el blog de luis enrique alcalá
la política como arte de carácter médico (y otras cosas)Para comenzar la semana
Lorenzo Lara Carrero es un empresario de medios y es mi amigo. Hace un buen número de años que no lo veo, desde que organizara un taller en la sede de su compañía—en el Edificio Polar de la Plaza Venezuela de Caracas—para discutir cómo pudiera hacerse una campaña presidencial que fuera mayormente montada en Internet. Ésa fue su práctica respuesta a una llamada que le hice, recuerdo, desde el Cementerio del Este. En ella ya le consultaba, dada su experiencia en el campo, precisamente sobre cómo emplear la Red de redes para tal propósito.
Por varias cosas le estoy agradecido. por sus consejos y apoyos varios. Pero siempre he atesorado el comentario que insertara en la entrada en este blog que lleva por título Hallado lobo estepario en el trópico. (28 de mayo de 2011). Éste es su texto:
Querido Luis Enrique: una intransigencia como la tuya es una bendición, pues está basada en principios y fundamentos sólidos, con argumentos bien ensamblados totalmente racionales, además muy bien escritos y apoyados en información completamente actualizada.
Tu intransigencia es necesaria en este momento en nuestro país, cuando las instituciones son más frágiles que nunca, la mentira pública y notoria predomina, la ignorancia asume con total irresponsabilidad y desvergüenza posiciones que nos afectan a todos y, lamentablemente, la mayoría de las personas arriesgamos poco, todavía, en favor de genuinos intereses colectivos.
Agradezco tu intransigencia y el trabajo que dedicas al análisis y a las propuestas en favor de esos genuinos intereses colectivos. Gracias por estar dispuesto a asumir el papel de «Lobo estepario» tropical.
A veces es difícil lidiar con tus argumentos, a veces son incómodos. Esas características son, precisamente, señal clara de su importancia para nuestro país.
Un gran abrazo,
Lorenzo
No recuerdo otra evaluación de mis trabajos políticos que me haya hecho sentir tan lleno de gratitud.
LEA
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Estamos enredados
Algunas de las redes sociales
Las redes sociales son explicablemente el escenario de fenómenos de pretenciosa «sabiduría». Miles—¿millones?—de mensajes, imágenes y videos emergen en la pantalla de nuestro teléfono celular con lo que usualmente es intrascendente. Pululan en ellas, por ejemplo, recetas de cocina que se nos explica en plural mayestático: «Picamos los ajos… calentamos a 350 grados… aderezamos con cebollín…», etcétera.
Es tiempo de bulos—fake news, en inglés—y de «influencers». («El papa Francisco es jesuita, primero que nada. Luego, como papa moderno, se comporta como influencer, como un Schwarzenegger cualquiera que no puede pasar mucho tiempo sin declarar por las «redes sociales». ¿Cómo es la cosa?). Las admoniciones que produce desde sus «apps» son verdaderos clichés. Si Román Ibarra dijo de María Corina Machado que se referiría a ella «de ahora en adelante» como «Doña Cliché», el Sumo Pontífice puede ser apropiadamente tratado como Don Cliché. Por ejemplo, en «enseñanzas» recientes nos informa:
El Pueblo de Dios, para ser colmado del Espíritu, debe caminar unido, hacer sínodo. Así se renueva la armonía en la Iglesia: caminando juntos con el Espíritu al centro. ¡Hermanos y hermanas, construyamos armonía en la Iglesia!
Ven, Espíritu creador, armonía de la humanidad, renueva la faz de la tierra. Ven, Don de dones, armonía de la Iglesia, únenos a Ti. Ven, Espíritu del perdón, armonía del corazón, transfórmanos como Tú sabes, por intercesión de María.
¿Es que el Espíritu Santo necesita ser recordado de que puede transformarnos «como él sabe»?
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Pero las redes sociales y la informatización general de la sociedad contemporánea mundial también sirven para potenciar propósitos políticos. Repito la nota al pie de Luigi Ferrajoli, filósofo:
En Avant-Garde Politician – Leaders for a New Epoch (2014), Yehezkel Dror postula la necesidad perentoria de una «Constitución de la Humanidad»; en eso concurrimos, pero diferimos en el modo de aprobarla. Dror, acostumbrado a moverse en los corridors of power, la imagina redactada y pactada por gobiernos del mundo, mientras que quien escribe, como minúsculo ciudadano del planeta, exige que sea aprobada y promulgada en un referendo planetario, y una aplicación blockchain que aloje una consulta de esa escala es perfectamente posible. (Cadenas de libertad, 7 de septiembre de 2017).
Habrá que vencer resistencias. Pongo un ejemplo; el 20 de marzo de 2018 hice llegar a Marcel Granier un memorándum que decía entre otras cosas:
La asociación en formación se beneficiaría mucho de una web para fines de promoción y movilización, así como de votación o recolección de firmas, aunque éstas no vayan a ser reconocidas. Es posible, de todos modos, argumentar que deban serlo: 1. el Art. 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Chávez habilitado en 2001) establece: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos”; 2. Desde hace más de una década el TSJ admite y decide recursos de amparo constitucional que le son remitidos por correo electrónico; 3. El gobierno difícilmente podrá aducir que un proceso de este tipo montado en blockchain carece de validez, cuando él mismo ha creado su criptomoneda Petro en esa plataforma).
Hasta la fecha de hoy, como me ha ocurrido con otros, el destinatario no ha acusado recibo de tal correspondencia, y a estas alturas se llama Petro el actual Presidente de Colombia.
LEA
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Ocho citas valiosas
Pensamientos con algún valor
Usted sabe que yo he mandado veinte años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: Primero, la América es ingobernable para nosotros; Segundo, el que sirve en una revolución ara en el mar; Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar; Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas; Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos; Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de América.
Simón Bolívar
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He visto también—deseara no haberlo visto—que la revolución, caso de ser practicada en serio y caso de triunfar, conduce a formas de injusticia y opresión más abominables que las actuales. Esas formas nuevas de injusticia y opresión las he visto en los ojos y en las palabras de los dirigentes más sinceros, más esforzados, más leales a la causa. Se sienten salvadores mesiánicos, avatares de la historia; creen conocer mis intereses, mis deseos y mis necesidades mejor que yo mismo; no me consultan ni me oyen; se han constituido por cuenta de ellos en representantes míos, en vanguardias de mi lucha; son tutelares y paternalistas; prefiguran ya el Olimpo futuro donde tomarán todas las decisiones para mi bienestar y mi progreso; las tomarán y me las impondrán en nombre mío, a sangre y fuego en nombre mío. Yo bajo la cabeza diciendo “Sí camarada, sí compañero, eso es lo que hay que hacer, tiene razón, viva”. Les sigo la corriente para que no me peguen y para no desanimarlos; pueden producir esos momentos de relajo, de caos, cuando parpadea la vigilancia de los gendarmes, cuando puedo descargar impune mi rencor, mi cólera reprimida, mi odio; después de todo, ese alivio esporádico es el mendrugo que me toca en el tejemaneje revolucionario mientras llegan días peores, los del triunfo revolucionario.
José Manuel Briceño Guerrero
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El pueblo no tiene derecho de golpear a un solo inocente, ni de tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. Así, pues, no puede delegar semejante derecho a nadie. El pueblo no tiene derecho de atentar contra la libertad de opinión, la libertad religiosa, las garantías judiciales, las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede entonces ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo lo ha investido de él. Todo despotismo es ilegal; nada puede sancionarle, ni siquiera la voluntad popular que él alega. Pues se arroga, en nombre de la soberanía del pueblo, un poder que no está comprendido en esta soberanía, y no sólo es destitución irregular del poder que existe, sino la creación de un poder que no debe existir.
Benjamín Constant
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La prudencia (que es un juicio de valor en loterías) requiere… un “análisis del peor caso”, en el que lo pésimo de la continuación de tendencias o la no intervención en la turbulencia ambiental se compara con lo pésimo de los intentos de causar discontinuidad. La comparación de lo pésimo de la no intervención con lo óptimo de la intervención es un enfoque muy riesgoso que no puede ser recomendado. (Aunque, inherentemente, esto es un asunto de juicios de valor sobre las actitudes ante el riesgo). Por el otro lado, la comparación de lo óptimo de la no intervención contra lo pésimo de la intervención tampoco puede ser recomendada, por más que esto sea una difundida postura intelectual del incrementalismo y el conservatismo.
Yehezkel Dror
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De ahí en más, mis entrevistas con funcionarios, académicos y empresarios en la capital china me depararían una sorpresa tras otra. Sobre todo, cuando entrevisté a los máximos expertos sobre América latina, que—sentados al lado de la bandera roja y profesando fidelidad plena al Partido Comunista—me señalaban que los países latinoamericanos necesitaban más reformas capitalistas, más apertura económica, más libre comercio y menos discursos pseudorrevolucionarios. Uno de ellos… me dijo que uno de los principales problemas de América latina era que todavía seguía creyendo en la teoría de la dependencia, el credo económico de los años sesenta según el cual la pobreza en Latinoamérica se debe a la explotación de los Estados Unidos y Europa. En la República Popular China, el Partido Comunista había dejado atrás esta teoría hacía varias décadas, convencido de que China era la única responsable de sus éxitos o fracasos económicos. Echarles la culpa a otros no sólo era erróneo, sino contraproducente, porque desviaba la atención pública del objetivo nacional, que era aumentar la competitividad, me aseguró el entrevistado. Ése era el nuevo mantra de la política china, que eclipsaba a todos los demás: el aumento de la competitividad como herramienta para reducir la pobreza.
Andrés Oppenheimer
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¿Está condicionada la humanidad a sentirse arrastrada sólo por líderes de gran potencia carismática, enraizada en tendencias neuróticas de agresividad tan fuertes e insatisfechas que despiertan y agrupan a las del mismo sentido que tienen latentes las masas? ¿Puede engañársenos con el señuelo artificial de un carisma inventado por los creadores profesionales de una imagen política, que al montarse sobre una personalidad endeble se derrumbará en los momentos de crisis, cuando su fuerza carismática, en realidad inexistente, sería necesaria para la defensa colectiva? ¿No es posible la agrupación en torno a un líder, sereno, equilibrado, que a la vez con fuerza y mesura sepa conducir sin avasallamiento?
Juan Antonio Vallejo-Nágera
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Al referirse a los inicios de la Independencia, y a pesar de su limitada inteligencia, el autor de Recuerdos de la rebelión de Caracas, José Domingo Díaz, quien por ser vehemente realista e hijo expósito ha sido descalificado por muchos historiógrafos, dejó constancia de algo que no podía comprender del todo: «Allí por la primera vez se vio una revolución tramada y ejecutada por las personas que más tenían que perder…”; y, para evitar cualquier duda sobre cuáles eran a su juicio los verdaderos propósitos de nuestros héroes, nos legó estas palabras dichas por Bolívar a Iturbe después de la Campaña Admirable: “No tema usted por las castas: las adulo porque las necesito; la democracia en los labios y la aristocracia aquí”, señalando el corazón.
Ángel Bernardo Viso
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Este concepto de la “defensa nacional” no puede ser entendido como un fin en sí mismo, justificativo de cualquier ejercicio de poder legislativo diseñado para promover ese objetivo. Está implícita en el término “defensa nacional” la noción de defender aquellos valores e ideales que distinguen a esta nación. Durante casi dos siglos, nuestro país ha encontrado singular orgullo en los ideales democráticos consagrados en su Constitución, y los más apreciados de estos ideales han encontrado expresión en la Primera Enmienda. Sería verdaderamente irónico que, en nombre de la defensa nacional, sancionáramos la subversión de una de aquellas libertades—la libertad de asociación—que hacen que la defensa de la nación valga la pena.
Earl Warren
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América Latina lucha contra una nueva ola de criminalidad
El extenso texto que sigue está tomado de informe del Crisis Group con fecha del 12 de este mes. Venezuela no aparece mencionada en él y, en general, parece apreciar positivamente las actuaciones del gobierno de Gustavo Petro en la vecina Colombia.
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La amenaza del crimen organizado en América Latina está creciendo y plantea riesgos para la seguridad y los derechos humanos. En este extracto de la actualización de primavera del Watch List 2023, Crisis Group explica cómo la UE y sus Estados miembros pueden ayudar a abordar el problema.
En toda América Latina, el crimen organizado y el aumento de la violencia asociado a este amenazan la seguridad de los residentes y han hecho que los gobiernos luchen por encontrar respuestas efectivas. A pesar de que en general las tasas de homicidio se han estabilizado en los últimos años (aunque se encuentran en los niveles más altos del mundo), e incluso han disminuido en países notoriamente violentos como Colombia y El Salvador, el panorama sigue siendo desalentador. Alrededor de un tercio de todos los asesinatos del mundo se producen cada año en América Latina, y las autoridades nacionales atribuyen muchos o la mayoría de ellos al crimen organizado. Las tasas de asesinatos relacionados con el género han aumentado en varios países. El comportamiento depredador de los grupos criminales también ha desencadenado y agravado las emergencias humanitarias ya existentes, tales como los desplazamientos masivos.
La geografía es una de las principales razones por las que América Latina se ha convertido en un punto crítico del crimen global. La región alberga a tres de los mayores productores de cocaína del mundo (Colombia, Perú y Bolivia), así como a los principales puntos de salida para las exportaciones de cocaína hacia Europa y EE. UU., y ha desempeñado un papel clave en los mercados de drogas ilícitas por más de cuatro décadas. Aunque Centroamérica, Colombia y México han estado plagados de violencia durante mucho tiempo, los cambios en las rutas y redes que sustentan el narcotráfico han provocado brotes de violencia en países como Ecuador y Costa Rica, que tradicionalmente se consideraban seguros y pacíficos en comparación con algunos de sus vecinos.
Muchos factores han contribuido al aumento real y percibido de la inseguridad. Los índices sin precedentes de producción de drogas y las nuevas y rentables rutas del narcotráfico, en países como Paraguay y Argentina, juegan un papel importante. Las dificultades económicas generalizadas en América Latina, que se agudizaron especialmente durante la pandemia, atrajeron a más personas al crimen organizado. Mientras tanto, la imperante corrupción de la región ha permitido el arraigo de toda una serie de mercados ilícitos. Estos mercados no se limitan al narcotráfico: los grupos criminales se dedican al tráfico de personas, robo de combustible, tala y minería ilegales y extorsión. Algunos grupos buscan intensificar su influencia sobre los negocios legales y consolidar su control de las comunidades como medio para adquirir nuevos reclutas y simpatizantes, y ampliar su base geográfica.
El nuevo panorama criminal de América Latina tiene repercusiones más allá de sus fronteras. Estados miembros de la UE están luchando contra un aumento en el tráfico de cocaína hacia costas europeas a medida que el continente se convierte en un destino preferido para la exportación de esta droga. La cooperación intrarregional de alto nivel para responder al narcotráfico y al crimen organizado se encuentra en gran parte inactiva. Mientras tanto, la cooperación de seguridad de EE. UU. sigue desempeñando un papel importante en América Latina, pero su incidencia parece estar disminuyendo, a medida que la asistencia financiera para el control de narcóticos y la aplicación de la ley en la región, especialmente en México, Centroamérica y Colombia, ha disminuido ligeramente en los últimos años.
Para ayudar a afrontar estos desafíos, la UE y sus Estados miembros deben:
- Ayudar a los gobiernos socios a combatir el soborno y la corrupción a través de una combinación de políticas sólidas y una aplicación efectiva de la ley, respaldada por una actuación policial con base en labores de inteligencia y apoyada por un mayor intercambio transfronterizo de información.
- Con el fin de incrementar la seguridad humana, respaldar esfuerzos para: reducir la impunidad a través de inversión en la capacidad de judicialización; proteger a las víctimas y los testigos apoyando la creación de refugios y canales de denuncia seguros, y generar alternativas a la criminalidad a través de programas sociales y de empleo.
- Reforzar los programas de asistencia técnica y desarrollo de capacidades de la UE para combatir el crimen, incluido el Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO) y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de políticas de drogas (COPOLAD).
- Aprovechar la próxima cumbre de julio entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para establecer una agenda de trabajo sobre crimen organizado con los líderes de la región, centrándose en temas desafiantes como la cooperación intrarregional, negociaciones con grupos criminales y formas para reorientar los esfuerzos antinarcóticos que con demasiada frecuencia resultan dirigidos contra los más pobres y vulnerables.
Nuevas tendencias y viejos crímenes
- La debilidad de las instituciones democráticas, los altos niveles de corrupción y la extrema desigualdad han hecho de América Latina un terreno fértil para el crimen organizado. La gran inseguridad e inestabilidad vinculadas al crimen organizado se arraigaron por primera vez en la década de 1980. Aunque persisten elementos de la actividad delictiva organizada tradicional, en particular, el uso de la violencia selectiva y la complicidad con fuerzas políticas y negocios legítimos, el panorama actual de los mercados ilícitos se parece poco a su encarnación original.
- En particular, la represión estatal, a menudo llevada a cabo con un fuerte apoyo de EE. UU., ha desarticulado las organizaciones jerárquicas tradicionales que operaban bajo un mando central y participaban en múltiples mercados ilícitos, por ejemplo, produciendo y comercializando drogas, así como ejecutando asesinatos y secuestros. Los típicos carteles de la droga, como los de Medellín o Cali en Colombia, o los del Golfo o Guadalajara en México, han dado paso a grupos delictivos más pequeños y emprendedores, decididos a buscar nuevas oportunidades ilícitas en lugar de depender de mercados establecidos. Colombia ahora alberga una variedad de grupos puramente criminales junto con otros grupos armados que combinan objetivos aparentemente revolucionarios con la generación de ingresos ilícitos. Se calcula que 24 mil combatientes hacen parte tanto de grupos armados como del crimen organizado, en áreas urbanas y rurales. El número de grupos criminales en México se duplicó entre 2010 y 2020, llegando a más de 200 según un análisis de datos realizado por Crisis Group.
- Por supuesto, las empresas criminales más pequeñas no siempre tienen asegurada su supervivencia. En Guerrero y Michoacán, en México, o Cauca y Nariño, en Colombia, los grupos ilegales se enfrentan regularmente en guerras territoriales. Los jefes criminales suelen tener carreras cortas: asesinatos, arrestos y extradiciones son desenlaces comunes. Pero las economías criminales más amplias se han vuelto más resistentes, en parte porque los flujos de ingresos de estos grupos, que ayudan a financiar protección política e impunidad judicial, se han vuelto menos vulnerables a las fluctuaciones repentinas.
- Una gran parte del poder de los grupos criminales ahora puede atribuirse a la creciente influencia que ejercen sobre las comunidades en las que operan. En Colombia, grupos como el Clan del Golfo, actualmente la organización criminal más importante del país, ofrecen beneficios como la construcción de nuevas escuelas e incluso regalan juguetes para ganar simpatizantes en los territorios a los que se expanden. Sin embargo, estos grupos no se limitan a ofrecer beneficios para establecer su dominio: el uso del confinamiento forzoso, mediante el cual obligan a los residentes a permanecer en sus hogares y abstenerse de salir a trabajar o ir a la escuela, se ha generalizado. Más de 100 mil personas fueron víctimas de confinamientos forzosos en 2022, muchas de ellas miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas a lo largo de la costa del Pacífico. Grupos criminales y otros grupos armados están especialmente interesados en arrebatar estas comunidades a sus rivales porque suelen estar agrupadas cerca de puntos de exportación a mercados internacionales o territorios cruciales para negocios ilícitos.
- En algunos casos, los grupos criminales locales alquilan territorios a empresarios que buscan producir o transportar drogas, que luego envían a los mercados globales. Este modelo de franquicia y asociación ha permitido que los mercados de drogas ilícitas crezcan y se diversifiquen. Aunque la producción y el transporte de drogas de origen vegetal sigue siendo una actividad delictiva importante en México, el país también se ha convertido en un actor importante en la producción y el tráfico de metanfetamina y opiáceos sintéticos a EE. UU. Las incautaciones de fentanilo en México han aumentado en más de 1 000 por ciento desde 2018. Las enormes ganancias del tráfico de drogas sintéticas financian guerras territoriales entre los carteles de Jalisco y Sinaloa, lo que genera gran parte de la violencia letal en el país. En Colombia, el Clan del Golfo presuntamente cobra impuestos a otros narcotraficantes que pasan por su territorio, según el acuerdo de culpabilidad presentado a los tribunales estadounidenses por su exlíder extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Al mismo tiempo, el Clan opera rutas de tráfico de migrantes a través del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá. También opera redes de extorsión y goza de numerosas conexiones con empresas privadas legítimas en todo el norte del país.
En otras partes de América Latina, han surgido nuevos centros criminales en áreas que ofrecen ventajas estratégicas a los narcotraficantes y permiten forjar nuevas conexiones entre grupos transnacionales, bandas locales y funcionarios corruptos en tribunales, prisiones y fuerzas policiales. Las ciudades portuarias de Guayaquil y Rosario, en Ecuador y Argentina respectivamente, así como Costa Rica, Panamá y Paraguay, se han visto asoladas por extraordinarios brotes de violencia. Grupos criminales en Ecuador han intimidado a las comunidades locales con tácticas violentas como colgar cadáveres de un puente peatonal, detonar explosivos en tiendas y zonas residenciales, y decapitar a miembros de grupos rivales. El país ahora tiene una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región, siendo 2022 su año más letal desde que se registran estas estadísticas. La expansión del Primer Comando de la Capital de Brasil (Primeiro Comando da Capital), la fuerza criminal más grande del país y una de las más poderosas de América Latina, explica gran parte del reciente aumento de la violencia letal en el este de Paraguay, justo al otro lado de la frontera con Brasil.
La expansión y diversificación de los grupos criminales en América Latina ha traído consigo un aumento en la extorsión y los delitos ambientales. Estas actividades ilícitas son menos rentables que el narcotráfico, pero se han vuelto cada vez más atractivas porque generan ingresos relativamente estables con un menor riesgo y permiten reforzar el control sobre las comunidades. En los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se calcula que las redes de extorsión alcanzan a recaudar hasta mil cien millones de dólares al año. En Colombia, mientras tanto, los casos de extorsión denunciados han aumentado un 40 por ciento en los primeros tres meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, según fuentes militares.
Latinoamérica, donde se encuentra aproximadamente la mitad de los bosques tropicales del mundo, y en particular la selva amazónica, es también un punto crítico para los delitos ambientales. En muchos casos, este comercio ilícito se entrelaza con otras economías criminales, como el narcotráfico: los troncos huecos de árboles, por ejemplo, se utilizan para ocultar cargamentos de cocaína. Los traficantes también utilizan la ganadería para lavar dinero, lo que tiene el efecto adicional de contribuir a la deforestación en Brasil, Colombia y Bolivia. Periodistas y defensores ambientales, incluidos líderes indígenas, se destacan entre las víctimas de los grupos criminales que operan en la selva.
La violencia de género también ha aumentado en algunas zonas, exacerbada por el entorno general de impunidad y violencia extrema fomentado por los grupos criminales. Zacatecas, cuya ubicación al norte de México lo ha convertido en un sitio codiciado por las bandas que operan rutas de tráfico, registra la cuarta tasa de homicidios más alta de los treinta y dos estados del país. Las tasas de desaparición de mujeres en el estado de Zacatecas aumentaron en un 50 por ciento en 2022, con la mayoría de las víctimas entre los diez y diecinueve años. Otros tipos de violencia de género también se han generalizado a medida que se han expandido las operaciones criminales.
Estas transformaciones en las estructuras y la operación del crimen organizado han coincidido con cambios en las relaciones entre los grupos del crimen organizado y el sistema político. En lugar de intentar apropiarse de las instituciones estatales o enfrentarse a las fuerzas de seguridad en defensa de sus negocios, los grupos criminales discretamente han tejido redes de influencia con las autoridades y comunidades locales, combinando la intimidación violenta con técnicas sofisticadas de cooptación, como financiar campañas electorales para sus candidatos locales preferidos o impedir que ciertos candidatos hagan campaña en determinadas zonas. De este modo, los grupos aumentan las probabilidades de que las autoridades pasen por alto sus actividades ilícitas o incluso colaboren en ellas.
La búsqueda de un enfoque eficaz
Cuando las políticas destinadas a detener el crimen organizado en América Latina han tenido efectos positivos, su impacto ha tendido a disiparse rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos, desesperados por aplacar el miedo de los ciudadanos, han optado por enfoques de “mano dura”, que combinan la aplicación coercitiva de la ley, el despliegue de fuerzas militares para vigilancia interna, detenciones masivas y castigos cada vez más severos. Sin embargo, a medio y largo plazo, estos enfoques no han erradicado el crimen organizado, sino que han provocado que éste adopte nuevas configuraciones que le permiten evitar o sobrellevar las medidas represivas del Estado, en ocasiones mediante la complicidad con funcionarios públicos. Por ejemplo, las duras políticas de aplicación de la ley en el norte de Centroamérica convirtieron las prisiones en núcleos en los que las pandillas se organizaban, consolidaban su identidad y ampliaban sus redes de extorsión. El enfoque de mano dura también ha provocado un aumento en las ejecuciones extrajudiciales, a menudo a manos de fuerzas parapoliciales.
Un acercamiento radicalmente diferente, como lo es entablar diálogos con grupos criminales para lograr su desmovilización, también tiene un historial decepcionante a largo plazo. La mayoría de las iniciativas de desmovilización de grupos criminales se han visto perjudicadas por los altos índices de reincidencia entre sus antiguos miembros. Basta pensar en lo que ocurrió después de que los paramilitares colombianos depusieran las armas entre 2003 y 2006: de los cerca de 55 mil combatientes desmovilizados, el 20 por ciento cometió delitos entre 2003 y 2012.
En el contexto de estas experiencias, los gobiernos latinoamericanos han adoptado una serie de estrategias para abordar la violencia criminal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha recibido tanto reconocimiento regional como críticas internacionales por haber reducido las tasas de homicidio de su país a mínimos históricos en el último año mediante el uso de un “régimen de excepción” que ha implicado la detención y el encarcelamiento de 65 mil presuntos pandilleros, de los cuales el 15 por ciento son mujeres. El Salvador ahora tiene la mayor población penitenciaria per cápita del mundo, con alrededor del dos por ciento de su población adulta tras las rejas. Los defensores de derechos humanos han expresado su legítima preocupación por las políticas de encarcelamiento masivo de Bukele, argumentando que se han llevado a cabo con fuerza excesiva, han socavado los derechos legales de los sospechosos y han debilitado las instituciones democráticas del país. Crisis Group y otras organizaciones también han expresado su preocupación sobre cuánto tiempo puede llegar a durar la mejora de la seguridad. Los efectos tangibles sobre la seguridad pública, sin embargo, le han dado a Bukele una extraordinaria popularidad. A pesar de la prohibición constitucional de postularse para otro mandato, es probable que sea reelegido en 2024.
Políticos de otros países de la región pretenden replicar el modelo de seguridad salvadoreño. Los principales candidatos a las elecciones presidenciales guatemaltecas de junio, Carlos Pineda, Sandra Torres y Zury Ríos, se han inspirado explícitamente en Bukele. La presidenta de izquierda de Honduras también ha tomado medidas de seguridad de emergencia para combatir la extorsión.
En contraste, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha tomado un camino muy distinto para abordar los dilemas de seguridad de su país. Un amplio conjunto de políticas conocidas como “paz total” tiene como objetivo reducir la violencia y proteger a los civiles, sobre todo en las zonas rurales afectadas por el conflicto, a través de la búsqueda de conversaciones y condiciones para el cese al fuego con los grupos armados y criminales, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo. Por supuesto, dialogar con tantas organizaciones armadas distintas tiene muchas complicaciones. La ley colombiana prohíbe entablar un diálogo político con grupos criminales organizados, lo que significa que el propósito de cualquier conversación debe ser buscar la desmovilización y la judicialización de los integrantes de los grupos a través de la justicia ordinaria. Washington, por su parte, se muestra escéptico sobre las conversaciones con grupos criminales, especialmente cuando varios de los líderes de estos grupos enfrentan cargos en EE. UU.
Aun así, la política sigue siendo la iniciativa emblemática de Petro. Las negociaciones con el ELN continuarán en Cuba en mayo, y es posible que pronto se inicien conversaciones con un grupo disidente (es decir, escindido) de las ahora desmovilizadas FARC. Pero el gobierno suspendió un precario cese al fuego con el Clan del Golfo tras alegar que el grupo incitó a la violencia durante un paro minero, incluyendo la quema de camiones, el bloqueo de carreteras y el intento de ataque a un acueducto en Tarazá, Antioquia.
Parte del enfoque de Petro está motivado por la convicción de que la resiliencia e influencia de los grupos armados se derivan de la falta de otras oportunidades económicas para los habitantes de las zonas rurales, así como de las fallas del régimen global de prohibición de las drogas. En opinión de su gobierno, las estrategias antinarcóticos aplicadas por los gobiernos latinoamericanos desde la década de 1980 y respaldadas por Washington han creado enormes incentivos económicos para la actividad ilícita al tiempo que castigan a los participantes más débiles y vulnerables de la cadena de suministro de drogas, generando las condiciones para que los grupos armados ilegales reúnan reclutas y recursos. Con su esfuerzo de paz total, Petro busca romper este ciclo.
Trazando un camino a seguir
La UE y sus Estados miembros deben apoyar los esfuerzos regionales para reducir el impacto que tiene el crimen organizado en la seguridad humana en la región, así como los desafíos que plantea para el respeto por el Estado de Derecho y la política pacífica y democrática. También deben intentar actuar como contrapeso a los enfoques de mano dura, que pueden ganar respaldo político con demasiada facilidad cuando las comunidades viven atemorizadas. Como alternativa, la UE y los Estados miembros deben promover iniciativas que combinen el desarrollo de la capacidad para una aplicación de la ley de manera humana y efectiva con programas económicos y sociales, incluidos los que tienen como objetivo proporcionar medios de vida lícitos a las comunidades empobrecidas. En particular:
En primer lugar, la UE y los Estados miembros deben apoyar políticas sólidas de lucha contra el soborno y la corrupción, incluido el establecimiento de controles financieros más estrictos y agencias de auditoría independientes para supervisar las finanzas públicas, e intentar fortalecer la actuación policial basada en labores de inteligencia para ayudar a garantizar el cumplimiento de estas políticas. Los esfuerzos de aplicación de la ley también pueden verse reforzados por el intercambio sistemático de información entre gobiernos europeos y latinoamericanos. La UE también debe respaldar las iniciativas de reforma penitenciaria destinadas a frenar el uso de las cárceles como centros de operaciones por parte de los grupos criminales y ofrecer a los presos más oportunidades de formación y educación durante su reclusión
Los donantes europeos y otros deben centrarse en ayudar a los gobiernos regionales a reducir las tasas de impunidad y brindar mayor seguridad a las víctimas.
En segundo lugar, los donantes europeos y otros deben centrarse en ayudar a los gobiernos regionales a reducir las tasas de impunidad y brindar mayor seguridad a las víctimas. Con este fin, deben apoyar los esfuerzos para mejorar las capacidades de investigación de los servicios de las fiscalías; establecer nuevos canales para que víctimas y testigos compartan información sobre delitos, y crear refugios para personas vulnerables que hayan denunciado delitos violentos, en particular para las mujeres. También deben enfocarse en iniciativas comunitarias que busquen reducir la violencia, como programas sociales y de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad con el fin de contrarrestar la delincuencia y la violencia que ésta genera.
En tercer lugar, la UE y los Estados miembros deben considerar un mayor apoyo y promoción a los esfuerzos de cooperación regional existentes para combatir el narcotráfico. Estos incluyen la incipiente alianza entre Ecuador y Colombia para proteger su frontera compartida y un esfuerzo liderado por Brasil para reducir la deforestación en el Amazonas, que podrían servir como un trampolín hacia programas de alianzas regionales a mayor escala. Paralelamente, los donantes europeos podrían aumentar la inversión en iniciativas de asistencia técnica para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, como EL PAcCTO y COPOLAD; continuar respaldando los esfuerzos para lograr una mayor cooperación policial latinoamericana, incluida la naciente agencia Ameripol, y actualizar la programación en respuesta al cambiante panorama criminal de la región.
En cuarto lugar, la cumbre UE-CELAC que se realizará en julio, tras un paréntesis de ocho años, representa una oportunidad para establecer una agenda de trabajo sobre crimen organizado con los líderes de la región. Entre los temas de la agenda podrían figurar cómo la UE puede ayudar a promover una mayor cooperación intrarregional en materia de seguridad; cuestiones relacionadas con las negociaciones con grupos criminales, incluidas las limitadas condiciones en las que éstas podrían ser apropiadas, y cómo replantear los esfuerzos internacionales antinarcóticos para que el enfoque se aleje de las personas de bajo rango en los esquemas de tráfico (que a menudo incluyen agricultores de subsistencia altamente vulnerables) y en cambio se dirija a los segmentos de mayor valor de las cadenas de suministro, incluso buscando interrumpir los flujos financieros de forma más eficaz.¶
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Suicidio electoral
Román Ibarra, ante el micrófono de RCR 750AM
Lo que sigue es la reproducción, sin editar, de un artículo de Román Ibarra publicado por el servicio de noticias de Costa del Sol FM. Ibarra conduce con Alfredo Padilla el programa Por cuenta propia – La economía de carne y hueso, transmitido por Radio Caracas Radio. Mientras conduje Dr. Político en RCR, con frecuencia me encontraba con ambos, pues el de ellos salía al aire justo antes del mío. Suscribo lo que sigue.
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Suicidio electoral
06-05-2023
Es sorprendente como la política amateur intenta abrirse camino otra vez, a pesar sus reiterados fracasos, y sobre todo con la intención deliberada de chantajear a los interlocutores.
La actitud demagógica y populista de la señora María Corina Machado, de ahora en adelante Doña Cliché, es verdaderamente lamentable. Resulta increíble que proponga como “fórmula mágica”, la celebración de la Primaria sin la presencia del CNE y su asistencia técnica, a sabiendas de que sin ellos sería prácticamente imposible su realización.
La tontería de “papelito por papelito, y sin las maquinitas del fraude” del CNE de Maduro y Jorge Rodríguez, sólo habla de su recurrente deseo de sabotear cualquier proceso electoral, buscando una implosión que no va a ocurrir, para que la lleve a ella en hombros de no sé quien a sentarse en Miraflores
Desde que dirigía Súmate en 2005 ha estado saboteando la institución del voto y destruyendo a la oposición. Recordemos cómo llamaba desaforadamente a la abstención desde entonces, y logró chantajear a unos partidos huérfanos de liderazgo que le siguieron en sus niñadas, y le pusieron a Chávez en bandeja de plata todas las instituciones del Estado, por la vía de no participar en las parlamentarias de ese año.
En lo sucesivo ha estado saboteando junto a sus socios del G4 con otros clichés para fracasar siempre: Firmante del Decreto Imperial de Carmona; Plaza Altamira; La Salida; Maduro vete ya; dictadura no sale con votos; solos no podemos; los muchachos de los escudos de cartón (pero no sus hijos); la convocatoria del R2P buscando la invasión del país por tropas extranjeras (la más miserable y ruin de todas las propuestas); las guarimbas; los trancazos; nuevos llamados a la abstención; denunciando fraude sin pruebas, etc.
Siempre intentando destruir, como en efecto, la institución del voto para entregar a Chávez primero y luego a Maduro, quien sonríe feliz, todo el control institucional del país para su destrucción como se ve hoy.
Hasta 2018 y 2020, estuvo llamando a la abstención junto a sus socios del G4, pero resulta que ahora es candidata a la Primaria; ya lo había sido en las primarias de 2012 en las que recibió una paliza brutal por parte de Capriles. Qué casualidad que cuando ella es candidata se olvida de la abstención momentáneamente.
En esta oportunidad también ha intentado chantajear a la Comisión que organiza la Primaria, y estos cometieron el error de pedir asistencia técnica del CNE, pero sin el sistema biométrico, recibiendo como respuesta lógica una negativa rotunda.
No se entiende como insiste en esa necedad de la Primaria sin el CNE, puesto que en el caso de que se realizaran (hay dudas razonables), y ella hipotéticamente resultara ganadora, tendría que enfrentar a Maduro con ese CNE al que ella desprecia. Eso la convierte por incoherente y amateur, desde ya, en la candidata favorita del gobierno.
Esa eventual candidatura la convierte en el tramo más fácil para legitimar la reelección segura del peor gobierno posible, el de Maduro.
Protagonista de tanta irresponsabilidad, pareciera un plan para destruir el proceso que nació muy débil con mini partidos cuestionados y judicializados, para lanzarse sola y denunciar—otra vez sin pruebas—fraude.
El país no se merece a Maduro de nuevo y la candidatura de la Doña, sumado a que varios de sus contrincantes están inhabilitados, garantizan un triunfo seguro del oficialismo en 2024.
Por esas y otras razones largamente explicadas, estamos convencidos de que la Primaria, tal como se ve hasta ahora, anuncia un rotundo fracaso de exigua participación, y el reclamo para evitar la participación del CNE solo responde a la necesidad de inflar las cifras de participación. ¡Derrota cantada!
Debemos insistir en la necesidad de alcanzar un pacto de gobernabilidad y un candidato de consenso que dirija la transición democrática en paz. ¶
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Nota larga de este blog: Se lee en las páginas 283 y 284 de Las élites culposas (marzo 2012):
…el mismo Grupo La Colina había explicado que la violación del secreto del sufragio habría requerido la complicidad de la oposición, pues el acceso al piso de memoria en el que quedaba almacenada la secuencia de votación sólo era posible mediante el empleo de una llave partida en cinco fragmentos; uno de ellos quedaba en manos del Consejo Nacional Electoral, dos en manos de los partidos oficialistas, los dos restantes, finalmente, en manos de los partidos de la coalición opositora. Sin la anuencia de Henry Ramos Allup o Gerardo Blyde, era imposible que Jorge Rodríguez o Luis Tascón supieran cómo habían votado los electores.
María Corina me quiere gobernar
La segunda iniciativa extra partido de 2006 fue liderada por Súmate, organización que propuso con insistencia que la candidatura fuera determinada mediante elecciones primarias. Pronto revelaría la misma María Corina Machado que se trataba de una proposición extraordinariamente insincera.
El miércoles 5 de abril de 2006, una reunión extraordinaria de la peña más longeva de Caracas, cuyo anfitrión es Luis Ugueto Arismendi, antiguo Ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns, se convocaba para escuchar a María Corina Machado, quien había solicitado la sesión con urgencia. Unas setenta personas, entre quienes me encontraba, asistieron a la exposición de la indiscutible líder de Súmate. Machado comenzó con el enunciado de la premisa mayor de su presentación: nos hallábamos enfrentados a un gobierno que no creía en la alternabilidad democrática, uno que jamás entregaría el poder si lo llegare a perder en elecciones. La premisa no fue más comentada ni expandida durante toda la exposición, aunque proyectó su sombra sobre todo el resto de lo argumentado. Luego, describió a grandes rasgos el mecanismo de primarias y rebatió, de forma persuasiva, los inconvenientes que usualmente se oponían a la idea de las mismas. Lo que más enfatizó, sin embargo, fue la exigencia de que el candidato más votado tendría que convertirse en el sumo adalid de la lucha por condiciones electorales confiables para retirarse de las elecciones, no con 5% en las encuestas, sino con 40% gracias a las primarias, lo que era preferible y sí “tendría impacto”, en caso de “ser necesario”. Fue luego de todo eso que se suscitó una ronda de intervenciones de algunos asistentes. Uno de ellos argumentó que el gobierno no era demócrata y por tanto jamás sería derrotable por vía electoral—la premisa mayor del inicio—, razón por la cual “lo que había que hacer” era crear, mediante el retiro de la candidatura, una “crisis de gobernabilidad” que pudiera ser aprovechada por otros factores de poder que acabaran con el régimen. Entonces, María Corina Machado se dirigió al ponente de la receta descrita para decirle: “Pues mira, eso es exactamente lo que estamos buscando”.
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Recuerdo con tristeza
Diseño de mi hija Eugenia, para franelas que me regaló y llegué a usar en las últimas emisiones por RCR
Hace siete días registré en Recuerdo con orgullo (28 de abril) mi satisfacción y agradecimiento a Wolf Schneider, cafetalero, quien se reunía con 147 de sus colegas* en Rubio, estado Táchira, para escuchar el programa que conduje los sábados a mediodía por Radio Caracas Radio. Como puse allí, era “el punto alto de mi semana mientras duró”. (Fue transmitido 348 veces, entre el 7 de julio de 2012 y el 18 de mayo de 2019).
Año y medio antes del cierre había conversado con Jaime Nestares, Director General de Radio Caracas Radio, sobre la posibilidad de una candidatura mía a la Presidencia de la República. Entonces me dijo que yo era muy viejo—tenía 75 años—, a lo que observé que más lo era Ramón José Velásquez cuando le tocó presidir en Venezuela por ocho meses, y ese tiempo era lo que yo estaba pensando para mi ejercicio. En verdad, siempre he pensado en un período incompleto, tanto es así que la estipulación octava del código de conducta que juré cumplir en septiembre de 1995 por Unión Radio dice a la letra: «En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida».
Sobre el mismo asunto: el 18 de noviembre de 2014 se grabó un programa especial de Y así nos va que condujo Nehomar Hernández; fue transmitido el 30 de diciembre de ese año. He aquí un fragmento de esa grabación:
También es de esa ocasión mi pronóstico de que la oposición a Maduro ganaría la mayoría de curules en la Asamblea Nacional, en elecciones para las que faltaba un año entero:
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En El caso Venezuela: un deporte internacional (5 de febrero de 2019) dejé esta constancia:
Acerca del proceso venezolano he escuchado voces que postulan que ya se encuentra en una nueva etapa, que la cosa debe ser entendida en términos del Derecho Internacional, caracterizada por la inusual atención que ha despertado en el exterior y que, por tanto «lo importante es lo que piense Francia». (?)
Era Jaime Nestares, Director General de Radio Caracas Radio, quien me había dicho eso a fines de 2018, cuando todavía no se había desplegado la patraña de Guaidó, aunque ya se preparaba con su conocimiento y participación. Mi programa tenía tanta audiencia que la emisora lo retransmitía dos veces más durante la semana siguiente a cada emisión. Me enteré de que había dejado de hacerlo sin que tal cosa se me participara—algo de censura en mi contra, pues no dejé de repudiar la telenovela de Guaidó desde su puesta en escena—y en el fondo inventé la excusa de mi retirada para no dañar a la planta que me había alojado siete años. Luego empezó a enviarme mensajes con unos emojis sobre los que pedí explicación. Él mismo me dijo que eran ¡efigies de la Guardia Mora que empleaba Francisco Franco para sus más violentas operaciones contra quienes se le oponían! En sus mensajes querían decir que yo no me estaba portando bien. Por ejemplo, por estas cosas que recordé en Je m’accuse (23 de septiembre de 2019):
José Ignacio Hernández, el cuestionado «Procurador Especial» nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero de este año: «…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual». Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia.
Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:
En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.
A eso contestó:
Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.
A mi vez, disparé esta andanada:
Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar. Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”. Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.
Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.
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Nestares era parte operativa de esa construcción patrañera. Por ejemplo, estaba dateado y envió cámaras y micrófonos para transmitir en vivo la presencia en La Carlota—el 30 de abril de 2019—de Guaidó, y un escapado Leopoldo López de su arresto domiciliario, en incitación de un alzamiento militar. Su conducta provocó el cese de transmisiones al aire de RCR ese mismo día, por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Dos semanas más tarde, hacía el último programa de Dr. Político en RCR.
«Lo que importa es lo que piense Francia» fue frase que anticipaba el más reiterado de los argumentos para la pretendida legitimidad de Juan Guaidó como Presidente «Encargado»:
Y por lo que respecta a la muletilla de «reconocido por al menos 50 países como presidente encargado», no le toca a ningún país del mundo definir quién es el Presidente de la República de Venezuela. Además, tal reconocimiento, absolutamente irrespetuoso de nuestro país y nuestra constitucionalidad, anda de capa caída. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó reconocer las credenciales del gobierno del Presidente Nicolás Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela en sesión del pasado 7 de diciembre (en el octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor). Samuel Moncada, Embajador de Venezuela, destacó que sólo 16 países de los 193 que integran la ONU se negaron ese día a reconocer al presidente Maduro. (Persistencia de la patraña, Día de los Inocentes de 2021).
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Por fortuna, de vez en cuando tengo grandes satisfacciones. Lorenzo Lara Carrero es empresario de la modernidad—fundador de Negocios Digitales—que generosamente insertó un comentario a Hallado lobo estepario en el trópico (28 de mayo de 2011):
Querido Luis Enrique: una intransigencia como la tuya es una bendición, pues está basada en principios y fundamentos sólidos, con argumentos bien ensamblados totalmente racionales, además muy bien escritos y apoyados en información completamente actualizada.
Tu intransigencia es necesaria en este momento en nuestro país, cuando las instituciones son más frágiles que nunca, la mentira pública y notoria predomina, la ignorancia asume con total irresponsabilidad y desvergüenza posiciones que nos afectan a todos y, lamentablemente, la mayoría de las personas arriesgamos poco, todavía, en favor de genuinos intereses colectivos.
Agradezco tu intransigencia y el trabajo que dedicas al análisis y a las propuestas en favor de esos genuinos intereses colectivos. Gracias por estar dispuesto a asumir el papel de «Lobo estepario» tropical.
A veces es difícil lidiar con tus argumentos, a veces son incómodos. Esas características son, precisamente, señal clara de su importancia para nuestro país.
Cosas conmovedoras como ésa hacen que todo valga la pena.
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* Para mi último programa, más de dos años después, los cultivadores se habían reducido de 147 a 130. También sufrían los cafetaleros la atrición de casi todo venezolano en el larguísimo y costoso gobierno de Chávez & Maduro.
LEA
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