castellano”.

 

No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, hágase que lo que es fuerte sea justo.

Blas Pascal

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Es una comprensión del lenguaje lo más fundamental para entender el Derecho. Los venezolanos, que fuimos convocados el 15 de diciembre de 1999 para aprobar la Constitución que rige a nuestro Estado, precisábamos una buena comprensión del castellano para que nuestro voto a favor o en contra fuera un acto consciente y responsable. Dice un famoso artículo (nada menos que el segundo) de nuestro Código Civil: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”. A pesar de esto, argumenta hoy Álvaro Montenegro Fortique en El Universal (El problema es político):

Álvaro Montenegro Fortique

Cada vez que nos encontramos en un debate sobre la legalidad o legitimidad de las instituciones venezolanas, entramos en una argumentación que creo es preferible dejársela a los abogados constitucionalistas. El tema es denso y muy técnico como para que el común de los ciudadanos encontremos respuestas consensuadas. Hay muchos y muy buenos juristas especializados en temas constitucionales, que se han pronunciado profusamente mediante comunicados como el de los profesores de la Facultad de Derecho de la UCV. El escenario académico es más adecuado para ese debate que el espacio público nacional, porque a estas alturas de la crisis los tecnicismos legales nos abruman a los que no somos abogados y lo que necesitamos son soluciones prácticas. La discusión sobre legalidad o legitimidad de las instituciones venezolanas ya no tiene tanto sentido para nosotros, porque el problema político eclipsó totalmente al problema legal. (Cursivas de este blog).

Según el artículista, los “tecnicismos legales” se oponen a las “soluciones prácticas”. Eso no es así; en muchísimos casos, es la comprensión técnica lo que asegura una solución práctica. Cuando un médico piensa una cierta enfermedad como infección por histoplasmosis (tecnicismo) en lugar de un proceso neoplásico (tecnicismo), asegura su “solución”, pues la terapia—”terapéutica”, para usar un tecnicismo—que sería eficaz (lo “práctico”) es distinta en cada caso. Si el automóvil de Montenegro se niega a transportarlo, es útil determinar si la causa es un deterioro del árbol de levas (tecnicismo), una falla del “termotróculo” (término arcano inventado por Eduardo Plaza Aurrecoechea para aludir al argot de los mecánicos) o que simplemente su dueño olvidó llenar el tanque de combustible (tecnicismo entendido por el vulgo).

Pero es que la “práctica” solución de Juan Guaidó está precisamente fundada en un “tecnicismo legal”: su tergiversada lectura del Artículo 233 de la Constitución. Es justamente sobre tal “tecnicismo legal” que asienta su pretensión de ser el Presidente “encargado” o “interino” de la República, y no hay nada en el claro castellano de ese artículo que sea un misterio insalvable para el ciudadano común.

Artículo 233 (segundo parágrafo): “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

Bueno, electo significa, según el Diccionario de la Lengua Española: “1. adj. Dicho de una persona: Que ha sido elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y aún no ha tomado posesión”. ¿Quién, para el 10 de enero de este año, había sido elegido y no había tomado posesión? Para que Guaidó estuviese encargado de la Presidencia de la República tenía que existir un Presidente electo que no hubiera tomado posesión, pero esto no importa a los países americanos o europeos—ignorantes de nuestra Constitución—que han reconocido al carismático ingeniero como Presidente “legítimo” de Venezuela.

Esto sin considerar que, según la misma Asamblea Nacional que ahora preside Guaidó, Venezuela no tendría Presidente de la República desde el 9 de enero de 2017, cuando, encabezada por Julio Borges, declarara su falta absoluta por abandono del cargo de Nicolás Maduro. (Según Blanca Rosa Mármol, muy legal técnica—DRAE: f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte—Nicolás Maduro no podía convocar la elección de constituyente, no porque se requiriera un referendo previo, sino porque era ¡un presidente de facto, puesto que había abandonado su cargo!) Un “tecnicismo legal”, aparentemente, puesto que la absurda declaración de Borges dejó de convertirse en “solución práctica”. Éste nunca ofició al Consejo Nacional Electoral para exigir una elección presidencial en treinta días, a tenor del mismo Artículo 233: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva”. Los cuatro años vencían al día siguiente; Borges había “llegado en la raya”. (Tecnicismo hípico).

El “jurista de planta” de Prodavinci (José Ignacio Hernández), perfectamente capaz de navegar en un mar de “tecnicismos legales”, nos hizo el favor de explicar lo siguiente a los legos, en artículo suyo en Prodavinci: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”.El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña. (1. f. Invención urdida con propósito de engañar. Diccionario de la Lengua Española, nuestro idioma oficial, que no es imposible entender, ni “denso y muy técnico como para que el común de los ciudadanos encontremos respuestas consensuadas”).

Reconozco que la prédica de Montenegro, o lo sustentado por Luis Vicente León en su artículo ¿Qué es un político puro? (El Universal, 13 de enero de 2019, comentado acá dos días después en Impureza pura), son eficaces y efectistas intentos de justificar la trapacería—DRAE: 1. f. Artificio engañoso e ilícito con que se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra, venta o cambio. 2. f. Fraude, engaño—de Juan Guaidó. No serán tecnicismos jurídicos, aunque sí políticos, propios del arte de saber “qué puede hacerse en determinadas circunstancias y qué no, qué métodos van a ser útiles en qué situaciones y en qué medida, sin que eso quiera necesariamente decir que sean capaces de explicar cómo lo saben ni incluso qué saben”. (Luis Vicente León). Un político, según estos articulistas, no tiene por qué tener la razón o saber cómo explicarla.

Es de importancia suprema saber explicar al Pueblo la trama de una farsa—DRAE: 2. f. Acción realizada para fingir o aparentar—con la que quiera engañársele.

No es nada placentero criticar a quienes tienen las mejores oportunidades de desplazar al pernicioso sistema chavista-madurista del poder. Precisamente porque ese sistema es patentemente dañino para la Nación, es desesperante constatar los reiterados errores estratégicos de la dirigencia opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática. (Nota final a Exégesis crítica, 19 de julio de 2017).

LEA

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*El abogado Hernández encontró una salida—un “tecnicismo legal” incomprensible, “denso y muy técnico”—para que la pretensión de Guaidó se sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019).

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Los padrinos de Guaidó

 

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró este jueves que no descartará la opción del apoyo militar por parte de Estados Unidos para terminar con el “cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro”, pero aspira no recurrir a ello.

El Nacional, 31 de enero de 2019

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John Bolton, Asesor de Seguridad del presidente Trump, admitió lo siguiente (24 de enero) al programa Fox Business:

 

¿Quién es de los dos el más imprudente? Tal vez ayuden a dirimir la cuestión estas palabras de Bolton en 1994, reproducidas en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019):

No existen las Naciones Unidas. Hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida por la única potencia real que queda en el mundo, y ésa es los Estados Unidos, cuando convenga a nuestros intereses y logremos que otros se acoplen. (Wikipedia).

Como Chacumbele, “él mismito se mató”. LEA

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Frente a la ola

Federico Moreno Torroba (1891-1982)

El programa de hoy se vio recortado en una cuarta parte, dado que Radio Caracas Radio realizaba un operativo de prensa en seguimiento a las manifestaciones opositoras convocadas para esta fecha. (Tuve oportunidad de saludar a la heroica periodista María Isabel Párraga, presente en el operativo). Como en doce ocasiones anteriores, la sesión no tuvo participación de oyentes y, como es costumbre de Dr. Político en RCR, la siguiente transmisión será íntegramente dedicada a intervenciones del público.

La temática empezó por una demostración de la consistente oposición del suscrito a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y luego retornó a recientes manifestaciones lógica y jurídicamente inconsistentes del Ing. Juan Guaidó. Completó los comentarios la referencia a recientes formulaciones de personajes políticos de cierta importancia que proponen una consulta popular para superar la muy grave situación política nacional.

Soledad Bravo cantó Apelo, de Vinicius De Moraes, y Plácido Domingo la Romanza de Vidal, de la zarzuela Luisa Fernanda, con música compuesta por Federico Moreno Torroba.

Acá está el archivo de audio de la sesión:

LEA

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La Revolución Marrón

 

Los colores de Venezuela patas arriba en Kiev (2004)

 

…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.

Declaración de Derechos de Virginia – 12 de junio de 1776

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En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.

Glosa de pupitre, 1º de noviembre de 2007

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Salir de un gobierno marxista desde la presión ciudadana no es imposible. Exactamente eso fue lo que hizo la Revolución Naranja en Ucrania:

El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota. (Carta Semanal #261 de doctorpolítico, 1º de noviembre de 2007).

“Las protestas fueron detonadas por reportes de varios observadores electorales domésticos y del exterior, así como por la difundida percepción pública de que los resultados de la votación del 21 de noviembre de 2004 entre los candidatos principales, Viktor Yushchenko y Viktor Yanukovych, fueron adulterados en favor de este último. Las protestas extendidas a todo el país tuvieron éxito cuando se anulara los resultados de la elección original y la Corte Suprema de Ucrania ordenara una nueva votación a efectuarse el 26 de diciembre de 2004. Bajo intenso escrutinio de observadores domésticos e internacionales, esta segunda elección fue declarada ‘justa y libre’. Los resultados finales mostraron una clara victoria de Yushchenko, quien recibió 52% de los sufragios contra 44% de Yanukovych. Yuschenko fue oficialmente declarado ganador y, con su toma de posesión el 23 de enero de 2005, concluyó la Revolución Naranja”. (Traducido de Wikipedia).

No obstante, el drama tendría un segundo y un tercer acto:

En 2010, Víktor Yanukóvich se convirtió en el sucesor de Yúshchenko como presidente de Ucrania, después de que la Comisión Central Electoral y observadores internacionales declararan que la elección presidencial fue conducida de forma justa. (…) Sin embargo, Yanukóvich fue expulsado del gobierno cuatro años después, tras las protestas, disturbios y duros enfrentamientos conocidos como Euromaidán, ocurridos entre finales de 2013 y principios de 2014, en la Plaza de la Independencia de Kiev. Al contrario de la Revolución naranja, estas protestas resultaron en más de cien muertes y fragmentaron el país, provocando la anexión de Crimea a Rusia y sublevaciones armadas en las zonas orientales del país que se opusieron al Euromaidán y sus consecuencias. (Wikipedia en Español).

No parece posible seguir ese guión en Veneuela; no debe esperarse del Tribunal Supremo de Justicia venezolano la anulación de las elecciones del 20 de mayo del año pasado y una orden suya de nuevas elecciones; acá, eso se hace sólo con la elección de diputados en el Estado Amazonas, y a esta hora esperamos que la Sala Electoral del TSJ o el Consejo Nacional Electoral convoquen elecciones segundas.

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El Chapulín Colorado

La Revolución “Marrón” se fragua fuera de Venezuela, por personajes de la “comunidad internacional”. Son actores principalísimos el Grupo de Lima, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, varios países de la Unión Europea y, muy especialmente, los Estados Unidos de Norteamérica, el policía del mundo, cuyo nombre es ahora Donald Trump.

Este otro guión ha dado con una atractiva farsa—1. f. Obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter satírico. 2. f. Acción realizada para fingir o aparentar. Diccionario de la Lengua Española—: adulterar el sentido del Artículo 233 de nuestra Constitución* para vender la falsa noción de que Juan Guaidó, elegido Presidente de la Asamblea Nacional el 5 de este mes, sería el Presidente de la República, el “legítimo”. Nicolás Maduro estaría usurpando ese cargo porque las elecciones que lo escogieron serían ilegítimas, al haber sido convocada por la “fraudulenta” Asamblea Nacional Constituyente (Ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2018).

Un prestigioso jurista, José Ignacio Hernández, se cuidó de advertir que tal como estaba, el texto constitucional no daba fundamento a la pretensión de la Presidencia de la República en manos de Guaidó; así puso el 11 de enero en artículo suyo en Prodavinci: “Esto quiere decir que el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Pero en el mismo artículo sostuvo: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”.

Entre el Dr. Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández.

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A partir del 25 de febrero de 2002 y hasta enero de 2003, el suscrito promovió sin éxito un procedimiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez, fundado sobre la noción de que tal recurso únicamente se justifica mediante una decisión certificada de la mayoría del Pueblo, dado que solamente ella es titular del derecho de rebelión. El 3 de marzo de 2002, recibí llamada de Rafael Poleo, quien me solicitó un artículo para la Revista Zeta que explicara el concepto. Así escribí, cuarenta días antes del Carmonazo:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Con dos adiciones a su segundo considerando, el 17 de diciembre de 2016 adapté la misma salida para aplicarla al caso de Nicolás Maduro. Ésta es su redacción (Manda Su Majestad):

ACTA DE ABOLICIÓN

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Nicolás Maduro Moros, el Consejo Nacional Electoral procederá a organizar una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los noventa días consecutivos siguientes para completar lo que resta de período constitucional. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, quien no podrá postularse en esa elección.

Cláusula Segunda. El ciudadano así investido no podrá postularse en las elecciones presidenciales que sucederán al término del período.

Cláusula Tercera. El Presidente de la República elegido según lo dispuesto en la Cláusula Primera procederá a restablecer plenamente la libertad de opinión y prensa y resarcir a sus antiguos dueños los medios de comunicación confiscados.

Es sólo desde la condición de Poder Supremo del  Estado, desde el Poder Constituyente Originario del Pueblo, que una cosa así adquiere corrección. Si el hartazgo de una mayoría de los venezolanos ya no admite diálogo o negociación con el gobierno de Maduro—ver Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017—, he allí una avenida democrática y definitiva. Pero antes de esa poderosa solución, puede ordenarse en referendo la celebración de nuevas elecciones e incluso la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de todos sus actos. Podemos incluso forzar un acuerdo de los poderes públicos nacionales que recoge la totalidad de las reivindicaciones opositoras, a las que habría que añadir la anulación de ulteriores actos absurdos de la Asamblea Nacional, como el nombramiento inconstitucional de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Naturalmente, estas cosas son únicamente posibles en consultas populares que la oposición venezolana y también el oficialismo han rehusado auspiciar; no son esas consultas—los referendos requeridos—los pretendidos “cabildos abiertos” que no son tales y en todo caso exceden su potestad, como también el nuevo invento de “asambleas populares” que en función del libreto insurreccional se distinguen de las “asambleas de ciudadanos” mencionadas en el Artículo 70 de la Constitución.

Pero la patraña centrada en la creación de un Estado paralelo cuyo jefe sería el ingeniero industrial Juan Guaidó es inadmisible, como es vergonzosa su evidente coordinación con gobiernos extranjeros, principalmente con el presidido por el Sr. Trump, cuyo asesor de seguridad John Bolton declaraba en 1994:

No existen las Naciones Unidas. Hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida por la única potencia real que queda en el mundo, y ésa es los Estados Unidos, cuando convenga a nuestros intereses y logremos que otros se acoplen. (Wikipedia).

Hace dos días, Bolton fue “sorprendido” con un bloc de notas en su mano que decía: “5.000 tropas para Colombia”. No soy inmune a la suspicacia, por lo que creo que tal “equivocación” fue intencional. LEA

John Bolton con su yellow legal pad

 

Bloc de notas de Bolton (ampliación)

 

 

 

 

 

 

 

*Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

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