«La Patria está a las puertas del segundo centenario de su nacimiento como país independiente, libre de vínculos coloniales con la corona española y comprometido con una absoluta liberación de todo coloniaje. En efecto, entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, los fundadores de la patria tomaron la difícil decisión de formar la República de Venezuela, y proclamaron un hermoso sueño nacional, conscientes de la grandeza del mismo, del sacrificio que implicaba, así como de las limitaciones para llevarlo a cabo».
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Así comienza la Carta Pastoral sobre el Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República, aprobada el martes 12 de los corrientes por la XCIII Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. Es un extraordinario documento, del que DoctorPolítico extrae y reproduce a continuación, en secuencia, lo que considera los párrafos de mayor pertinencia a la actual situación nacional. Una de las virtudes del mismo, sin duda, es el recorrido histórico que emprende para ofrecer sus conclusiones. LEA
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Tanto el 19 de abril como el 5 de julio fueron dos acontecimientos en los que brilló la civilidad. La autoridad de la inteligencia, el diálogo, la firmeza y el coraje no tuvieron que recurrir al poder de las armas o a la fuerza y a la violencia. La sensatez en el intercambio de ideas y propuestas respetó a los disidentes y propició el anhelo común de libertad, igualdad y fraternidad.
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Este hermoso sueño y propósito de reconocer la dignidad de todos, de lograr formas de convivencia y libertad para toda persona sin exclusión, era una aspiración primordial, pero imperfecta. Era sólo el inicio de un largo camino. En efecto, no se reconocía entonces la igual dignidad de indígenas, esclavos, negros, pardos, mestizos y blancos de orilla, ni se daba el mismo trato a los propietarios y a los carentes de medios materiales. La intención del proyecto no integraba en el nuevo orden las necesidades y aspiraciones más profundas y justas de vastos sectores. De derecho, todos estaban incluidos en la esperanza y en la bendición de Dios, invocada para romper con el pasado y emprender una larga marcha hacia la construcción de una forma de convivencia que, de verdad, fuera ámbito de vida, de libertad y de dignidad para todos; de hecho, sin embargo, la gran mayoría de los sectores populares quedó excluida.
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Queremos, sin embargo, concentrar nuestra reflexión en la etapa democrática iniciada a raíz de enero de 1958. Estas últimas décadas pueden desglosarse en dos períodos significativos y crecientemente contrastantes. El primero se caracterizó por una relativa bonanza económica, una significativa movilidad social ligada a la generalización de la educación y la formación profesional, así como por una consolidación de la institucionalidad democrática, el afianzamiento de una cultura civilista, de pacificación y pluralismo. Hubo, además, progresos significativos en el orden de la salud, educación e infraestructura.
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Ese primer período experimentó su quiebre a finales de los años setenta. La superabundancia de recursos, debida a los precios del crudo, no sólo dislocó la economía, sino que marcó el inicio de una creciente desilusión en las mayorías populares: la democracia integral no era para todos.
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Sin embargo, al no utilizarse la renta petrolera con real justicia y equidad, surgió un ansia de cambio más profundo, en el que se retomara el camino hacia una más equitativa justicia distributiva, un combate más vigoroso contra la corrupción y los privilegios, y una más efectiva participación, haciendo que los más pobres fueran auténticos sujetos activos, protagonistas de la cosa pública. Un logro positivo de este período fue la descentralización.
La vida nacional fue experimentando, pues, un desgaste y distorsión en la convivencia democrática por agotamiento de los partidos políticos, desencanto de la participación ciudadana y la insuficiente e inadecuada atención a las necesidades reales y expectativas sentidas de las grandes mayorías empobrecidas y crecientemente relegadas. Todo esto, junto con promesas insatisfechas y legítimas ansias de reconocimiento no tomadas en consideración, crearon una matriz favorable al surgimiento de alternativas transformadoras, más allá de un simple cambio de gobierno. Eso fue lo que prometió el candidato triunfador en la campaña electoral de 1998.
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El segundo período, en el cual estamos, abarca las últimas tres décadas hasta hoy. La transformación iniciada en 1998, fue el resultado de un profundo anhelo, definido como un proyecto inédito de “refundar” la República, y por eso contó inicialmente con un gran respaldo popular; sin embargo, el mismo se ha venido concretando en un “proceso de cambio”, primero de régimen, por un proceso constituyente y una nueva Constitución; luego de sistema, calificado ahora como revolucionario, de pretensión totalitaria, ya que intenta reestructurar tanto lo socioeconómico como lo político-institucional, lo jurídico-constitucional y lo ético-cultural. Por estas razones, su ambición no sólo toca el tejido material y organizativo del cuerpo social, sino también, y sobre todo, afecta el fondo íntimo, espiritual, del alma nacional. Todo esto, en su ideario y realizaciones, no sólo se presta a grandes ambivalencias y ambigüedades, sino que contradice elementos fundamentales de una auténtica cultura democrática.
Es un mal de la nación, en uno y otro período, el que millones de venezolanos continúen, todavía hoy, sumidos en condiciones materiales, institucionales y morales indignas de su condición humana, y permanezca frustrado el propósito de construir una República para todos en la riqueza de su diversidad y libertad, y con todos en la comunidad de su solidaridad y fraternidad. Las élites de antes y de ahora no han logrado que el pueblo sea sujeto capacitado y autónomo. Y el proyecto de socialismo del siglo XXI, pregonado ahora, dista mucho de lo que el pueblo venezolano aspira y reclama.
Hoy, a doscientos años, los venezolanos, puestos delante de Dios, hemos de confesar que sólo en parte hemos cumplido el propósito de los fundadores. Estamos contrariando la divisa fundacional ya mencionada de “no establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes”. Nuestro pueblo experimenta grandes privaciones en medio de la abundancia de recursos petroleros; muchos hermanos nuestros carecen de oportunidades de empleo estable para una vida digna, y sobreviven y trabajan en medio de grandes dificultades y temores; el despilfarro, la corrupción y la ineficiencia acaban con los recursos que debieran convertirse en vida y no en confrontaciones, incertidumbres y desesperanza. Éstas, y otras carencias, han sido una constante en nuestro devenir republicano.
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La deuda social, las consecuencias de la falta de continuidad administrativa y el costo pagado por el populismo y el derroche son inmensos. Es mucho lo que tenemos que corregir. Es patente el sufrimiento humano de las mayorías cuando se coarta la libertad con leyes e instituciones que deterioran la vida humana.
Debemos asumir a la persona como sujeto singular de derechos y deberes, abierta solidariamente a los demás; lo contrario del egoísmo y de la masificación. Requerimos ciudadanos como agentes conscientes y beneficiarios del bien común, partícipes y actores de la soberanía popular. Necesitamos institucionalidad, es decir, intermediación eficaz de la libertad, responsabilidad subsidiaria por lo público y común. Y en ella, deseamos un Estado como instrumento apto, propiciador del mayor grado de felicidad para todos, con instituciones, leyes y servicios públicos justos y efectivos que promuevan y garanticen el bien común a través del florecimiento de la creatividad y libertad solidarias.
Vamos a construir juntos, en unión de corazones, de ideales y esperanzas, una Venezuela de hermanos, entregada con trabajo y responsabilidad a transformar los inmensos recursos con que Dios la ha dotado, para convertirlos en salud, educación, seguridad, vivienda digna y sobre todo en oportunidades de trabajo productivo, pilar fundamental del desarrollo humano integral para todos.
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La tarea no es fácil, como no lo fue entonces. Las resistencias son muchas y se requiere sacrificio y constancia, como nos lo demostró el Libertador con su vida y sus palabras visionarias. Es hora de construir verdaderas comunidades con igualdad de participación, de abrirnos al optimismo y de reencontrarnos todos como venezolanos en el abrazo de la dignidad y del amor de hijos de Dios; un abrazo que nos renueve en el reconocimiento y en la afirmación de los otros, de aquellos que tendemos a rechazar, incluso a odiar, y de aquellos a los que por ideas diversas o sectarismos políticos excluimos. Dios quiere para nosotros una Venezuela en la cual la unión, el perdón y el amor sean las bases sólidas para que el hermoso proyecto fundacional se convierta en realidad, sin las limitaciones que en estos doscientos años de historia lo han frenado.
La fecha del 19 de abril nos plantea, para hoy y para el futuro, una gran responsabilidad, a la que Dios nos llama cuando nos ordena, “no matarás” (Dt.5) y “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Lc.): a todos, pero de manera especial a los dirigentes y líderes políticos, empresariales, culturales y sociales, que por su posición en la sociedad están llamados a presentar al país proyectos de transformación y avance que sean, al mismo tiempo, realistas e inspiradores, para producir efectivo bienestar e inclusión.
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En el marco de la situación actual del país, la conmemoración bicentenaria del 19 de abril y del 5 de julio ofrece una invalorable oportunidad para un examen de conciencia nacional acerca de lo que hemos hecho con la República heredada de los fundadores de la nación y, sobre todo, de lo que nos corresponde realizar en relación con lo que ellos soñaron en aquella génesis de la nación independiente.
En fidelidad creadora y crítica al proyecto de entonces, hemos de promover la salud espiritual del país, reconstruyendo lo que fuere necesario, en el sentido de una sociedad auténticamente justa, sin exclusiones ni divisiones; verdaderamente libre y democrática, con pluralismo, división de poderes, estado de derecho; de calidad cultural mediante la promoción de un genuino humanismo. Una Venezuela de todos y para todos, con atención preferencial a los más débiles, sin exclusiones ni presos políticos, con el debido respeto a los procesos judiciales, con las normales garantías para la propiedad privada y con diversidad de opciones políticas. Un país soberano, integrado internacionalmente en una real fraternidad de pueblos, sin expresiones altisonantes, acciones desafiantes o alianzas preocupantes.
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela
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