CNN en español anuncia la cosa así: «El presidente Barack Obama ordenó este lunes que se implementen las sanciones aprobadas recientemente contra funcionarios venezolanos y declaró una situación de ‘emergencia nacional’ por el ‘riesgo extraordinario’ que supone la situación en ese país para la seguridad de EEUU». A continuación revela las medidas eficaces que los Estados Unidos han tomado para defenderse de tan aguda y alarmante circunstancia: «Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos», habría declarado Josh Earnest—earnest: «serio», en inglés—, portavoz de la Casa Blanca.
Si alguna declaración puede ser calificada de hiperbólica es esta gringada con fecha de ayer: ¿cómo es que el bloqueo de unas cuentas y la negación de visas a siete funcionarios venezolanos protegerán a los EEUU del «riesgo extraordinario» que pesaría sobre ellos? ¿Cuán poderosos y aviesos son los incluidos en la lista de sanciones como para someter a riesgo la seguridad de los EEUU, hasta el punto de ameritar la declaratoria de «emergencia nacional»? Si consideramos risible, con razón, un golpe de Estado cuya clave iba a ser la utilización de un pobre avión Tucano, la retórica del gobierno de los EEUU es en este caso verdaderamente hilarante.
Por supuesto, se esperaba la acción ejecutiva mandada por resolución de la Cámara de Representantes estadounidenses; el 10 de diciembre pasado, había aprobado las sanciones ahora en efecto. Veinticuatro horas antes, el Comité de Inteligencia del Senado había autorizado la publicación del resumen ejecutivo y principales hallazgos de un informe de 6.000 páginas sobre el Programa de Detención e Interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU entre 2001 y 2006. Ese reporte detalla las torturas practicadas por agentes de la CIA, el suministro de información engañosa o falsa sobre esa práctica, la existencia de detenidos hasta entonces ignorada, un número mayor que el conocido de prisioneros sometidos a tratamiento durísimo y cómo se había empleado técnicas de tortura inéditas. En suma, la documentación del horror. ¿Qué autoridad moral tiene el Congreso de los Estados Unidos para imponer sanciones a nadie por violación de derechos humanos? Que se sepa, no se ha declarado la «emergencia nacional» por estos hechos, ni se ha impuesto sanciones a George W. Bush, Dick Cheney o el Director de la CIA por ellos.
Ciertamente, hay en nuestro país un fragmento de oposición neurotizada que ve maravillas en cuanto hagan los Estados Unidos y espera que un Chapulín Colorado (Q. E. P. D.) venga a salvarnos de la dominación política más perniciosa de nuestra historia, que una dirigencia opositora incompetente se ha mostrado incapaz de superar. Pero dejan de considerar que todo el asunto es una necedad política: al costo de unas pocas visas denegadas y unos depósitos congelados, se ofrece a Nicolás Maduro en bandeja de plata una excusa perfecta para ocultar su incompetencia y extravío en el manejo del Ejecutivo Nacional. La ridiculez estadounidense le permite convocar manifestaciones históricas, protagónicas, endógenas y biométricas que distraen de la muy apremiante situación de los venezolanos. Ya ha solicitado una nueva ley habilitante; esta vez una «antimperialista».
Napoleón Bonaparte mandó a ejecutar al duque de Enghien por el supuesto delito de rebelión, y su consejero político, Charles Maurice de Talleyrand dijo: “Es más que un crimen, es una estupidez”. Lo mismo habría dicho del decreto de Obama, conveniente para congraciarlo con un difícil parlamento en manos republicanas. LEA
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