Costa del Solecismo

Una patraña tras otra

 

solecismo Del lat. soloecismus, y este del gr. σολοικισμός soloikismós. 1. m. Gram. Falta de sintaxis; error cometido contra las normas de algún idioma.

Diccionario de la Lengua Española

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La gran enciclopedia que conocemos como Wikipedia define, en Wikilengua del Español, el vicio de lenguaje del epígrafe de este modo: “Se llama solecismo un error en la estructura de la oración, respecto de la concordancia, el régimen y la composición de sus partes, esto es, un vicio de sintaxis”. Y así titula el “servicio de noticias” Costa del Sol FM una nota en su entrega de ayer: “Juan Guaidó el levantamiento de sanciones está sujetado a un acuerdo sobre elecciones presidenciales”. Lo gramaticalmente correcto es “sujeto a un acuerdo sobre elecciones presidenciales”. (También faltan los dos puntos tras el apellido del farsante citado).

Uno de los ejemplos aportados en la nota de Wikilengua es éste: “Juan va salir de viaje” (cuando debe decirse “Juan va a salir de viaje”). Bueno, eso quisiera Juan Guaidó: ser invitado al diálogo en tierras mexicanas entre representantes del gobierno venezolano y delegados de su oposición organizada. He aquí el texto completo de Costa del Sol(ecismo):

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró a un periódico mexicano que el levantamiento de las sanciones económicas internacionales estará condicionado a un acuerdo sobre la realización de elecciones presidenciales “con garantías”.

De acuerdo con lo reseñado por SEMANA, la eliminación de estas sanciones económicas será posible “de cara al cumplimiento de un acuerdo”, dijo Guaidó en una entrevista con el diario “Reforma”, difundida este martes.

“¿Qué significan unas sanciones? Son herramientas y los mecanismos que tiene la comunidad internacional hoy para presionar a dictadores como (el presidente de Bielorrusia), Alexander Lukashenko o como (el presidente de Nicaragua), Daniel Ortega”, dijo Guaidó.

Reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países, el opositor añadió que “el levantamiento progresivo de sanciones, para el que nuestros aliados han mostrado disposición, viene solamente con el cumplimiento de un acuerdo”.

Una solución para que en Venezuela haya “gobernabilidad, estabilidad, es a través de una elección presidencial con garantías y condiciones, (las cuales) hoy no hay en Venezuela, lamentablemente”, aseguró.

Washington, Ottawa y Bruselas se han mostrado abiertos a revisar su política de sanciones si el presidente Nicolás Maduro facilita “avances significativos” en el diálogo.

Juan Guaidó no es, y nunca ha sido, “presidente encargado de Venezuela”. Esto para empezar, y los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea no han exigido nuevas elecciones presidenciales como avance significativo indispensable.* Como se puso acá en De Oslo a Bridgetown:

…de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo a ese respecto de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.

Invito a leer íntegramente la entrada del 9 de julio de 2019 de donde la cita precedente ha sido extraída. (En especial, recomiendo su lectura a los señores Guaidó y Fran Tovar, editor del boletín de Costa del Sol). LEA

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* Esto es lo que dijera, en mensaje por Twitter, Ned Price, funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “We welcome the start of Venezuelan-led, comprehensive negotiations in Mexico. We hope this process lays the foundation for the democratic outcome Venezuelans deserve. We stand in solidarity with the Venezuelan people as they work to peacefully restore democracy to their country”. (“Damos la bienvenida al comienzo de las negociaciones comprensivas en México dirigidas por venezolanos. Esperamos que este proceso establezca las bases para el resultado democrático que los venezolanos merecen. Somos solidarios con el pueblo de Venezuela en su trabajo para restaurar pacíficamente la democracia a su país”).

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Dialogante indeseable

Carlos Vecchio (REUTERS/Al Drago)

 

Un amigo inteligente, bien intencionado y proactivo, me escribe: “es una DICTADURA”. Un importante venezolano acaba de declarar a un medio nacional: “Aquí está planteada una dictadura. Una dictadura pura y dura…” Se ha conseguido por fin la etiqueta definitiva, cuyo uso satisfará toda necesidad. Del otro lado de esta polarización que hace mucho más daño que bien, se ha empleado otras; la más reciente es una reciclada: “derecha fascista”. El país puede respirar tranquilo, pues su problema político se habría esfumado con tales “descubrimientos”; su clase política opone una etiqueta a otra, cada actor enfrentado coloca una estrella amarilla de seis puntas en el abrigo del otro, como hacía Hitler en la Alemania que sojuzgó tan trágicamente. Problema resuelto.

Etiqueta negra – 11 de abril de 2016

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El sitio web de noticias infobae, fundado en Argentina en 2002, titula así una de sus noticias de hoy: “A horas de iniciar el diálogo con la oposición, el régimen de Nicolás Maduro amenaza con bajarse por la presencia de Carlos Vecchio en la mesa de negociación”. Más adelante abunda:

Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, llegó a México para participar en la mesa de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

Esto provocó que los representantes de la dictadura amenazaran con abandonar el encuentro, según consignaron fuentes cercanas al diplomático venezolano y también el periodista de Bloomberg Álex Vásquez.

“Tensión en México por la presencia de Carlos Vecchio en la delegación de la oposición para nueva ronda de negociaciones. Representantes de Maduro están negados a sentarse hoy con él, pero la oposición insiste en mantenerlo en la mesa”, manifestó el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

De ser cierta la especie, creo muy explicable la presunta postura del gobierno venezolano. Carlos Vecchio estuvo, junto con J. J. Rendón y Juan Guaidó, entre quienes negociaron con Jordan Goudreau la invasión para deponer y apresar a Nicolás Maduro el año pasado. (Ver acá Gestión de cobro, 18 de mayo de 2020). Antes, el amorochamiento de Vecchio y Guaidó condujo a que éste nombrara al primero como su “embajador” ante el gobierno de Donald Trump.*

Como otros portales de noticias, infobae se complace en llamar dictadura al gobierno presidido legítimamente—aunque no nos guste—por Nicolás Maduro. La Real Academia de la Lengua Española objetaría tal uso de serle consultado; ella define:

dictadura Del lat. dictatūra. f. Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales.

Es aparente la represión en Venezuela, pero la definición requiere también la presencia de una concentración de “todo el poder en una persona o un grupo u organización” y la oposición local no sólo ha ganado una minoría de gobernaciones y alcaldías sino, muy notablemente, la mayoría absoluta de diputados de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, que sólo le sirvió para las muy extraviadas iniciativas de Henry Ramos Allup y Julio Borges y la abierta línea golpista de Juan Guaidó, patrocinada por los Estados Unidos y fundada en patrañas seudolegales. (Ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2019).

Nada más comprensible que la negativa del Gobierno de Venezuela a dialogar con quien estuviera entre los contratantes de Goudreau. Lo sería si la oposición profesional quisiera ser representada en México por quienes contrataron los drones, mortales pero ineficaces, del 4 de agosto de 2018. LEA

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* También es el colmo la insistencia del Presidente de la Asamblea Nacional en sus llamados a estructuras militares extranjeras para su intervención en Venezuela; más que colmo, es una vergüenza. Helo aquí, aplaudido por poquísima gente, anunciando que instruyó a Carlos Vecchio, “nuestro embajador”—plural mayestático—, para que sostuviera reuniones de “coordinación” con el Comando Sur de los Estados Unidos. (Tiempo de colmos, 14 de mayo de 2019).

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Diálogo ante cámaras

 

Aunque contó con el Nuncio Papal como testigo, esto no funcionó ya en 2014

 

Son varios los medios de comunicación que reportan una reciente postura del presidente Nicolás Maduro, que hoy describe de este modo la Agencia EFE:

Maduro exige que el diálogo con la oposición sea público y con la prensa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso este martes como condición para sentarse a dialogar con la oposición y empezar la negociación planteada por Juan Guaidó que sea un acto público, con periodistas, con cámaras y sin secretismo, para que el país conozca todos los detalles.

“Si vamos a reunir la mesa, tiene que ser un acto público, con cámaras y periodistas, con comunicados, fotografías, imágenes y transparencia, cero secretismo, como debe de ser (…) las reuniones deben ser públicas y el país debe conocer los detalles”, dijo el mandatario durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Hace siete años, ocurrió precisamente eso en Miraflores. Este blog propuso el 20 de mayo de 2014, en Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0, exactamente lo contrario:

El diálogo no debe ser televisado, mucho menos en cadena nacional, aunque sí sus resultados.

Begin the beguine

Nadie televisó las conversaciones que condujeron a los acuerdos de Camp David. (Wikipedia en Español: “Se conocen como los acuerdos de Camp David a los que fueron firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin el 17 de septiembre de 1978 tras doce días de negociaciones secretas con la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y mediante los cuales Egipto e Israel firmaron la paz en los conflictos territoriales entre ambos países”. Sadat y Beguin recibieron por esto el Premio Nobel de la Paz). Los plenipotenciarios venezolanos podrán, cuando así lo estimen necesario, conversar en presencia de monseñor Parolin o el facilitador que estimen útil. Cada vez que se concluya una conversación, los plenipotenciarios Maduro y Aveledo ofrecerán declaraciones públicas a los medios de comunicación en los términos que acuerden desde podios equivalentes y por turnos; cada uno, habiéndose acordado con el otro, ofrecerá el recuento de lo discutido según lo estime necesario al conocimiento del país.

Ya no existe la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida el 6 de diciembre de 2015, a la que invité repetidamente a aprovechar su facultad constitucional de convocar referendos consultivos ¡por mayoría simple! No necesitaba los diputados por el estado Amazonas, cuya proclamación por el Consejo Nacional Electoral fue invalidada—temporalmente—por sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Henry Ramos Allup, entonces Presidente del Poder Legislativo Nacional, jamás quiso impugnar tal decisión, y el 5 de enero de este año dejó de ser posible el acuerdo que también propuse entre los poderes públicos, especialmente entre los poderes legislativo y ejecutivo. Así expuse en Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016):

Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación.

Bueno, eso es agua pasada; hemos regresado a los tiempos inmediatamente posteriores al Carmonazo, cuando se estableciera la Mesa de Negociación y Acuerdos entre gobierno y oposición, pero sigue habiendo cabida para la sensatez. La conversión del diálogo gobierno-oposición en espectáculo televisado, presidente Maduro, es francamente desatinada. LEA

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Deutsche Welle se oye en Güiria

Cabezal del servicio de noticias de Costa del Sol FM

 

Ayer trajo un correo del servicio de noticias de Costa del Sol FM un comentario sin firma: Propuesta de acuerdos en Venezuela generan espèranza con escepticismo. (Sic. No existe el acento grave en nuestro idioma, y la palabra esperanza no lleva acento gráfico. Luego, el sujeto de la oración—Propuesta—está en singular, a pesar de que sea una “de acuerdos”, de modo que el tiempo correcto del verbo sería singular: “genera”). Se trata de la relación de una conversación de Jesús Seguías, Presidente de Datincorp, con la prestigiosa radio alemana Deutsche Welle, la que escribió el titular en correcto castellano.

Éstos son sus dos primeros párrafos:

La oposición dirigida por Juan Guaidó se enfrenta a una nueva estrategia para destrancar el juego político con el chavismo, al proponer retomar negociaciones con el gobierno de Maduro. ¿Es el diálogo la única vía?

Juan Guaidó, quien preside la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora y reconocida por varios países, anunció en rueda de prensa que dicho acuerdo busca principalmente la convocatoria de elecciones generales con observación y respaldo internacional, entre varias otras condiciones que han estado presentes en las fallidas mesas de dialogo anteriores.

El Sr. Guaidó no preside nada. La Asamblea Nacional que presidiera a partir de 2019 ya no existe, habiendo agotado su período el pasado 4 de enero. Y constitucionalmente no puede haber elecciones generales sin que medie la renuncia (o la muerte) de Nicolás Maduro y la de cada diputado de la actual Asamblea Nacional. Sólo un referendo nacional podría acordarlas, dado que sólo el Pueblo es supraconstitucional; sólo él no está limitado por la Constitución.*

Seguías, quien en general aboga por la avenida del diálogo, dijo: “La mayoría de las decisiones que son determinantes dependen de la oposición y no del gobierno. (…) Tener un candidato único, tarjeta unitaria, una buena campaña electoral y buenos defensores del voto no depende del gobierno sino de la oposición. Así que el gran dilema es opositor”. Para Seguías y la mayoría de los estudiosos y comentaristas de nuestra política, así como para los propios políticos profesionales, sólo existen los oficialistas y los opositores, aunque él mismo midió hace seis años (mayo de 2015):

Datos levantados en mayo de 2015

Más recientemente (febrero de este año), registró su competidora, Datanálisis, cómo se define el consultado en política: Independiente: 77,2%, Pro-Gobierno: 10,25%, Pro-Oposición: 4,6%. La “oposición”, que en 2015 superaba al oficialismo—¡por 1%!—ahora está 5,65 puntos por debajo y no representa al 95,4% del país.

Por último, también apunta el entrevistado: “Nicolas Maduro entendió la necesidad de entrar en el proceso de negociación y él sabe que en esta oportunidad no va a pasar lo mismo que pasó en República Dominicana ni en Barbados, en donde pudieron hacer lo que quisieron en una mesa de negociación”. No es de Nicolás Maduro toda la culpa de que anteriores intentos de diálogo hayan fracasado. El más reciente esfuerzo de los noruegos, por ejemplo, se vio interrumpido porque Juan Guaidó apoyó públicamente sanciones de los Estados Unidos contra la República de Venezuela.**

La historia debe contarse como ocurrió. LEA

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* La piedra angular de la constitucionalidad venezolana fue colocada por decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999. Ella definió la doctrina fundamental de que el Pueblo, por su carácter de único Poder Constituyente Originario es el Poder Supraconstitucional, no limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. (El Pueblo está únicamente limitado por los derechos humanos y por los tratados en los que haya entrado válidamente la República con soberanías equivalentes de otras naciones). Por esto podía preguntársenos si queríamos convocar una asamblea constituyente que presentara a nuestra consideración una constitución enteramente nueva, aunque la figura misma de constituyente no estuviera contemplada en la Constitución de 1961. El desconocimiento de tal doctrina equivaldría a la demolición de los poderes públicos en Venezuela, pues sobre ella se asientan todos, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia incluida. (Nota tomada de Los propios venezolanos, 7 de julio de 2020).

** “Como es costumbre, el vocero de los EEUU afirma cosas que no son ciertas, como eso de que ‘Maduro nunca ha querido reunirse a negociar’. Luego de que los actores más radicales de la oposición—Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma—comenzaran a vender (desde 2013) la idea de que a Maduro se le tumbaría ‘de un soplido’ (puesto que no era Chávez) y destruyeran incipientes acuerdos del Gobierno Nacional con un puñado de alcaldes opositores en materia de seguridad ciudadana, se inició a comienzos de 2014 el plan subversivo bautizado con el hashtag #lasalida. Impedido tal plan, se escenificó en Miraflores un primer intento de diálogo a nivel nacional que no llegó a concreción. (Ver en este blog Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0, 20 de mayo de 2014). Después hubo reuniones de gobierno y oposición en República Dominicana, también infructuosas, hasta que comenzara la facilitación noruega que debía completarse en Barbados, lo que nunca ocurrió; los negociadores del gobierno se levantaron de la mesa en cuanto Juan Guaidó justificara nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios nacionales”. (Olafo ataca de nuevo, 1º de agosto de 2020).

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¿Miedo al cuero?

No existe apoyo mayoritario a la oposición venezolana

 

Hace mucho tiempo escuché el chiste del pintor que trabaja en parte alta de una pared y escucha al compañero, que le dice: “¡Agárrate de lo brocha que me llevo la escalera!” De allí viene la imagen que empleara Luis Vicente León, en reseña publicada originalmente por el diario El Nacionalista que reprodujera el servicio de noticias Costa del Sol FM: “La oposición se queda colgada de la brocha al depender de terceros y no de su propia lucha política, dijo LVL” Acá la reproducción:

Luis Vicente León le lanzó un mensaje a la oposición: 76% de la población sigue aspirando un cambio político.

Aunque en diciembre pasado el chavismo haya reconquistado la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría, según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, 76% de los venezolanos sigue aspirando a un «cambio político» y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro de la crisis económica y social.

En su cuenta de Twitter, el economista y analista dice que «el problema es que ese deseo, usualmente gran impulsor de lucha política, se convierte en decepción y desánimo cuando no se concreta en el tiempo y conduce a la migración o la adaptación».

A renglón seguido, León pone la vista en la oposición para señalar que, en su criterio, el liderazgo que debería motorizar ese cambio político solo está centrado en sus disputas internas y en obtener el control estratégico de esa parcialidad.

«Cuando la oposición concentra sus esfuerzos en atacar a los otros grupos opositores (que piensan distinto) o en mantener el ´poder´ interno, sin ofrecer nada diferente que pueda reconstruir esperanzas de cambio, se condena a su pulverización o a un cambio incontrolado desde adentro«, sostiene el presidente de Datanálisis.

Después de haber concluido formalmente la legislatura parlamentaria de 2016, donde contaba con una clara mayoría, sin lograr el objetivo central del «cambio político», la oposición luce desarticulada y sin rumbo.

Claramente dividida en dos sectores—que no son necesariamente cohesionados en sus estructuras—, el debate se centra entre mantener una agenda de presión política, social e internacional que conduzca, eventualmente a una salida rápida del poder chavista y regresar al juego político interno, a través de la vía electoral, para provocar cambios progresivos y pacíficos en la estructura del poder.

Pero Datanálisis determinó en febrero pasado que una mayoría de venezolanos votaría por un outsider en elecciones presidenciales hipotéticas y, más en general, que los partidos y los dirigentes de la oposición local, la oposición misma, son mayoritariamente apreciadas muy negativamente. (Ver en este blog Sobre mojado, del pasado 21 de marzo). ¿Por qué entonces León se ocupa de ella? A la imagen de la brocha pudiera oponérsele aquello de “mató al tigre y le tiene miedo al cuero”.

El artículo principal—Bofetada terapéutica—de la Carta Semanal #100 de doctorpolítico exponía ya el 19 de agosto de 2004:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos.

Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia.

La misma carta concluía su argumentación de esta manera:

…más que una oposición habría que ejecutar una superposición, una elaboración discursiva desde un nivel superior de lenguaje político, que flotara sobre sus agendas, sobre su nomenclatura, sobre sus concepciones, sobre los terrenos que siempre escogió astutamente para la batalla y a los que llevó, casi sin esfuerzo, a un generalato opositor incompetente, y que pudiera, esa interpretación alterna, ese discurso fresco, ser convincente para el pueblo. Este discurso es perfectamente posible. Ese discurso existe, y entre él y unos Electores hambrientos de liderazgo eficaz, sólo hay que interponer los medios que hasta ahora sólo han estado disponibles para actores ineficaces.

Por esto viene ahora una nueva etapa, preñada de posibilidades, más aprendida. Venezuela, herida, desconcertada, desilusionada y nihilista, tiene que recuperarse de la desazón y el fracaso. Y al cabo de un tiempo más bien corto, encontrará el camino correcto y verá sus tribulaciones de ahora como el principio de su metamorfosis creadora. No nos avergonzamos de nuestras tribulaciones, decía San Pablo, porque a la postre transmutan en esperanza, y no nos avergonzamos de nuestra esperanza.

Es hora de concretar esa anticipación pronta a cumplir diecisiete años. LEA

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Participación popular electrónica

Una herramienta democrática

 

El Tribunal Supremo de Justicia publicó en su portal, el pasado miércoles 14 de abril, una nota—Ahora es más fácil ejercer ante el TSJ—que se transcribe a continuación:

En atención a la sentencia en ponencia conjunta del 5 de marzo del presente año, en la cual los integrantes de la Sala de Casación Civil establecieron entre otros puntos el uso de herramientas tecnológicas a los fines de la presentación digital del recurso de casación e impugnación del mismo.

Se realiz[ó] el día de hoy a través de videoconferencia el primer acto formal, previa recepción de escrito vía correo electrónico, donde el abogado Jorge Asunción Otaiza Mejía, residenciado en el estado Bolívar, parte recurrente en un expediente que cursa ante la sala, consigno de manera virtual ante la secretaria de la Sala de Casación Civil, escrito de formalización del recurso de casación. Así mismo queda constancia que el mencionado profesional del derecho debe enviar vía encomienda de su preferencia, el físico de la formalización.

Este mismo día se llevó a cabo un siguiente acto virtual, en atención al impugnante Zalg Salvador Abi Hassan, de residencia en el estado Lara, quien consigno escrito de impugnación bajo la misma modalidad virtual.

De esta manera, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, da un paso hacia la consolidación del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

El paso lo ha dado el Tribunal Supremo de Justicia, que Moreno preside; más específicamente, ha sido dado por la Sala de Casación Civil que él no preside. (Lo que sí preside es la Sala de Casación Penal desde el 11 de febrero de 2015). En todo caso, a este desarrollo debe dársele la más cálida bienvenida. Ya se había hecho constar acá lo siguiente en Los propios venezolanos (7 de agosto de 2020): “desde hace bastantes años el Tribunal Supremo de Justicia tramita recursos de amparo constitucional que le llegan mediante correos electrónicos”.

En el fondo, se trata de un desarrollo de los principios y rutas establecidas en el Decreto con fuerza de ley no 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, promulgado entonces por Hugo Rafael Chávez Frías, habilitado por la Asamblea Nacional. Esa ley establece:

Artículo 4°: Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. (…) La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.

(…)

Artículo 16: La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa.

(…)

Artículo 18: La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se considerará que cumple con los requisitos señalados en el artículo 16.

El castellano empleado en ese último artículo del Decreto-Ley de Hugo Chávez—y dice la Constitución en su Artículo 9: “El idioma oficial es el castellano”—permite deducir que una firma electrónica certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación es sólo un medio de cumplir con los requisitos aludidos. Caben otros medios igualmente seguros.

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Los restantes poderes públicos debieran acogerse a las actuales posibilidades de agilización de sus trámites. (agilizar 1. tr. Hacer ágil, dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo). En particular, el Poder Electoral está indicadísimo a este respecto, siendo que los actos electorales son registrados desde hace décadas por medios electrónicos… ¡salvo los que expresan la voluntad de la participación popular normada constitucionalmente!

Veamos (de nuevo, en Los propios venezolanos):

…hoy es posible la revocación referendaria de los mandatos de funcionarios o representantes electos, decisión sólo convocable por 20% de los electores del ámbito correspondiente a cada caso una vez cumplida la mitad del período del mandatario en cuestión. También puede abrogarse mediante referendos leyes enteras o decretos leyes, que pueden ser convocados por 10% o 5% de los electores según el caso.

Luego, ella ha preservado la iniciativa popular de las leyes contemplada por el texto de 1961; el Numeral 7 del Artículo 204 especifica ahora que esa iniciativa puede ser ejercida por “los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”. Igualmente puede introducirse a la consideración de la Asamblea Nacional, por iniciativa popular del quince por ciento de los electores registrados, proyectos de enmiendas o reformas a la Constitución.

Finalmente, la propia constitución puede ser sustituida por una nueva que sea redactada por una Asamblea Nacional Constituyente (Artículo 347), cuya convocatoria puede ser causada, además de por la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y los Consejos Municipales, por “el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”. (Artículo 348).

(…) Perdón; aún falta por añadir a estas opciones de la iniciativa popular el comienzo del último parágrafo del Artículo 67: “Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas”. Ese derecho es el que se materializa en los grupos de electores que pueden postular—sin necesidad de partidos políticos registrados—candidatos a todo cargo electivo y de representación, desde el de la Presidencia de la República y los diputados de la Asamblea Nacional hasta un concejal, según las previsiones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la sucesora de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

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En momentos cuando nos aprestamos a tener nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, parece oportuno proponer que ese cuerpo, un poder público importantísimo, siga el ejemplo del Tribunal Supremo de Justicia y modernice el trámite de toda iniciativa popular facilitándola, no haciéndola más difícil. Pocas bases de datos—nombres, cédulas de identidad, lugares de residencia, firmas, huellas digitales—son tan seguras como la del Registro Electoral Permanente, por lo que no debe haber dificultades técnicas insalvables; el CNE mismo está en capacidad de actuar como proveedor de servicios de certificación de firmas, y también con la introducción de proyectos de ley a la Asamblea Nacional, si es que fueren jurídicamente necesarios, cuando ellos sean de materia electoral. (Artículo 204 de la Constitución: “La iniciativa de las leyes corresponde: (…) 6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral”.*

El mismo Presidente de la República está especialmente obligado a facilitar este desarrollo en lo que pueda; él fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, en la que presidiera, precisamente, ¡la Comisión de Participación Ciudadana!

Pero es este asunto exigencia que recae principalmente en las autoridades electorales, las que pueden facilitar las cosas a una ciudadanía que enfrenta un transporte público grandemente afectado y está a la vez altamente informatizada. (Ver en este blog El demos cabe en la red, 17 de octubre de 2019). LEA

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El 8 de abril de 2016, la publicación Politika UCAB publicó una “nota de coyuntura” de Eugenio Martínez, especialista en temas electorales, que se transcribe a continuación:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó el proyecto de Ley Orgánica de Referendos aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional bajo el argumento que corresponde al organismo comicial la exclusividad legislativa en la redacción de normas electorales y de consultas populares.

En una misiva remitida por la presidente del CNE Tibisay Lucena a la Asamblea Nacional se indica que la Ley de Referendos promovida desde la Comisión de Política Interior del Parlamento “no se apega a lo establecido en el artículo 204 numeral 6 de la Constitución Nacional”, desde esta perspectiva para la autoridad electoral la norma tramitada está “fuera del marco constitucional”.

Además la presidenta del CNE desestimó la necesidad de la redacción de una ley de referendo en vista de la “eficacia de los instrumentos normativos usados hasta la fecha” para garantizar la participación popular.

En este sentido, la postura de la presidenta del CNE es clara:  el proyecto de Ley Orgánica de Referendo que está siendo discutido se encuentra al margen de la Constitución, pues el CNE no tuvo la iniciativa legislativa.

Según esta interpretación del CNE al contenido del artículo 204 de la CRBV el Parlamento Nacional esta impedido constitucionalmente de proponer directamente anteproyectos de ley en materia electoral o de referendos porque esta competencia es exclusiva del organismo comicial.

En caso que esta interpretación del CNE al contenido del artículo 204 de la CRBV sea correcta significaría que el organismo comicial incurrió en una mora legislativa de 17 años en la redacción de la Ley de Referendo, los 10 últimos año bajo la presidencia de Lucena.

La entonces Rectora-Presidente del Consejo Nacional Electoral estaba equivocada. El numeral sexto del Artículo 204 debe entenderse como la habilitación del CNE para introducir a la discusión de la Asamblea Nacional proyectos de legislación electoral y sólo de esta materia, jamás como la prohibición de que otros entes y actores ejerzan la iniciativa de leyes electorales; la Asamblea Nacional, por caso—que tiene como misión principal precisamente la fabricación de leyes de cualquier tipo—, el Presidente de la República o la iniciativa popular: “los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”. (Hoy en día, un poco más de veinte mil electores).

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