El miércoles 13 de abril, César Miguel Rondón entrevistaba al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, dentro del nuevo patrón del programa 30 minutos, que ahora concede un espacio antes desusado a funcionarios y partidarios del gobierno de Hugo Chávez Frías. La entrevista era, por supuesto, muy oportuna. Hay revuelo en el mundo educativo y civil, donde se ha suscitado una importante discusión—y bastante rechazo—a las nuevas iniciativas gubernamentales, ejemplificadas por el decreto 3.444.
La participación de Istúriz fue no poco agresiva—logró sobrepujar a Rondón y tomar más tiempo del que normalmente se concede a los invitados—pero también fue evasiva. Más de una pregunta del entrevistador era desatendida y desviada por el entrevistado. Una en particular debió contestar: Rondón preguntó qué pasaría con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra si algún profesor se conducía como opositor al régimen. A lo que Istúriz respondió que no habría ningún problema si algún profesor no «estaba alineado» con Chávez, pero que la educación «tenía que estar alineada con el proyecto de país», y que este proyecto estaba contenido en la Constitución o era la Constitución misma. Y Rondón dejó pasar sin objeción, tal vez acosado por el inmisericorde tiempo televisivo, semejante declaración.
El dislate de Istúriz da para más de un comentario. Para empezar, su proposición se inscribe en la mitología de los proyectos de países, lamentablemente muy extendida. Allá en la década de los noventa, por ejemplo, Elías Santana, el incansable dirigente vecinal y cívico, buscaba organizar el movimiento «Venezuela 20-20». En principio quería visualizar, sobre el año 2020, la clase de país que sería Venezuela tras la aplicación de un «proyecto-país». (En realidad la designación 20-20 aludía no sólo al año, sino por vía metafórica a una vista o «visión» 20-20, la fórmula abreviada con la que se designa a una vista perfecta. El uso de la metáfora no era, por otra parte, demasiado original. Ya entonces existía para la Península Malaya, uno de los «milagros» económicos del Lejano Oriente, el plan «Malasia 20-20», exactamente con la misma intención simbólica de Santana). La convocatoria original de Santana afirmaba de una vez que el «proyecto de país» debía cristalizar en una nueva constitución.
Análoga pretensión prosperó durante los meses terminales de la Coordinadora Democrática. Todos recordamos la elaboración del tristemente célebre «consenso-país», iniciativa que consumió innumerables reuniones de elaboración coordinadas por Diego Bautista Urbaneja, y que a la postre fue incapaz de contrarrestar la oferta bastante más concreta de las «misiones» chavistas, de mucho mayor pegada en el lapso de campaña del referendo revocatorio presidencial. En su momento—20 de noviembre de 2003—esta carta advirtió sobre la inanidad del esfuerzo (#63, «Consenso bobo»): «Los documentos del ‘consenso-país’—que incurre desde su propio nombre en la usurpación, pues ‘el país’ no lo ha elaborado, como tampoco la Nación elaboró nuestros vetustos y ya olvidados planes ‘de la Nación’—indican una clase particular de proposiciones en su contenido: la de las ‘seudoproposiciones’. Son afirmaciones tan generales como las de que hay que ‘reactivar la economía’, ‘combatir la pobreza’ o ‘eliminar el desempleo’.»
Los países tienen la mala costumbre de construirse a sí mismos, sin requerir un «proyecto» intencional y explícito. Nunca ha existido un proyecto para los Estados Unidos, por ejemplo. Aun en los países de economía de planificación central, como lo fuera la Unión Soviética, lo que a lo sumo pueden hacer los gobiernos más totalitarios que el mundo haya conocido es imponer una camisa de fuerza a la actividad económica, la que tarde o temprano revienta por efecto de las realidades que termina por imponer la vida social. Claro que a la pretensión de que a los países se les puede asemejar a proyectos arquitectónicos o corporativos les es muy útil la condición autoritaria. La dictadura malaya, por ejemplo.
Está claro que los Estados pueden poner en práctica políticas deliberadas en casi cada área de su competencia o de su intromisión. Pueden establecer políticas económicas, territoriales, anti o pro terroristas, o políticas de educación, como en el caso que ocupa a Aristóbulo Istúriz. Pero aun las políticas más extensas nunca llegan a cubrir o dominar toda la actividad social, que escapa a la soberbia de los planificadores centrales, quienes pretenden conocer mejor que cualquier ciudadano lo que conviene a su existencia, al punto de que se presentan como capaces de imponer un curso colectivo con varias décadas de penetración temporal.
Sin embargo, estas cosas no son del territorio constitucional. No pertenecen a, no tienen cabida en, el texto de una constitución. Es, por consiguiente, una falacia pretender que las constituciones son «proyectos de país». Las constituciones son, típicamente, la conjunción de una especificación arquitectónica y funcional de un Estado y de un estatuto de deberes y derechos ciudadanos. Tal cosa no es, en absoluto, un proyecto. No es un «modelo de desarrollo». A lo sumo es el diseño del cuerpo político de una nación, de su Estado; nunca prescribirán las trayectorias y etapas de una sociedad entera, que se mueve y vive y se desarrolla por sí misma, muchas veces a pesar de su constitución.
Pero no son estas cuestiones las más graves de las implicadas en el dogma de Istúriz, sino su aseveración de que la educación «debe estar alineada» con nuestro «proyecto de país». La educación, maestro Istúriz, con lo único que tiene que estar alineada es con la verdad.
Porque lo que está diciendo usted, según la falaz terminología gubernamental que considera sinónimas las expresiones «proyecto país», «constitución» y «revolución», es que nuestra educación tendría que ser compatible con la «revolución bolivariana». De aquí no hay sino un paso a la próxima aseveración: que la educación venezolana debiera «estar alineada» con un tal «socialismo del siglo XXI» que, como sabemos por expresas declaraciones de su jefe, ni siquiera ha sido inventado todavía.
No necesitamos, por tanto, que su despacho o el del Ministerio de Educación Superior vengan a alinear nada. La esencia de la definición de las universidades, por caso, es que son comunidades de profesores y estudiantes en busca de la verdad. Ésa es la actividad que les es consustancial, y tal cosa no puede ser alineada, menos todavía alienada a comisarios que reivindiquen ser los depositarios de la verdad revolucionaria.
Mucho antes de que los diversos socios de Hugo Chávez llegaran a ejercer su insolente y pretenciosa dominación, ya la educación venezolana adolecía de un exceso de intromisión estatal en el acto educativo. Salvo el ámbito universitario, que a partir de 1958 comenzó a gozar de autonomía—como contexto imprescindible a la libertad de cátedra—todo el resto del sistema educativo estaba prescrito en los programas aprobados burocrática y centralistamente por el Ministerio de Educación. Hace tiempo ya que necesitamos en nuestro sistema educativo lo contrario de lo que propugna el ministro Istúriz: la libertad.
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