La época de oro del “Padre de la Gerencia Moderna”, Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), fecha su inicio (1954) con la publicación de su libro The Practice of Management. Es en él donde resalta su prédica fundamental, la gerencia por objetivos. Contraponía este modo racional de gestionar a la observable gerencia por crisis, la práctica común de esforzarse sólo cuando el mundo se nos viene encima. A pesar de haber escrito hasta el fin de sus días—El ejecutivo eficaz en acción, 2005—, Drucker no tomó en consideración un refinamiento de la gerencia desordenada, introducido por la gerencia de un estadista de iniciales H y Ch, que gerencia por sobresaltos; esto es, por crisis que no vienen de afuera, sino que él mismo crea.
Ayer dijo HacheChé: “La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”. Se refería, por supuesto, a su obsesiva preocupación porque le sea posible presentarse cuantas veces quiera a la reelección como Presidente de la República. Ni siquiera quince días han pasado de las elecciones del 23 de noviembre, cuando de nuevo sobresalta al país, que se disponía al sosiego navideño, con su febril apremio por la reelección. ¿Cuál es la urgencia nacional en dilucidar esa materia, cuando la oportunidad de ponerla a prueba no llegará hasta dentro de cuatro años, en diciembre de 2012? ¿Por qué HacheChé está tan angustiado y urgido? ¿No ameritará su inquietud la declaración de un estado de excepción, siendo que, como reza el Artículo 337 de la Constitución, es potestad presidencial, en consejo de veintisiete ministros (más los alcaldes del Municipio Libertador y Valencia, hasta ahora), declararlo cuando concurran “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos”? ¿No y que ahora “vienen por él”? ¿No y que la oposición ataca ahora las misiones? (Razón esta última de gran debilidad para revertir, característicamente en menos de una semana, su postura inicial de no promover directamente la enmienda constitucional—“Pero no puedo impedir que el pueblo lo haga”—para ordenarla perentoriamente y hasta bautizar la nueva campaña—lo único que sabe hacer—con el engorroso, ridículo y egocéntrico nombre de “Uh, ah, Chávez no se va”. Fue él, no la oposición, quien ordenó el salvaje ataque contra los gobernadores y alcaldes de oposición recién electos).
En efecto, los resultados del 23 de noviembre han sacado de quicio a HacheChé; es su propio sobresalto el que transmite a la Nación, que ya había arribado a la conclusión de que el gobierno perdió terreno en las recientes elecciones, a pesar de su todavía amplio dominio. Luis Vicente León, Director de Datanálisis, ha apuntado con aguda penetración una razón del agite: “Si él permitía que se incrustara la idea de que la oposición era fuerte por haber ganado en estados clave, las posibilidades de plantear la enmienda se le complicaban”. Está claro que el tema del 23 de noviembre no es uno que quiera seguir discutiendo.
La injustificable agitación es, por supuesto, otro caso de la táctica de huir hacia adelante, y en verdad estuvo planificada desde antes de las elecciones. En los círculos íntimos del gobierno se sabía que al término de ellas vendría la arremetida de la enmienda, contando con resultados mucho mejores que los que finalmente se dieron. Haberla pospuesto hubiera permitido que la sensación de derrota cundiera en sus propias filas, castigadas por el ingrato tratamiento que HacheChé infligió a los grandes derrotados en las elecciones—Diosdado Cabello, Jesse Chacón y Aristóbulo Istúriz—, a quienes indicó que debieran ir a administrar algún “núcleo endógeno” en la isla La Borracha. De hecho, ahora se ve más clara la razón de que HacheChé se convirtiera, con su grosera intromisión en elecciones locales que no eran de su incumbencia, en el único candidato a alcalde y gobernador oficialista en las pasadas elecciones. Al intentar concentrarlas en su persona, al adulterar su descentralizado sentido, vendía por anticipado la interpretación de que eran en verdad un plebiscito sobre su liderazgo nacional, y que un triunfo en ellas sería la base de la campaña reeleccionista. Más que desconfianza en la capacidad de sus candidatos locales (razonable, como se viera, en los casos de Cabello, Chacón, Di Martino, Istúriz, Silva, etc.) era la necesidad de tal plataforma reeleccionista lo que lo llevaba a asumir el único papel protagónico. Los cientos de candidatos del PSUV no pasaron nunca de ser relleno (no sanitario), extras de la película.
Pero una tercera función de esta nueva campaña urgentísima por la perpetuación de HacheChé en el poder es la de atemorizar y desconcertar a la oposición, distrayéndola del foco principal en las venideras y verdaderamente estratégicas elecciones de Asamblea Nacional (diciembre de 2010) y poniéndola a correr y a cometer errores. Es encomiable, por caso, el valiente y claro llamado de Jon Goikoetxea a vencer la pretensión continuista; tiene razón al estimar que el despropósito presidencial será derrotado. Pero carece de ella cuando convoca a los gobernadores y alcaldes opositores para que se sumen como protagonistas de la cruzada. Reporta El Universal: “Los gobernadores y alcaldes electos tendrán un papel importante que jugar, según el líder estudiantil”. Dijo Goikoetxea: “Ya estamos dispuestos a empezar, hay que hacerlo en coordinación con los representantes recientemente electos, porque tienen la legitimidad y la obligación; los escogimos no sólo para ser buenos gobernadores y alcaldes, sino para tomar la delantera en este proceso, para que sean voceros y defensores de la libertad en Venezuela”. Es una interpretación fundamentalmente equivocada. De nuevo, si se criticaba a HacheChé porque quiso nacionalizar unas elecciones de ámbito local, resultaría inconsistente que ahora se convoque a gobernantes estadales y municipales a involucrarse en la inminente confrontación. En realidad, bastará en este caso argumentarle clara y sencillamente al enjambre ciudadano los obvios inconvenientes de la pretensión de HacheChé. Es ese conglomerado inteligente el que, en las urnas, serenamente, fuera del escenario épico que el gobierno quiere construir y algunos opositores aceptan, volverá a negar el continuismo.
………
No será necesario, tampoco, gastar guáimaros en una discusión de corte legal, a pesar de que se tenga la razón en este terreno. El gobierno cuenta con una mayoría obsecuente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya amputó el sentido del Artículo 42 de la Constitución en su decisión 1.265 del pasado 5 de agosto, para dar pie a la inhabilitación inconstitucional abanderada por el Contralor General. Por más que la Constitución diga en su Artículo 345 que “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional”, por más que la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política diga en su Artículo 193 que “En todo caso, si la materia objeto de un Referendo fuere rechazada por el pueblo, no podrá presentarse de nuevo durante los dos (2) años siguientes”, ya juzgará esa retorcida Sala, como ha adelantado el diputado Carlos Escarrá, luminaria del sofisma jurídico, que el procedimiento de enmienda es una vía distinta de una reforma, y por tanto la prohibición constitucional no sería aplicable en este caso. No vale la pena distraerse en una discusión jurídica.
Más aún, ya la Presidenta del TSJ y de su Sala Constitucional ha sentado una doctrina que contradice a la Constitución en el fondo del asunto. Al decidir sobre recurso intentado el 26 de marzo de este año (expediente No. 08-0341) por el abogado en ejercicio Luis Hueck Henríquez, Luisa Estella Morales Lamuño recordó así jurisprudencia previa (sentencia Nº 1.488 de la Sala Constitucional del 28 de julio de 2006): “la Sala reitera que la reelección no es tan sólo un derecho individual por parte del pasible de serlo, sino que además es un ‘(…) derecho de los electores a cuyo arbitrio queda la decisión de confirmar la idoneidad o no del reelegible, y que al serle sustraída dicha posibilidad mediante una reforma realizada por un poder no constituyente, se realizó un acto de sustracción de la soberanía popular, quedando dicha posibilidad de forma exclusiva, y dentro de los límites que impone a todo poder los derechos humanos, inherentes a la persona humana, al poder constituyente, el cual basado en razones de reestructuración del Estado puede imponer condiciones o modificar el ejercicio de derechos en razón de la evolución de toda sociedad así como de la dinámica social. (…) No puede entonces, alterarse la voluntad del soberano, por medio de instrumentos parciales y que no tengan su origen en el propio poder constituyente, es a él al cual corresponde la última palabra, teniendo como se ha dicho como único límite, los derechos inherentes a la persona humana y derivados de su propia dignidad (…)’.”
La Constitución, naturalmente, no es un instrumento parcial; es la ley totalmente fundamental de la República, y fue además establecida por el Poder Constituyente Originario, en referéndum aprobatorio del 15 de diciembre de 1999. Esto es, fue el propio Poder Constituyente quien promulgara la limitación a la reelección presidencial en el Artículo 230 de la Constitución, que ahora se pretende enmendar.
Puede admitirse, por supuesto, que el Soberano debe preservar su derecho absoluto de reelegir a quién le dé la gana cuantas veces quiera; para eso es Soberano. Pero lo que esta misma Corona estimó saludable estipular en 1999—en “la mejor Constitución del mundo”, decía HacheChé entonces—es que el Presidente de la República no fuera más de una vez reelegible. Sabiamente, consideró que el Primer Magistrado de la Nación dispone de mucho poder y recursos muy considerables, que hacen verdaderamente asimétrica y ventajosa su participación como candidato en una contienda electoral. Y eso que todavía entonces no habíamos sido testigos del más obsceno y abusivo ventajismo de presidente alguno en nuestra historia, como es el dirigido de modo tan pertinaz por HacheChé.
A pesar de estas cosas, se reitera, no vale la pena enredarse en esta discusión con unos magistrados que decidirán complacientes con la voluntad de HacheChé. Lo mejor es no involucrarlos, lo mejor es ignorarlos, lo mejor es no darles vela en este entierro; que se queden expectantes por un protagonismo que no les alcance.
Tampoco conviene embarcarse en aventuras competidoras, como la propuesta de introducir aceleradamente por iniciativa popular la enmienda alterna de recortar el período presidencial y prescribir una segunda vuelta electoral. Por una parte, se trataría de desempolvar una iniciativa de Primero Justicia (sobre redacción de Juan Manuel Raffalli) en 2002, que nunca agarró vuelo (se proponía entonces, ilusamente, que la acogiera la Asamblea Nacional). Por otra parte, nada podría competir con el apuro de la enmienda de HacheChé, que ha ordenado se introduzca por la expedita vía de, justamente, la Asamblea Nacional.
Lo que hay que hacer es recoger el guante, aceptar el insolente desafío y derrotar la indemocrática pretensión con nuestros votos. Volver a decir no sin que quepa la menor duda.
………
A lo que estamos enfrentados es a un nuevo acto referendario, el quinto de nuestra corta historia a ese respecto, que busca abrir las puertas a la perpetuación en el poder del actual y muy concreto Presidente de la República.
Las oscilaciones—la “volatilidad”, se diría en estos tiempos de agitación bursátil—en el planteamiento de la cosa dan cuenta de las dudas que en el propio seno del PSUV suscita la obsesiva terquedad de HacheChé. Primero, él mismo prometió—¿cuánto vale su palabra de hombre?—que no promovería la enmienda. A los pocos días de que dijera esto, dejando magnánimamente que el PSUV y el pueblo (en ese orden) rumiaran si convenía promoverla, el Vicepresidente de ese partido, el oportunista Alberto Müller Rojas, declaró que el asunto de la enmienda no estaba planteado en el seno de la organización. Al señalársele que algún poetastro gobernador oriental ya se hallaba en campaña por la enmienda, Müller Rojas expuso que era él quien mandaba en el PSUV. Media hora después de ese atrevimiento, el jefe máximo del partido lo contradecía y se contradecía a sí mismo, al ordenar la operación “Uh, Ah, HacheChé no se va”. En sus palabras mostraba desfachatadamente su aberrante concepción de la democracia: “Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano [en ese orden] para que inicien el debate para la enmienda constitucional, para que tomen las acciones que haya que tomar para lograrlo. Sí lo vamos a lograr, vamos a demostrar quién manda en Venezuela”. Ahora, pues, no es el pueblo quien autoriza al mandatario; ahora somos nosotros quienes debemos solicitar su majestuosa autorización, su real permiso.
A continuación pareció que se adoptaría la ruta de la iniciativa popular—15% de los electores—y se buscaría recolectar, en tiempo récord, más de dos millones y medio de firmas para forzar el referéndum necesario de modo perentorio. Pero esta posibilidad hizo que la dirigencia del PSUV se sintiera en posición harto incómoda. Ella sabía que la tarea no sería nada fácil, aunque el 23 de noviembre un total de cinco millones y medio de votos fueron hacia sus candidatos a gobernaciones y alcaldías. Sin que la oposición hiciera nada al respecto, se hubiera formado un efecto de “lista de Tascón al revés”. No habría entre los partidarios del gobierno demasiados que quisieran dejar registradas para la historia sus firmas de apoyo a una pretensión continuista y dinástica. De allí que rápidamente se salieran de la suerte, pasándole la pelota a los sigüises de la Asamblea Nacional. “La iniciativa parlamentaria permitiría ahorrar tiempo y dinero”, dijo un vocero del PSUV. Minutos más tarde HacheChé confirmó la cosa: “La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja, que es más rápida”. Ése es el producto de una “deliberación” de diez días.
………
HacheChé se encamina al suicidio. Es su solución al desasosiego de sus más recientes madrugadas. Ya no golpea puertas—al menos no se observa que lo haya hecho con las manos—pero lleva en el alma las sucesivas derrotas, las del 2 de diciembre de 2007 y el 23 de noviembre de 2008, la disolución de su coartada favorita con la elección de Barack Obama en los Estados Unidos y la angustia de un posible empeoramiento definitivo de las finanzas públicas, ya debilitadas. (Sobre esto último no hay total seguridad: sigue mermando, por razones estructurales, la oferta energética mundial a un ritmo de entre 6 y 7% por año, como ha destacado el Brujo de Los Palos Grandes. Uno de los efectos de la muy marcada disminución de los precios del petróleo es la reducción de los esfuerzos exploratorios y el desarrollo de costosas fuentes alternas. Así, Larry Nichols, ejecutivo jefe de Devon Energy, una de las más grandes compañías estadounidenses de exploración, ha anticipado: “Las compañías de petróleo y gas van a cortar significativamente sus presupuestos para el próximo año”, y varios expertos piensan que la caída resultante—la exploración en áreas como Montana y Colorado pudiera reducirse tanto como en 40%—haría que los precios de la energía subieran a un nuevo pico el año que viene, según TIME Magazine).
HacheChé se dirige al suicidio. No sólo es que los estudiosos de la opinión han reportado que su derrota del 2 de diciembre de 2007 tuvo que ver fundamentalmente con la vigésima primera proposición del rechazado “bloque A” del proyecto de reforma constitucional—Artículo 230: Sobre el periodo presidencial. Se modifica de 6 a 7 años. Se retiran los límites para ser reelegido—, sino que prácticamente todas las encuestas realizadas en 2008 registran una mayoría de repudio popular (al menos las dos terceras partes de los electores) a tal posibilidad. Su posición no ha mejorado, y las groseras agresiones contra los gobernadores y alcaldes electos de oposición—que además de vulnerarlos con el despojo de instituciones y equipos buscan desaparecer evidencias de manejos indebidos—tampoco lo favorecen, pues en último término son el desconocimiento de la voluntad electoral, un evidente irrespeto al pueblo.
HacheChé va directo al suicidio. Esta vez ya no se trata de trescientas y tantas elecciones estadales y municipales. Ahora se trata de una sola votación, de un solo artículo—”Va a ser muy sencilla: un sólo artículo, más nada, un sólo artículo”, decía, y explicaba que bastaba suprimir en el Artículo 230 de la Constitución la frase “y por una sola vez”—; la cosa no será entendida como la promulgación de un principio abstracto, sino como la muy concreta pregunta de si queremos que HacheChé tenga la posibilidad de seguir mandando después de febrero de 2013. Es decir, el efecto práctico del referéndum al que planea someternos es que, cuando el pueblo vuelva a decirle que no, le estará extendiendo un preaviso de cesantía. Ninguna deslegitimación pudiera ser más brusca.
El Brujo de La Florida ha alertado sobre ese desenlace, y ha especulado que subconscientemente HacheChé lo busca, como pretexto para renunciar y dejar así la muy complicada situación del Estado venezolano en manos de un opositor que se las vería negras para componerla y fracasaría en el intento. Entonces, deliran algunas neuronas extraviadas de Hacheché, él podría regresar como salvador de la Nación.
En todo caso, debemos saber que esa derrota de HacheChé, si le impele a la renuncia, configuraría una falta absoluta del Presidente de la República, que producida antes de enero de 2011 forzaría constitucionalmente una elección presidencial en treinta días. ¿Estamos preparados para eso?
LEA
intercambios