Los extremos se tocan, es dicho que se aprende temprano. Esto es, los dos lados de una polarización se parecen, usan procedimientos parecidos, actúan de forma similar. En su época, Georg Wilhelm Friedrich Hegel destacaba cómo los más encarnizados enemigos, a través de la lucha, terminaban pareciéndose entre sí. Este fenómeno permitió que, a comienzos de 2004, la psicóloga jungiana Magaly Villalobos presentara una ponencia ante un congreso de su disciplina, en la que describía la generación de discursos mitológicos por parte del polo gobiernero y el opositor. (Desde el animismo marialióncico y santero del gobierno hasta la involucración de la Virgen María—que incluyó estampitas blandidas por Gente del Petróleo—por parte de la oposición radicalizada). La Dra. Villalobos tituló su ponencia Caimanes de un mismo caño.
Esta semana puede compararse las emisiones de dos de estos caimanes: Ricardo Estévez, directivo de Súmate, y Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pudiera hacerse, incluso, el análisis gestual, el cotejo de sus lenguajes corporales, pero atengámonos al contenido de sus discursos. Veamos primero las pontificales declaraciones de Estévez.
El representante de Súmate (según registra El Universal) declaró que «no se han (sic) asegurado ninguna de las condiciones indispensables» para una elección presidencial transparente y confiable el próximo 3 de diciembre. Al aclarar que Súmate sólo exigía el cumplimiento de la ley, acusó al organismo electoral de no haber «comunicado al país que realmente está pensando en cumplir la ley de cara a este proceso electoral». Una revisión de la legislación electoral, sin embargo, no consigue ningún artículo en el que se prescriba que el Consejo Nacional Electoral deba «comunicar al país» que realmente piensa cumplir la ley. (Más allá de los juramentos de ley que cada funcionario hace al asumir su cargo). Si a ver vamos, la Alcaldía de Chacao tampoco ha comunicado tal cosa a los habitantes de ese municipio.
La implicación oculta, por supuesto, es que si el organismo electoral no comunica al país que «realmente está pensando en cumplir la ley» es porque realmente no está pensando en cumplir la ley. Estévez pudiera pasearse por el siguiente hecho: Súmate tampoco ha comunicado al país que realmente esté pensando en cumplir la ley «de cara a este proceso electoral».
Luego Estévez propuso—en nombre de Súmate, naturalmente, aunque Estévez no certificó que la ONG esté pensando realmente en eso—la creación de un «comité de seguimiento técnico» conformado «realmente—éste debe ser el adverbio favorito de Estévez—de manera plural, es decir, tanto por organizaciones asociadas al oficialismo como a la oposición». Y entonces dice: «Hasta ahora lo que hemos visto por parte del CNE es que no tiene la más mínima intención siquiera de conformar ese comité», no sin agregar que Súmate «sólo participaría si se garantiza una conformación balanceada con los distintos actores».
Un nuevo examen de las leyes y disposiciones electorales del país no consigue, de nuevo, la estipulación de un tal «comité de seguimiento técnico», por lo que la acusación se reduce a criticar al CNE por no tener «la más mínima intención» de constituir algo que no está contemplado en la ley. (Que es lo que supuestamente Súmate «exige»). Es, por otra parte, difícil de entender cómo alguien puede ser responsable de no tener la más mínima intención, «hasta ahora», de hacer algo antes de que sea propuesto. (De paso, Estévez da por sentado que si el tal «comité de seguimiento técnico», no contemplado en la ley, es finalmente creado, entonces Súmate debe ser invitada a conformarlo y de una vez regaña y advierte que no participará sino en tales o cuales condiciones).
Más adelante, para abonar a su tesis de que «ninguna» de las condiciones esenciales a un proceso electoral confiable están dadas, Estévez cuestionó la auditoría practicada al Registro Electoral en los siguientes términos: «Ocurrió lo que habíamos alertado desde un principio, que ese estudio es tan superficial que simplemente no responde lo que todos los venezolanos nos estamos preguntando, que es si los electores que están en el RE realmente existen». (Esto a pesar de que El Universal reporta: «Aclaró que conocieron los resultados de la investigación a través de la presentación del informe hecho público la semana pasada, si bien aún no han podido revisarlo en detalle»).
Apartando el hecho de que nadie puede afirmar seria y responsablemente qué es «lo que todos los venezolanos nos estamos preguntando», Estévez deja de mencionar los resultados de la opinión conjunta de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, reportada acá el 20 de julio en el #195 de la Carta Semanal de doctorpolítico: «La discrepancia entre valores observados y esperados permite inferir que una importante proporción de los datos de los electores contenidos en el RE tiene errores al menos desde 1998… Las estructuras por edad del RE y Proyecciones de Población, tanto a nivel nacional como por entidad federal, son consistentes… Se hicieron pruebas de consistencia de las estructuras de esas dos poblaciones aun corrigiendo los problemas con los grupos extremos y los resultados mejoran, no obstante que la significación de las pruebas con los datos sin corregir ya era bastante aceptable… No se observaron evidencias de que exista correlación entre errores y preferencias políticas en eventos comiciales nacionales… Los resultados sugieren que los errores no parecen estar relacionados con la intención del voto en un evento comicial presidencial», etcétera. (Destacado nuestro).
Pero Estévez, aunque «no ha podido revisarlo en detalle», sugiere que pudieran no existir los electores que están en el registro electoral. (Por mi parte, puedo certificar que me encuentro debidamente anotado en ese registro, y que he practicado reiteradamente el cartesiano cogito ergo sum, estableciendo que sí existo. Es de suponer que Estévez está en la misma condición, pues en caso contrario ya lo habría dicho: él, Alejandro Plaz, María Corina Machado, aparecen en el registro y también existen y votan, a juzgar por hechos públicos, notorios y comunicacionales). Mantenida la ubicación correcta de la carga de la prueba, no es que el CNE debe demostrar que 17 millones de electores inscritos en el RE existen en realidad, sino que Estévez o Súmate tendrían que demostrar que ciertos electores registrados realmente no existen. (Y según la peculiar construcción de Estévez debieran demostrar la inexistencia de 17 millones de personas).
Pero todavía añade Estévez, según reporta El Universal: «Asimismo, dijo que aunque el conteo total de las boletas de votación está garantizado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, el CNE no se ha pronunciado sobre esa materia». Acá Estévez parece sugerir que el CNE planea no realizar el conteo total de las boletas, pero en realidad lo que insinúa es que este conteo debe hacerse manualmente, o que la ley exige que se abra la totalidad de las cajas con tales boletas para cotejarlas con las actas de votación.
En ninguna parte dice la ley tal cosa. El Artículo 154 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política dice: «El proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado». (Establece un proceso manual para aquellos casos en los que tal automatización no sea posible «por razones de transporte, seguridad, infraestructura de servicios». Es por tal cosa que Acción Democrática prometió, a comienzos de año, que introduciría, «por iniciativa popular», un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, el que por cierto tendría que ser discutido por una Asamblea Nacional que AD—que no ha introducido el tal proyecto—considera deslegitimada).
También, por supuesto, hizo Estévez una referencia a la auditoría de la elección. Dice El Universal: «Sobre las auditorías, el directivo de Súmate dijo que aunque se ha hablado del porcentaje de votos que será auditado no se ha precisado cómo se realizará. ‘Lo más importante de la auditoría en caliente es saber qué se va a hacer con los resultados de esa auditoría. Si los resultados de la auditoría son distintos a los resultados emitidos por la máquina de votación, ¿qué va a pasar con los resultados reales?’, explicó».
Ya que Súmate-Estévez (no confundir con Sumito Estévez) exige al CNE el cumplimiento de la ley, he aquí lo que dice la ley sobre el punto (Artículo 168): «El proceso de escrutinio será mecanizado… Cualquiera sea el sistema de escrutinio mecanizado que se adopte, el mismo deberá ser auditable». No se encuentra en la ley especificación alguna acerca de la temperatura de auditorías, y por lo que respecta a lo que va a pasar «con los resultados reales», la ley tiene amplias y expresas disposiciones relativas al procesamiento de impugnaciones de los actos electorales. Estévez pudiera contestarse a sí mismo su pregunta leyéndola, sin necesidad de convocar a rueda de prensa para decir tantas pistoladas juntas. Que cumplen el propósito, naturalmente, de remachar la matriz de opinión que procura establecer: que las elecciones de diciembre serían inválidas, con la esperanza de extraer de tal cosa una «crisis de gobernabilidad».
El punto final de su intervención, según registran los medios, fue una cuña publicitaria de su organización: «Además, Estevez informó que están dispuestos a asesorar técnicamente a Manuel Rosales, como a cualquier otro candidato que lo requiera, sin perder su independencia». (El Universal). «Súmate declaró que mantiene su independencia e interactuará (con) los candidatos, brindará asesoría y dará recomendaciones al candidato Manuel Rosales sobre las condiciones, así como cualquier otro aspirante, incluso al chavismo». (Globovisión).
Claro, Súmate se encuentra técnica y formalmente desempleada. Reducida a la condición de buhonera una vez que fracasara estrepitosamente en su proyecto de elecciones primarias, paga ahora avisos para asegurar que «construye democracia» y se ofrece como consultora. Técnica, of course.
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Del otro lado del mismo caño también hay caimanes, y uno en particular es hembra. La Gran Caimana Tibisay Lucena ha terciado en el debate sobre el empleo de las benditas máquinas captahuellas. («Cazahuellas», de acuerdo con otra terminología). Saliendo al paso de observaciones muy pertinentes del rector Vicente Díaz, Lucena ha declarado: «Es imposible que los electores declinen emplear las captahuellas. Está establecido en la ley. Incluso en la norma constitucional que señala que uno de los principios fundamentales del Poder Electoral es la celeridad del voto y de una vez abre el desarrollo que luego se hace en la Ley Orgánica del Poder Electoral e incluso en la Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política, donde todos los procesos electorales son automatizados en cada una de sus fases». (El Universal).
La rectora-caimana-presidenta está peladísima. Es verdad que, como se ha apuntado, «El proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado». Pero exactamente la misma ley que prescribe tal cosa establece explícita y específicamente un procedimiento para la debida identificación de los electores a la hora de votar. Dice así el Artículo 159 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política: «El Consejo Nacional Electoral definirá el procedimiento del acto de votación, el cual tomará parte del Reglamento General Electoral, y estará enmarcado en los siguientes principios: 1. Se dejará constancia de la identidad de los electores que se presenten a votar en el Cuaderno de Votación, mediante la impresión de su huella dactilar y su firma, la cual se comparará con la firma impresa en la Cédula de Identidad, a menos que exista alguna imposibilidad física o intelectual, de su parte, para dar cumplimiento a esta norma, con antelación a su votación».
Esto es, lo que la ley exige—la misma que establece la automatización—es que los ciudadanos impriman su huella dactilar en el cuaderno de votación; en ningún caso establece que tal huella deba ser examinada por ninguna máquina. Así que perfectamente los ciudadanos podemos negarnos a registrar nuestra huella por cualquier medio distinto del mero cuaderno de votación.
Por lo que respecta a la Ley Orgánica del Poder Electoral, en ella no se encontrará por ninguna parte la palabra «huella». Existe sí, una mención a la cédula de identidad de los electores cuando describe las funciones de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil—que estará dirigida, en redacción perogrullesca, por un Director o Directora. (De libre nombramiento y remoción)—y que deberá (Artículo 63): «4. Supervisar y fiscalizar el proceso de tramitación y expedición de las cédulas de identidad y pasaportes, vigilando que se cumpla correcta y oportunamente». Más nada.
En el país de Tascón, con un sistema que—según comprobó Leopoldo González, del mismo Grupo La Colina al que pertenece Vicente Díaz, en Fila De Mariches—es capaz de guardar en sus bancos de memoria la secuencia de la votación, en procesos electorales en los que la diputada Iris Varela se da el lujo de amenazar a los empleados públicos que no vayan a votar sin que sea objeto de sanción alguna, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral no puede ignorar el terrible efecto de distorsión que las máquinas captahuellas introducen. Mucho menos puede alegar deshonestamente que las mismas están prescritas por la ley.
En resumen, lo aducido por Estévez y Lucena sólo se explica a partir de dos hipótesis alternas: que son intelectualmente deshonestos y manipulan a conciencia, o que, simplemente, son muy brutos.
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