Por debajo de nuestra grave crisis de funcionalidad política es posible detectar un mal seguramente más definitivo. A fin de cuentas, el soma político venezolano, el “país nacional”, está dando muestras consistentes de reacción, aun cuando todavía la mayoría de esas reacciones continúe estando enmarcada dentro del viejo paradigma. El proceso patológico más preocupante en Venezuela, pero no por eso más fácilmente percibido es el de su insuficiencia política constitucional.
Se ha definido a Venezuela como un Estado, pero es sostenible la tesis de que Venezuela no ha sido plenamente soberana en ningún momento de su historia. En un famoso debate televisado entre Rafael Caldera y Arturo Úslar Pietri durante la campaña electoral de 1963, el primero de los nombrados quiso defenderse de las acusaciones de “izquierdismo” que Úslar infería a COPEI al recordarle que durante el gobierno de Medina Angarita, del que Úslar fue parte importantísima, el partido de gobierno de la época estableció alianzas electorales con el Partido Comunista de Venezuela, y que, además, durante ese período se estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. En un descuido, Úslar Pietri se excusó diciendo que tales relaciones con los rusos se habían establecido “por presión abierta y expresa del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”.
Es cierto que con acontecimientos tales como las nacionalizaciones de las industrias del gas natural, el petróleo y el hierro, pareció progresarse hacia una mayor independencia económica. Pero, recientemente, al haberse agravado dos procesos muy importantes de la interfase con el medio externo, la “soberanía” de Venezuela ha quedado más vulnerada. En efecto, el proceso de crecimiento acelerado del endeudamiento externo de la Nación, junto con la pérdida brusca de valor de la divisa venezolana de los últimos años, han reducido la soberanía nacional.
Pero estos dos procesos no han hecho más que poner de manifiesto de modo más agudo lo que es un problema constitucional de Venezuela. Su insuficiencia política constitucional es la insuficiencia de su razón de Estado. En términos escuetos esto significa que Venezuela por sí sola, en tanto Estado políticamente independiente, no tiene viabilidad política o económica a largo plazo. Esto es así por cuanto ahora más que nunca, cuando los procesos fundamentales de la civilización humana transcurren por las sendas de la acelerada informatización y la tecnología “alta”, los interlocutores políticos de verdadero peso en la escena internacional son entidades de escala considerablemente mayor a la de Venezuela.
No es bastante
Lo cierto es que Venezuela no posee población suficiente (cuantitativa y cualitativamente hablando) como para, por ejemplo, constituir un mercado interno que dé base suficiente para un desarrollo industrial suficientemente diversificado. Por lo que respecta a sus exportaciones, éstas continúan correspondiendo en su abrumadora mayoría a actividades primarias de extracción, por definición agotables. En estas condiciones, y con el patrón dominante de reacción en el sector empresarial (se reacciona a la inflación inflando los precios, con lo que no sólo reduce la demanda para las empresas, sino también el nivel de vida de la población por reducción del consumo), el desempeño económico de Venezuela no es base para una autonomía.
Por estas razones, la actual concepción de Venezuela como Estado independiente, gravita de modo adverso sobre la economía del país. Esta vulnerabilidad se manifiesta, por ejemplo, en las relaciones de Venezuela con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La dificultad de plantearse una acción como exportador de petróleo independiente, lleva a Venezuela a considerar esencial para su bienestar y seguridad la asociación en el cartel de la OPEP, a pesar de complicaciones diversas y de la heterogeneidad cultural prevaleciente en la organización y el predominio de los países de cultura árabe en razón de su mayor capacidad petrolera inmediata. (Es decir, aún dentro de la OPEP misma, la influencia de Venezuela es reducida). Si Venezuela fuese realmente un Estado con potencialidad de soberanía, no necesitaría la asociación en la OPEP, y su participación en la misma sería materia completamente electiva.
Por lo que respecta a los aspectos militares y de seguridad, la capacidad de Venezuela es despreciable frente a la de las potencias mundiales y aún es deficiente ante la de “minipotencias” regionales. (Cuba, por ejemplo). Esta situación se ha agravado recientemente con el encarecimiento de los equipos militares importados y la simple contracción en el monto de divisas disponibles al Gobierno Nacional.
La insuficiencia política constitucional venezolana es percibida de muchos modos, aunque muy rara vez se la percibe como una insuficiencia en la razón de Estado. Por ejemplo, Ramón Escovar Salom ha insistido en más de una ocasión en que cobremos conciencia de que somos “país pequeño”; más de una voz se ha alzado para decir que debiéramos buscar un tratamiento conjunto de la deuda latinoamericana e incluirnos en ello; los postulantes de una integración económica, sea andina o latinoamericana no hacen otra cosa que reconocer la insuficiencia; etcétera. Pero pocos dan el salto perceptual necesario para reconocer la verdad completa: nuestro diseño como país independiente tiene escasa o nula viabilidad.
Las consecuencias económicas de tal situación son muy claras. Es relativamente fácil montar alguna industria dentro de un perímetro nacional protegido por barreras aduanales. Lo que no es fácil es lograr un grado significativo de diversificación sobre esa base de consumo local, pues el mercado interno es muy pequeño y, para colmo, reducido aún más por el desempleo y la inflación, ambos fenómenos reductores de la demanda global. En tales circunstancias, los costos de producción, en ausencia de economías de escala, hacen muy caros los productos de fabricación nacional.
La insuficiencia política constitucional venezolana contribuye decisivamente, por último, al agravamiento de la insuficiencia política funcional manifestada, por poner un solo caso, en el gravísimo deterioro y en la marcada insuficiencia de nuestros servicios públicos. El hecho de tener que gastar altas proporciones del Presupuesto Nacional e ingentes cantidades de tiempo y dedicación a asuntos de Estado (cancillería, defensa ante terceros estados, etcétera), involucra un drenaje de recursos a funciones de gobierno propiamente dicho, lo que redunda en menor posibilidad de atención a los problemas internos. En momentos cuando la situación problemática interna, tanto política como económica, es de carácter agudo, la función de Estado es francamente onerosa.
Falta una cosa
En síntesis, no es sino fuera de la actual concepción de Venezuela como Estado políticamente autosuficiente que podrá resolverse nuestro defecto económico constitucional: Después de todas las vueltas que se quiera darle, el mercado venezolano, creciendo a tasas que admita la gobernabilidad de la sociedad, nunca podrá alcanzar el tamaño requerido para que la producción permita a su vez un nivel de precios que incorpore al consumo a la mayoría de la población. No es sino fuera de la actual concepción de Venezuela como Estado políticamente autosuficiente como podremos agregar algo más a la significación histórica de nuestra sociedad: más allá de lo que Bolívar hizo, pues después de su realización poco queda que pudiera anotarse en una enciclopedia de las realizaciones universales.
Y la nueva concepción no es otra cosa que la vieja concepción de la integración política de Venezuela en un conjunto de naciones afines. Nosotros hemos creído que debíamos transitar la ruta europea, la de la previa integración económica, para arribar a ella. Por eso resulta interesante registrar la admonición reciente de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía y líder de la llamada escuela monetarista de Chicago: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria”.
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