Comentarios a editorial de EL PAÍS de España

Primero que nada, se reproduce el compacto editorial del diario madrileño del 27 de este mes de junio que hoy concluye:

 

Opciones en Venezuela

La nueva posición de EE UU y la UE ante el régimen de Maduro es positiva. La pelota está en el tejado de Caracas

Josep Borrell, a su llegada a la cumbre europea de Bruselas el pasado viernes. (JOHANNA GERON / POOL / EFE)

 

El futuro de la profunda crisis de Venezuela depende de sus dirigentes y sus ciudadanos, pero se juega en buena medida en el exterior. Esta semana, la Administración de Joe Biden y la UE han coincidido por primera vez desde la era de Obama en la fórmula para tratar de frenar la deriva del régimen de Nicolás Maduro. La meta es, como siempre, la celebración de elecciones libres y con garantías. Lo inédito es que Washington y Bruselas se abren a levantar las sanciones si el chavismo demuestra voluntad real de diálogo y acepta una negociación amplia. La oposición se ha mostrado tradicionalmente reticente a entablar conversaciones con el Gobierno. Con la excepción de figuras como Henrique Capriles, la mayoría de los líderes antichavistas han rechazado en los últimos años toda opción que no pasara por la inmediata renuncia de Maduro. Las razones para desconfiar sobran. El aparato oficialista no solo controla los resortes del Estado y las competiciones electorales, sino que en los últimos intentos para buscar una salida negociada ha tratado de imponer sus reglas y condiciones. Los ensayos de diálogo, auspiciados por Noruega, algunos países latinoamericanos o la propia UE, han sido una constante. Y los resultados, un rotundo fracaso.

La llegada de Biden supuso un punto de inflexión por las expectativas generadas. Trump endureció las sanciones y mantuvo una posición belicista, incluso agitando las amenazas de una intervención armada. Esa estrategia le sirvió para hacer campaña en EE UU, pero no desembocó en una solución. Al contrario, contribuyó a agudizar el enfrentamiento en el país sudamericano. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, han sentado las bases para una nueva iniciativa internacional, con más fuerza que las anteriores.

El comunicado conjunto emitido el viernes, al que se sumó Canadá, hace hincapié en una salida pacífica, pide el fin de la persecución de los opositores y la liberación de los presos políticos e insta a Maduro a revertir el desmantelamiento de las instituciones. Pero, por encima de todo, abre la puerta a una revisión de las sanciones que han repercutido en la economía de un país ya postrado por una catastrófica gestión. No hay tiempo que perder para paliar una emergencia que ha abocado a millones de personas a la miseria o al exilio. El primer banco de pruebas serán las elecciones locales y regionales ya fijadas para noviembre. Washington y Bruselas llaman a un proceso electoral apegado a los estándares internacionales. La pelota está en el tejado del régimen, que no tiene excusas para negarse a convocar un proceso electoral libre y democrático. A la vista de su lamentable historial, no caben grandes expectativas. Aún así, la nueva posición común de EE UU y la UE es una noticia positiva.

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Para iniciar el comentario de ese editorial de un periódico más bien serio, tomaré de una entrada en este blog del 2 de abril de 2017 (La historia desaparecida):

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un “plebiscito” * sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.

Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)”

Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un “diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).

Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).

Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año [2017] culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?

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Más tarde vendría el nombramiento inconstitucional** de un Tribunal Supremo de Justicia «legítimo» por la Asamblea presidida por Julio Borges (2017), y al año siguiente la presidencia de ella por alguien menos pugnaz, Omar Barboza, hasta que llegara la increíble secuencia de desaguisados bajo la presidencia de Juan Guaidó. El 23 de enero de 2019, a escasos 18 días de su elección como Presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó se autoproclamó como Presidente encargado ante un «cabildo abierto» en la ciudad de Caracas, con base en una interpretación absoluta e intencionalmente errónea del Art. 233 de la Constitución.

Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. No es la Asamblea Nacional—mucho menos un “cabildo abierto” que no fue tal y cuyo nivel decisional no rebasa el de asuntos municipales—el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero del año pasado [una semana antes de la autoproclamación]: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia. (Exégesis de Crisis (Group), 12 de marzo de 2020).

A continuación vendría la aprobación inconstitucional por la AN del tal «Estatuto de Transición» y la pretensión de que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el TIAR es «un tratado interamericano, en sus grandes líneas, de asistencia humanitaria. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”. (Juan Guaidó, El Nacional, 22 de julio de 2019). Más tarde, las intentonas fracasadas de deposición violenta de Maduro por levantamiento militar azuzado por él y Leopoldo López desde La Carlota o la invasión de mercenarios estadounidenses con los que Guaidó había contratado. Todo, como vemos, muy constitucional.

Sobre este pasaje del editorial: «El aparato oficialista no solo controla los resortes del Estado y las competiciones electorales, sino que en los últimos intentos para buscar una salida negociada ha tratado de imponer sus reglas y condiciones. Los ensayos de diálogo, auspiciados por Noruega, algunos países latinoamericanos o la propia UE, han sido una constante. Y los resultados, un rotundo fracaso». Si controlara las competiciones electorales ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral certificó la abrumadora mayoría de diputados de oposición el 6 de diciembre de 2015? Más incomprensible aún: ¿cómo es que el CNE proclamara que los proyectos de reforma constitucional de 2007, de suprema importancia estratégica para Hugo Chávez, fueran desaprobados por minorías ínfimas de 1,31% y 2,02%? Luego, las negociaciones iniciadas en Oslo, que proseguirían en Barbados con la mediación de Noruega, se vieron interrumpidas al levantarse el gobierno venezolano de la mesa; la razón de abandono de la negociación por parte del gobierno fue la justificación por Guaidó de un nuevo lote de sanciones impuestas por el gobierno extranjero para el cual trabajaba.

¿Lo último? Oigamos treinta segundos del primer «Servicio de Información Pública» del día de ayer:

Hay que tener tupé para proponer que una nación vecina declarada en confrontación con el gobierno venezolano participe de las negociaciones que se preparan. LEA

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* «Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un ‘plebiscito’ acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales». (En Consideraciones sobre un texto de José Guerra, 11 de octubre de 2015).

** La Constitución exige la participación del Poder Ciudadano en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de justicia, y ese poder público no estuvo presente en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, donde pretendió elegirse un TSJ que de «legítimo» no tenía nada y poco después llegó a conocerse como «en el exilio».

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Maldición gitana

En historieta española de gran fama

 

La expresión «entre abogados te veas» parece tener su origen como maldición gitana, según artículo del 2 de octubre de 2008 en Hoy Digital, sitio web que se produce en Santo Domingo:

A quienes han hecho profesión del oficio de la toga y el birrete, les sabe a hiel la vieja maldición gitana «entre abogados te veas». Un viejo chiste pregunta al incauto por qué los tiburones rehúsan comerse a los abogados que naufragan en la mar: por cortesía profesional. (…) El asunto es que aquí, como en otras democracias exitosas, ser abogado es una excelente vía de ingreso a la política. (…) Lo curioso es cómo, pese a ser la profesión dominante de la política, entre tantos abogados, desde 1844 no han logrado que impere la Justicia.

No obstante, en una lista de maldiciones gitanas no aparece el mal deseo. Sea como sea—maldición o mero refrán o dicho—, el augurio no lleva buenas intenciones. En este blog se usó para la entrada Entre abogados (en bloque) el 11 de febrero de 2019.

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Lo anterior viene a cuento para la evaluación de la siguiente noticia publicada ayer por El Nacional:

Demandan nulidad de la designación de 12 de los 15 rectores del CNE

El abogado José Francisco Contreras interpuso un recurso de nulidad de la designación de 12 de los 15 rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante el Tribunal Supremo de Justicia. El recurso lo interpuso en su propio nombre y en nombre del partido político Derecha Democrática.

Contreras solicita la nulidad en la designación de 12 de los 15 miembros del CNE designado por la Asamblea Nacional elegida en 2020 en fecha 4 de mayo de 2021 y publicado en Gaceta Oficial 42.119.

De acuerdo con el recurso interpuesto ante la Sala Constitucional del TSJ, las designaciones violan el artículo 296 de la Constitución que establece que los rectores no pueden tener vinculación con organizaciones con fines políticos. De los 15 rectores designados, 12 tienen claras y evidentes vinculaciones con partidos del gobierno o de la oposición, señaló.

El recurso se dirige específicamente en contra de la designación para el CNE de Pedro Enrique Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D’Amelio, Alexis Corredor, Roberto Picón, Conrado Pérez Briceño, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Carlos Quintero, Francisco Garcés, Leonel Parica y Rafael Chacón.

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En efecto, el Artículo 296 de la Constitución dice al inicio: «El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos…»

No examinaré los doce casos objetados por Contreras; me da flojera. Pero puedo apuntar lo siguiente respecto de los dos rectores principales no oficialistas—Enrique Márquez y Roberto Picón Herrera: 1. que Márquez «Fue vicepresidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo hasta su destitución y suspensión como militante en 2018 por apoyar las elecciones presidenciales de 2018 que fueron rechazadas por la mayoría opositora». (Wikipedia en Español). 2. «Roberto Antonio Picón Herrera electo rector del Poder Electoral, es Ingeniero en Sistemas egresado de la Universidad Metropolitana. En 2017 fue coordinador técnico electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)». (El Universal). Y la MUD ya no existe: «El 24 de octubre de 2018 la Mesa de la Unidad Democrática se disolvió». (Wikipedia en Español).

La disposición constitucional no dice que el CNE «estará integrado por cinco personas que no hayan estado vinculadas a organizaciones con fines políticos…» Pero, claro, José Francisco Contreras debe saber que «ser abogado es una excelente vía de ingreso a la política». LEA

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Deutsche Welle se oye en Güiria

Cabezal del servicio de noticias de Costa del Sol FM

 

Ayer trajo un correo del servicio de noticias de Costa del Sol FM un comentario sin firma: Propuesta de acuerdos en Venezuela generan espèranza con escepticismo. (Sic. No existe el acento grave en nuestro idioma, y la palabra esperanza no lleva acento gráfico. Luego, el sujeto de la oración—Propuesta—está en singular, a pesar de que sea una «de acuerdos», de modo que el tiempo correcto del verbo sería singular: «genera»). Se trata de la relación de una conversación de Jesús Seguías, Presidente de Datincorp, con la prestigiosa radio alemana Deutsche Welle, la que escribió el titular en correcto castellano.

Éstos son sus dos primeros párrafos:

La oposición dirigida por Juan Guaidó se enfrenta a una nueva estrategia para destrancar el juego político con el chavismo, al proponer retomar negociaciones con el gobierno de Maduro. ¿Es el diálogo la única vía?

Juan Guaidó, quien preside la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora y reconocida por varios países, anunció en rueda de prensa que dicho acuerdo busca principalmente la convocatoria de elecciones generales con observación y respaldo internacional, entre varias otras condiciones que han estado presentes en las fallidas mesas de dialogo anteriores.

El Sr. Guaidó no preside nada. La Asamblea Nacional que presidiera a partir de 2019 ya no existe, habiendo agotado su período el pasado 4 de enero. Y constitucionalmente no puede haber elecciones generales sin que medie la renuncia (o la muerte) de Nicolás Maduro y la de cada diputado de la actual Asamblea Nacional. Sólo un referendo nacional podría acordarlas, dado que sólo el Pueblo es supraconstitucional; sólo él no está limitado por la Constitución.*

Seguías, quien en general aboga por la avenida del diálogo, dijo: “La mayoría de las decisiones que son determinantes dependen de la oposición y no del gobierno. (…) Tener un candidato único, tarjeta unitaria, una buena campaña electoral y buenos defensores del voto no depende del gobierno sino de la oposición. Así que el gran dilema es opositor”. Para Seguías y la mayoría de los estudiosos y comentaristas de nuestra política, así como para los propios políticos profesionales, sólo existen los oficialistas y los opositores, aunque él mismo midió hace seis años (mayo de 2015):

Datos levantados en mayo de 2015

Más recientemente (febrero de este año), registró su competidora, Datanálisis, cómo se define el consultado en política: Independiente: 77,2%, Pro-Gobierno: 10,25%, Pro-Oposición: 4,6%. La «oposición», que en 2015 superaba al oficialismo—¡por 1%!—ahora está 5,65 puntos por debajo y no representa al 95,4% del país.

Por último, también apunta el entrevistado: “Nicolas Maduro entendió la necesidad de entrar en el proceso de negociación y él sabe que en esta oportunidad no va a pasar lo mismo que pasó en República Dominicana ni en Barbados, en donde pudieron hacer lo que quisieron en una mesa de negociación”. No es de Nicolás Maduro toda la culpa de que anteriores intentos de diálogo hayan fracasado. El más reciente esfuerzo de los noruegos, por ejemplo, se vio interrumpido porque Juan Guaidó apoyó públicamente sanciones de los Estados Unidos contra la República de Venezuela.**

La historia debe contarse como ocurrió. LEA

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* La piedra angular de la constitucionalidad venezolana fue colocada por decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999. Ella definió la doctrina fundamental de que el Pueblo, por su carácter de único Poder Constituyente Originario es el Poder Supraconstitucional, no limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. (El Pueblo está únicamente limitado por los derechos humanos y por los tratados en los que haya entrado válidamente la República con soberanías equivalentes de otras naciones). Por esto podía preguntársenos si queríamos convocar una asamblea constituyente que presentara a nuestra consideración una constitución enteramente nueva, aunque la figura misma de constituyente no estuviera contemplada en la Constitución de 1961. El desconocimiento de tal doctrina equivaldría a la demolición de los poderes públicos en Venezuela, pues sobre ella se asientan todos, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia incluida. (Nota tomada de Los propios venezolanos, 7 de julio de 2020).

** «Como es costumbre, el vocero de los EEUU afirma cosas que no son ciertas, como eso de que ‘Maduro nunca ha querido reunirse a negociar’. Luego de que los actores más radicales de la oposición—Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma—comenzaran a vender (desde 2013) la idea de que a Maduro se le tumbaría ‘de un soplido’ (puesto que no era Chávez) y destruyeran incipientes acuerdos del Gobierno Nacional con un puñado de alcaldes opositores en materia de seguridad ciudadana, se inició a comienzos de 2014 el plan subversivo bautizado con el hashtag #lasalida. Impedido tal plan, se escenificó en Miraflores un primer intento de diálogo a nivel nacional que no llegó a concreción. (Ver en este blog Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0, 20 de mayo de 2014). Después hubo reuniones de gobierno y oposición en República Dominicana, también infructuosas, hasta que comenzara la facilitación noruega que debía completarse en Barbados, lo que nunca ocurrió; los negociadores del gobierno se levantaron de la mesa en cuanto Juan Guaidó justificara nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios nacionales». (Olafo ataca de nuevo, 1º de agosto de 2020).

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Al magro

 

magrear De magro y -ear. 1. tr. vulg. Sobar, manosear lascivamente a alguien.

Diccionario de la Lengua Española

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Tengo al Sr. Luis Almagro por el peor Secretario General que haya tenido la Organización de Estados Americanos. Excedido en sus funciones desde que asumiera ese cargo el 26 de mayo de 2015, llegó a la OEA ya con Nicolás Maduro entre ceja y ceja.

Veamos cuáles son las funciones atribuidas a su actual oficio en el Artículo 113 de la Carta de la OEA:​ «Corresponde al Secretario General: a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines, y b) Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos».

Punto. No corresponde a la Secretaría General de la organización establecer por su cuenta líneas de acción que la comprometan ni promoverlas o juzgar a gobierno alguno en el continente americano.

Esto señala de Almagro  Wikipedia en Español en el artículo que le dedica:

Fue expulsado de su formación política en un plenario de la coalición de izquierda Frente Amplio el 15 de diciembre de 2018 por unanimidad de votos de los 75 asistentes, tras un informe emitido semanas antes por el Tribunal Disciplinario del Frente Amplio motivado por un comentario surgido con respecto a la situación que atraviesa Venezuela, donde expresó que no se debía «descartar ninguna opción incluyendo la militar» para sacar al gobierno de Nicolás Maduro al que califica de «dictadura», esto en referencia a una declaración de Estados Unidos que no descartaba dicha opción para «regresar a Venezuela a la democracia». Según la resolución votada por unanimidad, Almagro violó los principios partidarios al sugerir una posible intervención militar en Venezuela.

Antes observa el mismo artículo:

En 2014, adoptó una posición crítica al gobierno venezolano. En consecuencia, el expresidente José Mujica declara «Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido».​ El sucesor de Mujica en la presidencia, Tabaré Vázquez, sostuvo también una postura crítica hacia la figura de Almagro.

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No forma parte de las atribuciones del Secretario General de la OEA el juicio acerca de si hay democracia en un país miembro. El 11 de septiembre de 2001, se aprobó en Lima el segundo texto fundamental de la organización: la Carta Democrática Interamericana. Dice su Artículo 21: «Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato». El Secretario General de la OEA no es su Asamblea General.

El reciente comunicado de Almagro «condena las acciones de aquellos integrantes de la Comunidad Internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura. Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país”. Ninguna resolución de la OEA califica al gobierno presidido por Nicolás Maduro de dictadura.

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El pacto fundamental de nuestro continente es, precisamente, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que asienta en el literal d de su Artículo 3:

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

También establecen los artículos 19 al 21 (destaco en cursivas):

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Claro, cuando se funda en 1948 la Organización de Estados Americanos—sucesora de la previa Unión Panamericana—y poco después, ya había en el continente más de un país gobernado por dictadores de derecha. (Somoza, Trujillo, Batista, Rojas Pinilla, Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez). Nadie objetó entonces tales dictaduras reales, y más tarde tampoco fue objeto de sanciones de la OEA o persecuciones de su Secretario General un gobernante como Augusto Pinochet. Ni siquiera Cuba fue reprendida a la llegada del castrismo en 1959; en 1962 fue suspendida no en razón de su sistema de gobierno sino porque había agredido a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, ocho años después de promulgarse la Carta Democrática Interamericana (Lima, 11 de septiembre de 2001) se decidió:

En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión (pero Cuba no se ha reincorporado). (Wikipedia en Español).

En cambio, la OEA toleró lo siguiente:

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas» del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 «desaparecidas» y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

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A todo esto podría objetarse que se desconociera el Consejo Permanente de la OEA, referido en el reciente comunicado de Almagro, que declara «fraudulentas» las elecciones de nuestra actual Asamblea Nacional. La Resolución 1.164 de ese órgano expresó «su rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela». Ni el presidente Maduro ejerce ilegítimamente su cargo* ni era en ningún caso «evidente» el propósito de eliminar nada; a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, simplemente, se le había agotado su período: «La Asamblea Nacional elegida en 2015 dejó de existir el 4 de enero de este año según pauta inequívoca de la Constitución».** (Ver Ejemplo de mentira política, 1º de mayo de 2021).

¿Ignorancia de nuestra constitucionalidad por parte de Luis Almagro, o deliberado desconocimiento de ella? LEA

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* …se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC: (Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente). En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene». Lloviendo sobre mojado, 15 de marzo de 2019).

** Artículo 192: Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo.

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Addendum

Con fecha de hoy, el International Crisis Group publicó y distribuyó una extensa declaraciónVenezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar—acerca de los importantes cambios introducidos en la política venezolana con el nombramiento de las nuevas autoridades electorales. Éste es su párrafo inicial:

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso.

Y éste es el de cierre:

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.

Ya antes—Exégesis de Crisis (Group), 12 de marzo de 2020—he opinado acerca de posturas del influyente y más bien benéfico think tank: «En general, el informe de Crisis Group International es bastante más equilibrado que otros análisis extranjeros, pero peca de ignorancia culposa de nuestra constitucionalidad, bajo la creencia de que los ‘políticos’ que negociarían una salida al conflicto político venezolano estarían autorizados a saltársela a la torera. Eso no es en absoluto necesario». En el caso de su informe de hoy, también encuentro cosas de las que difiero, como esta declaración al inicio de su tercer párrafo: «La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral». Eso no es verdad; cuando todo el Consejo Nacional Electoral estaba en manos oficialistas, concedió la elección de 112 diputados opositores en diciembre de 2015. Algo como eso se barre bajo la alfombra.

Sin embargo, considerado como un todo, este nuevo aporte del grupo es una contribución importante a la bienvenida que debe darse a los rectores del CNE recién electos, lo que ya ha hecho muy significativamente Fedecámaras, entre otros actores que se distancian de los tradicionales comecandela. Vale.

 

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Dos encuestadores opinan

Seguías & Seijas

 

Al inicio de un reportaje para Efecto Cocuyo, Deisy Martínez expone:

…la oposición que lidera Juan Guaidó, reagrupada en una plataforma unitaria reeditada, plantea una negociación que busca lograr elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales libres y justas en Venezuela, esta vez sin exigir que la salida de Nicolás Maduro del poder se produzca antes.

Jesús Seguías, Presidente de Datincorp, lo dice descarnadamente: “Todo indica que finalmente quedó sepultado el mantra cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y ahora quieren impulsar solo elecciones a través de una negociación».

A esa voz se une la de Félix Seijas (Delphos); entre ambos destacan:

Los números evidencian la pérdida de fuerza en la lucha opositora. De acuerdo con Seijas, el apoyo explícito a Guaidó ha seguido bajando y está en 25%. En agosto de 2020 se situaba en 40% y venía cayendo desde 50%. Sostiene que la cifra no alude a la figura del líder opositor como tal sino al pesimismo de la gente en cuanto a que pueda lograr el cambio político en el país. “La confianza en que se pueda lograr una salida a la crisis y se produzca el cambio se ha perdido, la gente cree que el juego está trancado”, dice. Seguías no habla de apoyo sino de rechazo a la gestión de Guaidó y lo ubica en 88% a nivel nacional.

Más adelante expone el encuestador más joven:

La oposición busca ir a elecciones con intervención internacional, que la organización de unas elecciones sea, si bien con ese CNE o parte de él, pero con la participación de otra estructura en la que se pueda (la oposición) tener parte del control”, señala el director de la firma encuestadora Delphos, Félix Seijas. El objetivo de la movida, apunta Seijas, es que la organización de unos comicios sea equilibrada de alguna forma. Pero advierte que las probabilidades de éxito son pocas, dado que el antichavismo no tiene a lo interno la fuerza suficiente para presionar al poder político en Miraflores, por lo que el empuje, indica, debe venir de la comunidad internacional.*

Y ambos registran una base considerable de disposición a votar de los electores venezolanos:

A las puertas de que se convoque a las elecciones regionales de este año, tras el nombramiento del CNE, las mediciones apuntan a que 60% quiere ir a votar según Seijas. Dicho porcentaje puede bajar a medida que se acerque la votación ante un llamado de la oposición mayoritaria a no participar y la desconfianza del electorado hacia el ente comicial designado por la AN del 6Dic. (…) Datincorp ubica dicha disposición a votar actualmente en 50% y se afirma que subiría al 80% si se elige a un CNE consensuado.

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Bueno, según Noticia y Punto, la usualmente bien informada Rocío San Miguel asegura que dos de los cinco rectores de un nuevo Consejo Nacional Electoral serian los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón Herrera. Este último es particularmente notable, pues fue la máxima autoridad de la extinta Mesa de la Unidad Democrática en materia de sistemas digitales. (También fue detenido en junio de 2017 porque presuntamente guardaba armas de guerra en su residencia).

A fines de 2016, dije en dos reuniones a Roberto Picón Herrera, ejecutivo principalísimo de la Mesa de la Unidad Democrática, que la prioridad de la Asamblea Nacional era la de recuperar su eficacia como poder resolviendo el problema del desacato, para que pudiera convocar referendos consultivos. Su respuesta: “Entonces ¿nos vamos a arrodillar?” [Entre abogados (en bloque), 11 de febrero de 2019].

A la Asamblea Nacional opositora le sugerí ya el 9 de enero de 2016—a escasos cuatro días de su instalación, en el programa #178 de Dr. Político en RCR—, que buscara establecer una alianza estratégica con el Pueblo, al que pudo convocar y no lo hizo, para que se pronunciara inapelablemente sobre «decisiones de especial trascendencia nacional». Bastaba la mayoría simple de 84 brazos alzados. Era eso mismo lo que planteé a Picón Herrera a fines de ese mismo año.

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* El empuje, Sr. Seijas, no debe venir de la «comunidad internacional», que no debe meterse en asuntos de exclusiva competencia de los venezolanos. El empuje debe venir del Pueblo de Venezuela. (Carta de la Organización de Estados Americanos, Art. 3, literal d: «Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales». Art. 19: «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen»).

LEA

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Ejemplo de mentira política

bastardía 1. f. Cualidad de bastardo. 2. f. Dicho o hecho que desdice o es indigno del estado u obligaciones de cada uno.

 

espurio, ria Del lat. spurius. 1. adj. bastardo (‖ que degenera de su origen o naturaleza). 2. adj. falso (‖ fingido).

Diccionario de la Lengua Española

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Esta vez es Víctor Álvarez quien se ocupa de la notoria insuficiencia del liderazgo opositor venezolano, en artículo de opinión para El Estímulo. Allí expone:

Sin saber todavía cómo va a quedar conformado el nuevo CNE, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó aprobó un Acuerdo de Rechazo al proceso para designar el CNE. Ésta decisión se traduce en un nuevo llamado a la abstención que dividirá aún más el descontento nacional entre la oposición abstencionista y la oposición electoral.

Con este Acuerdo, aunque los cinco rectores sean de la oposición, el sector liderado por Guaidó no reconocerá la nueva autoridad electoral. Argumentan que los actos de la «espuria» AN electa en las Parlamentarias de 2020 no son válidos y que la designación de la autoridad electoral solo puede ser hecha por la «legítima» AN electa en 2015 que él preside. La oposición electoral que quiere postular candidatos a las elecciones de gobernadores y alcaldes les cuestiona entonces ¿por qué no lo hicieron cuando pudieron? ¿Por qué no lo hacen ahora?

La Comisión Delegada de la AN dirigida por Guaidó también aprobó solicitar a la comunidad internacional desconocer los procesos electorales que sean convocados por el CNE designado por la AN electa en las Parlamentarias de 2020. ¿Cuál va a ser la posición de EE.UU. , la UE y la comunidad internacional? ¿Reconocerán al nuevo CNE y las elecciones de gobernadores y alcaldes que este convoque?

Un nuevo llamado a la abstención llevará a desperdiciar otra vez las favorables condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo que tiene el gobierno y sus candidatos. Se perderá así la oportunidad de ganar la mayoría de las 23 gobernaciones y 335 alcaldías que servirían de plataforma institucional para solicitar el Referendo Revocatorio.

Si se convoca el Referendo Revocatorio, el enorme malestar nacional revocará el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Una vez que Maduro sea revocado, ¿quién de la oposición será el candidato?, ¿habrá uno o varios aspirantes?

Al no ponerse de acuerdo para presentar una candidatura unitaria que enfrente al candidato del chavismo, los divididos y debilitados partidos de la oposición temen ganar el revocatorio pero perder las presidenciales. Esa es una de las principales razones por las cuales la oposición radical condiciona su participación en cualquier elección a que Maduro sea sacado por la fuerza del poder y que el chavismo no participe en la elección presidencial.

Por eso, este sector de la oposición encuentra en el deterioro de las condiciones electorales el pretexto perfecto para abstenerse, cuando el verdadero motivo es su incapacidad para acordar candidaturas unitarias.

Abstenerse es desaprovechar unas ventajosas condiciones políticas mucho más decisivas que las desventajosas condiciones electorales. Con 80 % de rechazo al gobierno, abstenerse es facilitar el triunfo de los candidatos oficialistas que a lo sumo contarán con el respaldo de apenas el 20 % de electores. ¿Es eso inteligente?

La gran tragedia de Venezuela es sufrir, al mismo tiempo, el peor gobierno de la historia y también la peor oposición. (Énfasis añadido).

El 11 de abril de 2016, seis años antes, se escribía en este blog (Etiqueta negra): «El país, que sufre agudos dolores y privaciones, está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo!»

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La aludida Comisión Delegada no existe. La Asamblea Nacional elegida en 2015 dejó de existir el 4 de enero de este año según pauta inequívoca de la Constitución. (Artículo 192: «Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo»). La tesis esgrimida por Guaidó—uno de cuyos speechwriters era el recentísimo suicida Willy McKey—es sólo la más reciente de sus mentiras. Es tesis espuria, degenerada, falsa, adulterada. LEA

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