Los padrinos y el cura del 5 de marzo: el bautizo de un golpe de Estado en La Esmeralda
Con la sola excepción de Teodoro Petkoff, que repudió públicamente el decreto de constitución del gobierno usurpador de Pedro Carmona Estanga poco después de que fuera promulgado, ningún dirigente de oposición ha marcado distancia del golpe de Estado del 12 de abril de este año. De modo indirecto, Primero Justicia es el único partido que se distanciara, al expulsar de sus filas a Leopoldo Martínez en cuanto se supo que había aceptado un puesto en el gabinete ministerial de Carmona. Mientras los partidos y sus dirigentes no pronuncien una explícita condena de lo acontecido el 12 de abril, que tiñó con la sospecha un gigantesco movimiento civil manipulado por los golpistas, no podrán recuperar la confianza del Pueblo.
En el día de hoy, el último del año, el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría en el que este amigo solicitó: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llama “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él dice Olavarría que deponer a Chávez militarmente no puede ser tenido por acción subversiva y recomienda un gobierno militar de transición.
La contestación del suscrito se copia a continuación:
Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos. No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”
Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado. Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”
Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo:
Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.
Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.
Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo. Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.
Recibe un saludo muy cordial
Luis Enrique
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La nota en El Universal (3 de febrero) a la que se hace alusión es la combinación de sendas entrevistas de Ernesto Ecarri a Ángel Álvarez y el suscrito. Ecarri se interesó en el artículo citado de la Declaración de Derechos de Virginia que yo le proporcionara, publicándolo de modo destacado, y Jorge Olavarría publicó de seguidas dos artículos sucesivos con el título Derecho de rebelión, así como fue al noticiero de Televén a predicar su punto de vista. Esto suscitó mi preocupación, y logré que Carlos Fernandes, periodista de esa planta, dedicara una de las ediciones de Triángulo, el programa que conduce, al tema de ese derecho el lunes 25 de febrero de este año que concluye. Fue la primera vez que formulara en público la noción de un Acta de Abolición. A raíz de esta intervención, fui entrevistado al día siguiente por Marta Colomina, quien escribió un artículo que apoyó la iniciativa el domingo 3 de marzo. Finalmente, Rafael Poleo me pidió ese mismo día un artículo para la revista Zeta, que publicó a la semana siguiente. He extraviado el texto completo; de él sobreviven sólo los fragmentos que cité en mi contestación al correo de Olavarría. Vista en retrospectiva, fue profética la mención del elenco de Carmona, Velasco, Ortega y Rincón. Ellos fueron, al mes siguiente, protagonistas principalísimos del golpe del 12 de abril.
El daño que este golpe de Estado, del que Carmona fuera mascarón de proa, infligió a la sociedad civil venezolana que él traicionó, persistirá hasta que el silencio alcahuete de la dirigencia opositora se transforme en activa condena.
LEA
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El amigo Fausto Masó me hizo conocer el texto de un artículo de Jorge Olavarría, publicado en el diario El Nacional el 9 de septiembre de 2003. que transcribo a continuación:
Clausurar la Coordinadora Democrática
Una de las más graves carencias de la oposición con respecto al gobierno de Chávez es su probada incapacidad para aprender de sus errores y rectificar. Allí está el ejemplo de la catástrofe en la que terminó la valiente y noble rebelión del 11 de abril de 2002, la cual no produjo las sanciones y rectificaciones que del lado de la oposición han debido concretarse en acciones sancionatorias y de repudio a todo lo que dijo e hizo Carmona.
Lo que no se hizo y se ha debido hacer está por encima de la solidaridad de la coincidencia circunstancial de la oposición a Chávez, la cual fue secuestrada en mala hora y con malas artes.
Lo que ha debido nacer del esfuerzo y la sangre derramada el 11 de abril abortó al día siguiente el feto de un monstruo que había sido concebido en el secreto de unos conciliábulos arteros, en los que la codicia y las ambiciones bastardas de un sector de la plutocracia copuló impúdicamente con el oportunismo de un puñado de aventureros sin principios —civiles y militares— que quisieron beneficiarse del repudio que el país siente por Hugo Chávez. La lección que se ha debido aprender es que no basta oponerse hoy a Chávez para eximirse de la responsabilidad de haber creado todo lo que produjo a Chávez.
La Coordinadora Democrática no fue culpable de aquella primera catástrofe. Es más, se creó para evitar que semejante cosa volviera a suceder.
Sin embargo, muchos de quienes se integraron a ella tenían culpas y responsabilidades que han debido purgar y no purgaron, que han debido ser veto para evitar que su presencia, y sobre todo su mentalidad, contaminara lo que nació para coordinar las acciones de la enorme rebelión civil venezolana, no para apropiarse de ella y querer repetir la hazaña del ex Presidente de Fedecámaras.
La segunda catástrofe, la de un paro llamado “cívico” que se inició en diciembre del año pasado, que nadie aprobó pero que nadie tuvo el coraje de hacer algo eficaz y enérgico para detener la irracional dinámica que cobró, tampoco fue culpa de la Coordinadora.
Recordemos las cosas como fueron. En el paro cívico, la alianza opositora fue desplazada por tres organizaciones que son parte de ella, pero son autónomas:
la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Fedecámaras y Gente del Petróleo.
Las tres arrastraron a la oposición a un esfuerzo suicida y extemporáneo.
Sin embargo, la responsabilidad de cada uno no es pareja.
Fedecámaras mantuvo en su Presidencia al tercer firmante del “acta” de instalación del gobierno de Carmona, con lo cual implícitamente se hizo corresponsable de lo que éste había hecho. No hubo sanción ni rectificación. La organización obrera y la empresarial explícitamente habían aprobado en sus organismos de dirección que la huelga no sería indefinida.
No lo fue y no hubo rectificación ni sanción. La asociación de ejecutivos petroleros, agrupados en una aberración intolerable como precedente de un sindicato de gerentes, tomó ella sola la medida decisiva con la cual arrastró a todos a lo que en definitiva sucedió. Y para ellos no ha habido sanción ni rectificación.
Por el contrario, los errores se han premiado. El tercer error si es a plenitud de la Coordinadora Democrática y, dentro de ella, del gobernador Enrique Mendoza. Ha llegado la hora de pedir que se rectifique y se le sancione. La posposición del referéndum revocatorio, por el error de haber insistido en presentar unas planillas que se sabía tenían un encabezado errado, le ha hecho ganar al Gobierno lo que la oposición no ha debido perder jamás: tiempo. La Coordinadora Democrática está indisolublemente ligada a la persona del gobernador Mendoza.
Ese no fue su propósito inicial, ni debe ser su función. Pero lo es. En política, los errores se pagan. La Coordinadora Democrática debe ser desmantelada, clausurada y disuelta. Si no se hace así, las posibilidades de que Chávez se salga con la suya y se quede en el poder por encima de la voluntad mayoritaria de quienes quieren votar para revocar su mandato, son muy altas.
NO HABER RECONOCIDO que el encabezado de la planilla del Firmazo era legalmente muy vulnerable, y podía ser declarado inadmisible por el CNE, y haberse negado a recoger firmas para una solicitud bien hecha cuando quedaba tiempo, como encarecidamente les pedí que lo hicieran, va a significar que el referéndum revocatorio ya no se va a celebrar este año, como pudo haber sido. Si las apelaciones a lo que inevitablemente va a decidirse y otras torpezas no lo posponen aún más, el revocatorio, con suerte, será en enero o febrero de 2004.
¡Otra vez hallacas con Chávez en el gobierno! Esto, gracias a la genialidad de Enrique Mendoza y el combo de estrategas de botiquín que lo acompañan.
ENRIQUE MENDOZA AMENAZA QUE si se anuncia la inadmisibilidad del encabezado de la planilla de Súmate, la cual no es una solicitud sino una proclama que anuncia que los ciudadanos a quienes pusieron a firmar harán ellos un referéndum revocatorio, ordenará “tomar la calle” para marchar en protesta e intentar lograr con presiones tumultuarias, lo que ha podido lograr si hubiera hecho bien lo que se debía hacer. Habrá que preguntarle:
¿En protesta de qué?, ¿de su torpeza?, ¿de su terquedad?, ¿de su arrogancia? La lección de la huelga de diciembre no se ha aprendido.
SIN EMBARGO, A PESAR DE LAS TORPEZAS de la oposición y las maniobras dilatorias del Gobierno, las posibilidades reales de que el referéndum revocatorio se celebre algún día son muy altas. Pero esto no quiere decir que Chávez va a perderlo.
Hoy las encuestas no prueban concluyentemente que la revocación de Chávez sea segura. Su revocación es posible y su ratificación también. Si la oposición sigue cometiendo errores, tácticos y estratégicos, Chávez puede ganar el revocatorio.
UNA RECIENTE ENCUESTA de Consultores 21 ratifica la desconcertante anomalía de que en un país destrozado por un demagogo insensato, que rechaza a su gobierno con márgenes superiores a 70%, en una lista cerrada de candidatos 31% de los electores responde que votaría por Chávez. ¡Así será de mala la oposición, que la sumatoria de dos de los tres candidatos que le siguen (Salas, Mendoza y Borges) no llega a 30%.
Y a pesar de la recuperación de AD, el MVR lo duplica, y cuadruplica a Proyecto Venezuela y Primero Justicia. Con estos indicadores no se puede cantar victoria.
LA ESTRATEGIA DE CHÁVEZ ante el revocatorio es clara y simple:
1) evitar que se celebre.
2) Si es inevitable, maniobrar para prorrogarlo para que a) coincida con las elecciones de gobernadores y alcaldes de julio de 2004 o b)se celebre después del 19 de agosto de 2004, cuando sea inocuo, pues en este caso, el vicepresidente finaliza el período. 3) Si no puede prorrogarlo más allá del tiempo que la torpe arrogancia de la Coordinadora ya le regaló, entonces Chávez se propone ganar el referéndum. ¿Cómo?
Tomándolo como ratificatorio de su mandato, pidiendo votar No contra la oligarquía, a los golpistas a los Carmona y a los que quieren regresar al pasado.
¿QUIÉN SE LE VA A OPONER A CHÁVEZ en la campaña del revocatorio, en la que llame a votar No contra la oligarquía y al pasado? No serán los candidatos que hoy están en el aparato porque eso sería desastroso.
Los que no están y aspiran a estarlo basta que se les escoja como voceros de algún acto, para que entren en órbita, como es el caso del hasta ayer sensato Alejandro Armas, que me dicen anda picado del virus presidencialitis; la autolanzada Cecilia Sosa, que dice que ella sí le “echa pichón”; el empresario de la mazamorra americana, Rafael Alfonso, que no quería firmar el acuerdo del 23 de mayo y el ex guerrillero del cerro del Bachiller, Américo Martín. Si cualquiera de ellos fuera capaz de recitar el poema de Alberto Arvelo como lo hizo Chávez la semana pasada, pudiera ser. Pero como ninguno es capaz de semejante proeza poética, no puede ser.
CHÁVEZ HA FANFARRONEADO en los cuarteles que si es revocado, ganará la elección siguiente. Pero con o sin la sentencia 2.404, que dicen fue forjada y que a pesar de serlo fue “aclarada”, Chávez no puede ser candidato en la elección, porque se produce la falta absoluta del funcionario revocado.
Esto lo inhabilita para presentarse a la elección para suplir la falta, la cual debe hacerse dentro del mes siguiente de producida, como lo manda el artículo 233 de la Constitución. La elección es para un nuevo Presidente.
El revocado está inhabilitado de presentarse a esta elección.
Pero no queda inhabilitado para ser candidato a un cargo electivo en otra elección. En otras palabras, si Chávez es revocado, podrá ser candidato en las elecciones de 2006. De tal manera que dependerá de cómo se gobierne hasta esa fecha que regrese Chávez en el año 2006. ¿Imposible? Pérez regresó. Caldera regresó. Perón regresó.