Actualizado a las 10:25 a. m. en notas al pie, gracias a atentas observaciones recibidas.

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Doña Amparo Schacher de Wiedenhofer tuvo la amabilidad de preguntarme (en comentario a Una orgullosa alegría): «Tomando en cuenta su visión de la política como acto médico ¿cuál sería el método y cuáles las primeras medidas a tomar si Ud. fuese elegido Presidente actualmente?» Procedo a atender su curiosidad.

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El método no es otro que el clínico; esto es, una aproximación profesional a la solución de los problemas públicos que procede de la observación desapasionada (no ideologizada) de la realidad social.

Creer que la política debe entenderse como se entiende a la medicina no es un punto trivial. Es algo muy fundamental, porque lo que se propone es que se trata de profesión, arte, ocupación u oficio, no de una ciencia. Nuestras universidades debieran tener escuelas de política. (…) Y creo que lo primero que debieran enseñar esas escuelas es que el pueblo es más sabio y poderoso que el gobierno. Que la intervención del político debe ser siempre por la salud del pueblo. Que nunca deja de aprenderse el arte del Estado. Eso, creo, no tiene nada de trivial. La política no es la búsqueda y preservación y engrandecimiento del poder por cualquier medio eficaz, sino la potenciación de la salud pública. (…) Para esto habrá que dejar atrás un patrón político que se fija patológicamente sobre las reales o supuestas faltas de los contrincantes, nunca sobre las propias. No nos servirá para nada el reconcomio y la guerra habitual de las campañas y las oposiciones. A la transformación que es necesaria en el Estado venezolano deberemos entrar con alegría. La alegría de haber sobrevivido tantas vicisitudes y tan graves problemas y de tener ante nosotros nuevas oportunidades. Nos queda mucho por resolver, y para tener éxito será preciso cambiar la frecuencia de nuestro Estado, su arquitectura, sus dimensiones y su estilo. Será preciso, reitero, abandonar la noción de que la política es, por encima de cualquier cosa, un combate, un intento por legitimarse mediante el descrédito o anulación del competidor. En cuanto asumamos la sencilla noción de que la política es fundamentalmente la profesión de resolver problemas de carácter público, cambiará de modo esencial la acción del Estado. Esta es una revolución que inevitablemente tendrá que darse en el mundo. Simple. Como lo son todas las revoluciones verdaderas. ¿Qué impide que sea Venezuela el primer país del mundo en el que semejante tránsito se efectúe? Es una revolución, sí. Se trata de un cambio muy profundo. Pero es mi creencia que la revolución que necesitamos es distinta de las revoluciones tradicionales. Es una revolución mental antes que una revolución de hechos que luego no encuentra sentido al no haberse producido la primera. Porque es una revolución mental, una “catástrofe en las ideas”, lo que es necesario para que los hechos políticos que se produzcan dejen de ser insuficientes o dañinos y comiencen a ser felices y eficaces. (Si yo fuera Presidente, referéndum #24, 8 de diciembre de 1997).

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Lo primero que haría como Presidente es comunicar al país mi convicción de que las personas de convicción socialista, en su mayoría, son gente que privilegia la virtud de la solidaridad, y que no debe llegarse a la Jefatura del Estado con ánimo altaneramente justiciero. Ya en septiembre de 1987 escribía (en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela):

Si un aspirante a outsider sorpresivo, a «tajo» de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aun a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positi­vidad. El propio Isaac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes.”

Creo, por supuesto, que el socialismo, en tanto ideología, es terapia equivocada, medicina antigua, concebida en el siglo XIX como toda otra ideología—liberal o libertaria, social-demócrata o social-cristiana (o eso que ahora presentan como si fuera nuevo, un tal progresismo)—con la pretensión de saber cuál es la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que la sociedad actual no lo sea. Su presunción fundamental es errónea: a partir de unos pocos casos observables de empresarios nocivos para el grupo social, razonan que la empresa privada en general es perniciosa y por tanto debe ser establecido un «Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes». (Diccionario de la Lengua Española; definición de socialismo). Si tal proceder fuese correcto, entonces habría que acabar con el Estado, pues son numerosos los casos de estados harto inconvenientes. Toda institución humana exhibe patologías, y la solución no es eliminarla, sino curarla.

Pero eso no es lo mismo que condenar al chavismo a la Quinta Paila del Infierno por toda la eternidad. Es posible hacer ver a quienes se inscriben en esa variedad del socialismo, aunque con dificultad, que su enfoque de la política es equivocado, como lo es toda posición ideológica. El error de mi contendiente no es causa de mi acierto, y nuestra tarea principal es la de reunir a un país ideológicamente dividido.

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He aquí, en lista incompleta y a título de ejemplo, algunas de las cosas que anunciaría de inmediato:

1. El desmontaje del control de cambios en un plazo no mayor de tres meses.* Un control de cambios es un procedimiento anormal que no debe prolongarse más allá de cierto tiempo razonable para manejar una cierta situación de emergencia, y es inaudito que se haya mantenido acá por más de una docena de años continuos. Es éste el factor de mayor incidencia en nuestra seria condición económica presente, y eliminarlo será procedimiento corrector, entre otros, de un Estado recrecido e invasivo que ha ocupado indebidamente terreno de la sociedad. Naturalmente, el programa de desmontaje deberá incluir un componente compensatorio que proteja a los venezolanos con menguados ingresos de posibles efectos adversos de esa transición sobre sus economías personales y familiares, por el tiempo que tome su adaptación a las nuevas condiciones. Tal cosa será posible con una sinceración de la tasa de cambio; con una devaluación explícita que sea realista porque se base en datos económicos y no en especulaciones, el gobierno dispondrá de recursos en moneda nacional para financiar tal auxilio. Regresada a la racionalidad dentro de un clima de confianza y estímulo a la acción económica de los ciudadanos, la posición cambiaria nacional se alejará de los histéricos niveles del mercado paralelo basado en Cúcuta. Poco después de la crisis bancaria de 1994, pudo decirse de la dolencia menos aguda del segundo período de Caldera, representativa de enfermedades cambiarias, lo siguiente:

Durante el primer trimestre de este año se llevó a cabo en Holanda un curso superior de adiestramiento ejecutivo de la compañía Shell, la famosa empresa transnacional del petróleo, una entre aquellas “siete hermanas” que hasta 1973 determinaron el rumbo del mercado petrolero mundial. El curso en cuestión fue ofrecido a unas cuantas decenas de empleados de la Shell provenientes de todo el mundo.

Algunas de las sesiones del curso fueron dedicadas al análisis de las paridades entre diversas monedas del planeta. El bolívar era una de ellas. Para ese momento, la política de control de cambios ya imperaba, lo sabemos, en Venezuela, y fuera del engorroso sistema oficial en el que se obtenían dólares a 170 bolívares, podía conseguirse la moneda norteamericana a un precio que oscilaba alrededor de 230 bolívares.

Cuando se hizo en el curso el análisis del valor que en principio debía tener el bolívar (empleando el criterio de paridades del poder de compra) a los profesores les daban las cuentas un bolívar a 153 por dólar. Según su opinión, la diferencia entre 153 y 170 o 230 sólo tenía una explicación: desconfianza. (En La peor enfermedad,  referéndum #16, 12 de octubre de 1995).

 

2.  Asegurar las fuentes de financiamiento para liquidar los compromisos de divisas adquiridos por el Gobierno Nacional con empresas nacionales y extranjeras que operen en territorio venezolano dentro de un lapso no mayor de nueve meses. Una nueva tasa de cambio para estos fines ayudará al restablecimiento de la confianza y la seguridad jurídica de los negocios. Pudiera ser el nivel mágicamente adecuado el de Bs. 43 por dólar, o 10 veces 4,30.

 

3. El establecimiento de un nuevo organigrama del Poder Ejecutivo Nacional en un plazo de tres meses. Pudiera decirse que es ineludible una cirugía reconstructiva del Estado venezolano, luego de su crecimiento excesivo. El Estado debe devolver a la sociedad lo que es suyo, pero lo que compete al Presidente de la República es el ámbito ejecutivo, y será su función recomponerlo compactándolo, para hacerlo eficaz y eficiente. Creo que sigue siendo aconsejable instalar una nueva arquitectura (similar a la descrita en Si yo fuera Presidente; con la Constitución vigente, podría encargarse al Vicepresidente Ejecutivo de la República el Ministerio de Estado de los Servicios Públicos Nacionales):

Un presidente a quien respondieran directamente sólo ocho ministros de Estado, uno de los cuales es el ministro de Estado de los servicios públicos, a quien responden, a su vez, doce ministros de servicio. Por tanto, se daría un consejo de Estado compuesto por el presidente y los ocho ministros de Estado, al que en principio pudieran o debieran asistir el Procurador General de la Nación y una nueva figura: la del Auditor General del Estado.**

 

El organigrama sólo afecta a la estructura del Consejo de Ministros; de una vez establecería un grupo de trabajo que haga inventario de las excesivamente numerosas unidades del Gobierno Nacional, a fin de reducirlas en una organización más esbelta en un plazo prudencial luego del estudio necesario. (Ver Solón y Cafreca, 14 de agosto de 2003).

 

4. En complemento de lo anterior, el inicio de un programa de reducción del empleo público nacional en 30% en un plazo de tres años. El plazo debe servir para asegurar que el personal considerado excedentario pueda prepararse para obtener un ingreso digno en otras funciones: en una actividad económica propia, en un empleo en la empresa privada o en algún gobierno municipal o regional. («Una reducción del empleo público debe producirse gradualmente, pues no es poco traumático el brusco recorte de personal, sin que haya mediado un pro­grama de adiestramiento, de reciclaje o reubicación». Dictamen, 21 de junio de 1986).

 

5. Salvo algunos pocos casos, un período de un año de estabilidad del Alto Mando Militar, incluido en él los comandos de las mayores unidades de la Fuerza Armada. La gran mayoría de nuestros militares está compuesta por gente profesionalmente preparada y honesta, y es hora de liberarla del secuestro político al que se ha visto sometida en contra de lo que norma la Constitución:

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. (Artículo 328).

Ningún militar consciente que precie su dignidad profesional se opondrá a que se garantice a la Fuerza Armada Nacional lo pautado por la Constitución; en cambio, ejercerá su oficio dentro de tal norma con responsable satisfacción.

 

6. La aceptación de la propuesta guyanesa para dirimir el diferendo territorial con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando se dé la inhibición y sustitución ad hoc en la misma de los actuales magistrados del Reino Unido, los Estados Unidos y Rusia, los estados participantes en el tribunal que produjo el Laudo de París de 1899. (La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, está compuesta por 15 jueces; en la actualidad, además de uno por el Reino Unido, uno por los EEUU y uno por Rusia, incluye magistrados nacionales de Australia, Brasil, China, Eslovaquia, Francia, India, Italia, Jamaica, Japón, Marruecos, Somalia y Uganda). El vicio radical de aquel tribunal de París consistió en la violación de un principio elemental: no se puede ser a la vez juez y parte, y en ese momento las partes eran Inglaterra y Venezuela, pero de cinco jueces ninguno, como debía ser, era venezolano aunque dos eran ingleses.

En 1895, Venezuela pidió a los Estados Unidos su intercesión en nombre de la Doctrina Monroe—”América para los americanos” (1823)—, y esto llevaría a la constitución del tribunal que decidiría el diferendo en el amañado Laudo de París (1899). Dos jueces británicos, dos estadounidenses—en principio representantes de Venezuela, pues los ingleses hicieron saber a sus antiguos súbditos que ningún juez británico se sentaría junto a un “abogado de color”—y uno ruso, dictaminaron otorgar a Inglaterra la casi totalidad del territorio que reclamaba. El ruso y uno de los norteamericanos admitieron al funcionario inglés Charles A. Harris que la decisión había sido una componenda—el secretario de Lord Russell, el principal de los jueces británicos, escribió: “La componenda de Martens [el juez ruso] nos ha dado la victoria”—, por lo que Harris sentenció: “The whole thing is a farse”. (Todo es una farsa). El arrebatón se había consumado. (En La Standard Oil de Guyana, 9 de junio de 2015).

Una solución judicial es el procedimiento entre gentes civilizadas, y debiéramos prepararnos a admitir un resultado que no restituyera a nuestro país la totalidad de lo que reivindicamos como nuestra Guayana Esequiba; de algún modo, hemos dejado de ejercer allí Uti possidetis juris, no nos hemos ocupado de esa tierra y sus habitantes, al punto de que es ahora cuando se propone cedularlos.

Simón Bolívar al finalizar las Guerras de independencia hispanoamericana fue el primero en proponer durante el siglo XIX que los países hispanoamericanos emancipados conservasen las antiguas fronteras de las colonias del imperio español en América. Es decir, que los nuevos estados surgidos tendrían como fronteras las que le corresponderían de las colonias españolas en el año 1810, provisionalmente hasta la existencia de un tratado, alegando el año 1810 como el último de la monarquía española para la posesión legítima de sus dominios americanos. Así, al pasar a la vida independiente, se fijaron para los nuevos países unas fronteras en base a los antiguos territorios coloniales que en 1810 formaban parte integrante de un virreinato, capitanía general o audiencia. Este principio ha sido alegado por diversos países hispanoamericanos.

El principio fue confirmado por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de 1986 v Burkina Faso, Malí: «[Uti possidetis] es un principio general, que está lógicamente relacionado con el fenómeno de la obtención de la independencia, dondequiera que ocurra. Su objetivo evidente es el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados esté en peligro por luchas fratricidas provocadas por el cambio de fronteras tras la retirada de la potencia administradora.» (Wikipedia en Español).

Obtener algo, sustancial, es bastante mejor que nada. En todo caso, no sería aceptable la concesión guyanesa de derechos de exploración en ninguna parte de nuestras aguas territoriales indiscutidas.

 

7. Iniciar una campaña de profilaxis contra la delincuencia, que incluya el desarme general de la población civil, el establecimiento de un patrón duradero de cooperación entre los organismos policiales nacionales, regionales y municipales y una mejora significativa de la remuneración de los funcionarios nacionales de seguridad. Esto es sólo atinente a una parte del sistema inmunológico de la sociedad. La contribución indispensable del Poder Judicial escapa a las facultades del Presidente de la República, pero una mejora general de la economía que reduzca la pobreza deberá atenuar en el país la propensión a delinquir.

 

8. La inmediata convocatoria del Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, para que se pronuncie supremamente acerca del nudo de la cuestión política nacional en circunstancias de grave crisis. Éste no es otro que la pretensión de establecer el socialismo en Venezuela: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, es ahora el encabezado de todo decreto que publica la Gaceta Oficial, y tal cosa es de orden constitucional y por tanto no puede ser decidida sino por el Soberano. Convocaría inmediatamente, pues, un referendo consultivo sobre la siguiente cuestión: «¿Está Ud. de acuerdo con el establecimiento en Venezuela de un régimen político-económico socialista?» En una democracia presuntamente participativa, es incomprensible que no se solicite la voz de la Corona acerca de tan grave asunto. Ella echará la más sólida de las bases de la reconciliación nacional.

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Naturalmente, algunas cosas positivas vendrán de la mera omisión de lo negativo. La erradicación instantánea, por ejemplo, del abuso comunicacional del Ejecutivo Nacional actual y del estilo pugnaz y condenatorio en la retórica de los altos funcionarios del Estado. Un tratamiento respetuoso de nuestros empresarios, de nuestros universitarios, de nuestros obreros, de nuestros científicos, junto con la inmediata mejora del clima nacional, restañaría significativamente la hemorragia de la dolorosa emigración de nuestros talentos. Lo económico es en gran medida climático, y el solo hecho de la cesación de lo malo actual, del cambio de rumbo y de estilo, producirá efectos beneficiosos. Entonces escamparía.

La esperanza renacería, y con ella la energía necesaria para acometer metas ambiciosas. El país debe ser estimulado para que responda con su ingenio y su trabajo en pos de direcciones no tradicionales; es preciso encontrar actividades económicas distintas de la industria petrolera, pues necesitamos entrar en la economía del futuro, distinta de la mera extracción que es lo característico de una economía primaria, otra cosa que nuestra propia estimulación del calentamiento global. Es la marca de los tiempos la expansión indetenible de las actividades informáticas en la Internet o las de ingeniería genética; en actividades como ésas, en la nueva economía—ver New Rules for the New Economy, de Kevin Kelly—siempre habrá espacio, siempre será posible, como demostró Irlanda, saltar de una economía tradicional a lo más adelantado.

Esa audacia es necesaria; esa audacia será bienvenida por los venezolanos, que queremos reto y acicate. Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento. No es imposible que en el año 2015 el venezolano promedio tenga un nivel de conocimientos equivalente a una licenciatura de estudios generales. La educación primaria garantizada estaba bien para el país de Guzmán Blanco. A comienzos del siglo XXI los venezolanos todos deberíamos disponer de una educación superior. (En El mes de Jano, referéndum #11, 21 de enero de 1995. Digamos ahora, luego del tiempo perdido, en 2035).

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Dije anteayer a la Sra. Schacher de Wiedenhofer: «Gracias, Doña Amparo, por la confianza implicada en sus preguntas. Me propongo contestarlas con las mayores seriedad y responsabilidad. Deme Ud. unas horas, al cabo de las cuales sustituiré este inmediato acuse de recibo por una verdadera respuesta. Le avisaré a su dirección electrónica». Lo que antecede es una contestación provisional, tal vez ilustrativa; un trabajo serio con asesores idóneos producirá un programa de mayor corrección. Naturalmente, lo aquí propuesto no es otra cosa que el arranque, lo que creo deben ser «las primeras medidas a tomar», como lo pone la Sra. Wiedenhofer; mucho más puede y debe hacerse durante el resto del período constitucional.

Una cosa sí no haría: buscar la reelección al término de ese plazo. Es estipulación de mi código de ética política—compuesto y jurado públicamente en septiembre de 1995—ésta que me obliga:

Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.

El mejor médico es el que se hace prescindible cuanto antes.

 

luis enrique ALCALÁ

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*Acabo de recibir (9:47 a. m.) la sensata observación de Melquíades Pulido García, Presidente de VenAmCham: «Estoy de acuerdo con los diagnósticos y las medicinas; quizás las dosis (velocidades) pueden ser un poco altas. Ej. el desmontaje del control de cambios en tres meses puede crear un shock interno en ajustes de precios, costos, salarios, remuneraciones, alquileres… que pueden ser traumáticos. Pero hay que hacerlo». El plazo sugerido de tres meses es para invertirlo en el diseño del programa de medidas que deben acompañar el tratamiento de desmontaje del control (¿»descontrol?») Deberá ser capaz de manejar, por ejemplo, una acelerada propensión a la fuga de capitales, sobre todo en una economía de liquidez absurdamente aumentada, como me apuntara el economista Alfredo Fernández Porras. En todo caso, él cree, como yo, en que las decisiones deben implantarse simultáneamente, de una vez.

**Alejo Planchart pensó que me refería al Contralor General de la República. He debido copiar un poco más de Si yo fuera Presidente, donde puse: «…una nueva figura: la del Auditor General del Estado. (Otra vez, las funciones de este nuevo funcionario están prefiguradas en la práctica de la organización privada. Las compañías privadas, además de ser auditadas por auditores o firmas de auditores externos, tienen su propio auditor interno, el que está allí para procurar una correcta administración de los bienes corporativos y de este modo proteger los derechos de los accionistas. Por eso como tal no pertenece al equipo gerencial, y por eso mismo no es usualmente muy bien recibido. El Contralor General de la República es más bien un auditor externo, nombrado como es por el Poder Legislativo)».

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