Hablaron los pueblos de Venezuela, los que no deben ser confundidos con el pueblo de Venezuela. Si uno argumentaba que estas elecciones del domingo pasado eran municipales y estadales, no nacionales como Chávez las entendió, entonces no debiera ahora, para ser consistente, extraer conclusiones nacionales del 23 de noviembre. Aquí se expuso la semana pasada: “Ni de una totalidad de triunfos en los estados y municipios puede sacarse conclusiones sobre asuntos de exclusivo dominio nacional”. Nos referíamos, por supuesto, a los deseos en Hugo Chávez de perpetuarse en el poder.
Pero por supuesto que se puede extraer conclusiones nacionales, y no sólo porque el presidente Chávez se metiera hasta el cuello en elecciones que no eran de su incumbencia.
Por ejemplo, que la muy significativa presencia de las dos terceras partes de los electores inscritos ante las máquinas de votación tiene que ser agradecida no sólo al pueblo venezolano, sino también a San Isidro Labrador que quitó el agua y puso el sol, sin permitir más que una que otra garúa intrascendente.
Por ejemplo, que la campaña emprendida por Chávez ha herido grandemente a la gente de Podemos, el PPT, el PCV y otras organizaciones disidentes—traidoras, en el léxico presidencial—, y habrá que ver entonces cómo se conducen y alinean sus diputados en los dos años que les quedan en la Asamblea Nacional. (Observación atinada que aportara Levy Benshimol).
Por ejemplo, que en contra de lo supuesto por esta publicación—“De hecho, luce probable que en términos porcentuales el avance opositor sea mayor en el ámbito municipal que en el estadal”—las candidaturas de oposición obtuvieron el 26% de las gobernaciones disputadas (tomando a la Alcaldía Metropolitana de Caracas como una), pero sólo el 18% de las alcaldías en juego (58 de 321, incluyendo la ganada por Antonio Ledezma). No hay ni uno solo de los estados del país en el que las opciones opositoras o disidentes ganaran una mayoría de las alcaldías. En Apure, Portuguesa, Sucre, Vargas y Yaracuy (más el Distrito Capital) ni una sola alcaldía recayó en candidatos de oposición o disidentes del chavismo. He aquí una lista de los estados seguidos por dos números; el primero es el número de sus municipios en los que se eligió alcalde, mientras que el segundo es el de las alcaldías obtenidas por candidatos del PSUV: Anzoátegui, 21, 18; Apure, 6, 6; Aragua, 18, 17; Barinas, 12, 11; Bolívar, 11, 8; Carabobo, 13, 11; Cojedes, 9, 7; Delta Amacuro, 4, 3; Falcón, 25, 22; Guárico, 15, 12; Lara, 9, 8; Mérida, 23, 18; Miranda, 20, 15; Monagas, 13, 12; Nueva Esparta, 11, 6; Portuguesa, 14, 14; Sucre, 15, 15; Táchira, 29, 16; Trujillo, 19, 16; Vargas, 1, 1; Yaracuy, 12, 12; Zulia, 19, 13.
Por ejemplo, que esta vez, al perder el gobierno tres gobernaciones adicionales y Caracas, se ha llegado al status que esta publicación predijo y postuló como importante: “Será la interpretación que por su cuenta elabore el enjambre ciudadano lo que será decisivo. Por los vientos que soplan, es razonablemente probable que la conclusión a la que llegará el 70% de la población que no es chavista será que el gobierno habrá visto reducirse su dominación el 23 de noviembre de 2008. Esto será suficiente, por ahora”. El ciudadano promedio en Venezuela ha leído los resultados así: que el gobierno—el presidente Chávez—ha perdido terreno, a pesar de haberse esforzado muchísimo y en característico y multidimensional abuso.
Pero esto, como hemos visto, ha sucedido en la cota de los estados; a nivel de los municipios se produjo lo contrario. Dicho de otro modo: Si Chávez tenía en contra desde 2004 a dos gobernadores entre veinticuatro (8%, incluida la Alcaldía Metropolitana de Caracas), y ahora tiene seis entre veintitrés (26%), Salas Feo tendría en contra al 85% de los municipios de su estado, Capriles Radonsky al 75%, Morel Rodríguez al 55%, Pérez Vivas al 55% y Pablo Pérez al 68%. Mientras un poco más de la cuarta parte de las gobernaciones son ahora de oposición, sólo un poco menos de la quinta parte de las alcaldías serán ejercidas por opositores. Es como si la oposición a Chávez quisiera expresarse preferentemente a través de gobernadores, o fuera su expresión más difícil mediante los alcaldes.
Y el ciudadano opositor típico en las circunscripciones perdidas por el PSUV, a pesar de que se quejara de la contaminación de las elecciones locales desde el nivel nacional, se alegra menos porque cree que su estado o municipio tienen ahora un gobernante idóneo que porque Chávez ha sufrido un nuevo retroceso.
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Hay varias cosas muy buenas de las elecciones del 23 de noviembre, las más de ellas ya expuestas por los mejores analistas del país y notadas independientemente por los propios ciudadanos, pues los hechos han hablado, en gran medida, por sí mismos. Tal vez sea la mejor de todas el refuerzo a la línea de la participación electoral como procedimiento eficaz, junto con un crecimiento en la confianza sobre nuestro sistema electoral. Lejos han quedado los tiempos en los que un amplio conglomerado de ciudadanos antichavistas denostaba de Smartmatic y de los jóvenes venezolanos que habían creado en ella una compañía de clase mundial en su ramo. Ya no parece tener cabida el otrora acostumbrado grito de fraude, ni obtendrán atención los ingenieros o estadígrafos que empleen oscuros teoremas para “demostrar” que lo ha habido desde al menos 2004. Al haber registrado dos veces en sucesión una derrota y una pérdida de terreno de Chávez, el Consejo Nacional Electoral ha visto mejorar su reputación. Hasta los antichavistas más radicales—Antonio Sánchez García, por caso—celebran los logros de la oposición en los términos proclamados por el Consejo Nacional Electoral sin discutirlos demasiado.
Obviamente, y una vez más, esta conducta seria de la máxima autoridad electoral se limita al acto de las elecciones. No hay duda de que durante el período de campaña la mayoría de sus rectores actúa en plan de alcahuete del Presidente de la República. A pesar de los dignos y valientes esfuerzos de Vicente Díaz—un miembro del Grupo La Colina cuya autoridad moral se deriva de su recta sensatez y su rechazo al obstruccionismo—el Consejo Nacional Electoral cohonestó los descarados abusos de Hugo Chávez, con la excusa de que este ciudadano no sólo es el jefe del Ejecutivo Nacional, sino mandamás de un cierto partido político. También formó parte de la gavilla de instituciones que sostuvieron las inhabilitaciones inconstitucionalmente impuestas por el contralor Russián, a quien apoyara la mayoría de la Sala Constitucional mediante la amputación falaz del sentido del Artículo 42 de la Constitución, en su infame Decisión 1.265 del 5 de agosto de este año.
Pero quienes, dentro de la oposición, proclamaron hasta el cansancio que no había destino en el camino electoral y proponían métodos non sanctos para salir de Hugo Chávez, también han sufrido, como él, su segunda derrota en fila.
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El próximo gran hito político del país, apartando elecciones locales complementarias en 2009, es sin duda la elección de una nueva Asamblea Nacional a fines de 2010. Dos años, pues, median entre hoy y esa oportunidad para emplearlos en la conquista de una mayoría de escaños parlamentarios por candidatos que porten y encarnen un paradigma de política clínica que supere al paradigma clásico, signado por la dicotomía izquierda-derecha y la práctica de una política de lucha y poder. Esta tarea es doble: de aprendizaje del paradigma nuevo, de diseño y operación de un nuevo esquema para la organización del esfuerzo.
Pero dado que hay tiempo para trabajar en ese inmenso compromiso, conviene aplicar este amanecer político en una serena e intensa deliberación. Stop the world, como dice la canción, ahora que se ha frenado significativamente el ímpetu absolutista presidencial, ahora que se ha merecido una cierta calma, para pensar y decidir la construcción de nuevos cauces políticos, de cauces no convencionales.
A este fin debe evitarse, intencionalmente, la bajadita de los simplismos superficiales y automáticos. Hay clichés estratégicos—como aquel de que ”hay que calentar la calle”—que se aceptan de un sólo envión sin mayor análisis. Por ejemplo el siguiente teorema, aparentemente impepinable: “No hay democracia sin partidos; por tanto, si queremos tenerla, es preciso fortalecerlos”. Si por partidos se entiende organizaciones políticas, entonces está bien, porque ya no sólo la democracia, sino cualquier forma de política se hace sólo a través de la organización. (Incluso puede decirse que la organización es más agudamente necesaria cuando no hay democracia, como demostrara tan contundentemente la Solidaridad de Lech Walesa en Polonia o el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela o el Nacional Indio de Mohandas Karamchand Gandhi). Pero deducir de aquella premisa que se trata de fortalecer estos partidos, los existentes y actuantes, siendo lo que son y estando como están, ya no es procedimiento lógica o políticamente válido. El asunto exige ser acometido seria y responsablemente en la más desapasionada y honesta de las discusiones.
El foco actual, en verdad, debe ponerse de una vez en las elecciones de Asamblea Nacional, aunque también haya que atender la cotidianidad y esforzarse en una frecuente contención de los amagos y designios de Hugo Chávez. En notas compuestas el 5 de noviembre, el suscrito se atrevía a decir: “Si se hace las cosas bien, será posible presentar al país una nueva y competente camada de políticos, muy diferente a la actual, y lograr una mayoría en la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, ya no más leyes habilitantes, ya no más autorizaciones a viajes presidenciales al exterior de duración superior a cinco días, ya no más aprobación automática de opacos presupuestos. En cambio, la potestad real de verdadera fiscalización y control del Ejecutivo Nacional, lo que ha estado ausente desde la época del Plan Bolívar 2000”.
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En una carpeta aparte, sin embargo, deberá prepararse lo relativo a una eventualidad cuya probabilidad, aunque no muy grande, es mayor que cero y produciría un gran impacto político. Los resultados del 23 de noviembre de 2008, superpuestos a los del 2 de diciembre de 2007, han perforado la armadura del chavismo; si a esto se añade la grave coyuntura económica mundial, a cuyos efectos Venezuela no podrá escapar, pudiera darse un proceso de deterioro y deslegitimación de Chávez, y en tal caso la renuncia de éste a su comando surgiría como opción, que es la que Chávez adopta cuando se halla contra la pared. (El 4 de febrero de 1992, el 11 de abril de 2002. Observación reiterada de Luis Alberto Machado).
Una dinámica de esa clase, por tanto, pudiera conducir a la falta absoluta del Presidente de la República, y si ella se produjere antes de enero de 2011 el país tendría, según la Constitución (Artículo 233), que elegir un nuevo presidente en el lapso de un mes.
Convendría entonces que los electores ya hubieran conocido suficientemente, para ese momento, unas cuantas caras políticas frescas, entre las que pudiera estar la del sucesor de Chávez en esas circunstancias. Quienes todavía pueden asignar recursos financieros y comunicacionales a los emprendimientos políticos personalizados, debieran considerar la facilitación de esos surgimientos.
Incluso si llegare a ocurrir que un nuevo referéndum revocatorio pareciera tanto viable como probablemente exitoso, sería más que aconsejable la identificación y exposición de posibles sucesores. Aquí se recordó el pasado 30 de octubre: “Cuando ya una mayoría nacional rechazaba a Carlos Andrés Pérez en 1991, se detectaba igualmente la negativa a su sustitución porque se ignoraba quién podía sucederlo”.
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