Jorge Rodríguez da lectura a un conjunto de acuerdos del gobierno con parte de la oposición

 

El panorama político nacional cambió marcadamente al inicio de la semana, con una sorpresiva presentación conjunta—en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores—del gobierno, representado por Delcy y Jorge Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Jorge Arreaza, Blanca Eekhout y Francisco Torrealba, y “la oposición venezolana”, a su vez representada por Felipe Mujica (Movimiento Al Socialismo), Luis Romero (Avanzada Progresista, el partido de Henri Falcón), Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela), Timoteo Zambrano (Cambiemos) y Pedro Veliz (Bandera Roja). Todos ellos suscribieron un documento (que no menciona a Bandera Roja) en el que se da noticia de una “Mesa Nacional” de diálogo para arribar a acuerdos políticos “parciales”—a los que llama su “método”—y de los que ya habían establecido. Éstos son:

1. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fracciones aliadas.

2. Atender con la Prontitud y la Urgencia del caso, la Nueva Conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación.

3. Exhortar al sistema de justicia, mediante la Comisión de la Verdad, para que acuerde medidas de sustitución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita.

4. En unión nacional, reafirmamos y defendemos los derechos históricos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas, que dirime esta controversia territorial.

5. Rechazar la aplicación de sanciones Económicas contra el País, violatorias del Derecho Internacional y exigir el inmediato levantamiento de las mismas.

6. Proponemos se instrumente el Programa de intercambio de Petróleo por Alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas.

Adicionalmente, otros acuerdos “institucionales”, “electorales” y “económicos” continuarán siendo elaborados; entre ellos destaca la superación del problema del desacato de la Asamblea Nacional, que ha servido de pretexto al Tribunal Supremo de Justicia para maniatar al Poder Legislativo Nacional.

Concluida la presentación de la “Mesa Nacional de Diálogo” y los acuerdos parciales enumerados, Claudio Fermín se prestó a declaraciones a los medios de comunicación. He aquí lo que dijo:

Suscribo más de una de sus afirmaciones, en particular el rechazo a presiones o intervenciones extranjeras—irresponsablemente procuradas por Guaidó—y la referida a la nocividad de las sanciones de las que ha sido objeto el Estado venezolano, que afectan directamente a nuestra población.

………

La reacción a tal sorpresa política no se hizo esperar, con las acostumbradas argumentaciones ad hominem: el intento de descalificar los acuerdos mediante la descalificación de sus actores* en lugar de atender a su contenido. (Cuando Iósif Stalin afirmaba que el Sol salía por el Este, ese dictador monstruoso al que se atribuye la muerte de 9 millones de adversarios políticos, tenía toda la razón). La verdad de una afirmación no depende del carácter de quien la profiera, sino de su correspondencia con la realidad, y la superación del desacato de la Asamblea Nacional o la liberación de detenidos por causa política son resultados positivos en sí mismos; es positiva la liberación, veinticuatro horas después de los anuncios, de Edgar Zambrano, aunque obviamente se produjera “para reforzar los acuerdos de ayer con algo concreto”, como escribí a quien me diera la noticia.

Por supuesto, el proyecto Guaidó fue particularmente afectado. En un intento por demostrar su presunta superioridad, se hizo circular orgullosamente por redes sociales y otros medios esta opción que los representantes del Presidente de la Asamblea Nacional habrían presentado en la negociación auspiciada por el gobierno de Noruega:

 

Para empezar, Juan Guaidó no es el Presidente “legítimo” y Nicolás Maduro no usurpa la Presidencia de la República (ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2019). Más importantemente, la proposición de un “gobierno de transición” a ser asumido por un “Consejo de Gobierno” en el que participarían militares es franca y enteramente anticonstitucional. De nuevo, el diputado Guaidó propone una interpretación distorsionada de nuestra Constitución al esgrimir el Artículo 333, que dice:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución no ha dejado de observarse por acto de fuerza—si no se toma en cuenta el intento insurreccional fracasado del mismo Guaidó del pasado 30 de abril—y tampoco, a pesar de habérsela violado (ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008), ha sido derogada; ella sigue siendo nuestra ley fundamental.

La Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional, que Guaidó excita a una “etapa de presión”, no tienen vela en este entierro; es el Pueblo (al que Guaidó se refiere con inicial minúscula) quien tiene algo que decir, y su palabra no es una “presión” sino una orden. La gran mayoría de la “dirigencia” nacional no ha pensado nunca en que el Pueblo sirva para algo más que protestar, marchar, servir de carne de cañón con mártires útiles a las “etapas de presión” y, por supuesto, para elegirla a cargos públicos. Una vez más, sólo el Pueblo en referendo puede decidir algo que contravenga una disposición constitucional, puesto que es el único poder que no está limitado por la Constitución.

Además, el embarazo de nueve meses para tener elecciones presidenciales—replanteado hoy por Stalin González, uno de los negociadores de Guaidó—deja, una vez más, de considerar que el Pueblo podría acortarlo a la tercera parte en un referendo:

Sólo el Pueblo en referendo puede mandar nuevas elecciones de Presidente de la República y Asamblea Nacional que interrumpan sus respectivos períodos. Un acuerdo relativamente sencillo en Oslo debe centrarse sobre tal verdad constitucional, y el país no debe dejar pasar la reciente invitación de Nicolás Maduro. Las “materias de especial trascendencia nacional” (Art. 71 de la Constitución), a ser dilucidadas en un referendo que consulte al Soberano, serían: a. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Presidente de la República; b. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Asamblea Nacional; c. si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (“cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, Art. 296) según el siguiente procedimiento—distinto del previsto en ese artículo, que sólo el Poder Constituyente Originario puede sobrepujar—: dos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes. (Tiempo de Guerra, 10 de junio de 2019).

¿Habrá planteado Fermín en las conversaciones con Jorge Rodríguez el asunto de un referendo?

En este año de 2019, Eduardo Fernández y Claudio Fermín aunados, precedidos por pocos días de Nicmer Evans, y ahora el segundo de los nombrados de consuno con Juan Barreto, han asomado la posibilidad de un referendo consultivo como modo de superar nuestra crisis. (La mezquindad en la política venezolana, 15 de septiembre de 2019).

El presidente Maduro podría convocarlo mañana en Consejo de Ministros. (Artículo 71 de la Constitución).

Finalmente, el “régimen” no abandonó la negociación de Barbados por la razón aducida en la mancheta; lo hizo porque las últimas y muy drásticas sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano fueron justificadas por Juan Guaidó. (Es de estilo, comme il faut, referirse al gobierno presidido por Nicolás Maduro como “régimen”, término que en cabeza de quienes lo emplean equivale a “dictadura”. El Diccionario de la Lengua Española lo define así: régimen Del lat. regĭmen. 1. m. Sistema político por el que se rige una nación). LEA

………

* Otro de los intentos de descalificación es referirse a los partidos no oficialistas que suscribieron los acuerdos como “minipartidos” o “minoritarios”. Vale la pena cotejar esa caracterización con una medición de Datanálisis de este mismo año:

Medición de hace sólo cinco meses (un clic sobre la imagen la amplía)

 

¿Es Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, con 4,2% de aceptación, un macropartido o “partido mayoritario”? ¿Lo son Primero Justicia (3,2%) o Vente Venezuela, de Ma. Corina Machado, con 0,8%?

___________________________________________________________

 

Share This: