El Dr. Juan Manuel Raffalli, desarrollador de la vacuna
Comenzando el año 2002, una mayoría de venezolanos ya se horrorizaba con las ejecutorias y desplantes de Hugo Chávez y quería que abandonara el poder; entonces se enumeraba las rutas que pudieran conducir a tal resultado. Las extremas eran una petición de renuncia y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente (el inefable Herman Escarrá era quien la proponía). Naturalmente, la primera dependía de la voluntad de Chávez, mientras que la segunda era un procedimiento aparatoso; una constituyente procede cuando se necesita generar una constitución radicalmente distinta de la existente, lo que no parecía indicado cuando ya habíamos hecho exactamente eso escasamente dos años antes, y convocar una con el único propósito de defenestrarlo equivalía a matar cucarachas a mandarriazos (imagen de Daniel Lara Farías).
Primero Justicia auspiciaba entonces un camino más sensato y proporcionado: la aprobación de una enmienda constitucional para recortar el período presidencial, que el Artículo 230 de la Constitución fija en seis años. Su diseñador había sido el abogado Juan Manuel Raffalli, diputado suplente de Gerardo Blyde en la bancada de Primero Justicia. (En marzo de 2002, recibí de manos de Julio Borges una carpeta contentiva del trabajo de Raffalli).
La iniciativa no prosperó; el Carmonazo cambió para mal el carácter del repudio a Chávez. Después de su fracaso—gracias a Dios—unos militares rebeldes tomaron la Plaza Francia de Altamira para un espectáculo diario de discursos catárticos que Globovisión transmitía incesantemente y, al fracasar a su vez este intento de suscitar un levantamiento armado, vino luego el paro liderado por arrogantes ejecutivos de PDVSA que se creyeron capaces de derrocar a Hugo Chávez. Un nuevo descalabro condujo al diálogo mediado por César Gaviria, entonces Secretario General de la OEA, y el expresidente de los EEUU, Jimmy Carter, y la cosa desembocó en las conversaciones de la Mesa de Negociación y Acuerdos (en las que Raffalli participó) donde finalmente se aceptó lo que de todos modos estaba en la Constitución: un referendo revocatorio.
Como sabemos, éste se celebró el 15 de agosto de 2004, con el resultado que previeron unánimemente los estudios serios de la opinión:
El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. (Suma contra gentiles abstencionistas).
El descrédito triple del intento de Carmona Estanga, la toma militar de la Plaza Francia y el enervante paro petrolero, se sumó al invento de las misiones en 2003—posibilitadas por un marcado aumento en los precios del petróleo—para que Chávez saliera airoso de la prueba.
Todavía antes de esto último, Primero Justicia intentó otra avenida, promoviendo un referendo consultivo acerca de la conveniencia de que Hugo Chávez continuara presidiendo la República. Esto, por supuesto, no produciría resultados vinculantes, por cuanto la Constitución prescribía un medio específico (el referendo revocatorio) para causar la remoción presidencial, aunque sí causaría poderosos efectos políticos que provocarían la cesación de un gobierno aún debilitado por la secuencia de repudios.
Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.
Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el “no vinculante pero sí fulminante” referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase. (Carta Semanal #36 de doctorpolítico, 15 de mayo de 2003).
Fue la exitosa recolección de las firmas para ese referendo la primera actuación de una incipiente Súmate, pero el Consejo Nacional Electoral accidental que aprobó la convocatoria fue inhabilitado, no sin razón, por el Tribunal Supremo de Justicia, y así se impidió la segunda terapia desarrollada por Primero Justicia.
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Ha llegado la hora de replantear el «tratamiento Raffalli» para aprovechar la convocatoria a elecciones de Asamblea Nacional; esto es, intentar por iniciativa popular la enmienda de recorte del período presidencial que Primero Justicia propuso hace trece años, y así someterla a referendo concurrente antes de que este mismo 2015 concluya.
Convendrá mantener las cosas extremadamente simples: sustituir tan sólo una oración del Artículo 230 de la Constitución, que dice «El período presidencial es de seis años», por otra que diga «El período presidencial es de tres años». (El proyecto original reducía el período de seis a cuatro años y además introducía la figura de una doble vuelta electoral en caso de que el triunfador en las elecciones no obtuviese la mayoría absoluta de votos). Basta la mera reducción del período para causar lo que espera no menos del 70% de los electores venezolanos (incluyendo una considerable proporción de chavistas): la cesación perentoria de la presidencia de Nicolás Maduro. La reducción del período a tres años la terminaría el 10 de enero de 2016, lo que es un efecto más instantáneo que un referendo revocatorio que sólo podría promoverse a partir de esa fecha y a un costo mayor. (La iniciativa de revocación exige 20% de los electores; una iniciativa de enmienda requiere 15%).
Esta reformulación de la «vacuna Raffalli» tiene, por otra parte, varias ventajas: 1. es menos agresiva que un revocatorio, pues el presidente Maduro no quedaría impedido de postularse en la elección que automáticamente debiera celebrarse; 2. como me hiciera notar Luis Ugalde S. J., ella misma introduciría un período «transicional» de tres años, bueno para la reparación de los más graves estropicios chavistas; 3. esta fórmula sería probablemente apoyada por actores internacionales preocupados por la situación venezolana que predican el diálogo entre fuerzas enfrentadas; concretaría ese diálogo. (De nuevo, esto último fue argumentado por persona distinta de mí que prefiere no ser nombrada, pero no es bueno ganar indulgencias con escapulario ajeno, por lo que dejo constancia de que esta importante lectura no es propiedad mía).
Finalmente, la celebración concurrente del referendo sobre la enmienda constitucional en la misma fecha de las elecciones de Asamblea Nacional (la que se sabrá, según la rectora Lucena, en unas dos semanas), no sólo ahorrará en gastos y otros esfuerzos de logística, sino que será un poderoso incentivo de la propensión a votar en tan importantes elecciones. Ellas podrían representar la pérdida del Poder Legislativo Nacional para el oficialismo, lo que en cualquier caso sería muy conveniente al país.
Debiera corresponder a Primero Justicia el honor de llevar esta receta al seno de la Mesa de la Unidad Democrática en busca de su aprobación e implementación. A fin de cuentas, fue ese partido el que la desarrollara hace más de una década. De hecho, un ciudadano común que no milite en sus filas debiera tener el derecho de exigirle esa conducta, consistente con su propia historia. LEA
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No estoy de acuerdo con el recorte del periodo constitucional a 3 años por lo siguiente:
1) en el fondo es una solucion sociologica, más que constitucional, le estamos cortando la gasolina a maduro por malo.
2) Si se aprueba la enmienta, sale maduro y es elegido un gobierno peor, estonces saldremos a proponer otra enmienda que reduzca a año y medio el período presidencial.
3) si por el contrario gana una persona que hace un buen gobierno, que tanto podrá hacer en 3 años?
4) un periodo presidencial de 3 años afecta la continuidad administrativa y seria mas costoso desde el punto de vista presupuestario.
5) la soluciones es el referendum revocatorio, sale maduro y debe llamarse a elecciones para que el nuevo presidente complete el periodo presidencial.
Usted indirectamente dice que maduro no puede postularse si sale revocado su mandato. Me puede decir el articulo de la Constitucion que dice eso?
No estoy seguro de qué es lo que llama Ud. sin explicarlo una solución «sociológica»; tampoco entiendo por qué no sería constitucional un proyecto de enmienda introducido por iniciativa popular, es decir, por un procedimiento expresamente previsto en la Constitución. Y no justifica Ud. por qué razón un período de tres años «afecta la continuidad administrativa y sería más costoso desde el punto de vista presupuestario». Perfectamente podría ocurrir en ciertos casos que, por lo contrario, el subsiguiente período fuese menos costoso; tal cosa dependería del desempeño concreto.
Luego, es correcto que un referéndum revocatorio podría producir la cesantía del presidente Maduro; el asunto está en que la enmienda, de ser aprobada, la produciría antes, el mismo 10 de enero de 2016. Es sólo a partir de esta fecha cuando podría empezar a recogerse las firmas para convocar el revocatorio. Por otra parte, un revocatorio requiere 20% de los electores que lo soliciten para su aprobación; una enmienda exige menos: 15%.
Cualquier elección, sea en 2016 a su comienzo o a su mitad, o en 2019, puede redundar en un gobierno peor que el anterior, y en ningún caso he adelantado que propondría en tal eventualidad una enmienda para reducir el período a año y medio. Como dije el día que comenté la duración de tres años expresé mi convicción de que las técnicas modernas de administración permitirían obtener en ese tiempo resultados fundamentales, que un presidente que no pudiera mostrarlos en ese lapso sería un mal presidente y que convendría a los ciudadanos mantener la rienda corta al Presidente de la República, quien detenta un cargo con excesivo poder, problema recrecido en tiempos de chavismo. En todo caso, «una persona que hace un buen gobierno» puede perfectamente presentarse a reelección y probablemente sería reelecto en razón de su buen desempeño.
Yo no he dicho «indirectamente» que el presidente Maduro no podría postularse de inmediato si su mandato le fuere revocado; lo he dicho muy directamente. El segundo párrafo del Artículo 72 de la Constitución reza: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley». Es decir, la revocación causaría en este caso la falta absoluta de Nicolás Maduro y equivale a una destitución. Hasta el actual Tribunal Supremo de Justicia actual admitiría que el destituido no podría presentarse a reelección, cuando una mayoría revocara su mandato. El tercer y último párrafo del Artículo 233 dispone: «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva». Tal vez pueda Ud. darse cuenta de que el texto habla de «nuevo Presidente o Presidenta»; es decir, no puede el revocado reelegirse, puesto que la revocación es causal de falta absoluta del Presidente de la República, según el primer párrafo del mismo artículo: «Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato».
Por útimo, la proposición incluye la condición de que la consulta ocurra en la misma oportunidad de las elecciones de Asamblea Nacional para, principalmente, estimular la afluencia de votantes a ese evento tan importante. Pero también para permitir un considerable ahorro financiero y logístico. Ya que a Ud. le preocupa el tema de costos y presupuesto, considere este punto: el revocatorio posterior que Ud. recomienda implicaría duplicar los costos en comparación con lo que he propuesto.
Buenas tardes, he escuchado con atención su propuesta a este respecto. Estoy absolutamente de acuerdo. Incluso, atendí y entendí cuando usted dijo que sería recomendable para el propio presidente Maduro convocar esa consulta. Ojalá alguien pueda lograr eso. Porque aquí lo difícil es que ellos no se consideran un gobierno si no una vía hacia un asunto que llaman ellos mismos socialismo. Viviremos y venceremos, nos da a entender siempre, que todavía luchan, todavía no vencen, todavía no llegan. Van hacia allá pero les falta. Eso es lo que entiendo. Es un camino, una carrera, no un gobierno alternativo. Es un sistema radicalmente opuesto a otro. Así lo expresan. Pregunta él a veces que si su auditorio cree que en un gobierno capitalista pasaría tal o cual cosa y los otros gritan: Nooooo. De manera, Dr. Alcalá, que ahí es donde yo como pueblo encuentro la distancia insalvable. Estoy seguro que ellos, ninguno, jamás entenderá siquiera, la menor posibilidad de recortar un período porque demuestran que no lo consideran así: un periodo presidencial. No, lo consideran un camino casi infinito. Un apostolado. Un servicio perpetuo. Si uno de ellos falla o falta por cualesquier razones, debe ser sucedido por otro de la misma logia para seguir adelante en ese camino. Lamento mucho entristecerme mientras escribo esto, desearía estar en el mayor error de mi vida al interpretar la revolución bolivariana como una religión frenética. Por eso oigo con atención a todos los que como usted saben que no es así. También oigo (ya en forma personal) a los integrantes de esa secta quienes al escucharlos hablar movidos por tal fe, me ratifican lo que pienso. Con hambre y sin empleo con ellos me resteo, están rescatando la patria, somos libres y soberanos, la oligarquía nos quiere vencer por hambre, pero no podrán resistiremos en nombre de nuestro comandante supremo, somos hermanos en Chávez… Todas expresiones de fanatismo religioso.
Yo solo quería opinar esto desde lo más profundo de mi tristeza. Muchas gracias Sr. Luís Enrique Alcalá. Doctor Político.
Gracias, Don Angelo, por su participación. Mi amigo y mentor Yehezkel Dror escribió en 1971 un libro al que llamó Crazy States, en el que enumeró los rasgos de un «estado loco». Éstos son: “1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (dispuesto a pagar un alto precio por su logro y correr grandes riesgos); 3. está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional (dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de ‘valores superiores’); 4. exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; 5. lleva a cabo acciones externas que impactan la realidad (incluyendo el uso de símbolos y amenazas)”.
La cosa no está en hacer oposición a esto, sino superposición: un ascenso hasta un nivel superior de discurso que deje atrás la ideología socialista y toda otra ideología. Ya en noviembre de 2014 midió Datanálisis 80,1% de entrevistados contrarios al socialismo. He allí un aprendizaje fundamental que terminará por imponerse. No falta mucho para la cesación del régimen actual, y esto se dará por vías democráticas.