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En Diálogo Duro, se anunció anteayer que se desmontaría algunas de las incompetentes argumentaciones del presidente Hugo Chávez ante el asedio de Stephen Sackur, conductor del programa Hardtalk para la BBC de Londres. El segundo tema acometido por Sackur fue el de una democracia que excede el mero origen en elecciones, y trajo a colación el caso de la jueza Afiuni como ejemplo de irrespeto a la independencia de los poderes. Después de una respuesta nada convincente del presidente Chávez, Sackur insistió:
—Pero muchos observadores independientes han examinado lo que ha hecho en ese caso y en otros y concluyeron, y estoy citando aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cito: «el sistema político de Venezuela está fundamentalmente minado por la falta de independencia de la justicia».
Esta fue la respuesta del Presidente de la República:
—¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Te atreves tú a defenderla o alguien, con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. Es una comisión manipulada…
La salida es típica; evade la pregunta y ataca al crítico en el tipo más primitivo de falacia: el argumento ad hominem (sin referirse a la proposición descalifica a quien la profiere). Pero, además, en este caso la acusación específica contra la CIDH es enteramente falsa, y fue rebatida hace años; para ser precisos, el 23 de mayo de 2002, en documento del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos “sobre las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001”. Ese informe dice:
Aprovecho esta importante ocasión para expresar el beneplácito de la Comisión por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Chávez. Ante el intento golpista, la Comisión Interamericana reaccionó públicamente y de inmediato expresando, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. En este contexto y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y estatutarias, el 13 de abril de 2002 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, conforme a su práctica de más de cuatro décadas de trabajo, se dirigió a quienes en ese momento detentaban el poder de facto en Venezuela, para solicitar información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y profirió medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. En los últimos días, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría catalogado de “ambigua” la posición mantenida por la CIDH frente a los hechos ocurridos en Venezuela en recientes días. Para sustentar tal afirmación, el Ministro Dávila citó esta comunicación nuestra dirigida a José Rodríguez Iturbe, quien fuera designado Canciller en el llamado gobierno de transición. La CIDH se ve obligada a precisar que esa comunicación no puede interpretarse como forma alguna de reconocimiento al régimen de facto. En ningún momento, explícita o implícitamente la Comisión reconoció al gobierno de facto en Venezuela. Conforme a su práctica y a la de otros órganos internacionales de derechos humanos, se dirigió a quienes el día 13 de abril de 2002 detentaban de facto la autoridad estatal en Venezuela, ya que el ejercicio de la autoridad, usurpada o no, conlleva la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En múltiples ocasiones en el pasado la Comisión ha mantenido comunicaciones con gobiernos de facto en distintos países del hemisferio, a la par de condenar enérgica y categóricamente los quiebres institucionales. No corresponde a la CIDH conforme a sus facultades convencionales o estatutarias reconocer a gobiernos sino proteger los derechos humanos de las personas y es lo que precisamente hizo en este caso.
La facilidad con la que el Presidente de la República dice cosas que no son verdaderas es sencillamente asombrosa. Sólo un desprecio por la memoria y el grado de información de la ciudadanía explica tan flagrantes falsedades. En este caso, sobre todo, a lo falaz se añade lo malagradecido. LEA
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