Fue durante el segundo gobierno de Rafael Caldera que la noción de derecho a la «información veraz» fue introducida al debate público en Venezuela. Se llegó a intentar que los países de la Comunidad Iberoamericana, reunidos en Margarita hacia el final del período, incluyeran un explícito apoyo a la idea en su declaración final. La iniciativa fue finalmente rechazada, y ni siquiera se atendió el pedimento en concesión cortés al anfitrión del encuentro.
Y es que la definición de lo que es información veraz es asunto realmente enrevesado. En cambio, es bastante más fácil identificar una mentira. (Por ejemplo, en el derecho norteamericano el perjurio es uno de los más graves delitos, al que se castiga implacablemente). Tal vez, por tanto, ha debido irse a la caza de la información falaz, en lugar de pretender la garantía de una inasible información veraz, lo que en todo caso se prestaría para toda clase de abusos por parte de un censor público y vulneraría la más preciada conquista de las repúblicas democráticas: la libertad de expresión.
De modo análogo, la defensa activa, políticamente intensa, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pareciera tener de su lado a la lógica. En esta misma publicación hemos argumentado que la Sala Electoral es la Sala de los Electores, y que si alguna sala del TSJ debiera tener preeminencia ésa debiera ser la Sala Electoral.
Pero es que el Tribunal Supremo de Justicia debiera ser, en un Estado de Derecho, una instancia colocada más allá del bien y del mal, y por esta razón involucrar a la Sala Electoral en la diatriba política, a la larga, le haría un flaco servicio. Haríamos el juego así al corrosivo programa del gobierno, que no tiene escrúpulos a la hora de vulnerar todo elemento de nuestra precaria armazón institucional.
El camino correcto es, entonces, no la defensa de la Sala Electoral. Ella se está portando muy bien, y ante ella debiéramos limitarnos a acatarla y respetarla. El verdadero camino político es el ataque a la Sala Constitucional. Es ésta uno de nuestros peores enemigos; es ésta la que adultera el Derecho. La consigna, por tanto, antes que la defensa de la Sala Electoral, es el más generalizado e indignado repudio de la Sala Constitucional. Es contra sus vendidos componentes que debemos apuntar las baterías.
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