De Oslo a Bridgetown

 

Del frío nórdico al calor tropical

 

La semana comenzó auspiciosamente con el anuncio de un acuerdo preliminar entre el gobierno venezolano y su oposición: que habría elecciones presidenciales al término de un embarazo de nueve meses. Así lo advertía Nelson Bocaranda Sardi en uno de sus runrunes: “Esto estará en el tapete en Barbados: Elecciones LIBRES y SIN Maduro en 9 meses (Rojos aseguran que Maduro no será candidato), posibles candidatos del PSUV: Diosdado Cabello o Héctor Rodríguez Y FUERTE PRESIÓN MILITAR para que se llegue a un acuerdo cuanto antes”.

Por su parte, Heilet Morales escribió en el diario marabino Panorama (Elecciones en 9 meses sobre la mesa de negociación):

El pedido de elecciones presidenciales es un inamovible de la mesa de negociación, desde hoy instalada en Barbados con anuencia de Noruega y con la presencia de Gobierno y oposición. Se trata de la tercera ronda de negociación en la que la oposición presentará “la propuesta de realizar las presidenciales en nueve meses”, confirmó a este medio una fuente vinculada al entorno de Juan Guaidó. Gerardo Blyde liderará al equipo opositor que insiste en cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), voto de los millones de migrantes en el extranjero, y que Maduro ceda el poder, además sin la posibilidad de ser candidato. “Un CNE con la supervisión internacional y el voto de los venezolanos afuera es mucho lo que se puede avanzar”, agregó la fuente. (…) El español diario El Mundo, publicó que los noruegos aseguran a la oposición que “ya Maduro aceptó la convocatoria de unas elecciones presidenciales con garantías. Sin embargo, el principal escollo, según legisladores con directo conocimiento de las conversaciones, es que el ‘presidente pueblo’ no quiere abandonar el poder en los meses previos a los comicios”. (…) La propuesta de una elección presidencial en nueve meses es cónsona con los tiempos de que dispone, por ejemplo el Parlamento, para designar a nuevos rectores, aunque en el mejor de los casos se hable de un mínimo de seis meses.

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Eso está muy bien; de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.

En cuanto al plazo para recambiar el Consejo Nacional Electoral, de nuevo el Pueblo puede acortarlo mediante una pregunta ulterior del referendo esbozado:

Si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral  según el siguiente procedimientodos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes. (Ver Tiempo de Guerra, 10 de junio de 2019).

“¿Por qué rechazan los políticos profesionales de uno y otro bando en Venezuela la apelación al Soberano para resolver nuestros muy agudos problemas de Nación?” (Historia de una renuencia, 11 de diciembre de 2018).

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Queda por dilucidar la permanencia en el poder de Nicolás Maduro mientras se celebra una elección presidencial y si ese ciudadano debiera ser impedido de participar en ella como candidato. Puede acordarse constitucionalmente una falta temporal del Presidente por seis meses:

Artículo 234. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más.

El presidente Maduro podría convenir en nombrar un Vicepresidente Ejecutivo más neutral, más potable, antes de ausentarse “temporalmente”. (Seguiría siendo Presidente de la República hasta la nueva elección, pero no en ejercicio). Y ya en Prontas elecciones (22 de octubre de 2016), se argumentaba:

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación.

Si se va a una nueva elección con un CNE confiable, si todo estudio de opinión mide el enorme rechazo nacional que suscita la persona política de Nicolás Maduro, no hay que temer por su reelección, e impedirle su participación como candidato sería violar sus derechos políticos mediante un procedimiento anticonstitucional: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. (Art. 42 de la Constitución). De todos modos, Bocaranda pudiera estar bien informado: “Rojos aseguran que Maduro no será candidato”. LEA

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¿Resistir o mandar?

 

Una protesta incivil

 

incivil Del lat. incivīlis. 1. adj. Falto de civilidad o cultura. 2. adj. Grosero, maleducado.

Diccionario de la Lengua Española

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Notre Dame Philosophical Reviews es un extraordinario servicio gratuito de la muy prestigiosa Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Semanalmente, hace llegar a los suscriptores de su lista de correos reseñas de libros sobre temas filosóficos, que con frecuencia tratan de Filosofía Política. El pasado 21 de junio, recibí la del libro de Candice Delmas: A Duty to Resist – When Disobedience Should Be Uncivil, (Un deber de resistir: cuando la desobediencia debe ser incivil). En tiempos de los desórdenes de los “chalecos amarillos” en Francia, la erupción de protestas en Hong Kong y, por supuesto, de la resistencia ciudadana al gobierno de Nicolás Maduro, la lectura del correo de Notre Dame pareciera ser especialmente útil.

Busqué, pues, más información, y encontré una descripción sintética colocada en la web por la casa editora, nada menos que Oxford University Press. Traduzco:

¿Cuáles son nuestras responsabilidades frente a la injusticia? ¿Cuán lejos debiéramos ir para combatirla? Muchos sostendrían que, en tanto un estado sea cercano a justo, los ciudadanos tienen un deber moral de obedecer la ley. Quienes proponen la desobediencia civil sostienen en general que, dado este deber moral, una persona necesita una sólida justificación para quebrantar la ley. Pero activistas que van desde Henry David Thoreau y Mohandas Gandhi hasta el Movimiento por las Vidas de los Negros han reconocido desde hace tiempo que hay veces cuando, en vez de tener un deber de obedecer la ley, tenemos un deber de desobedecerla.

Asumiendo con seriedad la historia de este activismo, Un deber de resistir lucha con el problema de la obligación moral en sociedades del mundo real que albergan la injusticia. Candice Delmas argumenta que el deber de justicia, el principio de equidad, el deber samaritano y la asociación política imponen la responsabilidad de resistir bajo condiciones de injusticia. Debemos expandir la obligación política para incluir un deber de resistir leyes y condiciones sociales injustas aun en estados legítimos.

Para Delmas, el deber de resistir exige una desobediencia principista, y esa desobediencia no siempre será civil. A veces, actos encubiertos, violentos, evasivos u ofensivos de quebrantamiento de las leyes pueden justificarse, incluso pueden ser requeridos. Delmas defiende la viabilidad y necesidad de la asistencia ilegal a emigrantes ilegales, la difusión de información clasificada, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDDoS), el sabotaje, la autodefensa armada, el arte de la guerrilla y otros medios de resistencia. Hay límites; los principios no justifican por sí mismos el quebrantamiento de la ley. Pero la desobediencia incivil puede ser en algunos casos no sólo permisible sino requerida para resistir la injusticia.

No he leído el libro hasta ahora, pero imagino que una académica tan rigurosa como Delmas no habrá pasado por alto las condiciones de la guerra justa de la tradición occidental. (Ver acá La salida, 21 de febrero de 2014). Pero en la reseña precedente y la que enviara la gente de Notre Dame echo en falta algo más drástico y definitivo al tiempo que moralmente correcto, y eso no es otra cosa que el derecho de rebelión. Creo que la formulación primera de tal derecho—con cierto precedente en los holandeses*—ocurre en la Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776, tres semanas y un día antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica:

…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública.

La soberanía del Pueblo lleva implícita esa capacidad, ese derecho de abolición. (Ver Manda Su Majestad, 17 de diciembre de 2016). Claro, no puede haber duda de que tal es la voluntad del soberano mayoritario; algo como el 38,5% del registro electoral en el “plebiscito” convocado por la oposición venezolana para el 16 de julio de 2017 no es suficiente, no equivale a un “mandato del pueblo”, como han sostenido reiteradamente algunos dirigentes opositores. Sostener tal cosa, eso sí, es una usurpación de la mayoría popular.

No encuentro en las descripciones del texto de Delmas la decisiva claridad de los virginianos, y sostengo que mandar es preferible a desobedecer, es muy preferible a protestar. LEA

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*Un importante antecedente de la Declaración de Derechos de Virginia, plantilla de la Declaración de Independencia de los EEUU que la seguiría a las tres semanas, es el Acta de Abjuración de los Estados Generales holandeses (26 de julio de 1581) contra la Corona de España. Éste es su preámbulo: “Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos. Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo. Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa. Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas”.

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Breviario sobre la crisis política venezolana

 

De un hombre de iglesia muy político

 

breviario Del lat. breviarium ‘epítome’, ‘inventario’. 1. m. Libro que contiene el rezo eclesiástico de todo el año. 2. m. epítome (resumen). 3. m. Impr. Fundición de nueve puntos, como la que solía usarse en las antiguas impresiones del breviario romano. 4. m. desus. Libro de memoria o de apuntamiento.

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Lo que sigue es transcripción de notas remitidas al mismo prelado venezolano a quien antes dedicara las que este blog reprodujo en Lloviendo sobre mojado (15 de marzo de 2019), y para quien antes aún compusiera Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017).

 

 

BREVIARIO

Sobre la crisis política venezolana y la vía correcta de solución

29 de mayo de 2019

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El funcionamiento del Estado venezolano y el país en su conjunto ha sufrido un gravísimo deterioro, como consecuencia de la equivocada pretensión de implantar en él un esquema socialista—“Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”, Diccionario de la Lengua Española—y la general incompetencia de sus actores políticos, de uno y otro bando de nuestra confrontación.

Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre. (Las élites culposas, mayo de 2012).

 

La ruta de Guaidó

La más reciente narrativa opositora sostiene una “ruta” de tres etapas: 1. Cese de la “usurpación”; 2. Gobierno de transición; 3. Elecciones libres de nuevo Presidente de la República. Ella es un libreto falaz, construido en el exterior e interpretado por actores de oposición que siguen el liderazgo impuesto del diputado Juan Guaidó. Veamos.

Primeramente, el Art. 9 de la Constitución vigente establece: “El idioma oficial es el castellano”. Entonces, “usurpar” es “Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. (Diccionario de la Lengua Española). ¿Quién es ese “otro”? ¿A quién ha usurpado el cargo Nicolás Maduro Moros?

Juan Guaidó no es el Presidente “encargado” o “interino” de la República. Su pretensión se funda en una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, el que atribuye al Presidente de la Asamblea Nacional, por treinta días, la Presidencia de la República sólo en este caso:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Esto es, su aplicación implicaría admitir que había un Presidente electo que por algún motivo no había tomado posesión antes de su “falta absoluta”.

Hernández y su vociferante jefe

Que esa norma no se aplicaba al caso real fue argumentado por el hoy “Procurador Especial” José Ignacio Hernández—nombrado inconstitucionalmente por el diputado Guaidó—quien escribiera el 11 de enero: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una barbaridad para que la pretensión de Guaidó se sostuviera: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”.

Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.

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Poco después, sugeriría el diputado Guaidó que la Asamblea Nacional estaba constitucionalmente facultada para solicitar una intervención armada extranjera que depusiera al gobierno que preside Nicolás Maduro, porque así lo permitiría el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución. Esa disposición dice: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Una “misión militar” no es en ningún caso una intervención de guerra o una invasión por Venezuela en otro país ni de otro país en Venezuela. El concepto se refiere a un acuerdo de colaboración de orden técnico—asesoría o instrucción, como funcionó en Venezuela durante décadas con una misión militar de los EEUU—que se establezca por acuerdo de nuestro gobierno y otro foráneo. A todo evento, lo que la AN puede hacer, como reza el Artículo citado, es autorizar al gobierno para establecer la misión del caso. (Diccionario de la Lengua Española: autorizar. Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo). La Asamblea Nacional no puede autorizarse a sí misma, pero tal monstruosidad fue exigida después de la mención de Guaidó por voces radicales de la oposición; notablemente, por la Sra. Ma. Corina Machado.

Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”.

Considérese, además, los siguientes artículos de la misma carta:

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida luego de agredir a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, casi ocho años después de la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió dejar sin efecto tal suspensión en julio de 2009.

Por otro lado, Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes no fueron objetados en la organización. Por lo contrario,

Una “misión militar” de EEUU

…los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron la Operación Cóndor, “nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 “desaparecidas” y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

Comparado con Pinochet o Videla, Maduro es un boy scout.

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La segunda etapa de la “ruta Guaidó” es el establecimiento de un gobierno transicional, mediante la aprobación en la Asamblea Nacional de un tal “estatuto de transición” el 5 de febrero. Tal noción es enteramente inconstitucional, y la AN excede en consecuencia sus facultades. En general, son varias las voces opositoras que recomiendan defender la Constitución de los abusos oficialistas y, acto seguido, prescriben su violación. (Luis Ugalde S. J., por ejemplo, abogó por lo primero el 12 de junio del año pasado y al día siguiente proponía un “gobierno transicional” bajo la forma de una “Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión”. Es evidentísimo que nuestra Constitución no contempla ningún caso de una junta de gobierno cívico-militar).

Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente puede hacer algo así, por cuanto la Constitución no está suspendida mientras ella opera. La más mínima alteración (una mera enmienda) de la Constitución sólo adquiere vigencia con su explícita aprobación por el Pueblo, en referendo convocado al efecto. (Art. 341 de la Constitución).

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Queda únicamente de “la ruta Guaidó” la celebración de nuevas elecciones presidenciales “creíbles”. Salvo una renuncia del presidente Maduro, que las causaría automáticamente, no puede haber elecciones presidenciales que interrumpan un período constitucional sin una aprobación expresa del Pueblo en referendo.

Monarca absoluto

El Pueblo es el único poder supraconstitucional, el único que no está limitado por la Constitución. (Sólo lo limitan los derechos humanos y los tratados contraídos válidamente con soberanías equivalentes de otros países, según la doctrina fundamental que estableciera la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, cimiento de nuestra constitucionalidad; su desconocimiento implicaría el desmoronamiento de todo el edificio público de la Nación, pues fue esa sentencia la que dio origen a todo el proceso constituyente de ese año, que culminara con la aprobación en referendo de la vigente Constitución).

Por tal motivo, sólo dos cosas pudieran provenir de una mesa de negociación en Oslo o Jerez de la Frontera: la concesión de la renuncia de Maduro o la celebración de un referendo capaz de imponer soberanamente una nueva elección presidencial.

 

La ruta correcta y practicable

Es concebible una negociación más amplia en Oslo, que incluya varios otros problemas y sus soluciones. Por ejemplo, lo expuesto en Del armisticio como programa y su más compacta síntesis en Versión formal. (11 y 26 de mayo de 2017). Tal esquema de acuerdo no se predicó entonces entre gobierno y oposición—entes de gran asimetría y mayor pugnacidad recíproca—sino entre los poderes públicos nacionales, obligados a la cooperación por el Art. 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. (El 27 de abril de 2016 decía un comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en su numeral noveno: “El respeto a la institucionalidad es un compromiso y una obligación moral irrenunciable. Los Poderes Públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación”).

En los textos mencionados, se enumera un conjunto de concesiones recíprocas, como el mutuo reconocimiento de los poderes, la anulación de cosas tales como la declaración de abandono del cargo por parte del presidente Maduro (9 de enero de 2017), la restitución de la eficacia como poder público a la Asamblea Nacional (contrayendo la anulación de sus actos sólo a aquellos que hubieran incluido los votos de los diputados objetados del estado Amazonas), “la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”, la admisión de ayuda humanitaria de procedencia internacional, la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, etcétera.

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Pero, obviamente, es la nueva elección presidencial el nudo del problema y es, por tanto, lo que debe obtenerse y lo que debe ser explicado a los mediadores de presunta buena voluntad (el Grupo Internacional de Contacto y el Mecanismo Noruego). Convendría supremamente explicar el punto a la Santa Sede, adonde ha ido el Sr. Elliott Abrams—el “Enviado Especial” de Donald Trump para Venezuela—a reunirse acerca del caso venezolano con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Éste podría transmitirlo entonces a los EEUU.

Tal elección, como ha sido argumentado, sólo podría derivarse de un acto referendario, lo que sería el punto central del acuerdo. La aceptación de tal salida por el oficialismo se haría más probable si se permitiera la participación del presidente Maduro como candidato, aunque éste decidiese no serlo para ahorrarse una humillación electoral. Y esa concesión pudiera contraprestarse al permitir que sea la Asamblea Nacional el órgano que convoque el referendo consultivo necesario, en un acto que sólo requiere mayoría simple de diputados (Artículo 71 de la Constitución) y sería el primero tras la recuperación de su eficacia como poder, hoy en día confiscada. (En gran medida, por su propia culpa).

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Resta dilucidar el punto de si tal referendo y las elecciones que de él se derivarían, que debiera organizar el Consejo Nacional Electoral según el Numeral 5 del Art. 293 de la Constitución, tendrían que ser precedidos de una recomposición de ese mismo consejo. Dicha recomposición consumiría algún tiempo, si es que va a seguirse el procedimiento constitucional y legalmente pautado, pero ciertas consideraciones merecen ser tomadas en cuenta:

1. La convocatoria del referendo no puede ser obstaculizada, como lo fuera el intento revocatorio de 2016, por cuanto provendría de una decisión de la Asamblea Nacional con poderes restablecidos. (No se requeriría una convocatoria por iniciativa popular con 10% del registro electoral).

2. Nadie ha demostrado fraude electoral que adulterase resultados desde que entrase en funciones la dominación chavista-madurista en 1999. Son patentes, por supuesto, el abuso y el ventajismo oficialistas en campañas y actos electorales, los que podrían minimizarse mediante la presencia de observación internacional confiable.

3. El Consejo Nacional Electoral, que proclamó Presidente electo a Nicolás Maduro en la elección del 20 de mayo de 2018, es el mismo que proclamara la elección de 112 diputados de oposición en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. (Rebajados a 109 por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que fuesen interpuestos nueve recursos de impugnación de la proclamación de los diputados de Amazonas, a siete de los cuales se opuso el CNE mientras la oposición no litigó ninguno).

4. Tibisay Lucena presidía el Consejo Nacional Electoral para la oportunidad del referendo aprobatorio de proyectos estratégicos de reforma constitucional (2 de diciembre de 2007), cuando un envalentonado presidente Chávez, que venía de derrotar abrumadoramente a Manuel Rosales el año anterior, quiso introducir en la Constitución artículos socializantes de contrabando. Esos proyectos fueron derrotados por mínimas diferencias de 1,31% y 2,02%, y aun así el CNE proclamó tales resultados para un asunto tan crucial a los socialistas.

5. Finalmente, una asistencia masiva al referendo propuesto, para mandar una nueva elección presidencial, sería inocultable en la práctica.

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Apuntes adicionales

-La elección presidencial del 20 de mayo de 2018 es válida, aunque fuera “convocada” por la Asamblea Nacional Constituyente. En la práctica, fue convocada y organizada por el Consejo Nacional Electoral, luego de la decisión de la ANC, pero el Artículo 349 de la Constitución establece: “Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. El CNE, un poder constituido, debía acatar la prescripción de la ANC que, si bien contrariaba la costumbre en materia de su fecha, no violaba disposición constitucional o legal alguna. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha a la elección de Presidente.

-La Asamblea Nacional Constituyente fue legítimamente convocada por el presidente Maduro, facultado inequívocamente por el Art. 348 de la Constitución. La tesis Brewer-Carías acerca de la necesidad de un referendo previo es enteramente equivocada; la convocatoria del 1º de mayo de 2017 fue un ejercicio indirecto de la soberanía popular según lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución. (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce… indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). Otra cosa es que la constituyente en funciones fuera necesaria (que no lo era) o que haya servido para algo útil. (Salvo proveer al gobierno un órgano legislativo que supla a la Asamblea Nacional, en rebeldía desde su instalación el 5 de enero de 2016).

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Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…

(Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

LEA

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Política falaz

Entrada actualizada en nuevas notas al pie

 

Típicas en el “razonamiento” político

 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.

Artículo 200 de la Constitución de la República de Venezuela

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El Sr. Diosdado Cabello ha anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente procederá a allanar la inmunidad parlamentaria de aquellos diputados de la Asamblea Nacional que hayan participado en el intento insurreccional del pasado 30 de abril. De tomar el cuerpo que preside tal decisión, estaría violando directamente la Constitución Nacional. Veamos.

1. La Constitución no está suspendida mientras funciona la Asamblea Nacional Constituyente, y cualquier modificación de aquélla—enmienda o reforma—o su sustitución por una enteramente nueva requieren la aprobación expresa del Pueblo en referendo, lo que no ha ocurrido. (Artículo 341 numerales 3 y 4, Artículo 344 y Disposición Final Única de la Constitución).

2. El Artículo 200 de la Constitución establece que sólo el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional, puede ordenar la detención de un diputado y continuar su enjuiciamiento. La Asamblea Nacional Constituyente no es ni el Tribunal Supremo de Justicia ni la Asamblea Nacional.

3. El Artículo 349 de la Constitución indica, ciertamente, que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, pero esas decisiones sólo podrían tener rango subconstitucional, no pueden contradecir en nada a la Constitución por la razón expuesta en el primero de los puntos.

La Asamblea Nacional Constituyente no tiene vela en ese entierro. Si Cabello insiste en su desvarío, incurriría en responsabilidad penal y debiera ser “castigado de conformidad con la ley” junto con los diputados constituyentes que voten a favor de la violación.

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Otra cosa es que puede haber diputados de la Asamblea Nacional que hayan incurrido en los obvios llamados a la insurrección militar del 30 de abril; muy clara y especialmente, el diputado Juan Guaidó. En consecuencia, la Asamblea Nacional debiera autorizar su detención y enjuiciamiento, puesto que se está ante un presunto delito que además es flagrante. (“En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”).

Por supuesto, tal cosa no va a ocurrir; la Asamblea Nacional se ha declarado en guerra contra los restantes poderes públicos nacionales desde su instalación el 5 de enero de 2016, y con el nombramiento inconstitucional—sin la participación del Poder Ciudadano—de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo (“legítimo”) el 21 de julio de 2017. Del lado oficialista, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado en desacato al Poder Legislativo Nacional, que se ha negado a atenerse a su decisión (en Sala Electoral) de invalidar la elección de diputados por el estado Amazonas. Como consecuencia, el TSJ ha declarado nulas todas las actuaciones posteriores de la Asamblea Nacional.*

También es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución**, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

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Una de dos: o la dirigencia política de lado y lado incurre conscientemente en el empleo de falacias o su razonamiento es harto defectuoso. Ambas posibilidades son verdaderamente lamentables, porque los venezolanos sufrimos grandemente, y en nada nos alivia el sufrimiento esa política falaz, esa política de mutuas malacrianzas, esa parálisis inducida del Estado. LEA

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* “El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente”. (En Versión formal, del 26 de mayo de 2017, que recoge un posible Acuerdo de los Poderes Públicos Nacionales, expuesto más extensamente en Del armisticio como programa quince días antes, y anticipado por la proposición de un acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo—Plantilla del Pacto—enunciada el 25 de abril de 2016).

** Entre el Dr. [José Ignacio] Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández. (La Revolución Marrón, 30 de enero de 2019).

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Actualización a las 8:30 p. m.

La Asamblea Nacional Constituyente procedió a “allanar” hoy la inmunidad de los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Andrés Velásquez y Richard Blanco por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 30 de abril. Por su parte, el diputado Guaidó, principal responsable de esos hechos, no ha sido tocado. Éste declaró que “a la ANC no le importa el pueblo, la última vez que sesionaron fue para allanar una inmunidad y voy vuelven a sesionar para allanar más inmunidades. Mientras que nosotros hablamos de ayuda humanitaria, de solucionar la emergencia, de hablar con organizaciones del mundo para resolver la crisis, la única respuesta que tiene el régimen es perseguir y perseguir porque ya no gobierna, no tienen mando”. Retórica efectista; no atinó a emplear nada parecido a la argumentación frontal y fundamental que inicia esta entrada. Tampoco Julio Borges, quien no es ingeniero sino abogado, al poner este tuit: “TSJ usurpador ha decidido perseguir ilegalmente a todo el que haya dado la cara en la lucha por Vzla. Los venezolanos y la comunidad internacional respaldan y legitiman la labor de nuestros diputados y de la @AsambleaVE por restablecer la democracia. ¡Seguimos!”

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Actualización a las 11 p. m.

He aquí la reacción de la Asamblea Nacional a través del recién creado “Centro de Comunicación Nacional”, que tampoco argumenta que la Asamblea Nacional Constituyente no puede autorizar al Tribunal Supremo de Justicia al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de ningún diputado. Ni siquiera sabe defenderse con la argumentación correcta, oponiendo sólo la fácil y falsa muletilla de la “usurpación”:

Comunicado de la Asamblea Nacional

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Lo vengo diciendo

 

Visto desde afuera

 

Ofrezco acá muestras de una larga prédica, con citas dentro de citas.

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La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

La salida – 21 de febrero de 2014

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…en la quincuagésima emisión del programa Dr. Político por Radio Caracas Radio (29/06/13), sugerí al presidente Maduro la utilidad de verse en el espejo egipcio, cuatro días antes de que los militares depusieran el gobierno de Mohamed Morsi, que el domingo pasado cumplió escasamente un año de haber sido electo. Ayer, diecisiete millones de egipcios protestaban su gobierno en muchas de las ciudades de Egipto, y ese enorme enjambre ciudadano forzó su término y la transición en circunstancias que llaman a la preocupación. Wael Ghonim, un respetado ícono cívico en Egipto que había apoyado a Morsi hace un año, lo acusó de polarizar y paralizar al país, y opinó así: “Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo, y el principal papel del Presidente de la República es unir, pero, desafortunadamente, el Dr. Morsi, el Presidente de la República, ha fracasado miserablemente en este objetivo”. Es Nicolás Maduro quien no ha dejado de citar al toro del atentado y… los toros embisten.

 Huele a humo – 27 de junio de 2017

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Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”

Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo:

Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.

Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Recibe un saludo muy cordial

Luis Enrique

Prerrogativa del Poder Supraconstitucional – 3 de agosto de 2017

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco ha creído nunca en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir.

¡Qué vaina con Ugalde! – 18 de junio de 2018

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A partir del 25 de febrero de 2002 y hasta enero de 2003, el suscrito promovió sin éxito un procedimiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez, fundado sobre la noción de que tal recurso únicamente se justifica mediante una decisión certificada de la mayoría del Pueblo, dado que solamente ella es titular del derecho de rebelión. (…) Con dos adiciones a su segundo considerando, el 17 de diciembre de 2016 adapté la misma salida para aplicarla al caso de Nicolás Maduro. Ésta es su redacción (Manda Su Majestad):

ACTA DE ABOLICIÓN

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Nicolás Maduro Moros, el Consejo Nacional Electoral procederá a organizar una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los noventa días consecutivos siguientes para completar lo que resta de período constitucional. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, quien no podrá postularse en esa elección.

Cláusula Segunda. El ciudadano así investido no podrá postularse en las elecciones presidenciales que sucederán al término del período.

Cláusula Tercera. El Presidente de la República elegido según lo dispuesto en la Cláusula Primera procederá a restablecer plenamente la libertad de opinión y prensa y resarcir a sus antiguos dueños los medios de comunicación confiscados.

Es sólo desde la condición de Poder Supremo del  Estado, desde el Poder Constituyente Originario del Pueblo, que una cosa así adquiere corrección. Si el hartazgo de una mayoría de los venezolanos ya no admite diálogo o negociación con el gobierno de Maduro—ver Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017—, he allí una avenida democrática y definitiva. Pero antes de esa poderosa solución, puede ordenarse en referendo la celebración de nuevas elecciones e incluso la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de todos sus actos. Podemos incluso forzar un acuerdo de los poderes públicos nacionales que recoge la totalidad de las reivindicaciones opositoras, a las que habría que añadir la anulación de ulteriores actos absurdos de la Asamblea Nacional, como el nombramiento inconstitucional de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Naturalmente, estas cosas son únicamente posibles en consultas populares que la oposición venezolana y también el oficialismo han rehusado auspiciar; no son esas consultas—los referendos requeridos—los pretendidos «cabildos abiertos» que no son tales y en todo caso exceden su potestad, como también el nuevo invento de «asambleas populares» que en función del libreto insurreccional se distinguen de las «asambleas de ciudadanos» mencionadas en el Artículo 70 de la Constitución.

Pero la patraña centrada en la creación de un Estado paralelo cuyo jefe sería el ingeniero industrial Juan Guaidó es inadmisible, como es vergonzosa su evidente coordinación con gobiernos extranjeros, principalmente con el presidido por el Sr. Trump, cuyo asesor de seguridad John Bolton declaraba en 1994:

No existen las Naciones Unidas. Hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida por la única potencia real que queda en el mundo, y ésa es los Estados Unidos, cuando convenga a nuestros intereses y logremos que otros se acoplen. (Wikipedia).

La Revolución Marrón – 30 de enero de 2019

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“Es constancia que expido (…) a petición de nadie”. (LEA #100 – 19 de agosto de 2004). LEA

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Recopilandito

 

Definición del contenido de esta entrada

 

 

siempre es demasiado pronto para ceder y abandonar el campo a los que no tienen razón.

Julián Marías – La Guerra Civil. ¿Cómo pudo ocurrir? (Madrid 2012)

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A 61 años del recordado 23 de enero de 1958, comenzó este blog a tratar el vistoso, falaz y peligroso protocolo opositor protagonizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Juan Guaidó. La exasperación presente en una gran mayoría de la población venezolana ha acogido su libreto, detalladamente escrito para el mercadeo de esa metamorfosis de caudillismo en guaidillismo.

Pudiera tener alguna utilidad (para muy pocos) la recopilación de nueve de las entradas concretas (de un total de catorce) sobre el asunto:

Más usurpador será usted, 23 de enero

La Revolución Marrón, 30 de enero

Tecnicismos políticos, 4 de febrero

El caso Venezuela, un deporte internacional, 5 de febrero

Delirio total, 7 de febrero

Entre abogados (en bloque), 11 de febrero

Diálogo digital, 15 de febrero

De toda obviedad, 25 de febrero

No se dan por aludidos, 3 de marzo

 En el enlace que sigue a continuación puede descargárselas todas como un solo archivo de formato .pdf:

Compilación

LEA

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