magrear De magro y -ear. 1. tr. vulg. Sobar, manosear lascivamente a alguien.

Diccionario de la Lengua Española

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Tengo al Sr. Luis Almagro por el peor Secretario General que haya tenido la Organización de Estados Americanos. Excedido en sus funciones desde que asumiera ese cargo el 26 de mayo de 2015, llegó a la OEA ya con Nicolás Maduro entre ceja y ceja.

Veamos cuáles son las funciones atribuidas a su actual oficio en el Artículo 113 de la Carta de la OEA:​ “Corresponde al Secretario General: a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines, y b) Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos”.

Punto. No corresponde a la Secretaría General de la organización establecer por su cuenta líneas de acción que la comprometan ni promoverlas o juzgar a gobierno alguno en el continente americano.

Esto señala de Almagro  Wikipedia en Español en el artículo que le dedica:

Fue expulsado de su formación política en un plenario de la coalición de izquierda Frente Amplio el 15 de diciembre de 2018 por unanimidad de votos de los 75 asistentes, tras un informe emitido semanas antes por el Tribunal Disciplinario del Frente Amplio motivado por un comentario surgido con respecto a la situación que atraviesa Venezuela, donde expresó que no se debía “descartar ninguna opción incluyendo la militar” para sacar al gobierno de Nicolás Maduro al que califica de “dictadura”, esto en referencia a una declaración de Estados Unidos que no descartaba dicha opción para “regresar a Venezuela a la democracia”. Según la resolución votada por unanimidad, Almagro violó los principios partidarios al sugerir una posible intervención militar en Venezuela.

Antes observa el mismo artículo:

En 2014, adoptó una posición crítica al gobierno venezolano. En consecuencia, el expresidente José Mujica declara «Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido».​ El sucesor de Mujica en la presidencia, Tabaré Vázquez, sostuvo también una postura crítica hacia la figura de Almagro.

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No forma parte de las atribuciones del Secretario General de la OEA el juicio acerca de si hay democracia en un país miembro. El 11 de septiembre de 2001, se aprobó en Lima el segundo texto fundamental de la organización: la Carta Democrática Interamericana. Dice su Artículo 21: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”. El Secretario General de la OEA no es su Asamblea General.

El reciente comunicado de Almagro “condena las acciones de aquellos integrantes de la Comunidad Internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura. Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país”. Ninguna resolución de la OEA califica al gobierno presidido por Nicolás Maduro de dictadura.

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El pacto fundamental de nuestro continente es, precisamente, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que asienta en el literal d de su Artículo 3:

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

También establecen los artículos 19 al 21 (destaco en cursivas):

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Claro, cuando se funda en 1948 la Organización de Estados Americanos—sucesora de la previa Unión Panamericana—y poco después, ya había en el continente más de un país gobernado por dictadores de derecha. (Somoza, Trujillo, Batista, Rojas Pinilla, Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez). Nadie objetó entonces tales dictaduras reales, y más tarde tampoco fue objeto de sanciones de la OEA o persecuciones de su Secretario General un gobernante como Augusto Pinochet. Ni siquiera Cuba fue reprendida a la llegada del castrismo en 1959; en 1962 fue suspendida no en razón de su sistema de gobierno sino porque había agredido a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, ocho años después de promulgarse la Carta Democrática Interamericana (Lima, 11 de septiembre de 2001) se decidió:

En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión (pero Cuba no se ha reincorporado). (Wikipedia en Español).

En cambio, la OEA toleró lo siguiente:

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas» del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 «desaparecidas» y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

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A todo esto podría objetarse que se desconociera el Consejo Permanente de la OEA, referido en el reciente comunicado de Almagro, que declara “fraudulentas” las elecciones de nuestra actual Asamblea Nacional. La Resolución 1.164 de ese órgano expresó “su rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela”. Ni el presidente Maduro ejerce ilegítimamente su cargo* ni era en ningún caso “evidente” el propósito de eliminar nada; a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, simplemente, se le había agotado su período: “La Asamblea Nacional elegida en 2015 dejó de existir el 4 de enero de este año según pauta inequívoca de la Constitución”.** (Ver Ejemplo de mentira política, 1º de mayo de 2021).

¿Ignorancia de nuestra constitucionalidad por parte de Luis Almagro, o deliberado desconocimiento de ella? LEA

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* …se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC: (Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente). En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene”. Lloviendo sobre mojado, 15 de marzo de 2019).

** Artículo 192: Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo.

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Addendum

Con fecha de hoy, el International Crisis Group publicó y distribuyó una extensa declaraciónVenezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar—acerca de los importantes cambios introducidos en la política venezolana con el nombramiento de las nuevas autoridades electorales. Éste es su párrafo inicial:

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso.

Y éste es el de cierre:

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.

Ya antes—Exégesis de Crisis (Group), 12 de marzo de 2020—he opinado acerca de posturas del influyente y más bien benéfico think tank: “En general, el informe de Crisis Group International es bastante más equilibrado que otros análisis extranjeros, pero peca de ignorancia culposa de nuestra constitucionalidad, bajo la creencia de que los ‘políticos’ que negociarían una salida al conflicto político venezolano estarían autorizados a saltársela a la torera. Eso no es en absoluto necesario”. En el caso de su informe de hoy, también encuentro cosas de las que difiero, como esta declaración al inicio de su tercer párrafo: “La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral”. Eso no es verdad; cuando todo el Consejo Nacional Electoral estaba en manos oficialistas, concedió la elección de 112 diputados opositores en diciembre de 2015. Algo como eso se barre bajo la alfombra.

Sin embargo, considerado como un todo, este nuevo aporte del grupo es una contribución importante a la bienvenida que debe darse a los rectores del CNE recién electos, lo que ya ha hecho muy significativamente Fedecámaras, entre otros actores que se distancian de los tradicionales comecandela. Vale.

 

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