Oídos sordísimos

La peor sordera es la de los que no oyen por principio

 

A LHB, por su acicate

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A las 7:25 de la noche de hoy recibí esta pregunta: “¿Y qué piensas del escrito de Luis Fuenmayor Toro en dolartoday?” En ese momento no había leído el artículo de Fuenmayor, cuyo título es El traidor Leopoldo. Así lo inicia:

Intitulo este artículo pensando en lo que dirán los sectores más extremistas del extremismo opositor, ante las recientes declaraciones de Leopoldo López, sobre que no sería un problema que Maduro compitiera para la Presidencia de la República, pues lo derrotaría holgadamente 90 a 10. No aclaró si esas elecciones podrían hacerse siendo Maduro Presidente, como lo es ahora, lo cual llama mucho la atención, pues dejó abierta esa posibilidad. Sería un viraje de 180 grados en relación a lo que él, Juan Guaidó, Voluntad Popular y sus aliados, han venido afirmando desde 2018 y que mantienen en relación con las elecciones de la nueva Asamblea Nacional.

Más adelante, Fuenmayor desarrolla la tesis principal (acá se agrupa sus párrafos en uno solo, se suprime dos comas innecesarias y se destaca algunas de las ideas en cursivas):

Desde las elecciones presidenciales de 2018, mucha agua ha pasado bajo los puentes venezolanos. Hubo un golpe de Estado, un tanto bufo, liderado precisamente por Leopoldo López ¿Lo recuerdan? El golpe fracasado de los plátanos en el distribuidor Altamira, que quisieron hacernos creer se estaba produciendo en la base aérea de La Carlota, cuyo único éxito fue la supuesta fuga de López de su casa, donde cumplía prisión domiciliaria. Hubo también la fracasada y ridícula incursión armada con mercenarios extranjeros en territorio venezolano, negada por algunos políticos, aunque se realizó a la vista de todos. Son hechos cuyos lamentables resultados hacen recapacitar al más testarudo. Y pueden explicar el inicio de un cambio de opinión de López, sin tener que recurrir a considerarlo un traidor. Hay muchas otras cosas, conocidas y desconocidas, que influyen estos cambios. El problema no es que alguien cambie de opinión, pues eso es lo más lógico en la vida de las personas y más aún en la política. El problema es que cualquier cambio de posición política debe ser explicado claramente y en medio de una autocrítica, la cual fue muy limitada en las declaraciones referidas y sólo en relación a la forma en que transmitieron sus expectativas. No se puede mantener una política fracasada por años y luego tratar de pasar por debajo de la mesa. No se trata tampoco de perdonarlo, ni de llamarlo vendido, como hacen los energúmenos de WhatsApp y de Twitter con quienes opinan distinto de ellos. Se trata de comprender la situación política tal cual realmente es, lo que no descarta la existencia de acuerdos y componendas desconocidas. No pecamos de ingenuos. La rectificación, si es que la podemos llamar de esa manera, debe paulatinamente ir permeando a todos los grupos opositores extremistas». Lo que sí se debe producir es un cambio del rumbo político acorde con las declaraciones dadas y los análisis y cambios futuros, pues si no se produce estaríamos en presencia de una esquizofrenia política muy grave, en la que una cosa es la que se dice y otra muy distinta, incluso contraria, la que se hace. Si es posible derrotar a Maduro sin importar si se encuentra en el poder, el llamado a la abstención electoral debería ir desapareciendo, tanto a las elecciones de la AN como en el camino a todas las elecciones venideras.

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Bien. Hace exactamente cuatro años y un mes se escribió en este sitio (Prontas elecciones del 22 de octubre de 2016):

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación. (…) Una contestación afirmativa mayoritaria a la pregunta formulada arriba, de hecho y de pleno derecho, aliviaría la atribulada nación que hoy está desolada y desesperada, proclive a la violencia incluso, al ver obstaculizado por medios trapaceros su derecho de revocar un mandato que ella misma confirió.

(…)

¿Quiénes pueden convocar un referendo consultivo?

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

No pidamos al Presidente de la República—ni esperemos que la decrete—la convocatoria de esa consulta popular en Consejo de Ministros. (Aunque estaría en su derecho de entender de una vez por todas que es su deber, sin otro subterfugio, abrir esa válvula de alivio a la insoportable tensión que agobia a los venezolanos; de entender, en fin, que por razones distintas de las de Hugo Chávez el 30 de julio de 2000, es imperativo que se relegitime si es que aspira a seguir gobernando). Exijamos, en cambio, a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).*

El Consejo Nacional Electoral no tendría otra cosa por hacer que acatar tal mandato. No podría exigir firmas con captahuellas múltiples ni planillas que firmen electores con cédulas de identidad de gente viva; bastará la copia de Secretaría del acta de la sesión de la Asamblea Nacional para que esté obligado a organizar la consulta.

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Ignoro si Luis Fuenmayor Toro había pensado antes en cosas como esa avenida (o incluso las había escrito y publicado en algún medio), dado que ahora encuentra mérito condicionado en la formulación de Leopoldo López. A todo evento, no es lo más importante considerar el viraje tardío del teórico jefe—en Voluntad Popular—de Juan Guaidó, sobre todo cuando el verdadero jefe, Donald Trump, acaba de ser derrotado convincentemente. “Todos tenemos derecho a la vergüenza. (…) El peor atentado contra la libertad del otro es congelarle en su pasado”. (El político virtuoso, 18 de octubre de 2007).** Lo que sí parece sostenible es que la general sordera, y hasta una activa resistencia, se encargaron de recibir mis proposiciones. LEA

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Los diputados de oposición por Amazonas se tomaron veinticuatro días para renunciar, tal como se les había propuesto en este medio, repito, hace cuatro años y un mes. Lo único que hiciera Henry Ramos Allup a ese respecto fue decir: “Hemos tomado nota”. También anticipé en Prontas elecciones: “Pero mantengámonos los ciudadanos en apresto para convocar esa consulta, esa decisión, nosotros mismos, pues pudiera muy bien la Asamblea Nacional hacerse la sorda”. No fui capaz de recabar apoyo. Vale.

** El texto íntegro de El político virtuoso fue aplicado al entonces candidato Donald Trump el 3 de agosto de 2016. (Test para Trump). El 12 de enero del año siguiente, se publicó acá una nota acerca de Joe Biden. (También hay buenas noticias).

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La crisis más crítica de todas

En crisis el planeta entero

 

A Alba al alba

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Hace cuatro días hablaba con Alba Fernández de Revenga acerca del actual proceso político estadounidense; a ella le llamó la atención mi observación de que la cosa no es que hay una crisis política en los Estados Unidos, una en Venezuela, otra en Chile, otra en Inglaterra, etcétera. El asunto es que la política misma está en crisis en prácticamente todo el planeta. Mi competente interlocutora creyó que debía justificar por escrito ese preciso diagnóstico.

Algo he hecho ya al respecto, y lo triste es que los resultados de esa crisis de la política eran previsibles. A fines del año pasado, por ejemplo, cuando aún no se había presentado la emergencia del Covid-19, explotaban en América del Sur protestas populares que se extendían desde Chile hasta Colombia, y dieciséis años antes escribí: “¿Es que podemos afirmar que falta mucho para que ocurran ‘caracazos’ a escala planetaria, continental o subcontinental? ¿Podemos decir que son imposibles? Por más que avancen las tecnologías del poder, el poder último es el de la humanidad, que perfectamente puede manifestarse en alteraciones del orden público a escala del mundo, como la misma tierra parece alterar el clima, la marcha de los océanos, el vulcanismo, en reclamo por nuestras agresiones. Pobladas simultáneas en las principales ciudades suramericanas tendrían efectos tan drásticos y extensos como los del Niño”. (La crisis como antifaz, 26 de junio de 2003).

Hace menos tiempo (cinco años), destacaba una de las principales raíces del problema:

Las ideologías han perdido su poder de producir soluciones. El registro de la Organización Internacional del Trabajo hace tiempo que superó el millón de oficios diferentes en el mundo. ¿Cómo puede un partido representar en la única categoría de trabajadores una riqueza así, una complejidad de esa escala? Ya no vivimos la Revolución Industrial, cuando toda ideología se inventara; ahora vivimos la de la Internet, la telefonía móvil, las tabletas, las interacciones instantáneas, las enciclopedias democráticas, las apps. La de la biogenética, la cirugía mínimamente invasiva, la posibilidad de introducir al planeta especies vegetales o animales nuevas. La de una sonda espacial posada sobre un cometa, la comprobación experimental de la partícula de Dios o Bosón de Higgs, la fotografía cada vez más extensa y detallada de los componentes del cosmos, la materia oscura, la geometría fractal y las ciencias de la complejidad. La de la explosión de la diversidad cultural, la del referendo, del escrutinio inmisericorde de la privacidad de los políticos y el espionaje universal. La del hiperterrorismo, las agitaciones políticas a escala subcontinental, el cambio climático. Nada de esta incompleta enumeración cabe en una ideología, en la cabeza de Stuart Mill, Marx, Bernstein o León XIII. Cualquier ideología—la pretensión de que se conoce cuál debe ser la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que aún no lo sea—es un envoltorio conceptual enteramente incapaz de contener ese enorme despliegue de factores novísimos y revolucionarios. Ésta es una revolución de revoluciones. (El medio es el medio, 29 de abril de 2015).

Y ya en febrero de 1985 era posible afirmar: “…la actual crisis política venezolana no es una que vaya a ser resuelta sin una catástrofe mental que comience por una sustitución radical de las ideas y concepciones de lo político”. Eso consta en la presentación del Documento Base de la Sociedad Política de Venezuela, que comenzaba así:

Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?

Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente la afirmación que hacemos.

Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales.

Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.

Si el tango afirma que veinte años no es nada, las palabras precedentes fueron escritas hace treinta y cinco.

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El paradigma estándar de la política—que no es una ciencia, sino un arte u oficio—está centrado sobre la noción fundamental de que ella es la lucha por el poder. Por ejemplo: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”. Ésas son palabras de Pedro Pablo Aguilar en declaraciones a El Nacional el 7 de junio de 1986, y el lunes de esta semana (34 años después) recoge el diario Panorama esta declaración de Juan Guaidó: “Nuestra agenda de lucha requiere combinar la presión internacional y la presión interna para impulsar la transición”. Nada ha cambiado.

La lucha por el poder como actividad primaria, esencial, de la política adquirió a fines del siglo XIX el sesgado nombre de Realpolitik. Quien no practique una política “realista” se chupa el dedo; en el mejor de los casos es un iluso “comeflor”. Y tal lucha estaría autorizada por la ideología particular a la que se afilia el actor político concreto.

Para el suscrito, la política debe entenderse como el arte de resolver problemas públicos, el que debe sujetarse a un estricto código de ética. (Como el Juramento de Hipócrates para la profesión médica).

Permítaseme transcribir prácticamente toda una sección—Licitación política—del primer número de referéndum, una publicación mensual que produje de 1994 a 1998:

Si el Ministerio de Sanidad se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Parque del Este para que, «participativamente», se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital.

En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto… etcétera.

Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.

Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo del país. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.

¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:

a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.

b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.

c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que esta no explica o soluciona.

d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).

Esto es el método verdaderamente racional para una licitación política. No se trata de eliminar el «combate político», sino de forzar al sistema para que transcurra por el cauce de un combate programático como el descrito. Valorizar menos la descalificación del adversario en términos de maldad política y más la descalificación por insuficiencia de los tratamientos que proponga.

Este desiderátum, expresado recurrentemente como necesidad, es concebido con frecuencia como imposible. Se argumenta que la realidad de las pasiones humanas no permite tan «romántico» ideal. Es bueno percatarse a este respecto que del Renacimiento a esta parte la comunidad científica despliega un intenso y constante debate, del que jamás han estado ausentes las pasiones humanas, aun las más bajas y egoístas. (El relato que hace James Watson—ganador del Premio Nobel por la determinación de la estructura de la molécula de ADN junto con Francis Crick—en su libro La Doble Hélice—1968—es una descarnada exposición a este respecto).

Pero si se requiere pensar en un modelo menos noble que el del debate científico, el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte «salvaje» en uno más «civilizado», en el que no toda clase de ataque está permitida.

En cualquier caso, probablemente sea la comunidad de electores la que termine exigiendo una nueva conducta de los «luchadores» políticos, cuando se percate de que el estilo tradicional de combate público tiene un elevado costo social.

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Al cierre de Las élites culposas (2012) asenté esta convicción: “El mundo va, entre dolores increíbles e injusticias horrorosas, hacia la esperanzadora construcción de una civilización planetaria. La época que viene será post-ideológica, trans-ideológica. Es una mutación gigantesca de la humanidad a lo que asistimos. Su ámbito es ancho, mundial”. En el mismo capítulo final puede leerse estas palabras previas: “Las fuentes paradigmáticas más adecuadas a la Política Clínica están en la moderna Ciencia de los Sistemas Complejos, la que incluye la Teoría del Caos. Ella, a su vez, se maneja mejor con las llamadas ‘matemáticas fractales’, cuyo fundador consciente es Benoît Mandelbrot, matemático franco-americano nacido en Varsovia y autor de La Geometría Fractal de la Naturaleza (1982)”. Puede afirmarse con responsabilidad que la dirigencia política venezolana no procesa la política con atención a nociones de ese novísimo campo, o las provistas por la teoría de avalanchas o la de enjambres. El problema es, por ende, un problema epistémico en gran medida.

La crisis mundial de la política sólo podrá ser superada a partir de un recambio paradigmático, a partir de “una catástrofe mental que comience por una sustitución radical de las ideas y concepciones de lo político”. Es preciso dejar atrás eso de la lucha por el poder justificada en una ideología cualquiera esgrimida como coartada, predicada sobre la más negativa caracterización posible (real o inventada) del competidor. En 1984, dije a Alfredo Keller, de visita en mi casa, que “el liderazgo tradicional operaba por oposición, mientras que el nuevo liderazgo debía actuar por ‘superposición’, al traer un nuevo paradigma político que cubría y hacía prescindible el anterior”.  (Krisis – Memorias prematuras, 1986). LEA

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La última patraña

Un poder colectivo que se ha empleado con ineficacia originada en falacias

 

Queda ahora sólo un trimestre de vida a la enteramente inútil Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015. En casi cinco años de “labor”, no atinó a producir ni una sola pieza de legislación de importancia, aunque sí generó una destacada serie de trapacerías.

Este proceso tuvo su inicio el mismo día de su inauguración, el 5 de enero de 2016. En esa fecha fue electo como su primer Presidente el perdurable—en Acción Democrática—Henry Ramos Allup, quien declaró en la sesión inaugural, ya electo, que era un “compromiso no transable” de la Asamblea encontrar la forma de lograr la cesación del gobierno encabezado por Nicolás Maduro en el plazo de seis meses, lo que por supuesto era una aberración; ese propósito no corresponde en ningún caso a la Asamblea Nacional. En cambio, como dirigente muy importante de la Mesa de la Unidad Democrática, y revestido del prestigio de su investidura como el primus inter pares de los diputados, causó el retraso injustificable del proceso revocatorio contra Maduro, que pudo empezar el 11 de enero de 2016 y postergó hasta abril con la excusa de que ese camino constitucional era “muy engorroso”, prédica en la que le acompañara Jesús Torrealba, en ese momento el principal ejecutivo de la MUD. Bajo su presidencia, la Asamblea Nacional desacató la sentencia temporal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que invalidó la elección de diputados por el estado Amazonas, sirviendo así de pretexto para que el máximo órgano judicial maniatara al Poder Legislativo Nacional.* Hacia el término de su mandato, permitió el paralizante desorden en el nombramiento de rectores del Consejo Nacional Electoral, asunto que también descuidaron quienes le sucedieron en la presidencia del parlamento. También inició la connivencia del Poder Legislativo Nacional con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, oficiándole documento en el que se solicitaba la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana.

El primero de sus sucesores fue Julio Borges Junyent, y éste pareció encontrar en pocas horas el medio para causar la cesantía de Maduro, mediante la alucinada declaración de la Asamblea que sostuvo que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! Más adelante en el año, Borges pretendió la entera sustitución del Tribunal Supremo de Justicia mediante procedimiento inconstitucional, pues el Poder Ciudadano—Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo—no participó en la írrita designación de la Plaza Alfredo Sadel. Borges continuó la conchupancia con Luis Almagro, quien llegara a la OEA con Maduro entre ceja y ceja. Su sucesor, Omar Barboza, no presidió sobre desaguisados parecidos; tampoco se distinguió por algún logro significativo.

Entonces fue elegido Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y arrancó la telenovela con guión de libretistas del Departamento de Estado de Donald Trump. (Ver Más usurpador será usted, del 23 de enero de 2019, El caso Venezuela, un deporte internacional, del 5 de febrero del mismo año, o Política falaz, del 7 de mayo también del año pasado). En esta última entrada asenté:

También es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

Todo el “Período Guaidó”, de casi dos años, se ha caracterizado por el empleo descarado de la falacia. Por ejemplo, ese señor se autoproclamó Presidente de la República en un supuesto cabildo abierto, concepto referido a una reunión de algún Concejo Municipal con los pobladores del municipio en cuestión, lo que no ocurrió y que, de haberse dado, sólo habría podido considerar asuntos de ámbito municipal, jamás decidir por todo el país.

La cumbre de tal período se alcanzó en mayo de este año, con la abortada “invasión” a Venezuela por parte de mercenarios estadounidenses, contratados por J. J. Rendón como testaferro de Juan Guaidó. Puede leerse en este blog El “ridículo” intento fallido de golpe en Venezuela, explicado, un completo reportaje de Vox Media acerca de tal locura.

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Ahora, con sólo tres meses disponibles, la Asamblea Nacional, todavía presidida en infame torpeza por el representante local de Donald Trump, ha aprobado un “acuerdo de consulta popular” que pretende, de nuevo falazmente, recibir la aprobación del Pueblo a los siguientes dos planteamientos intencionalmente redactados de forma tendenciosa:

1 ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

2 ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

Para empezar, las elecciones de Asamblea Nacional no han sido convocadas por el presidente Maduro; ellas están pautadas por la propia Constitución en cuyo marco los diputados que aprobaron la más reciente trapacería dicen inscribirse: “con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. De éstos, es el Artículo 70 el que menciona la noción de consulta popular:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

¿Qué es, en este contexto, una “consulta popular”? La Constitución incluye la expresión en únicamente dos artículos posteriores; el Art. 172 reza:

El Consejo Legislativo estadal, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano. Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización.

Finalmente, el Art. 279 dispone:

El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

De estos dos casos se desprende que la consulta popular puede producirse para que se exprese el acuerdo o el desacuerdo popular con alguna iniciativa, elaborada por alguna autoridad que debe decidirla en última instancia—un Consejo Legislativo estadal o la Asamblea Nacional en uno y otro artículo—, y el resultado de la consulta no sería en ningún caso vinculante; tan sólo expresaría apoyo o rechazo y es el órgano decisor el que debe finalmente decidir. Lo que ahora pretende la Asamblea sería, en cambio, asunto de un referendo popular, y aun así las preguntas están mal formuladas, al inquirir por más de un asunto diferente en cada caso. (Apartando el referéndum general descrito en el Artículo 246 de la Constitución de 1961, fue la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política la que introdujo la figura de referendos consultivos—ahora recogidos en la Constitución vigente—en su nuevo Título VI: De los referendos, que incluyó los artículos del 181 al 195. El numeral 1 del artículo 182 establecía este requisito: “Formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en los términos exactos en que será objeto de la consulta, de tal manera que pueda contestarse con un “si” o “no”. ¿Cómo haría para votar, por ejemplo, algún elector que quisiera elecciones de Asamblea pero no de Presidente y que se garantice la paz pero no quiere presiones internacionales?). Las tendenciosas preguntas de la nueva trampa de Guaidó & Pompeo me hicieron recordar lo que enseñaba Maritza Izaguirre en su cátedra de Metodología de la Investigación en la UCAB: que en una encuesta las preguntas no debían inducir las respuestas, so pena de invalidez del instrumento.

La opción de una “consulta popular”, como el empleo del término “plebiscito” para el evento organizado por la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio de 2017, escapa a la Constitución que a cada rato se dice “defender”. (En El tercer plebiscito—6 de julio de 2017—se destapaba: “La MUD ha escogido llamar a la consulta que organiza para el 16 de este mes un plebiscito** en lugar de un referendo, básicamente para escapar a lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: ‘El poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos'”). Es inadmisible la apelación a algún artículo constitucional para proponer algo que viole o desconozca otros artículos.

El desempeño de la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha sido realmente lamentable. Esto se puso en Cuatro años desperdiciados (30 de diciembre de 2019):

“Haga la última cola”—para votar y elegir una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional—fue consigna vendida con la explícita promesa de que la Asamblea en manos opositoras acabaría con las colas de consumidores en tiempos de desabastecimiento. En el primer día de diciembre de 2015, cinco días antes de la elección del cuerpo legislativo, Juan Pablo Olalquiaga, Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, profetizaba: “El reto de la Asamblea va a ser voltear la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente”. Así ocurrió, y a estas alturas ese castigo ha alcanzado cotas vergonzantes, como registrara Meganálisis en encuesta recentísima:

 

 

LEA

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La camisa de fuerza que el Tribunal Supremo de Justicia ha puesto a la Asamblea Nacional es a todas luces excesiva, aunque la sentencia original—que la MUD nunca objetara como permiten la Constitución y las leyes—fuera bien fundada. En un proyecto de acuerdo entre los poderes públicos—a lo que éstos están obligados por el Artículo 136 de la primera— se lee (Versión formal, 26 de mayo de 2017, Cláusula Duodécima):

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

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** Es importante tener en cuenta que a ese “plebiscito” asistió sólo el 38,5% del registro electoral de 2017, según las cifras proporcionadas por la propia “Comisión de Garantes” de la MUD, que presidiera la rectora Cecilia García Arocha. En Manipula y vencerás (17 de julio de 2017) se puso acá:

El Presidente de la Asamblea Nacional declaró anoche, al conocerse la participación de la población en el “plebiscito” convocado para el 16 de julio: “Con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”. Bueno, para empezar, ninguna de las tres preguntas de la consulta de ayer estuvo referida a una teórica revocación del mandato de Maduro; Julio Borges corona así una serie de manipulaciones que iniciara Henrique Capriles Radonski en 2013, cuando predicara que las elecciones municipales del 8 de diciembre de ese año eran “un plebiscito contra Nicolás Maduro”. Dos años después (11 de octubre de 2015), el entonces candidato a diputado José Guerra afirmaba: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. (El socialismo va a referendo). Capriles perdió, como autoungido jefe de campaña de todos los candidatos a alcaldes por la MUD (en imitación de Hugo Chávez), ese plebiscito inexistente, y José Guerra nunca propuso seriamente, ya elegido diputado a la Asamblea Nacional, que este órgano convocara válidamente el referendo que proclamara falazmente. (Ver ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

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De política y su patología

El que portaba una lámpara en busca de hombres honestos

 

Una pandemia (del griego πανδημία, de παν, pan, ‘todo’, y δήμος, demos, ‘pueblo’, expresión que significa ‘reunión de todo un pueblo’)​ es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa.

Wikipedia en Español

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Más de Wikipedia:

Epidemia (del griego epi, por sobre y demos, pueblo) es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. (…) En el caso de que la epidemia se difundiera por varias regiones geográficas extensas de varios continentes o incluso de todo el mundo, se trataría de una pandemia. (…) En epidemiología, endemia (del francés endémie, y este del griego ἔνδημος, transliterado éndēmos, «del territorio propio») es un término utilizado para hacer referencia a un proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población o espacio determinado durante períodos de tiempo prolongados.

Y desde hace un buen tiempo es endémica en Venezuela la condición patológica de insuficiencia política:

…debe existir una causa más profunda de insuficiencia del sistema político, pues, como hemos anotado, estos procesos patológicos han sido más de una vez diagnosticados. Es así como algo más fundamental es la causa última de la insuficiencia. En nuestra opinión esta causa es la esclerosis paradigmática evidente en los actores políticos tradicionales.

Todo actor político lleva a cabo su actividad desde un marco general de percepciones e interpretaciones de los acontecimientos y nociones políticas. Este marco conceptual es el paradigma político, y del paradigma que se sustente depende la capacidad de imaginar y generar las soluciones a los problemas públicos.

Es ése el sustrato del problema. La insuficiencia política funcional en Venezuela no debe explicarse a partir de una supuesta maldad de los políticos tradicionales. Con seguridad habrá en el país políticos “malévolos”, que con sistematicidad se conducen en forma maligna. Pero esto no es explicación suficiente, puesto que en la misma proporción podría hallarse políticos bien intencionados, y la gran mayoría de los políticos tradicionales se encuentra a mitad de camino entre el altruismo y el egoísmo políticos.

La explicación última de nuestra insuficiencia política funcional reside, pues, en la esclerosis paradigmática del actor político tradicional. (En Dictamen, 21 de junio de 1986, hace treinta y cuatro años).

También define mi enciclopedia favorita: “La insuficiencia cardíaca (IC) es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo”, y “La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre”.

Es muy apropiado, entonces, hablar de insuficiencia política para designar la incapacidad del sistema político de una nación para resolver sus problemas de carácter público; nuestros políticos, de cualquier bando, se han mostrado incapaces de solucionar nuestros problemas de sociedad. En lo que se han distinguido es en lograr su agravamiento.

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Sigamos abrevando de la gran enciclopedia digital:

El cosmopolitismo se remonta a Diógenes de Sinope (412 aC), el padre fundador de la escuela cínica* en la antigua Grecia. Sobre Diógenes se decía: “Cuando se le preguntó de dónde venía, respondió: ‘Soy ciudadano del mundo (kosmopolitês)'”. En la antigua Grecia, la base más amplia de la identidad social en ese momento era la ciudad-estado individual o los griegos (helenos) como grupo. Los estoicos, que más tarde tomaron la idea de Diógenes y la continuaron desarrollando, típicamente enfatizaron que cada ser humano “habita en […] dos comunidades: la comunidad local de nuestro nacimiento y la comunidad de la discusión humana y la aspiración”.

En este blog se insistió hace diez años (en la Nota del día 07/07/10):

Es necesario un pacto federal que transfiera a una autoridad central planetaria ciertas atribuciones. ¿Cuáles serían? ¿Quiénes serían las autoridades de ese Estado global? ¿Cómo se les elegiría? Debe haber una legislatura planetaria, tal vez construible sobre una reforma de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero probablemente haya que sustituir el Consejo de Seguridad por un Senado Planetario, compuesto por miembros elegidos por los bloques de la “geotectónica política”. Hay ya grandes bloques en el planeta bajo autoridad única: EEUU, Rusia, China, India, Europa, Australia. Hay protobloques en América del Sur y África, así como subbloques en Centroamérica. Hay entidades que tienen más bien base religiosa, como el Islam, que agrupa a más de 1.200 millones de almas. ¿Cómo sería y cómo pudiera establecerse un gobierno mundial viable y beneficioso? ¿Cómo se pagará?

En la base de todo tendría que estar la conciencia de que en verdad somos, por encima de cualquier otra cosa, ciudadanos del planeta; la de que es una nueva soberanía planetaria, emanada del único pueblo del mundo, lo que dará base a un gobierno del mundo.

En tiempos de pandemia—todo el pueblo—resalta más esa necesidad; es aparente una crisis planetaria de la política. Gobernantes como Trump, Bolsonaro, Johnson, Maduro, Erdoğan, etcétera, desórdenes y protestas en gran escala**, como la Primavera Árabe (2010-2012) o la ola sudamericana a fines del año pasado, son evidencia de la insuficiencia política global y la insatisfacción popular con el desempeño político de la actualidad.

Pero tal vez estemos, gracias al más reciente de los coronavirus, ante una πανευκαιρία, una panoportunidad. Pudiéramos aprovecharla con inteligencia, con pensamiento nuevo—transideológico, postideológico—, sólo en ελευθερία, en libertad, más añorada que nunca desde el confinamiento y demás restricciones. LEA

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* Lo de escuela cínica proviene de un gimnasio—el Cinosargo: “perro blanco, brillante o ágil”—a las afueras de la antigua Atenas en el que enseñaba Antístenes, tal como Platón discípulo de Sócrates y maestro de Diógenes.

** Hace diecisiete años, se anticipaba en La crisis como antifaz (Carta Semanal #42 de doctorpolítico, 26 de junio de 2003): “¿Es que podemos afirmar que falta mucho para que ocurran ‘caracazos’ a escala planetaria, continental o subcontinental? ¿Podemos decir que son imposibles? Por más que avancen las tecnologías del poder, el poder último es el de la humanidad, que perfectamente puede manifestarse en alteraciones del orden público a escala del mundo, como la misma tierra parece alterar el clima, la marcha de los océanos, el vulcanismo, en reclamo por nuestras agresiones. Pobladas simultáneas en las principales ciudades suramericanas tendrían efectos tan drásticos y extensos como los del Niño”. Tal advertencia estuvo precedida de esta esperanza: A la larga, una sociedad informatizada… aprenderá a exigir de sus sucesores una utilidad de soluciones a problemas públicos, y por tanto forzará un cambio al paradigma médico de la política: que el político procurará la salud de su comunidad con su aporte a la solución de problemas públicos”. Más recientemente (La médula del problema, 4 de octubre de 2019), se expuso acá: “Por todas partes hay desarreglos políticos importantes. En nuestro continente, Ecuador vive ahora un estado de excepción, Perú tiene una crisis en la que no se sabe bien quién gobierna, Argentina padece de nuevo serísimos problemas económicos, Brasil está gobernado por un neurótico tan desequilibrado como Donald Trump, Justin Trudeau enfrenta problemas de credibilidad y gobernabilidad en Canadá, el México de López Obrador parece no dar pie con bola, Nicaragua no sale de sus problemas, Venezuela los sufre mucho peores… Cruzado el Atlántico, Inglaterra vive una crisis tras otra de su sistema parlamentario en el manejo del Brexit, Francia no ha terminado de reducir la militante insatisfacción de los chalecos amarillos, Italia; bueno, Italia… Los chinos se han enredado en Hong Kong, Arabia Saudita insiste en sus anacrónicos y crueles medios de regir, Siria ha incurrido en gravísimas violaciones de derechos humanos… ¿Será que la raíz de tales procesos es común? Bien pudiera ser que esos casos clínicos de enfermedad política, en apariencia dispares, tengan que ver con cosas como éstas: “En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate”. (De héroes y de sabios, 17 de junio de 1998).

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¿A cualquier precio?

 

Los EEUU sólo tendrían intereses

 

A LHB

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Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente basada en la convicción de que “la virtud sin el poder”, como había dicho medio siglo antes un orador en el Concilio de Basilea, “sólo sería objeto de burla y que el Papa romano sin el patrimonio de la Iglesia sería un mero esclavo de reyes y príncipes”, que, en resumen, con el fin de ejercer su autoridad, el papado tenía que lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha mostrado a menudo, tiene un corolario: que el proceso de obtener poder emplea medios que degradan o brutalizan a quien los emplea, que despierta para darse cuenta de que aquél ha sido poseído a expensas de la virtud, del propósito moral.

Barbara Tuchman – The March of Folly

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Frank Underwood, el personaje interpretado estupendamente por Kevin Spacey en la exitosa serie televisiva House of cards, es un ejemplo de la filosofía política de Henry Kissinger, sólo que aquél la redimensiona de la escala del país a la escala personal.

Entre nosotros, hay gente que lamenta que las acciones playeras en Venezuela que organizara el ex boina verde Jordan Goudreau hayan fracasado, aunque ellas correspondiesen a los intereses de los Estados Unidos, pues ya se habría rebasado la separación de esos intereses y los venezolanos. Una persona queridísima, con un corazón de oro, me había escrito el 1º de mayo, poco antes de las frustradas incursiones: “Pensaba que a cualquier precio hay que salir de Maduro”. Le respondí que no a cualquier precio: “No al precio de hacer algo incorrecto si hay otros modos de lograr el objetivo. No puedo justificar la salida de Maduro acusándolo de violar la Constitución proponiendo otras violaciones”.

En El caso Venezuela, un deporte internacional, había escrito el 5 de febrero de 2019: “Condenar y sancionar al gobierno venezolano (afectando a su pueblo) se ha convertido en uno de los deportes políticos de moda, comme il faut, dirían los franceses chic. La autoridad que eso haga obtiene una certificación de demócrata preocupada por los derechos humanos a un costo bajísimo (para ella). Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no”. En particular, los EEUU no tienen la menor autoridad moral para acusar a nadie de atentar contra los derechos humanos. (Ver acá A propósito de John Kerry, 14 de mayo de 2014).

Luego aduje los criterios de una guerra justa, aquella en la que la violencia armada estaría moralmente justificada:

La doctrina de la “guerra justa” especifica cuatro condiciones para iniciar acciones bélicas: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado irrealizable o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. (La salida, 21 de febrero de 2014).

Es razonable postular que la primera condición se ha cumplido con creces; el régimen presidido por Nicolás Maduro—y antes el de Chávez—es particularmente pernicioso, siendo como es el más ideologizado de los regímenes venezolanos de la historia. Pero, más allá de la fatal obsolescencia de toda política ideológica*, son las muy negativas consecuencias de esos gobiernos socialistas las que reclaman su cesación:

El término oncológico se emplea para destacar que la patología chavista no fue inoculada al país por un agente o vector externo, sino que procede de las propias entrañas de la nación, estaba en su seno. También, por supuesto, para designar su carácter pernicioso e invasivo, que ha ido penetrando extensamente los tejidos social e institucional trastocándolos y destruyéndolos. (DICTAMEN 2010, 18 de diciembre de 2009).

A ese efecto inmensamente indeseable se suma, naturalmente, la destrucción del aparato económico nacional, hoy en ruinas, con las secuelas sociales de mayor dificultad para la mera supervivencia de la mayor parte de la ciudadanía, que a duras penas subsiste mediante la dádiva pública, cada vez más insuficiente.

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Pudiésemos incluso discutir la materialización de la tercera y la cuarta de las condiciones enumeradas para la violencia justa, pero en ningún caso está cumplida la segunda. Nadie ha comprobado que el tratamiento referendario de nuestra desmesurada crisis sea irrealizable o ineficaz, puesto que no se ha probado llevarlo a la práctica. Él es un tratamiento definitivo, enteramente constitucional y totalmente disponible. Quienes lo desatienden—la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio Venezuela Libre y cada uno de sus componentes—argumentan que el Consejo Nacional Electoral lo entorpecería, que no lo permitiría,** y quienes niegan el modesto apoyo económico requerido para llevarlo a cabo desde la iniciativa popular (10% de los electores inscritos) prefieren gastar mucho más en aventuras armadas y patrañas argumentales como las de Guaidólar. (Esto sin tomar en cuenta que, de haber resuelto la Asamblea Nacional el problema de su persistente desacato de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, como el Ejecutivo Nacional y el mismo TSJ recomendaron a comienzos de 2018, ella hubiera podido convocar a referendo por mera mayoría simple de diputados, lo que se ha negado a considerar siquiera).

Por supuesto, hay un tratamiento mucho más sencillo y económico que la consulta popular—la única instancia que pudiera causar supraconstitucionalmente una nueva elección presidencial—, el expuesto acá en Otro camino hace apenas un mes y cuatro días: “1. el presidente Maduro nombra a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo que no provenga de las filas oficialistas y tampoco de las de la oposición. 2. el presidente Maduro se separa voluntaria y temporalmente de su cargo por noventa días, encargándose de la Presidencia de la República el Vicepresidente recién nombrado. 3. el presidente Maduro recibe autorización de la Asamblea Nacional para permanecer separado de su cargo por noventa días adicionales. 4. al cabo de este nuevo plazo, el presidente Maduro renuncia a su cargo, causando la falta absoluta contemplada en el Art. 233 que debe ser subsanada por una nueva elección presidencial, a la que podría presentar su candidatura según su voluntad”.

Este blog reitera la invitación al Jefe del Estado, el Sr. Nicolás Maduro Moros, para que abra la puerta, y también invita a la dirigencia opositora a desechar la noción de un “gobierno de emergencia” que requeriría esa ilusión inconstitucional de un tal “Consejo de Estado” y a comprometerse a permitir la segunda falta temporal del presidente Maduro. Cualquier sucesor del Sr. Maduro presidiría la República en condiciones de emergencia, dado que estamos en emergencia; eso no hace falta decretarlo inconstitucionalmente. LEA

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* El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socialismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?” La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público. (…) Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis. (Una especie política nueva, 11 de marzo de 2015).

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** Nadie ha demostrado fraude electoral que adulterase resultados desde que entrase en funciones la dominación chavista-madurista en 1999. Son patentes, por supuesto, el abuso y el ventajismo oficialistas en campañas y actos electorales, los que podrían minimizarse mediante la presencia de observación internacional confiable. El Consejo Nacional Electoral, que proclamó Presidente electo a Nicolás Maduro en la elección del 20 de mayo de 2018, es el mismo que proclamara la elección de 112 diputados de oposición en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. (Rebajados a 109 por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que fuesen interpuestos nueve recursos de impugnación de la proclamación de los diputados de Amazonas, a siete de los cuales se opuso el CNE mientras la oposición no litigó ninguno). Tibisay Lucena presidía el Consejo Nacional Electoral para la oportunidad del referendo aprobatorio de proyectos estratégicos de reforma constitucional (2 de diciembre de 2007), cuando un envalentonado presidente Chávez, que venía de derrotar abrumadoramente a Manuel Rosales el año anterior, quiso introducir en la Constitución artículos socializantes de contrabando. Esos proyectos fueron derrotados por mínimas diferencias de 1,31% y 2,02%, y aun así el CNE proclamó tales resultados para un asunto tan crucial a los socialistas. Finalmente, una asistencia masiva al referendo propuesto, para mandar una nueva elección presidencial, sería inocultable en la práctica. (Breviario sobre la crisis política venezolana, 31 de mayo de 2019).

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Siempre hay una primera vez

Nicolás Maduro Moros

Razón tenía Hugo Chávez cuando recomendó que se eligiera a Nicolás Maduro como su sucesor. Creo que él lo hizo temiendo los ataques que a su muerte se desatarían contra su Revolución Bolivariana, y pensó que quien entonces era su Vicepresidente daría su vida por preservarla.

Desde el momento mismo de su primera elección como Presidente de la República, el 14 de abril de 2013, Maduro ha sido blanco de una incesante serie de acusaciones y agresiones: que esa elección había sido fraudulenta, lo que jamás fue probado; que él no era Chávez y podía ser depuesto de un soplido; que tenía doble nacionalidad—lo que Colombia ha desmentido—; que no podía permitirse que prosperara un incipiente período de cooperación de su gobierno con algunas alcaldías en manos opositoras (ante problemas de inseguridad ciudadana); que no se creyera en su disposición a dialogar, aunque dijera a líderes opositores en Miraflores que veía en sus rostros la buena voluntad; que era un compromiso “no transable” de la Asamblea Nacional lograr la cesación de su gobierno en pocos meses; que la misma Asamblea solicitara la intervención de la Organización de Estados Americanos mediante la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana; que había abandonado su cargo; que usurpó el poder del Pueblo al convocar elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente; que podía asesinársele a control remoto con drones bombarderos; que su segunda elección fue no sólo fraudulenta, sino también inconstitucional, etcétera. Es realmente excepcional la resiliencia del Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Igualmente cierto es que la administración del presidente Maduro ha conducido a un aumento notoriamente agudo de la infelicidad de Venezuela, siendo lo más destacado el proceso hiperinflacionario y la desintegración de la moneda nacional, el desmoronamiento de las industrias petrolera y siderúrgica, un elevado número de muertos a manos de agentes del orden público, numerosos detenidos sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales y otras violaciones de derechos humanos… La explicación de esos resultados que se postula sobre una “guerra económica” en contra de su gobierno, que la hay,* no es suficiente.

Y es tan cierto eso como la existencia de una farsa protagonizada por Juan Guaidó, en apariencia creída “por más de cincuenta países”, mantra esto último que se esgrime continuamente como si fuera demostración de su “legitimidad”. (Ver en este blog, por ejemplo, Más usurpador será usted, 23 de enero de 2019, o Los padrinos de Guaidó, 4 de febrero de 2019).

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La presidencia de Maduro es un verdadero problema para los venezolanos. Por citar una medición representativa, Datanálisis registraba en agosto del año pasado 85,1% de encuestados que evaluaban negativamente al Presidente de la República. (Según Datincorp, 88% al cierre de 2019). Pero ese problema no debe ser resuelto con métodos contrarios a nuestra Constitución, dado que existen modos eficaces que no la contradirían. Como ha sido expuesto repetidamente en este blog, ninguna negociación entre actores políticos venezolanos enfrentados podría causar válidamente nuevas elecciones presidenciales, a pesar de lo que propone entrometidamente el Departamento de Estado de los EE. UU. Sólo un referendo consultivo, por el que el Pueblo exprese su voluntad de celebrar tales elecciones, sería eficaz y compatible con nuestra constitucionalidad.

Pero el propio presidente Maduro puede disolver él solo** la angustiosa y muy inconveniente tensión.

1. el presidente Maduro nombra a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo que no provenga de las filas oficialistas y tampoco de las de la oposición.

2. el presidente Maduro se separa voluntaria y temporalmente de su cargo por noventa días, encargándose de la Presidencia de la República el Vicepresidente recién nombrado.

3. el presidente Maduro recibe autorización de la Asamblea Nacional para permanecer separado de su cargo por noventa días adicionales.

4. al cabo de este nuevo plazo, el presidente Maduro renuncia a su cargo, causando la falta absoluta contemplada en el Art. 233 que debe ser subsanada por una nueva elección presidencial, a la que podría presentar su candidatura según su voluntad.

(Otro camino, 4 de abril de 2020).

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Fue en el programa #266 de Dr. Político en Radio Caracas Radio, del 16 de septiembre de 2017, la primera vez que esbozara en forma embrionaria un tratamiento parecido. Éstos son dos fragmentos de audio del segundo y tercer segmento de esa emisión:

Señor Presidente: Ud. no ha cumplido aún 58 años de edad y pudiera tener mucha vida política por delante. Le invito a sentir la emoción vocacional de ser expresidente, que no tendría que ser para siempre. El 11 de marzo de 2004 se registraba acá una observación de Rafael Poleo a su amado predecesor: “Poleo ha recomendado a Chávez mirarse en el espejo de Betancourt, por más que lo deteste, pues el fundador de Acción Democrática fue capaz de aprender de sus errores. Electo directamente por el pueblo a fines de 1958, se reveló como político que había dejado atrás su antiguo radicalismo y condujo la república desde más sensatos y modernos criterios”. Piense en eso, superando el desagrado que Poleo pudiera causarle; por de pronto, en el esquema que propuse el 4 de los corrientes se ponía: “una nueva elección presidencial, a la que podría presentar su candidatura según su voluntad”. LEA

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* Alguien cercano a Vente Venezuela, de María Corina Machado, creyó ser ingenioso al escribirme en 2016: “La buena noticia es que la crisis continúa. Roguemos porque venga aunque sea un Pinochet”.

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** “¿De cuánto tiempo dispone el Presidente de la República? En los últimos meses su estabilidad como gobernante de Venezuela ha entrado claramente en crisis. (…) Pudiera ser también que llegara a tener pronto solamente una alternativa. O tratar de permanecer en el Palacio de Miraflores, o producir la condición jurídica de falta absoluta del Presidente de la República. El Presidente puede renunciar. (…) El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”. (Salida de estadista, 21 de junio de 1991, seis meses y catorce días antes del alzamiento del 4 de febrero de 1992).

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