when you’re up there/ listening to somebody or other/ saying he’s going to set himself on fire/ split before the match is lit/ unless you’re into the sort of thing/ that’ll bring you down
Gerd Stern – Must be vertical
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…aún me queda algo de tristeza y eso está bien; para algo tenemos esa emoción. Emilio Mirá y López identificaba en Cuatro gigantes del alma, en orden creciente de más primitiva a más evolucionada, estas grandes pasiones del espíritu: el miedo, la ira, el amor y el deber. Es del deber cumplido de donde nos llega la mayor de las felicidades.
Buenos días, tristeza, 16 de junio de 2017
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La muerte de Fernando Albán, a quien no conocía, logró deprimirme. Fue ayer cuando pude escribir a un importante político venezolano: «Hoy estoy muy preocupado por la muerte de Fernando Albán. Y no sólo por el deceso mismo, doloroso y absurdo, sino porque realimentará la radicalización. Tendremos que sobreponernos a esa tragedia, sin permitir que nos desvíe del rumbo correcto, el verdaderamente eficaz».
En este momento, son poquísimos quienes saben qué pasó en realidad en el edificio del SEBIN donde Albán encontró la muerte*; para la inmensa mayoría, la incertidumbre domina a la certeza, lo que no impide que se formen convicciones irreversibles de culpabilidad. Pero lo serio es lo que destaca el Dr. José Ignacio Hernández en su artículo para Prodavinci (¿Quién responde por la muerte de Fernando Albán?):
…tal y como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas decisiones, el Estado es responsable de la seguridad de las personas privadas de libertad, con lo cual, debe presumirse la responsabilidad del Estado frente a todo daño que sufran tales personas. Muy en especial, el Estado debe investigar objetivamente la muerte de las personas privadas de libertad, a los fines de determinar sus causas y precisar la responsabilidad a que haya lugar, la cual puede ser personal –respecto de los funcionarios a cargo de la custodia de quienes están privados de libertad–, como del propio Estado –incluso, por los daños derivados de la muerte del reo. Los artículos 43 y 272 de la Constitución de 1999 reiteran este principio, al señalar que el Estado deberá garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, mientras que el artículo 29 obliga al Estado a investigar violaciones de los derechos humanos. Y el primer derecho que debe ser garantizado es, precisamente, el derecho a la vida. (…) …debe presumirse que el Estado venezolano es responsable de la muerte de Fernando Albán, pues el concejal se encontraba bajo custodia del Estado en el momento en que murió.
De resto, cabe acá aplicar el criterio de William Clifford en La ética de la creencia: «Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente».
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No es un secreto que en el muy difícil proceso político venezolano hay posiciones de oposición radical que no sólo recomiendan como «salida» golpes de Estado desde hace mucho tiempo, sino que propugnan invasiones extranjeras al país o creen justificado un magnicidio y de hecho lo han intentado. He vuelto a recordar lo que me escribiera hace dos años quien, después de referirse a los militares venezolanos—los «verdes», los llama él—como factor clave, asegurara esta monstruosidad: «La buena noticia es que la crisis continúa». Cualquier cosa estaría autorizada, y la muerte de Albán indudablemente refuerza esa postura, que añade un nuevo mártir a su lista.
Para el gobierno, naturalmente, el terrible acontecimiento representa un golpe potencialmente mortal. En momentos cuando parecía dispuesto a ciertas concesiones—su proposición de elecciones generales (ver ¿Jugada maestra?) o la anuencia a una próxima visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—, en momentos cuando el país recibía al senador republicano Bob Corker, quien vino en plan de facilitar un nuevo ambiente de diálogo interno y con los Estados Unidos (a pesar de sus diferencias con el presidente Trump), el fallecimiento de Albán es lo peor que hubiera podido pasarle. Si la muerte del concejal tachirense no hubiera sido voluntaria o accidental sino causada por funcionario o funcionarios del SEBIN, es de presumir que la misma no habría sido ordenada por el Alto Gobierno; una orden tal no tendría el menor sentido político.
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Trato ahora de superar con la esperanza el ánimo depresivo que me dominara al conocer la espantosa noticia; la esperanza en que el Pueblo venezolano, que sufre todos los días, podrá sublimar su horror constructivamente. «Tendremos que sobreponernos a esa tragedia, sin permitir que nos desvíe del rumbo correcto, el verdaderamente eficaz». LEA
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* El fiscal Tarek William Saab ofreció hoy más información. (Ver nota en El Universal).
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