Estimada suscritora, estimado suscritor: a estas alturas ya estará usted enterado del incidente que involucró a Juan Carlos de Borbón, Rey de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España, y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En la sesión final de la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, el Rey de España mandó a Chávez a callar—”¿Por qué no te callas?”—, luego de que éste interrumpiera el discurso con el que Rodríguez Zapatero exigía respeto para la figura de José María Aznar, a quien el presidente venezolano había tildado despectivamente de fascista. (Chávez adelantó su opinión de que los fascistas no eran “personas humanas” y que “una serpiente es más humana que un fascista”). Antes de su indignada exigencia de que Chávez callara, ya el rey lo había señalado con el dedo para decirle “Como tú”, mientras el presidente español explicaba que Aznar había sido un presidente elegido democráticamente por los ciudadanos de España.
El objeto de esta nota es doble: el de una precisión y el de una observación arriesgada que pudiera convertirse en pertinente.
En primer lugar, Chávez volvió con su discurso estándar acerca de los acontecimientos de abril de 2002. Al hacer aseveraciones al voleo, declaró que la Organización de Estados Americanos se había quedado callada ante los sucesos. Esto no es en absoluto cierto. Al día siguiente de la autojuramentación de Pedro Carmona Estanga, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de emergencia y emitió una resolución (CP/RES. 811) en la que, luego de otros considerandos previos, dijo: “CONSIDERANDO que en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático, que da lugar a la aplicación de los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. RESUELVE: 1. Condenar la alteración del orden constitucional en Venezuela. 2. Condenar los lamentables hechos de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas. 3. Expresar su solidaridad con el pueblo venezolano y apoyar su voluntad de restablecer una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las libertades fundamentales, en el marco de la Carta Democrática Interamericana. 4. Instar a la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana. 5. Enviar a Venezuela, con la mayor urgencia, una Misión encabezada por el Secretario General de la OEA, con el objeto de investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática. De sus gestiones se mantendrá informado al Consejo Permanente”. Como puede verse, y como es usual, el presidente Chávez faltó a la verdad en este punto.
En segundo término, lo desaforado de la actitud de Chávez, incapaz de controlarse mientras estaba Rodríguez Zapatero en el uso de la palabra, permite comprender la reacción regia y entretener serias dudas acerca de la cordura del presidente venezolano. (Las palabras finales del presidente español, requiriendo respeto y repudiando las descalificaciones personales, fueron saludadas con una cálida salva de aplausos, entre los que fueron muy notorios los de Luis Inazio Lula Da Silva, Presidente de Brasil).
No es la primera vez que la historia registra episodios de desafuero en un gobernante. Los estadounidenses sufrieron el acusado deterioro de las facultades mentales de Woodrow Wilson, luego del término de la Primera Guerra Mundial. En Venezuela, el doloroso desquiciamiento de Diógenes Escalante, candidato de consenso del medinismo y Acción Democrática, desencadenó el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945.
Por los momentos luce impensable un escenario parecido en la Venezuela actual, pero una reiteración de frecuencia creciente de episodios de descontrol en Chávez pondría en primer plano el primer parágrafo del Artículo 233 de La Constitución, en el que subrayamos la redacción pertinente: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”.
Con un cordial saludo
Luis Enrique Alcalá
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