Cuentas claras

Un libro, que seguramente pretenderá estatura de manual oficial para la conversión de la economía natural venezolana en una socialista, acaba de ser presentado por su autor, Haiman El Troudi , ex Ministro de Planificación y Desarrollo. Se trata de La política económica bolivariana y los dilemas de la transición socialista en Venezuela.

El Troudi justifica el paso al socialismo sobre una sola afirmación genérica: “Tenemos que reconocer que en este país la manera en que se definen las ganancias es dantesca”. Es decir, que el cálculo económico del empresario promedio en Venezuela genera distorsiones espantosas, dignas del canto de Dante, las que exigirían numerosas instancias de control del proceso económico para impedirlas. Luego, con el cambio generacional, la propiedad de los medios de producción estaría en manos del poder comunal. Entonces todos seríamos felices.

Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre realmente en el flujo económico habitual de una empresa capitalista típica? Tomemos por caso una industria imaginaria y esquemática que actúe en ambientes financieros en los que la tasa de interés sea parecida a la de países desarrollados o, más bien, a la que prevaleció en Venezuela (9% anual) durante el período democrático hasta 1989, el año de introducción del “paquete económico” del segundo gobierno de Pérez, para los intereses que los bancos pagaban a los depósitos a plazo fijo. A lo largo de esa etapa, un industrial exitoso se daba con una piedra en los dientes cuando la ganancia de su empresa, típicamente de 10% o 15% de sus ventas, llegaba a representar cada año un 20% del capital que había invertido en ella. La diferencia de 11% sobre la tasa de interés era el incentivo que le movía a arriesgar capital y esfuerzo, y a someterse a riesgos adicionales de otra índole. (El riesgo al fracaso o el riesgo jurídico, por ejemplo). Ese margen diferencial era suficiente para que no se conformara con recibir 9% de un banco sobre el capital que depositara en él, o 12% si se atrevía a prestarlo él mismo con los riesgos implicados en la actividad de prestamista.

Digamos que en esa industria imaginaria hay un total de 400 personas trabajando (entre empleados y obreros) y que cada uno devenga, en promedio, 8.000 bolívares (fuertes) de remuneración mensual por su trabajo. (Unos ganan menos de 8.000 y otros ganan más, como es lo usual). El total de la remuneración del trabajo sería en este caso de 3.200.000 bolívares mensuales, o 38.400.000 anuales.

Supongamos ahora que esta fuerza de trabajo es dirigida por cuatro socios ejecutivos, cada uno de los cuales posee un 25% del capital y devenga un sueldo mensual de 65.000 bolívares (65.000.000 en bolívares débiles), u ocho veces el promedio de la remuneración promedio a los trabajadores, para una remuneración ejecutiva total de 260.000 bolívares mensuales o 3.120.000 anuales.

Supongamos también que por la magia del socialismo del siglo XXI se logra que estos ejecutivos ya no perciban sueldos, sino que trabajen con el mismo ahínco que antes como esclavos, y que lo que antes ganaban se reparta entre los 400 trabajadores. Bueno, en este caso la remuneración mensual de toda la fuerza de trabajo pasaría de ser 3.200.000 bolívares a ser 3.460.000 o, lo que es lo mismo, la remuneración mensual promedio de cada trabajador crecería de 8.000 bolívares mensuales a 8.650. Es decir, para conseguir un aumento salarial de sólo 8% debo reducir todo ejecutivo a la esclavitud, confiando en que su dedicación y su productividad permanecerían inalteradas bajo ese régimen.

En una industria típica la remuneración del trabajo está alrededor de 40% del costo total de producción, y éste es un 70% del total de costos y gastos. (Los gastos generales no asociados a la producción serían el 30% de ese total). Esto provendría de la siguiente estructura: un total anual de costos de la producción de 96.000.000 bolívares—de los que 38.400.000, como hemos dicho, corresponderían a la remuneración del trabajo—y gastos generales de 41.142.857 para un total de gastos y costos de 137.142.857 bolívares. Si la ganancia fuese, como es típico, de 10% de las ventas, entonces la empresa tendría que vender 152.400.000 bolívares por año para que, restado de ellos el total de costos y gastos, esa ganancia quedara en algo más de 15.000.000. (Exactamente, 15.257,143).

Si ahora consideramos que con ese monto se cumple el objetivo de un rendimiento anual de 20% sobre el capital invertido, lo que los accionistas han arriesgado en la empresa es un poco más de 75.000.000 de bolívares (76.285.714).

Ahora bien, es igualmente política habitual de una industria apartar la mitad de la ganancia para reinversión en la empresa que la mantenga viable, de modo que lo que realmente llega a repartirse de dividendos a los accionistas es asimismo la mitad de aquélla. En este caso, 7.628.571 bolívares por año. Ah, pero el socialismo del siglo XXI hace otro acto mágico al obtener de los ejecutivos accionistas su tesón de siempre aunque les arrebate los dividendos para repartirlos, una vez más, entre los trabajadores. Por este acto contrario a la “exclusión” cada trabajador recibiría al año 19.071 bolívares adicionales, o el equivalente de 1.589 bolívares mensuales más.

En síntesis, la desaparición de la remuneración ejecutiva y los dividendos vendría a representar un aumento mensual en la remuneración promedio de los trabajadores de 2.239 bolívares. Su sueldo pasaría de 8.000 bolívares por mes a 10.239, para un aumento de 28%.

¿Representaría tal cosa el paso de algún trabajador de la “exclusión” a la “inclusión social”?

De más está repetir que los cálculos presentados son esquemáticos—no se ha considerado cosas tales como las habituales comisiones pagadas a vendedores ni el impepinable rubro del impuesto sobre la renta—y corresponden a una empresa ficticia, pero se trata de un ejemplo bastante cercano a las condiciones frecuentes de una industria promedio.

¿Es esto tan difícil de explicar a la población?

La conclusión es clarísima: no hay nada de ciencia en la interpretación marxista de la economía de las unidades productivas. La verdad es que la labor empresarial, erróneamente tenida por excluyente, se remunera (salvo casos especiales particularmente escandalosos) de modo muy razonable. Si se eliminara la remuneración ejecutiva y el pago de los dividendos, se “excluiría” (esta vez sí) la función imprescindible de aquel que arriesga considerablemente para obtener una justa ganancia. En nuestro caso: cada uno de los cuatro socios recibiría una alta remuneración mensual (65.000 bolívares) por la delicada gestión que implica imaginar y definir el negocio, mantenerlo unido coherentemente y dirigir sus operaciones en medio de un ambiente competitivo y estatalmente regulado. Además recibiría un dividendo que debe compensarle la inmovilización de los recursos que invierte como capital y el riesgo nada trivial de perderlo. En el ejemplo discutido, cada accionista habría tenido que aportar 19.071.429 bolívares, y recibiría por año 1.907.143 bolívares como dividendo, un 10% de su inversión.

¿Es esto algo censurable? ¿Debe esto impedirse para que cada trabajador reciba 1.589 bolívares adicionales por mes, suponiendo que la rentabilidad de la empresa seguiría siendo la misma al suprimir el incentivo al capitalista salvaje?

De nuevo, ¿son estas claras cuentas algo de dificilísima explicación a los ciudadanos de este país por los órganos empresariales encargados de defender la libre iniciativa? LEA

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