Con ayuda de medio Evo

 

Dos caras de una misma moneda

 

…lo más relevante del caso clínico planetario son ciertas sorpresas que se llevan los líderes de la política de poder más radicales. Por ejemplo, tiene que haber sido una sorpresa para Hugo Chávez, así como para el mismo Evo Morales, la irrupción de desórdenes graves de origen popular en Bolivia, que requirieron el empleo del ejército para su provisional control capitalino. Bolivia sigue ardiendo, y está visto que no basta que llegue al poder un candidato simpático al Presidente de Venezuela para aplacarla. La izquierda no es ya una solución, como no lo es tampoco la derecha.

LEA #207, 12 de octubre de 2006

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El sitio web de Prodavinci reprodujo el reportaje de la Deutsche Welle sobre los acontecimientos de ayer en Bolivia. Éste resume al comienzo: “Después de 14 años en el poder, el presidente boliviano cedió ante la presión de tres semanas de protestas contra su polémica reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía”. Los subtítulos de la nota explican: “Fuerzas Armadas y Policía habían sugerido a Morales que renunciara”, “Morales perdió uno de sus principales aliados: el sindicato obrero”, “Presidente de la Cámara de Diputados y dos ministros renunciaron”. Los exministros son el de Hidrocarburos y el de Minería; este último presentó su dimisión (irrevocable) “después de que una turba de opositores quemara su vivienda”, mientras que Víctor Borda explicó: “Renuncio a la Cámara de Diputados (…) ojalá que sea para preservar la integridad física de mi hermano que ha sido tomado como rehén”. Además, reporta el diario El Universal:

Tras la renuncia de Morales, la policía detuvo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano por orden de la Fiscalía, que investiga irregularidades cometidas en las elecciones. “Al momento tenemos 25 aprehendidos” entre miembros del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales regionales, por órdenes emitidas por la fiscalía, indicó a AFP el general Yuri Vladimir Calderón.

Nicolás Maduro y su gobierno deben estar recordando el refrán español: “Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”. El gobernante venezolano, como los de Argentina, Cuba, México y Uruguay junto con Lula Da Silva, han calificado el desenlace como un golpe de Estado, sin hacer referencia al verdadero detonante: el resultado electoral del 20 de octubre, calificado como altamente irregular por observadores de la Organización de Estados Americanos. Las extendidas protestas no se hicieron esperar, y Morales no pudo detener la hemorragia con su convocatoria a nuevas elecciones.

Luis Almagro quiso ayudar al exgobernante de Bolivia: “En su comunicado de prensa respecto del informe preliminar de la auditoría al cómputo electoral, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que no debe ser interrumpido el mandato del presidente Evo Morales. ‘Se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales’, señala el documento que el funcionario uruguayo del organismo publicó a las 05.08 de este domingo [10] en su cuenta de Twitter”. (Luis Almagro defiende a Evo Morales, Costa del Sol FM). Antes—19 de mayo de este año—había defendido la irritante postulación de Morales después de 14 años de gobierno:

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio el viernes un espaldarazo al presidente boliviano Evo Morales sobre su cuestionada postulación a un cuarto mandato consecutivo mientras que la oposición calificó la postura de la OEA como “un golpe a la democracia”. “Sobre la reelección hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales”, dijo Almagro en el palacio de gobierno después de firmar un acuerdo con Morales sobre la participación de una delegación de observadores para las elecciones generales de 20 de octubre. (…) Almagro dio un giro en su postura después de que en 2017 cuestionara que Morales buscara una nueva reelección y pidiera en su cuenta de Twitter que el mandatario respetara la voluntad del pueblo luego de que 51 % de los bolivianos rechazaron en un referendo la pretensión del gobernante de modificar la constitución para volver a postularse en 2019. Pese al referendo adverso, el partido gobernante, Movimiento al Socialismo, logró que el Tribunal Constitucional respaldara la postulación de Morales y el Tribunal Electoral convalidó esa decisión*. Partidos de la oposición y organizaciones ciudadanas rechazan la candidatura del mandatario.

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Es innegable que los acontecimientos en Bolivia han impactado las percepciones políticas en Venezuela. La oposición que lidera Juan Guaidó convocó, antes de los sucesos, a una manifestación masiva para el sábado 16 de noviembre. Una apreciación contrafáctica—la protesta no se ha producido—hacía presumir que la asistencia a tal evento sería más bien moderada, dada la pérdida de apoyo al Presidente de la Asamblea Nacional registrada por los estudios de opinión más recientes. (Delphos, de septiembre de 2019, incluyó esta pregunta: “¿Qué es lo mejor para el bien del país?” y escogió “Que Guaidó tome definitivamente el poder” sólo 35,2% de los entrevistados, contra 38% que optó por una posibilidad distinta: “Que surja otro líder opositor”). Pero el desenlace en La Paz es, sin duda, a game changer.

Esto lo sabe el gobierno venezolano; ya antes de los sucesos de ayer había anunciado sus propias manifestaciones, y ahora las convoca como “apoyo” a Evo Morales. Por lo demás, no parece probable que la Fuerza Armada Nacional presione a Nicolás Maduro para que éste renuncie pero, de todos modos, el proceso boliviano ha impactado la psiquis nacional y las percepciones de gobierno y oposición, así que “Cosas veredes, amigo Sancho”, como no dijo El Quijote**. LEA

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*El Tribunal Constitucional y El Tribunal Electoral de Bolivia desconocieron la voluntad popular de su país expresada en referendo. Debiéramos impedir que algo así ocurra entre nosotros, cuando celebremos el referendo que será ineludible en Venezuela.

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**Se atribuye al Quijote de Cervantes, la frase: “Cosas veredes, amigo Sancho que faram hablar las piedras”.  Buscando en el Quijote, no se halla esa frase. La realidad es que más bien aparece en el Cantar del Mío Cid, cuando éste le dice al Rey Alfonso Sexto: “Muchos males han venido por los reyes que se ausentan”. El rey le contestó al Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”. Ese “tenedes”, con el tiempo se transformó en “veredes”. (En Analítica, 26 de febrero de 2019).

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Declaración irresponsable

 

La argumentación sosegada de una lideresa científica

 

Allá por los años sesenta, cuando comenzaba la democracia larga en Venezuela, corría un chiste acerca de las medidas que tomaban los hombres cornudos según su ideología política. El derechista enterado de que su esposa le era infiel tomaba un revólver y la mataba junto con su amante, el centrista socialcristiano buscaba la guía de su director espiritual, y quien fuera izquierdista iba a protestar ante la embajada americana.

Medio siglo más tarde, este último procedimiento de proyección de la culpa en el enemigo se ha desplazado al polo opuesto. María Corina Machado se sintió “obligada” a comentar el trágico incidente de muertos y heridos en el Parque del Este—¿sólo quiso aprovechar para insertarse en el “ciclo de las noticias”?—, a raíz de una estampida juvenil que buscaba entrar a un concierto de rap trepando sobre las rejas que separan a ese espacio de la calle. Esto dijo:

“Qué dolor e indignación tan grande por la tragedia del Parque del Este. Son niños que sólo han visto abuso y maldad desde ‘el poder’. Niños, cuya cotidianidad es violencia y privaciones. Les robaron su infancia. Hoy, la irresponsabilidad generalizada les quita la vida”.

Esa unifocal “sociología” de Machado cabría holgadamente dentro de lo que ella misma llama “la irresponsabilidad generalizada”. LEA

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A lo mejor sirve (la AN) para algo

 

Composición de la Asamblea Nacional – (Gráfico tomado de Wikipedia en Español)

 

Ayer reportaba el diario El Universal:

La Asamblea Nacional (AN) se declaró en sesión permanente este martes 29 de octubre ante la crisis venezolana, por lo que sesionarán este miércoles a partir de las 10:00 de la mañana. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, aseguró que la oposición está “lista” para solucionar la crisis nacional e invitó a la bancada oficialista a ponerse de acuerdo para alcanzar resultados positivos para el país. “Nosotros estamos listos para buscar una solución, cualquiera de ustedes vaya, presente la propuesta y nos vemos mañana”, expresó. Además discutieron la designación del comité de postulaciones electorales para el Centro Nacional Electoral (CNE).‬

Pero registró Panorama el mismo día:

El diputado por la bancada del Psuv, Francisco Torrealba, indicó que la renovación de los rectores del CNE se realizará a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), si el Parlamento se mantiene en desacato. “Si no se hace aquí, en la Asamblea Nacional (AN) se hará por vía de omisión legislativa en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero de cualquier manera nosotros queremos que haya condiciones suficientes” para llevar a cabo las elecciones parlamentarias el próximo año, señaló Unión Radio.

Y Noticiero Digital destacó el alegato de un economista (“y experto petrolero”), José Toro Hardy:

“La vía constitucional para designar CNE es a través de la AN. La vía inconstitucional es a través del TSJ. La comunidad internacional lo sabe”, escribió en Twitter. “La falacia del desacato de la AN deja muy mal parado al TSJ ante la Comunidad Internacional”. Refirió que cuando la justicia se usa para desvirtuar la democracia “se sientan las bases para la instauración de una tiranía”.

Sobre esto último, el desacato existe; no es una falacia. (Ver Alegatos de diletante, 30 de septiembre de 2019). Y parece ser que en opinión de Toro Hardy la tiranía aún está por instaurarse; sólo estarían sentándose sus bases.

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El 5 de junio de 2018, se reprodujo y comentó acá—A un corresponsal no identificado—”una entrevista realizada por María Angélica Correa (El Tiempo, 22 de mayo de 2018) a Miguel Ángel Martín, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia ‘legítimo’ (en el exilio)”. He aquí dos de las preguntas que éste recibiera y sus contestaciones:

Ante un Consejo Nacional Electoral que es un brazo ejecutor del régimen, ¿la AN tiene facultad de designar los nuevos rectores a quienes ya se les terminó el período?

Es su competencia.

¿Aún están a tiempo?

Sí, porque es una omisión legislativa que pueden hacerla en cualquier momento.

Este blog comentó entonces: “Eso es; la AN presidida por Ramos Allup arrastró los pies y perdió el tren. Lo sé por José Rafael Revenga, quien formara parte del Comité de Postulaciones nombrado por ella. Oímos su espeluznante relato Leopoldo Baptista Zuloaga, Roberto Picón Herrera, Melquíades Pulido y yo”. (Al cierre de 2016 parecía que nadie podría superar la torpeza de Henry Ramos Allup en la Presidencia de la Asamblea Nacional: se inició el 5 de enero de ese año con su declaratoria, enteramente inconstitucional, de que era un “compromiso no transable” de la AN encontrar el modo de causar “la cesación de este gobierno”, y fue él quien desacatara dos veces la sentencia de suspensión provisional de los efectos de las elecciones de diputados por el estado Amazonas; él también quien torpedeara dentro de la Mesa de la Unidad Democrática la promoción del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro; él quien ignorara la Ley Orgánica de Estados de Excepción permitiendo la vigencia automática del Decreto de Emergencia Económica, que consagrara la explicación de la “guerra económica” a la situación nacional. Pronto, sin embargo, lo superaría Julio Borges con la alucinada e irresponsable declaratoria de abandono del cargo por parte de Maduro y el nombramiento inconstitucional de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, sólo para que en este año Juan Guaidó quebrara todos los récords al autoproclamarse encargado de la Presidencia de la República y sostener que la Constitución permite a la Asamblea Nacional autorizar una invasión extranjera, lo que luego completaría con la “activación” del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que según él tiene que ver primariamente con “ayuda humanitaria”: “Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”, declaró el 22 de julio).

Si Guaidó es capaz de encontrar con prontitud suficiente sensatez, debe intentar primeramente, como se lo ha indicado el diputado Torrealba, la superación del desacato de la Asamblea Nacional a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que este mismo órgano y la Presidencia de la República le invitaron a subsanar a comienzos del año pasado. Es su deber de Presidente de la Asamblea Nacional recuperar la eficacia del Poder Legislativo Nacional.

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La actual Asamblea Nacional cesará en funciones en los primeros días de enero de 2021, por lo que el año que viene deberá elegirse una nueva, y es posible la convocatoria de una nueva elección de Presidente de la República antes de agotar el actual período, que vence el 10 de enero de 2025, si se produce una decisión del Pueblo en referendo convocado al efecto. En Prontas elecciones (22 de octubre de ¡2016!), se planteó lo siguiente:

Exijamos, en cambio, a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Nueve meses antes, a cuatro días escasos de la instalación de la actual Asamblea Nacional (5 de enero de 2016), en el programa #178 de Dr. Político en RCR, se propuso a ese cuerpo una alianza suya con el Pueblo para la convocatoria de referendos. Es hora de que haga caso; es eso lo fundamental. Pero primero lo primero: el cese del desacato. No estamos para malacrianzas. LEA

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Actualización: el diputado Guaidó participó en una reunión del Frente Amplio Venezuela Libre del 31 de octubre; reporta el diario Panorama:

El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente de la oposición, Juan Guaidó, descartó que el sector que representa vaya a participar en elecciones parlamentarias, a pesar de que se cambie el Poder Electoral. “El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”.

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Política épica

 

Presentación de dirigentes de oposición en uno de los estadios de la UCV

 

Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.

Will Durant – Los placeres de la Filosofía

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El sitio web de Banca y Negocios reportó una presentación de Datanálisis—Escenarios Datanálisis Respuestas Concretas ante la Crisis—, celebrada ayer, 18 de octubre, fecha franquicia de Acción Democrática, pues en ese día de 1945 un golpe de Estado derrocó al presidente Isaías Medina Angarita para inaugurar lo que se nombraría como el “Trienio Adeco”. (En menor medida, puede reivindicarla como suya Eduardo Fernández, al haber nacido exactamente cinco años antes de producirse tal turbulencia, en 1940). La reseña registra la pregunta que dirigiera el moderador del evento a José Antonio Gil, Director de Datanálisis: “¿Se va a ir Maduro?”

Sin embargo, Gil Yepes no pudo responder de forma clara a la pregunta de si Maduro se irá. “Nadie lo sabe”, fue lo primero que pudo señalar después de esperar unos segundos para su respuesta. El alto grado de impopularidad de Maduro no significa que su salida esté próxima. El grado de aceptación del principal líder de la oposición, Juan Guaidó, cayó de 49% a 39%. “Venezuela parecería ser un país sin héroes”, aseguró el director de Datanálisis.

Gil logró evocar en mí una máxima de Bertolt Brecht—”un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo xx, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico” * (Wikipedia en Español)—, quien dijera: Desgraciado el país que necesita héroes”.

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El género de la novela, una narración en prosa de extensión mayor a la de un mero cuento, no aparece en Occidente hasta el siglo XIII, con la obra Blanquema (1283), de Raimundo Lulio. Hasta entonces, el género narrativo predominante era el épico, que registraba grandes hazañas aderezadas con una buena dosis de mitología; sus protagonistas eran heroicos. Pero nuestra política cotidiana no ha llegado aún a la época novelesca; sigue siendo una turbulenta corriente de conflictos”.

Acaba de producirse uno de esos rituales e inútiles intercambios que son formulados en dimensiones heroicas (destacados en cursivas de este blog):

La actriz Liliana Morillo comentó una de las recientes publicaciones que realizó Juan Guaidó en su cuenta en Instagram, mensaje que al parecer no fue del agrado del político. “Sigue dialogando, señor. Que va bien, muy bien. No me joda”, escribió Morillo en un post en el que Guaidó habla de la muerte de Edmundo Rada, mejor conocido en la parroquia Petare como Pipo, quien supuestamente fue asesinado por los “esbirros de la dictadura por estar liderando protestas a favor de los derechos de la gente de su barrio”. “Acaban de matar a un hermano de lucha, Liliana. Sé que eres cristiana y que conoces la misericordia como concepto. Mañana es el funeral de ese hermano de lucha. Será en Petare, el lugar donde luchó y donde nosotros seguiremos luchando. Aquí y con fuerza», le contestó Guaidó a la hija de Lila Morillo y «El Puma» Rodríguez. “Usar el sarcasmo en este momento, siendo una cristiana que conoce la misericordia, no es de Dios”, agregó. “No cuando se hace en contra de quienes estamos poniendo el pecho. Dios te bendiga a ti y a los tuyos”, continuó. (nuevodia.com).

Cuatro menciones de lucha, una de puesta del pecho y una de fuerza en tan sólo 83 palabras. Nuestros políticos convencionales (y los de otros países) entienden la actividad política como lucha por el poder, no como la solución de problemas de carácter público. Eso no es nada nuevo: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”. (Declaración de Pedro Pablo Aguilar, Secretario General de COPEI, al diario El Nacional, 7 de junio de 1986. Guaidó estaba por cumplir tres años de edad).

Al menos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez, Vladimir Padrino, Tarek William Saab, Aristóbulo Istúriz, Juan Guaidó, Ma. Corina Machado, Diego Arria, Ricardo Hausmann, Nitu Pérez Osuna, Stalin González… (paro de contar) se perciben como héroes de una gloriosa epopeya; son contraejemplos del dictamen de Gil Yepes y, como entendiera Brecht, desgraciada Venezuela si los necesitara. LEA

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* La dialéctica—del griego διαλεκτική (dialektikḗ), τέχνη (tékhnē), literalmente: técnica de la conversación; con igual significado, en latín (ars) dialectica—es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance han variado significativamente a lo largo de la historia. Originariamente designaba un método de conversación o argumentación análogo a lo que actualmente se llama lógica. En el siglo XVIII el término adquirió un nuevo significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos… (Wikipedia en Español).

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Alegatos de diletante

 

Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo.

Contestación a Páez Pumar, 15 de diciembre de 2002

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Las voces que declaran localmente acerca de la política venezolana se han hecho muy numerosas e insistentes. Antiguos comentaristas autorizados que tenían tiempo sin opinar—Juan Manuel Raffalli, por caso—cantan su parte, así como antaño importantes chavistas que emergen como críticos de Maduro de reciente cuño: por ejemplo, Juan Barreto (Director del Correo del Presidente en 1999, Alcalde Metropolitano de 2004 a 2008, salido del PSUV para fundar REDES, organización postulante de Hugo Chávez en 2012).

Claro que esto último no es descalificación suficiente en ningún caso. (“El peor atentado contra la libertad del otro es congelarle en su pasado”. El político virtuoso, 18 de octubre de 2007). No debe prohibirse que la gente cambie.

Un amigo editor de periódicos llamó un día a mi celular—el 24 de mayo de 2007—para reclamarme que hubiera desmontado la novísima postura de Margarita López Maya, historiadora que se complacía en ridiculizar a quienes nos opusiéramos a Chávez y entonces había descubierto que éste es dañino. (Tomar partido). El mismo editor me invitó el año pasado a su casa con un único propósito: pedirme que, como lo que yo escribo de política “es muy influyente”, no criticara a la creciente disidencia del chavismo y le abriera los brazos, pues a su criterio ahí podía estar la clave de una derrota de Chávez. Estaba clarísimo que se refería específicamente a Henri Falcón y al PPT, tienda bajo la que corrió a refugiarse al distanciarse del gobierno. (Ya yo había escrito, el 21 de marzo de 2010, Qué cresta la de Falcón). Era comprensible que su propio izquierdismo lo inclinara naturalmente a simpatizar con Falcón, pero no le hice caso; desaté no uno sino varios artículos para desmontar el discurso insuficiente y engañoso de Falcón, que insiste en llamarse socialista, sólo que “ético y productivo” (?): Ford Falcón modelo PPT, Exégesis falconiana (I)Exégesis falconiana (II)Exégesis falconiana (y III). ¿A qué venía tal saña contra Falcón? Bueno, los tres artículos exegéticos fueron producidos en lugar de una sola pieza—el análisis de unas declaraciones suyas en las que se presentaba como el líder de los no alineados políticamente—que hubiera resultado demasiado larga. Pero el grupo de cinco artículos críticos buscaba destapar la artificiosa, aunque astuta, pretensión falconiana: sabedor de que la mayoría de nuestros conciudadanos no está alineada ni con el gobierno ni con la oposición, ambicionaba ser tenido por el líder indicado para tan enorme contingente, aunque hubiera estado con Chávez por más de una década. Esto era un remedio postizo, una falsificación—desconfía de las imitaciones—, y había que acabar con el engaño en cuanto nacía. Es verdad que “habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”, pero una cosa es abrazar a Falcón y congratularlo por su reciente lucidez y otra muy distinta admitir que quiera conducirnos. (Hallado lobo estepario en el trópico, 28 de mayo de 2011).

Idéntica conclusión es aplicable al caso de Barreto, y como el elenco de opinantes es tan nutrido como el de Los diez mandamientos de Cecil B. de Mille, me concentraré en la exposición más reciente del primero de los nombrados.

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Raffalli habló para el diario El Nacional, y sus declaraciones bifocales apuntan a la Asamblea Nacional Constituyente y el asunto del desacato de la Asamblea Nacional, principalmente. Reporta el periódico: “Juan Manuel Raffalli, especialista en Derecho Constitucional, señaló que la Asamblea Nacional mantiene el desacato que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia hasta tanto se revoque o se deje sin efecto la sentencia, que calificó de absurda”.

El TSJ no “impuso” el desacato a la Asamblea Nacional; fue este órgano el que decidiera, bajo la presidencia de Henry Ramos Allup, hacer caso omiso de la Decisión #260 de la Sala Electoral del máximo tribunal, emitida el 30 de diciembre de 2015. Dicha sala tramitó un recurso interpuesto contra la elección de los diputados electos en el estado Amazonas el 6 de diciembre de ese año, sobre la base de una grabación ampliamente difundida en medios de comunicación que presuntamente registró la admisión de la Secretaria de la Gobernación del Estado Amazonas de que “pagaba diversas cantidades de dinero a los electores para votar por candidatos opositores”. Siendo el hecho comunicacionalmente notorio, la sala ordenó “de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del C.N.E. respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional”. (Destacado en cursivas de este blog). Esto es, se trataba de una sentencia razonable, no definitiva, y ni la Asamblea Nacional ni la Mesa de la Unidad Democrática decidieron impugnar la decisión mediante los procedimientos de derecho contencioso electoral contemplados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La Asamblea Nacional, en cambio, procedió a juramentar a tales candidatos.

El 11 de febrero de este año—en Entre abogados (en bloque)—refresqué lo siguiente:

El Tribunal Supremo de Justicia no ha declarado que la Asamblea Nacional sea reo del delito de desacato, que como tal ni siquiera es mencionado en nuestro Código Penal. Lo que ha sostenido es que la Asamblea Nacional ha desacatado—participio pasado del verbo desacatar, en la segunda acepción que recoge el Diccionario de la Lengua Española para ese verbo: No acatar una norma, ley, orden, etc.—, al desconocerla, la sentencia de la Sala Electoral que anuló la proclamación de los diputados por el Estado Amazonas, juramentándolos no una sino dos veces bajo la presidencia de Henry Ramos Allup. El 22 de octubre de 2016 se publicó en este blog Prontas elecciones, entrada de la que copio y destaco:

Exijamos (…) a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo [para mandar nueva elección presidencial] tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Esto último hicieron los diputados en cuestión veintitrés días después; el 15 de noviembre de 2016, solicitaron su desincorporación. En lugar de efectuarla, Ramos Allup se limitó a decir: “Hemos tomado nota”; más nada. Al asumir Borges Junyent la Presidencia de la Asamblea en enero de 2017, procedió a desincorporarlos, justo antes de proclamar el abandono del cargo (?) por Maduro. El quisquilloso Tribunal Supremo de Justicia ignoró el procedimiento al sostener que la elección de Borges Junyent como Presidente de la AN era nula, puesto que se había dado mientras ella se encontraba aún en desacato.

Dos veces planteé en 2017, ante testigos a un importante ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, cómo era prioridad absoluta de la Asamblea Nacional superar el problema de su desacato para recuperar su eficacia como poder, lo que le permitiría establecer una alianza decisiva con el Poder Constituyente Originario que hablara en referendos. Su respuesta: “Ah, entonces ¿nos vamos a arrodillar?” Igualmente, entre las estipulaciones de un posible acuerdo entre los poderes públicos—Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017—incluí la siguiente:

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

Claro que la cosa era dando y dando; también propuse allí que la Asamblea Nacional rectificara:

Primero. Así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, gracias a la decidida intervención de la fiscal Ortega Díaz, suprimió de sus infames sentencias 155 y 156 las partes más extraviadas y excedidas—que en la práctica significaban la completa anulación de la Asamblea Nacional—, debe ésta suprimir por acto expreso su peregrina declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año.

Segundo. La Asamblea Nacional debe retractar explícitamente—en resolución expresa (o al menos en comunicación de su Presidencia)—, del programa delineado por su anterior Presidente el 5 de enero de 2016, que es un “compromiso no transable” del Parlamento “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. (“El Poder Legislativo Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, elegido en libres comicios el 14 de abril de 2013 para completar el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013”. Plantilla del Pacto).

(La entrada citada al final es del 25 de abril de 2016, y ya apelaba al Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”).

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La gran mayoría de la dirigencia opositora nacional creyó que la aplastante derrota del oficialismo en las elecciones de Asamblea Nacional de diciembre de 2015 significaba la pronta terminación del gobierno. Antes de eso, fue dentro de las filas chavistas donde se mencionó por primera vez la posibilidad de un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, el procedimiento constitucional que Ramos Allup torpedeó al calificarlo de “muy engorroso”, con eco de Jesús Torrealba, y que comenzó a procesarse con tres meses de retraso que a la postre se demostraron cruciales.

Si el Tribunal Supremo de Justicia ha anulado cada actuación de la Asamblea, ésta ha hecho eso y luego ha declarado la falta absoluta de Nicolás Maduro—¡por abandono del cargo!—, y nombrado inconstitucionalmente un Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” y, en este año, sostenido las sucesivas patrañas promulgadas por Juan Guaidó, su actual presidente.

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Hallazgos de Datanálisis (febrero 2018)

Raffalli opinó también que la Asamblea Nacional Constituyente no puede legislar, que su objetivo único es presentar una nueva Constitución. Acá hay que hacer lectura de los artículos pertinentes de la Constitución:

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Aunque una nueva constitución transformaría al Estado y crearía un nuevo ordenamiento jurídico, el Art. 347 no dice “con el objeto de transformar al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico mediante la redacción de una nueva Constitución. El texto distingue tal redacción de la transformación del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico.

Por último, comoquiera que una nueva constitución sólo entra en vigencia a partir de un referendo que la apruebe (Preámbulo y Disposición Final Única de la Constitución), la Constitución no está suspendida mientras opera una Asamblea Nacional Constituyente y, en consecuencia, sus decisiones inapelables sólo pueden darse en un nivel subconstitucional, pero ellas pudieran expresarse en una ley dentro de la “creación” de un nuevo ordenamiento jurídico.

Personalmente creo que la redacción de los artículos citados es harto defectuosa y ambigua, prestándose a confusión y duda; también que hay un poder que sí puede “impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, y ése no es otro que el Pueblo, el Poder Constituyente Originario. Nosotros no somos un poder constituido, por lo que la prohibición del Art. 349 no se nos aplica. En un referendo, podríamos incluso disolver la Asamblea Nacional Constituyente y anular todos sus actos. LEA

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Dos caminos

 

Jorge Rodríguez da lectura a un conjunto de acuerdos del gobierno con parte de la oposición

 

El panorama político nacional cambió marcadamente al inicio de la semana, con una sorpresiva presentación conjunta—en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores—del gobierno, representado por Delcy y Jorge Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Jorge Arreaza, Blanca Eekhout y Francisco Torrealba, y “la oposición venezolana”, a su vez representada por Felipe Mujica (Movimiento Al Socialismo), Luis Romero (Avanzada Progresista, el partido de Henri Falcón), Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela), Timoteo Zambrano (Cambiemos) y Pedro Veliz (Bandera Roja). Todos ellos suscribieron un documento (que no menciona a Bandera Roja) en el que se da noticia de una “Mesa Nacional” de diálogo para arribar a acuerdos políticos “parciales”—a los que llama su “método”—y de los que ya habían establecido. Éstos son:

1. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fracciones aliadas.

2. Atender con la Prontitud y la Urgencia del caso, la Nueva Conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación.

3. Exhortar al sistema de justicia, mediante la Comisión de la Verdad, para que acuerde medidas de sustitución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita.

4. En unión nacional, reafirmamos y defendemos los derechos históricos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas, que dirime esta controversia territorial.

5. Rechazar la aplicación de sanciones Económicas contra el País, violatorias del Derecho Internacional y exigir el inmediato levantamiento de las mismas.

6. Proponemos se instrumente el Programa de intercambio de Petróleo por Alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas.

Adicionalmente, otros acuerdos “institucionales”, “electorales” y “económicos” continuarán siendo elaborados; entre ellos destaca la superación del problema del desacato de la Asamblea Nacional, que ha servido de pretexto al Tribunal Supremo de Justicia para maniatar al Poder Legislativo Nacional.

Concluida la presentación de la “Mesa Nacional de Diálogo” y los acuerdos parciales enumerados, Claudio Fermín se prestó a declaraciones a los medios de comunicación. He aquí lo que dijo:

Suscribo más de una de sus afirmaciones, en particular el rechazo a presiones o intervenciones extranjeras—irresponsablemente procuradas por Guaidó—y la referida a la nocividad de las sanciones de las que ha sido objeto el Estado venezolano, que afectan directamente a nuestra población.

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La reacción a tal sorpresa política no se hizo esperar, con las acostumbradas argumentaciones ad hominem: el intento de descalificar los acuerdos mediante la descalificación de sus actores* en lugar de atender a su contenido. (Cuando Iósif Stalin afirmaba que el Sol salía por el Este, ese dictador monstruoso al que se atribuye la muerte de 9 millones de adversarios políticos, tenía toda la razón). La verdad de una afirmación no depende del carácter de quien la profiera, sino de su correspondencia con la realidad, y la superación del desacato de la Asamblea Nacional o la liberación de detenidos por causa política son resultados positivos en sí mismos; es positiva la liberación, veinticuatro horas después de los anuncios, de Edgar Zambrano, aunque obviamente se produjera “para reforzar los acuerdos de ayer con algo concreto”, como escribí a quien me diera la noticia.

Por supuesto, el proyecto Guaidó fue particularmente afectado. En un intento por demostrar su presunta superioridad, se hizo circular orgullosamente por redes sociales y otros medios esta opción que los representantes del Presidente de la Asamblea Nacional habrían presentado en la negociación auspiciada por el gobierno de Noruega:

 

Para empezar, Juan Guaidó no es el Presidente “legítimo” y Nicolás Maduro no usurpa la Presidencia de la República (ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2019). Más importantemente, la proposición de un “gobierno de transición” a ser asumido por un “Consejo de Gobierno” en el que participarían militares es franca y enteramente anticonstitucional. De nuevo, el diputado Guaidó propone una interpretación distorsionada de nuestra Constitución al esgrimir el Artículo 333, que dice:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución no ha dejado de observarse por acto de fuerza—si no se toma en cuenta el intento insurreccional fracasado del mismo Guaidó del pasado 30 de abril—y tampoco, a pesar de habérsela violado (ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008), ha sido derogada; ella sigue siendo nuestra ley fundamental.

La Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional, que Guaidó excita a una “etapa de presión”, no tienen vela en este entierro; es el Pueblo (al que Guaidó se refiere con inicial minúscula) quien tiene algo que decir, y su palabra no es una “presión” sino una orden. La gran mayoría de la “dirigencia” nacional no ha pensado nunca en que el Pueblo sirva para algo más que protestar, marchar, servir de carne de cañón con mártires útiles a las “etapas de presión” y, por supuesto, para elegirla a cargos públicos. Una vez más, sólo el Pueblo en referendo puede decidir algo que contravenga una disposición constitucional, puesto que es el único poder que no está limitado por la Constitución.

Además, el embarazo de nueve meses para tener elecciones presidenciales—replanteado hoy por Stalin González, uno de los negociadores de Guaidó—deja, una vez más, de considerar que el Pueblo podría acortarlo a la tercera parte en un referendo:

Sólo el Pueblo en referendo puede mandar nuevas elecciones de Presidente de la República y Asamblea Nacional que interrumpan sus respectivos períodos. Un acuerdo relativamente sencillo en Oslo debe centrarse sobre tal verdad constitucional, y el país no debe dejar pasar la reciente invitación de Nicolás Maduro. Las “materias de especial trascendencia nacional” (Art. 71 de la Constitución), a ser dilucidadas en un referendo que consulte al Soberano, serían: a. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Presidente de la República; b. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Asamblea Nacional; c. si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (“cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, Art. 296) según el siguiente procedimiento—distinto del previsto en ese artículo, que sólo el Poder Constituyente Originario puede sobrepujar—: dos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes. (Tiempo de Guerra, 10 de junio de 2019).

¿Habrá planteado Fermín en las conversaciones con Jorge Rodríguez el asunto de un referendo?

En este año de 2019, Eduardo Fernández y Claudio Fermín aunados, precedidos por pocos días de Nicmer Evans, y ahora el segundo de los nombrados de consuno con Juan Barreto, han asomado la posibilidad de un referendo consultivo como modo de superar nuestra crisis. (La mezquindad en la política venezolana, 15 de septiembre de 2019).

El presidente Maduro podría convocarlo mañana en Consejo de Ministros. (Artículo 71 de la Constitución).

Finalmente, el “régimen” no abandonó la negociación de Barbados por la razón aducida en la mancheta; lo hizo porque las últimas y muy drásticas sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano fueron justificadas por Juan Guaidó. (Es de estilo, comme il faut, referirse al gobierno presidido por Nicolás Maduro como “régimen”, término que en cabeza de quienes lo emplean equivale a “dictadura”. El Diccionario de la Lengua Española lo define así: régimen Del lat. regĭmen. 1. m. Sistema político por el que se rige una nación). LEA

………

* Otro de los intentos de descalificación es referirse a los partidos no oficialistas que suscribieron los acuerdos como “minipartidos” o “minoritarios”. Vale la pena cotejar esa caracterización con una medición de Datanálisis de este mismo año:

Medición de hace sólo cinco meses (un clic sobre la imagen la amplía)

 

¿Es Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, con 4,2% de aceptación, un macropartido o “partido mayoritario”? ¿Lo son Primero Justicia (3,2%) o Vente Venezuela, de Ma. Corina Machado, con 0,8%?

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