…los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del “país político”, de un “país nacional” que a su vez es cortado por la distinción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero.

Dictamen – 21 de junio de 1986

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Estábamos en el último año del siglo pasado, a punto de elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral (sucedáneo del antiguo Consejo Supremo Electoral). El 29 de mayo de 2000, Luis Miquilena preguntaba: «¿Con qué se come eso?» Se refería a quienes se llamaban a sí mismos «miembros representantes de la sociedad civil organizada» de modo más bien incomprensible, pues el Artículo 296 de la Constitución cuya redacción presidiera dice al comenzar: «El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano». (¿Fue «la sociedad civil» la que postulara tres de las cuatro rectoras oficialistas actuales? ¿Es que ninguno de los cinco rectores—cuatro postuladas y un postulado—tiene algún género de vinculación con organizaciones de fines políticos?)  La réplica de Miquilena fue comentada en el artículo breve de la Carta Semanal #196 de doctorpolítico (27 de julio de 2006):

El término “sociedad civil” se ha hecho de uso común en los últimos años. A comienzos del gobierno de Hugo Chávez, una referencia al mismo por parte de Elías Santana, de larga trayectoria como dirigente civil, provocó el despectivo comentario de Luis Miquilena: “¿Con qué se come eso?” Vale la pena detenerse en su significado, sobre todo cuando ahora se prepara una “hoja de ruta” de “la sociedad civil” y se convoca a reuniones para considerar “el curso de acción política de la Sociedad Civil de cara al 2007”. (En la convocatoria de una reunión específica sobre este asunto, se añade: “Tendremos a varios voceros de ONG’s invitados”, y en la mención del año próximo hay una suerte de admisión de la inevitabilidad de la reelección de Chávez, puesto que la invitación acoge sólo a opositores al gobierno).

En efecto, en el uso común del término, se entiende por sociedad civil una aglomeración de organizaciones no gubernamentales que no sean partidos políticos, y esto no es (en parte) sino el remozamiento terminológico de la distinción—que introdujera, creo, Jóvito Villalba—entre un «país político» y un «país nacional». En Dictamen (21 de junio de 1986), se describía la cosa al considerar algunos de los componentes de un paradigma político «esclerosado»:

1. Existe un “país político” distinguible del “país nacional”: Esta formulación comprende un conjunto de postulados acerca de la natura­leza política de la sociedad venezolana. Para los actores políticos tradicionales ellos conforman el llamado país político. Son ellos los únicos autorizados para el manejo de los problemas públicos. El resto del país, el “país nacional”, no tiene otra función política que la de establecer, cada cinco años, un orden de poder entre los componentes del “país político”, el pecking order (orden de picoteo en un ga­llinero) que distribuye el poder disponible entre los candidatos. Esta visión es, por supuesto, errada. El país nacional es el país polí­tico. Por de­finición, el Estado es la sociedad política, y se define al Estado como un conjunto de personas que ocupan un territorio definido y se organizan bajo un gobierno so­berano. No es el Estado el conjunto de los ciudadanos con activismo político, como no lo es ni siquiera el gobierno de una nación. El Estado, la sociedad polí­tica, comprende a todos los nacionales de un país. Esta elemental noción se con­funde, se olvida o se escamotea con frecuencia. Se olvida, por ejemplo, que a los poderes públicos tradicionalmente considerados (ejecutivo, legislativo, judicial) los precede el poder fundamental que llamamos poder constituyente, cuya residen­cia es el pueblo. Otra cosa es la delegación de poder que se establece a través del acto electoral, pero no puede seguirse sosteniendo, por esclerótica, esa noción de la separación de un país político y un país nacional.

Comúnmente, pues, no se entiende que la sociedad civil sea el Pueblo, sino sólo las limitadas porciones de él que pertenezcan a alguna asociación distinta de un partido, lo que ahora parece no exigir que éstas se abstengan de propósitos políticos. Veamos:

Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), afirmó que la sociedad civil debe arropar a los partidos políticos y forzar un gobierno de transición que conlleve a la reconstitucionalización del país. (…) Al consultarle si la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría conllevar a ese nuevo Gobierno, señaló que la sociedad civil es la que debe dar ese paso al frente. “Esto supone la integración de un gran frente nacional por un cambio político”. (Reporte Católico Laico).

No puede haber propósito más político que ése, y monseñor Pérez Morales está diciendo a las claras que la MUD es un establecimiento muy insuficiente que pretendió, con la reorganización que anunciara, «arropar» ella a la «sociedad civil»:

…Torrealba reportó el 17 de los corrientes la creación de un “Congreso de la Sociedad Democrática”, como instancia de articulación de los partidos políticos de la MUD con “organizaciones no gubernamentales y distintos movimientos sociales”, presentándolo como el principal mecanismo de consulta y debate de esa variedad de actores. (MUDa de piel, 24 de febrero de 2017).

Y es que lo que se anticipara en este blog hace algo más de cuatro años (MUD, MUD, MUD, es hora de partir, 25 de diciembre de 2012), amenaza ahora con convertirse en deporte nacional, luego de un desastroso desempeño de la central opositora y la Asamblea Nacional en 2016. Pérez Morales disimuló poco su desahucio de la dirigencia opositora profesional, y estuvo a milímetros de certificar su defunción, lo mismo que expidió sobre el diálogo: “el diálogo está muerto y se le puede dar un buen entierro”.

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La «sociedad civil» no es lo mismo que las ONGs que se oponen al gobierno de Maduro; ella no es homogénea. Hay organizaciones no gubernamentales que se inclinan en favor del oficialismo, y si bien una gran mayoría nacional repudia ese gobierno, tampoco toda ella está conforme con la MUD o partidos opositores que la componen:

 

 

 

De mediciones como ésas puede concluirse que ninguna agrupación de ONGs opositoras puede ser tenida por representativa del Pueblo, y tampoco es que será más fácil acordarse entre ellas que en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Apartando las que persiguen objetivos institucionales (no políticos) específicos, hay agrupaciones no partidistas de objetivo político único; por ejemplo, las que promueven la elección de una asamblea constituyente «originaria», cosa que no existe. (Lo único originario es el Pueblo). Pues bien, hay al menos dos grupos competidores con ese propósito—el liderado por Enrique Colmenares Finol (el más antiguo) y el de Felipe Pérez Martí, exministro de Chávez—, si no se incluye a Voluntad Popular, que pertenece al «país político» pero cíclicamente replantea ese espejismo.*

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En febrero de 1994 se estrenaba la publicación mensual referéndum, con un trabajo que fuera titulado Los rasgos del próximo paradigma político. Allí se lee:

La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución. (…) Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional. La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.

Ante un problema político, como ante uno de salud, lo importante es identificar un mejor tratamiento. Un consenso, una mayor «representatividad» de alguna proposición no es lo mismo que su corrección terapéutica. Pero la riqueza de la sociedad civil reside en la participación cívica de gente con vocación altruista e interesada en soluciones. Allí puede hallarse, de cuando en cuando, verdaderas gemas estratégicas.

La lectura de Pérez Morales va, sin embargo, en otra dirección. Es ante el deficiente desempeño de la dirigencia opositora nacional que recomienda que la sociedad civil «arrope» a los partidos que, en nuestro caso, bien pudieran llamarse «subpartidos». (A fines de 2012, la MUD se componía de 30 partidos; a semejanza de Italia que, con una población del doble de la nuestra, tiene hoy 11 partidos mayores, 23 menores y 71 regionales).

Quien escribe incluiría en la recomendación de Monseñor «arropar a la Asamblea». Cuando se piensa en el mantra de la «presión de calle» se le cree dirigido contra el gobierno y sus aliados: la soñada marcha a Miraflores o las protestas ante el Consejo Nacional Electoral. (La que inaugurara la temporada guarimbera de 2014 se dirigió a la Fiscalía General de la República). Es tiempo de pensar en la presión ciudadana sobre el Poder Legislativo Nacional, sobre «nuestros» representantes.

¿Para qué? Para que hagan el aporte decisivo al meollo del problema político nacional que, en sentido restringido, se define como la sustitución perentoria del gobierno que preside Nicolás Maduro y, en sentido amplio y no menos importante, requiere el reemplazo del esquema socialista. Para que la Asamblea Nacional establezca alianza con el Poder Constituyente Originario y lo convoque a referéndum. (“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”, 5 de febrero de 2003). Para traer el Poder Supremo del Pueblo, como grande y definitivo terapeuta, a decidir si conviene el socialismo a Venezuela y si quiere elecciones presidenciales (no elecciones «generales») inmediatas. (Ver en este blog ¿Qué espera la Asamblea Nacional? y Prontas elecciones, del 8 de marzo y el 22 de octubre de 2016, respectivamente. Sobre lo primero se llamó acá la atención de Monseñor Pérez Morales el 21 de julio del año pasado a raíz de importante artículo suyo; ver Pandemónium).

La Asamblea Nacional puede convocar inapelablemente—sin firmas, fotos o huellas dactilares—referendos consultivos por mayoría simple (84 diputados), pero para hacer eso debe recuperar su eficacia; esto es, debe salir de la situación de desacato que la mantiene maniatada y anulada. Por tanto, la sociedad civil que eligió a los diputados debe arroparles para que de una vez por todas procedan a recuperar su eficacia lo que, al menos declarativamente, cuenta con la apertura del Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. Que les tomen la palabra y se dejen de declarar abandonos de cargos y crisis humanitarias, o de representar ante Luis Almagro y el flamante canciller brasileño peticiones de auxilio. Que resuelvan nuestros problemas aquí, dándonos el derecho de palabra.

No requerimos un «gobierno de transición», sino uno que se elija cuanto antes y se ocupe del período corto que concluiría el 10 de enero de 2019 (lo que de suyo definiría su carácter «transicional»). Tampoco un acuerdo programático innecesario, al estilo de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (23 de enero de 2012). Los candidatos que quieran presentarse a una elección presidencial tan posible como urgente, y habría bastantes, tendrán simplemente que convencer a un electorado que ha aprendido mucho en los pesados últimos años de nuestra república de gente que sufre. Es esta gente la que tiene que acordarse. LEA

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*Colmenares Finol está tras una constituyente desde al menos 2005, poco después del intento revocatorio fallido de 2004. (El suscrito escuchó una presentación suya en ese año en las oficinas de Don Ricardo Zuloaga). Antes aún, Herman Escarrá, diputado a la constituyente de 1999, propugnaba una nueva apenas tres años después como modo de salir de Hugo Chávez, y su proposición fue incluida en el combo de opciones que Súmate puso a consideración ciudadana el 2 de febrero de 2003. Raúl Isaías Baduel predicaba lo mismo por la época del referendo sobre los proyectos de reforma constitucional de 2007. Manuel Rosales se le había adelantado con esta idea del 25 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. El 7 de diciembre de 2013, Leopoldo López y Ma. Corina Machado encabezaban una lista de decenas de personalidades que pedían constituyente en un manifiesto de prensa; entre ellas destacaba el nombre de Blanca Rosa Mármol, hoy incorporada al grupo que lidera Felipe Pérez Martí.

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