Este artículo nace—diría Michel Foucault—de la lectura de un texto, no de Borges, sino de Alexis Márquez Rodríguez. El ilustre académico escribió la semana pasada (Tal Cual, viernes 1o. de junio): “Habrá que esperar que Chávez salga del poder, cualquiera que sea la vía, para que se ponga al desnudo su debilidad como líder y gobernante. La engañosa fortaleza de Chávez, su pretendida habilidad y astucia, no son sino la debilidad y la penuria de sus opositores, que aparte de su gran fuerza cuantitativa, han exhibido la más lamentable incapacidad y el más grande desacierto”.
En esta ocasión discreparemos del maestro Márquez en la mitad de sus afirmaciones. Creo que Hugo Chávez es un líder harto capaz, y de esto son prueba sus numerosos triunfos políticos, de los que no es el menor el haber regresado al poder cuarenta y ocho horas después de haber sido depuesto por un golpe de Estado en abril de 2002. Hasta ahora no hay elección que él o sus candidatos no hayan ganado, siempre con ventaja muy suficiente. Chávez se toma muy en serio la política, y trabaja y planifica sin descanso y con bastante antelación, auxiliado por sofisticados aparatos de información y análisis—las famosas salas situacionales—, toda batalla y todo conflicto. Tres meses después del revocatorio de 2004 advertía a una reunión de líderes regionales y municipales recién electos—30 de octubre de 2004—que el enemigo a derrotar sería la abstención. Tenía razón; trece meses después, el 4 de diciembre de 2005, las tres cuartas partes de los electores decidieron no ir a votar.
De modo que no es nada prudente desestimar a Chávez. Puede cometer errores, de hecho los ha cometido, pero en tanto político convencional, cultor de la Realpolitik—la que se ocupa de la adquisición y el aumento de poder en desmedro del adversario—Chávez es un contendor formidable.
Otra cosa es que sea un político positivo, aquél que sepa resolver problemas de carácter público. Acá Chávez demuestra una malignidad oncológica. La enfermedad política que es el chavismo es neoplásica, cancerosa. Más allá de la previa insuficiencia política—que fue lo que permitió su llegada al poder en 1998—los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez han sido venenosos, tóxicos de la nacionalidad.
Pero estaré de acuerdo con Alexis Márquez cuando evalúa la oposición a Chávez como desastrosa. Es una evaluación que ha sido remachada en este espacio una y otra vez, de modo que no necesito abundar en el asunto. Los lectores lo recuerdan claramente, tanta ha sido mi insistencia.
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En alguna edición anterior se ha contado acá que un cierto articulista de prensa ocasional propuso, el 21 de julio de 1991, la renuncia de Carlos Andrés Pérez a la Presidencia de la República, como vía de escape a la trágica disyuntiva que por aquellos días dominaba la psiquis venezolana: “O Pérez o golpe”. Su artículo, publicado en aquella fecha por El Diario de Caracas, concluía: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional”.
Como es conocido, la proposición no tuvo acogida, aunque Herminio Fuenmayor, entonces Director de Inteligencia Militar, declaró a los medios que existía “una campaña”—un solo artículo—para provocar la salida de Pérez del gobierno. Los más importantes líderes de entonces desecharon la noción, al punto de que Arturo Úslar Pietri, en diciembre de ese año—a menos de dos meses del golpe fallido de Chávez y Arias Cárdenas—y consciente de la grave y evidente crisis, propuso que Carlos Andrés Pérez se pusiera “al frente de un gabinete de emergencia nacional” para conjurarla. Después de la intentona del 4 de febrero de 1992, el mismo Úslar Pietri, Rafael Caldera y Miguel Ángel Burelli Rivas encontraron, por fin, mérito en la salida de la renuncia, y así declararon al efecto. Burelli Rivas, cada vez que lo hacía, no dejaba de afirmar, falsamente, que la idea se le había ocurrido a él antes que a nadie.
Ahora estamos ante un caso similar de retraso político. El Gobernador del Zulia y líder máximo de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, ha querido contribuir a la tensa situación creada por la extinción de la licencia de televisión abierta que explotaba RCTV. Ha propuesto hace exactamente una semana que el Presidente de la República convoque un referendo consultivo para que el pueblo diga si está de acuerdo con el fin de las transmisiones de la emisora afectada. Esto es, post mortem.
No contento con eso, Rosales abundó con una señal de extrema debilidad política, al sugerir que tal referendo tendría que ser convocado por el propio gobierno, puesto que si tenía que hacerlo la oposición “tendríamos que salir a recoger el 10% de las firmas, y después van a decir que son planas, que están fallas y daría pie a otra lista Tascón. Que lo convoque Chávez, que le ordene a la Asamblea Nacional que apruebe el referéndum o que lo haga con la mayoría del gabinete ejecutivo. Esas son las dos salidas facilitas que él tiene para convocarlo”.
La proposición de Rosales pareciera escrita en La bemol menor, a juzgar por el número de sus bemoles. Por un lado, está creyendo que Hugo Chávez pudiera interesarse en consultar una medida que decidió ejecutar por su cuenta, en acto personalísimo. Rosales olvida que el Presidente había jugado él mismo, durante la campaña electoral de 2006, con la idea de consultar el arrebatón de RCTV en referendo. Una vez electo sintió, como lo ha hecho otras veces, que no necesitaba consultar nada. Rosales no es quien le va a convencer de lo contrario.
Luego, justamente lo que tendría que haber hecho la oposición es salido a la calle a levantar las firmas requeridas para activar un referendo consultivo, si es que quiere demostrar fuerza. Formulada como lo hace Rosales, la cuestión equivale a solicitar un favor, una gracia de Hugo Chávez, por más que la cosa haya sido propuesta en términos altísonos, como proferidos desde fuerte posición.
Pero la falla fundamental de la proposición de Rosales es que llega para la autopsia, demasiado tarde. Una vez decretado el término de la concesión a las Empresas 1BC ya no hay, en el fondo, nada que consultar. El acto administrativo ha sido consumado, y por tanto un referendo como el que Rosales propone equivale a preguntar si estamos de acuerdo con la muerte de Carlos Gardel. Lo que cabría es una abrogación de la medida, mas la mala noticia es que esto no es posible dentro del actual marco constitucional. El artículo 74 de la Constitución, que establece los referendos abrogatorios, los permite para la abrogación total o parcial de leyes o decretos con fuerza de ley, no para actos administrativos ordinarios como la decisión de no renovar una concesión radioeléctrica.
El referendo debió ser planteado, por iniciativa popular, antes del término de la concesión, no después del hecho. Así se propuso en esta carta (#221, 18 de enero de 2007): “En la campaña del año pasado, porque se interesaba [Chávez] en parecer democrático y amoroso, comentó que a lo mejor consultaba en referendo ciudadano si el pueblo quería que se negara la renovación de la licencia de señal abierta a Radio Caracas Televisión. Ya no quiere acordarse—seguramente no quiere que se lo recuerden—y ha escogido comenzar el año 2007, aun antes de las restantes amenazas, con el anuncio de que el término de la concesión a Empresas 1BC es una decisión tomada. ¿Consultar? ¿Para qué?… De nuevo, pues, lo mismo. Primero una fachada democrática para asegurarse apoyo electoral; una vez obtenido éste, la exhibición de su real temperamento autocrático. (Pregunta al margen: ¿no se le ha ocurrido a ninguno de los dirigentes opositores—que ahora convocan, cada quien por su lado, marchas y concentraciones de todo género—tomarle la vieja palabra y probar la convocatoria de un referendo consultivo sobre la concesión de RCTV por iniciativa popular? Se trata de reunir tan sólo un millón setecientas mil firmas, bastante menos que las que se logró recoger cuando se quiso revocar el mandato presidencial hace tres años)”.
Ahora una cita más extensa del mismo número, para mostrar que el reto no se planteaba sólo para el caso RCTV, sino para el manojo de medidas de vocación totalitaria que Chávez anunció, como avasallante aplanadora, una vez que hubiera sido reelecto el pasado 3 de diciembre:
“El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público.
Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.
No es cierto, pues, que siete millones de venezolanos votaran por esas medidas. No es verdad que los caraqueños preferimos a la Electricidad de Caracas roja rojita, en manos del Estado de Chávez. Es mentira que queremos que se despoje al BCV de su autonomía, facultad sugerida por la sabiduría política acumulada en centenares de años. No es cierto que optamos por federaciones de juntas comunales como sustitutos de los alcaldes. Cada una de estas cosas, que por tratarse de medidas específicas debieron constituir un programa de gobierno conocido por el enjambre ciudadano, fue ocultada adrede, porque Chávez sabía que si las notificaba los resultados electorales hubieran sido otros. En lugar de descubrirlas las escondió, y ahora decidirá como jeque omnímodo cada una de ellas por sí solo, puesto que los borregos de la Asamblea Nacional enajenarán su función propia en el Presidente de la República.
Una vez más, entonces, Hugo Chávez se burla de los Electores y pretende engañarlos. Mientras estuvo en campaña, se limitó a mencionar lo impreso en la etiqueta de un frasco que contenía un menjurje genérico e indefinido, la panacea incógnita del ‘socialismo del siglo XXI’. Desde lejos asomaba ocasionalmente el frasquito, como antes sacaba a cada instante de un bolsillo de sus trajes de marca el librito azul que ahora cree defectuoso. (Idéntico a Jaime Lusinchi, que fue elegido sin más explicación que la del nuevo ‘pacto social’). Pero nunca reveló, al escamotearlas deliberadamente, qué medidas se proponía instrumentar. Para ninguna de ellas tiene consentimiento electoral, ni siquiera para que pueda de nuevo legislar según su único entender. Y si no, que pruebe a consultarlas. Como Caldera en 1998, él tiene la facultad de llamar a un referendo consultivo, y nada impide que en un solo acto referendario se consulte más de una materia ‘de especial trascendencia nacional’. (Artículo 71 de la Constitución).
Pero claro, no está en la naturaleza de Chávez el procedimiento democrático. Lo de él es pantalla y decreto, así que ¿por qué no emprende la oposición la convocatoria de un amplio referendo por iniciativa popular? ¿Qué tal si el triunvirato Borges-Petkoff-Rosales que ha vuelto a reunirse pone orden nuevamente en la incipiente cacofonía opositora y se atreve, aunque sea esta vez, a una iniciativa política audaz, profunda, de aliento? ¿No y que somos cuatro millones de los que menos de la mitad tendría que firmar? ¿No es cierto que la mayoría de los venezolanos—Datanálisis dixit—no quiere ni dictadores ni ‘mares de la felicidad’? Ése es un referendo que pudiera muy bien ganarse para la democracia en Venezuela, que no es otra cosa que el respeto a la inteligencia de sus Electores”. (Fin de la cita).
Es decir, ya en enero suponía esta carta lo que luego las encuestadoras dirían: que más de un elector que votó por Chávez debía estar, si no arrepentido, al menos escarmentado, vista la abusiva prepotencia del Jefe del Estado. A veces el ojo clínico se adelanta al bioanálisis.
Si entonces, desde que el año arrancara, se hubieran esforzado las organizaciones opositoras en recabar las firmas necesarias, hoy pudiéramos estar contando otro cuento. En lugar de eso, para estos momentos La Electricidad de Caracas es del Estado, así como—mucho más peligrosamente—la CANTV y la frecuencia y los activos de la red transmisora de RCTV.
A la semana siguiente de que la proposición apareciera en el #221 de esta publicación, Carolina Jaimes Branger me invitó al programa que conducía—ya no lo hace—en RCR, justamente para discutir el asunto. Con no poco realismo, adelantó la duda de que fuera posible recabar un millón setecientas mil firmas para activar el referendo propuesto. Adujo, con no poca razón, que la asistencia a los actos convocados recientemente por la oposición había sido más bien magra, que muchos ciudadanos temerían a una nueva lista de Tascón, o carecerían de la fe necesaria en el Consejo Nacional Electoral. En ese punto repuse que las elecciones de las que veníamos habían comprobado que ya no existía tanta desconfianza en el CNE, vista la afluencia electoral (la abstención pasó de 75% a 25% en un año), que una cosa era convocar a una marcha genérica desde el inevitable Parque Cristal y otra muy distinta organizar una acción concreta para impedir los planes específicos del gobierno y que, por supuesto, la tarea tendría por delante muchos obstáculos y dificultades, pero que precisamente era la tarea política algo que los vencía y las superaba.
Ahora, entonces, viene Manuel Rosales, en ocurrencia repentina, a plantear una consulta tardía, ineficaz. Lo peor, le da tanta flojera el asunto que le propone al gobierno que sea él quien lo convoque. No puede haber mejor demostración de su incompetencia como estratega y como líder.
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