¿Miedo al cuero?

No existe apoyo mayoritario a la oposición venezolana

 

Hace mucho tiempo escuché el chiste del pintor que trabaja en parte alta de una pared y escucha al compañero, que le dice: “¡Agárrate de lo brocha que me llevo la escalera!” De allí viene la imagen que empleara Luis Vicente León, en reseña publicada originalmente por el diario El Nacionalista que reprodujera el servicio de noticias Costa del Sol FM: “La oposición se queda colgada de la brocha al depender de terceros y no de su propia lucha política, dijo LVL” Acá la reproducción:

Luis Vicente León le lanzó un mensaje a la oposición: 76% de la población sigue aspirando un cambio político.

Aunque en diciembre pasado el chavismo haya reconquistado la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría, según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, 76% de los venezolanos sigue aspirando a un «cambio político» y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro de la crisis económica y social.

En su cuenta de Twitter, el economista y analista dice que «el problema es que ese deseo, usualmente gran impulsor de lucha política, se convierte en decepción y desánimo cuando no se concreta en el tiempo y conduce a la migración o la adaptación».

A renglón seguido, León pone la vista en la oposición para señalar que, en su criterio, el liderazgo que debería motorizar ese cambio político solo está centrado en sus disputas internas y en obtener el control estratégico de esa parcialidad.

«Cuando la oposición concentra sus esfuerzos en atacar a los otros grupos opositores (que piensan distinto) o en mantener el ´poder´ interno, sin ofrecer nada diferente que pueda reconstruir esperanzas de cambio, se condena a su pulverización o a un cambio incontrolado desde adentro«, sostiene el presidente de Datanálisis.

Después de haber concluido formalmente la legislatura parlamentaria de 2016, donde contaba con una clara mayoría, sin lograr el objetivo central del «cambio político», la oposición luce desarticulada y sin rumbo.

Claramente dividida en dos sectores—que no son necesariamente cohesionados en sus estructuras—, el debate se centra entre mantener una agenda de presión política, social e internacional que conduzca, eventualmente a una salida rápida del poder chavista y regresar al juego político interno, a través de la vía electoral, para provocar cambios progresivos y pacíficos en la estructura del poder.

Pero Datanálisis determinó en febrero pasado que una mayoría de venezolanos votaría por un outsider en elecciones presidenciales hipotéticas y, más en general, que los partidos y los dirigentes de la oposición local, la oposición misma, son mayoritariamente apreciadas muy negativamente. (Ver en este blog Sobre mojado, del pasado 21 de marzo). ¿Por qué entonces León se ocupa de ella? A la imagen de la brocha pudiera oponérsele aquello de “mató al tigre y le tiene miedo al cuero”.

El artículo principal—Bofetada terapéutica—de la Carta Semanal #100 de doctorpolítico exponía ya el 19 de agosto de 2004:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos.

Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia.

La misma carta concluía su argumentación de esta manera:

…más que una oposición habría que ejecutar una superposición, una elaboración discursiva desde un nivel superior de lenguaje político, que flotara sobre sus agendas, sobre su nomenclatura, sobre sus concepciones, sobre los terrenos que siempre escogió astutamente para la batalla y a los que llevó, casi sin esfuerzo, a un generalato opositor incompetente, y que pudiera, esa interpretación alterna, ese discurso fresco, ser convincente para el pueblo. Este discurso es perfectamente posible. Ese discurso existe, y entre él y unos Electores hambrientos de liderazgo eficaz, sólo hay que interponer los medios que hasta ahora sólo han estado disponibles para actores ineficaces.

Por esto viene ahora una nueva etapa, preñada de posibilidades, más aprendida. Venezuela, herida, desconcertada, desilusionada y nihilista, tiene que recuperarse de la desazón y el fracaso. Y al cabo de un tiempo más bien corto, encontrará el camino correcto y verá sus tribulaciones de ahora como el principio de su metamorfosis creadora. No nos avergonzamos de nuestras tribulaciones, decía San Pablo, porque a la postre transmutan en esperanza, y no nos avergonzamos de nuestra esperanza.

Es hora de concretar esa anticipación pronta a cumplir diecisiete años. LEA

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Participación popular electrónica

Una herramienta democrática

 

El Tribunal Supremo de Justicia publicó en su portal, el pasado miércoles 14 de abril, una nota—Ahora es más fácil ejercer ante el TSJ—que se transcribe a continuación:

En atención a la sentencia en ponencia conjunta del 5 de marzo del presente año, en la cual los integrantes de la Sala de Casación Civil establecieron entre otros puntos el uso de herramientas tecnológicas a los fines de la presentación digital del recurso de casación e impugnación del mismo.

Se realiz[ó] el día de hoy a través de videoconferencia el primer acto formal, previa recepción de escrito vía correo electrónico, donde el abogado Jorge Asunción Otaiza Mejía, residenciado en el estado Bolívar, parte recurrente en un expediente que cursa ante la sala, consigno de manera virtual ante la secretaria de la Sala de Casación Civil, escrito de formalización del recurso de casación. Así mismo queda constancia que el mencionado profesional del derecho debe enviar vía encomienda de su preferencia, el físico de la formalización.

Este mismo día se llevó a cabo un siguiente acto virtual, en atención al impugnante Zalg Salvador Abi Hassan, de residencia en el estado Lara, quien consigno escrito de impugnación bajo la misma modalidad virtual.

De esta manera, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, da un paso hacia la consolidación del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

El paso lo ha dado el Tribunal Supremo de Justicia, que Moreno preside; más específicamente, ha sido dado por la Sala de Casación Civil que él no preside. (Lo que sí preside es la Sala de Casación Penal desde el 11 de febrero de 2015). En todo caso, a este desarrollo debe dársele la más cálida bienvenida. Ya se había hecho constar acá lo siguiente en Los propios venezolanos (7 de agosto de 2020): “desde hace bastantes años el Tribunal Supremo de Justicia tramita recursos de amparo constitucional que le llegan mediante correos electrónicos”.

En el fondo, se trata de un desarrollo de los principios y rutas establecidas en el Decreto con fuerza de ley no 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, promulgado entonces por Hugo Rafael Chávez Frías, habilitado por la Asamblea Nacional. Esa ley establece:

Artículo 4°: Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. (…) La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.

(…)

Artículo 16: La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa.

(…)

Artículo 18: La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se considerará que cumple con los requisitos señalados en el artículo 16.

El castellano empleado en ese último artículo del Decreto-Ley de Hugo Chávez—y dice la Constitución en su Artículo 9: “El idioma oficial es el castellano”—permite deducir que una firma electrónica certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación es sólo un medio de cumplir con los requisitos aludidos. Caben otros medios igualmente seguros.

………

Los restantes poderes públicos debieran acogerse a las actuales posibilidades de agilización de sus trámites. (agilizar 1. tr. Hacer ágil, dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo). En particular, el Poder Electoral está indicadísimo a este respecto, siendo que los actos electorales son registrados desde hace décadas por medios electrónicos… ¡salvo los que expresan la voluntad de la participación popular normada constitucionalmente!

Veamos (de nuevo, en Los propios venezolanos):

…hoy es posible la revocación referendaria de los mandatos de funcionarios o representantes electos, decisión sólo convocable por 20% de los electores del ámbito correspondiente a cada caso una vez cumplida la mitad del período del mandatario en cuestión. También puede abrogarse mediante referendos leyes enteras o decretos leyes, que pueden ser convocados por 10% o 5% de los electores según el caso.

Luego, ella ha preservado la iniciativa popular de las leyes contemplada por el texto de 1961; el Numeral 7 del Artículo 204 especifica ahora que esa iniciativa puede ser ejercida por “los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”. Igualmente puede introducirse a la consideración de la Asamblea Nacional, por iniciativa popular del quince por ciento de los electores registrados, proyectos de enmiendas o reformas a la Constitución.

Finalmente, la propia constitución puede ser sustituida por una nueva que sea redactada por una Asamblea Nacional Constituyente (Artículo 347), cuya convocatoria puede ser causada, además de por la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y los Consejos Municipales, por “el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”. (Artículo 348).

(…) Perdón; aún falta por añadir a estas opciones de la iniciativa popular el comienzo del último parágrafo del Artículo 67: “Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas”. Ese derecho es el que se materializa en los grupos de electores que pueden postular—sin necesidad de partidos políticos registrados—candidatos a todo cargo electivo y de representación, desde el de la Presidencia de la República y los diputados de la Asamblea Nacional hasta un concejal, según las previsiones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la sucesora de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

………

En momentos cuando nos aprestamos a tener nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, parece oportuno proponer que ese cuerpo, un poder público importantísimo, siga el ejemplo del Tribunal Supremo de Justicia y modernice el trámite de toda iniciativa popular facilitándola, no haciéndola más difícil. Pocas bases de datos—nombres, cédulas de identidad, lugares de residencia, firmas, huellas digitales—son tan seguras como la del Registro Electoral Permanente, por lo que no debe haber dificultades técnicas insalvables; el CNE mismo está en capacidad de actuar como proveedor de servicios de certificación de firmas, y también con la introducción de proyectos de ley a la Asamblea Nacional, si es que fueren jurídicamente necesarios, cuando ellos sean de materia electoral. (Artículo 204 de la Constitución: “La iniciativa de las leyes corresponde: (…) 6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral”.*

El mismo Presidente de la República está especialmente obligado a facilitar este desarrollo en lo que pueda; él fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, en la que presidiera, precisamente, ¡la Comisión de Participación Ciudadana!

Pero es este asunto exigencia que recae principalmente en las autoridades electorales, las que pueden facilitar las cosas a una ciudadanía que enfrenta un transporte público grandemente afectado y está a la vez altamente informatizada. (Ver en este blog El demos cabe en la red, 17 de octubre de 2019). LEA

………

El 8 de abril de 2016, la publicación Politika UCAB publicó una “nota de coyuntura” de Eugenio Martínez, especialista en temas electorales, que se transcribe a continuación:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó el proyecto de Ley Orgánica de Referendos aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional bajo el argumento que corresponde al organismo comicial la exclusividad legislativa en la redacción de normas electorales y de consultas populares.

En una misiva remitida por la presidente del CNE Tibisay Lucena a la Asamblea Nacional se indica que la Ley de Referendos promovida desde la Comisión de Política Interior del Parlamento “no se apega a lo establecido en el artículo 204 numeral 6 de la Constitución Nacional”, desde esta perspectiva para la autoridad electoral la norma tramitada está “fuera del marco constitucional”.

Además la presidenta del CNE desestimó la necesidad de la redacción de una ley de referendo en vista de la “eficacia de los instrumentos normativos usados hasta la fecha” para garantizar la participación popular.

En este sentido, la postura de la presidenta del CNE es clara:  el proyecto de Ley Orgánica de Referendo que está siendo discutido se encuentra al margen de la Constitución, pues el CNE no tuvo la iniciativa legislativa.

Según esta interpretación del CNE al contenido del artículo 204 de la CRBV el Parlamento Nacional esta impedido constitucionalmente de proponer directamente anteproyectos de ley en materia electoral o de referendos porque esta competencia es exclusiva del organismo comicial.

En caso que esta interpretación del CNE al contenido del artículo 204 de la CRBV sea correcta significaría que el organismo comicial incurrió en una mora legislativa de 17 años en la redacción de la Ley de Referendo, los 10 últimos año bajo la presidencia de Lucena.

La entonces Rectora-Presidente del Consejo Nacional Electoral estaba equivocada. El numeral sexto del Artículo 204 debe entenderse como la habilitación del CNE para introducir a la discusión de la Asamblea Nacional proyectos de legislación electoral y sólo de esta materia, jamás como la prohibición de que otros entes y actores ejerzan la iniciativa de leyes electorales; la Asamblea Nacional, por caso—que tiene como misión principal precisamente la fabricación de leyes de cualquier tipo—, el Presidente de la República o la iniciativa popular: “los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”. (Hoy en día, un poco más de veinte mil electores).

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Repeler la Segunda Enmienda

El presidente Biden comenta el tiroteo en Boulder, Colorado. (The New York Times, Foto de Anna Moneymaker).

 

Google Translate ofrece esta traducción del servicio On Politics, enviado hoy por The New York Times en correo electrónico a sus suscriptores:

Después de seis largos años de disputas legislativas, Joe Biden estaba al borde de la victoria. Su histórico proyecto de ley contra el crimen finalmente estaba avanzando hacia su aprobación. Solo un problema se interpuso en su camino: una controvertida prohibición federal de 10 años de las armas de asalto.

“Hace seis años, eran armas. Hace cinco años, eran armas. Hace cuatro años, eran armas. Anoche fueron armas. Esta mañana fueron las armas”, dijo Biden a los periodistas en agosto de 1994, durante la etapa final de las negociaciones sobre la legislación. “Y ahora mismo, son armas. Son pistolas, pistolas, pistolas, pistolas”.

Gran parte de la carrera legislativa del Sr. Biden se podría resumir de la misma manera. Durante décadas, jugó un papel crucial en las principales batallas legislativas sobre el control de armas, defendiendo propuestas para endurecer las regulaciones sobre las armas y sus propietarios. En la campaña electoral del año pasado, Biden propuso la plataforma de control de armas más amplia de cualquier candidato presidencial en la historia, prometiendo restablecer la prohibición de armas de asalto, instituir un programa voluntario de recompra de armas y enviar un proyecto de ley al Congreso en su primer día en el cargo. derogar las protecciones de responsabilidad para los fabricantes de armas y cerrar las lagunas de verificación de antecedentes.

Sin embargo, 73 días después de su presidencia, con cinco tiroteos masivos y más de 10,000 muertes por violencia con armas de fuego ya ocurridas este año, Biden está abordando el tema con mucha menos urgencia. De las más de 50 órdenes ejecutivas y memorandos que ha dado hasta ahora, ninguno ha abordado el control de armas. Ese proyecto de ley que prometió enviar al Congreso nunca llegó. Y su uso del “púlpito del matón” para impulsar nuevas medidas ha sido desigual o inexistente.

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Por único comentario, este blog reproduce de la entrada Las Vegas también duelen, del 3 de octubre de 2017:

…la masacre en Las Vegas (59 muertes y 527 heridos reportados) del domingo 1º de octubre, la más reciente de las muchas escenificadas en los Estados Unidos, que tercamente mantienen el derecho constitucionalmente establecido para cada uno de sus ciudadanos de poseer y portar armas de fuego. El tema ha sido tratado varias veces en este blog; por ejemplo, el 10 de enero de 2011 (By the time I get to Tucson), en momentos cuando Gabrielle Giffords, Representante de Arizona en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, yacía en coma provocado por una bala que penetrara su cráneo en la sala de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Arizona, en Tucson. Sarah Palin era entonces candidata a la Vicepresidencia de los Estados Unidos:

Palin, entusiasta de las armas de fuego y la cacería de grandes animales, emplea regularmente un léxico incendiario. Para animar a sus partidarios les aconseja, por ejemplo: “No se retiren; recarguen”. (Do not retreat; reload). En la oportunidad de las recientes elecciones legislativas, Palin señaló por nombre y apellido a veinte representantes demócratas, cuyos circuitos destacó en un mapa—sólo retirado este fin de semana, después de la balacera en Tucson—bajo el símbolo de mira de un arma de fuego, como blancos que debían ser obliterados. Uno de los blancos marcados era Gabrielle Giffords quien, sintiéndose amenazada, comentó: “Estamos en la lista de blancos de Sarah Palin. Pero el asunto es que la forma en que ella la exhibe tiene la cruz en la mira de un arma de fuego sobre nuestro distrito. Cuando la gente hace eso, tiene que darse cuenta de que tiene consecuencias”. Tenía razón; en su caso, las consecuencias fueron la herida en su cabeza y el insulto a su cerebro.

Más adelante en esa entrada, se argumentó así:

Gente como Sarah Palin, John Wayne, Barry Goldwater, Mel Gibson (que aparentemente golpea mujeres), pero también el ocasional izquierdista, como Michael Moore, es la que provee la mayor parte de los cuatro millones de miembros de la National Rifle Association (NRA) el más influyente de los lobbies en los Estados Unidos. La misión principal de esta asociación es la defensa de la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que en la interpretación estándar sostiene el derecho de todo estadounidense a portar armas de fuego.

Este lobby es tan poderoso que ha impedido lo que obviamente es la lectura correcta de la mentada enmienda. En 1791, al ser ratificada, los Estados Unidos eran una nación recién nacida, cuya independencia fue conseguida en guerra que duró de 1775 a 1783, cuando el Ejército Continental que Jorge Washington dirigiera, y que de todos modos debió ser complementado por milicias locales, fue desbandado. Era, pues, la doctrina militar de la incipiente nación que esas milicias eran, como lo justifica la letra de la enmienda, necesarias para su seguridad.

Hace mucho que cualquiera milicia de alguno de los estados de esa unión, considerablemente aumentada con el tiempo, haya participado en la “defensa” de los Estados Unidos. La muy larga serie de conflictos militares en los que ese país se ha involucrado a lo largo de su historia se ha desenvuelto prácticamente toda fuera de sus fronteras, sin milicianos. El comodoro Perry que llevó la presión estadounidense al Japón del siglo XIX no comandaba milicianos, sino militares de profesión llevados tan lejos en una flota profesional. No se constituye con milicianos el Comando Aéreo Estratégico de los EEUU, ni son milicianos los tripulantes y operadores de sus buques de guerra. La premisa de la Segunda Enmienda ha desaparecido y, en consecuencia, también debiera desaparecer su corolario. Una nación racional no debe sostener como derecho de ningún ciudadano, esté o no en sus cabales, la libre adquisición y porte de armas. La Segunda Enmienda debe ser repelida. (Ya los Estados Unidos han hecho esto antes: la Décima Octava enmienda de 1919, que desató la epidemia gangsteril con la Prohibición, fue repelida por la Vigésima Primera, en 1933).

El censo de abril de 2010 reportó que los Estados Unidos tienen 308 millones de habitantes; 304 millones de ellos no son miembros de la NRA.

(La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada el 15 de diciembre de 1791 como parte de su Estatuto de Derechos—Bill of Rights—, estableció: “Siendo necesaria a la seguridad de un Estado libre una Milicia bien regulada, no deberá infringirse el derecho del pueblo de guardar y portar Armas”). LEA

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¿Inminencia de un outsider?

Del maestro del suspenso

 

Con fecha de hoy, efectococuyo trae una nota centrada sobre un elocuente hallazgo de Datanálisis: “Un outsider le gana en intención de votos a Maduro y a Guaidó, según encuesta”. En el cuerpo de la información, asienta:

Una encuesta de Datanálisis revela que en unas hipotéticas elecciones presidenciales, 45,8% de los electores votaría por un candidato independiente, 12% por el dirigente chavista Nicolás Maduro y 11,4% por el líder opositor Juan Guaidó. 30,8% opta por la opción de No sabe / No responde.

En el estudio, de febrero de este año, el outsider representa casi el doble de intención de votos de los que reúnen Maduro y Guaidó juntos.

“Lo que la encuesta dice es que hay decepción y desconexión con las ofertas políticas existentes llámense oficialistas, que tienen el mayor nivel de rechazo empezando por Maduro, u opositoras (…) la gente quiere una propuesta distinta a las estrategias pasadas, a la polarización actual”, responde el director de Datanálisis Luis Vicente León.

Para el analista político es evidente que en Venezuela aumenta el terreno para un outsider frente a la crisis de partidos y el desgaste de los dirigentes políticos: “El campo del outsider es el campo de las decepciones de la población frente al liderazgo”.

………

El próximo mes de septiembre se cumplirán treinta y cuatro años del estudio Sobre la Posibilidad de una Sorpresa Política en Venezuela, que consideró dos clases de sorpresa en el acontecer político venezolano: 1. un golpe de Estado y 2. justamente, la llegada de un outsider democrático a la Presidencia de la República. Respecto del primer tipo, ese estudio postuló: “…de ganar las elecciones de 1988 uno de los candidatos tradicionales, probablemente lo haría con un porcentaje muy re­ducido de votos. En ese caso el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabi­lidad de un golpe militar hacia 1991, o aun antes, sería considerable”. Poco después de la fracasada intentona de Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Diosdado Cabello et al., se sabría que su alzamiento estuvo planeado para el 16 de diciembre ¡de 1991! Los golpistas proyectaban amanecer mandando desde Miraflores en un nuevo aniversario de la muerte de Simón Bolívar.

Pero la sección pertinente de ese trabajo de 1987 versa sobre el asunto que fuera medido por Datanálisis el pasado mes de febrero. Puede resultar de interés reproducir aquélla prácticamente en su totalidad.

………

 

SORPRESA #2: OUTSIDER DEMOCRATICO

Es posible también una sorpresa más democrática que un golpe de Estado. Es más, la probabilidad de ese tipo de sorpresa es significativa­mente mayor que la de una “solución” militar. No obstante, sigue siendo una sorpresa. Es decir, la probabilidad de un evento tal es baja. No es altamente probable que un candidato no postulado por Acción Democrática o COPEI llegue a ganar las elecciones. Pero de esto se trata precisamente, de considerar cualitativamente las sorpresas, pues de su ocurrencia se ocu­pará el curso de los acontecimientos y el signo de los tiempos, según el cual, para recordar a Dror, la sorpresa es ahora un fenómeno endémico.

El tipo de análisis que haremos acá es el de estipular cuáles serían los requisitos necesarios en un candidato sorpresa y en su campaña, sin los que no podría darse su triunfo.

 

    1. Rasgos necesarios del candidato

El primer rasgo indispensable en el líder que pueda orientar a su favor la considerable potencialidad de un voto harto de lo tradicional y de su inefi­cacia, es que sea un verdadero outsider. Hay, al menos, dos sentidos en los que este concepto de outsider se aplicaría en este contexto.

Para comenzar, el candidato debe ser un político que pueda ser per­cibido como estando fuera del establishment de poder venezolano. No ne­cesariamente significa esto que el candidato deba estar contra la actual ar­ticulación de poder en Venezuela. Simplemente es necesario que no se le perciba como formando parte de la red de compromisos que caracterizan a la configuración actual.

(…)

El pueblo sabe, empírica o intuitivamente, que una persona, partici­pante directo de la configuración de poder actual, carece de la libertad ne­cesaria para acometer los cambios que sería necesario introducir a través de tratamientos novedosos a la situación política. Para ponerlo en otros términos: un líder que ostente en los momentos actuales una cantidad signi­ficativa de poder, estará al mismo tiempo muy impedido por la serie de tran­sacciones en las que, con toda probabilidad, habrá debido incurrir para ac­ceder a la posición que ocupa y para mantenerla.

(…)

Hay un segundo sentido, más específico, en el que el candidato que pueda resultar la sorpresa debe ser un outsider. Debe serlo también en términos de estar afuera o por encima del eje tradicional del “espacio” polí­tico. Tal eje viene determinado por un continuum más o menos lineal, que va desde las posiciones de “izquierda” hasta las posiciones de “derecha”. Esta es una división tradicional del campo político, pues responde al criterio de que el principal “problema social” (o político), consiste en distribuir la renta social: si se acomete este asunto con preferencia para “los pobres” entonces se es izquierdista; si esto se hace con preferencia por “los ricos”, entonces se es derechista.

No es éste el sitio para describir otra noción política más moderna que considera obsoleto el planteamiento anterior, definitorio de “derechas” e “izquierdas”. Pero el candidato que pretenda tener éxito en 1988 deberá ser outsider también en el sentido de no situarse en alguna posición del eje referido, sino en un plano diferente.

(…)

La segunda característica importante (a nuestro juicio más importante que la condición de outsider) que debe ostentar un candidato con posibili­dades de “dar la sorpresa”, es la posesión de tratamientos suficientes y convincentes para la crisis.

La base de esta condición consiste en poder partir de una concepción de lo político que comprenda importantes y hasta radicales diferencias con las concepciones convencionales. En la raíz de tal concepción está la ne­cesidad de una sustitución de paradigmas políticos, en el sentido que Tomás Kuhn da al término paradigma. Es decir, nos hallamos ante una realidad social y política que ya no puede ser comprendida por los plantea­mientos y enfoques convencionales, lo que es la causa de fondo de la crisis de gobernabilidad. No es el caso que los políticos tradicionales tengan las recetas adecuadas y por “maldad” se resistan a aplicarlas. El punto es que no las saben.

(…)

A partir de una concepción diferente, más científica y moderna de la política y sus posibilidades tecnológicas reales, es como podría ser posible la generación de tratamientos que cumplan con tres condiciones necesarias a la persuasión pública requerida:

1. Deben ser radicales pero pocos: dos extremos resultan imposi­bles, dañinos o inútiles: el planteamiento de una reforma radical y global, que se ocupe de todo a la vez, en el mejor de los casos será altamente traumático y, más probablemente, imposible de aplicar por falta de capaci­dad para gerenciar un grado de cambio tan exhaustivo; la estrategia de cambiar lo menos posible e ir ajustando las cosas de modo incrementalista es derrotada por la complejidad original del problema y su velocidad de complicación creciente. Este dilema es comprendido intuitivamente por el elector promedio. De allí la poca credibilidad de los programas de gobierno exhaustivos, así como la de los programas tímidos e incrementalistas. Para que un programa alcance la credibilidad necesaria deberá ser del tipo radi­cal selectivo, es decir, identificador de pocos puntos estratégicos sobre los que se ejerza una acción transformadora a fondo. Y a esta condición deberá sumarse la de concreción, pues no bastará la enumeración de pocas áreas si éstas son vagamente definidas.

2. Deben ser eficaces: no se trata por tanto de pseudotratamientos. “Reactivar la economía” no es la solución, sino el estado final que debe al­canzarse una vez aplicada la solución. Combatir el “centralismo”, combatir el “presidencialismo”, etcétera, son orientaciones generales muy loables pero poco concretas. Los tratamientos deberán venir explicados en forma tan concreta que se pueda especificar su beneficio y su costo. Los tratamien­tos deberán dirigirse al ataque de causas problemáticas antes que a la mo­deracion temporal de sintomatologías anormales.

3. Deben ser positivos: se necesita un planteamiento terapéutico que trascienda la política quejumbrosa para ofrecer salidas que permitan un ra­zonable optimismo.

Por último, el candidato debiera tener la capacidad de “librar por to­dos”. (En el juego infantil del escondite se estipula a veces una regla por la que al quedar sólo un jugador por descubrir, éste puede salvarse, no úni­camente a sí mismo, sino a todos los anteriores que hayan sido atrapados). (…) El cargo de Presidente de la República tiene de por sí mucha capacidad de convocatoria, y lo tendría mucho más si tal cargo lo ocupase un outsider que hubiera logrado dar la sorpresa. El punto está más bien en la voluntad real de convocar que tenga el involucrado, en la medida en que no esté atado a intereses tan específicos que no pueda verdaderamente pasar por encima de rencores de asiento grupal. Si un aspirante a outsider sorpre­sivo, a “tajo” de las elecciones, plantea su campaña con un grado aprecia­ble de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros polí­ticos debemos aun a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fra­caso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positi­vidad. El propio Issac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes”.

 

    1. Rasgos necesarios de la campaña

Suponiendo que exista el verdadero outsider y que éste posea un arsenal terapéutico eficaz, concentrado y positivo, capaz de ser asumido voluntariamente como programa por el público en general, todavía queda el problema de ejecución de su campaña en forma correcta.

El eje básico de una campaña correctamente ejecutada pasa nuevamente por la suficiencia de los tratamientos que el outsider proponga. La campaña debe ser planteada en esos términos: suficiencia vs. insuficiencia.

Luego viene la consideración del tiempo estratégico. Por diversas razones el tiempo de lanzamiento de la candidatura con posibilidades debe ser lo más tardío posible. Por un lado está el problema de los recursos: es improbable que un verdadero outsider pueda conseguir los fondos necesarios a una campaña prolongada. Por otra parte, el intento debe ser hecho contraviniendo los intentos de actores muy poderosos. En tales condiciones una guerra de atrición no es sostenible. No puede un outsider trenzarse en una larga “guerra de trincheras” contra Acción Democrática y COPEI, pues caería en el asedio. Nuestro outsider se encuentra en la situación de Israel, país pequeño y rodeado de enemigos mucho más numerosos y de mayor poder. Así, su estrategia indica un golpe sorpresivo y contundente y definitivo. Por último, el tiempo debe ser tardío porque lo que es necesario producir corresponde a lo que los psicólogos de la percepción llaman un gestalt switch. Es un cambio súbito en la manera de percibir una misma cosa. De este modo, o el cambio de percepción se produce o no se produce, o se entiende o no se entiende, y para esto no es necesaria o correcta una campaña de convencimiento gradual, sino una argumentación suficiente que tienda a producir una respuesta más instantánea.

Este punto viene ligado, como dijimos, al tema de los recursos, pues una condición de corrección de la campaña deberá ser por fuerza la de su economía. La campaña deberá ser económica, tanto porque no se dispondrá de muchos recursos como porque un gasto excesivo produciría un rechazo de la misma. Así, la campaña debiera ser diseñada en términos económicos.

Esto será posible si la campaña es planteada en términos de calidad vs. cantidad. Contra la reiteración esloganista de millares de cuñas y pancartas, una concentración en mensajes más completos, más densos y contundentes.

A favor de esta posibilidad jugaría la amplificación que se daría por el efecto de novedad. Por el mismo hecho de plantearse una campaña de estilo diferente es como se daría la posibilidad de distinguir el mensaje en un mar de ruido electoral, en la cacofonía de las abrumadoras campañas tradicionales, como un minúsculo flautín clarísimo lo hace dentro de un tutti orquestal.

La campaña deberá caracterizarse, además, por una extraordinaria capacidad organizativa. Se trata, para mencionar sólo un problema, de disponer de testigos en unas treinta mil mesas electorales, con su correspondiente apoyo logístico y de comunicación. Para un outsider este problema es de gran cuantía puesto que, por definición, al ser outsider no dispone de la “maquinaria” de antemano.

Finalmente, el outsider deberá ser capaz de resistir los ataques que sobrevendrían, en una gama que puede ir desde el enlodamiento de su reputación hasta la eliminación física. El riesgo aumentará a medida que la opción que representa comience a significar una posibilidad clara de victoria.

 

    1. Las probabilidades

Siendo lo que antecede las condiciones indispensables a una “sorpresa” exitosa ¿qué puede decirse de las probabilidades de tal aventura?

La condición crítica será seguramente la de disponibilidad de los recursos. Acá se enfrentaría un outsider con la incredulidad básica ante una aventura no convencional y con la tendencia conservadora que aún en casos de crisis encuentra difícil ensayar algo novedoso. Aquellos que pudieran dotar a una campaña como la esbozada de los recursos suficientes estarán oscilando entre los extremos de más de un dilema.

Uno de los dilemas es el de seguridad vs. corrección. Se sabe de lo inadecuado de los actores políticos tradicionales, pero ante un planteamiento correcto por un outsider habría la incomodidad de abandonar lo conocido. Es queja perpetua del sector privado que el Gobierno no establece reglas de juego estables. La verdad es que hay reglas tácitas de conducta establecidas desde hace tiempo, incluyendo las que regulan la urbanidad de la corrupción. Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”. En forma similar Yehezkel Dror destaca otro dilema: si se quiere eficacia es necesaria una transparencia en los valores, la exposición descarnada de los mismos; si lo que se quiere, en cambio, es consenso, entonces es necesaria la opacidad de los valores, no discutirlos más allá de vaguedades y abstracciones.

Así, pues, se estaría ante un dilema de tradicionalidad vs. eficacia, de poder vs. autoridad. Es pronosticable que la mayoría de los actores con recursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tratamientos realmente eficaces, se pronunciarían por los términos dilemáticos más conservadores.

Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa en grado suficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos.*

Pero el obstáculo principal consistirá en salvar la diferencia entre una percepción de improbabilidad y una de imposibilidad. Ni aún el menos conservador de los hombres dará un céntimo a una campaña de este tipo si considera que todo el esfuerzo sería inútil, si piensa que un resultado exitoso es, más allá de lo improbable, completamente imposible. El análisis que hemos hecho indica que, si bien el éxito de una aventura así es por definición improbable—a fin de cuentas se trataría de una sorpresa**—no es necesariamente imposible y que, por lo contrario, la dinámica del proceso político venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento. Si esto es percibido de este modo, entonces tal vez las fuentes de apoyo necesarias quieran comportarse como un jugador racional de la ruleta con cien dólares en la mano. Apartará cincuenta dólares como reserva y de los cincuenta restantes apostará la mayoría, cuarenta y cinco quizás, a las posibilidades de mayor probabilidad, rojo, negro, par, impar. Pero jugará cinco de los cien dólares en pleno al diecisiete negro (outsider), porque sabe que si la apuesta es de éxito menos probable, si pierde pierde poco y si gana ganará mucho más que lo que invirtió.

Finalmente, y nuevamente en la analogía de los juegos, bastante dependerá de la lectura que se tenga de la crisis. Para aquellos para los que la abrumadora acumulación de evidencias no sea suficiente para creer que la crisis no es de carácter coyuntural y pasajero, será lo indicado negar su apoyo al outsider. Sólo aquellos que ya se hayan convencido de que la crisis es estructural y requiere por tanto terapias no convencionales, podrán pensar como el buen jugador de dominó (o de bridge) que carezca de información completa sobre la localización de las piezas o cartas clave. En esas condiciones, un buen jugador identificará cómo tendría que darse esa ubicación de piezas para poder ganar la mano. Entonces jugará como si en verdad la disposición fuese esa única forma de ganar, rogando para que así sea.

Yehezkel Dror nos dice que la situación del agente de decisión de hoy es cada vez más la de una apuesta difusa.

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* Veintiún años después, Barack Obama lograría precisamente eso en su campaña de 2008: 70% de los recursos financieros de su campaña fue provisto por numerosas donaciones individuales con un promedio de 50 dólares por aporte.

** Una sorpresa es la ocurrencia de un evento improbable. Para el Diccionario de la Lengua Española, sorpresa es “Acción y efecto de sorprender”, y  sorprender es “Conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible”.

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Un complemento a esta entrada es Retrato hablado, del 30 de octubre de 2008.

LEA

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La Cámara de las Comunas

Foto de El Universal

 

Cámara de los Comunes (en inglés: House of Commons) es el nombre de las cámaras bajas de los parlamentos bicamerales de Reino Unido y Canadá. La expresión “Comunes” hace referencia al hecho de que los componentes de la Cámara eran originariamente representantes de las ciudades, en oposición a los miembros de la Cámara de los Lores, todos ellos miembros de la nobleza y la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra.

Wikipedia en Español

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Ayer publicó la web de El Universal una nota que tituló así: Maduro entregó a diputados leyes para crear el Estado Comunal. Allí pone:

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo entrega al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, de los dos primeros Proyectos de Ley redactados por el Poder Popular. Se trata de la Ley del Parlamento Comunal y la Ley de las Ciudades Comunales, las cuales serán evaluadas y estudiadas por el Poder Legislativo. (…) El Mandatario nacional afirmó que el siglo XXI venezolano se definirá por el fortalecimiento del Estado Comunal, durante el acto de clausura del Congreso Nacional de Comunas 2.0. La comuna “debe ser el futuro y la garantía de la patria. La comuna tiene que saber a pueblo, a verdad, a familia, a comunidad”, recalcó. (…) Asimismo, destacó el Jefe de Estado que en la actualidad, “tenemos 3.265 comunas y 48.565 Consejos Comunales”. El Congreso Nacional de las Comunas 2.0 se desarrolló entre el pasado 20 de octubre de 2020 y este mes de febrero, a través de videoconferencias, debido a la pandemia del Covid-19.

Esto es película ya vista. El 16 de diciembre de 2015 reportaba la web del mismo periódico:

Durante una nueva emisión del programa rutinario de todos los martes, Con el Mazo Dando, Cabello explicó que el Parlamento Comunal, juramentado el pasado martes, está respaldado por la Constitución venezolana. Cabello fundamentó sus argumentos en el artículo 5 de la Constitución. “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, citó el presidente de la Asamblea Nacional.  (…) “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley” añadió el diputado. Explicó que la Ley a la que se refiere dicho texto es la Ley Orgánica de las Comunas. (…) Según la interpretación de Cabello, el párrafo constitucional al que hace referencia, contempla que el máximo ente competente en materia jurídica es el pueblo y el Poder Legislativo tiene que responder primeramente a las directrices de la comunas.

Claro que eso era resollar por la herida. Cabello había sido herido malamente apenas diez días antes, cuando los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional se habían alzado con la mayoría absoluta de curules el 6 de diciembre de aquel año. Él había presidido precisamente el mismo cuerpo sin que durante su titularidad se le ocurriese el cuento de que el Poder Legislativo Nacional, en defectuosa interpretación de nuestra juridicidad, quedaba sometido al tal “parlamento comunal”. Entonces se le opuso acá lo siguiente:

No, Sr. Cabello, las comunas no eligieron a la Asamblea Nacional; ésta fue elegida directamente por los ciudadanos, sin ninguna clase de intermediación comunal; es a ellos a los que responde, y la palabra comuna no aparece en ninguna parte de la Constitución”. De seguidas se le explicó: “Lo más cercano al término es esta prescripción: Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo (…) 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”. Por ejemplo, una cooperativa o empresa comunal para limpieza de oficinas o servicio de taxi. Pero las comunas o soviets venezolanos son una tramposa e inconstitucional creación del chavismo para escapar del referendo de 2007, cuando los proyectos de reforma de la Constitución introducidos por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional fueron rechazados. El 2 de diciembre de ese año, una mayoría del Poder Constituyente Originario negó, entre otras cosas, esta pretensión de reformar el Artículo 16: “Sobre la conformación del territorio nacional. Aparece como unidad política primaria la ciudad, la cual estará integrada por comunas ‘células sociales del territorio’, las cuales a su vez estarán conformadas por las comunidades, ‘cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano'”, (Wikipedia en Español). Lo que la Constitución establece es lo siguiente: “Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”. Y también: “Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”. Y por último: “Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley”.

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Asimismo se había registrado acá el 17 de diciembre de 2015—en Un “parlamento” Helene Cursis (que sí sabe de Cabellos)—que el Pueblo venezolano “no había mostrado entonces un notable entusiasmo por el parto de los montes de la ley de comunas (con el ojo ciego y desentendido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha debido declarar su inconstitucionalidad)”, lo que se justificó en un registro de la época por Venebarómetro (Croes, Gutiérrez & Asociados):

El Pueblo no quiere un estado comunal (clic amplía)

 

Ahora es igualmente claro que el presidente Maduro se siente triunfador. Luego de una increíble serie de torpezas, la oposición formal a su desgobierno ha perdido el control de la Asamblea Nacional, lo que ha fortalecido a los socialistas que aún lo siguen. Ya se ha notado tal resultado por cancillerías extranjeras, como igualmente el colapso de las equivocadísimas pretensiones centradas en la telenovela de la que Juan Guaidó fuera protagonista. Pero ese innegable cambio político no le da la razón a Maduro; nuestro orden constitucional no contempla un “Estado Comunal.” El actual Presidente de la República convocó el 1º de mayo de 2017, en ejercicio de su clara atribución constitucional, una asamblea constituyente disuelta recientemente, sin que su “labor” de más de tres años incluyera leyes de un parlamento comunal y de ciudades comunales, cambios constitucionales que de todos modos habrían tenido que ser aprobados en referendo, pero el desempeño de la fenecida constituyente no produjo un proyecto de nueva constitución. Supongo que Maduro dirá que lo que es igual no es trampa, y que los opositores que controlaron hasta el 5 de enero de este año la Asamblea Nacional aprobaron el engendro inconstitucional de un tal “estatuto de transición”, en evidente e inválido exceso.

Pero el error de mi contendiente no es causa de mi acierto. LEA

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Mujeres al poder

Katharine Hepburn, Premio Oscar a la Mejor Actriz como Leonor de Aquitania, una de las más grandes gobernantes de la historia, en la película de 1968, The Lion in Winter*

 

¿Qué nos decía el Larousse? “Juventud es la edad entre la niñez y la edad viril”. Y reflexionamos diciendo que las mujeres son siempre jóvenes, porque ninguna de ellas llega a la edad “viril”. 

 La juventud de mañana o ¿es posible el móvil perpetuo?

 

Revista El Farol #228 (abril-mayo-junio de 1969, Año XXX)

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A las mujeres en general, especialmente a mi esposa, mis hijas y mi nieta.

 

Debo a César Baena el siguiente video, de elocuencia irrefutable, que me enviara por WhatsApp; ignoro su origen y quién es el claro señor que habla. Basta para llenar toda esta entrada con sólo reproducirlo, para bañar nuestras mentes y corazones con su incesante e innegable verdad.

 

 

No creo imposible que lo mejor que podamos hacer los hombres en política, en la mayoría de los casos, sea asesorar a las mujeres. Algo así pienso desde los 26 años, como consta en mi pretencioso artículo para El Farol: “Quizás feminizar un poco al mundo sea la salvación. ¿Por qué no pedimos a la mujer que venga a parir para nosotros esta nueva moviente-perpetua juventud?”

Gracias, César. LEA

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* Con un coro de voces femeninas solamente, el tema de John Barry para The Lion in Winter, Premio Oscar a la Mejor Partitura Original (1968) y su letra en latín:

 

Regis regum rectissimi
prope est dies domini,
dies irae et vindictae,

tenebrarum et nebulae
diesque mirabilium
tonitruorum fortium,
dies quoque angustiae,
maeroris ac tristitiae.

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