Se ha comentado aquí otras veces, pero en estos días es muy oportuno recordarlo. Durante la campaña electoral de 1998 era issue dominante la propuesta celebración de una asamblea constituyente. Como se sabe, sólo Hugo Chávez Frías, entre los diversos candidatos, abanderaba la proposición. Se alineaba así con una prédica que había comenzado en 1989 el Frente Patriótico (Juan Liscano et al.) y que para 1998 había logrado ser aceptada por una mayoría de los ciudadanos.
El estamento político convencional se oponía firmemente; hasta el presidente Caldera rechazó una petición de última hora para que convocara él un referendo consultivo sobre la conveniencia de elegir una constituyente: “Creo que Rafael Caldera merece ser quien haga esa convocatoria. Más allá de las críticas de la más variada naturaleza que puedan hacérsele, el presidente Caldera puede ser considerado con justicia el primer constitucionalista del país. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su aludida ‘Carta de Intención’: ‘El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional’; y también fue quien escribió en el mismo documento: ‘La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho’; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si este Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Si alguien merece la distinción de convocar al Primer Referendo Nacional ése es el Presidente de la República, Rafael Caldera”. … “El Presidente de la República tiene la potestad de desencadenar ese proceso. Será estupendo constatar que en sus manos no se perdió la República, pero lo será más todavía que pueda decirse que en esas mismas manos creció la democracia que él tanto contribuyó a crear”. (referéndum, septiembre de 1998).
La atribución al Presidente de la República en Consejo de Ministros de convocar un referendo consultivo le había sido conferida por la reforma de diciembre de 1997 a la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, la que había establecido que además podían convocarlo una mayoría calificada del Congreso de la República y un diez por ciento de los Electores. Seguramente un proceso constituyente iniciado por Caldera habría sido muy diferente de la apabullante secuencia presidida en 1999 por Hugo Chávez.
Pero Caldera no convocó el referendo necesario, y tampoco ningún otro candidato apoyó la cosa. (El opositor final a Chávez, Henrique Salas Römer, opinó que la constituyente era “un engaño y una cobardía”, por más que lo que parecía cobarde era precisamente no convocarla). Ya hacía tiempo que el estamento político convencional se revelaba insuficiente, pero esta omisión trajo profundas consecuencias. Cuando se haga la historia de la “insensatez política” (Tuchman) de las élites venezolanas en las últimas décadas, su tenaz oposición a la constituyente, a pesar de que era incontestable que el “sistema operativo” del Estado venezolano debía ser sustituido por otro, probablemente destaque como el más grave de sus numerosos errores estratégicos. Salas Römer encarnó a la perfección el papel de campeón de los conservadores, dejando a Chávez el ventajoso rol del cambio.
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Tan claro estaba Chávez acerca del apoyo popular mayoritario a la idea de la constituyente, que por intermedio del MVR anunció, a comienzos de 1998, que procedería a recoger las firmas necesarias para convocar el referendo, como lo permitía la ley, por iniciativa popular. Es posible que la recolección no hubiera funcionado muy bien, pero en cualquier caso Chávez se olvidó del asunto. En cuanto supo que las encuestas—ya a mediados de año—le daban como ganador en la elección del 6 de diciembre próximo, entendió también que ya no necesitaba al pueblo. Una vez Presidente en ejercicio podría con toda comodidad convocar el referendo por sí mismo—electo, pero aún no en funciones, diría en La Viñeta: “Yo tengo facultades constituyentes”—así que ¿para qué molestarse reclutando la participación popular? Quien se llena la boca con aquello de la democracia “participativa”, a la hora de la verdad prescinde de ella si estima que no la necesita para alcanzar su objetivo.
Lo mismo acaba de hacer ahora. En la campaña del año pasado, porque se interesaba en parecer democrático y amoroso, comentó que a lo mejor consultaba en referendo ciudadano si el pueblo quería que se negara la renovación de la licencia de señal abierta a Radio Caracas Televisión. Ya no quiere acordarse—seguramente no quiere que se lo recuerden—y ha escogido comenzar el año 2007, aun antes de las restantes amenazas, con el anuncio de que el término de la concesión a Empresas 1BC es una decisión tomada. ¿Consultar? ¿Para qué?
De nuevo, pues, lo mismo. Primero una fachada democrática para asegurarse apoyo electoral; una vez obtenido éste, la exhibición de su real temperamento autocrático. (Pregunta al margen: ¿no se le ha ocurrido a ninguno de los dirigentes opositores—que ahora convocan, cada quien por su lado, marchas y concentraciones de todo género—tomarle la vieja palabra y probar la convocatoria de un referendo consultivo sobre la concesión de RCTV por iniciativa popular? Se trata de reunir tan sólo un millón setecientas mil firmas, bastante menos que las que se logró recoger cuando se quiso revocar el mandato presidencial hace tres años).
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Anulando los precoces anticipos de magnanimidad de parte de algunos funcionarios o dirigentes de su campo un tanto blandengues, Chávez, ducho en falacias resbalosas, ha invitado a la oposición a “sumarse a las tareas del cambio”. Pero eso no significa que la tomará en cuenta para formar sus propósitos. Expone que la mayoría es la que debe prevalecer, y la mayoría votó por el “socialismo del siglo XXI”, por lo que la oposición, que es minoría, debe acatar esa voluntad sin pataleo.
Es verdad que Chávez habló siempre de ese socialismo. La semana pasada se recordaba acá: “No es la primera vez que habla de socialismo—tiene años haciéndolo—y no calló el concepto durante su campaña electoral del año pasado, de modo que quienes votaron por él—y también quienes no lo hicieron—debían saber que por ahí vendrían los tiros”. Pero también había dicho, más de una vez, que esa particular variedad de socialismo tenía que ser “inventada”; esto es, que él mismo no sabía cuál era. Bueno, parece que ya la inventó.
El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público.
Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.
No es cierto, pues, que siete millones de venezolanos votaran por esas medidas. No es verdad que los caraqueños preferimos a la Electricidad de Caracas roja rojita, en manos del Estado de Chávez. Es mentira que queremos que se despoje al BCV de su autonomía, facultad sugerida por la sabiduría política acumulada en centenares de años. No es cierto que optamos por federaciones de juntas comunales como sustitutos de los alcaldes. Cada una de estas cosas, que por tratarse de medidas específicas debieron constituir un programa de gobierno conocido por el enjambre ciudadano, fue ocultada adrede, porque Chávez sabía que si las notificaba los resultados electorales hubieran sido otros. En lugar de descubrirlas las escondió, y ahora decidirá como jeque omnímodo cada una de ellas por sí solo, puesto que los borregos de la Asamblea Nacional enajenarán su función propia en el Presidente de la República.
Una vez más, entonces, Hugo Chávez se burla de los Electores y pretende engañarlos. Mientras estuvo en campaña, se limitó a mencionar lo impreso en la etiqueta de un frasco que contenía un menjurje genérico e indefinido, la panacea incógnita del “socialismo del siglo XXI”. Desde lejos asomaba ocasionalmente el frasquito, como antes sacaba a cada instante de un bolsillo de sus trajes de marca el librito azul que ahora cree defectuoso. (Idéntico a Jaime Lusinchi, que fue elegido sin más explicación que la del nuevo “pacto social”). Pero nunca reveló, al escamotearlas deliberadamente, qué medidas se proponía instrumentar. Para ninguna de ellas tiene consentimiento electoral, ni siquiera para que pueda de nuevo legislar según su único entender. Y si no, que pruebe a consultarlas. Como Caldera en 1998, él tiene la facultad de llamar a un referendo consultivo, y nada impide que en un solo acto referendario se consulte más de una materia «de especial trascendencia nacional». (Artículo 71 de la Constitución).
Pero claro, no está en la naturaleza de Chávez el procedimiento democrático. Lo de él es pantalla y decreto, así que ¿por qué no emprende la oposición la convocatoria de un amplio referendo por iniciativa popular? ¿Qué tal si el triunvirato Borges-Petkoff-Rosales que ha vuelto a reunirse pone orden nuevamente en la incipiente cacofonía opositora y se atreve, aunque sea esta vez, a una iniciativa política audaz, profunda, de aliento? ¿No y que somos cuatro millones de los que menos de la mitad tendría que firmar? ¿No es cierto que la mayoría de los venezolanos—Datanálisis dixit—no quiere ni dictadores ni “mares de la felicidad”? Ése es un referendo que pudiera muy bien ganarse para la democracia en Venezuela, que no es otra cosa que el respeto a la inteligencia de sus Electores. LEA
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