El caso de las acciones legales de la transnacional petrolera Exxon-Mobil—la más grande del mundo entre las privadas—contra PDVSA, en relación con la expropiación de sus activos en la antigua Operadora Cerro Negro (hoy Petromonagas), se perfila como de antología, casi digno de la Historia universal de la infamia que comenzara a escribir Jorge Luis Borges. Pero aunque Exxon-Mobil tiene una historia ética harto dudosa, es ahora el gobierno venezolano el infame, es PDVSA la empresa infame.
To be sure. La transnacional tiene un rabo de longitud brontosáurica que se extiende hasta los tiempos de su fundador, John D. Rockefeller, a quien no se le aguaba el ojo a la hora de volar líneas ferroviarias o extorsionar a competidores, a los que compraba para expandir lo que llegó en su tiempo a ser el monopolio petrolero más importante del mundo. (Paradójicamente, Rockefeller se destacó también como uno de los más importantes y generosos filántropos de la historia). La Exxon-Mobil—antes Exxon, antes Standard Oil de Nueva Jersey, antes, simplemente, Standard Oil—exhibe un récord nada envidiable en materia de irrespeto a los derechos humanos, irresponsabilidad ambiental y corrupción.
La revista Forbes, por ejemplo, decididamente partidaria del capitalismo—en 2005 aseguraba que el renunciado Fidel Castro tenía una fortuna superior a los 500 millones de dólares—encontró que Exxon-Mobil había entregado “cientos de millones” de dólares al régimen corrupto de José Eduardo Dos Santos en Angola a fines de la década de los noventa. La empresa habría obtenido de ese modo concesiones en casi 45 mil kilómetros cuadrados de costa angolesa, poniendo la mano a reservorios de petróleo estimados en 7.500 millones de barriles de crudo. Hace cinco años, la oficina federal estadounidense que se ocupa del control de activos extranjeros la acusó de prácticas ilegales de comercio con Sudán. En el mismo año de 2003 la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York anunció que se había dictado sentencia de tres años y diez meses de prisión contra un alto ejecutivo de Mobil Oil Corporation, por la obtención de comisiones ligadas a la actividad de la empresa en Kazakstán y evasión de impuestos. (La sentencia incluyó la obligación de restituir a la administración del impuesto más de tres millones y medio de dólares). En relación con la corruptela rampante en ese mismo país, James Giffen, de la Corporación Mercator—un modesto banco neoyorquino, no la empresa agroindustrial—fue también acusado por corrupción montante a 78 millones de dólares, pagados al presidente Nursultan Nazarbayev para que Exxon-Mobil obtuviera una participación de 25% en el campo petrolero de Tengiz, el tercero más grande del mundo.
Luego, en lo tocante a derechos humanos, la empresa fue demandada en la Corte Federal del Distrito de Columbia en junio de 2001. Según la acción intentada, la Exxon-Mobil sería cómplice de abusos contra los derechos humanos, incluidos el asesinato, la violación y la tortura, en la provincia indonesia de Aceh. La compañía, a conciencia, habría auxiliado materialmente a fuerzas militares que presuntamente cometieron esos actos al reprimir el descontento civil en la región. Y en cuanto a su tratamiento a personal de tendencia homosexual, la empresa obtuvo una sobresaliente calificación de cero sobre cien en el Índice de Igualdad Corporativa en 2006.
Su récord ambiental no es menos tenebroso. Apartando su reprobable comportamiento en los casos de los derrames petroleros del Exxon Valdez (1989) y el ocurrido en Brooklyn a comienzos del siglo XX (desde una refinería de Standard Oil de Nueva York, Socony, más tarde Mobil Oil Corporation), demandado en 2007 por la Fiscalía del Estado de Nueva York, ha salido a la luz el financiamiento ofrecido por Exxon-Mobil a campañas contrarias a la opinión científica que alerta sobre el calentamiento planetario y su relación con la combustión de combustibles fósiles, así como contra el Protocolo de Kyoto. Esta práctica le ha valido la condena de la Royal Society, la academia de ciencias de Inglaterra. La Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists) publicó el año pasado un informe que asegura que la compañía aportó, entre 1998 y 2005, unos 16 millones de dólares a cuarenta y cinco organizaciones que disputan el impacto del calentamiento planetario. El informe acusa a Exxon-Mobil de emplear tácticas de desinformación similares a las de las compañías tabacaleras que pretendieron desacreditar el nexo entre el vicio de fumar y el cáncer de pulmón.
En suma, Exxon-Mobil no está gobernada por querubines.
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Nada de lo que antecede, sin embargo, es pertinente al diferendo entre PDVSA y Exxon-Mobil, que en lugar de atenerse a un acuerdo con la petrolera estatal prefirió, como Conoco, recurrir al arbitraje internacional previsto en los contratos. Otras compañías que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco optaron por conformarse con el valor de libros de su inversión. Por ejemplo, Statoil, empresa noruega, cobró 266 millones de dólares por sus activos, la italiana ENI percibió 700 millones y la francesa Total recibió 834 millones.
Pero las norteamericanas no quieren conformarse con el valor en libros de sus activos, y pretenden un arreglo que los estime en términos de su valor de mercado. Al inicio de los contratos de las operadoras extranjeras en la Faja del Orinoco, el mercado pagaba alrededor de 15 dólares por barril; hoy el barril de petróleo obtiene el precio de 100 dólares. Naturalmente, la discrepancia que arrojan los dos métodos de calcular el valor de la inversión extranjera es muy considerable. Exxon-Mobil ha alegado que su petición—exitosa—de congelar activos de PDVSA hasta por 12 mil millones de dólares busca protegerla de la renuencia venezolana a reconocer el verdadero valor de su inversión en Cerro Negro.
En círculos internacionales se presume que, en el mejor de los casos para Exxon-Mobil, la empresa pudiera esperar a un resarcimiento de 6 mil millones de dólares. Declaraciones recientes de Rafael Ramírez mencionan una cifra no muy lejana a esta estimación. El Ministro del Poder Popular para Energía y Petróleo-Presidente de PDVSA ha manifestado tener en su poder documentos por los que constaría que la compañía demandante aspiraba obtener 5 mil millones de dólares por su participación en la operadora de capital mixto. Dijo Ramírez: “Tenemos documentos en donde Exxon estableció un techo de $5 mil millones, ni la mitad de los $12 mil millones solicitados para la congelación de activos”.
Pero la cosa no se limita a una declaración ministerial. Como se sabe, las acciones emprendidas por Exxon-Mobil han logrado obtener dos decisiones judiciales favorables: una, en los Estados Unidos, ha congelado en cuentas de efectivo de PDVSA la cantidad de 315 millones de dólares; otra, en Inglaterra, es la que impide que la compañía venezolana negocie activos hasta por 12 mil millones. Ya los abogados de la empresa estatal han quemado el cartucho de la aspiración inicial de 5 mil millones de dólares por parte de Exxon-Mobil, al emplear ese argumento en Nueva York ante la Corte Distrital de Manhattan. La jueza a cargo de esta corte ha sostenido el cuasi-embargo de los 300 y pico de millones de dólares, y los defensores de PDVSA se preparan para oponerse a la decisión londinense. En principio aspiran a que la medida que pesa sobre 12 mil millones de dólares de activos de PDVSA sea reducida, de nuevo, al nivel de los 5 mil millones que Exxon-Mobil decía le satisfarían. Esto es, de algún modo PDVSA pareciera resignada a que la gracia nacionalista le cueste, en el caso de Exxon-Mobil, unos cinco millarditos. Ya sabe que no podrá salirse de la suerte pagando solamente el valor en libros de 715 millones de dólares por el arrebatón de Cerro Negro.
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Hasta aquí no hay nada infame. Es perfectamente normal que una empresa exija una cosa y su antigua socia quiera consentir en una cosa distinta. Es normalísimo el procedimiento de arbitraje, más aún cuando éste estaba previsto contractualmente. Es de lo más común que una parte adopte tácticas agresivas, aunque legales, cuando se sienta en peligro. No cabe rasgarse las vestiduras por las acciones emprendidas por Exxon-Mobil en contra de PDVSA, cuando son una respuesta a la emprendida previamente por PDVSA en contra de Exxon-Mobil. De hecho, ni siquiera puede entenderse bien el caso si se lo interpreta como un episodio aislado y restringido sólo a Venezuela. En los últimos dos años las transnacionales del petróleo han visto una mayor agresividad de las petroleras estatales; BP ha sufrido en carne propia este proceso contra sus actividades en Rusia, por ejemplo. La acción de Exxon-Mobil contra PDVSA lleva el piquete adicional de una señal inequívoca a otras naciones estatizantes, como Rusia, Bolivia o Venezuela: que las grandes compañías petroleras privadas han decidido defenderse.
La infamia—DRAE: 1. f. Descrédito, deshonra. 2. f. Maldad, vileza en cualquier línea.—comienza con la absurda politización de la disputa de la República de Venezuela con Exxon-Mobil. La primera reacción venezolana fue de sorpresa, y expresada hasta con cierta moderación. Esto, por supuesto, no podía durar mucho. En lo que canta un gallo la retórica presidencial llevaba las cosas adonde tenían que llegar: a la denuncia de una maniobra más del “imperio” contra la república heredera de Bolívar.
Hugo Chávez así lo hizo, y con característica fanfarronada amenazó a los Estados Unidos con suspender los envíos de petróleo de Venezuela a esa nación. Por unos días gravitó sobre el mercado petrolero mundial una preocupación que contribuyó a nuevos picos de aumento en los precios mundiales del barril de petróleo, y como las calificadoras de riesgo—Moody, Standard & Poor—manifestaron que no modificarían su valoración del riesgo-país de Venezuela por causa de las acciones emprendidas por Exxon-Mobil, pareció que Chávez iba ya encaminado a uno de sus más notables papeles teatrales. Como si fuese un paso preparatorio, PDVSA anunció que suspendía sus ventas de petróleo a Exxon-Mobil. (El petróleo que Exxon-Mobil compra a Venezuela equivale a 6% del volumen total que maneja).
Pero perro que ladra no muerde. A la semana justa de su baladronada, Chávez reculó vergonzosamente. En su último “Aló Presidente”, declaró con la mayor frescura: “Nosotros no tenemos planes de dejar de enviar petróleo a los Estados Unidos”. Naturalmente, ya había recibido explicaciones por las que se enteraba de que tomaría a los Estados Unidos no más de cuarenta días sustituir desde otras fuentes el suministro petrolero proveniente de Venezuela, mientras podrían cubrir el bache momentáneo con su más que suficiente reserva estratégica, que por algo la tienen. En cambio, el descalabro de las finanzas públicas venezolanas sería mayúsculo si PDVSA dejase de remitir petróleo a los Estados Unidos, y esto no parece ninguna buena idea en medio de un año electoral repleto de protestas de toda índole, que han incluido un emblemático asalto popular a un depósito de Mercal en nada menos que Sabaneta, la patria chica del prócer del siglo XXI. Por esto invita ahora Ramírez a Exxon-Mobil a regresar al arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, una dependencia del Banco Mundial, entidad frecuentemente vapuleada por Chávez).
Ahora bien, la infamia más destacada se ha escenificado en terrenos de la muy mediocre Asamblea Nacional. Todo género de improperios y acusaciones salieron a relucir en los “debates” consagrados a la consideración del litigio con Exxon-Mobil. Según más de un diputado, habría que enjuiciar a funcionarios y políticos de la “Cuarta República”, sobre todo porque habrían permitido la vergonzosa renuncia de nuestra soberanía al someter los contratos de la “Apertura Petrolera” al arbitraje que Ramírez ahora acepta. El Día de los Enamorados el mismo Ramírez se había quejado de las rondas de negociación de la “Apertura” en intervención especial ante la Asamblea Nacional: “En las distintas rondas se estableció la figura del arbitraje para resolver las controversias entre las partes. En la primera ronda se estableció el arbitraje pero en el territorio nacional; en la segunda, el arbitraje en territorio nacional pero de acuerdo a las normas de la Cámara Internacional de Comercio; y ya en la tercera, se había establecido el arbitraje internacional en los asuntos que tuviesen que ver con disputas entre las partes, entiéndase, entre las partes privadas y Petróleos de Venezuela”.
Aleccionados así por el Ministro-Presidente de PDVSA, los diputados pasaron a declarar la traición a la patria que habrían perpetrado los negociadores venezolanos de la época. Sin embargo, parecían no estar advertidos de la peor traición de la mismísima PDVSA roja-rojita, que tan recientemente como en marzo del año pasado emitió papeles de deuda cuyo prospecto declaraba: “El contrato estipulará que las Notas serán gobernadas e interpretadas con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York”. Y también: “El Emisor ha consentido a la jurisdicción no excluyente de cualquier tribunal del Estado de Nueva York o de cualquier corte federal de los Estados Unidos en Manhattan, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, o cualquier corte de apelaciones del mismo lugar, y ha renunciado a cualquier inmunidad de la jurisdicción de tales cortes respecto de cualquier demanda”. Y más aún: “El Emisor renunciará a tal inmunidad y acordará no ejercer, por vía de proposición, como defensa o cualquier otra forma, en cualquier demanda, acción o procedimiento, la defensa de inmunidad soberana o cualquier otro alegato que no esté personalmente sujeto a la jurisdicción de los tribunales arriba mencionados por razón de inmunidad soberana u otra causa, o sostener que es inmune a cualquier proceso legal”.
¿Qué tal? ¿No sería Rafael Ramírez, junto con toda la Junta Directiva de PDVSA, convicto evidentísimo de traición a la patria? ¿No sería él el primero que debiera ser puesto preso por tan horrible y antipatriótico delito? ¿Y que hay que decir de su jefe inmediato, perfectamente consciente de esa renuncia flagrante a la soberanía de Venezuela?
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Las contradicciones del régimen chavista son cada día más evidentes. La pobreza argumental del gobierno es absolutamente obvia y, mientras crece el descontento nacional, muy marcadamente entre sus antiguos partidarios, en el escenario internacional crece su ridículo. Hasta quienes le serían ideológicamente afines le reprochan su habladera de pistoladas. La Izquierda Nacional Argentina—que se daba el lujo de criticar a Fidel Castro en 1966 (Ficha Semanal #182 de doctorpolítico, 19 de febrero de 2008)—ha enrostrado a Chávez, hace tres días, su inconsistencia (desde el punto de vista revolucionario): “El presidente venezolano suele aconsejar estudiar los escritos y la práctica de los revolucionarios del siglo XX. Sin embargo parece pasar por alto que todas las revoluciones que desde octubre de 1917 intentaron abrirse camino en dirección al socialismo, partieron de un acto fundacional: la nacionalización de la tierra, del sistema bancario, de la gran industria y del comercio exterior, es decir de la expropiación de la burguesía y la instauración de una dictadura revolucionaria. En Venezuela nada de esto está contemplado en el programa bolivariano. Chávez proclamó el objetivo socialista luego de la contundente victoria electoral en diciembre de 2006. Desde entonces los avances más importantes consistieron en nacionalizaciones, bajo la forma de compras a las multinacionales de una parte del paquete accionario, en las áreas de los hidrocarburos, la electricidad y las comunicaciones, operación que dejó al Estado en situación de socio mayoritario. El camino elegido parece ser el de una coexistencia con el capitalismo, mientras se consolida un área de economía social, con el Estado jugando un papel de contralor en el proceso de acumulación”.
Antes había observado respecto de su derrota del pasado 2 de diciembre: “Casi tres millones de abstenciones no están indicando el retraso de la base respecto al ritmo que le ha impuesto el gobierno al proceso de transformaciones. Parecen más bien expresar el descontento y el malestar de una parte del movimiento chavista ante las limitaciones, vacilaciones y contradicciones de la dirección bolivariana para resolver los problemas de fuerte impacto popular como el desabastecimiento, el aumento constante del costo de vida, la inseguridad y la corrupción de la burocracia; en definitiva para imprimir un giro radical a las tareas nacional-democráticas, tales como la expropiación de los corporaciones monopólicas causantes de la especulación, o la democratización del aparato estatal, controlado por un funcionariado conservador, encargado de desvirtuar o bloquear las mejores medidas del gobierno. Sin embargo, Chávez, que contaba desde febrero de 2007 con poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, además de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, no los utilizó para abordar los problemas vitales que gravitaban pesadamente sobre la situación de las capas más desprotegidas. Los aplicó, en cambio, para indultar a los golpistas de abril de 2002 luego de conocidos los resultados del 2 de diciembre, inclinándose en favor del ala reformista de su movimiento. Asimismo, dispuso la liberación de los precios de algunos alimentos básicos y formuló un llamado a la reconciliación de los venezolanos”.
En suma, ahora que Fidel Castro se retira desde el borde de la tumba, le va a costar mucho a Hugo Chávez la pretensión de erigirse como su sucesor. La izquierda latinoamericana más radical sabe ya que no es más que un aguajero.
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