El cardenal Castillo Lara no se quedó con la advertencia de Monseñor Urosa, quien pareció referirse a sus recientes actuaciones políticas al sentenciar la semana pasada: «Los sacerdotes, sea cual sea nuestro rango, no debemos participar en ninguna parcialidad política, aunque tengamos nuestras simpatías». Aludiendo a doctrina vaticana respondió: «El Concilio Vaticano Segundo dice claramente que siempre y en todo caso tiene la Iglesia derecho a predicar la fe y a ejercitar su misión, juzgando también las cosas que se refieren al orden político cuando ello sea exigido por los derechos fundamentales de las personas y por la salvación de las almas».
El problema es que el cardenal ha ido más allá del juicio de cosas que se refieren al orden político—sobre la base de que esto sería exigido por los derechos fundamentales de las personas venezolanas—hasta la prescripción de acciones específicas, como su recomendación de acogerse al artículo 350 de la Constitución. Es allí donde cruza la raya.
No es que el cardenal no tenga pleno derecho, en tanto ciudadano, a asumir una posición política y ser, incluso, activista de su causa. El punto es que entonces no puede serlo en tanto sacerdote, y no puede entonces aducir a favor de la causa el juicio o la doctrina de la iglesia. Eso es lo que claramente le ha dicho la Conferencia Episcopal Venezolana: que por muy respetado que sea, cuando anda en los menesteres que anda no habla por la iglesia.
Todo el mundo sabe, evidentemente, que la iglesia no se conforma con tan canónica asepsia. Son innumerables los ejemplos de intervención eclesial—algunos precisarían: de eclesiásticos—en muy terrenos asuntos políticos, y bastante más allá de unas declaraciones a la prensa o una alocución ante un grupo. Tal cosa ocurre, por otro lado, desde bandos enfrentados. Así como hubo Castillo Lara y Velasco, ha habido Leonardo Boff y Ernesto Cardenal.
Lo cierto es que la coincidencia de la Conferencia Episcopal, el Nuncio Apostólico y ahora el Arzobispo de Caracas, parece confirmar que la iglesia católica venezolana no quiere—ni tampoco la Santa Sede—seguir una línea de confrontación con el gobierno de Chávez. Allá el ciudadano Castillo Lara con sus cosas.
Por cosas parecidas Bolívar, el que Chávez desconoce, no quería que los militares fueran deliberantes. Y como los militares, los eclesiásticos tienen demasiada fuerza a su favor. Los antiguos bellatores, los señores de la guerra, la mayor capacidad de violencia; los oratores ciertos graves poderes divinos, como el anatema. La política común debiera ser incumbencia de los laboratores.
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