Primer trimestre ido

¿Adónde se fue el primer trimestre?

 

 

El parto de los montes es el título de una fábula de Esopo (siglo VI a. C.). La fábula, muy breve, relata cómo los montes dan terribles signos de estar a punto de dar a luz, infundiendo pánico a quienes los escuchan. Sin embargo, después de señales tan asombrosas, los montes paren un pequeño ratón. La fábula, y la expresión “el parto de los montes”, se refieren por lo tanto a aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo.

El parto de los montes Wikipedia en Español

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Con el día de ayer se ha ido una cuarta parte del año 2020, y ha sido justamente en el último día de su tercer mes cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha parido un verdadero engendro, gestado como si su Departamento de Estado contara con la aprobación mayoritaria de un referendo del Pueblo venezolano válidamente convocado, dado que contiene absurdas y prepotentes recomendaciones—típicas de bully*—que contrarían flagrante, absurda e innecesariamente nuestro ordenamiento constitucional. Mike Pompeo no es el Poder Constituyente Originario venezolano.

La Oficina del Portavoz de ese Departamento de Estado ha publicado hoy en su web oficial una “hoja fáctica” (fact sheet), que lleva por título Marco para una transición democrática en Venezuela (Democratic Transition Framework for Venezuela), y que exhibe al gobierno federal estadounidense como perdonavidas—DRAE: Baladrón, persona que presume de lo que no es y se jacta de valiente—que concedería el levantamiento de sus abusivas sanciones intervencionistas. Por de pronto, Sr. Pompeo, una transición no puede ser llamada democrática a menos que la apruebe expresamente el demos, el Pueblo. ¿Ve? ¿Entiende?

Reproduzcamos íntegramente el mamotreto:

Marco de transición democrática para Venezuela

Hoja de hechos

Oficina del Portavoz del Departamento de Estado

31 de marzo de 2020

    1. El pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo (TSJ) levantará la sanción de desacato y restablecerá todos los poderes a la AN, incluidas las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los miembros de la ANC debido a su condición de miembros de la misma.
    2. Todos los presos políticos son liberados de inmediato.
    3. Todas las fuerzas militares extranjeras saldrán de inmediato a menos que estén autorizadas por tres cuartas partes de los votos de la AN.
    4. La AN elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representan el 25% o más de los miembros de la misma. (Esto otorgaría al PSUV y a la coalición multipartidista de Guaidó un veto sobre individuos postulados para cualquiera de estos puestos). Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su condición de miembros en esos cuerpos.
    5. La AN aprueba una Ley del “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el Poder Ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de la AN seleccionará dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador de estado. Los cuatro miembros del Consejo de Estado seleccionarán luego a un quinto miembro para ser Secretario General, el que se desempeñará como Presidente interino hasta las elecciones y a quien no se le permitirá ser candidato para en las elecciones presidenciales. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN o el TSJ. Las decisiones del Consejo de Estado se tomarán por mayoría de votos. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB) servirá como Asesor Militar del Consejo de Estado.
    6. Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado. Los EE. UU. y la Unión Europea levantarán las sanciones impuestas a aquellos que reivindicaron autoridad presidencial que se deban a su desempeño en sus cargos anteriores, una vez que el Consejo de Estado esté funcionando y esas personas renuncien a cualquier reclamo adicional sobre cargos ejecutivos y reconozcan al Consejo de Estado como el único Poder Ejecutivo.
    7. Una vez que se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas militares extranjeras se hayan marchado (a menos que su presencia sea aprobadas por las tres cuartas partes de los votos de la AN), se suspenderán las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero.
    8. El Consejo de Estado nombrará un nuevo gabinete de ministros. Los Estados Unidos levantarán las sanciones a los ex miembros del gabinete que se deban a su desempeño en sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución.
    9. La comunidad internacional brindará apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y el suministro de agua y electricidad. Los programas de bienestar social existentes, que serán complementados con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos. Se dará inicio a negociaciones con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo para los principales programas de apoyo.
    10. Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación encargada de investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1999, e informar a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión tendrá cinco miembros que serán seleccionados por el Secretario General de las Naciones Unidas con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adoptará una ley de amnistía consistente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarque crímenes de motivación política desde 1999, con la excepción de crímenes contra la humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarán su apoyo a la remisión de estos asuntos de la Corte Penal Internacional.
    11. El Consejo de Estado establecerá una fecha para elecciones simultáneas presidenciales y de la AN en 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 podrá competir en las elecciones.
    12. Se celebrará elecciones presidenciales y de la AN. Con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones hayan sido libres y justas, se levantará las restantes sanciones estadounidenses.
    13. Una comisión bipartidista dentro de la AN se establecerá para crear soluciones de largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

El Alto Mando Militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanecerán en sus puestos durante el gobierno de transición.

Las autoridades estatales o locales permanecerán vigentes durante el período de transición.

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El primer punto puede ser acordado por el gobierno y su oposición, salvo la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto sólo puede decidirlo ella misma o el Pueblo venezolano en referendo convocado al efecto. (Ver en este blog, del 24 de febrero de 2018, Disolución y anulación, con láminas de Datanálisis respecto de la acogida en la opinión venezolana de esa salida perfectamente constitucional). También el segundo, relativo a la liberación de prisioneros llamados “políticos”. Pero es prédica reiterada de este blog que los interlocutores correctos de un acuerdo de tal naturaleza son los poderes públicos de la República, como pauta el Art. 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Así, por ejemplo, en Del armisiticio como programa (11 de mayo de 2017), se estipulaba: El Presidente de la República ordenará la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”.

El punto 3 del bodrio de Pompeo es comprensible, pues está pensado para su aplicación específica a los asesores militares de Cuba en nuestro territorio. Pero lo que Mike promueve vulnera una facultad expresa del Poder Legislativo Nacional; dice el numeral 11 del Art. 187 constitucional que corresponde a la Asamblea Nacional “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”, y tal disposición no requiere la votación supercalificada de tres cuartas partes de los diputados.

Sobre el punto que sigue al anterior: los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deben ser nombrados según lo contemplado constitucionalmente, a menos que un referendo popular paute algo distinto. (Por ejemplo, como se propuso acá el 10 de junio del año pasado en Tiempo de Guerra como pregunta referendaria: si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (‘cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos’, Art. 296) según el siguiente procedimiento—distinto del previsto en ese artículo, que sólo el Poder Constituyente Originario puede sobrepujar—: dos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes”).

Se dice en parla taurina que “no hay quinto malo”, pero el quinto punto de Pompeo o su portavoz es pésimo. Nada más inconstitucional que el establecimiento de un tal “Consejo de Estado” que asuma las funciones de la Presidencia de la República. Tal esperpento ha sido promovido, es verdad, por más de un político o comentarista venezolano—entre ellos alguien que un día escribió que había que rescatar la Constitución y al siguiente que debía establecerse ¡una “Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión”!. De nuevo, nada que contravenga lo establecido constitucionalmente, en este caso particular acerca de la constitución y el ejercicio del principal de nuestros poderes públicos, puede acordarse si no viene de un específico mandato popular referendario. La Asamblea Nacional no puede aprobar una “Ley del Consejo de Estado” porque, llana y sencillamente, una ley no puede sobreponerse a la más insignificante de las disposiciones constitucionales. (No estoy seguro de que en los Estados Unidos sea posible que su Congreso pueda despojar al muy peligroso Donald Trump de sus facultades y depositarlas en un novísimo Consejo de Estado gringo).

De los restantes puntos merecerían ser destacados el noveno y el undécimo. El punto nueve pretende hablar en nombre de “la comunidad internacional”, aunque pudiera ser que ella se entienda en la “hoja fáctica” como los “más de cincuenta países” que reconocen a Juan Guaidó como Presidente “interino” de Venezuela. (Aunque parece, por la redacción del infeliz documento, que el Departamento de Estado norteño se siente en capacidad para hablar por la Unión Europea y las mismísimas Naciones Unidas, y asimismo por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. ¿Por qué será?) El punto once es la admisión de que no se podría negar a Nicolás Maduro, de él quererlo, su participación como candidato en una próxima elección presidencial—que sólo podría ordenar el Pueblo, Sr. Pompeo; haga que le traduzcan Prontas elecciones, del 22 de octubre de 2016—puesto que concede: “Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 podrá competir en las elecciones”.

Y, para que no quede en el tintero, puede apuntarse que la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” promovida en el punto décimo extiende su examen de violaciones de derechos humanos hasta el año 1999, el inicio del gobierno de Hugo Chávez; no hasta, por ejemplo, 1989, que fuera el año del “Caracazo”, esa erupción que Henrique Salas Römer recomendaba exaltar, como antídoto a la exaltación del 4 de febrero de 1992, “hasta la misma liga de la caída del Muro de Berlín y los acontecimientos de la plaza de Tiananmén, pues lo consideraba más democrático que la efemérides chavista del 4 de febrero”. (Candideces candidaturales, 29 de septiembre de 2005).

Por último, también es digna de notar la primera de las “garantías”: “El Alto Mando Militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanecerán en sus puestos durante el gobierno de transición”. Es el más claro reconocimiento estadounidense del sólido apoyo militar a Nicolás Maduro, puesto que ofrece a Vladimir Padrino López et al. su permanencia en los cargos que ahora detentan. (Sigue pensando Washington que puede cautivarlo, como pretendió involucrarlo junto con Maikel Moreno en el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019 al que invitara Juan Guaidó).

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Tan pomposo (de Pompeo) adefesio desaparecerá, puesto que será rechazado por cualquier persona sensata, independientemente de su ubicación política, aquí y en el resto del mundo. Es inadmisible tal intromisión estadounidense—una más—, fundada en la crasa ignorancia de nuestra constitucionalidad y su irrespeto. Dicho esto, admitiré como infortunada realidad que el parto teratológico** acá comentado parecerá ingenioso y digno de aplauso a aquellos que pondrán en él toda su muy extraviada esperanza, aunque implique el sacrificio de Guiado Guaidó. El gobierno gringo cree que “se la comió”, pero el insólito documento es, entre otras cosas, la admisión de que su títere debe ser regresado al baúl del ventrílocuo. LEA

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* Matón; una persona que usa la fuerza o el poder para dañar o intimidar a los más débiles. (Es, por cierto, la conducta de bully, de matón, algo que ha sido frecuentemente señalado en Donald Trump, el jefe de Mike Pompeo, cuyo nombre invita a un vulgar juego de palabras castellanas en el que no incurriré).

** teratología Del fr. tératologie, y este del gr. τέρας, -ατος téras, -atos ‘monstruo’ y -logie ‘-logía’; cf. gr. τερατολογία teratología ‘relación de prodigios’. 1. f. Estudio de las anomalías y monstruosidades del organismo animal o vegetal. (Diccionario de la Lengua Española).

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Exégesis de Crisis (Group)

 

Portada de informe de ayer del Crisis Group sobre Venezuela

 

International Crisis Group (ICG) es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. ICG combina el trabajo de especialistas en el terreno y las labores de sensibilización desde sus sedes, ubicadas en los cuatro continentes. Actualmente monitoriza más de sesenta conflictos internacionales. (Wikipedia en Español).

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Gracias al envío de un estimado amigo, conocí un informe del Crisis Group fechado ayer y centrado sobre la posibilidad de un acuerdo negociado entre el gobierno venezolano y su oposición profesional. Después de su título en gerundio—proveniente del original en inglés—, viene un sumario que dice:

El enfrentamiento político en Venezuela parece haberse estancado. El presidente Nicolás Maduro permanece firme en el cargo más de un año después que la oposición detrás de Juan Guaidó montara una campaña para reemplazarlo. La brecha entre las partes es amplia, pero conversaciones con figuras más pragmáticas revelan las bases de un posible compromiso.

El informe como tal es extenso; tan sólo su “resumen ejecutivo” ocupa 21 páginas. También es bastante serio y sin obvio favoritismo, aunque participa de algunas fallas de reporte o interpretación bastante comunes. Su intención manifiesta es la de apuntalar procesos de diálogo que puedan superar la crisis política venezolana.

Acá se reproduce unas cuantas afirmaciones de Crisis Group que merecen comentario o precisión:

La oposición esperaba que el endurecimiento de sanciones y el creciente aislamiento internacional del gobierno provocaran una ruptura dentro de las filas chavistas, especialmente entre los militares o, alternativamente, que los EE. UU. intervinieran militarmente. (…) A pesar de que en algún momento había indicios de una intervención militar de EE. UU. (y un levantamiento militar estéril el 30 de abril), así como sanciones cada vez más draconianas y el colapso económico interno que ha estimulado el éxodo de más de 4,8 millones de venezolanos, Maduro no ha cedido. (…) La oposición y sus aliados regionales liderados por EE. UU. y Colombia, invocaron un tratado de defensa regional que teóricamente podría allanar el camino para una acción militar, aunque esta opción parece remota.

Esto es, cierta oposición ha predicado salidas inconstitucionales y violentas y la última afirmación alude a la absurda invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que jamás fue concebido para la finalidad que Guaidó pretendía. (Ver en este blog TIARde piaste, pajarito, del 10 de julio de 2019). Tal cosa no es una mera “opción”; es una verdadera y traicionera patraña.

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El esfuerzo más prometedor para lograr una solución negociada hasta la fecha ha sido una serie de conversaciones entre las dos partes, facilitadas por el gobierno noruego entre mayo y agosto de 2019. Pero estas se rompieron, víctima de la falta de compromiso sincero de ambas partes y, en particular, de la obstinación del gobierno. (…) el gobierno se retiró a raíz de nuevas sanciones estadounidenses, y la oposición declaró “agotado” el mecanismo de diálogo el 15 de septiembre de 2019. (…) la oposición había propuesto que el poder pasara temporalmente a un consejo de gobierno cuyos miembros serían nombrados de común acuerdo. 

El gobierno de Maduro no se retiró de la negociación “a raíz de nuevas sanciones estadounidenses”; lo hizo luego de que Guaidó las justificara, y la proposición de un “consejo de gobierno” es enteramente inconstitucional. (Acusar a Maduro de violar la Constitución y a un tiempo proponer una violación distinta es el equivalente de recomendar que para curar a una víctima del despreciable Harvey Weinstein se la vuelva a violar).

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Después de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) de la oposición obtuviera una victoria arrolladora en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, dándole amplios poderes constitucionales para ponerle freno al gobierno del presidente Nicolás Maduro, Maduro usó su control sobre las ramas del Estado restantes (particularmente el Tribunal Supremo) para obstaculizar a la Asamblea Nacional. La oposición respondió al presidente con un intento de referendo revocatorio en 2016, pero la autoridad electoral y los tribunales controlados por el gobierno bloquearon la iniciativa.

En ninguna parte del informe de Crisis Group se menciona la declaratoria de guerra del Poder Legislativo contra el Ejecutivo el mismo día del comienzo de su período. La Asamblea Nacional, desde que se instalara el 5 de enero de 2016, no ha hecho sino intentar subterfugios seudolegales para confrontar al gobierno de Nicolás Maduro; desde la primera declaración de que era su “compromiso no transable” buscar un medio de lograr “la cesación de este gobierno”, pasando por declarar que Maduro había abandonado su cargo (?) y el nombramiento inconstitucional de un Tribunal Supremo de Justicia “legítimo”. (Ver La historia desaparecida, 2 de abril de 2017). Luego, la Asamblea Nacional optó por desconocer la sentencia temporal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia acerca de los diputados del estado Amazonas. (“El Tribunal Supremo de Justicia no ha declarado que la Asamblea Nacional sea reo del delito de desacato, que como tal ni siquiera es mencionado en nuestro Código Penal. Lo que ha sostenido es que la Asamblea Nacional ha desacatado—participio pasado del verbo desacatar, en la segunda acepción que recoge el Diccionario de la Lengua Española para ese verbo: No acatar una norma, ley, orden, etc.—, al desconocerla, la sentencia de la Sala Electoral que suspendió temporalmente la proclamación de los diputados por el Estado Amazonas, juramentándolos no una sino dos veces bajo la presidencia de Henry Ramos Allup”. Entre abogados, 11 de febrero de 2019). Y si bien llama a la sospecha la interrupción del proceso revocatorio, tampoco menciona que la MUD inició los procedimientos con retraso de tres meses cuando ya no se sostenía el boicot liderado por Henry Ramos Allup y Jesús Torrealba, y que nunca litigó, como tampoco lo hizo en el caso de Amazonas, las objeciones de varios tribunales a la primera fase de recolección de firmas.

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En enero de 2019, el recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó la controversial decisión de declararse presidente interino, con el apoyo del parlamento de Venezuela y varias docenas de gobiernos, incluidos los de EE. UU., Colombia, Brasil y muchos países europeos. La oposición argumentó que la reelección de Maduro de mayo de 2018, en una jornada boicoteada por la oposición mayoritaria y empañada por acusaciones de ilegalidad, había sido una farsa y que la presidencia estaba vacante. El reclamo de Guaidó, dijeron, se basaba en una cláusula constitucional que le permite al jefe de la legislatura asumir el cargo ejecutivo en espera de elecciones legítimas.

Lo que es verdaderamente una farsa es la “controversial decisión” de la autoproclamación de Guaidó como “presidente encargado” de la República. Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. No es la Asamblea Nacional—mucho menos un “cabildo abierto” que no fue tal y cuyo nivel decisional no rebasa el de asuntos municipales—el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el  cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero del año pasado: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia.

………

Una demanda central de la oposición, respaldada por los países que reconocen a Guaidó como presidente interino, es que se celebren nuevas elecciones presidenciales, libres y justas lo antes posible. La oposición sostiene que la reelección de Maduro de mayo de 2018 fue ilegítima y que su “usurpación” debe terminar . Por su parte, el gobierno insiste en que las elecciones de 2018 fueron válidas y que Maduro fue elegido de manera libre y justa; en su opinión, aceptar una nueva elección presidencial fuera del calendario constitucional sería admitir que las del 2018 fueron fraudulentas. Durante las conversaciones respaldadas por Noruega, los negociadores del gobierno sugirieron que podrían tener cierta flexibilidad con respecto a la fecha de las elecciones, actualmente a fines de 2024, pero solo si las sanciones eran levantadas con suficiente antelación .

No basta que la oposición sostenga “que la reelección de Maduro de 2018 fue ilegítima”. Una cosa así tiene que ser probada, y la carga de la prueba recae sobre quien acusa. A estas alturas eso no pasa de ser un alegato, que además está fundado sobre bases falsas. “Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: ‘Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente’. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: ‘La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…’ Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento”. (Je m’accuse, 23 de septiembre de 2019).

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Crisis Group ignora, como muchos otros actores internacionales—algunos entre ellos verdaderos entrometidos—, que ninguna solución negociada puede violar nuestra Constitución. Tampoco puede admitirse que la oposición venezolana proponga algo así. Por ejemplo, esto que registra el informe acá comentado: “En Barbados, los representantes de la oposición sugirieron un ‘consejo de gobierno’ compuesto por figuras militares y civiles, divididas equitativamente entre ambas partes y posiblemente presididas por un oficial militar de alto rango”.

En De Oslo a Bridgetown—entrada pertinente por la explícita y reiterada mención que el informe comentado hace de la mediación noruega—, se puso acá el 9 de julio de 2019:

…de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.

En general, el informe de Crisis Group International es bastante más equilibrado que otros análisis extranjeros, pero peca de ignorancia culposa de nuestra constitucionalidad, bajo la creencia de que los “políticos” que negociarían una salida al conflicto político venezolano estarían autorizados a saltársela a la torera. Eso no es en absoluto necesario.

La web del grupo tiene modo para establecer contacto; lealmente, les daré noticia de esta entrada y de un esquema de acuerdo más que suficiente que no requiere la violación a muchas manos de la Constitución, asesorada por extranjeros a los que no niego su buena intención. (El esquema expuesto acá el 26 de mayo de 2017 en Versión formal). LEA

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Benedicta tu inter homines

 

Malala Yousafzaird, Marie Curie, Hedy Lamarr, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Rosa Parks, Valentina Tereshkova, Coco Chanel, Amelia Earhart, Virginia Woolf

 

A Cecilia Ignacia, uxor dilecta

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Unos cuantos años después quebré de nuevo lanzas por la mujer; en los primeros eventos del Grupo Santa Lucía (iniciado en 1977), se sentaba a las mujeres asistentes todas juntas en un “Grupo Cero” ubicado al fondo del salón de reuniones y se les negaba el derecho de palabra. Fue en la reunión de Barbados donde propuse públicamente que cesara esa discriminación, cerrando mis palabras así: “No las defiendo porque sean mujeres, sino porque son personas”.

Bajo la luz de El Farol

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El Derecho Romano adjudicaba al hombre la virtud de la gravitas (seriedad) y a la mujer la de levitas (liviandad). De esta distinción se desprendían unas cuantas consecuencias, como la de las prerrogativas del jefe de la casa, el pater familias:

El poder del pater familias era llamado patria potestas—patria potestad en español—. (…) Bajo la Ley de las XII Tablas, el pater familias tenía vitae necisque potestas (poder de vida o muerte) sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos, de todos los cuales se decía que estaban sub manu—bajo su mano—. (Wikipedia en Español).

La cosa llegó hasta el borde del Renacimiento. (Eso de la levitas, digo):

Todos hemos aprendido, frecuentemente en la juventud, la frase La donna è mobile qual piuma al vento (“La mujer es mudable como pluma al viento”), pero no es conocimiento común que el libretista de Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave, tomó esa imagen del Filostrato (abatido de amor) de Giovanni Boccaccio, que el poeta joven y enamorado dedicara—en 1335 o 1340—a su Fiammetta, la rubia Maria D’Aquino, hija natural de Roberto el Sabio, Rey de Nápoles. La vio por vez primera en misa de Sábado Santo de 1331 y su rostro se convirtió en obsesión para él. El plagio—¿la elogiosa alusión?—se disimula algo al comparar el verso en Rigoletto con la metáfora del autor del Decamerón, que puso: Giovane donna è mobile… Volubil sempre come foglia al vento. (A mitad de camino, 26 de diciembre de 2017).

La rima en el Filostrato de Boccaccio

 

Aquí está la famosa e irrespetuosa aria del Rigoletto de Verdi, en la incomparable voz de Jussi Bjoerling:

  La donna é mobile

Pero es hora de oírlas cantar a ellas:

 

Cantan muy bien. LEA

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Una apuesta al olvido

Fidel Castro (¿tirano?) entre CAP y Felipe

 

El diario El Universal reproduce hoy una nota de Europa Press que así comienza:

El expresidente del Gobierno español, Felipe González, advirtió este martes, que el “diálogo por el diálogo” en Venezuela solo beneficia la supervivencia de la “tiranía” de Nicolás Maduro, del que asegura “ha llevado a este país a un Estado fallido en tiempo récord”.

Es de suponer que Felipe ha confiado en que nadie recordaría la fotografía que abre esta entrada, tomada el 2 de febrero de 1989 poco antes de la “coronación” de Carlos Andrés Pérez en el Teatro Teresa Carreño, que inauguraría su segunda y fallida presidencia. (Tal vez González la haya olvidado él mismo). Entonces no tenía mayor inconveniente en sentarse al lado de Fidel Castro, quizás porque éste no le parecía entonces un tirano censurable.

Y es del 13 de mayo de 2011 una entrada en este blog, Manifiesto que algunos quisieran olvidar, que incluye este párrafo:

La presencia de Fidel Castro fue, en esa oportunidad, muy importante para algunos. Casi un millar de trabajadores intelectuales del país, la mayoría de ellos ligada a la Universidad Central de Venezuela, se retrató en grupo con su firma al pie de un manifiesto que lo declaraba “entrañable referencia”. El texto fue publicado en el diario El Nacional el 1° de febrero de 1989 y cuarenta y ocho horas más tarde en el diario 2001. Resulta muy interesante repasar esa nómina de admiradores, en la que ciertos nombres son los esperados; otros, en cambio, pescuecean hoy para ser aplaudidos como heroicos combatientes del chavo-castrismo. Una de esas firmas elogiosas del déspota cubano esperó dieciséis años para escribir en 2005: “…las fotografías del presidente Hugo Chávez con Fidel Castro producen esa terrible desazón porque son el emblema del descaro con que el gobierno autoritario de Venezuela procura y paga a precio de oro una intervención extranjera, que, encima, lleva la marca de una dictadura ferozmente represiva, sanguinaria y empobrecedora…” (Milagros Socorro. Ya Castro no le parece tan entrañable).

Fueron 911 los firmantes* de un texto que aseguraba: En esta hora dramática del Continente, sólo la ceguera ideológica puede negar el lugar que ocupa el proceso que usted [Fidel Castro] representa en la historia de la liberación de nuestros pueblos. Hace treinta años vino usted a Venezuela, inmediatamente después de una victoria ejemplar sobre la tiranía, la corrupción y el vasallaje. Entonces fue recibido por nuestro pueblo como sólo se agasaja a un héroe que encarna y simboliza el ideal colectivo. Hoy, desde el seno de ese mismo pueblo, afirmamos que Fidel Castro, en medio de los terribles avatares que ha enfrentado la transformación social por él liderizada y de los nuevos desafíos que implica su propio avance colectivo, continúa siendo una entrañable referencia en lo hondo de nuestra esperanza, la de construir una América Latina justa, independiente y solidaria”.

Un año antes de la publicación en este espacio del extraviado manifiesto, se reprodujo una nota del diario argentino La Nación (4 de abril de 2010) que daba cuenta de la polémica entre Susan Sontag y Gabriel García Márquez, suscitada por el longevo apoyo de este último a la dictadura de Fidel Castro:

La voz independiente de Susan Sontag fue de las primeras en censurar el viraje hacia el autoritarismo de la revolución cubana. La autora de Contra la interpretación, fallecida en 2004, luchó desde la izquierda contra todos los totalitarismos. Poco después del fusilamiento de los tres cubanos que habían secuestrado una embarcación de pasajeros para llegar a EE.UU., Sontag asistió a la Feria del Libro de Bogotá, en abril de 2003. Fue allí donde la norteamericana exigió públicamente que Gabriel García Márquez explicara su adhesión al régimen cubano. Gabo le contestó por medio de una declaración en el diario El Tiempo : “Estoy en contra de la pena de muerte en cualquier lugar, motivo o circunstancia”, se excusó. Y agregó: “Yo mismo no podría calcular la cantidad de presos, de disidentes y de conspiradores que he ayudado en absoluto silencio a salir de la cárcel o a emigrar de Cuba en no menos de veinte años”. Unos meses más tarde, Sontag declararía al diario El País que la respuesta de Gabo le había parecido “lamentable”: “¿Es ése un régimen que merezca ser defendido? ¿Un régimen en el que tienes que ayudar a que la gente escape?”. La admiración confesa de Sontag hacia García Márquez no le impidió reprocharle su silencio ante los atropellos del régimen: “No puede seguir siendo amigo de Castro y a la vez calificarse a sí mismo de periodista”. A la gran ensayista norteamericana le irritaba que algunos sectores de la izquierda se abstuvieran de criticar al régimen cubano bajo el pretexto de no darle munición a Washington. “Me opongo a que se utilice la crítica al imperialismo americano, muy justificada, para defender una dictadura horrenda”, solía decir.

Para Felipe González, siempre fue Fidel Castro “una entrañable referencia”. Nicolás Maduro** no lo es. LEA

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* Algunos nombres que aparecen al pie del manifiesto procastrista del 1º de febrero de 1989 son los de Pedro Beroes, María Teresa Boulton, Manuel Caballero, María Teresa Castillo, Humberto García Arocha, Gonzalo García Bustillos, Francisco Herrera Luque, Luis Lander, Antonia Palacios, Elías Pino Iturrieta, Milagros Socorro y Arturo Sosa. (Sí, el jesuita, el Papa Negro).

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** “Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una ‘dictadura comunista’. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de ‘dictadura comunista’ lo que nos acontece es una verbena”. (Diálogo digital, 15 de febrero de 2019).

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Dos perlas

Caricatura con intención en Sputnik

 

“Cualquier tipo de violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, contra el líder democrático de Venezuela, Juan Guiado, o contra la misma Asamblea Nacional, representaría una grave violación del Estado de derecho y se toparía con una respuesta contundente”.

John Bolton – Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos*

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En artículo del 2 de los corrientes en El País de España, Ibsen Martínez expone al inicio (destacado en cursivas de este blog): “Evoco con nostalgia el tiempo ya remoto en que la conversación sobre la naturaleza del chavismo recurría a categorías tales como ‘democracia populista iliberal’, ‘régimen híbrido’, ‘autócrata competitivo electoral’ y otras supercherías de las que nos servíamos los demócratas venezolanos confiando en que el primer paso para derrotar al socialismo del siglo XXI por vía electoral era caracterizarlo acertadamente”.

Este blog acaba de refrescar (en Política terminológica, 21 de febrero de 2020), la opinión expuesta en Diálogo digital (15 de febrero de 2019): “El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo”.

Más adelante, expone Martínez (de nuevo, destacado en cursivas de este blog):

La apuesta por el cese de la usurpación (y todos sus etcéteras) fue la consigna de una estrategia con exceso compleja, condicionada a demasiadas variables no sujetas a la voluntad del portaestandarte, ejecutada a menudo con más que censurable improvisación por sus colaboradores y expuesta, por último, a los picotazos de la corrupción y a la desconfianza y desaliento que constatarla en algunos de sus operadores pudo infundir en la población. La mayor debilidad de dicha estrategia, difícil de exagerar, es el haber fincado mucho, sin duda demasiado, en la alianza con Donald Trump, ese cañón suelto en la cubierta.

La última afirmación del libretista** de Por estas calles no es un lapsus—Falta o equivocación cometida por descuido. (Diccionario de la Lengua Española)—; ella no es un descuido, sino el juicio que incluye su caracterización del tuitero compulsivo que preside en los Estados Unidos de Norteamérica. En cambio, fue un lapsus clásico de la pluma—lapsus calami—lo que ya reportaba Sputnik Mundo el 29 de enero de 2019, cuyo significado recoge Martínez con atraso de más de un año:

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, escribió en su cuenta de Twitter incorrectamente el nombre del líder de la oposición venezolana y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, rebautizándolo como Juan ‘Guiado‘. Y todo en medio de los rumores que califican a Guaidó de títere de EEUU. (…) Del error se percató la titular de Exteriores rusa, María Zajárova. No habría razón alguna para fijarse en el desliz de Bolton si no fuese por el significado de ‘guiado’. (Juan Guaidó, el ‘presidente Guiado’ por control remoto).

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Es de ayer, en cambio, una admisión anacrónica y disfuncional de Joe Biden, recogida por el servicio de correos de PoliticoPlaybook: “Esto no es una elección para emplear todo nuestro tiempo en la batalla por el alma del Partido Demócrata. Estamos en la batalla por el alma de este país” (los Estados Unidos, naturalmente). He allí una enésima admisión del concepto de política como lucha. Acá se escribió en Una metamorfosis preferible (16 de diciembre de 2019):

…la superación de nuestra castrante circunstancia requiere la lobotomía ideológica en los actores políticos vocacionales, y también el aprendizaje de la sociedad misma. Esto es posible, pues están disponibles nuevas nociones que sustituirían con ventaja la idea de política como lucha por el poder, el mecanicismo newtoniano de “fuerzas” y “espacios” políticos, el reflejo corporativista de entender a la sociedad como dividida en “sectores” y la peregrina idea de un “proyecto país” (los países se construyen a sí mismos).

Ante esto, el asunto Guaidó es más bien anecdótico. La causa profunda de la insuficiencia política venezolana, y la de todo el mundo, es esa idea orgullosa de que los políticos son luchadores: “Al término de una extensa parábola vital, puedo decir que he sido un luchador. Desde mi primera juventud, cuando Venezuela salía de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, hasta comienzos del siglo xxi, mi meta ha sido la lucha por la justicia social y la libertad”. (Último discurso de Rafael Caldera). Esa comprensión de la política como arte marcial está en la raíz de nuestros problemas de sociedad; aquí y en todo el mundo.

A pesar de eso, Simón García inició el domingo un artículo con estas palabras (otra vez, cursivas añadidas acá): “Una lección básica de la política insiste en lo decisivo que es conocer por qué, para qué y contra qué se lucha. Al  desmenuzar el tema con rondas de preguntas emerge inevitable una premisa sencilla: es crucial llegar a saber a quién y qué adversamos”. La tarea no tiene misterios; cambiemos lucha por trabajo, y contra qué por a favor de qué.

“Una de las dos rutinas opositoras, desde 1999, es acusar todos los días, cuando lo que se necesita es refutar. (La otra es oponerse—definirse como oposición, alienadamente, en función de algo externo—en lugar de superponerse desde un discurso político de nivel superior)”. (Lloviendo sobre mojado, 15 de marzo de 2019).

LEA

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* Bolton fue despedido por Donald Trump el 10 de septiembre del año pasado; el ex asesor lo contradijo aduciendo que había sido él quien presentara su renuncia. “En enero de 2019, John Bolton reconoció en entrevista a Fox Business que para Venezuela «haría una gran diferencia» si las petroleras estadounidenses operaran en suelo venezolano”. (Wikipedia en Español).

** “Es realmente irónico que quienes fueron los principalísimos responsables de la llegada de Hugo Chávez Frías a Miraflores quieran cargar la culpa a los que se preocuparon de advertir a tiempo la necesidad de corrección, que pretendan pasar factura a Ibsen Martínez y RCTV por la transmisión de un registro de la realidad: la magnífica telenovela Por estas calles”. (A llorar p’al valle, 8 de agosto de 2013).

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La política terminológica

 

Una etiqueta es siempre una sobresimplificación

 

A CISA

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régimen Del lat. regĭmen. 1. m. Sistema político por el que se rige una nación.

Diccionario de la Lengua Española

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El país, que sufre agudos dolores y privaciones, está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo!

Etiqueta negra, 11 de abril de 2016

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Ningún medio de comunicación venezolano se atrevió a llamar dictador a Marcos Pérez Jiménez antes del 23 de enero de 1958 pero, poco después de su caída, los periodistas ofrecían todo género de condenas a la glotonería de un pueblo que por mucho tiempo recibió sólo noticias que no disgustaran al oficialismo de la época. Fue por ese tiempo, creo, cuando empezara el empleo periodístico del término “régimen” como sinónimo de dictadura aunque, como muestra el epígrafe, en castellano es una palabra sin carga despectiva, enteramente neutra. Ése es el uso condenatorio que ha resucitado para referirse al gobierno presidido por Nicolás Maduro.

La época parece necesitada de etiquetas, algunas sustantivas (régimen, dictadura, derecha) y otras adjetivas (ilegítimo, fraudulento, golpista). El mecanismo psicológico subyacente al fenómeno ha sido diagnosticado desde hace tiempo:

La ritual execración de la figura presidencial proporciona al opositor adicto un progreso indirecto en la imagen ética que tiene de sí mismo. En efecto, mientras puedo hablar peor del Presidente, mientras más malvado lo encuentro, yo soy por implicación una mejor persona. Como no soy como él—¡Dios me libre!—entonces soy bueno. Mi bondad progresa relativamente, sin que yo haga mérito independiente, porque su maldad crece todos los días. Así obtengo satisfacción moral. (Enfermo típico, 26 de enero de 2006).

Un último comentario (otra reiteración) tomado de Diálogo digital (15 de febrero de 2019), entrada en este blog de hace un año y seis días:

Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena. El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo.

El procedimiento de etiquetar es indudablemente cómodo; no requiere mucho análisis. Pero más allá de eso, hay quienes se sienten heroicos patriotas al emplearlo, creyendo que es su deber asumir en su habla cotidiana las etiquetas más reiteradas y ofensivas. Con frecuencia se añade, en referencia a la comunidad socialista que nos gobierna: “¡Esta gente es de lo último!” La cosa sería un problema de “falta de clase”, y la solución sería por tanto conseguir, como propugnaba Juan Carlos Sosa Azpúrua en agosto de 2014, unos “militares decentes” que barran con esa gente “de lo último”.

¿Es eso una política seria, responsable y eficaz? LEA

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