LEA, por favor
Al término del gobierno de Dwight Eisenhower, en 1959, cuando comenzaba el primer gobierno de la era democrática venezolana, se fundaba en California el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, un think tank progresista de gran influencia durante la siguiente década. Algunos de los asociados al instituto fueron Bertrand de Jouvenel, Paul Ehrlich (autor de «La bomba poblacional»), el doble Premio Nobel de Química Linus Pauling, Frederick Mayer y Elisabeth Mann Borgese, destacada intelectual que era hija del novelista y Premio Nobel de Literatura alemán Thomas Mann. Considerado parte del movimiento New Left en los Estados Unidos, a partir de 1969 el centro cesó de ser influyente, y más tarde las dificultades económicas llevaron a su absorción por parte de la Universidad de California en Santa Bárbara, sin que llegara a recuperar su antiguo lustre.
En la idílica localización del instituto, era habitual que los investigadores de planta y visitantes dedicaran horas matutinas al estudio y escritura de tesis que presentaban luego a coloquios del centro, y esta costumbre dio lugar a la publicación de sus Ocassional Papers, de los que se publicaban cinco cada año y usualmente incluían registro de las discusiones suscitadas. Es de uno de éstos, On Liberty: Man v. The State, que se construye la Ficha Semanal #118 de doctorpolítico. Su autor fue el periodista norteamericano Milton Mayer (1908-1986), que hizo fama con su libro They Thought They Were Free (Creyeron que eran libres, 1955), que examina a través de un buen número de entrevistas cómo fue posible que el pueblo alemán tolerase al nazismo.
En Man v. The State, escrito cultamente y con elegancia, Mayer pone al descubierto las contradicciones entre los requerimientos de la vida social y la libertad individual. Mayer tenía la virtud de poner al desnudo, con incómoda exhibición de inconsistencias doctrinales y una erudición imprudente, el absurdo de conclusiones comúnmente aceptadas. Cultor de la paradoja, dedicó el libro a Scott Buchanan, que le enseñó que «las preguntas que pueden ser respondidas no vale la pena preguntarlas».
El trozo escogido para esta ficha proviene del séptimo capítulo del libro—E pluribus Einheit—y allí hace, como era su estilo, la implacable disección de una hipócrita doctrina. Contiene, por otra parte, una gema inestimable: la cita de una ponencia de Earl Warren, Juez Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, para una valerosa sentencia de espectacular claridad. Es en hitos de lucidez como ése donde reside la grandeza de la patria de Washington.
LEA
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Lo que vale la pena
Decir que ningún Estado ha apoyado alguna vez el derecho a la revolución—o a la anarquía—no es literalmente exacto. Cuatro grandes estados, los EEUU, la URSS, Gran Bretaña y Francia, no sólo lo apoyaron sino que lo exigieron, ex post facto, de cada soldado y burócrata de la Alemania nazi, bajo el Juicio de Nuremberg de 1946 que requería el ahorcamiento de aquellos que fuesen convictos como «criminales de guerra». El New York Times saludó la decisión del tribunal de las cuatro potencias como histórica, «al proclamar nuevas reglas y estándares legales que ahora son parte integral de la ley internacional… La soberanía nacional ha sido sobrepasada por la superior soberanía de la ley internacional y la organización internacional, las que ejercen jurisdicción no sólo sobre estados y naciones sino también sobre los individuos responsables por sus gobiernos y políticas. Y toda clase de crimen conectado con… una guerra de agresión está sujeta a la misma autoridad, la que no admite excusa ni de ‘órdenes superiores’ ni del peligro de la desobediencia». Todos los altos oficiales nazis habían alegado órdenes superiores de Hitler, la cabeza del Estado, que estaba muerto. El alegato fue rechazado de antemano; el Acuerdo de las Cuatro Potencias que estableció el tribunal adujo la criminalidad «sea que [los actos] estuvieran o no en violación de la ley doméstica del país donde fueron perpetrados».
Si el Juicio de Nuremberg significaba algo, esto era que el soldado (sin mencionar al civil) tenía que decidir por sí mismo si podía obedecer o no la orden de legal de un oficial (o funcionario) y ser tenido como responsable, incluso so pena de muerte, si obedecía la orden y al hacerlo cometía lo que subsecuentemente podía ser tenido por crimen de guerra, un crimen contra la paz, o un crimen contra la humanidad. Aquí se prescribía el derecho, más bien el deber, no solamente de la civil, sino de la desobediencia militar. Puede que sea imposible imaginar un ejército operando bajo tales condiciones, pero es fácil imaginar lo que sucedería si tratara. Nuremberg fue, por supuesto, una farsa. Ninguno de los cuatro grandes Estados que impusieron la doctrina sobre los derrotados alemanes la ha adoptado para su propia soldadesca (y la nueva Wehrmacht alemana la ha ignorado también). Cuando cuatro soldados norteamericanos rehusaron ser transferidos al combate en Vietnam, sobre la base de que la guerra era «injusta, inmoral e ilegal», el Abogado Asistente General Frank A. Bartimo del Departamento de Defensa anunció que pudieran ser sentenciados a muerte por una corte marcial, por hacer lo que el Tribunal de Nuremberg requería que un soldado hiciese bajo amenaza de muerte si no lo hacía.
Además de los miembros del Tribunal de Nuremberg, del editor del Register de Santa Ana y del Director del Servicio Selectivo, la anarquía puede reclamar otro defensor eminente: el gobierno de todo Estado existente (cuya condición anárquica invariablemente disfruta del apoyo de casi todos sus ciudadanos). La soberanía nacional es el estado de ser independiente de todo gobierno; en una palabra, anarquía. El reconocimiento de que todos los soberanos viven el fabuloso estado de naturaleza vis a vis el uno del otro, es tan viejo como el Estado mismo. Todo moscovita, todo neoyorquino, está sometido a las ordenanzas urbanas; toda ciudad cae bajo los estatutos de la provincia o el estado y toda provincia o estado está bajo la ley del país. Pero el país mismo no está bajo ninguna ley; si acepta las «decisiones» de las Naciones Unidas, lo hace sin coerción y (en el caso de una gran potencia) es incoercible. Y el nacionalismo está arraigado tan profundamente que las acciones unilaterales (es decir, anárquicas) de las naciones son apoyadas por casi todo su pueblo. La anarquía del mundo ha sido extendida ahora al sistema solar. En 1969 el Congreso de los Estados Unidos instruyó a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio para que plantara la bandera norteamericana y ninguna otra (se había sugerido la bandera de las Naciones Unidas) en la luna. Antes los rusos habían dejado caer la roja bandera de la URSS en ese estoico satélite.
La libertad individual es, y debe ser, prerrogativa del Estado en razón de la función primordial del Estado de protegerse a sí mismo, esto es, de su soberanía. En 1931 la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso que involucraba a un profesor universitario de teología a quien se le negaba la ciudadanía porque se rehusaba a portar armas, sostuvo que «aunque somos un pueblo cristiano… somos una nación con el deber de sobrevivir». Debemos, por tanto, «avanzar bajo el supuesto, y con seguridad proceder bajo ningún otro, de que la lealtad incondicional a la nación y la sumisión y obediencia a las leyes del país, tanto las que son hechas para la guerra como las que lo son para la paz, no son inconsistentes con la voluntad de Dios». Uno recuerda la genuina estupefacción de los soldados británicos en la I Guerra Mundial que vieron por primera vez los botones de un uniforme alemán que llevaban la inscripción Gott mit uns, puesto que ellos mismos habían sido llamados a las armas por Dios y por la Patria. Lo que la Corte Suprema dijo de la nación norteamericana pudiera decirse (y ha sido dicho) en nombre de toda nación que ha existido: que tiene el «deber» de sobrevivir.
Sólo una vez, hasta donde sé, ha sido puesto este «deber» en tela de juicio jurídica, y la cuestión no fue proseguida, en o fuera del tribunal. En 1967 la Corte Suprema anuló una provisión de la Ley de Control de Actividades Subversivas de 1950, que declaraba criminal para los miembros del Partido Comunista trabajar en una planta de defensa. Se sostuvo que la provisión violaba la libertad de asociación garantizada en la Primera Enmienda. Hablando por la Corte, el entonces Juez Presidente Warren dijo que «la frase ‘poder de guerra’ no podía ser invocada en encantamiento talismánico para apoyar cualquier ejercicio del poder del Congreso que pueda ser traído a su ámbito». Y continuaba: «Este concepto de la ‘defensa nacional’ no puede ser entendido como un fin en sí mismo, justificativo de cualquier ejercicio de poder legislativo diseñado para promover ese objetivo. Está implícita en el término ‘defensa nacional’ la noción de defender aquellos valores e ideales que distinguen a esta nación. Durante casi dos siglos, nuestro país ha encontrado singular orgullo en los ideales democráticos consagrados en su Constitución, y los más apreciados de estos ideales han encontrado expresión en la Primera Enmienda. Sería verdaderamente irónico que, en nombre de la defensa nacional, sancionáramos la subversión de una de aquellas libertades—la libertad de asociación—que hacen que la defensa de la nación valga la pena». (Cursivas del autor). Ninguno de los dos miembros disidentes de la Corte tocó la doctrina de que «la defensa nacional no puede ser entendida como un fin en sí mismo», ni tampoco ha alcanzado mi atención algún estudiado comentario sobre el caso. Ni siquiera los chauvinistas propugnadores de la remoción del Sr. Juez Warren alzaron su voz en esta ocasión, en la que su bête noir pareció haber rechazado llanamente el lema de «Mi país, con razón o sin ella».
Milton Mayer
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