el blog de luis enrique alcalá de sucre

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

Un importante trabajo

Raúl Alegrett Ruiz

 

Debo a Mireya Caldera la lectura de un inestimable trabajo de Raúl Alegrett Ruiz: la crónica de la destrucción del aparato económico venezolano, fechada el 22 de febrero próximo pasado. (En este enlace puede descargárselo en formato .pdf: LAS SANCIONES. Vale la pena leerlo y archivarlo para permanente referencia).

Es destacada utilidad del reporte de Alegrett la certificación de que el deterioro económico se inició antes de que Nicolás Maduro asumiera la Presidencia de la República. Por ejemplo, le leemos:

La producción de petróleo, como consecuencia de una gestión deficiente, iniciada con el despido de un numeroso contingente de personal calificado, con la partidización de la administración* y con el incremento de la nómina de trabajadores, que de menos de 50 mil empleados en 1998 aumentó a más de 110 mil en 2012; de la falta de transparencia y rendición de cuentas, y de la insuficiencia de las inversiones necesarias para mantenimiento y ampliación; en lugar de crecer, como había anunciado Chávez en 2005 con su “Plan de Siembra Petrolera”, para alcanzar seis millones de barriles por día en 2012, se encontraba en 2008 al mismo nivel de 1998, alrededor de 3,3 millones de barriles por día, y para el año meta 2012, había descendido a 2,9 millones. En 2015, dos años antes de la aplicación de las sanciones, apenas llegaba a 1,4 millones de barriles por día. Es un hecho que, a partir del año 2012 se inició una caída de las inversiones en todos los sectores de actividad de la industria petrolera. Los taladros operativos, que en 2011 eran 83, disminuyeron a 51 en 2016. Asimismo la capacidad de refinación se redujo significativamente. Las exportaciones de derivados de petróleo que en 2009 fueron de casi un millón de barriles por día, comenzaron a declinar en el 2010, y en 2016 eran apenas 250 mil b/d.

Claro que las administraciones de Maduro han acelerado el colapso. En Alquimia de la culpa (9 de diciembre de 2014) se expuso acá:

El presidente Nicolás Maduro es ducho en [la] práctica de la proyección. Las macroculpas, naturalmente, son siempre de la “Cuarta República”—en sí misma, una noción tramposa*—y el “Imperio”. La más reciente transferencia de su responsabilidad ha consistido en postular la existencia de un “bloqueo financiero”; se queja de que el acceso a los medios externos de financiamiento es cada vez más oneroso para Venezuela. Maduro denunció que el “bloqueo financiero” que se está ejerciendo sobre Venezuela no permite que se obtenga financiamiento. Responsabilizó de esto a las calificadoras de riesgo al sentenciar que “han puesto el riesgo país Venezuela como el más alto del mundo. Tenemos más riesgo país que otros que están en guerra. No voy a nombrar países para no ofender. Tenemos el doble de riesgo país que los hermanos países de África con Ébola”.

Venezuela acaba de cambiar por liquidez inmediata con Goldman Sachs la deuda de República Dominicana por petróleo sin mayor problema, pero el punto es que las calificadoras de riesgo, aun si tuvieran (como las tienen) sus propias simpatías y antipatías políticas, no pueden inventar fábulas sin grave pérdida de credibilidad, imprescindible en su negocio. Venezuela está en serios problemas económicos, agravados por la baja de precios petroleros; tiene la mayor tasa de inflación del planeta, un déficit equivalente a dieciséis puntos del Producto Interno Bruto, una fase contractiva de su economía, un retraso en el cumplimiento de sus asignaciones de divisas… y pare de contar. ¿Quería Maduro que Moody’s o Standard & Poor o Fitch dejaran de considerar esta situación? Descartemos a esas agencias porque son del Imperio y preguntemos a los chinos—que por principio ven con más simpatía a los gobiernos socialistas—, a quienes debemos literalmente varias millonadas, por lo que no está en su interés que Venezuela tenga dificultades. Pero, reportó Víctor Salmerón el 13 de agosto en El Universal: “Principal calificadora china ve alto riesgo en Venezuela – Dagong degradó la calificación del país y proyecta déficit fiscal de 14.7% del PIB”.

El problema de Maduro y su gobierno es que la ciudadanía venezolana ha aprendido a desentrañar en sus primitivos pretextos la proyección freudiana. Datanálisis ha encontrado en noviembre que 85,7% de los encuestados opina que es mala la situación del país. (¿Es que más de las cuatro quintas partes de nuestra nación han constituido una agorera agencia de calificación de riesgo que impide el acceso razonable a financiamiento externo?) También midió la encuestadora, por cierto, un rechazo de 72,2% al gobierno y 71,5% de quienes creen que el mandato de Maduro será revocado en 2016.

No debe buscarse en la lluvia de sanciones internacionales contra nuestra república* y un buen número de sus funcionarios públicos la causa principal del colapso; ella está certificada por Alegrett con la mayor claridad.

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El sitio de aporrea acaba de reproducir una entrevista que hiciera el diario español ABC a Rafael Ramírez, el otrora “zar” del petróleo venezolano. El medio pregunta, por ejemplo, si Chávez quería a Maduro como su sucesor. La respuesta de Ramírez: “Chávez no dijo «voten a Maduro como mi sucesor», porque él pensó que volvería. Lo hizo porque Capriles había hecho una gran campaña y, salvo a Hugo Chávez, podía ganarle las elecciones a cualquier candidato del chavismo”.

Bueno, he aquí las palabras precisas de Hugo Chávez, registradas por YouTube el 8 de diciembre de 2012:

 

Al medio español, que lo había pinchado así: “Hace una descripción idílica del periodo Chávez, nada de autocrítica”, dijo también:

–Ni Chávez ni yo nos dimos cuenta de que teníamos ahí ese grupo tan dañino que tomó el control y acabó con todo. Por otro lado, para sostener nuestro modelo de garantías sociales teníamos que no depender sólo del petróleo y en esos diez años no tuvimos capacidad de superar el modelo, pero entregamos a Maduro un país con suficientes recursos para salir adelante y lo dilapidó. Tuvimos errores, pero llevamos al país por la prosperidad durante muchos años. Un gobierno progresista y respetuoso con los derechos humanos. Eso se ha de reconocerse para llegar a la unidad. A nadie del sector privado le fue mal con Chávez.

¿A nadie del sector privado? ¿Es que no vimos los casos de Agroisleña, la industria cementera, La Electricidad de Caracas, RCTV, etcétera, etcétera?

Y hablando de la “la partidización de la administración”—¿por “ese grupo tan dañino”?—en la industria petrolera venezolana señalada por Alegrett, viene al caso refrescar las palabras del entrevistado, registradas el 23 de julio de 2009 en Parada de trote:

Rafael Ramírez, bajo su casco de Presidente de PDVSA, proclama: “PDVSA está con Chávez. PDVSA está con la revolución… Quien no esté en un comité socialista es sospechoso de conspirar contra la revolución”. (23 de julio de 2009).

Fuera Maduro—de la manera correcta—y fuera Ramírez. LEA

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Tampoco es una apreciación correcta sostener que las sanciones internacionales no tengan efectos nocivos para la población venezolana: “La buena noticia es que la crisis continúa”, me escribía un líder empresarial en 2017, queriendo decir que la propensión a protestar al gobierno aumentaría con las privaciones y por tanto la probabilidad de su desmoronamiento. Gobiernos de emergencia, 10 de mayo de 2020.

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Inconsistencias internacionales

Noticia que rompía el celofán de ayer

 

Esto dice de Khashoggi Wikipedia en Español:

Yamal Ajmad Jashogyi (Medina, Arabia Saudita, 13 de octubre de 1958 – Estambul, Turquía, 2 de octubre de 2018), también transliterado (sobre todo en el dominante idioma inglés) como Jamal Khashoggi, fue un periodista saudí y columnista de opinión de The Washington Post, autor y exdirector general y redactor jefe del canal de noticias Al-Arab News Channel. También trabajó como redactor del periódico saudí Al Watan, convirtiéndolo en una plataforma para los progresistas saudíes. Jashogyi huyó de Arabia Saudí en septiembre de 2017​ y desde entonces escribió artículos periodísticos críticos con el gobierno del país, en particular del poderoso príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammad bin Salman, y de su rey, Salmán bin Abdulaziz.​ También criticó la intervención saudí en Yemen. Fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía). La Casa de Saud, tras 17 días sin pronunciarse sobre el hecho, confirmó su muerte en el consulado saudí, señalando que murió tras una pelea y que hay 18 detenidos por la causa.​ Fuentes turcas apuntan a la existencia de grabaciones de audio que demostrarían que fue torturado y asesinado cortándole el cuello, y que todo su cuerpo fue descuartizado con una motosierra.​ (…) El 10 de noviembre el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, confirmó oficialmente la existencia de grabaciones del último momento de Jashogyi que fueron enviadas a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia.​ El 11 de noviembre, la cadena televisiva Al Jazeera filtró la transcripción de lo que supuestamente —según una fuente periodística turca— habrían sido sus últimas palabras que contenía las grabaciones: «Me estoy asfixiando, quítame esta bolsa de encima… soy claustrofóbico». La agonía duró 7 minutos.

Mohammad bin Salman fue uno de los gobernantes favoritos del expresidente Donald Trump, quien también mostrara reiterada debilidad, entre otros jefes de Estado autoritarios, por Vladimir Putin y Kim Jong-un, a quien llamaba su “gran amigo”. Uno esperaría de Joe Biden alguna postura diferente de la de su predecesor pero, según el periódico neoyorquino, no impondrá sanciones al autócrata saudí. Es más fácil sancionar a Nicolás Maduro con medidas que afectan negativamente a toda la población venezolana.

Condenar y sancionar al gobierno venezolano (afectando a su pueblo) se ha convertido en uno de los deportes políticos de moda, comme il faut, dirían los franceses chic. La autoridad que eso haga obtiene una certificación de demócrata preocupada por los derechos humanos a un costo bajísimo (para ella). Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no. (El caso Venezuela, un deporte internacional – 5 de febrero de 2019).

LEA

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De Crisis en Crisis

El nuevo análisis del Grupo Crisis

 

Con fecha del miércoles de esta semana, el International Crisis Group ha publicado un nuevo informe acerca del proceso político venezolano, sobre el que llamara mi atención el competente analista internacional Dimitris Pantoulas (residenciado en Caracas), a quien agradezco. Su título es El Efecto Exilio: La oposición de Venezuela en el exterior y los medios sociales. (Puede ser descargada en este enlace su versión en español: REPORT  86). El sumario del estudio explica:

Un estudio del contenido de las redes sociales muestra que las figuras de la oposición venezolana que se encuentran en el exilio, tienden a mostrar posturas antigubernamentales más severas.

Es en la versión inglesa donde se encuentra los gráficos correspondientes a tal aserción:

 

 

Luego, en su Resumen Ejecutivo, argumenta:

Las elecciones legislativas a inicios de 2020 consolidaron el control de Maduro sobre casi todos los niveles del Estado venezolano. La mayor parte de la oposición boicoteó las elecciones argumentando, con razón, que no fueron libres ni justas. Pero esa estrategia ha tenido costos enormes. Aunque la mayoría de países occidentales y de América Latina no ha reconocido la legitimidad del nuevo parlamento, el cual está integrado casi en su totalidad por personas leales al régimen de Maduro, tampoco se han adherido al argumento de la oposición según el cual la anterior asamblea, que contaba con la mayoría de la oposición, conserva su mandato. Su postura, un tanto ambigua, mina la pretensión de Guaidó de ser el “presidente interino” y, de hecho, la mayoría de los aliados de la oposición, incluyendo la Unión Europea y el Grupo de Lima (una alianza de los países del hemisferio occidental que respaldó la estrategia de “máxima presión” de EE. UU) han dejado de catalogarlo como tal.

Y, más adelante, expone su recomendación:

La tendencia de los exiliados a adoptar posiciones estrictamente antigubernamentales también puede tener consecuencias significativas porque, como ha argumentado Crisis Group en otras investigaciones, la salida a la crisis en Venezuela requiere un acuerdo. Esto sólo será posible si los líderes de la oposición y los países que los apoyan siguen el ejemplo de las voces conciliadoras de la coalición, en vez de las posiciones más agresivas que expresan algunos activistas exiliados.

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Aun con esa sensatez nada frecuente, una vez más, el Grupo Crisis no cuenta todo el cuento. No hay en ninguna parte del estudio referencia, por ejemplo, a  1. la declaración de guerra, del 5 de enero de 2016, por parte de la Asamblea Nacional que calificó de “compromiso no transable” del Poder Legislativo Nacional la búsqueda de un modo de obtener “la cesación de este gobierno”, luego de que el objetado Consejo Nacional Electoral proclamara en él una mayoría opositora de 112 diputados; 2. la declaración, al año siguiente, de que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo!; 3. el nombramiento, sin seguir la ruta constitucional, de un Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” que poco después empezaría a sesionar en el exilio o, para hacer breve esta enumeración, 4. la serie de trapacerías de Juan Guaidó, quien jamás ha sido Presidente interino de Venezuela.

Tampoco hay en este nuevo informe el reconocimiento a la única ruta constitucional para lograr el término del mandato de Nicolás Maduro: el camino referendario. El 12 de marzo del año pasado se comentó acá—Exégesis de Crisis (Group)—un previo informe del prestigioso think tank, señalando en esa ocasión olvidos similares:

En De Oslo a Bridgetown—entrada pertinente por la explícita y reiterada mención que el informe comentado hace de la mediación noruega—, se puso acá el 9 de julio de 2019:

…de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.

En general, el informe de Crisis Group International es bastante más equilibrado que otros análisis extranjeros, pero peca de ignorancia culposa de nuestra constitucionalidad, bajo la creencia de que los “políticos” que negociarían una salida al conflicto político venezolano estarían autorizados a saltársela a la torera.

De nuevo, pues, el Grupo Crisis recomienda el menos conflictivo procedimiento de negociación entre fuerzas partidistas—que a su criterio podría acordar aberraciones inconstitucionales—, mientras ignora el papel que tendría que desempeñar el actor fundamental, llamado a resolver la crítica situación política nacional: el Pueblo de Venezuela. LEA

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Desinformación móvil

Mucha gente recibe en sus dispositivos móviles noticias mayormente políticas, narradas varias veces al día, que produce un tal “Servicio de Información Pública”. Hoy comienzan así las que he recibido de rebote poco después de mediodía:

Bueno, habrá que explicar una vez más, esta vez a la Internacional Demócrata de Centro*, que el Sr. Juan Guaidó no es y nunca ha sido Presidente interino de Venezuela y que la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015 agotó su período constitucional el 5 de enero de este año. No es una organización partidista internacional el ente llamado a proclamar tales patrañas como si tuviera autoridad para hacerlo.  (Ver en este blog El caso Venezuela, un deporte internacional, del 5 de febrero de 2019 o, antes, La Revolución Marrón, del 30 de enero del mismo año).

El Servicio de Información Pública haría bien en informar responsable y críticamente, con bases serias, o cambiarse el nombre a Servicio de Desinformación Pública (SDP). LEA

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*La Internacional Demócrata de Centro – Internacional Demócrata Cristiana (en inglés Centrist Democrat International, en francés: Internationale Démocrate Centriste), llamada hasta 2001 sólo Internacional Demócrata Cristiana, es una asociación compuesta por partidos políticos demócratacristianos y socialcristianos de distintos países y cuya ideología, según su declaración de principios, se basaba en el humanismo cristiano. La organización nació en el año de 1961 bajo el nombre de Unión Mundial Demócrata Cristiana. (Wikipedia en Español).

Dice inequívocamente el octavo mandamiento de la “Ley de Dios”, que obliga a los cristianos: “No darás falso testimonio ni mentirás”.

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Fechas ¿imprevistas?

 

Una fecha infame

 

…es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos—hombres de Estado, intendentes, los magistrados—hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario.

Alexis de Tocqueville – El Antiguo Régimen y la Revolución (1856)

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He dejado pasar inadvertidamente, al encontrarme convaleciente, un nuevo aniversario de una fecha infame que además fuera perfectamente evitable; me refiero al 4 de febrero de 1992, del que hace dos semanas se cumpliera veintinueve años. Así se inicia el primer capítulo—La democracia sangraba—de Las élites culposas, libro del suscrito publicado en 2012:

Por la ventana de mi cuarto escuchaba las detonaciones del asalto a la residencia presidencial de La Casona, a la una de la madrugada del 4 de febrero de 1992. Una desazón irresoluble me había atrapado, aumentada porque había buscado evitar, sin éxito, lo que ahora se desarrollaba sin clemencia. Varios venezolanos morirían abaleados o bombardeados y no se tenía seguridad acerca del desenlace. En esos momentos era todavía posible que el sistema democrático fallara y fuera interrumpido, que los golpistas desconocidos triunfaran y asumieran el poder en Venezuela.

Siete meses y catorce días atrás, el 21 de julio de 1991, El Diario de Caracas había publicado un artículo mío—Salida de estadista—, en el que recomendaba la renuncia del presidente Pérez como modo de eludir, justamente, lo que estaba ocurriendo a pocas centenas de metros de mi casa. Allí puse: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.

Saludado como exageración—el Director del periódico, Diego Bautista Urbaneja, escribió tres días después sobre mi planteamiento: “No creo que exista un peligro serio de golpe de Estado…”—, el expediente de la renuncia sería luego propuesto por nada menos que Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, después de la intentona del 4 de febrero. Yo la había recomendado antes del abuso. Herminio Fuenmayor, el Director de la Inteligencia Militar, declaró que había en marcha una campaña—¡el íngrimo artículo!—para lograr la renuncia de Pérez. El general Alberto Müller Rojas, luego jefe de campaña de Hugo Chávez Frías, escribió en El Diario de Caracas sobre la ingenuidad de mi proposición. Al año siguiente, y luego de la intentona, volvió a escribir en adulación a Úslar Pietri, señalándolo como “el primero” que había solicitado la renuncia de Pérez. La verdad era que un mes escaso antes del golpe Úslar proponía que Pérez se pusiera al frente de ¡un gobierno de emergencia nacional! El interés oportunista de Müller Rojas era obvio: habiendo gravitado antes por los predios de aquel “Frente Patriótico”* que lideraba Juan Liscano, quería ahora ser contado entre “Los Notables” que rodeaban a Úslar Pietri.

Pero antes, todavía, alerté sobre el peligro de un golpe de Estado. En Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela (septiembre de 1987), había escrito: “…el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aun antes, sería considerable”.**

El liderazgo político venezolano de las dos últimas décadas del siglo pasado no dominaba lo que Tocqueville llamó “el verdadero arte del Estado”, el que exige “una capacidad para predecir el futuro”. LEA

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* Esta asociación más o menos informal fue la primera que promovió la idea de una asamblea constituyente, desde 1989, luego de la Constitución de 1961. Entre sus miembros estuvieron Luis Miquilena y Manuel Quijada.

** La asonada de Chávez, Arias Cárdenas et al., se supo luego, estuvo prevista para fines del año de 1991. Debía darse para el 16 de diciembre de ese año, con la pretensión de amanecer en el poder en el aniversario de la muerte de Simón Bolívar.

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La Cámara de las Comunas

Foto de El Universal

 

Cámara de los Comunes (en inglés: House of Commons) es el nombre de las cámaras bajas de los parlamentos bicamerales de Reino Unido y Canadá. La expresión “Comunes” hace referencia al hecho de que los componentes de la Cámara eran originariamente representantes de las ciudades, en oposición a los miembros de la Cámara de los Lores, todos ellos miembros de la nobleza y la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra.

Wikipedia en Español

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Ayer publicó la web de El Universal una nota que tituló así: Maduro entregó a diputados leyes para crear el Estado Comunal. Allí pone:

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo entrega al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, de los dos primeros Proyectos de Ley redactados por el Poder Popular. Se trata de la Ley del Parlamento Comunal y la Ley de las Ciudades Comunales, las cuales serán evaluadas y estudiadas por el Poder Legislativo. (…) El Mandatario nacional afirmó que el siglo XXI venezolano se definirá por el fortalecimiento del Estado Comunal, durante el acto de clausura del Congreso Nacional de Comunas 2.0. La comuna “debe ser el futuro y la garantía de la patria. La comuna tiene que saber a pueblo, a verdad, a familia, a comunidad”, recalcó. (…) Asimismo, destacó el Jefe de Estado que en la actualidad, “tenemos 3.265 comunas y 48.565 Consejos Comunales”. El Congreso Nacional de las Comunas 2.0 se desarrolló entre el pasado 20 de octubre de 2020 y este mes de febrero, a través de videoconferencias, debido a la pandemia del Covid-19.

Esto es película ya vista. El 16 de diciembre de 2015 reportaba la web del mismo periódico:

Durante una nueva emisión del programa rutinario de todos los martes, Con el Mazo Dando, Cabello explicó que el Parlamento Comunal, juramentado el pasado martes, está respaldado por la Constitución venezolana. Cabello fundamentó sus argumentos en el artículo 5 de la Constitución. “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, citó el presidente de la Asamblea Nacional.  (…) “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley” añadió el diputado. Explicó que la Ley a la que se refiere dicho texto es la Ley Orgánica de las Comunas. (…) Según la interpretación de Cabello, el párrafo constitucional al que hace referencia, contempla que el máximo ente competente en materia jurídica es el pueblo y el Poder Legislativo tiene que responder primeramente a las directrices de la comunas.

Claro que eso era resollar por la herida. Cabello había sido herido malamente apenas diez días antes, cuando los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional se habían alzado con la mayoría absoluta de curules el 6 de diciembre de aquel año. Él había presidido precisamente el mismo cuerpo sin que durante su titularidad se le ocurriese el cuento de que el Poder Legislativo Nacional, en defectuosa interpretación de nuestra juridicidad, quedaba sometido al tal “parlamento comunal”. Entonces se le opuso acá lo siguiente:

No, Sr. Cabello, las comunas no eligieron a la Asamblea Nacional; ésta fue elegida directamente por los ciudadanos, sin ninguna clase de intermediación comunal; es a ellos a los que responde, y la palabra comuna no aparece en ninguna parte de la Constitución”. De seguidas se le explicó: “Lo más cercano al término es esta prescripción: Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo (…) 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”. Por ejemplo, una cooperativa o empresa comunal para limpieza de oficinas o servicio de taxi. Pero las comunas o soviets venezolanos son una tramposa e inconstitucional creación del chavismo para escapar del referendo de 2007, cuando los proyectos de reforma de la Constitución introducidos por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional fueron rechazados. El 2 de diciembre de ese año, una mayoría del Poder Constituyente Originario negó, entre otras cosas, esta pretensión de reformar el Artículo 16: “Sobre la conformación del territorio nacional. Aparece como unidad política primaria la ciudad, la cual estará integrada por comunas ‘células sociales del territorio’, las cuales a su vez estarán conformadas por las comunidades, ‘cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano'”, (Wikipedia en Español). Lo que la Constitución establece es lo siguiente: “Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”. Y también: “Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”. Y por último: “Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley”.

………

Asimismo se había registrado acá el 17 de diciembre de 2015—en Un “parlamento” Helene Cursis (que sí sabe de Cabellos)—que el Pueblo venezolano “no había mostrado entonces un notable entusiasmo por el parto de los montes de la ley de comunas (con el ojo ciego y desentendido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha debido declarar su inconstitucionalidad)”, lo que se justificó en un registro de la época por Venebarómetro (Croes, Gutiérrez & Asociados):

El Pueblo no quiere un estado comunal (clic amplía)

 

Ahora es igualmente claro que el presidente Maduro se siente triunfador. Luego de una increíble serie de torpezas, la oposición formal a su desgobierno ha perdido el control de la Asamblea Nacional, lo que ha fortalecido a los socialistas que aún lo siguen. Ya se ha notado tal resultado por cancillerías extranjeras, como igualmente el colapso de las equivocadísimas pretensiones centradas en la telenovela de la que Juan Guaidó fuera protagonista. Pero ese innegable cambio político no le da la razón a Maduro; nuestro orden constitucional no contempla un “Estado Comunal.” El actual Presidente de la República convocó el 1º de mayo de 2017, en ejercicio de su clara atribución constitucional, una asamblea constituyente disuelta recientemente, sin que su “labor” de más de tres años incluyera leyes de un parlamento comunal y de ciudades comunales, cambios constitucionales que de todos modos habrían tenido que ser aprobados en referendo, pero el desempeño de la fenecida constituyente no produjo un proyecto de nueva constitución. Supongo que Maduro dirá que lo que es igual no es trampa, y que los opositores que controlaron hasta el 5 de enero de este año la Asamblea Nacional aprobaron el engendro inconstitucional de un tal “estatuto de transición”, en evidente e inválido exceso.

Pero el error de mi contendiente no es causa de mi acierto. LEA

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