Cuando, en los inicios de 2002, comenzaba a discutirse abiertamente en Venezuela sobre métodos que rindieran una terminación anticipada del mandato que Hugo Chávez recibiera en diciembre de 1998, era una de las cartas de la baraja el planteamiento de una enmienda constitucional para recortar el período que resultó de las elecciones de julio de 2000, en las que resultara vencedor sobre uno de sus viejos socios golpistas, Francisco Arias Cárdenas. La ineficaz idea era postulada por el partido Primero Justicia. Resulta difícil comprender cómo una agrupación política competente podía entonces suponer que tal diseño tuviera alguna viabilidad.
Se suponía que la iniciativa de la susodicha enmienda surgiría del seno de la propia Asamblea Nacional. (Nunca se habló de suscitarla desde un quince por ciento de los electores, que es lo que el primer numeral del Artículo 341 de la Constitución estipula para la iniciativa popular de una enmienda). Es posible que, en una Asamblea Nacional en la que las curules opositoras, en minoría, excedían el treinta por ciento de sus diputados (condición prescrita en el mismo numeral), la fase de la iniciativa—la introducción de la enmienda a debate—pudiera superarse de haberlo intentado. Lo que era verdaderamente ilusorio es la creencia de que la enmienda hubiera sido aprobada por la mayoría simple estipulada en el segundo numeral del mismo artículo. Los partidarios de Hugo Chávez eran mayoría en la Asamblea; jamás hubieran sancionado la enmienda imaginada, ni siquiera porque al comenzar el año 2002 el gobierno tuvo un apoyo muy disminuido.
Antes, a mediados de los años ochenta, hubo un importante movimiento a favor de la uninominalidad en la elección de los cuerpos deliberantes—lo mismo que ahora se cuestiona en la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales—, y voces tan graves como la de Arturo Úslar Pietri abogaban por esa modalidad. La asociación civil Queremos Elegir llevó la voz cantante, y en 1987 entregó a la Cámara de Diputados una petición para que se reformara la Ley Orgánica del Sufragio en esa dirección, aunque la comunicación limitaba el asunto a la uninominalidad de los concejales. Para la época, por supuesto, estaba en vigencia la Constitución de 1961, y el numeral 5º de su Artículo 165 señalaba que la iniciativa de las leyes también correspondería a “un número no menor de veinte mil electores identificados de acuerdo con la ley”. Queremos Elegir reportó haber recogido ciento cuarenta mil firmas en esa oportunidad, siete veces la cantidad requerida para introducir toda una ley por iniciativa popular, a pesar de lo cual tuvo miedo del cuero del tigre que había matado, y se limitó a consignar un tímido petitorio.
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Esta publicación ignora cómo transcurren los procesos de deliberación estratégica en el seno de la Mesa de Unidad opositora pero, a juzgar por sus resultados, el método empleado en aquéllos debe ser errático, superficial y apresurado. La serenidad parece estar ausente de esa deliberación, así como la unidad de criterio. (Al menos en esto último no hay nada de unitario en la mesa). En respuesta a la angustia ciudadana causada por la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, líderes de distintos partidos han saltado ante la opinión pública con urgentes anuncios a nombre de “la oposición”, sólo para contradecirse en pocas horas.
La prensa reseñaba, por ejemplo, el 14 de agosto: “El diputado del partido Podemos, Ismael García, anunció que a partir de este momento se declaran en rebeldía y desacato contra el instrumento legal, que calificó de absurdo… Indicó que acudirán al Consejo Nacional Electoral para solicitar un referéndum abrogatorio…” A continuación reportó su ocurrencia de sugerir una imitación de Manuel Zelaya, cuando dijo: “… y si el CNE nos negara esa posibilidad, nosotros colocaríamos una cuarta urna en las plazas de Venezuela para que el pueblo vote”. (El Universal).
La misma nota, de Yaneth Fernández y Alicia De La Rosa, recogía la posición de Antonio Ledezma: “Declaramos a todos los sectores democráticos en Venezuela, a los partidos políticos, a los sectores estudiantiles, a los educadores de universidades, liceos y escuelas, a los padres y representantes, a los transportistas, a los comerciantes de los pueblos del país, a los congresantes, a los legisladores, nos declaramos a partir de este momento en lucha permanente en defensa de la Constitución y la democracia venezolana”. De seguidas recomendaba esta novísima táctica: “Convocamos a Venezuela a activarnos esta noche haciendo sonar un gran cacerolazo en rechazo a la Ley inconstitucional. Esta noche a las ocho comenzará el corneteo en calles, autopistas de toda Venezuela y que se hagan escuchar en barrios y urbanizaciones las cacerolas”. No hubo reportes posteriores de cacerolas batientes dignas de reseñar.
Al domingo siguiente el mismo diario titulaba: “Oposición acuerda apoyar referendo abrogatorio contra Ley de Educación”. Daba cuenta de una reunión en la que el alcalde Ocariz sirvió de anfitrión: “Alcaldes de oposición del área metropolitana, acordaron con la gobernación de Miranda, la Alcaldía Metropolitana, padres, representantes y docentes en contra de la Ley Orgánica de Educación, organizar la convocatoria a un referendo para eliminar este instrumento jurídico”. El primer orador del acto fue Juan José Molina, diputado por Podemos, quien dijo: “… queda el camino de la democracia y solicitar un referendo abrogatorio para seguir viviendo en la democracia que todos estamos acostumbrados”. También hablaron Gerardo Blyde (ex Primero Justicia, ahora de Un Nuevo Tiempo), Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) y Carlos Ocariz (Primero Justicia), quien “se comprometió a apoyar a la sociedad civil en la recolección de firmas para el abrogatorio”. Ledezma, dice el periódico, “insistió en la necesidad de hacer un referendo abrogatorio que derogue la Ley Orgánica de Educación ya firmada este sábado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías”. Blyde afirmó: “Hay que borrar [la LOE] del mapa jurídico venezolano y para eso es el abrogatorio”. Cerró el acto el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien contribuyó anunciando la creación del Comando Moral y Luces—siguiendo la pauta de Chávez, que todo lo relaciona con Bolívar—, cuya misión sería la de “solicitar formalmente” a las autoridades del Consejo Nacional Electoral activar un referéndum para “que sea el mismo pueblo venezolano el que apruebe o no la Ley de Educación”.
Esta fase del proceso merece tres comentarios. Primero, la iniciativa popular no solicita; manda, a pesar de la redacción constitucional. Segundo, éste no es asunto en el que debieron involucrarse de manera tan protagónica alcaldes y gobernadores electos, cuya exclusiva función es la de rendir un servicio público en sus respectivas circunscripciones; no puede servir de excusa que Hugo Chávez excede su función presidencial al actuar como líder del PSUV y meterse en cosas que no le incumben—era costumbre sana, ya olvidada, de nuestra democracia liberar de disciplina partidista al Presidente de la República—, y si los partidos mencionados querían estar en aquel acto, sus voceros han debido ser Omar Barboza, Oscar Pérez (o Richard Blanco) y Julio Borges. Tercero, esta publicación ya había alertado—Nota Ocasional #21—que el camino abrogatorio sería impedido irremisiblemente, sobre la disposición del último párrafo del Artículo 74 de la Constitución. (“No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes… que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos…”)
Debe reconocerse que Acción Democrática no participó de este sarao, y que Un Nuevo Tiempo anunció poco después su posición oficial de rechazo a la idea del referéndum abrogatorio.
No fue sino hasta el miércoles 19 de agosto cuando El Universal reportara: “La determinación de la Mesa de la Unidad contra un abrogatorio se tomó en una reunión plenaria la noche del lunes—según algunas fuentes, a instancias del MAS—en el entendido de que el anuncio de García no contaba con el consenso pleno, existiendo incluso dentro de la cúpula de los partidos posiciones divergentes. Éste fue el caso de Primero Justicia, pues Julio Borges dejó claro que el apoyo expresado a la consulta electoral por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante el acto del domingo en La Urbina, no contaba con el respaldo de la dirección nacional, confió uno de los asistentes al pleno… El secretario general de COPEI, Luis Carlos Solórzano, sí estima procedente impulsar un referendo contra la LOE, pero ninguno de los directivos de ese partido asistió a la reunión del lunes. Asimismo, las versiones coinciden en que en el debate, tanto Acción Democrática como La Causa R presentaron posiciones institucionales firmes desde el principio en contra de esa posibilidad… En cuanto al MAS, la posición inicial favorable expresada de manera pública por sus dos coordinadores nacionales, José Antonio España y Nicolás Sosa, debió ser reconsiderada tras la demanda del resto de los miembros de la dirección naranja por una posición colegiada”. También anotó el diario: “…otro dirigente, molesto por las marchas y contramarchas estratégicas de la alianza de oposición, estuvo en desacuerdo con responsabilizar a García exclusivamente y puso de bulto la concatenación de sucesos, pues tras la rueda de prensa del viernes—recalcó—se realizó el acto de calle en Chacaíto y el pronunciamiento de los alcaldes del Área Metropolitana de Caracas y del gobernador de Miranda a favor del abrogatorio, de modo que, a su juicio, hay una responsabilidad compartida en el apresuramiento del anuncio y el costo político que deberán pagar ahora una vez reconsiderada la decisión”.
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Una vez muerta la peregrina noción abrogatoria, sin embargo, parece que la Mesa de la Unidad busca ahora una ganga. (La décima parte de las firmas requeridas para forzar una consulta de abrogación). El lunes de esta semana continuó informando El Universal (Carolina Contreras): “Henrique Capriles Radonski, Gobernador de Miranda, acudió en representación de la Mesa de Unidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar un mecanismo que permita la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) vía iniciativa popular”. Y citó al mandatario mirandino, quien habría dicho: “Ya que se negó el referendo abrogatorio (…) el artículo 204 de la Constitución, 205 de la Constitución establece claramente de un 0.10% de los electores inscritos en el CNE pueden solicitar la reforma de una ley. Es decir que el Consejo Nacional Electoral tendría que fijar el mecanismo para que nosotros podamos a buscar la voluntad de ese 0.10% de electores”. (Sic, sic, sic, sic, sic).
Bueno, en primer término, la iniciativa popular de las leyes puede ejercerse con 1% de los electores, no con 0,1%. (Suponiendo que Capriles—que aparentemente fue designado representante ante el CNE, olvidando rápidamente su error abrogatorio, como modo de hacer control de daños a la imagen de un gobernador de oposición—no haya sido citado incorrectamente). Luego, la iniciativa popular no puede reformar ninguna ley; tan sólo puede introducir un proyecto de reforma, cuyo destino será determinado por la Asamblea Nacional, lo que lleva a las consideraciones que siguen.
Para empezar, el Artículo 205 de la Constitución reza: “La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”. Si fuera seria la intención de la Mesa de Unidad, lo más rápidamente que pudiera actuar sería recoger las firmas a tiempo para introducir el proyecto de reforma antes del 15 de diciembre de este año, cuando concluirá el segundo período de sesiones ordinarias de 2009. En tal caso, la Asamblea tendría la obligación de iniciar—no necesariamente concluir—la discusión del proyecto antes del 15 de agosto de 2010. A Cilia Flores le bastaría dar la palabra a un solo orador que “iniciara” la discusión el mismo 15 de agosto de 2010 en horas de la tarde.
Pero el obstáculo principal—que remite al recuerdo de la pretendida enmienda de recorte de período en 2002—es que la misma Asamblea Nacional que acaba de aprobar la Ley Orgánica de Educación es el órgano encargado de discutir y aprobar, o más probablemente rechazar, un proyecto de reforma introducido por iniciativa popular, así venga respaldado por dieciocho millones de firmas, o el registro electoral en pleno. La Constitución no garantiza que un proyecto de ley introducido por iniciativa popular será aprobado. ¿En qué cabeza cabe, pues, que es una idea medianamente productiva la introducción de un proyecto de ley que niegue lo que la asamblea de Cilia acaba de aprobar?
Más aún: ¿qué carrizo hacía Capriles Radonski, “en representación de la Mesa de la Unidad”, en el Consejo Nacional Electoral “solicitando” de este organismo—otra vez pidiendo el favor—vías expeditas para un acto que, como la introducción de un proyecto de ley por iniciativa popular, no es en absoluto un acto electoral? No existe disposición alguna en la recién aprobada Ley Orgánica de Procesos Electorales—que derogó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y el Estatuto Electoral del Poder Público—, como tampoco en la Ley Orgánica del Poder Electoral que establezca que el Consejo Nacional Electoral tenga vela alguna en ese entierro. Ninguno de sus artículos establece que las firmas que soporten un proyecto de ley de iniciativa popular deban ser certificadas por el Poder Electoral. La iniciativa de una ley no es un acto electoral y, por consiguiente, esta materia queda fuera de la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral. El fulano proyecto—idea malísima—tendría que ser llevado directamente a la Asamblea Nacional, y sería ésta la que tendría que ver cómo certifica la legitimidad de las firmas.
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Así están las cosas, pues, con la oposición formal venezolana. Si la Mesa de la Unidad no vuelve a revertir la actuación de su delegado, Henrique Capriles Radonski, para deslindarse de tamaño desatino, ya no tendrá un chivo expiatorio, como en el caso de Ismael García, a quien atribuir el nuevo apresuramiento y la nueva equivocación, después de que se convocara—¡por Dios!—una enésima marcha por aquella profunda máxima estratégica de que “hay que calentar la calle”. (Quien escribe certifica, no obstante, que fue obedientemente a marchar y hacer bulto).
La representación de Capriles, por otra parte, revela holgazanería política en la Mesa de la Unidad. Cuando todos los estudios de opinión reportan rechazos muy mayoritarios a casi toda ejecutoria reciente del gobierno, se conforma con captar la aquiescencia de uno por ciento de los electores (¿0,1%?), lo que ciertamente es más barato que diez por ciento de ellos.
En esta publicación se recomendó (23 de julio, #341), agarrar el toro por los cachos y plantear un referéndum consultivo frontal, capaz de parar el trote a Hugo Chávez Frías: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (El Movimiento 2D pareció alinearse en esa misma dirección en su comunicado del pasado domingo 23 de agosto, exactamente un mes después: “Puesto que la implantación del comunismo en Venezuela significa el cambio radical de sistema político, de vida, de ideales y de principios, por qué el Presidente de la República no convoca a un referéndum con una sola pregunta, que sería ésta: ¿Quiere usted que el régimen comunista sea establecido en Venezuela?” Por supuesto, la pregunta es retórica; por un lado, Chávez no habla de comunismo, sino de “socialismo del siglo XXI”, aunque en su cabeza esto sea realmente comunismo o marxismo radical. Luego, el asunto no es confiar en que el Presidente de la República consentiría en plantear tal cosa, sino en forzarlo desde la iniciativa popular, sobre la confiada y realista base de que en este punto sí hay una mayoría que votaría contra el socialismo, la excusa y coartada central del gobierno).
Pero la dirigencia opositora formal no consigue fuerzas para atreverse, y va a suplicar al Consejo Nacional Electoral una gracia que no corresponde a este órgano conceder. Es terrible, pero la errática y equivocadísima conducta de esa dirigencia la revela, una vez más, como incompetente.
La situación reclama a gritos una nueva formación política, construida sobre la base de un código genético distinto del de los partidos tradicionales, capaz de unir al país y de hablar a la inmensa mayoría no alineada, que ve con horror la perniciosa, abusiva y arrogante trayectoria del gobierno y con atónita incredulidad la supina ineficacia de los partidos de oposición.
luis enrique ALCALÁ
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