Ha llegado a mis manos un indignado correo de Diego Arria Salicetti, el ex gobernador del Distrito Federal de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, desde hace muchos años residente en los Estados Unidos. En su comunicación emite graves calificativos contra el ex presidente Carter, a raíz de artículo de éste en The Washington Post.
He aquí lo que dice Arria (he arreglado una que otra obvia incorrección de su escritura y suprimido las ilegítimas comillas que emplea cuando «cita» a Carter, por cuanto así intenta hacer creer que ciertas frases son textuales del ex presidente cuando no es así): «En esta columna del domingo en el Washington Post, Jimmy Carter destaca lo imprescindible de contar con una autoridad electoral no partidista y confiable que conduzca el proceso—antes y después de la votación. Dice que las autoridades de la Florida han demostrado que son por lo contrario gente que sigue línea partidista violando así la condición universal de que la autoridad electoral sea confiable en el manejo de todo el proceso electoral Esta declaración de Carter es obviamente correcta pero lo incorrecto e inmoral de su parte es que sabiendo que en Venezuela la situación era bastante peor que en la Florida (donde existe un gobierno democrático) se haya olvidado de esta ‘condición universal’ de confianza que debe merecer un ente electoral De un cinismo aún mayor—si se puede—es que destaca que en la elección del 2000 en Florida parece que los problemas de entonces van a repetirse… aun cuando en muchas otras naciones se están conduciendo elecciones internacionalmente certificadas como transparentes, honestas y justas… y cita aquí a Venezuela como uno de estos ejemplos Me parece que todos debemos escribir cartas al Editor del Washington Post. Diego».
O Diego Arria ha olvidado su inglés o su sesgo particular le permite extrapolar interpretaciones absolutamente inexistentes en el texto de Carter. Para empezar, en ninguna parte Carter ha dicho que no supervisa las elecciones de Florida porque en ellas haya ausencia de una comisión electoral no partidista o un funcionario no partidista en quien se confíe («A nonpartisan electoral commission or a trusted and nonpartisan official»). Ha dicho que no atiende Florida porque concede su atención prioritaria a las demandas internacionales—es en este contexto que menciona a Venezuela junto con otros países—y en ningún instante califica al referendo celebrado en nuestro país como una de las elecciones «internacionalmente certificadas como transparentes, honestas y justas», calificación que Arria extrae del aire. Por lo contrario, Carter dice claramente que todas las más de 50 elecciones internacionales que ha observado han sido celebradas bajo condiciones protestadas, perturbadas o peligrosas. («The Carter Center has monitored more than 50 elections, all of them held under contentious, troubled or dangerous conditions»). Carter hace su comentario sobre Florida en respuesta a otra pregunta: «¿Cómo explica usted los serios problemas con las elecciones allí?» («How do you explain the serious problems with elections there?») La interpretación de Arria Salicetti es enteramente inexacta, a pesar de que primero reconoce que Carter tiene razón respecto de Florida y por tanto también es inconsistente.
Más aún, Carter deja constancia de que él, junto con el ex presidente Ford, lideró un grupo bipartidista de expertos que elevó recomendaciones al Presidente y el Congreso de los Estados Unidos, justamente a partir de las dificultades electorales de Florida en 2000, y apunta también que su trabajo motivó la ley «Ayuda a América a Votar» de 2002, muchas de cuyas recomendaciones, lamenta, no han sido llevadas a la práctica por causa de «financiamiento inadecuado o disputas políticas».
La verdad es que el Centro Carter y la misión de la OEA hubiesen excedido sus funciones de observador si se hubiesen retirado de la observación del referendo venezolano—que es lo que Arria parece añorar—cuando la oposición convencional y poderosa les suplicaba que estuvieran hasta el último minuto en un proceso con los inconvenientes que justamente Carter y Gaviria reportaron, por cuanto les tenía por la única garantía. Así declararon sus líderes con la mayor vehemencia que, como no confiaban mucho en el CNE, sólo aceptarían los resultados que esos observadores certificaran. Todos sabemos que semejante declaración no fue cumplida y, por lo contrario, se llena de denuesto a Carter y a la observación de la OEA.
Esta observación, debe recordarse, tuvo una posición mucho más clara y valiente que la de la Coordinadora Democrática el tristemente célebre martes de carnaval de este año. Ese día, se recordará, Francisco Carrasquero anunció el proceso de reparo de las llamadas firmas de caligrafía similar, lo que en minutos provocó la explosión de innumerables focos de protesta por todo el país.
Ya antes, en la fecha del fatídico martes de carnaval, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter habían puesto en bandeja de plata, para uso de la oposición, su diplomática pero clarísima opinión de que lo decidido y anunciado minutos antes por Francisco Carrasquero estaba sustentado sobre criterio no compartido por los observadores internacionales. (Por absurdo).
Recordemos la secuencia. Primero Carrasquero leyó las cifras que reconocían como válidas solamente a un millón ochocientas mil firmas y separaban para posterior «reparo»—o examen de reparación—un poco más de 876 mil firmas por aquello de las planas.
En minutos la protesta espontánea hizo erupción en varios puntos del país, y es en ese clima de indignación ciudadana que Fernando Jaramillo y Jennifer McCoy deciden hacer su rueda de prensa. Ambos fueron claros: el criterio para no tener por válidas las firmas en «planillas planas» no les convencía, y su aplicación podía «afectar los resultados». También reiteraron su proposición de zanjar el asunto con el empleo de un procedimiento muestral.
Pero hubo más. El discurso inicial de Jaramillo mostraba un inequívoco carácter de despedida, pues comenzó a agradecer a los amigos de la Comunidad Europea por el apoyo brindado a la misión de observación y asimismo agradeció a los más de trescientos funcionarios de la OEA y el Centro Carter que habían trabajado en la observación, durante «estos meses». Es decir, Jaramillo emitía la señal de que estaba listo para dar informe definitivo de desaprobación al CNE en caso de que la Coordinadora Democrática optara por resonar con el país y dar, ella, la proverbial patada a la mesa.
Y es entonces, cuando el humo de los neumáticos quemados clamaba al cielo desde cientos de puntos del país, como habla a la Nación, en nombre de la CD, Julio Borges, flanqueado por el nuevo héroe nacional Antonio Ledezma. (Porque—»en aras de la unidad»—recientemente ha sabido capitalizar su «renuncia» a «legítimas» aspiraciones a cargo de alcalde, cuando no hace demasiados meses volantes que adelantaban su postulación como candidato presidencial tapizaban los suelos recorridos por alguna marcha cívica. Es ese cargo sobre el que sus miras están verdaderamente puestas).
Lo primero que dijo Borges fue que la CD «no estaba negociando nada». ¿Por qué creyó necesario la CD—o al menos su vocero de esa noche—arrancar su alocución al país con tal aclaratoria? Lo cierto es que los observadores internacionales no podían ir más allá de lo que declararon, y después debieron admitir el guión negociador de los coordinadores de la oposición.
Es así como la CD, inmersa ahora, además, en el tráfago de las elecciones regionales y municipales, pareciera insistir en líneas que a la larga relegitiman el régimen como gobierno democrático. ¿No están todos yendo a unas elecciones? ¿Cómo se puede argumentar—se preguntará, por ejemplo, un atareado Jacques Chirac—que el gobierno de Chávez es autocrático, si todos los partidos han inscrito candidatos a esas elecciones? (La cita en cursivas es de la Carta Semanal #80 de doctorpolítico, del 1o. de abril de 2004).
Fue la Coordinadora Democrática, la misma que dio la espalda a Martini Urdaneta, la que insistió en la ruta pompeyista de «la rendija» de los reparos, y convirtió a Quirós Corradi, ahora pendiente de las consecuencias de su solidaria firma en el decreto horrible de Carmona, en el negociador estrella de «la oposición».
Yo recomendaría a Diego Arria que revisara su lectura del artículo de Carter, porque las acusaciones de inmoralidad y cinismo que arroja sobre éste son tan graves como infundadas e injustas. El país debe una enormidad al ex presidente Carter y al ex secretario general Gaviria, y es una vergüenza nacional que se les ataque de modo tan irresponsable.
LEA
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apéndice: texto en inglés de artículo de James Carter en The Washington Post
Still Seeking a Fair Florida Vote
By Jimmy Carter
Monday, September 27, 2004; Page A19
After the debacle in Florida four years ago, former president Gerald Ford and I were asked to lead a blue-ribbon commission to recommend changes in the American electoral process. After months of concerted effort by a dedicated and bipartisan group of experts, we presented unanimous recommendations to the president and Congress. The government responded with the Help America Vote Act of October 2002. Unfortunately, however, many of the act’s key provisions have not been implemented because of inadequate funding or political disputes.
The Carter Center has monitored more than 50 elections, all of them held under contentious, troubled or dangerous conditions. When I describe these activities, either in the United States or in foreign forums, the almost inevitable questions are: «Why don’t you observe the election in Florida?» and «How do you explain the serious problems with elections there?»
The answer to the first question is that we can monitor only about five elections each year, and meeting crucial needs in other nations is our top priority. (Our most recent ones were in Venezuela and Indonesia, and the next will be in Mozambique.)
A partial answer to the other question is that some basic international requirements for a fair election are missing in Florida.
The most significant of these requirements are:
—A nonpartisan electoral commission or a trusted and nonpartisan official who will be responsible for organizing and conducting the electoral process before, during and after the actual voting takes place.
Although rarely perfect in their objectivity, such top administrators are at least subject to public scrutiny and responsible for the integrity of their decisions. Florida voting officials have proved to be highly partisan, brazenly violating a basic need for an unbiased and universally trusted authority to manage all elements of the electoral process.
—Uniformity in voting procedures, so that all citizens, regardless of their social or financial status, have equal assurance that their votes are cast in the same way and will be tabulated with equal accuracy.
Modern technology is already in use that makes electronic voting possible, with accurate and almost immediate tabulation and with paper ballot printouts so all voters can have confidence in the integrity of the process. There is no reason these proven techniques, used overseas and in some U.S. states, could not be used in Florida.
It was obvious that in 2000 these basic standards were not met in Florida, and there are disturbing signs that once again, as we prepare for a presidential election, some of the state’s leading officials hold strong political biases that prevent necessary reforms.
Four years ago, the top election official, Florida Secretary of State Catherine Harris, was also the co-chair of the Bush-Cheney state campaign committee. The same strong bias has become evident in her successor, Glenda Hood, who was a highly partisan elector for George W. Bush in 2000. Several thousand ballots of African Americans were thrown out on technicalities in 2000, and a fumbling attempt has been made recently to disqualify 22,000 African Americans (likely Democrats), but only 61 Hispanics (likely Republicans), as alleged felons.
The top election official has also played a leading role in qualifying Ralph Nader as a candidate, knowing that two-thirds of his votes in the previous election came at the expense of Al Gore. She ordered Nader’s name be included on absentee ballots even before the state Supreme Court ruled on the controversial issue.
Florida’s governor, Jeb Bush, naturally a strong supporter of his brother, has taken no steps to correct these departures from principles of fair and equal treatment or to prevent them in the future.
It is unconscionable to perpetuate fraudulent or biased electoral practices in any nation. It is especially objectionable among us Americans, who have prided ourselves on setting a global example for pure democracy. With reforms unlikely at this late stage of the election, perhaps the only recourse will be to focus maximum public scrutiny on the suspicious process in Florida.
Former president Carter is chairman of the Carter Center in Atlanta.
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