Hijo de Rafael Caldera, Ministro de la Secretaría de la Presidencia de su segundo gobierno
El propósito medular del discurrir humano es la consecución de la verdad. En Política—el arte de resolver problemas de carácter público—, además, es no sólo moralmente aconsejable conseguirla, sino prácticamente necesaria, pues las políticas fundadas sobre nociones equivocadas conducen al daño social. (…) Aquella política que se diseñe sobre lecturas equivocadas de la realidad muy probablemente fracasará en su ejecución. Siendo esto así, se convierte en deber la mostración del error, así sea uno que se cometa “de nuestro lado”.
Lógica anecdótica – 17 de mayo de 2017 (Epígrafe precedente: Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad. Oscar Wilde – La esfinge sin secreto)
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Recibí de Andrés Caldera Pietri, ayer domingo 16 de febrero, el enlace a una entrevista que publicara el sitio web de La Razón, que el medio titula así: ANDRÉS CALDERA: “No estamos en un estado de derecho”. Esto le comenté en retorno ese mismo día::
Gracias, Andrés, una buena entrevista. Encuentro en ella mucho de pasado y una recomendación a futuro cercano con la que estoy en desacuerdo: «lo lógico es que todos nos pongamos detrás de Juan Guaidó y sigamos la línea que la oposición, mayoritariamente plantea». Guaidó ha fundado su actuación sobre una patraña tras otra. Él, para empezar, no es el Presidente de Venezuela. Hay que «ponerse detrás» de una estrategia fundada sobre bases correctas, no detrás de una persona. No se combate el error con la mentira, sino con la verdad.
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Un comentario adicional. En la entrevista destacas: «La Conferencia Episcopal ha propuesto que se consulte al soberano. Yo estoy seguro de que si se hace una consulta al país, la mayoría de la gente va a pedir que se hagan unas elecciones presidenciales este año». La CEV propuso eso el 12 de enero de 2018 (Corolarios episcopales);* yo lo propuse el 22 de octubre de 2016 (Prontas elecciones) y hablé extensamente del asunto a la plana mayor de la CEV. Igualmente, te recibí en mi casa** e intenté venderte un tratamiento referendario de la crisis; con posterioridad, eludiste el tema y mi invitación a que te sumaras a la promoción de tal salida.
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Este comentario tuyo es lamentable: «no se conseguían jueces, para que lo condenaran» [a Chávez]. ¿No y que la justicia debe ser autónoma? ¿Cómo es que se formulaba la condena antes del juicio?
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Con razón «no estamos en un Estado de Derecho»; desde hace tiempo viene la cosa.***
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Estoy esperando la reacción de Caldera Pietri. Recuerdo, entretanto, esto que puse en De Oslo a Bridgetown el 9 de julio del año pasado:
…de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.
Y es del 28 de noviembre de 2017 una previa entrada que hace referencia al mismo medio de comunicación empleado en el intercambio precedente (What’s up in WhatsApp). Allí dije hacia el final:
La ANC no es algo que pueda decidirse en una mesa de negociación. Si bien sobre bases comiciales deformes, fue legítimamente convocada. A pesar de la propensión de moda a las etiquetas, ella no es fraudulenta y fue elegida por 8 millones de votantes. (Según el CNE; 7 millones según el alegato no probado de Smartmatic, una votación parecida a la del “plebiscito” del 16-J, o 38,5% del registro electoral). Sólo el Poder Constituyente Originario, el Pueblo expresado en referendo, podría disolverla e incluso anular todos sus actos.**** Tampoco puede decidirse en una mesa por los negociadores elecciones fuera de los ciclos constitucionales (las “elecciones generales” que propusiera José Guerra por CNN el 25 de octubre del año pasado).
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* En verdad lo que planteó la Conferencia Episcopal Venezolana en enero de 2018 fue que el Pueblo asumiera “su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71)”. En esa oportunidad comenté en Corolarios episcopales: «Bueno, ése no es el objeto de los referendos consultivos; el Artículo 71 citado por los obispos indica que ellos tienen por propósito genérico considerar ‘materias de especial trascendencia nacional’, pero el rumbo que se quiere dar al país está más directamente relacionado con el plan de desarrollo económico y social de la nación, cuyos lineamientos generales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional en ejercicio de prerrogativa especificada en el numeral 8 del Artículo 187 de la Constitución, que establece sus facultades».
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** En noviembre de 2017.
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*** Hoy ha publicado la web de CNN un artículo de su antigua corresponsal Frida Ghitis, titulado así: Trump está aprendiendo de los dictadores. Allí pone: «Cuando el presidente Donald Trump tuiteó su objeción a la sentencia recomendada para su amigo Roger Stone, y el Secretario de Justicia, William Barr, rápidamente revirtió la recomendación, siguieron un camino muy recorrido en la historia: el aplastamiento sistemático de la independencia del sistema judicial. Ya vimos esta película y no termina bien. Un sistema judicial independiente es un ingrediente indispensable en el Estado de derecho. Sin Estado de derecho es casi imposible preservar el funcionamiento de una democracia, ni qué decir del buen funcionamiento de un gobierno. Vimos este desarrollo incluso en la historia reciente: cuando los autócratas en potencia arrancaron a múltiples países de sus amarras democráticas, uno de los primeros objetivos fue el sistema judicial».
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**** Datanálisis consultó, poco después de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal mencionada arriba, acerca de la disposición a disolver la Asamblea Nacional Constituyente en funciones y anular todos sus actos. Éstas fueron sus mediciones:
Hallazgos de Datanálisis (febrero 2018)
El total de los entrevistados que estaba de acuerdo con la disolución de la ANC superaba por 14 puntos a quienes se mostraban en desacuerdo, y esa ventaja ascendía a 20,3 puntos respecto de la posible anulación de sus actos. Ni siquiera ese registro, universalmente sabido, hizo que la dirigencia que se hace llamar «opositora» se animara a organizar la convocatoria de un referendo sobre tales cuestiones. Por entonces no logré interesar a Andrés Caldera Pietri en esa avenida de democracia participativa. LEA
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