Néstor Reverol, Pdte. de la Oficina Nacional Antidrogas

La impresión de este blog, no experta, sobre el asunto del combate al tráfico de drogas por parte del gobierno venezolano, es que éste no ha dejado de ocuparse de él desde que cesara su cooperación con la Drug Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos. En general, esa impresión incluye la percepción de que nuestra Oficina Nacional Antidrogas es una organización seria y trabajadora. Un problema persiste: el que Venezuela es percibida por la ONU como importante país de tránsito de droga enviada a otras naciones.

El 21 de julio de 2008 la Agencia Bolivariana de Noticias reproducía un razonamiento de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia: “La ONU asegura que en Colombia se están produciendo, en promedio, unas 600 toneladas anuales de cocaína. De esa cantidad salen aproximadamente 420, restando la que es incautada en el camino. A su vez, las rutas del narcotráfico trazadas por los mismos organismos estadounidenses revelan que el 70% de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos (EEUU) es sacada por las costas del Pacífico del vecino país… Si prestamos atención, si nos fijamos bien, los números de ellos (EEUU) no dan por ningún lado”.

Pero el Informe Mundial sobre Drogas del año 2009, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), señala: “De acuerdo con los datos de la ONUDD sobre la cantidad de incautaciones, el país de tránsito más importante para el tráfico de cocaína para Europa, en términos de volumen, es Venezuela (40%)”. Y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), también de la ONU, ha expuesto: “Según la Organización Mundial de Aduanas, en Europa occidental la mayor parte de la cocaína entra por contrabando procedente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Son éstas las cosas que llevaron a Oswaldo Álvarez Paz a decir el 8 de marzo en Aló Ciudadano, por Globovisión: “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita las actividades del narcotráfico”. Estaba hablando del país, no del gobierno, aunque sugirió de varias maneras que éste era el culpable.

El diario colombiano El Tiempo trae en su sitio web un artículo en el que Camilo Uribe, miembro de la JIFE, se queja de que “desde el 2001 la Jife no ha podido realizar un trabajo de fiscalización con entidades de Venezuela”. Pero el informe de 2009 de esta misma entidad no incluye esta afirmación, y en cambio reportó que Venezuela se sumó, junto con otros países, a “un nuevo proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea, para la prevención de la desviación de precursores de drogas en la región de América Latina y el Caribe (PRELAC)”. Igualmente señala que nuestro país participó “en la Operación PILA, que se dedicó especialmente a vigilar el comercio de precursores de estimulantes de tipo anfetamínico” y que igualmente lo hizo “en la segunda etapa de la Operación ‘DICE’, encaminada a vigilar el comercio de anhídrido acético, precursor clave utilizado para la fabricación ilícita de heroína, e impedir su desviación”.

Más aún, el informe de la JIFE incluyó el siguiente párrafo específico:

476. En junio de 2009 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el Plan Nacional Antidrogas 2008-2013, en virtud del cual las autoridades venezolanas ejecutaron varias actividades encaminadas a combatir las drogas ilícitas, entre ellas, la vigilancia por satélite de zonas susceptibles al cultivo ilícito. Gracias a la instalación de un sistema de radares para el control del tráfico aéreo se reforzó la protección del espacio aéreo nacional y de las zonas marítimas contra el narcotráfico. En el marco de un plan nacional para combatir el uso de rutas clandestinas, en 2008 las autoridades policiales venezolanas destruyeron más de 220 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por los narcotraficantes.

El tráfico de drogas es un asunto de combate incesante y complejo, como muy bien conocen países como Colombia, Estados Unidos y México. De acuerdo con lo registrado por la observación internacional, no puede afirmarse que el gobierno de Venezuela lo facilita. LEA

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