A LHB
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Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente basada en la convicción de que “la virtud sin el poder”, como había dicho medio siglo antes un orador en el Concilio de Basilea, “sólo sería objeto de burla y que el Papa romano sin el patrimonio de la Iglesia sería un mero esclavo de reyes y príncipes”, que, en resumen, con el fin de ejercer su autoridad, el papado tenía que lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha mostrado a menudo, tiene un corolario: que el proceso de obtener poder emplea medios que degradan o brutalizan a quien los emplea, que despierta para darse cuenta de que aquél ha sido poseído a expensas de la virtud, del propósito moral.
Barbara Tuchman – The March of Folly
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Frank Underwood, el personaje interpretado estupendamente por Kevin Spacey en la exitosa serie televisiva House of cards, es un ejemplo de la filosofía política de Henry Kissinger, sólo que aquél la redimensiona de la escala del país a la escala personal.
Entre nosotros, hay gente que lamenta que las acciones playeras en Venezuela que organizara el ex boina verde Jordan Goudreau hayan fracasado, aunque ellas correspondiesen a los intereses de los Estados Unidos, pues ya se habría rebasado la separación de esos intereses y los venezolanos. Una persona queridísima, con un corazón de oro, me había escrito el 1º de mayo, poco antes de las frustradas incursiones: «Pensaba que a cualquier precio hay que salir de Maduro». Le respondí que no a cualquier precio: «No al precio de hacer algo incorrecto si hay otros modos de lograr el objetivo. No puedo justificar la salida de Maduro acusándolo de violar la Constitución proponiendo otras violaciones».
En El caso Venezuela, un deporte internacional, había escrito el 5 de febrero de 2019: «Condenar y sancionar al gobierno venezolano (afectando a su pueblo) se ha convertido en uno de los deportes políticos de moda, comme il faut, dirían los franceses chic. La autoridad que eso haga obtiene una certificación de demócrata preocupada por los derechos humanos a un costo bajísimo (para ella). Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no». En particular, los EEUU no tienen la menor autoridad moral para acusar a nadie de atentar contra los derechos humanos. (Ver acá A propósito de John Kerry, 14 de mayo de 2014).
Luego aduje los criterios de una guerra justa, aquella en la que la violencia armada estaría moralmente justificada:
La doctrina de la «guerra justa» especifica cuatro condiciones para iniciar acciones bélicas: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado irrealizable o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. (La salida, 21 de febrero de 2014).
Es razonable postular que la primera condición se ha cumplido con creces; el régimen presidido por Nicolás Maduro—y antes el de Chávez—es particularmente pernicioso, siendo como es el más ideologizado de los regímenes venezolanos de la historia. Pero, más allá de la fatal obsolescencia de toda política ideológica*, son las muy negativas consecuencias de esos gobiernos socialistas las que reclaman su cesación:
El término oncológico se emplea para destacar que la patología chavista no fue inoculada al país por un agente o vector externo, sino que procede de las propias entrañas de la nación, estaba en su seno. También, por supuesto, para designar su carácter pernicioso e invasivo, que ha ido penetrando extensamente los tejidos social e institucional trastocándolos y destruyéndolos. (DICTAMEN 2010, 18 de diciembre de 2009).
A ese efecto inmensamente indeseable se suma, naturalmente, la destrucción del aparato económico nacional, hoy en ruinas, con las secuelas sociales de mayor dificultad para la mera supervivencia de la mayor parte de la ciudadanía, que a duras penas subsiste mediante la dádiva pública, cada vez más insuficiente.
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Pudiésemos incluso discutir la materialización de la tercera y la cuarta de las condiciones enumeradas para la violencia justa, pero en ningún caso está cumplida la segunda. Nadie ha comprobado que el tratamiento referendario de nuestra desmesurada crisis sea irrealizable o ineficaz, puesto que no se ha probado llevarlo a la práctica. Él es un tratamiento definitivo, enteramente constitucional y totalmente disponible. Quienes lo desatienden—la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio Venezuela Libre y cada uno de sus componentes—argumentan que el Consejo Nacional Electoral lo entorpecería, que no lo permitiría,** y quienes niegan el modesto apoyo económico requerido para llevarlo a cabo desde la iniciativa popular (10% de los electores inscritos) prefieren gastar mucho más en aventuras armadas y patrañas argumentales como las de Guaidólar. (Esto sin tomar en cuenta que, de haber resuelto la Asamblea Nacional el problema de su persistente desacato de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, como el Ejecutivo Nacional y el mismo TSJ recomendaron a comienzos de 2018, ella hubiera podido convocar a referendo por mera mayoría simple de diputados, lo que se ha negado a considerar siquiera).
Por supuesto, hay un tratamiento mucho más sencillo y económico que el referendo consultivo—la única instancia que pudiera causar supraconstitucionalmente una nueva elección presidencial—, el expuesto acá en Otro camino hace apenas un mes y cuatro días: «1. el presidente Maduro nombra a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo que no provenga de las filas oficialistas y tampoco de las de la oposición. 2. el presidente Maduro se separa voluntaria y temporalmente de su cargo por noventa días, encargándose de la Presidencia de la República el Vicepresidente recién nombrado. 3. el presidente Maduro recibe autorización de la Asamblea Nacional para permanecer separado de su cargo por noventa días adicionales. 4. al cabo de este nuevo plazo, el presidente Maduro renuncia a su cargo, causando la falta absoluta contemplada en el Art. 233 que debe ser subsanada por una nueva elección presidencial, a la que podría presentar su candidatura según su voluntad».
Este blog reitera la invitación al Jefe del Estado, el Sr. Nicolás Maduro Moros, para que abra la puerta, y también invita a la dirigencia opositora a desechar la noción de un «gobierno de emergencia» que requeriría esa ilusión inconstitucional de un tal «Consejo de Estado» y a comprometerse a permitir la segunda falta temporal del presidente Maduro. Cualquier sucesor del Sr. Maduro presidiría la República en condiciones de emergencia, dado que estamos en emergencia; eso no hace falta decretarlo inconstitucionalmente. LEA
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* El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socialismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?” La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público. (…) Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis. (Una especie política nueva, 11 de marzo de 2015).
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** Nadie ha demostrado fraude electoral que adulterase resultados desde que entrase en funciones la dominación chavista-madurista en 1999. Son patentes, por supuesto, el abuso y el ventajismo oficialistas en campañas y actos electorales, los que podrían minimizarse mediante la presencia de observación internacional confiable. El Consejo Nacional Electoral, que proclamó Presidente electo a Nicolás Maduro en la elección del 20 de mayo de 2018, es el mismo que proclamara la elección de 112 diputados de oposición en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. (Rebajados a 109 por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que fuesen interpuestos nueve recursos de impugnación de la proclamación de los diputados de Amazonas, a siete de los cuales se opuso el CNE mientras la oposición no litigó ninguno). Tibisay Lucena presidía el Consejo Nacional Electoral para la oportunidad del referendo aprobatorio de proyectos estratégicos de reforma constitucional (2 de diciembre de 2007), cuando un envalentonado presidente Chávez, que venía de derrotar abrumadoramente a Manuel Rosales el año anterior, quiso introducir en la Constitución artículos socializantes de contrabando. Esos proyectos fueron derrotados por mínimas diferencias de 1,31% y 2,02%, y aun así el CNE proclamó tales resultados para un asunto tan crucial a los socialistas. Finalmente, una asistencia masiva al referendo propuesto, para mandar una nueva elección presidencial, sería inocultable en la práctica. (Breviario sobre la crisis política venezolana, 31 de mayo de 2019).
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