El fuego debe apagarse también en la pasión electoral
La tragedia de Amuay ha acontecido en el peor de los ambientes: el de elecciones inminentes en una sociedad amargamente polarizada. La propensión a emplear el incidente como argumento electoral es muy elevada: factores de oposición intentarán un mayor descrédito del gobierno, con la esperanza de lograr una reversión de las tendencias de la intención de voto como la que diera, en 48 horas, la victoria a Rodríguez Zapatero en España. Ya ha escrito Yon Goicoechea para Noticias 24: «El Comandante candidato conoce perfectamente los estragos políticos que un ‘accidente’ como este puede causar (¿Recuerdan el revés que sufrió el PP luego del ataque terrorista en el metro de Madrid?), por lo que seguramente responderá de la forma habitual: incriminando». De su lado, el gobierno ya asoma la hipótesis de un sabotaje criminal. No hace muchos días que Chávez declarara en el estado Vargas que había un sector golpista de la oposición, y José Vicente Rangel escribió para Telesur (Montando la trampa, cuatro días antes de las mortales explosiones): «La trampa—de eso se trata—la montan cuidadosamente—con escalamiento y nocturnidad—, los sectores ultras de la oposición ante la pasividad de los demócratas que en su seno se inhiben, como ya ocurrió con los planes golpistas del Fede-carmonismo en 2002 y cuando adoptaron la decisión suicida de abstenerse en las elecciones parlamentarias. (…) Hay un trasfondo logístico que garantiza el montaje: ayuda exterior como nunca se vio en el país y empleo a fondo de los medios. Y existe otro aspecto oculto: articulación de una política militar destinada a desestabilizar a la institución y la preparación de grupos de acción para operar en la calle al conocerse resultados adversos».
El luctuoso incidente en la mayor refinería del país puede deberse, en principio, a tres clases distintas de factores: deficiencias de mantenimiento o de los sistemas de seguridad; un accidente imprevisible, eso que las compañías de seguros llaman «acto de Dios» (un rayo, una iguana…); un sabotaje criminal. Debiera una investigación responsable y exhaustiva, libre de sesgo electoral, determinar a cuál de esas causas se debió el holocausto.
Hay sólo una manera de acercarse a tal desiderátum: la conformación de una comisión nacional con participación de oficialistas y opositores, tal como la que jamás llegó a constituirse para dilucidar lo acontecido el 11 de abril de 2002. La iniciativa debe partir del gobierno. Si entrare la sensatez en la cabeza presidencial, si quisiera el actual presidente ser un verdadero jefe de Estado, debiera invitar a la Mesa de la Unidad Democrática para integrar el cuerpo de investigación.
Claro que el tratamiento mediático, con intención electoral de parte y parte de la contienda, es, lamentablemente, el curso más probable, para aumento de la crispación de una psiquis nacional ya neurotizada. Pero el país agradecería gestos recíprocos de elevación en esta hora de dolor. Con ocasión del atentado asesino contra el fiscal Danilo Anderson, escribí en la Carta Semanal #113 A (Extra) de doctorpolítico (País desconocido, 21 de noviembre de 2004):
José Vicente Rangel estaba allí, también Isaías Rodríguez, Juan Barreto. Jesse Chacón y Andrés Izarra, Cilia Flores e Iris Varela, Vladimir Villegas y Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Darío Vivas. Todos estaban allí, en el sitio del atentado. Es natural que allí estuvieran.
Pero eché en falta las caras de Julio Borges, de Pompeyo Márquez, de los alcaldes de Baruta, Chacao y El Hatillo, de Enrique Mendoza, de Henry Ramos Allup y Eduardo Fernández. Allí debieron estar y no estuvieron. Tan sólo aparecieron los opositores José Luis Farías, diputado de Solidaridad, y Claudia Mujica, defensora de los ex fiscales del ministerio público destituidos por el fiscal general Isaías Rodríguez, para expresar su repudio al crimen. Tal vez los otros llamaron a celulares del gobierno para un contacto humano.
Cuando ocurrió el «carmonazo», no hubo de parte de los más ostensibles líderes de la oposición una condena suficiente, contundente e inequívoca de ese vergonzoso episodio. Esta vez no puede pasar lo mismo. Si algo quedase de Coordinadora Democrática, debiera convocar hoy mismo a una de esas marchas que antes preconizaba, para expresar el más claro y amplio repudio al asesinato monstruoso del fiscal Danilo Anderson. Si alguna sensatez y responsabilidad política reposaran en los que una vez fueron—ya no lo son—los líderes de la oposición, hoy mismo debieran aproximarse al gobierno y acercarse al pueblo para un gesto de patria, para una elevación por sobre las terribles diferencias y para la construcción de unanimidad nacional en la condena a tan criminal y estúpida acción. Para condenar que hace nada salía en prensa nacional un obituario y conmemoración del manco coronel von Stauffenberg en el que se sugería, con obvia intención local, que el magnicidio de tiranos, con palabras de ilustres romanos y hasta de un doctor de la Iglesia, es de suyo moralmente meritorio. Para cesar en este juego demencial de muerte.
Sin esguinces, sin condicionamientos. Eso le sale a cualquier liderazgo ejercido o por ejercer en Venezuela. Eso le sale al país entero. A cada venezolano, pero muy en especial a quienes forman opinión, a quienes hacen vida pública. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana, que seguramente hablará de inmediato, hasta los feligreses de cualquier religión; desde los dueños de cada medio de comunicación del país hasta el más íngrimo de los reporteros; desde el más grande y próspero empresario, el más encumbrado académico o el más cotizado cantante, hasta el pulpero más sencillo, el maestro más humilde y el más alcanzado serenatero.
Quiero ver páginas enteras de comunicados de repudio en los periódicos. Quiero ver allí las firmas de Elías Pino Iturrieta y Pedro León Zapata, las de Albis Muñoz y Rafael Alfonzo, las de Teodoro Petkoff y Tulio Álvarez, las de María Corina Machado y Gerardo Blyde. Quiero oír a cada ONG condenar la brutalidad y el abuso, quiero ver el programa Aló Ciudadano con una banderita nacional a media asta, quiero una llamada de Silvino Bustillos para ofrecer su llanto, y la valiente asistencia de Napoleón Bravo y Ángela Zago a las exequias del fiscal preincinerado.
No hay ganancia ninguna en tan abominable atentado. Sólo en mentes enfermas puede caber la noción de que una puñalada tal al corazón venezolano, tal vergüenza y tal rabia, pueden servir a algún propósito. Hasta el nazi periférico Carl Schmitt escribía: «No existe objetivo tan racional, ni norma tan elevada, ni programa tan ejemplar, no hay ideal social tan hermoso, ni legalidad ni legitimidad alguna que puedan justificar el que determinados hombres se maten entre sí por ellos».
Pero también puse:
Y uno se pregunta entonces: ¿es esto, Hugo Rafael, lo que tú querías? Porque Hugo Chávez ha venido preparando, abonando, sembrando, criando, estimulando, detonando la violencia. Es este país que ya no reconocemos el que su incontrolado e irresponsable verbo ha traído. Tú, Hugo Rafael, eres muy responsable de la muerte del fiscal Anderson. Tú inoculaste la fiebre.
Ahora veremos si es que de verdad puede llamársete líder. Si ahora que la muerte ha alcanzado a otro venezolano, esta vez a uno de tus más destacados oficiales políticos, eres capaz de erguirte, avergonzado de tu obra y refrenado en tu cólera, e impedir que este innecesario episodio se convierta en una escalada de violencia. ¿Es que necesitas otra comprobación de que nos llevas por rumbo equivocado? Si, como dices, el 11 de abril morigeró en algo tu terquedad ¿cuál es la lección que esta muerte te ofrece? ¿Serás capaz de aprenderla, o actuarás como aquellos a quienes criticas desde tus hábitos histriónicos?
Hay, es evidente, personas en nuestro país que razonan desde el odio y el desprecio. En estos días algunas han expresado: «¡Ojalá hayan muerto en Amuay un poco de negros chavistas!» Tan desalmada postura puede encontrarse—no es monopolio nuestro—en el país que muchos de ellos envidian: la nación que alojó la invención y los desmanes del Ku Klux Klan y los asesinos de Martin Luther King y los Kennedy. Hay opositores ultrosos como los que denuncia Rangel.
Pero el gobierno no puede entenderse a sí mismo como el gestor monolítico de una «revolución bonita». En sus filas hay también gente de inclinación asesina, así como caimanes al acecho del poder que hoy detenta su líder nominal. Más de uno busca, desde dentro del gobierno, su caída—ver en este blog Infidencias riesgosas—, y si hubo un atentado criminal en Amuay es posible que oficialistas extraviados fueran los verdaderos responsables.
Es por encima de esa capa perversa que los venezolanos queremos ver, ahora mismo, la elevación de sus líderes; de bando y bando. LEA
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No dudo que la causa fue el bajo mantenimiento y la poca capacitación general de la empresa en prevención de accidentes. Un vistazo a la lista de incidentes y accidentes en PDVSA muestra la tendencia: http://www.urru.org/papers/2011_varios/CRONOLOGIA_accidentes_pdvsa_2003_a_2011-02-14.pdf
Ahora, independientemente de lo que yo piense o no, lo que se debe exigir es un reporte público de ingeniería forense como este: http://www.csb.gov/assets/document/CSBFinalReportBP.pdf
Suena como una buena sugerencia.
Qué dolor sentimos hoy por Amuay ! Esta función NO debe continuar.
Por supuesto que no.
Sobre el tema Amuay expresé mi opinión vía audio con una conclusión-propuesta un tanto diferente
http://www.ivoox.com/para-amuay-comision-internacional-expertos-audios-mp3_rf_1396999_1.html
Acabo de oír tu opinión, que me parece muy atinada. En términos generales, parece que concurrimos. Gracias por el enlace.
Buenas tardes LEA. Resulta una tarea titánica por no decir que imposible, el aspirar a que no se politice una tragedia como la ocurrida en Amuay, fundamentalmente por los factores de ambiente pre-electoral altamente polarizado que usted asoma al inicio. Sin embargo, hay otros que surgen producto del mal manejo de la situación por parte del propio Gobierno cuyos funcionarios entran en graves y evidentes contradicciones entre ellos y con el Presidente de la República a la hora de hablar sobre causas posibles que la produjeron.
Factor fundamental que obliga a tal «politización» es que a partir del Paro Petrolero que produjo la salida de 20 mil profesionales y técnicos de la Industria, el Gobierno convirtió a PDVSA en un Partido Político, brazo financiero del gobierno y asumiendo las peores características de éstos, desviando sus recursos y sus labores hacia actividades que no le son propias de acuerdo a su naturaleza.
La falta de acceso a información de fuentes confiables, se traduce en especulaciones y exageraciones atribuibles a ambos bandos. Declaraciones como las de Diosdado Cabello negando de plano una discusión del tema en la Asamblea Nacional, da mucha tela que cortar a quienes se encuentran en la acera de enfrente, así como la negativa del Jefe de Estado a aceptar colaboración de Naciones, Entes, Instituciones y Personas que le son «políticamente extraños».
Por último, no creo que ocurra con motivo de este lamentable acontecimiento un cambio importante en las tendencias como ocurrió en España. Aún faltan 40 días y mucho falta por ver.
Saludos Cordiales!
Fernando Guijarro.-
Concurro con sus apreciaciones, en especial con su señalamiento de la politización de la industria. Es una vergüenza que una gigantografía aduladora, con una imagen del Presidente del tamaño del edificio de PDVSA, testimonie el uso abusivo e ilegal de los dineros públicos para el culto a la personalidad.
La cosa está en proceso. USA Today acaba de reportar (Union wants Venezuela’s oil minister to resign) que el Secretario General del mayor de los sindicatos petroleros del país (FUTPV) exige ahora la renuncia de Rafael Ramírez, aduciendo negligencia del mantenimiento debido. Como Ud. dice, falta mucho pan por rebanar. Me temo que los estrategas del gobierno «no tendrán más salida» que intentar la formación de una matriz de opinión con la especie de un atentado golpista. Es una necedad sin nombre impedir que la Asamblea Nacional ventile el asunto. ¿Para qué otra cosa están los representantes del pueblo en ese cuerpo? En general, veo en el oficialismo una torpeza política que no se le conocía.
Por supuesto, no tenía muchas esperanzas al escribir la entrada que Ud. comenta, pero creo que alguien tenía que decir algo así. Cuando puse, hace tres días, un video del accidente en el Tragaluz del blog, señalé que el asunto es, en cualquier caso, responsabilidad de PDVSA y añadí: «Es decir, de Rafael Ramírez».
El concepto de Autoridad y Responsabilidad ha sido promovido y estudiado muy a fondo por expertos en Politica, Industrias, Empresas, etc. durante siglos:»No authority without responsibility».
Se delega la Autoridad, nunca la Responsabilidad y en esto no hay la menor duda, en respaldo a LEA,que en cualquier pais donde exista Estado de Derecho, que no es el caso de Venezuela, ya Rafael Ramírez debería haber renunciado o haber sido destituido por el «jefe de gobierno». No sucederá así, porque éste es un régimen básicamente utilitarista, y solo «rasparían» a Ramírez y a otros «chivos expiatorios» cuando así convenga a la supervivencia de su proyecto político.
Ejemplos innumerables de renuncias por admisión de responsabilidad por desastres políticos, económicos, médicos, empresariales, los tenemos como «arroz» en lo que va del siglo XXI en todo el mundo «civilizado». Quizás las más destacadas renuncias fueron por la crisis politica griega, la «burbuja» hipotecaria de EEUU , la plataforma petrolera de BP en el Golfo de México, varios escaádalos bancarios (Barclays Bank-Libor rate), aseguradoras en EEUU en salud, y pare de contar.
La investigación real de las causas del desastre de Amuay tardará meses o años en conocerse bien y aceptarse por todas las partes involucradas: PDVSA, compañías de seguros, personas e instituciones afectadas.
Creo más útil para todos los venezolanos dejar la discusión política del tema y dar nuestra mayor atención a que el proceso electoral del 7 octubre se cumpla dentro de un escenario de paz y reconciliación, y no de violencia.
No puedo estar más de acuerdo con tu prescripción. Gracias por tu participación, siempre bienvenida.
Estoy de acuerdo con que se debe investigar el accidente como lo ordena la Ley, específicamente la LOPCYMAT. En esta norma se establece la obligación del patrono de investigar todo accidente, para determinar sus causas y poder tomar medidas correctivas para que el mismo tipo de accidente no se vuelva a repetir; esto para mí es importante porque implica un manejo del fracaso de forma positiva y constructiva.
Lo que pasa es que investigarlo desde adentro implica que el mismo responsable legalmente (el patrono responde aun sin culpa) ponga el cuchillo en su garganta y determine posiblemente que hubo violaciones de la normativa como causas del accidente, con lo cual se sumaría mayores indemnizaciones en favor de los trabajadores y sanciones penales para los administradores, gerente o directivos de la empresa.
Hay quien sostiene que exigir que el patrono haga este reconocimiento de forma obligatoria constituye una violación a la garantía constitucional que le permite negarse a una persona a declarar en su contra. Otro que determina la Ley que tiene la competencia y la potestad de investigarlo es el INPSASEL. No sé hasta qée punto este organismo va a realizar una investigación porque, en declaraciones privadas de funcionarios de ese organismo, ellos hacen inspecciones y dan recomendaciones para corregir errores, pero no aplican sanciones bajo el argumento ilegal de que «el Estado no sanciona al Estado».
Para poder hacer una investigación deberían suspender de sus funciones a los directores de PDVSA, al Gerente General de la Refinería, a la Jefatura de Mantenimiento y a los supervisores operativos del área en donde ocurrió el hecho que dio inicio al fuego (salvo que haya elementos firmes de un atentado). Si la causa del accidente es la falta de cumplimiento de los planes de mantenimiento, la falta de funcionamiento de los equipos de detección de fugas y los de enfriamiento, deberían establecerse las responsabilidades penales de varios de los nombrados (8 años de prisión por cada fallecido por la LOPCYMAT en cuanto a los trabajadores y por homicidio culposo o intencional según lo que arrojen las investigaciones sobre la calificación de la culpa, en los casos de los militares y personas distintas de los trabajadores).
Las indemnizaciones civiles pueden llegar a sumas que superen los 2 millones de bolívares por cada fallecido (ponderando la jurisprudencia reciente en casos de culpa patronal), sin contar con los pagos de todos los tratamientos médicos de los heridos y las indemnizaciones, que variarán según la gravedad de las deformaciones y secuelas que permanezcan en las personas heridas.
Otro aspecto que no me cuadra es que los ciudadanos de este país, y sobretodo los familiares de las personas fallecidas o quemadas, deban o puedan actuar con ponderación, sea en época de campaña electoral o no (los que se metan a investigar tienen que hacerlo profesionalmente, y funcionarios de Inpsasel, los fiscales y jueces deben actuar de la misma forma).
Este accidente ya ha sido calificado como el peor accidente en una refinería del mundo en los últimos 25 años. El anterior fue en una refinería india, país en el que se produjo también el horrible accidente de la Union Carbide.
Esto es un malísimo precedente, sumado a que el sindicato promovido desde la directiva de PDVSA haya solicitado la renuncia de los jefes de la industria, porque una instalación que tiene la calificación de «Riesgo Máximo» debe ser perfecta en materia de seguridad industrial, al igual que si se tratare de una fábrica de fuegos artificiales.
Has señalado que la política del futuro demanda de los políticos enfocarse en la resolución de asuntos de interés público, y que las ideologías han demostrado que no dan las respuestas que los pueblos de hoy exigen. En este criterio, la industria petrolera es el asunto económico más importante del país (ojalá que fuera la economía en manos del pueblo) y el funcionamiento de esta industria constituye una de las más importantes gestiones públicas del país.
Según la que debería ser la nueva concepción política, ésta debe exigir que los políticos asuman la responsabilidad de su gestión, sean transparentes en la información y si hay culpables apliquen las sanciones que ordenan las Leyes. Esto es política, no politiquería. Los de oposición deben reclamar y exigir cuentas.
Entiendo que no se ha determinado a ciencia cierta la causa, pero la actitud de los políticos gubernamentales ha sido de evasión de la responsabilidad, y ellos en teoría tampoco saben las causas del accidente.
En un juicio, si un juez adelanta posición debe separase de la causa que le toca investigar, porque su decisión no debe ser prejuiciada. Ya el gobierno determinó la causa: «es imposible que una bombona explote»; «es mentira que olía a gas», y en el sistema de medios públicos se habla de sabotaje.
Ya hemos visto cómo el gobierno despenalizó al Estado y a sus funcionarios por los delitos ambientales, luego de que PDVSA tuviera el derrame en el Guarapiche.
Puede haber política limpia, pero jamás aséptica y libre de pasiones y emociones.
Creo que nos has explicado, desde tu experiencia de años en el área de seguridad industrial, un esquema completo para el tratamiento del problema. Debe exigirse a las autoridades que lo cumplan al pie de la letra.