el blog de luis enrique alcalá de sucre

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

Al magro

 

magrear De magro y -ear. 1. tr. vulg. Sobar, manosear lascivamente a alguien.

Diccionario de la Lengua Española

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Tengo al Sr. Luis Almagro por el peor Secretario General que haya tenido la Organización de Estados Americanos. Excedido en sus funciones desde que asumiera ese cargo el 26 de mayo de 2015, llegó a la OEA ya con Nicolás Maduro entre ceja y ceja.

Veamos cuáles son las funciones atribuidas a su actual oficio en el Artículo 113 de la Carta de la OEA:​ “Corresponde al Secretario General: a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines, y b) Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos”.

Punto. No corresponde a la Secretaría General de la organización establecer por su cuenta líneas de acción que la comprometan ni promoverlas o juzgar a gobierno alguno en el continente americano.

Esto señala de Almagro  Wikipedia en Español en el artículo que le dedica:

Fue expulsado de su formación política en un plenario de la coalición de izquierda Frente Amplio el 15 de diciembre de 2018 por unanimidad de votos de los 75 asistentes, tras un informe emitido semanas antes por el Tribunal Disciplinario del Frente Amplio motivado por un comentario surgido con respecto a la situación que atraviesa Venezuela, donde expresó que no se debía “descartar ninguna opción incluyendo la militar” para sacar al gobierno de Nicolás Maduro al que califica de “dictadura”, esto en referencia a una declaración de Estados Unidos que no descartaba dicha opción para “regresar a Venezuela a la democracia”. Según la resolución votada por unanimidad, Almagro violó los principios partidarios al sugerir una posible intervención militar en Venezuela.

Antes observa el mismo artículo:

En 2014, adoptó una posición crítica al gobierno venezolano. En consecuencia, el expresidente José Mujica declara «Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido».​ El sucesor de Mujica en la presidencia, Tabaré Vázquez, sostuvo también una postura crítica hacia la figura de Almagro.

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No forma parte de las atribuciones del Secretario General de la OEA el juicio acerca de si hay democracia en un país miembro. El 11 de septiembre de 2001, se aprobó en Lima el segundo texto fundamental de la organización: la Carta Democrática Interamericana. Dice su Artículo 21: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”. El Secretario General de la OEA no es su Asamblea General.

El reciente comunicado de Almagro “condena las acciones de aquellos integrantes de la Comunidad Internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura. Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país”. Ninguna resolución de la OEA califica al gobierno presidido por Nicolás Maduro de dictadura.

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El pacto fundamental de nuestro continente es, precisamente, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que asienta en el literal d de su Artículo 3:

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

También establecen los artículos 19 al 21 (destaco en cursivas):

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Claro, cuando se funda en 1948 la Organización de Estados Americanos—sucesora de la previa Unión Panamericana—y poco después, ya había en el continente más de un país gobernado por dictadores de derecha. (Somoza, Trujillo, Batista, Rojas Pinilla, Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez). Nadie objetó entonces tales dictaduras reales, y más tarde tampoco fue objeto de sanciones de la OEA o persecuciones de su Secretario General un gobernante como Augusto Pinochet. Ni siquiera Cuba fue reprendida a la llegada del castrismo en 1959; en 1962 fue suspendida no en razón de su sistema de gobierno sino porque había agredido a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, ocho años después de promulgarse la Carta Democrática Interamericana (Lima, 11 de septiembre de 2001) se decidió:

En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión (pero Cuba no se ha reincorporado). (Wikipedia en Español).

En cambio, la OEA toleró lo siguiente:

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas» del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 «desaparecidas» y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

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A todo esto podría objetarse que se desconociera el Consejo Permanente de la OEA, referido en el reciente comunicado de Almagro, que declara “fraudulentas” las elecciones de nuestra actual Asamblea Nacional. La Resolución 1.164 de ese órgano expresó “su rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela”. Ni el presidente Maduro ejerce ilegítimamente su cargo* ni era en ningún caso “evidente” el propósito de eliminar nada; a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, simplemente, se le había agotado su período: “La Asamblea Nacional elegida en 2015 dejó de existir el 4 de enero de este año según pauta inequívoca de la Constitución”.** (Ver Ejemplo de mentira política, 1º de mayo de 2021).

¿Ignorancia de nuestra constitucionalidad por parte de Luis Almagro, o deliberado desconocimiento de ella? LEA

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* …se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC: (Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente). En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene”. Lloviendo sobre mojado, 15 de marzo de 2019).

** Artículo 192: Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo.

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Addendum

Con fecha de hoy, el International Crisis Group publicó y distribuyó una extensa declaraciónVenezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar—acerca de los importantes cambios introducidos en la política venezolana con el nombramiento de las nuevas autoridades electorales. Éste es su párrafo inicial:

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso.

Y éste es el de cierre:

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.

Ya antes—Exégesis de Crisis (Group), 12 de marzo de 2020—he opinado acerca de posturas del influyente y más bien benéfico think tank: “En general, el informe de Crisis Group International es bastante más equilibrado que otros análisis extranjeros, pero peca de ignorancia culposa de nuestra constitucionalidad, bajo la creencia de que los ‘políticos’ que negociarían una salida al conflicto político venezolano estarían autorizados a saltársela a la torera. Eso no es en absoluto necesario”. En el caso de su informe de hoy, también encuentro cosas de las que difiero, como esta declaración al inicio de su tercer párrafo: “La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral”. Eso no es verdad; cuando todo el Consejo Nacional Electoral estaba en manos oficialistas, concedió la elección de 112 diputados opositores en diciembre de 2015. Algo como eso se barre bajo la alfombra.

Sin embargo, considerado como un todo, este nuevo aporte del grupo es una contribución importante a la bienvenida que debe darse a los rectores del CNE recién electos, lo que ya ha hecho muy significativamente Fedecámaras, entre otros actores que se distancian de los tradicionales comecandela. Vale.

 

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Dos encuestadores opinan

Seguías & Seijas

 

Al inicio de un reportaje para Efecto Cocuyo, Deisy Martínez expone:

…la oposición que lidera Juan Guaidó, reagrupada en una plataforma unitaria reeditada, plantea una negociación que busca lograr elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales libres y justas en Venezuela, esta vez sin exigir que la salida de Nicolás Maduro del poder se produzca antes.

Jesús Seguías, Presidente de Datincorp, lo dice descarnadamente: “Todo indica que finalmente quedó sepultado el mantra cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y ahora quieren impulsar solo elecciones a través de una negociación”.

A esa voz se une la de Félix Seijas (Delphos); entre ambos destacan:

Los números evidencian la pérdida de fuerza en la lucha opositora. De acuerdo con Seijas, el apoyo explícito a Guaidó ha seguido bajando y está en 25%. En agosto de 2020 se situaba en 40% y venía cayendo desde 50%. Sostiene que la cifra no alude a la figura del líder opositor como tal sino al pesimismo de la gente en cuanto a que pueda lograr el cambio político en el país. “La confianza en que se pueda lograr una salida a la crisis y se produzca el cambio se ha perdido, la gente cree que el juego está trancado”, dice. Seguías no habla de apoyo sino de rechazo a la gestión de Guaidó y lo ubica en 88% a nivel nacional.

Más adelante expone el encuestador más joven:

La oposición busca ir a elecciones con intervención internacional, que la organización de unas elecciones sea, si bien con ese CNE o parte de él, pero con la participación de otra estructura en la que se pueda (la oposición) tener parte del control”, señala el director de la firma encuestadora Delphos, Félix Seijas. El objetivo de la movida, apunta Seijas, es que la organización de unos comicios sea equilibrada de alguna forma. Pero advierte que las probabilidades de éxito son pocas, dado que el antichavismo no tiene a lo interno la fuerza suficiente para presionar al poder político en Miraflores, por lo que el empuje, indica, debe venir de la comunidad internacional.*

Y ambos registran una base considerable de disposición a votar de los electores venezolanos:

A las puertas de que se convoque a las elecciones regionales de este año, tras el nombramiento del CNE, las mediciones apuntan a que 60% quiere ir a votar según Seijas. Dicho porcentaje puede bajar a medida que se acerque la votación ante un llamado de la oposición mayoritaria a no participar y la desconfianza del electorado hacia el ente comicial designado por la AN del 6Dic. (…) Datincorp ubica dicha disposición a votar actualmente en 50% y se afirma que subiría al 80% si se elige a un CNE consensuado.

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Bueno, según Noticia y Punto, la usualmente bien informada Rocío San Miguel asegura que dos de los cinco rectores de un nuevo Consejo Nacional Electoral serian los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón Herrera. Este último es particularmente notable, pues fue la máxima autoridad de la extinta Mesa de la Unidad Democrática en materia de sistemas digitales. (También fue detenido en junio de 2017 porque presuntamente guardaba armas de guerra en su residencia).

A fines de 2016, dije en dos reuniones a Roberto Picón Herrera, ejecutivo principalísimo de la Mesa de la Unidad Democrática, que la prioridad de la Asamblea Nacional era la de recuperar su eficacia como poder resolviendo el problema del desacato, para que pudiera convocar referendos consultivos. Su respuesta: “Entonces ¿nos vamos a arrodillar?” [Entre abogados (en bloque), 11 de febrero de 2019].

A la Asamblea Nacional opositora le sugerí ya el 9 de enero de 2016—a escasos cuatro días de su instalación, en el programa #178 de Dr. Político en RCR—, que buscara establecer una alianza estratégica con el Pueblo, al que pudo convocar y no lo hizo, para que se pronunciara inapelablemente sobre “decisiones de especial trascendencia nacional”. Bastaba la mayoría simple de 84 brazos alzados. Era eso mismo lo que planteé a Picón Herrera a fines de ese mismo año.

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* El empuje, Sr. Seijas, no debe venir de la “comunidad internacional”, que no debe meterse en asuntos de exclusiva competencia de los venezolanos. El empuje debe venir del Pueblo de Venezuela. (Carta de la Organización de Estados Americanos, Art. 3, literal d: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”. Art. 19: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”).

LEA

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Ejemplo de mentira política

bastardía 1. f. Cualidad de bastardo. 2. f. Dicho o hecho que desdice o es indigno del estado u obligaciones de cada uno.

 

espurio, ria Del lat. spurius. 1. adj. bastardo (‖ que degenera de su origen o naturaleza). 2. adj. falso (‖ fingido).

Diccionario de la Lengua Española

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Esta vez es Víctor Álvarez quien se ocupa de la notoria insuficiencia del liderazgo opositor venezolano, en artículo de opinión para El Estímulo. Allí expone:

Sin saber todavía cómo va a quedar conformado el nuevo CNE, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó aprobó un Acuerdo de Rechazo al proceso para designar el CNE. Ésta decisión se traduce en un nuevo llamado a la abstención que dividirá aún más el descontento nacional entre la oposición abstencionista y la oposición electoral.

Con este Acuerdo, aunque los cinco rectores sean de la oposición, el sector liderado por Guaidó no reconocerá la nueva autoridad electoral. Argumentan que los actos de la «espuria» AN electa en las Parlamentarias de 2020 no son válidos y que la designación de la autoridad electoral solo puede ser hecha por la «legítima» AN electa en 2015 que él preside. La oposición electoral que quiere postular candidatos a las elecciones de gobernadores y alcaldes les cuestiona entonces ¿por qué no lo hicieron cuando pudieron? ¿Por qué no lo hacen ahora?

La Comisión Delegada de la AN dirigida por Guaidó también aprobó solicitar a la comunidad internacional desconocer los procesos electorales que sean convocados por el CNE designado por la AN electa en las Parlamentarias de 2020. ¿Cuál va a ser la posición de EE.UU. , la UE y la comunidad internacional? ¿Reconocerán al nuevo CNE y las elecciones de gobernadores y alcaldes que este convoque?

Un nuevo llamado a la abstención llevará a desperdiciar otra vez las favorables condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo que tiene el gobierno y sus candidatos. Se perderá así la oportunidad de ganar la mayoría de las 23 gobernaciones y 335 alcaldías que servirían de plataforma institucional para solicitar el Referendo Revocatorio.

Si se convoca el Referendo Revocatorio, el enorme malestar nacional revocará el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Una vez que Maduro sea revocado, ¿quién de la oposición será el candidato?, ¿habrá uno o varios aspirantes?

Al no ponerse de acuerdo para presentar una candidatura unitaria que enfrente al candidato del chavismo, los divididos y debilitados partidos de la oposición temen ganar el revocatorio pero perder las presidenciales. Esa es una de las principales razones por las cuales la oposición radical condiciona su participación en cualquier elección a que Maduro sea sacado por la fuerza del poder y que el chavismo no participe en la elección presidencial.

Por eso, este sector de la oposición encuentra en el deterioro de las condiciones electorales el pretexto perfecto para abstenerse, cuando el verdadero motivo es su incapacidad para acordar candidaturas unitarias.

Abstenerse es desaprovechar unas ventajosas condiciones políticas mucho más decisivas que las desventajosas condiciones electorales. Con 80 % de rechazo al gobierno, abstenerse es facilitar el triunfo de los candidatos oficialistas que a lo sumo contarán con el respaldo de apenas el 20 % de electores. ¿Es eso inteligente?

La gran tragedia de Venezuela es sufrir, al mismo tiempo, el peor gobierno de la historia y también la peor oposición. (Énfasis añadido).

El 11 de abril de 2016, seis años antes, se escribía en este blog (Etiqueta negra): “El país, que sufre agudos dolores y privaciones, está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo!”

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La aludida Comisión Delegada no existe. La Asamblea Nacional elegida en 2015 dejó de existir el 4 de enero de este año según pauta inequívoca de la Constitución. (Artículo 192: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo”). La tesis esgrimida por Guaidó—uno de cuyos speechwriters era el recentísimo suicida Willy McKey—es sólo la más reciente de sus mentiras. Es tesis espuria, degenerada, falsa, adulterada. LEA

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¿Miedo al cuero?

No existe apoyo mayoritario a la oposición venezolana

 

Hace mucho tiempo escuché el chiste del pintor que trabaja en parte alta de una pared y escucha al compañero, que le dice: “¡Agárrate de lo brocha que me llevo la escalera!” De allí viene la imagen que empleara Luis Vicente León, en reseña publicada originalmente por el diario El Nacionalista que reprodujera el servicio de noticias Costa del Sol FM: “La oposición se queda colgada de la brocha al depender de terceros y no de su propia lucha política, dijo LVL” Acá la reproducción:

Luis Vicente León le lanzó un mensaje a la oposición: 76% de la población sigue aspirando un cambio político.

Aunque en diciembre pasado el chavismo haya reconquistado la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría, según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, 76% de los venezolanos sigue aspirando a un «cambio político» y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro de la crisis económica y social.

En su cuenta de Twitter, el economista y analista dice que «el problema es que ese deseo, usualmente gran impulsor de lucha política, se convierte en decepción y desánimo cuando no se concreta en el tiempo y conduce a la migración o la adaptación».

A renglón seguido, León pone la vista en la oposición para señalar que, en su criterio, el liderazgo que debería motorizar ese cambio político solo está centrado en sus disputas internas y en obtener el control estratégico de esa parcialidad.

«Cuando la oposición concentra sus esfuerzos en atacar a los otros grupos opositores (que piensan distinto) o en mantener el ´poder´ interno, sin ofrecer nada diferente que pueda reconstruir esperanzas de cambio, se condena a su pulverización o a un cambio incontrolado desde adentro«, sostiene el presidente de Datanálisis.

Después de haber concluido formalmente la legislatura parlamentaria de 2016, donde contaba con una clara mayoría, sin lograr el objetivo central del «cambio político», la oposición luce desarticulada y sin rumbo.

Claramente dividida en dos sectores—que no son necesariamente cohesionados en sus estructuras—, el debate se centra entre mantener una agenda de presión política, social e internacional que conduzca, eventualmente a una salida rápida del poder chavista y regresar al juego político interno, a través de la vía electoral, para provocar cambios progresivos y pacíficos en la estructura del poder.

Pero Datanálisis determinó en febrero pasado que una mayoría de venezolanos votaría por un outsider en elecciones presidenciales hipotéticas y, más en general, que los partidos y los dirigentes de la oposición local, la oposición misma, son mayoritariamente apreciadas muy negativamente. (Ver en este blog Sobre mojado, del pasado 21 de marzo). ¿Por qué entonces León se ocupa de ella? A la imagen de la brocha pudiera oponérsele aquello de “mató al tigre y le tiene miedo al cuero”.

El artículo principal—Bofetada terapéutica—de la Carta Semanal #100 de doctorpolítico exponía ya el 19 de agosto de 2004:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos.

Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia.

La misma carta concluía su argumentación de esta manera:

…más que una oposición habría que ejecutar una superposición, una elaboración discursiva desde un nivel superior de lenguaje político, que flotara sobre sus agendas, sobre su nomenclatura, sobre sus concepciones, sobre los terrenos que siempre escogió astutamente para la batalla y a los que llevó, casi sin esfuerzo, a un generalato opositor incompetente, y que pudiera, esa interpretación alterna, ese discurso fresco, ser convincente para el pueblo. Este discurso es perfectamente posible. Ese discurso existe, y entre él y unos Electores hambrientos de liderazgo eficaz, sólo hay que interponer los medios que hasta ahora sólo han estado disponibles para actores ineficaces.

Por esto viene ahora una nueva etapa, preñada de posibilidades, más aprendida. Venezuela, herida, desconcertada, desilusionada y nihilista, tiene que recuperarse de la desazón y el fracaso. Y al cabo de un tiempo más bien corto, encontrará el camino correcto y verá sus tribulaciones de ahora como el principio de su metamorfosis creadora. No nos avergonzamos de nuestras tribulaciones, decía San Pablo, porque a la postre transmutan en esperanza, y no nos avergonzamos de nuestra esperanza.

Es hora de concretar esa anticipación pronta a cumplir diecisiete años. LEA

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Participación popular electrónica

Una herramienta democrática

 

El Tribunal Supremo de Justicia publicó en su portal, el pasado miércoles 14 de abril, una nota—Ahora es más fácil ejercer ante el TSJ—que se transcribe a continuación:

En atención a la sentencia en ponencia conjunta del 5 de marzo del presente año, en la cual los integrantes de la Sala de Casación Civil establecieron entre otros puntos el uso de herramientas tecnológicas a los fines de la presentación digital del recurso de casación e impugnación del mismo.

Se realiz[ó] el día de hoy a través de videoconferencia el primer acto formal, previa recepción de escrito vía correo electrónico, donde el abogado Jorge Asunción Otaiza Mejía, residenciado en el estado Bolívar, parte recurrente en un expediente que cursa ante la sala, consigno de manera virtual ante la secretaria de la Sala de Casación Civil, escrito de formalización del recurso de casación. Así mismo queda constancia que el mencionado profesional del derecho debe enviar vía encomienda de su preferencia, el físico de la formalización.

Este mismo día se llevó a cabo un siguiente acto virtual, en atención al impugnante Zalg Salvador Abi Hassan, de residencia en el estado Lara, quien consigno escrito de impugnación bajo la misma modalidad virtual.

De esta manera, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, da un paso hacia la consolidación del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

El paso lo ha dado el Tribunal Supremo de Justicia, que Moreno preside; más específicamente, ha sido dado por la Sala de Casación Civil que él no preside. (Lo que sí preside es la Sala de Casación Penal desde el 11 de febrero de 2015). En todo caso, a este desarrollo debe dársele la más cálida bienvenida. Ya se había hecho constar acá lo siguiente en Los propios venezolanos (7 de agosto de 2020): “desde hace bastantes años el Tribunal Supremo de Justicia tramita recursos de amparo constitucional que le llegan mediante correos electrónicos”.

En el fondo, se trata de un desarrollo de los principios y rutas establecidas en el Decreto con fuerza de ley no 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, promulgado entonces por Hugo Rafael Chávez Frías, habilitado por la Asamblea Nacional. Esa ley establece:

Artículo 4°: Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. (…) La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.

(…)

Artículo 16: La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa.

(…)

Artículo 18: La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se considerará que cumple con los requisitos señalados en el artículo 16.

El castellano empleado en ese último artículo del Decreto-Ley de Hugo Chávez—y dice la Constitución en su Artículo 9: “El idioma oficial es el castellano”—permite deducir que una firma electrónica certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación es sólo un medio de cumplir con los requisitos aludidos. Caben otros medios igualmente seguros.

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Los restantes poderes públicos debieran acogerse a las actuales posibilidades de agilización de sus trámites. (agilizar 1. tr. Hacer ágil, dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo). En particular, el Poder Electoral está indicadísimo a este respecto, siendo que los actos electorales son registrados desde hace décadas por medios electrónicos… ¡salvo los que expresan la voluntad de la participación popular normada constitucionalmente!

Veamos (de nuevo, en Los propios venezolanos):

…hoy es posible la revocación referendaria de los mandatos de funcionarios o representantes electos, decisión sólo convocable por 20% de los electores del ámbito correspondiente a cada caso una vez cumplida la mitad del período del mandatario en cuestión. También puede abrogarse mediante referendos leyes enteras o decretos leyes, que pueden ser convocados por 10% o 5% de los electores según el caso.

Luego, ella ha preservado la iniciativa popular de las leyes contemplada por el texto de 1961; el Numeral 7 del Artículo 204 especifica ahora que esa iniciativa puede ser ejercida por “los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”. Igualmente puede introducirse a la consideración de la Asamblea Nacional, por iniciativa popular del quince por ciento de los electores registrados, proyectos de enmiendas o reformas a la Constitución.

Finalmente, la propia constitución puede ser sustituida por una nueva que sea redactada por una Asamblea Nacional Constituyente (Artículo 347), cuya convocatoria puede ser causada, además de por la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y los Consejos Municipales, por “el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”. (Artículo 348).

(…) Perdón; aún falta por añadir a estas opciones de la iniciativa popular el comienzo del último parágrafo del Artículo 67: “Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas”. Ese derecho es el que se materializa en los grupos de electores que pueden postular—sin necesidad de partidos políticos registrados—candidatos a todo cargo electivo y de representación, desde el de la Presidencia de la República y los diputados de la Asamblea Nacional hasta un concejal, según las previsiones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la sucesora de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

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En momentos cuando nos aprestamos a tener nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, parece oportuno proponer que ese cuerpo, un poder público importantísimo, siga el ejemplo del Tribunal Supremo de Justicia y modernice el trámite de toda iniciativa popular facilitándola, no haciéndola más difícil. Pocas bases de datos—nombres, cédulas de identidad, lugares de residencia, firmas, huellas digitales—son tan seguras como la del Registro Electoral Permanente, por lo que no debe haber dificultades técnicas insalvables; el CNE mismo está en capacidad de actuar como proveedor de servicios de certificación de firmas, y también con la introducción de proyectos de ley a la Asamblea Nacional, si es que fueren jurídicamente necesarios, cuando ellos sean de materia electoral. (Artículo 204 de la Constitución: “La iniciativa de las leyes corresponde: (…) 6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral”.*

El mismo Presidente de la República está especialmente obligado a facilitar este desarrollo en lo que pueda; él fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, en la que presidiera, precisamente, ¡la Comisión de Participación Ciudadana!

Pero es este asunto exigencia que recae principalmente en las autoridades electorales, las que pueden facilitar las cosas a una ciudadanía que enfrenta un transporte público grandemente afectado y está a la vez altamente informatizada. (Ver en este blog El demos cabe en la red, 17 de octubre de 2019). LEA

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El 8 de abril de 2016, la publicación Politika UCAB publicó una “nota de coyuntura” de Eugenio Martínez, especialista en temas electorales, que se transcribe a continuación:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó el proyecto de Ley Orgánica de Referendos aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional bajo el argumento que corresponde al organismo comicial la exclusividad legislativa en la redacción de normas electorales y de consultas populares.

En una misiva remitida por la presidente del CNE Tibisay Lucena a la Asamblea Nacional se indica que la Ley de Referendos promovida desde la Comisión de Política Interior del Parlamento “no se apega a lo establecido en el artículo 204 numeral 6 de la Constitución Nacional”, desde esta perspectiva para la autoridad electoral la norma tramitada está “fuera del marco constitucional”.

Además la presidenta del CNE desestimó la necesidad de la redacción de una ley de referendo en vista de la “eficacia de los instrumentos normativos usados hasta la fecha” para garantizar la participación popular.

En este sentido, la postura de la presidenta del CNE es clara:  el proyecto de Ley Orgánica de Referendo que está siendo discutido se encuentra al margen de la Constitución, pues el CNE no tuvo la iniciativa legislativa.

Según esta interpretación del CNE al contenido del artículo 204 de la CRBV el Parlamento Nacional esta impedido constitucionalmente de proponer directamente anteproyectos de ley en materia electoral o de referendos porque esta competencia es exclusiva del organismo comicial.

En caso que esta interpretación del CNE al contenido del artículo 204 de la CRBV sea correcta significaría que el organismo comicial incurrió en una mora legislativa de 17 años en la redacción de la Ley de Referendo, los 10 últimos año bajo la presidencia de Lucena.

La entonces Rectora-Presidente del Consejo Nacional Electoral estaba equivocada. El numeral sexto del Artículo 204 debe entenderse como la habilitación del CNE para introducir a la discusión de la Asamblea Nacional proyectos de legislación electoral y sólo de esta materia, jamás como la prohibición de que otros entes y actores ejerzan la iniciativa de leyes electorales; la Asamblea Nacional, por caso—que tiene como misión principal precisamente la fabricación de leyes de cualquier tipo—, el Presidente de la República o la iniciativa popular: “los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”. (Hoy en día, un poco más de veinte mil electores).

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Premoniciones oníricas

Nebulosa del Velo, fotografiada por el telescopio Hubble

 

Caminaba la loma más bien suave de una colina, fácilmente superable en la neblina. (O quizá la noche, tal vez la madrugada). Iba, con muchos otros, en una dirección generalmente definida. Miraba fijamente al sendero, que aparecía bajo sus pies en cuanto los movía. Caminaba en penumbra hacia la luz.

En el trayecto, sus ojos distinguían en el suelo, y querían entender, papeles impresos con letras muy negras que nunca llegaron a significar nada. Los abría con sus manos y eran totalmente intrascendentes, pero no podía evitar recogerlos aunque nunca había leído algo importante, nada que ameritara distraerse del camino concentrándose en ellos. Siguió cruzando la loma sin demasiada prisa. Sabía que tenía que hacer algo. (¿Cumplir una misión, decir alguna cosa?) No podía cejar ante tan grave deber.

Después de un tiempo sin haber alcanzado su desconocido destino, oyó una voz grave y lejana que creyó ubicar en las alturas. “¡Date prisa!”, le decía. Siguió caminando lentamente. Al cabo de un rato volvió a escuchar la urgencia: “¡Apresúrate!” Aceleró el paso, y cuando le pareció que llegaba adonde debía estar, la voz penetró su alma de nuevo y le dijo, tranquila pero decisivamente: “Demasiado tarde”.

Se trataba de un sueño, y despertó para vestirse y desayunar antes de ir a la pequeña plaza a esperar el autobús que lo llevaría al colegio. Hacía frío, por lo que vestía su chaqueta de cuero, y vio el rocío sobre las hojas y alguna telaraña perlada de gotas de agua. Entonces tenía seis años de edad.

Varias veces llegaría a soñar exactamente lo mismo. La última vez, cuando tenía treinta y cinco años más. LEA

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