Dos cepas del virus salidista

 

 

Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz.

Las élites culposas

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En plan conmemorativo y tal vez detonante, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Ma. Corina Machado (en estricto orden de apellidos) publicaron el 11 de los corrientes, un día antes del aniversario de la insensata manifestación del Día de la Juventud en 2014, un comunicado conminatorio. (En versión .pdf: Comunicado). En él declaran al inicio:

El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz.

La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.

Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz.

No es un memorial de agravios que se presenta al gobierno para que enmiende su proceder; es más bien un prontuario judicial. Acá no hay nada nuevo; ya en 2002 alguien había redactado—en el preámbulo a un Acta de Abolición del gobierno de Hugo Chávez—lo siguiente:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Este mismo documento fue del conocimiento de Ma. Corina Machado. Yo mismo me encargué de llevarlo a sus oficinas en Altamira cuando una incipiente Súmate preparaba un «firmazo» (2 de febrero de 2003), luego de que se invalidara la aprobación de un referendo «no vinculante pero sí fulminante» (que Primero Justicia había preparado) por un CNE mal constituido que presidía accidentalmente Alfredo Avella Guevara. La dirigencia opositora de la época, Gente del Petróleo incluida, hizo caso omiso del procedimiento de abolición. (Propuesto el 25 de febrero de 2002, un mes y diecisiete días antes del Carmonazo, en programa de Televén).

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Athos Ledezma, Porthos López y Aramís Machado—quizás es más apropiado Juana de Arco en lugar de Aramís—proponen luego tres agendas bastante completas para un «gobierno de transición»: agenda política-institucional, agenda de atención a la emergencia social y agenda económica. No es esa enumeración, por archiconocida, lo que interesa en el documento, sino esta prescripción:

Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.

Una vez más, se cuela el concepto corporativista en el modo propuesto para la aprobación del tal «acuerdo nacional para la transición». Esto es, el Pueblo no hablaría desde su propia esencia, sino fraccionado en «sectores» (como pedazos de la «torta social»). Cuando Chávez enarbolaba la bandera de la asamblea constituyente en su primera campaña electoral (1998), el artículo Contratesis refutaba esa noción que ahora comparten los comunicadistas à trois:

La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos.

Ahora que contamos con avenidas eficaces constitucionalmente establecidas para la expresión de la voluntad de la mayoría, es una mala recomendación ésta de «consensos y compromisos» que, por otra parte, siempre están sujetos a manipulación. (Los «congresos de ciudadanos» que por un tiempo patrocinó Machado o, peor aún, la pretendida, más bien falaz, «activación» del Poder Constituyente que declaró Voluntad Popular en Barquisimeto el 20 de septiembre de 2014, para buscar una constituyente que ya parece olvidada).

Quien debe hablar en esta crisis es la Corona en estado puro, no sus fragmentos «sectoriales». El proyecto de Acta de Abolición tenía eso claro: «Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario…»

En menos de un año puede iniciarse la recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro por iniciativa popular, y de los trámites necesarios sabe algo Ma. Corina Machado; su know how sería utilísimo para un esfuerzo de esa clase, pues en 2004 logró la convocatoria del referendo contra Chávez.

Pero si creen que el país no puede esperar ni un minuto más, que en verdad estamos ante una inminente «crisis humanitaria»—profetizada, entre otros, por el economista Orlando Ochoa—, ante una situación como la que resultara del último terremoto de Haití, de una vez pueden recoger las firmas para algo parecido al fulminante referendo frustrado de Primero Justicia: puede preguntarse a los ciudadanos en referendo consultivo si estiman conveniente a la salud de la República que el presidente Maduro continúe en su cargo, y esa consulta puede celebrarse en la misma fecha de elecciones de Asamblea Nacional, en algún momento de este mismo año.

Y si fuera verdad, como afirma el más virulento salidismo, que «el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal», entonces cabe otra preparación urgente: la identificación de candidatos competentes para completar en la Presidencia de la República el período trunco por cesantía anticipada, pues suponemos que no quiera el trío comunicadista salirse del cauce constitucional y una falta absoluta del Presidente conduce a una nueva elección presidencial.

¿Es alguno de esos tres salidistas aspirante al coroto? ¿Han acordado ya cuál de los tres se postularía? ¿O es que aceptarían la reincidencia candidatural de Henrique Capriles Radonski?

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La cepa de salidismo no virulento se expresa en una reciente entrevista a Luis Ugalde S. J., recogida por Reporte Laico (aquí en versión .pdf: P. Luis Ugalde- “El país necesita un nuevo gobierno ya”). Ugalde ya habla, por cierto, con metáforas médicas—¿un nuevo «doctor político»?—: “Tenemos el diagnóstico: así está el paciente, como si estuviéramos en una junta médica…” y “Si usted tiene el enfermo en emergencia, tiene que atenderlo. Luego puede ocuparse del régimen de comida o de decirle si puede caminar”. Así formula una disyuntiva, ciertamente con gran urgencia, que nominalmente concede al gobierno una oportunidad de rectificar: «Pienso que el país necesita un nuevo gobierno ya. Es una necesidad. Y ya es ya: enero, febrero, marzo. Ahí abro dos alternativas: sea porque el gobierno que tenemos cambie radicalmente su estrategia y mejore la situación o sea que es sustituido por otro».

No pone excesivas esperanzas en el inmediato sucesor. A la última pregunta de la entrevista—¿Piensa usted que saldremos de ésta?—responde de este modo:

Saldremos. No en el primer gobierno. Probablemente el primer semi-cambio que haya será tímido, no funcionará del todo y luego tendrán que abrirse, porque necesitan los apoyos. Internos y externos. Fórmulas hay. Y muchas. Hay mucha plata de venezolanos afuera y mucho talento venezolano fuera del país que nos puede ayudar. Hay que estimularlos, ofrecerles opciones, con reglas de juego claras.

Bueno, depende de quien sea el sucesor. Es posible elegir a un verdadero médico político que dirija la necesaria cirugía reconstructiva del Estado y administre cura a la neurotizada psiquis nacional, al tiempo que siente las bases para una profunda metamorfosis creativa y positiva. Si el gobierno que suceda a Maduro estuviere condenado a ser, como Ugalde entrevé, tímido e ineficaz, tampoco duraría mucho y, como en la Argentina de De la Rúa, Camaño, Duhalde, etc., habría que elegir de nuevo.

Es preferible averiguar ahora, con premura salidista, si existe una mejor opción. Es preferible que la «transición» dure lo suficiente. LEA

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