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El XXXV Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el tema “El impulso necesario” y celebrado en Madrid en julio de 2000, marcó el ascenso de José Luis Rodríguez Zapatero, actual Presidente de España, al liderazgo máximo del partido de Felipe González. Fue este último, por supuesto, quien causara un viraje de los socialistas hacia una posición centrista. Elegido Secretario General del PSOE en el exilio (XXVI Congreso), González es reconfirmado en el cargo por el siguiente congreso, el primero que celebrara el partido en territorio patrio (Madrid, diciembre de 1976) desde el término de la Guerra Civil Española. El lema de este congreso ya prefiguraba el cambio de posición, pues se apresuraba a proclamar: “Socialismo es libertad”. Tres años después (mayo de 1979) el XXVIII Congreso rechazaba una proposición de Felipe González: que el partido abandonara su definición marxista. González dimitió, pero por poco tiempo. A los cuatro meses un congreso extraordinario del PSOE abandonaba el marxismo como ideología oficial, aunque declaraba preservarlo como herramienta analítica, y González era reinstalado en la Secretaría General.
Exactamente eso había hecho ya Acción Democrática en Venezuela, a la caída del régimen perezjimenista. En los documentos oficiales de la Secretaría de Doctrina de AD, comandada por Domingo Alberto Rangel, se leía por entonces la siguiente definición: “Acción Democrática es un partido marxista”. Pocas líneas más abajo, no obstante, se encontraba la misma aclaratoria de los españoles: que lo de marxista se refería sólo al empleo del método de Marx para el análisis del devenir histórico. Las dictaduras feroces tienden a producir el exorcismo de los demonios marxistas, y los partidos socialistas, antaño radicales, regresan a la política bastante atemperados. Además de los casos de España tras la muerte de Francisco Franco y de Venezuela una vez exiliado Pérez Jiménez, en Chile ocurrió eso luego de Pinochet, como pueden atestiguar las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y la nueva formación política Chile Primero, presidida por Fernando Flores, antiguo ministro de Salvador Allende, cuyo manifiesto fundacional pudiera ser tenido por “social-liberal”. (Puede descargarse el manifiesto de la siguiente dirección: http://www.chileprimero.cl/content/view/33796).
En esta Ficha Semanal #211 de doctorpolítico se reproduce el “Manifiesto de Nueva Vía”, el documento base del XXXV Congreso del PSOE. Se había puesto de moda—de nuevo, puesto que así se definió tempranamente el socialcristianismo—la noción de una “tercera vía” entre el socialismo y el liberalismo con el empleo que de ella hacía Tony Blair en Inglaterra, y hasta Hugo Chávez decía estar inscrito en esa orientación, antes de regresar a sus querencias socialistas.
La retórica del manifiesto es típica: llena de vaguedades, deja la mayor parte de sus formulaciones como mera enunciación de tareas por hacer, y marca con profusión de adjetivos los pocos sustantivos que significan lo que cualquiera decida leer en ellos. Adelantándose a la “revolución bolivariana”, llega a referirse a las políticas de cambio como motores, de modo que la originalidad de la retórica chavista es escasa.
En general, los partidos socialistas en el planeta, con excepciones como la venezolana, han ido dejando de lado lo ideológico para hacerse más pragmáticos. No tardará mucho tiempo para que este regreso a la sensatez se produzca en Venezuela.
LEA
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Nueva vía
El XXXV Congreso del PSOE constituye un hecho de gran trascendencia para la izquierda de nuestro país y, en general, para la sociedad española. Por ello, no debe ser uno más. De él tiene que salir una nueva política que impulse la recuperación social y electoral de nuestro partido, representada por una nueva dirección orgánica y un cambio en los métodos de trabajo. El Congreso será un éxito si ponemos las ideas y el proyecto político en el centro de nuestras discusiones y así lo percibe la Sociedad española.
Los socialistas hemos defendido siempre opciones de libertad y progreso. Desde su fundación, el PSOE ha sido una referencia social básica en España. Muchas de las mejores páginas de nuestra historia contemporánea llevan la impronta de propuestas socialistas y quienes las protagonizaron, con apoyo de los ciudadanos, representaban al PSOE. Pero, sin duda, hemos cometido también errores que nos han hecho perder apoyo electoral.
Todo ello hace que nuestro Partido sea un patrimonio colectivo que no pertenece sólo a sus militantes. Por eso los socialistas debemos asumir en este Congreso nuestra responsabilidad ante los ciudadanos.
Desde nuestra fundación, la pasión por la libertad, la igualdad, la solidaridad y el avance social, han sido nuestras señas de identidad. Nuestros mejores momentos coinciden con aquellos en los cuales el debate sobre las ideas apasionó a los militantes permitiendo, con coraje político, marcar nuevos objetivos de futuro, interpretando con claridad las aspiraciones sociales mayoritarias.
Tras el resultado del 12 de marzo pasado el PSOE debe comenzar una nueva etapa a través de una vía que defina el proyecto para un nuevo socialismo, proyecto que nos permita recibir, otra vez, el apoyo mayoritario de los ciudadanos y las ciudadanas.
A comienzos del siglo XXI, las razones que unen a los ciudadanos en sociedad, el propio concepto de ésta en un mundo globalizado, los conflictos a los que nos hemos de enfrentar y, a menudo, nos dividen, son distintos a los de hace unas décadas o, cuanto menos, se perciben de manera diferente. Por ello, nuestro proyecto exige una nueva formulación para liderar los cambios sociales, con capacidad y fuerza suficiente para que el momento histórico que se avecina, marcado por la revolución tecnológica, no deje a España, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, en una posición de retraso que nos costará mucho superar. Pero, además, esa nueva sociedad que se abre camino de manera vertiginosa, debe estar al servicio de un nuevo proceso de igualdad y de una nueva dimensión del concepto de ciudadanía, que implique la ampliación de los derechos fundamentales y sociales y de las libertades públicas.
Ofrecer a la sociedad un proyecto de futuro para España, a partir de la integración de un nuevo bloque social dinámico, debe ser el compromiso del XXXV Congreso Federal.
Este nuevo proyecto exige, para ser creíble, además de un acertado análisis de la realidad social, una gran valentía intelectual y moral. Hoy, más que nunca, es preciso que lo que pensamos y decimos se parezca a nosotros mismos, a nuestra forma de ver la vida, a nuestro talante y estilo de ser y de actuar en política.
El PSOE tiene que comprometerse con un nuevo estilo de hacer política, que cuente más con la gente y estimule su participación, que busque formas de integración imaginativas, que refuerce la cohesión, antes que la indiferencia o el enfrentamiento, que abra posibilidades efectivas de realización personal. Ampliar las fronteras de la democracia, facilitando la participación de los afectados en la resolución de sus problemas y llevando los principios de la igualdad y la responsabilidad a la vida cotidiana, es nuestro objetivo.
El PSOE está en condiciones de ofrecer a los españoles y españolas un proyecto fundado en una serie de ejes básicos que identifiquen la nueva vía.
La libertad es, sin duda, el valor distintivo más relevante de nuestra tradición histórica y la aspiración más ampliamente sentida por la sociedad y los progresistas. Crear condiciones para la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos exige cambios en los ámbitos económico, social, cultural y en las instituciones políticas.
La idea moderna de libertad es, afortunadamente, un concepto mucho más rico y utópico que las concepciones clásicas, que con más o menos convicción, han abrazado distintas corrientes políticas.
Ayer decíamos socialismo es libertad. Hoy podemos decir que el nuevo socialismo es la libertad en su sentido más amplio y profundo. Porque es evidente que la libertad exige condiciones desde la igualdad, a través del compromiso colectivo e individual. Un compromiso que puede desarrollarse desde la iniciativa pública o desde la iniciativa social, los emprendedores sociales, y que ha de tener a la formación y capacitación de cada persona como eje determinante de las propuestas políticas. Educación que no será suficiente si atiende sólo a los criterios tradiciones de extensión y acumulación de conocimientos; es preciso formar para emprender, educar para desplegar la capacidad de iniciativa de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El objetivo de una política progresista hoy es hacer posible que los ciudadanos sean capaces de llevar a cabo su proyecto personal de vida en una sociedad democrática, solidaria y respetuosa con la diversidad. Eso significa lograr que cada cuál pueda aportar según sus capacidades y que todos tengan aseguradas unas necesidades básicas sin las cuales no hay verdadera libertad de opción.
Para lograr que la nueva sociedad permita poner en valor el potencial de todos los individuos en la perspectiva de la libertad y la igualdad, es preciso abordar nuevas iniciativas.
Hay ciudadanos que con sus propios medios van a poder aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo que vivimos, y asegurarse en lo posible de los riesgos e incertidumbres que conlleva. Pero sólo unos pocos. Si queremos que nadie se quede atrás ni en el desarrollo de sus capacidades, ni en la atención a sus necesidades, hace falta una acción pública conscientemente dirigida a ese fin.
Nuestro País necesita un intenso y sostenido proceso de reformas políticas que sitúen al conjunto de instituciones y poderes del Estado al servicio de una sociedad intensamente dinámica y que reclama con insistencia una corresponsabilidad en la toma de decisiones. La sociedad española avanza a un ritmo más acelerado de creatividad que sus Instituciones y fuerzas políticas. Reinventar el Gobierno y el modelo de Administración vigente para responder a ese desafío, es un objetivo básico para los socialistas.
Por ello hay que mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y articular las intervenciones del Sector Público a partir de los siguientes tres principios: el Estado tiene la obligación de ayudar a los ciudadanos, pero debe hacerlo estimulando la responsabilidad individual de quien recibe dicha ayuda. Tiene la responsabilidad de mejorar la eficiencia productiva y el funcionamiento de los mercados en un marco competitivo que beneficie a los usuarios y consumidores. Y tiene, también, la obligación de asegurar la cobertura de las necesidades sociales básicas de manera equitativa para todos, con independencia de sus niveles de renta.
Ayudar al que puede a desarrollar y utilizar sus capacidades, exigiéndole que sepa aprovechar dicha ayuda, es una característica fundamental del nuevo estilo de hacer política que proponemos. Todos aquellos que tienen una idea, un proyecto social o capacidad de trabajo deben ser aprovechados por la sociedad sin que la falta de recursos, medios o atención, pueda significar un freno a su iniciativa.
Es responsabilidad pública apoyar aquellos proyectos con posibilidad de aportar a la comunidad más de lo que cuesta dicha inversión, convirtiendo las políticas de apoyo en motores activos de cambio individual y social. Y es responsabilidad de quienes reciben dicha ayuda hacer un uso adecuado y provechoso de la misma.
Este planteamiento de responsabilidades compartidas requiere una administración capaz de individualizar sus políticas.
España necesita un amplio proceso de modernización económica. No es posible retrasar por más tiempo la aplicación de normas y garantías que fomenten una competencia real y eviten la concentración de poder económico y mediático que tanto perjudica al bienestar de los ciudadanos y a la propia calidad de nuestra democracia.
Los procesos de liberalización recientes no han beneficiado a los consumidores de manera suficiente. A menudo, y especialmente en los últimos cuatro años, los grupos económicos que controlan los sectores productivos, se han apropiado de parte de estos beneficios mediante una concentración de poder oligárquico que es urgente desmontar. Tenemos el convencimiento de que todo monopolio, público o privado, desprotege a los usuarios, perjudica la libertad de elección del consumidor, la calidad del servicio y su precio.
De otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías, su extensión territorial y social, garantizada por los poderes públicos, constituyen un requisito imprescindible para ganar el futuro, evitando que su implantación genere desigualdades.
La sociedad española necesita también políticas de modernización en el ámbito de las infraestructuras del transporte y del medio ambiente. Modernizar nuestras infraestructuras es condición necesaria, aunque no suficiente, para que todos los territorios gocen de las mismas oportunidades para el desarrollo de sus actividades económicas. Es preocupante observar cómo el desarrollo económico y social no llega de forma uniforme a toda España y extensas zonas del territorio nacional vienen perdiendo población, actividad económica y renta, tendencia que sólo una acción decidida de los poderes públicos puede corregir.
Con respecto al medio ambiente, la exigencia de una mejor calidad de vida, junto a la preocupación por modelos de desarrollo económicos como los actuales, sitúan en el centro de nuestra preocupación los aspectos medioambientales: es urgente revisar la lógica económica de beneficio inmediato que sobreexplota recursos naturales limitados, mientras desperdicia capacidad de trabajo en forma de paro masivo y por otro lado se debe prestar más atención, normativa e inversora, de forma inmediata, a la creación de una estrategia para prevenir el cambio climático, al tratamiento de residuos, la calidad de las aguas, la contaminación, los procesos de desertificación o el uso responsable del transporte para reducir sus emisiones contaminantes.
Reformas y modernización son caminos indisolublemente unidos. La lentitud y la burocratización actual en la toma de decisiones no merece más que un amplio suspenso social si lo comparamos con las exigencias que las empresas y los trabajadores tienen para desarrollar sus objetivos.
La igualdad es el otro gran pilar de un proyecto de cambio social. El grado de desarrollo de nuestro País no se corresponde con la situación vital de muchos ciudadanos y ciudadanas. La altura moral de una sociedad se mide por la atención que presta a los más desfavorecidos. Garantizar socialmente la cobertura de las necesidades básicas al conjunto de la población es algo justo y posible en sociedades avanzadas como la nuestra. Aún más, desde un punto de vista socialdemócrata, es condición necesaria para que exista una verdadera libertad individual de elección. Esa vinculación entre el ejercicio de la libertad democrática y la cobertura, mediante políticas redistributivas, de unos mínimos vitales para todos los individuos, explica el sentido último del Estado de Bienestar puesto en pie por la socialdemocracia en toda Europa y en España a partir de los años ochenta.
Desde esta perspectiva, hay políticas clásicas de la socialdemocracia que exigen una intensificación y ampliación, mejorando la calidad en la prestación de los servicios públicos. Haciendo esto, no podemos caer en el error de confundir los instrumentos con los fines, ya que no siempre la acción directa del Estado es la vía suficiente y más eficaz para el logro de una sociedad de bienestar.
Los socialistas ofrecemos un proyecto nacional para España y los españoles. Revalidar la España constitucional supone situar al mismo nivel la exigencia de un proyecto de Estado y del decidido apoyo al despliegue de las identidades territoriales y colectivas de una España plural. En un mundo sin barreras, y en la sociedad de la comunicación, la identidad de cada pueblo es un patrimonio esencial. Reforzar la identidad de España y a la vez la identidad de todas y cada una de nuestras nacionalidades y regiones es un potencial extraordinariamente rico para el progreso colectivo.
En esta nueva etapa, el PSOE y sus referentes institucionales, que deben representar la cohesión territorial del Partido Socialista en su proyecto para España, necesitan un radical impulso de modernización y democratización, tanto en los métodos de trabajo y planificación de objetivos, como en el nivel de exigencia a todos y cada uno de nuestros representantes.
La necesidad de adaptar una oferta política progresista como la nuestra proviene del hecho de que la propia realidad cambia y también evoluciona la percepción social sobre la misma. Aparecen problemas nuevos y nuevas demandas por parte de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones distintas. Para ello, es evidente que se necesita una dirección federal con capacidad de liderazgo y solidez suficiente como para asumir con coraje un proyecto global y coherente.
Deseamos, pues, un Congreso de ideas, de proyectos y debate político apasionado, que se produzca a través de cauces que faciliten la máxima participación de los afiliados y afiliadas y que esté atento, muy atento, a las aportaciones sociales que se van a producir.
Partido Socialista Obrero Español
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